REPÚBLICA DE COLOMBIA. TRIBUNAL SUPERIOR del DISTRITO JUDICIAL de CUNDINAMARCA SALA CIVIL-FAMILIA-AGRARIA

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1 REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR del DISTRITO JUDICIAL de CUNDINAMARCA SALA CIVIL-FAMILIA-AGRARIA MAGISTRADO PONENTE : LUIS ERNESTO VARGAS SILVA RADICACIÓN : No. 098 de 2007 PROCESO : TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA ACCIONANTE : PEDRO PABLO TORRES CUTA ACCIONADO : A.R.S. CAFAM APROBADO ACTA : Nº 40 del 6 de SEPTIEMBRE de 2007 DECISIÓN : CONFIRMA FALLO CONCEDIÓ AMPARO SENTENCIA DE TUTELA : No. 11 /07 (Sentencia 017 de 2007) Bogotá, D. C., (Proyecto discutido y aprobado en sesión realizada el 1 de febrero de Acta y aviso convocatorio a Sala No. 03/07).- Corresponde al Tribunal pronunciarse sobre la impugnación presentada por la parte accionada contra la sentencia que concedió el amparo, proferida por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Girardot el 11 de diciembre de 2006, dentro de la accion de tutela instaurada por NANCY DIAZ SEGURA en representación de su hija menor JULIETH VANNESA DIAZ SEGURA contra A.R.S. CONVIDA. Del expediente surgen las siguientes identificaciones y, 1. ANTECEDENTES:

2 2 1.1.: IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: Pidió tutela la señora NANCY DIAZ SEGURA, mayor de edad, domiciliada en la vereda El Copo, municipio de Tocaima, quien actúa como representante legal de su menor hija JULIETH VANNESA DIAZ SEGURA. Instauró la acción de tutela contra la A.R.S. CONVIDA en su calidad de entidad encargada de prestar el servicio público de salud. 1.2.: FUNDAMENTOS FÁCTICOS: Narró la accionante que su menor hija se encuentra afiliada mediante régimen subsidiado de salud a la A.R.S. CONVIDA desde el 1 de abril de 2001 siendo clasificada en el nivel socioeconómico uno. La menor padece CARDIOPATÍA CONGÉNITA diagnosticada desde febrero de 2000 y debido al tratamiento la accionante debe trasladarse de un lugar a otro de manera constante entre los municipios de Tocaima, Girardot, Soacha y la ciudad de Bogotá. Que su menor hija requiere -según diagnostico médico-, se le realice con suma urgencia la operación denominada VALVULOPLASTÍA PULMONAR CON BALÓN Y CIERRE DE DUCTOS CON COIL A TRAVÉS DE CATETERISMO CARDIACO, pero tal intervención quirúrgica no se ha efectuado porque ese es un procedimiento que no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado POS-S. La accionante manifiesta que por la imposibilidad económica que atraviesa le es muy difícil sufragar los gastos de la operación, y sin lugar a dudas su realización es de carácter urgente. No obstante, el Hospital Cardio Vascular del Niño de Cundinamarca solicitó la autorización para realizar el procedimiento pero la accionante no la poseía en el momento y aunque suplicó su emisión nunca obtuvo respuesta por parte del ente accionado. Así las cosas, el Hospital se vio en la obligación de... entregarle a la menor sin realizarle la intervención quirúrgica formulada y por ello, indica la actora, se vio en la necesidad de instaurar la presente acción de tutela en procura de proteger los derechos fundamentales a la salud en conexión con la vida que le asiste a la menor. 1.3.: SENTENCIA DE PRIMER GRADO: El señor Juez 2 Civil del Circuito de Girardot concedió el amparo suplicado mediante sentencia, el 11 de diciembre de 2006 protegiendo el derecho fundamental de salud en conexidad con la vida digna de la menor Judith Vanesa Díaz Segura de 9 años de edad. En consecuencia, inaplicó las disposiciones que excluyen del POS la cirugía de VALVULOPLASTÍA PULMONAR CON BALÓN Y CIERRE DE DUCTOS CON COIL A TRAVÉS DE CATETERISMO CARDIACO y los insumos necesarios para su práctica y por ello, ordenó al Gerente del ente accionado que en el término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación del fallo procediera a autorizar el procedimiento y todos los insumos que requiere la menor, con derecho de ejercer el recobro ante el FOSYGA por los valores que no este obligada a cumplir la A.R.S. 1.4.: LA IMPUGNACIÓN: Inconforme con la decisión, la A.R.S. CONVIDA apeló el fallo de primera instancia bosquejando que al no estar el tratamiento incluido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado le concierne responder por el procedimiento que requiere la menor a la Secretaria de Salud de Cundinamarca. Adujo no entender por qué el juez de tutela modificó la estructura del Sistema General de Seguridad Social en Salud porque según la ley quien debe responder por ese tipo de procedimiento -no POS-S, es la red pública que cuenta con los recursos suficientes para tal fin. Solicitó el apelante que se revoque la decisión del a-quo y en su lugar se exonere de responsabilidad a la accionada; así mismo, peticionó que de no ser así, se ordene en la parte resolutiva del fallo el recobro al FOSYGA dentro de los treintas días siguientes para el reembolso porque si no se otorga dicha facultad se causaría un detrimento patrimonial a ARS CONVIDA. 1.5.: TRÁMITE: Repartido el expediente en el Tribunal, mediante proveído del 19 de enero de 2007 se dispuso dar trámite a la impugnación, notificando a las partes de esta acción tutela con absoluto mutismo, o sea, sin obtener pronunciamiento alguno. Ingresó el asunto al despacho para resolver, lo cual hará la Sala con base en las siguientes, 2. CONSIDERACIONES:

3 COMPETENCIA: Esta Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca es competente para revisar la sentencia proferida por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Girardot el 11 de diciembre de 2006, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y siguientes del Decreto 2591 de Además, por ser el superior funcional de quien profirió la sentencia que concedió el amparo invocado LA ACCIÓN DE TUTELA: Es un mecanismo de protección especial e inmediata que constituye uno de los derechos políticos más caros a la sociedad desde en nuestro país y aparece concebido en el artículo 86 de la norma normarum, como un mecanismo tendiente a lograr que los derechos constitucionales fundamentales de las personas, sean protegidos con eficiencia, cuandoquiera que estos sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Desde el comienzo, se concibió esa herramienta constitucional, para proteger a los asociados de los desafueros de la autoridad del Estado cometidos por alguno de sus funcionarios. No obstante, también se consideró prudente institucionalizarla contra particulares, pero en los muy precisos eventos consagrados en la ley. Como la finalidad de la acción de tutela estriba en la defensa de los derechos fundamentales y no en el desconocimiento de los procedimientos ordinarios legalmente establecidos, el constituyente dejó sentada en forma expresa su naturaleza subsidiaria, al señalar en el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política que la tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".

4 4 Tal postulado implica que la acción de tutela no es un vehículo judicial paralelo, complementario o alternativo a los que ordinariamente reconoce nuestro sistema legal; tampoco es de su esencia ser el último medio al que se puede acudir, pues como lo ha enseñado la doctrina constitucional, corresponde al único medio de protección incorporado en la Carta Política con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico. Por tanto, si existe medio de defensa judicial idóneo para la protección de los derechos fundamentales, la acción de tutela deviene improcedente, pues no se permite como medio para sustituir los procedimientos o las competencias determinadas por la ley. Empero, es necesario precisar que la existencia de vía judicial ordinaria no debe mirarse desde el punto de vista formal, sino en cuanto a la eficacia real que tenga ese procedimiento para lograr la efectiva defensa de los derechos fundamentales. Si el procedimiento consagrado no da esa garantía, resulta procedente acceder a la acción de tutela DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS: A. DERECHO A LA VIDA: El derecho a la vida es amparado por nuestro Estatuto Superior, desde el mismo preámbulo, y su protección se erige en uno de los motivos principales de la función constituyente; por eso es el primero y más importante de los derechos fundamentales, consagrado como inviolable en el artículo 11 de la Constitución Política Nacional, comoquiera que se convierte en presupuesto para el ejercicio de los demás derechos. La H. Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la importancia de este derecho fundamental, en los siguientes términos: "El derecho a la vida incluye en su núcleo esencial la protección contra todo acto que de una u otra forma lo amenace, sin que juegue papel determinante en su afectación el grado de probabilidad de amenaza, pues es

