Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( )

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1 Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( ) Claudio Nash Rojas Segunda edición corregida y actualizada Colaboración Valeska David Ignacio Mujica Paulina Quintanilla Claudia Urzúa Karen Urrestarazu

2 Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( ) Claudio Nash Rojas Segunda edición corregida y actualizada Colaboración: Valeska David Ignacio Mujica Paulina Quintanilla Claudia Urzúa Karen Urrestarazu

3 Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( ) Claudio Nash Rojas Registro de Propiedad Intelectual N ISBN: Primera edición: Septiembre 2004 Segunda edición: Junio 2009 Diseño, diagramación e impresión: Andros Impresores Santa Elena 1955, Santiago Fonos/Fax: Impreso en Chile

4 Jurisprudencia sobre Reparaciones Índice Presentación y agradecimientos... 7 I. Estudio introductorio La responsabilidad internacional del Estado en el derecho internacional público: aspectos generales La responsabilidad del Estado en el derecho internacional de los derechos humanos La obligación de reparar como consecuencia de la responsabilidad por violación a los derechos humanos Las modalidades de reparación por violaciones a los derechos humanos Destinatarios de las reparaciones El pago y la supervisión de la Corte Hacia una comprensión de la jurisprudencia de la Corte. Consideraciones conceptuales La responsabilidad por violaciones graves (gross) y sistemáticas de derechos humanos y la obligación de reparar II. Recopilación Aspectos generales Restitutio in integrum Garantizar al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados Reparación de las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de derechos Obligación de investigar, sancionar y reparar Costas y gastos

5 Jurisprudencia sobre Reparaciones Presentación y Agradecimientos El año 2003 iniciamos junto a la profesora Cecilia Medina Quiroga una investigación sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue posible gracias a la generosa contribución de la Fundación Ford. Cuando avanzábamos en este trabajo, nos dimos cuenta que había un aspecto en el que la Corte Interamericana había innovado y desarrollado una profusa jurisprudencia a la que no se le había tomado debidamente en cuenta, cual es, las reparaciones por violaciones de derechos humanos. Este fue el punto de partida de la primera edición de este libro. En esa oportunidad nos pareció relevante sistematizar la jurisprudencia en materia de reparaciones y se cubrió un período de 15 años ( ). La publicación de esta investigación causó gran impacto en el campo de los derechos humanos. Tanto desde la perspectiva de los operadores del sistema como de investigadores sobre estas materias. Así, la primera edición de este libro se agotó y se hizo necesaria una nueva edición. Como han transcurrido cinco años desde la primera edición, he decidido que esta sea una segunda edición, pero revisada y actualizada, que comprenda el período La actualización es tanto de la recopilación como de este estudio introductorio. Han sido muchas las conversaciones, los seminarios y cursos que han girado en torno a este tema que me han hecho replantearme algunos aspectos y proponer otros que han ido apareciendo en el debate sobre reparaciones. No puedo menos que agradecer a la profesora Cecilia Medina por la oportunidad que me brindó de realizar este estudio y publicarlo, pero, en especial, le agradezco el tiempo que se ha dado en mostrarme el sentido final que tiene la protección de los derechos humanos y la necesidad de estudiar con rigurosidad cada una de las materias propias de una real y efectiva defensa de la dignidad humana a través del derecho. Asimismo, para esta segunda edición debo agradecer al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CDH), sus directores profesores Cecilia Medina y José Zalaquett por el apoyo y estímulo para embarcarme en esta actualización de la recopilación original. Para que este libro sea posible contribuyeron mis ayudantes de la cátedra de la Universidad de Chile, Paulina Quintanilla, Claudia Urzúa y Karen 7

6 Estudio Introductorio Urrestarazu, así como los investigadores del CDH, Valeska David e Ignacio Mujica. Finalmente, mis agradecimientos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la cual ha apoyado la edición de este libro y su difusión en la región, en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 8

