REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA. Popayán, quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012)

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1 TUTELA/ Derecho a la salud/régimen subsidiado/ Medicamentos no POS/ La orden de procedimientos o medicamentos que no se encuentren en el POS y que hayan sido expedidas por el médico tratante con anterioridad al 01de julio de 2012, estarán a cargo de la entidad territorial/los posteriores están a cargo de la EPS-S/Confirma decisión del a quo. La orden de procedimientos o medicamentos que no se encuentren en el POS y que hayan sido expedidas por el médico tratante con anterioridad al primero (1º) de julio de 2012, estarán a cargo de la entidad territorial, y que para el caso en concreto las órdenes del médico tratante se expidieron posteriores al 1º de julio de 2012, razón por la cual, es la EPS-S ASMET SALUD, la encargada de autorizar y suministrar requeridos por el accionante. Así las cosas, y en razón a que el accionante se encuentra actualmente afiliado al sistema de salud en el régimen subsidiado a través de la EPS ASMET SALUD, es esta entidad la encargada de prestar los servicios de salud que el actor requiere para el tratamiento de la patología que padece, debiendo suministrar los medicamentos ordenados por el médico tratante y que es objeto de controversia en el asunto de autos. REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Popayán, quince (15) de noviembre de dos mil doce (2012) MAGISTRADO PONENTE: NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ EXPEDIENTE: ACTOR: YON JAIRO OL AVIRAMA DEMANDADO: ASMET SALUD EPS-S Y SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA ACCIÓN: TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Decide el Tribunal sobre la impugnación del fallo de Octubre 10 de 2012, por medio del cual el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, amparó los derechos fundamentales del señor YON JAIRO OL AVIRAMA, y ordenó a la EPS-S ASMET SALUD autorizar el medicamento ordenado por el médico especialista tratante. I. ANTECEDENTES

2 1. La Demanda 1 El señor YON JAIRO OL AVIRAMA, identificado con cédula de ciudadanía No , interpuso acción de tutela en contra de la EPS-S ASMET SALUD y la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la Salud y a la vida digna Los hechos. Como sustento de las pretensiones, presentó los hechos que a continuación se sintetizan: Manifestó que es afiliado a la EPS-S ASMET SALUD y padece de PSORIASIS (ENFERMEDAD AUTOINMUNE) CRONICA, por lesiones causadas en la piel que requieren suministro mensual de los medicamentos EXANIA crema al 0.05%, CLOBETAZOL 0.05g (loción), METOTREXATE 2.5MG, PREDNISOLONA 50mg/día y crema lubricante, formulados por el Dermatólogo de ASMET SALUD EPS-S. En el mes de septiembre de 2012 interpuso acción de tutela en contra de la EPS-S ASMET SALUD y la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, para que le fueran suministrados los medicamentos formulados por su médico especialista tratante y que le habían sido negados por dichas entidades. 2. Informes de la Tutela 2.1 Por la EPS-S ASMET SALUD 2 1 Folio 1 a 5 2 Folio 24 2

3 La Técnico de Gestión Jurídica de la EPS ASMET SALUD, mediante escrito de 4 de octubre de 2012, no hizo ningún pronunciamiento sobre el contenido de la tutela, limitándose a informar que las historias clínicas son documentos privados que solo le pertenecen al usuario los cuales reposan en los archivos de la IPS bajo custodia, por tanto ASMET SALUD EPS-S no puede allegar copia de este documento por no encontrarse en la Entidad. Anexa copia de las cuatro últimas órdenes de apoyo que el usuario solicitó con orden No , , y Por la Secretaría de Salud Departamental del Cauca 3 La Secretaría de Salud Departamental del Cauca por intermedio de apoderado judicial presentó informe de la tutela en los siguientes términos: Manifestó que el Dr. Javier Elkin Burbano Gómez, en su calidad de contratista de la entidad procedió a emitir concepto médico, el cual manifiesta lo siguiente: CASO CLINICO: se trata de un paciente de 28 años de edad con diagnóstico de PSORIASIS certificado por el Doctor RUBEN SOLARTE médico especialista en DERMATOLOGIA, de la IPS PREMEDIC IPS, como conducta medica ordena el dia 16 de julio de 2012 METOTREXATE TABLETAS POR 2.5 MG CANTIDAD 30, EXANIA EMULSION CANTIDAD 1, CREMA LUBRICANTE. PERTINENCIA DE LA SOLICITUD: los medicamentos solicitados METOTREXATE TABLETAS POR 2.5 MG, EXANIA EMULSION se consideran pertinente por la patología del paciente PSORIASIS. La CREMA LUBRICANTE se encuentra excluida del Plan Obligatorio de Salud. Afirmó la entidad que la CREMA LUBRICANTE no se encuentra incluida en el Anexo 01 del Acuerdo 029 de 2011, por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud, y que por lo tanto es un medicamento NO POS. 3 Folio 29 a 33 3

