LA COBERTURA DEL POS PARA ENFERMEDADES, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES Y MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS

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1 LA COBERTURA DEL POS PARA ENFERMEDADES, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES Y MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS MONICA CALDERON CRUZ YENNY LORENA IDROBO LUNA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL SANTIAGO DE CALI SEPTIEMBRE DE 2011

2 LA COBERTURA DEL POS PARA ENFERMEDADES, PROCEDIMIENTOS, ACTIVIDADES Y MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS Elaborado por: MONICA CALDERON CRUZ YENNY LORENA IDROBO LUNA Dirigido a: YILLY VANESSA PACHECO RESTREPO Coordinadora Académica de la Especialización En Seguridad Social UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL SANTIAGO DE CALI SEPTIEMBRE DE 2011

3 Notas de aceptación Presidente del Jurado Jurado Jurado Santiago de Cali, Septiembre de

4 CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN 6 II. JUSTIFICACION... 7 III. FORMULACION DEL PROBLEMA.. 8 IV. OBJETIVOS.. 8 OBJETIVO GENERAL.. 8 OBJETIVO ESPECIFICOS.. 8 V. METODOLOGÍA 9 CAPÍTULO 1. MARCO HISTÓRICO 10 CAPÍTULO 2. DESARROLLO LINEA JURISPRUDENCIAL SENTENCIA T-505 DE Identificación de la Sentencia Hechos relevantes Problema jurídico Tesis Argumento Subargumentos 2.2. SENTENCIA T-597 DE Identificación de la Sentencia Hechos relevantes Problema jurídico Tesis Argumento Subargumentos 4

5 2.3. SENTENCIA T-972 DE Identificación de la Sentencia Hechos relevantes Problema jurídico Tesis Argumento Subargumentos 2.4. SENTENCIA T-632 DE Identificación de la Sentencia Hechos relevantes Problema jurídico Tesis Argumento Subargumentos 2.5. SENTENCIA ARQUIMÉDICA T-760 DE Identificación de la Sentencia Hechos relevantes Problema jurídico Tesis Argumento Subargumentos 2.6. ESQUEMA GRAFICO DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL. 34 CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL EFECTOS EN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD NO POS CONCLUSIONES. 42 BIBLIOGRAFÍA

6 I. INTRODUCCIÓN En el ordenamiento Jurídico de Colombia, la Constitución Política de 1991, positivizo los derechos fundamentales de las personas, otorgándoles la Acción de Tutela como herramienta constitucional que permite no hacer nugatorio el disfrute de los mismos; el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, incluidas unas condiciones de vida saludables y la disponibilidad de servicios de salud accesibles, aceptables y de buena calidad, hace parte de ese conjunto de derechos Económicos Sociales y Culturales, que en principio se protegía en conexidad a los derechos fundamentales como la vida, pero que, gracias al desarrollo jurisprudencial, poco a poco fue adquiriendo el mismo nivel de accesibilidad y protección que los derechos humanos de primera generación. Esta evolución en la protección del derecho humano a la salud en forma integral y para toda la población, es lo que hace necesario el estudio de la jurisprudencia en la cual se encuentra plasmado el cambio que ha surgido en relación con la cobertura de las enfermedades, los procedimientos, actividades y medicamentos no cubiertos por el plan obligatorio de salud (POS), tema principal de este trabajo. El Estado Colombiano desde 1993 ha introducido una serie de legislación con el fin de ofrecer una mayor protección de la salud de la población, estratificándola (discriminándola) de acuerdo a las categorías contributiva y subsidiada, y restringiendo algunos servicios según pertenezcan o no al POS; situación que no solo ha puesto en dilaciones injustificadas a la población sino que inclusive la han llevado a la muerte, producto del llamado paseo de la muerte. El Derecho humano a la salud integral, hace obligatorio al operador judicial del manejo de la línea jurisprudencial que sobre el tema ha desarrollado la Corte Constitucional, en donde en un principio primaba la realidad formal sobre la realidad material del derecho fundamental.

7 II. JUSTIFICACIÓN Se justifica el estudio de la jurisprudencia, pues ha sido a través de ella, que se ha proveído soluciones al problema latente que existe, dentro del vacío legislativo, respecto de la atención en salud para cuando son requeridos procedimientos, medicamentos, actividades y éstos no se encuentren en el POS; es aquí donde se necesita tener la claridad suficiente para que se pueda determinar a cargo de cuál entidad se encuentra la obligación de la atención en materia de salud, resultando aun más importante que se tenga la suficiente y precisa información al respecto, pues de ello puede depender la vida de los usuarios del sistema. No cabe duda que ante la falencia del legislador, son muchas las entidades de orden público y privado que prefieren evadir sus obligaciones sometiendo a los usuarios a gestiones administrativas que de otra manera no tenían por qué soportarlos, trámites que única y exclusivamente le deben corresponder al Estado a través de sus dependencias y las entidades pública si su objeto social así se lo ordena. El problema radica concretamente en el flujo de recursos del Sistema los cuales cuentan con una destinación específica y en el evento de que las entidades (públicas o privadas) asuman esos gastos, se encuentran con el problema del recobro, pues no puede suspenderse o desviarse el flujo de recursos, y si hay un desvío en los mismos, entonces quién paga por la prestación de esos servicios?, y es por ello que se presentan tantas trabas a los usuarios; es aquí donde la Jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha encargado de dar la respuesta necesaria y a través del análisis propuesto será decantada, toda vez que la ciudadanía afectada ha debido recurrir al ejercicio de la acción de tutela para la protección de sus derechos, pues como se dijo, no le corresponde al usuario asumir las consecuencias de los vacíos legislativos existentes. 7