7 Jurisprudencia sobre Reparaciones I. Estudio Introductorio La responsabilidad internacional de los Estados por violaciones de derechos presenta muchas formas para ser estudiada. Una de estas, y tal vez la más importante por los alcances que tiene para las víctimas, es la obligación que surge para los Estados de reparar dicha violación. Es en el ámbito de las reparaciones donde el derecho internacional de los derechos humanos explora en profundidad sus particularidades. Por ello, en este estudio introductorio se dará una visión global sobre las reparaciones por violaciones de derechos humanos 1 en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte Interamericana o la Corte ). Esto permitirá observar las especificidades de la materia y dimensionar el aporte de la Corte Interamericana en este campo, que tal vez sea en el que ha hecho su mayor contribución este Tribunal Internacional. En esta versión actualizada, corregida y aumentada del estudio introductorio de la primera edición de este libro he revisado algunos de mis planteamientos iniciales, he corregido parte de mi acercamiento al tema y planteo nuevas materias respecto de las cuales debe prestarse atención. Esto obedece a las innumerables discusiones sobre la materia sostenidas estos años y a que la propia Corte ha seguido desarrollando su jurisprudencia sobre reparaciones, aportando nuevos enfoques al tema y explorando nuevos caminos. En este estudio abordaré los siguientes tópicos: (1) algunas consideraciones generales sobre la responsabilidad en el derecho internacional público; (2) la responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos; (3) la obligación de reparar como la consecuencia principal de la responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos; (4) las modalidades de reparación; (5) los destinatarios de las reparaciones; (6) el pago de las indemnizaciones y la supervisión de la Corte del cumplimiento de las medidas de reparación; (7) hacia una comprensión de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de reparaciones; 1 Sobre esta materia hay un estudio señero del ex juez de la Corte Interamericana, A. Aguiar: La Responsabilidad del Estado por violación de Derechos Humanos (Apreciaciones sobre el acto de San José), en Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, vol. 17, IIDH, 1993, pp

8 Estudio Introductorio y (8) la responsabilidad por violaciones graves (gross) y sistemáticas de derechos humanos y la obligación de reparar. 1. La Responsabilidad Internacional del Estado en el Derecho Internacional Público: Aspectos Generales Si seguimos los conceptos clásicos sobre la responsabilidad desarrollados por la doctrina iusprivatista podríamos situar a la responsabilidad como uno de los pilares de la vida en comunidad. Tradicionalmente, la responsabilidad ha sido definida a partir de los efectos que el ilícito trae para el sujeto dañador: [S]er responsables es soportar o sufrir las consecuencias de un acto 2, lo que en términos más amplios se traduce en la posición que toma el Derecho respecto del sujeto dañador, el que define la responsabilidad: El Derecho aprehende la responsabilidad poniendo a cargo de una persona o de un grupo de personas la obligación jurídica de hacer frente a las consecuencias de una conducta 3. Es decir, el acento iusprivatista está puesto en el sujeto dañador y no en la víctima, a partir de lo cual se elabora la doctrina completa sobre la responsabilidad civil en el derecho privado. Esta tesis privatista fundamenta la responsabilidad poniendo frente a frente la obligación con la responsabilidad. De allí que se haya determinado su fundamento: en la idea según la cual toda relación normativa involucra en el campo de los derechos y de las obligaciones a dos o más sujetos, activos o pasivos, y se construye para ser considerada como tal a partir de la idea de reciprocidad en los intercambios 4. En consecuencia, la responsabilidad definida a partir de la obligación del dañador respecto del hecho dañoso se fundamenta en la convivencia social y en la consecuencia jurídica de la violación de una obligación anterior establecida para el sujeto responsable. El Derecho Internacional Público ha recogido el principio antes enunciado y la propia Corte de La Haya ha señalado: 2 R. de Angel Y., Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño), Cuadernos Civitas, 1995, p Idem. 4 A. Aguiar, op. cit., nota 1, p