4 Manifestó que es la EPS-S ASMET SALUD es la encargada de evaluar y autorizar lo requerido por el usuario, en razón a que el accionante se encuentra afiliado a esta empresa prestadora de salud, y es ella la encargada de establecer mediante un Comité Técnico Científico la pertinencia de la CREMA LUBRICANTE solicitado por el accionante. Afirmó que la EPS-S ASMET SALUD tiene la posibilidad de realizar el recobro correspondiente ante la entidad territorial, para lo cual deberá presentar la cuenta de cobro, las facturas y soportes que demuestren la prestación de servicio NO POS a la población afiliada al régimen subsidiado. Finalmente solicitó desvincular a la Secretaría de Salud Departamental del Cauca de la presente acción de tutela. 3. La sentencia impugnada 4. Por medio de la Sentencia de 10 de octubre de 2012, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, tuteló los Derechos Fundamentales invocados por el señor YON JAIRO OL AVIRAMA, ordenando a la EPS ASMET SALUD, suministrar en forma efectiva los medicamentos METOTREXATE 2.5MG, PREDNISOLONA 50mg/día, EXANIA crema al 0.05% (Clobetazol) EMULSIÓN 0.05g, y Crema lubricante, ordenados por el médico especialista tratante; igualmente, ordenó se siga garantizando de manera integral y continúa el servicio de salud requerido en atención a la patología diagnosticada. La a quo consideró que ASMET SALUD EPS-S vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas del señor YON JAIRO OL AVIRAMA, al no suministrarle los medicamentos ordenados por el medico especialista tratante y que garantizan que el actor tenga una mejor calidad de vida. 4 Folio 36 a 46 4

5 4. La impugnación 5 Mediante escrito de 17 de octubre de 2012, la EPS-S ASMET SALUD, por medio de su apoderado impugna el fallo de tutela, con fundamento en los siguientes argumentos: Indicó que el medicamento EXANIA (CLOBETASOL) CREMA LUBRICANTE, solicitada por el accionante no se encuentra incluida en el POS-S. De igual forma manifestó, que los medicamentos requeridos por el accionante al no encontrarse dentro del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, era necesario que la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), PREMEDIC y la Secretaria Departamental de Salud, cumplieran con sus obligaciones para la prestación del servicio de salud requerido por el usuario. Como consecuencia de lo anterior, solicita que de manera principal se indique que es la Secretaría Departamental de Salud del Cauca la obligada a suministrar los medicamentos requeridos por el agenciado. Así mismo solicitó se ordene a PREMEDIC (IPS) que cumpla con lo establecido en la Resolución 5334 de 2008 so pena de incurrir en el costo de la prestación del servicio NO POS-S, objeto de tutela como sanción a la vulneración de derechos fundamentales. Subsidiariamente solicita que si llegado el caso en que se ordene el suministro de los medicamentos a la EPS-S, se declare que se verificó que el mismo no se encuentra incluido en el POS-S y que por lo tanto no ha vulnerado lo establecido en la Resolución 5334 de 2008, de igual manera se ordene a FOSYGA o a la Secretaría Departamental de Salud del Cauca reintegrar el 100% de los gastos generados en cumplimiento del fallo. II CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 5 Folio 55 a 65 5