5 5 de su esencia que ésta exista como tal, es decir, que sea una amenaza cierta, frente a lo cual debe el Estado debe procurar a toda costa su protección" ( 1 ). Por contera, cuando haya evidente amenaza del derecho a la vida, resolver una tutela en tal sentido impone decisiones judiciales inmediatas y definitivas, como también lo expresó la H. Corte Constitucional: Sobre el derecho a la vida, la Constitución no deja dudas: es inviolable. La conducta de los entes públicos y las de los particulares que en sí mismas sean riesgosas para su intangibilidad deben ser objeto de pronta y adecuada decisión de las autoridades públicas, y de las medidas urgentes que las regulen y las sometan a la normatividad. Lo propio puede afirmarse en lo referente a la integridad personal de los seres humanos, sea cualquiera su condición, y el motivo por el cual se encuentre afectada o en peligro. Y es que la autoridad pública justifica su existencia y su actividad, como surge del artículo 2º de la Constitución, entre otros motivos - que constituyen sus obligaciones, perentorias y prioritarias-, en el imperativo de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. A no dudarlo, el Estado que no es capaz de asegurar las condiciones mínimas para garantizar el derecho a la vida de quienes integran la población, aunque acierte en otros campos, no realiza las finalidades sociales de la Constitución y, por el contrario, las violenta y las convierte en aspiración romántica e inasible ( 2 ). B. DERECHO A LA SALUD-Fundamental por conexidad: En reiterada jurisprudencia la H. Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a la salud no es fundamental y, en principio, no es amparable por vía de tutela. Sin embargo, también ha sostenido que este derecho puede ser objeto de amparo constitucional, cuando su vulneración o amenaza signifique a su vez transgresión o peligro para un derecho constitucional de carácter fundamental, como ocurre generalmente con los derechos a la vida (artículo 11 superior) y a la integridad personal (artículo 12 íbidem). 1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-495 de noviembre 7 de 1.995, entre otras. 2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-99 de marzo 24 de 1.998

6 6 Por aceptado se tiene que existe un vínculo inescindible entre los derechos a la vida y a la salud, razón por la cual, ante la presencia de una enfermedad, puede no solo existir una vulneración de la salud sino paralelamente alguna circunstancia que permita que de ella se derive una lesión permanente a la calidad de vida de una persona o incluso la muerte, generándose un atentado directo contra el derecho fundamental a la vida antes mencionado. Sobre este derecho la jurisprudencia ha señalado: En reiteradas ocasiones ha admitido esta Corporación la posibilidad de proteger el derecho a la salud de las personas, a pesar de no ser considerado un derecho fundamental, en razón a su conexidad directa con el derecho a la vida. Ello implica, sin embargo, el reconocimiento de la salud "como un predicado del derecho a la vida", de manera tal, que atentar contra el primero puede llegar a significar un atentado directo contra el segundo. Lo anterior se expresa en la aceptación de que existe un vínculo inescindible entre los anteriores derechos, razón por la cual, ante la presencia de una enfermedad, puede no solo existir una vulneración de la salud sino paralelamente alguna circunstancia que permitan que de ella se derive una lesión permanente a la calidad de vida de una persona o incluso la muerte, generándose un atentado directo contra el derecho fundamental a la vida antes mencionado. El concepto y protección del derecho a la vida, en ese orden de ideas, involucra aspectos que se extienden mas allá de la posibilidad o no de existencia DEL CASO CONCRETO: A. La A.R.S. CONVIDA centra su inconformidad en que ha debido ser exonerada de toda responsabilidad respecto al suministro del procedimiento y tratamiento integral que requiere la menor Julieth Vanessa Díaz Segura consistente en la cirugía Valvuplastía pulmonar con balón y cierre de ductos por coil a través de cateterismo cardiaco, toda vez que ese procedimiento no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, por lo que la directamente obligada es la Secretaria de Salud de Cundinamarca 3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-260 del 27 de mayo de Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