9 Jurisprudencia sobre Reparaciones es un principio de derecho internacional (léase una concepción general de derecho) que toda violación de un compromiso internacional implica la obligación de reparar de una forma adecuada 5. En consecuencia, en el derecho internacional público se define la responsabilidad en los siguientes términos: Es una institución jurídica en virtud de la cual el Estado al cual le es imputable un acto ilícito según derecho internacional, debe reparación al Estado en contra el cual fue cometido ese acto 6. Se ha establecido por la doctrina internacionalista que de acuerdo con la doctrina admitida comúnmente, la responsabilidad internacional es siempre una relación de Estado a Estado 7, esto es, supone que un Estado dañe a otro Estado y que éste solicite la reparación por el daño causado. Sobre el fundamento de la responsabilidad internacional del Estado se han sostenido diversas tesis 8, primando la idea de que la responsabilidad se fundamenta en la contrariedad de la actuación del Estado con la norma internacional a la que se encuentra obligado en forma voluntaria, a través de un tratado o del derecho consuetudinario. Así nos señala el profesor ROUSSEAU: El único fundamento de la responsabilidad es, en realidad, el incumplimiento de una regla del derecho internacional; y es la solución que se emplea cada vez más en la doctrina y en la práctica 9. Los elementos que componen el hecho ilícito (este incumplimiento de la regla de derecho internacional), según el profesor JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA 10, serían los siguientes: a) existencia de un acto u omisión que viole una obligación establecida por una norma del derecho internacional vigente entre el Estado responsable del acto u omisión y el Estado perjudicado por dicho acto u omisión; b) dicho acto de carácter ilícito le debe ser imputable al Estado en su calidad de persona jurídica; y 5 Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI), Caso Fábrica Chorzów, sentencia de 27 de julio de 1927, párr A. Verdross, Derecho Internacional Público, 5ª edición, Madrid, 1967, p C. Rousseau, Derecho Internacional Público Profundizado, Editorial La Ley, 1966, p E. Jiménez de Aréchaga, Responsabilidad Internacional, en M. Sorensen (ed.), Manual de Derecho Internacional Público, 1985, pp C. Rousseau, op. cit., nota 7, p E. Jiménez de Aréchaga, op. cit., nota 8, p

10 Estudio Introductorio c) debe haberse producido un perjuicio o daño como consecuencia del acto u omisión ilícita. A juicio del profesor JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA dicha responsabilidad es objetiva, en el sentido de que no debe estarse a los aspectos subjetivos del sujeto que ha actuado en representación o por el Estado involucrado en los hechos 11. En esta misma línea se ha pronunciado la Corte Internacional de Justicia, señalando que la responsabilidad es independiente de la voluntad del Estado y sus agentes 12. Debemos tener presente que parte importante de la doctrina 13 ha señalado que el daño no es, necesariamente, un requisito para el surgimiento de la responsabilidad internacional del Estado, bastando el incumplimiento imputable al Estado, sin que sea necesario que además se produzca un daño a partir de dicho incumplimiento. Esta fue la tesis del Relator de la Comisión de Derecho Internacional, Roberto AGO 14 quien en su Segundo Informe sobre la Responsabilidad de los Estados señaló que sólo dos son los elementos necesarios para configurar responsabilidad internacional por actos ilícitos: comportamiento atribuible al Estado como sujeto del Derecho Internacional y la contravención de la norma. A juicio de la CDI, mantener como un requisito el daño forzaría a concluir que toda violación a las normas internacionales constituye de por sí un daño o perjuicio ya que es evidente que hay infracciones que no provocan ni daño ni siquiera afectación al honor o dignidad de los Estados contratantes 15. En todo caso, el daño sigue siendo un tema relevante, en particular por sus implicancias en materia de reparaciones. Esta tesis fue seguida por la Comisión de Derecho Internacional, la cual ha establecido en el artículo 1 del Proyecto de artículos sobre Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos que todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de este 16, determinando como únicos requisitos: la contravención 11 E. Jiménez de Aréchaga, El Derecho Internacional Contemporáneo, Tecnos, Madrid, 1980, pp. 320 y CPJI, Caso Fábrica Chorzów, Merits, Judgment N. 13, 1928, Series A, Nº Un buen resumen en: A. Aguiar, Derechos Humanos y Responsabilidad Internacional del Estado, Monte Ávila Editores Latinoamérica, 1997, p Ver análisis en detalle en J. Ferrer L., Responsabilidad Internacional del Estado y Derechos Humanos, Tecnos, 1998, p Comisión de Derecho Internacional (CDI), Report of the International Law Commission to the General Assembly, Commentary on article 3 of the Draft Articles on state Responsibility, reprinted [1973] at para 12, citado en T. Meron, T. Meron, The Humanization of International Law, The Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, pp CDI, Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, adoptado por la CDI en su 53º período de sesiones (A/56/10) y anexado por la AG en su Resolución 56/83, de 12 de diciembre de