6 1. Competencia El Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela según lo establecido por el Decreto Ley 2591 de 1991 en su artículo 32, en SEGUNDA INSTANCIA. 2. Problema Jurídico Corresponde a la Sala del Tribunal determinar si el fallo proferido el 10 de Octubre de 2012, a través del cual el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán resolvió tutelar los derechos fundamentales a la salud, a la vida y la dignidad humana del señor YON JAIRO OL AVIRAMA y ordenó a la EPS-S ASMET SALUD, suministrar en forma efectiva los medicamentos METOTREXATE 2.5MG, PREDNISOLONA 50mg/día, EXANIA crema al 0.05% (Clobetazol) EMULSIÓN 0.05g, y Crema lubricante, se encuentra ajustado a Derecho. 3. Procedencia de la acción de tutela De conformidad con el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela es un derecho público subjetivo del que goza toda persona para obtener del Estado, a través de la Rama Judicial, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o incluso de los particulares, en ciertos casos. Sin embargo, no debe perderse de vista que esta acción es de carácter residual y subsidiario, es decir, que sólo procede en aquellos eventos en los que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que le permita al actor solicitar, ante los jueces ordinarios, la protección de sus derechos, salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, el cual debe aparecer acreditado en el proceso. 6

7 En relación a la procedencia de la acción de tutela en los casos de limitaciones o exclusiones del POS, la H. Corte Constitucional ha manifestado que: En consecuencia, esta Corporación ha señalado de manera reiterada que la acción de tutela protege el derecho fundamental a la salud en su dimensión de acceso a los servicios en salud que se requieren con necesidad, en condiciones dignas. En otras palabras, la garantía básica del derecho fundamental a la salud consiste en que todas las personas deben tener acceso efectivo a los servicios que requieran, es decir, aquellos servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad. 4. El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección mediante la acción de tutela La Constitución de 1991 estableció el derecho a la salud, por su característica especial de vulnerabilidad en dos conceptos, el primero que tiene el alcance como derecho fundamental autónomo, adquiriendo esta calidad después de la tesis de la conexidad con los derechos de rango superior, tales como la vida y a la dignidad humana y el segundo como un servicio público, de éste último para tener un acceso satisfactorio a todas las dimensiones que le integran, garantizado por el Estado en los ámbitos de promoción, protección y recuperación. Respecto de lo anterior la Corte Constitucional ha manifestado en Sentencia T-1036 de 2000: (...) si bien el derecho a la salud no es en sí mismo un derecho fundamental, sí puede llegar a ser efectivamente protegido, cuando la inescindibilidad entre el derecho a la salud y el derecho a la vida hagan necesario garantizar éste último, a través de la recuperación del primero, a fin de asegurar el amparo de las personas y de su dignidad. De ahí que el derecho a la salud sea un derecho protegido constitucionalmente, en los eventos en que por conexidad, sus otros derechos fundamentales de las personas. Por consiguiente, la atención idónea y oportuna, los tratamientos médicos, las 7

8 cirugías, la entrega de medicamentos, etc., pueden ser objeto de protección por vía de tutela, en situaciones en que la salud adquiere por conexidad con el derecho a la vida, el carácter de derecho fundamental. En cuanto a la responsabilidad del Estado, en Sentencia T-195 de 2011, señaló: son tareas del Estado: organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 6 En este orden de ideas, se tenía que en aquellos eventos en que el derecho que se alegaba como vulnerado era la salud en conexidad con el derecho fundamental a la vida, el juez constitucional debía considerar no sólo las circunstancias que ponían en riesgo la existencia biológica de la persona, sino también aquéllas que le permitieran al individuo el desarrollo de su proyecto de vida en condiciones dignas. Adicionalmente a estas consideraciones, se tiene que recientemente algunas Salas de Revisión de la H. Corte Constitucional (Séptima, Octava y Novena) venían planteando un avance conceptual en lo que toca con el carácter fundamental del derecho a la salud, por lo que en desarrollo de dicha tesis, el recurso de la conexidad con un derecho fundamental para amparar el derecho a la salud fue revaluado, en los siguientes términos: Protección del derecho fundamental a la salud en el orden constitucional colombiano En el artículo 49 de la Constitución Nacional se establece, entre otras cosas, que la atención de la salud (...) [es] un servicio público a cargo del Estado. Se dispone, además, que se garantizará a todas las personas el 6 CORTE CONSTITUCONAL. Sentencia T-195 de Magistrado Ponente: HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 8