7 7 conforme a la estructura creada por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Añade que el a-quo no tuvo en cuenta la distribución funcional del sistema de salud, contradiciéndose cuando acepta que el procedimiento no debe asumirlo el ente accionado, a pesar de lo cual concede el amparo invocado. Pide se le exonere de responsabilidad porque el procedimiento que requiere la menor está excluido del Plan Obligatorio de Salud de Régimen Subsidiado y está a cargo de la Secretaria de Salud de Cundinamarca pues, aunque se obtenga la facultad de repetir contra el FOSYGA solamente se adquiere el 50% de los gastos invertidos en el cubrimiento total del tratamiento, situación que desemboca en un menoscabo del capital económico la entidad. Sin embargo, el ente opugnante en forma subsidiaria suplicó que en caso de ser confirmado el fallo se le autorice repetir contra el FOSYGA para obtener el reembolso dentro de un término no superior de treinta días, y así evitar que la ARS CONVIDA sufra un detrimento patrimonial. B. De entrada, la Sala observa que la accionante solicitó que sean amparados los derechos fundamentales a la salud y a la vida que le asisten a su menor hija Judith Vanessa Díaz Segura, quien a través del régimen subsidiado de salud se encuentra afiliada a la ARS CONVIDA desde el 1 de abril de 2001 (folio 11 cdno 1) y presenta una cardiopatía congénita que le fue diagnosticada en febrero de 2000 (folio 18 ibídem). El cardiólogo-pediatra del hospital vascular del niño de Cundinamarca adscrito a la A.R.S. acusada, ante tal enfermedad y la inminente epicrisis que ha venido presentando la menor, ordenó que a ésta se le practique la cirugía Valvuloplastía pulmonar con balón y cierre de ductos con coil a través de cateterismo cardíaco (folios 24 a 25 y anverso del 29 cdno 1) la cual no fue autorizada por el ente accionado arguyendo que es un procedimiento no incluido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado POS-S, y por ello, la accionante acudió a la Secretaria de Salud de Cundinamarca para el cubrimiento de la cirugía pero igualmente le fue negado (folio 53 cdno 1).

8 8 Por ende, se centra el problema jurídico en determinar si el procedimiento de Valvuloplastía pulmonar con balón y cierre de ductos con coil a través de cateterismo cardíaco que requiere la menor Judith Vanessa Díaz Segura y que se encuentra excluido del POS-S, debe ser cubierto por la Administradora del Régimen Subsidiado Convida o por la Secretaria de Salud de Cundinamarca. En línea de principio se hace necesario recordar que el legislador creó el sistema de seguridad social integral (Ley 100 de 1993) para garantizar la ampliación de la cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema mediante mecanismo que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones integrales, entre ellas el servicio de salud. Para la consecución del objetivo antes mencionado, el legislador adoptó una serie de regulaciones en relación con el sistema de seguridad social en salud, entre las cuales se hallan las referentes al régimen subsidiado en salud cuyo propósito es financiar la atención en salud de las personas que no tienen capacidad de cotizar (artículo 211 de la ley 100 de 1993). La administración del régimen subsidiado corresponde a las direcciones locales, distritales o departamentales de salud, las cuales deben suscribir contratos de administración del subsidio con las entidades promotoras de salud EPS que afilien a los beneficiarios del subsidio. Estos contratos se financiarán con los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía y los recursos del subsector oficial de salud que se destinen para el efecto. Las EPS que afilien a los beneficiarios del régimen subsidiado deberán prestar, directa o indirectamente, los servicios contenidos en el plan de salud obligatorio. El fundamento normativo básico en relación con el ámbito de prestación de los servicios no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, está