11 Jurisprudencia sobre Reparaciones de la norma y la atribución de esta al Estado. Así el artículo 2 relativo a los Elementos del hecho internacionalmente ilícito, señala: Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado. La actuación ilícita del Estado tiene un efecto fundamental, cual es, el nacimiento del deber de reparación. El profesor AGUIAR nos resume este principio: Toda regla de responsabilidad, cualquiera sea su naturaleza, encierra en su interioridad un propósito reparatorio y sancionador a la vez 17. La obligación que tienen los Estados de reparar en caso que incurran en un ilícito internacional se considera como uno de los principios del derecho internacional público en materia de responsabilidad del Estado. Su condición de principio del Derecho Internacional y, por tanto, aplicable como fuente de obligaciones, ha sido consagrada por la Justicia Internacional entre Estados y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso una concepción general de derecho, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo 18. De esta forma, hoy es evidente y no es materia de discusión, que los Estados están obligados a reparar las infracciones a las obligaciones internacionales en que concurran. Dicha obligación es un principio del derecho internacional público 19 y una norma acogida tanto por el sistema contencioso público 20 como por el sistema especializado en derechos humanos 21. La Comisión de Derecho Internacional así lo ha entendido y en su proyecto 17 A. Aguiar, op. cit., nota 13, p Caso Velásquez Rodríguez indemnización compensatoria, párr. 25. Asimismo la Corte cita fallos de otros tribunales en que se ha sostenido la misma doctrina: CPJI, Caso Fábrica Chorzów (1927), párr. 21, y Caso Fábrica Chorzów (1928), párr. 29, y Corte Internacional de Justicia (CIJ), Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations (1949), párr D. Shelton, The ILC s State Responsibility Articles: Righting wrongs: reparations in the articles of State responsibility, en ASIL 933 (96), octubre 2002, pp CPJI, Caso Fábrica Chorzów (1928), párr Caso Velásquez Rodríguez indemnización compensatoria, párr

12 Estudio Introductorio de artículos sobre Responsabilidad Internacional del Estado por hechos ilícitos (2001), estableció en su artículo 31: 1. El Estado responsable está obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito. 2. El perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito del Estado. Los criterios de reparación que ha establecido el derecho internacional público son la restitución, la compensación, la rehabilitación y la satisfacción y garantías de no repetición La Responsabilidad del Estado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 2.1. Aspectos Generales sobre la Responsabilidad Internacional por Violaciones de Derechos Humanos El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos ha traído consigo una serie de innovaciones respecto de instituciones clásicas del derecho internacional público, pero es en materia de responsabilidad donde es más clara la nueva perspectiva que trae aparejado este sistema normativo internacional. El derecho internacional de los derechos humanos ha ido desarrollando una verdadera nueva concepción de la responsabilidad internacional del Estado 23. Dicha idea ha sido expuesta por el profesor VIRALLY en los siguientes términos: La introducción de la protección de los Derechos Humanos en el orden jurídico internacional no implica simplemente una modificación del contenido del Derecho Internacional; es la definición misma de este Derecho que vuelve a ser cuestionada. El Derecho Internacional no puede ser más definido como el Derecho de las relaciones internacionales 22 Sh. Rosenne, The Perplexities of Modern International Law, General Course on Public International Law, Académie de Droit International, 2001, tome 291 de la Collection (Collected course of the Hague Academy of International Law), Martinus Nijhoff Publishers, 1996, pp ; J. Crawford, Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsabilidad Internacional del Estado. Introducción, texto y comentarios, Dykenson S.L., Sobre los aspectos que han influido en este tránsito y sus características ver: R. Piza E., El Valor del Derecho y la Jurisprudencia Internacionales de Derechos Humanos en el Derecho y la Justicia Internos El ejemplo de Costa Rica, en Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Liber Amicorum Héctor Fix-Zamudio, Tomo I, 1998, pp