9 acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. El derecho a la salud ha recibido un amplio desarrollo por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así, por ejemplo, en sentencia T-246 de 2005, la Corte entiende el derecho a la salud como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Aquí la Corte no hace más que retomar la definición propuesta en la sentencia T-597 de 1993 reiterada también por la sentencia T 1218 de Inicialmente se dijo que el derecho a la salud no era por sí mismo un derecho fundamental y que únicamente sería protegido en sede de tutela cuando pudiera mostrarse su estrecha conexión con el derecho a la vida. En este sentido se pronunció la sentencia T-406 de Esta jurisprudencia ha sido reiterada y profundizada por otros fallos de la Corte. Así, se marcó una distinción entre los derechos llamados derechos liberales, de autonomía o de primera generación y los derechos denominados prestacionales, económicos o de segunda generación, entre los cuales solía ubicarse el derecho a la salud. Con el paso del tiempo, no obstante, esta diferenciación tiende a ser cada vez más fluida, hasta el punto en que hoy sería muy factible afirmar que el derecho a la salud es fundamental no sólo por estar conectado íntimamente con un derecho fundamental - la vida - pues, en efecto, sin salud se hace imposible gozar de una vida digna y de calidad - sino que es en sí mismo fundamental. Es decir, se vuelve preciso distinguir entre la fundamentalidad de un derecho y la eficacia que él pueda tener en la práctica, tanto más cuanto la efectividad de derechos calificados corrientemente como fundamentales - la libre expresión del pensamiento, por ejemplo - también depende de la existencia de normas presupuestales y administrativas y de procedimientos que hagan viable y optimicen la eficacia de ese derecho. Así las cosas, se puede considerar que el derecho a la salud es un derecho fundamental cuya efectiva realización depende, como suele suceder con otros muchos derechos fundamentales, de condiciones jurídicas, económicas y fácticas, así como de las circunstancias del caso concreto. Esto no implica, sin embargo, que deje de ser por ello un derecho fundamental y que no pueda gozar de la debida protección por vía de tutela, como sucede también con los demás derechos fundamentales. El Estado tiene un amplio margen para decidir la forma como habrá de proteger el derecho fundamental a la salud y en este sentido, tal como lo señala el artículo 49 de la Constitución Nacional, "Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud a los habitantes [y] (...) establecer las políticas de prestación de servicio de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. (Sentencia T )(Destaca la Sala) 9

10 ( )Tal posición ha pasado del plano del obiter dicta, a constituirse en la ratio decidendi que sustenta la procedencia de la acción de tutela y la protección del derecho a la salud en forma directa, como ya se dijo, sin atender al concepto de conexidad con un derecho fundamental. ( ) Estamos entonces ante una línea jurisprudencial, que después de concienzudos estudios ha logrado establecer que el derecho a la salud se considera fundamental, ya que el mismo integra el conjunto necesario para poder llevar y disfrutar plenamente de una vida íntegra y armónica. En criterio del Tribunal, las anteriores consideraciones tienen plena consonancia con el contenido esencial del derecho a la salud, inherente a todo ser humano y por tanto objeto de protección directa por vía de tutela, al margen de su eventual relación de conexidad con otro derecho fundamental. En este sentido, en aquellos eventos en que no se practiquen los procedimientos o se autoricen los medicamentos que una persona requiera, los cuales sin duda representarían un alivio a las dolencias padecidas, es imperativa la actuación del juez constitucional en la protección del derecho fundamental a la salud, pues mal podría hablarse de la dignidad humana, de la vida y del desarrollo del proyecto personal de cada individuo cuando él no cuenta con un entorno físico y mental sanos que le permitan llevar la existencia en el plano de la felicidad. Es aquí cuando el juez de tutela debe desplegar sus facultades en aras de proteger al ciudadano que solicita la prestación de un servicio médico frente a una entidad renuente a otorgarlo, estando en plena capacidad de hacerlo. 5. De la procedencia excepcional de la acción de tutela para la obtención de los medicamentos no incluidos en el POS. La Corte Constitucional en variadas oportunidades ha advertido que todas las personas naturales tienen el derecho a que se les garantice el acceso a los servicios y medicamentos necesarios para tratar las molestias en su 10