9 9 contemplado en los siguientes términos en el artículo 31 del Decreto 806 de 1998: Artículo 31.- Prestación de servicios no cubiertos por el POS subsidiado: Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de servicios adicionales a los incluidos en el POS y no tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado las cuales estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con su capacidad de oferta. Estas instituciones están facultadas para cobrar una cuota de recuperación con sujeción a las normas vigentes. Por su parte, el Acuerdo No. 72 del 29 de agosto de 1997 por medio del cual se define el plan de Beneficiarios del Régimen Subsidiado, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4 : Artículo 4.- La complementación de los servicios del POSS, a cargo de los recursos del subsidio a la oferta. En la etapa de transición, mientras se unifican los contenidos del POSS con los del POS del Régimen Contributivo aquellos beneficiarios del régimen subsidiado que por sus condiciones de salud o necesidades de ayuda de diagnóstico y tratamiento requieran de servicios no incluidos en el POSS, tendrán prioridad para ser atendidos en forma obligatoria en las instituciones públicas o en las privadas con las cuales el Estado tenga contrato de prestación de servicios para el efecto, con cargo a los recursos del subsidio a la oferta. Así mismo, la resolución No de 2000 dispone: Artículo 8º.- Responsabilidad de las administradoras del régimen subsidiado frente a los procedimientos y suministros NO POS-S incluidos en las guías de atención. De conformidad con el artículo 4º del Acuerdo 72 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, las actividades, procedimientos e intervenciones establecidos en las guías de atención y no incluidos en el POS-S, no son de carácter obligatorio para las ARS y en consecuencia ellas no serán responsables de la realización ni financiación de los mismos. Éstas tendrán prioridad para ser atendidas en forma obligatoria en las instituciones públicas o en las privadas con las cuales el Estado tenga contrato de prestación de servicios, para el efecto con cargo a los recursos del subsidio a la oferta. De acuerdo con las normas indicadas, cuando una persona está afiliada al Régimen Subsidiado en Salud y requiere de servicios no contemplados en el POS-S, ella puede acudir a las instituciones públicas o a las privadas con las cuales el Estado tenga contrato de prestación de servicios, ante las cuales tendrá prioridad para ser atendido conforme a la ley.

10 10 Ahora bien, la jurisprudencia del Máximo Órgano Constitucional en reiterados fallos ha indicado que frente a los eventos en que las A.R.S. no están obligadas a realizar las intervenciones quirúrgicas o a suministrar medicamentos excluidos del POS-S, la protección de los derechos fundamentales invocados por la accionante en representación de su menor hija para el caso en concreto, pueden ser garantizados de dos maneras, que son: i) mediante la orden a la ARS para que realice la intervención o suministre los medicamentos, evento en el cual se autoriza a la entidad para que repita contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud FOSYGA, o ii) mediante la orden a la ARS de coordinar con la entidad pública o privada con la que el Estado tenga contrato para que se preste efectivamente el servicio de salud que demanda el peticionario. Esta dualidad obedece a las fuentes de financiación del régimen subsidiado de salud: con fondos del Fondo de Solidaridad y Garantía o con recursos del subsector oficial de salud que se destinen para el efecto. 4 En relación con el primer tipo de decisiones, La Corte Constitucional en sentencia T-480 de 2002 ordenó a la ARS acusada en esa oportunidad que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, suministrara a la menor accionante el corsé TLSO en propileno sobre medidas y el medicamento Baclofeno que le fueron prescritos por su médico tratante. En este caso se trataba de una niña de doce años de edad, que padece parálisis cerebral, se encuentra inhabilitada para cualquier movimiento y sufre de una progresiva deformidad de la columna. En razón de ello su médico especialista le ordenó el corsé y el medicamento antes indicados, pero la ARS a la que está afiliada se negó a suministrar tales implementos argumentando que no estaban incluidos en el plan obligatorio de salud. En esa ocasión el Máximo Órgano Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la igualdad de la menor, y expresó: La justicia constitucional no puede permitir que, por estar excluidos del plan obligatorio de salud, no se le faciliten a una niña de doce años de edad con gravísimas limitaciones físicas y mentales, el corsé y el medicamento prescritos por sus médicos y observar impasible cómo progresa la deformidad de columna que padece y cómo se alteran, de manera fatal, sus funciones vitales. Por el contrario, sin desconocer el legítimo interés económico que le asiste a la entidad prestadora del servicio, su deber es remover los 4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-632 de M.P.: Jaime Córdoba Triviño.