13 Jurisprudencia sobre Reparaciones o de la sociedad de los Estados. El se presenta, en adelante, como el Derecho de la sociedad humana universal, o global, que comprende dos partes esenciales: de un lado, el estatuto fundamental del Hombre en el interior de las diferentes unidades políticas que este ha constituido históricamente y que se gobiernan en forma independiente; y, de otro lado, el Derecho de las relaciones entre estas distintas unidades políticas 24. Conforme esta apreciación del profesor VIRALLY, que comparto plenamente salvo en su visión limitada en cuanto a la titularidad de derechos sólo de los hombres, podemos comprender la naturaleza diversa de la responsabilidad por violaciones a los derechos humanos en el campo internacional, donde los supuestos básicos de la responsabilidad cambian, sus sujetos y el objeto final de ésta y, en especial, su fundamento. En efecto, la responsabilidad ya no se encuentra más definida por una relación entre Estados, sino que los sujetos se complejizan. Por una parte se encuentra el Estado, con la obligación de respetar los derechos y libertades fundamentales consagradas internacionalmente; y por otra, los individuos, con la posibilidad de exigir su cumplimiento, ya no como una mera concesión del Estado, sino como una obligación de éste 25. Incluso, podemos afirmar que existe una relación triangular, donde se relacionan el Estado obligado, los individuos titulares de derechos y todos los demás Estados comunidad internacional como garantes del respeto a los derechos humanos. Asimismo, podemos observar que el objeto de protección del sistema normativo cambia. Ya no se trata de simples intereses recíprocos entre Estados, sino que el objeto de protección son las personas, por lo que la responsabilidad del Estado no puede verse disminuida ni agotada por la mera voluntad de uno de los sujetos de la obligación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte Interamericana o la Corte ) ha resaltado este carácter especial de los tratados sobre derechos humanos: 24 Esta cita del profesor Virally se encuentra en la obra de Enrique P. Haba Tratado de Derechos Humanos, Editorial Juricentro, Tomo I, p La tensión entre los preceptos del Derecho Internacional Público y los del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no es de difícil explicación: mientras los conceptos y categorías jurídicos del primero se han formado y cristalizado sobre todo en el plano de las relaciones interestatales (bajo el dogma de que sólo los Estados, y más tarde las organizaciones internacionales, son sujetos de aquel ordenamiento jurídico), los conceptos y categorías jurídicos del segundo se han formado y cristalizado en el plano de las relaciones intraestatales, es decir, en las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones (erigidos estos últimos en sujetos de aquel ordenamiento jurídico). Voto Razonado Juez A. A. Cançado Trindade, Caso Blake reparaciones, párr

14 Estudio Introductorio La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción 26. En un fallo reciente, la Corte Interamericana ha señalado que esta especialidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención o Convención Americana ) estaría dada porque ésta, al igual que los demás tratados sobre la materia, se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano), están dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes 27. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Internacional de Justicia al señalar: En tal Convención [Genocidio], los Estados contratantes no tienen intereses propios. Tienen solamente, todos y cada uno de ellos, un interés común, que es el de preservar los fines superiores que son la razón de ser de la convención. En consecuencia, en una convención de este tipo no puede hablarse de ventajas o desventajas individuales de los Estados, ni de mantener un equilibrio contractual exacto entre derechos y deberes. La consideración de los fines superiores de la convención es, en virtud de la voluntad común de las partes, el fundamento y la medida de todas sus disposiciones OC-2/82, párr Caso de la Masacre de Mapiripán, párr CIJ, Réserves á la Convention sur le Génocide (1951), p