11 salud. Ello se ha reiterado con más vehemencia, una vez se adoptó el criterio del carácter autónomo del derecho fundamental a la salud en el ordenamiento jurídico colombiano. En principio, el derecho a la salud, sólo se ve garantizado con relación a lo establecido en el Plan Obligatorio de Salud POS-, debido a las limitaciones presupuestales existentes del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, las cuales en todo caso no pueden servir de pretexto, ni excusa para vulnerar derechos fundamentales. En tal sentido, se supone que si hay un servicio o medicamento que no esté incluido en el POS, éste deberá ser asumido por la persona que lo necesite, empero la Corte Constitucional, para efectivizar la aplicación de los derechos fundamentales, ha establecido que cuando una persona o su familia no cuentan con los recursos propios para atender la enfermedad padecida, es el Sistema General de Seguridad Social el llamado a asumir los costos del tratamiento. En relación con la procedencia de las solicitudes de medicamentos y servicios no incluidos en el POS, la Corte en la Sentencia T-756 de 2010, advirtió: ( ) Para estas situaciones, la Corte ha fijado cuatro requisitos básicos que se deben cumplir con el fin de proteger por vía de tutela el derecho fundamental a la salud y así dar paso a la inaplicación de las normas que regulan el Plan Obligatorio de Salud, a saber: i) Que el medicamento haya sido prescrito por un médico adscrito a la EPS. a la cual se encuentra afiliado el paciente que demanda el servicio. ii) iii) Que la falta de medicamentos o tratamientos excluidos amenace los derechos fundamentales a la vida, la dignidad o la integridad física. Que el medicamento no pueda ser sustituido por otro de los 11

12 contemplados en el plan obligatorio de salud o que pudiendo serlo, el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan; iv) Que el paciente no pueda sufragar el costo del medicamento o tratamiento requerido. En todo caso, el juez de tutela deberá verificar en cada contexto particular si se cumplen estos presupuestos para que una vez comprobados se pueda ordenar a la EPS correspondiente el suministro de los tratamientos, medicamentos o servicios adicionales necesarios en la realización del procedimiento médico requerido. ( ) En relación con la determinación de cuándo el paciente debe asumir el costo de los medicamentos no incluidos en el POS, se tiene que el examen sobre la capacidad económica del paciente se hace sobre la base de un criterio cualitativo y no cuantitativo, lo que significa que para definir si una persona puede sufragar los costos de un medicamento o servicio no POS, no basta simplemente con establecer si tiene ingresos o no, sino que se requiere observar si los mismos le dejan un margen por fuera de los gastos necesarios en los que incurra, sin obligar a la persona a modificar sustancialmente su condición socioeconómica. La Corte Constitucional en la sentencia 760 del 2008 en tal sentido advirtió: El derecho al mínimo vital no sólo comprende un elemento cuantitativo de simple subsistencia, sino también un componente cualitativo relacionado con el respeto a la dignidad humana. Su valoración, pues, no será abstracta y dependerá de las condiciones concretas del accionante. Teniendo en cuenta que el mínimo vital es de carácter cualitativo, no cuantitativo, se ha tutelado el derecho a la salud de personas con un ingreso anual y un patrimonio no insignificante, siempre y cuando el costo del servicio de salud requerido afecte desproporcionadamente la estabilidad económica de la persona. Por ejemplo, un servicio de salud que se requiere constantemente y cuyo costo es superior a la mitad de los ingresos de la persona, o un servicio que se requiere una sola vez, pero que equivale a casi al doble de los ingresos mensuales de la persona. Puede suceder que a una misma persona le sea imposible pagar un servicio cuyo costo es elevado pero si tenga capacidad económica para cancelar el valor de los medicamentos. 12