11 11 obstáculos que advierte con miras a proteger los derechos fundamentales vulnerados o en peligro de vulneración. En cuanto a la segunda alternativa de protección de derechos fundamentales, en Guardiana de la Constitución tomó su decisión al conocer sobre la negativa de la ARS de suministrar un medicamento no POS-S prescrito para el período postquirúrgico luego de una operación del endiomitrioma ovárico a la accionante. En esa oportunidad consideró que: En casos como el que ocupa la atención de la Corte, la jurisprudencia constitucional (en este caso se acude a la ya referida sentencia T-549 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz) ha estimado que, principios elementales de igualdad sustancial y de tratamiento especial a las personas en situación de debilidad manifiesta (C.P., artículo 13), imponen a la ARS el deber de informar, al afiliado que solicita la prestación de un servicio no incluido en el POS del régimen subsidiado, acerca de las posibilidades de acudir a otras instituciones públicas y las privadas que tengan contrato con el Estado, en procura de los servicios requeridos. Adicionalmente, la Sala considera que la entidad, además de la información antes señalada, debe sugerir al afiliado que se dirija a las autoridades municipales o distritales de salud con el fin de que éstas le informen qué instituciones públicas o privadas que hayan suscrito contrato con el Estado se encuentran en capacidad de dispensarle el servicio de salud que requiere 5. En síntesis, cuando la ARS no está obligada a practicar el procedimiento o la intervención ordenada ni a suministrar los medicamentos ordenados -por no encontrarse incluidos éstos ni aquellos en el POS-S-, la protección constitucional del derecho a la salud, cuando adquiere el carácter de fundamental por conexidad, puede llevarse a cabo a través de una de las dos alternativas antes mencionadas. Por lo tanto, corresponderá al juez de tutela analizar las circunstancias fácticas en cada caso y tomar la decisión a que haya lugar en consideración al grado de vulneración del derecho fundamental involucrado, a la naturaleza de las obligaciones asumidas por las ARS y a la finalidad de las limitaciones y exclusiones del POS-S. Así las cosas, ante la premura de la epicrisis cardiaca que sufrió la menor Judith Vanessa Díaz Segura que obligó a su médico tratante a impartir la orden de realizar la cirugía Valvuplastía pulmonar con balón y cierre de ductos por coil 5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-452 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

12 12 a través de cateterismo cardiaco y el inminente riesgo que corre la vida de la referida menor, la Sala considera que en forma acertada el juez de primera instancia concedió el amparo bajo el abrigo de la primer tesis esgrimida por la Corte Constitucional para los casos en que el procedimiento no está incluido en el POS-S, pues nótese que dilatorio en el tiempo con el cual poco se cuenta ante el estado crítico de la menor- sería indicar a la accionada que debe acudir a la red pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, cuando no existe aún un convenio vigente que ligue a ésta con la entidad acusada para hacer expedita la intervención quirúrgica. Además, nótese que contrario a lo que plantea el ente acusado en su súplica subsidiaria, en la parte resolutiva del fallo alzado se le otorgó el derecho de recobro contra el FOSYGA para que éste devuelva lo pagado por la A.R.S. Convida que se encuentre por fuera del POS-S, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la respectiva solicitud, por lo que se impone confirmar la sentencia apelada Sin necesidad de abundar en más análisis, porque los hechos son suficientemente claros, esta Sala concluye que el fallo de primera instancia debe ser confirmado por encontrarse ajustado a derecho. 3. D E C I S I Ó N : Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia-Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el señor Juez 2 Civil del Circuito de Girardot el 11 de diciembre de 2006, mediante la cual concedió la tutela invocada por la señora

13 13 NANCY DIAZ SEGURA en representación de su menor hija JULIETH VANESSA DIAZ SEGURA. Previa notificación de este fallo a las partes, remítase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Los Magistrados, MYRIAM ÁVILA de ARDILA PABLO I. VILLATE MONROY LUIS ERNESTO VARGAS SILVA (P.)

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