15 Jurisprudencia sobre Reparaciones En definitiva, en el campo del Derecho Internacional contemporáneo se ha reconocido la particular naturaleza de los tratados de derechos humanos y éstos son un claro ejemplo del proceso de evolución desde el bilateralismo hacia el multilateralismo en el derecho internacional contemporáneo 29. Este cambio en la percepción de los tratados de derechos humanos trae importantes consecuencias: el incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos de un Estado, no da a los otros Estados Parte del tratado derecho para denunciarlo o terminarlo 30, puesto que las obligaciones se establecen en beneficio de las personas y no de los Estados. En virtud de lo anterior, las reservas a las obligaciones convencionales se encuentran limitadas y restringidas 31. Así, también las actuaciones de los Estados quedan sujetas a un control internacional, cual es, el de los órganos creados por los propios instrumentos internacionales, sin perjuicio de eventualmente sujetarse al control de la Corte Internacional de Justicia. En el ámbito de Naciones Unidas, en el año 2005, se aprobaron por parte de la Asamblea General los Principios y Directrices relativos a los derechos de las víctimas en casos de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario 32. Respecto de la obligación de reparar, los Principios de Naciones Unidas señalan lo siguiente: Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 33. En materia de responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos, por tanto, debemos determinar dos elementos básicos: 29 Este proceso evolutivo ha sido muy bien explicado por el profesor Theodor Meron en su Curso de Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, año En particular en estas materias ver el capítulo IV sobre responsabilidad internacional del Estado. T. Meron, op. cit., nota 15, pp Art Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). 31 OC-2/82, párr Asamblea General, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados el 16 de diciembre de Ibídem, párr

16 Estudio Introductorio (a) la infracción a una obligación internacional del Estado en materia de derechos humanos y (b) que dicha infracción le sea atribuible al Estado de acuerdo con las reglas de imputación de responsabilidad del derecho internacional público. A continuación analizaré estos requisitos en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos La Responsabilidad Internacional del Estado por Violaciones a los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano Para determinar los alcances de la responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos en el sistema interamericano es necesario prestar atención a dos cuestiones. La primera, es determinar cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, de forma tal de tener claridad sobre las obligaciones primarias que pueden constituir una infracción a los compromisos internacionales y que pueden acarrearle responsabilidad. La segunda, es necesario determinar las hipótesis de atribución de responsabilidad internacional. En este punto se hace necesario un alcance, ya que en el sistema interamericano, particularmente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hubo en sus primeros fallos cierta confusión respecto de los elementos que debían concurrir para que el Estado incurriera en responsabilidad internacional. Además de los elementos aceptados por el derecho internacional contemporáneo para que un Estado incurra en responsabilidad: ilícito atribuible al Estado, la Corte exigía la concurrencia de un tercer requisito, cual era, la existencia de daño efectivo a partir de la infracción convencional 34. De esta forma, la Corte planteó que era necesario que existiera una víctima concreta que hubiese sufrido un daño a partir del ilícito atribuible al Estado. No será sino a partir de la sentencia en el caso La Última Tentación de Cristo 35 que la Corte Interamericana recoja una visión correcta de la responsabilidad, limitando los elementos necesarios para determinar la responsabilidad del Estado a la ocurrencia de un ilícito internacional atribuible al Estado, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente, ni tampoco que se produzca un daño Ver en este sentido el fallo del Caso Genie Lacayo, con desastrosas consecuencias para la efectividad de la protección, en particular, en su fase preventiva. 35 Caso La Última Tentación de Cristo vs. Chile, Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en violación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, compromete la responsabilidad internacional del Estado, Ibídem, párr. 72. Para una explicación completa de los alcances de este fallo, ver voto concurrente juez A.A. Cançado Trindade, en la misma sentencia. 18