13 6. Derecho a que las EPS realicen el recobro por suministrar servicios y medicamentos no incluidos en el POS. En relación a la facultad que tienen las EPS-S para efectuar el recobro cuando se trate de eventos NO POS, la Corte Constitucional ha indicado que 7 : ( ) el fundamento del recobro de una entidad ante el FOSYGA no surge de la jurisprudencia constitucional, sino de la ley y la reglamentación legal. No obstante, como forma de protección y para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, el legislador introdujo en el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 la regla de recobro parcial, según la cual, el FOSYGA no puede pagar a una EPS que tramitó inadecuadamente la solicitud de un usuario para acceder a un servicio de salud, más del 50% del monto a que la misma tenga derecho a repetir por haber incurrido en costos que no le correspondía asumir. Así, teniendo en cuenta la legislación vigente al momento en que ocurrieron los hechos materia de la presente tutela, y con el objeto de alcanzar el fin originalmente propuesto por el legislador, la Sala aplicará dicha regla al caso concreto. (Resalta la Sala) Antes de la derogatoria del Literal j del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el Juez Constitucional se pronunciaba sobre el recobro, facultando efectuarlo en cuantía del 50% como una consecuencia de la prestación inadecuada del servicio de salud, que entre otros casos, se evidenciaba cuando por vía de la acción de tutela se obligaba a suministrar medicamentos o realizar algún tratamiento o procedimiento. Por tanto, en esos casos emitir un fallo de tutela ordenando la prestación de un servicio de salud, conllevaba impedir el recobro en cuantía del 100% por los servicios excluidos del POS-S o del POS. Actualmente, conforme a la normatividad vigente, ordenar por vía de tutela la prestación de un servicio de salud, ya no genera como consecuencia la restricción en el recobro; de esta forma el Juez 7 Sentencia T-048 del cuatro (4) de febrero de dos mil once (2011), M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 13

14 Constitucional no es el que debe pronunciarse sobre este tema y las EPS son las que deberán adelantar los trámites administrativos para efectos del referido recobro según sea el caso. 7. Caso en Concreto Corresponde a la Sala del Tribunal Administrativo del Cauca, resolver el caso, en donde el señor YON JAIRO OL AVIRAMA, solicita a la EPS-S ASMET SALUD y a la Secretaría Departamental de Salud del Cauca, la entrega de los medicamentos METOTREXATE 2.5MG, PREDNISOLONA 50mg/día, EXANIA crema al 0.05% (Clobetazol) EMULSIÓN 0.05g, y Crema lubricante, prescritos por el médico especialista tratante. La EPS-S ASMET SALUD, sostiene que la entrega del medicamento es responsabilidad de la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, por tratarse de un medicamento NO POS; por otra parte, la Secretaría de Salud Departamental del Cauca sostiene que a pesar de tratarse de un medicamento NO POS, es la EPS ASMET SALUD, la encargada de realizar la autorización y entrega de los medicamentos y posteriormente hacer el respectivo recobro. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, concedió el amparo de los derechos fundamentales a la salud, la vida y a la dignidad humana del actor, ordenándole a la EPS-S ASMET SALUD autorizar la entrega de los mencionados medicamentos. El referido Juzgado arguye que el suministro del medicamento NO POS debe estar a cargo de la EPS-S ASMET SALUD, de acuerdo a lo consagrado en la Circular 027 del 13 de junio de La orden de procedimientos o medicamentos que no se encuentren en el POS y que hayan sido expedidas por el médico tratante con anterioridad al primero (1º)de julio de 2012, estarán a cargo de la entidad territorial, y 14

15 que para el caso en concreto las órdenes del médico tratante se expidieron posteriores al 1º de julio de 2012, razón por la cual, es la EPS-S ASMET SALUD, la encargada de autorizar y suministrar requeridos por el accionante. Así las cosas, y en razón a que el accionante se encuentra actualmente afiliado al sistema de salud en el régimen subsidiado a través de la EPS ASMET SALUD, es esta entidad la encargada de prestar los servicios de salud que el actor requiere para el tratamiento de la patología que padece, debiendo suministrar los medicamentos ordenados por el médico tratante y que es objeto de controversia en el asunto de autos. De otra parte y en cuanto a la orden de recobro solicitada por la EPS impugnante, el Juez Constitucional no es el que debe pronunciarse sobre este tema y las EPS son las que deberán adelantar los trámites administrativos para efectos del referido recobro según sea el caso. Por las razones de hecho y de Derecho, se confirmará la sentencia impugnada. En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 10 de octubre de 2012 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, por las precisas razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 15

16 Se hace constar que el proyecto de esta providencia fue considerado y aprobado por el Tribunal en sesión de la fecha. Los Magistrados, NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ DAVID FERNANDO RAMIREZ FAJARDO CARLOS H. JARAMILLO DELGADO 16

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