17 Jurisprudencia sobre Reparaciones El ilícito internacional Si la responsabilidad internacional emana de la infracción de una obligación internacional, es necesario tener claridad sobre cuáles son las normas que obligan al Estado en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Las normas internacionales en materia de derechos humanos que pueden hacer incurrir en responsabilidad al Estado son todas aquellas que le pueden ser exigibles, ya sean tratados internacionales de los que es parte, así como prácticas consuetudinarias que puedan serle exigibles de acuerdo con el derecho internacional público 37. En el estado actual del desarrollo del sistema internacional, las principales obligaciones de los Estados están en los tratados internacionales. De esta forma, la normativa internacional en materia de derechos humanos constituye lex specialis en materia de responsabilidad de los Estados, toda vez que se encuentra dirigida a regular en particular este tipo de obligaciones. Por tanto, esta constituye la base de las obligaciones estatales exigibles en sede internacional 38. Para determinar la fuente de la responsabilidad internacional de los Estados del sistema interamericano, debemos limitarnos a los instrumentos suscritos dentro del sistema. Por una parte, nos encontramos con la Carta de la Organización de Estados Americanos, que corresponde al derecho común americano que fija aquellas obligaciones que adquieren los Estados respecto a todos los Estados del sistema interamericano, dentro de las que se encuentra el respeto de los derechos esenciales del hombre 39. Estas obligaciones contraídas en la Carta de la Organización se encuentran vinculadas con aspectos de política social y cultural de cada uno de los Estados. Son, en definitiva, ciertas obligaciones-límites, en cuanto corresponden a un nivel mínimo a respetar por parte de los Estados en relación con las personas sometidas a su jurisdicción sobre la base de los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de Por otra, existen en el sistema interamericano ciertas normas especiales en materia de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos 40 recoge un amplio catálogo de derechos civiles y 37 La Corte Interamericana ha establecido la responsabilidad internacional del Estado por la violación de una norma de ius cogens, ver Caso Almonacid Arellano y otros, párrs. 99 y Caso de la Masacre de Mapiripán, párr [el] sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de considerar en (el) continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Preámbulo de la Carta de la Organización de Estados Americanos. 40 La Convención entró en vigencia el 18 de julio del año 1978, al ser depositado el instrumento de ratificación de Granada que dio el quórum necesario. 19

18 Estudio Introductorio políticos, también establece ciertas obligaciones generales de los Estados, fija pautas para resolver conflictos de derechos y regula la suspensión de los mismos. Además, nos encontramos con normas especiales: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987); el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988); el Protocolo a la Convención, relativo a la abolición de la pena de muerte (1990); la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belém do Pará (1994); Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999). Siguiendo al profesor AGUIAR, podemos distinguir ciertos elementos característicos del derecho especial que emanan de la Convención Americana: a) Estas normas poseen una imperatividad o heteronomía relativa, sujeta a un doble régimen temporal que hace posible su mutación posterior en obligaciones sinalagmáticas o autónomas 41, que se explica por la posibilidad de denunciar el Pacto y que las normas sigan siendo obligatorias y exigibles respecto de violaciones ocurridas durante la vigencia y obligatoriedad de la Convención respecto del Estado Parte denunciante. b) Estas normas especiales son obligaciones erga omnes de efectos triangulares 42, lo que se traduce en la obligación que adquiere el Estado respecto de todos los Estados Parte de la Convención y, a su vez, frente a todos los individuos sujetos a su jurisdicción, quienes son los directos destinatarios de los derechos protegidos y reconocidos por la Convención. c) Dichas normas establecen obligaciones objetivas 43, en cuanto estas crean un sistema u orden público comunitario e interamericano de protección a los derechos de los individuos y no busca crear derechos subjetivos y recíprocos en favor de los Estados. d) Estas serían obligaciones estandarizadas y de extensión progresiva 44, toda vez que no se encuentran excluidas determinadas personas, por lo que no puede haber ninguna discriminación en su aplicación por parte de los Estados Parte. 41 A. Aguiar, op. cit., nota 1, p Idem. 43 Ibídem, p Idem. 20

19 Jurisprudencia sobre Reparaciones En consecuencia, el sistema general y el especial, según sea el caso, va a definir las obligaciones internacionales que los Estados deben respetar 45, bajo sanción de ver comprometida su responsabilidad internacional. Como se ha dicho, el hecho de que se establezca la responsabilidad de un Estado por violaciones a los derechos y libertades establecidos en la Convención implica que esta ha sido violada, por lo cual es necesario previamente a determinar las consecuencias de dicha violación, aclarar cuándo y cómo esta infracción se produce. El artículo 1.1 de la Convención establece las obligaciones del Estado en relación con los derechos y libertades consagrados en su texto y determina, en consecuencia, la responsabilidad internacional involucrada 46. Las obligaciones que emanan de este artículo son dos: obligación de respeto y obligación de garantía. Como es propio del derecho internacional, los Estados deben cumplir con sus compromisos de buena fe. Este deber de cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos adquiere ciertas características particulares toda vez que, tal como se ha señalado previamente, el objeto de las obligaciones internacionales en esta materia no es la regulación de intereses recíprocos entre Estados, sino la protección de los derechos individuales. De ahí que la obligación de cumplimiento adquiera especial relevancia en materia de derechos humanos, tal como lo expresan los tratados internacionales, la jurisprudencia y la doctrina en este campo 47. (a) La obligación de respeto consiste en cumplir directamente la conducta establecida en cada norma convencional, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación. El contenido de la obligación estará definido, en consecuencia, a partir del mandato normativo del derecho o libertad concreto. Entre las medidas que debe adoptar el Estado para respetar dicho mandato normativo se encuentran las acciones de cumplimiento, que pueden ser positivas (implican una actividad de prestación) y/o negativas (implican una actividad de abstención) y estarán determinadas por cada derecho o libertad. 45 Para los efectos de la responsabilidad que califica la Corte Interamericana el derecho aplicable es el especial contenido en la Convención. 46 Así lo ha entendido la Corte, la que ha señalado: En efecto, dicho artículo (1.1) pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención, Caso Godínez Cruz, párr Completos estudios en este campo se pueden encontrar en M. Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff, 2003, y en V. Abramovich y C. Courtis, Los derechos sociales como derechos exigibles, Editorial Trotta, Madrid-España,

20 Estudio Introductorio Para el cumplimiento de las obligaciones con un fuerte contenido prestacional, es necesario que el Estado adopte medidas efectivas para su realización, lo que implica en ciertos casos la adopción de políticas públicas 48. Es posible que estas medidas de realización del mandato normativo impliquen la adopción de políticas públicas de largo plazo que tiendan a satisfacer plenamente el derecho 49. En estos casos, las medidas que adopte el Estado deben cumplir ciertos requisitos mínimos: deben tender progresivamente a la plena realización del derecho y, en ningún caso, se podrán adoptar medidas de carácter regresivo 50. (b) La obligación de garantía, por su parte, se traduce en la obligación que asume el Estado de promover, a través de sus órganos, la posibilidad real y efectiva de que sus ciudadanos ejerzan los derechos y disfruten las libertades que se les reconocen. Es decir, el Estado está obligado a crear condiciones efectivas que permitan el goce y ejercicio de los derechos consagrados en la Convención, cualquiera sea su contenido normativo. Esta es una obligación complementaria a la de respetar, ya que no sólo implica el cumplimiento estricto del mandato normativo que establece cada derecho, sino que una obligación positiva de crear condiciones institucionales, organizativas y procedimentales para que las personas puedan gozar y ejercer plenamente los derechos y libertades consagrados internacionalmente. Los alcances de esta obligación han sido desarrollados por los órganos de control internacional, en especial por parte de la Corte Interamericana 51. La obligación de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos implica siempre la adopción de medidas positivas. Podemos distinguir 48 En este sentido, derechos que no son considerados tradicionalmente como derechos prestacionales implican un fuerte componente prestacional. Se puede pensar a modo de ejemplo lo que implica tener un sistema judicial que garantice un debido proceso o un sistema electoral que permita la participación democrática mediante elecciones libres e informadas. 49 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado al respecto: La otra consiste en el compromiso contraído en virtud del párrafo 1 del artículo 2 en el sentido de adoptar medidas, compromiso que en sí mismo no queda condicionado ni limitado por ninguna otra consideración. El significado cabal de la oración puede medirse también observando algunas de las versiones dadas en los diferentes idiomas. En inglés el compromiso es to take steps, en francés es s engage à agir ( actuar ) y en español es adoptar medidas. Así pues, si bien la plena realización de los derechos pertinentes puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendentes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), Observación General N 3, La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), Quinto período de sesiones, (1990), publicada en HRI/GEN/1/Rev.7). 50 Ver en este sentido Abramovich y Courtis, op. cit., nota Al respecto, la Corte ha señalado: Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, Caso Velásquez Rodríguez, párr

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