8 La elaboración de la línea jurisprudencial sobre la cobertura de eventos NO POS, servirá de material de apoyo para litigantes, jueces y estudiantes, por cuanto las sub reglas que dicta la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento, lo que hace necesario el conocimiento de las mismas y sus fundamentos para garantizar los derechos en ellas contempladas y brindar la protección necesaria en materia de salud a los beneficiarios cuando lo requerido se encuentra por fuera del POS. III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: Qué posiciones jurisprudenciales ha asumido la Corte Constitucional frente a cuál entidad debe asumir la cobertura de enfermedades, procedimientos, actividades y medicamentos que se encuentran por fuera del POS? IV. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Objetivo General Revisar la posición que a partir de la Constitución Política de 1991 ha tenido la Corte Constitucional en materia de cobertura para atención en salud de eventos, procedimientos, actividades y medicamentos no incorporados en el Plan Obligatorio de Salud, POS, para Identificar objetivamente la doctrina vigente y las modificaciones que ha sufrido en la jurisprudencia constitucional. Objetivos Específicos - Analizar el marco histórico legal de atención en salud en materia de cobertura para cada uno de los regímenes existentes. 8

9 - Construir la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, en lo tocante a la cobertura del Plan Obligatorio de Salud POS para enfermedades, procedimientos, actividades y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS. - Determinar a partir del análisis de cada sentencia proferida por la Corte Constitucional sobre cobertura del Plan Obligatorio de Salud POS para enfermedades, procedimientos, actividades y medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS, la manera cómo han influido las diversas posiciones jurisprudenciales de orden constitucional y el instrumento que le permite a los afectados poder acceder a la prestación del servicio de salud que no se encuentra incluido en el POS. V. METODOLOGIA Para la elaboración de la línea jurisprudencial se tuvo en cuenta la metodología descrita por el Dr. Diego Eduardo López Medina en su libro El Derecho de los Jueces 1 y que comprende tres pasos: i) El punto arquimédico de apoyo, que consiste en una sentencia de carácter reciente, la cual tiene el mismo patrón fáctico del tema de investigación, siendo en este caso la T-760 de 2.008; ii) Ingeniería de reversa, donde se estudian las citas a otras sentencias contenidas en el punto arquimédico y del cual se desprende el nicho citacional; iii) La telaraña y puntos nodales de jurisprudencia, donde se estudian las sentencias que citó la providencia arquimédica, lo que deriva en el reconocimiento y posterior análisis de cada una de las sentencia hito. 1 LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo El Derecho de los Jueces. Legis, Bogotá, 2010, pp

10 CAPITULO 1 MARCO HISTÓRICO LEGAL El Sistema de Protección Social 2 es el conjunto de Políticas Publicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los Colombianos, especialmente los mas desprotegidos o vulnerables, con el fin de que la población colombiana pueda tener acceso como mínimo a la Salud con una calidad cercana a la dignidad, a obtener un retiro laboral digno a través de la obtención de la pensión en cualquiera de sus manifestaciones y al trabajo como actividad dignificante de la calidad de vida de las personas. Este sistema encuentra su regulación superior en el artículo 48 de la Carta Política, modificado por el Acto Legislativo numero 01 de 2005 y cuyo texto indica: ARTICULO 48. Adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005 Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 2 Ley 789 de

11 En desarrollo del ordenamiento constitucional se profirió la ley 789 de 2002 que estableció el Sistema de Protección Social en Colombia junto con la creación del Ministerio de la Protección Social a través de la Ley 790 de Con esta Ley, busca el Estado dar cumplimiento a todas las políticas publicas que incluyen la protección especial, en temas sentidos (salud, educación, trabajo), a los Colombianos, por lo tanto este sistema debe consolidar la protección social como bien publico, promoviendo estrategias para menguar los riesgos que afectan la población y contribuyan con su superación, todo con ayuda del fortalecimiento de entidades publicas y privadas que propendan la prestación de servicios básicos, en procura de la dignidad humana. Es así como el Estado ha considerado, entre otros, la ampliación de la cobertura de los riesgos asociados con la prestación del servicio de salud, haciendo mayor énfasis en la prevención de la enfermedad, tal como lo tiene establecido en el Plan Básico de Atención en Salud (PAB), que fue remplazado por el Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas, tal y como lo señalo el articulo 33 Literal h) de la Ley 1122 de 2007 que modifico la Ley 100 de 1993, y fortaleciendo a los sujetos activos del Sistema de Prestación de Servicios de Salud ( EPSs, IPSs, ESEs ) frente a los fenómenos que se presentan en el país propios del desplazamiento forzado de la población, los delitos intrafamiliares, los delitos comunes que, entre otros factores, incrementan los problemas de salud y ponen a prueba la efectividad y pronta atención de estas situaciones. 3 Participación y Control Social en el Sistema de la Protección Social, Plan Nacional de Formación, Ministerio del Interior y de Justicia, Republica de Colombia 11

12 Según información extraída del Ministerio del Interior y de Justicia 4, El Sistema de Protección Social Integral se encuentra conformado por el conjunto de obligaciones que tiene el Estado frente a las necesidades poblacionales ya señaladas, y frente a ellas, el conjunto de instituciones publicas, privadas y mixtas, que en concordancia con la normatividad vigente, con la administración de recursos públicos y privados, se encuentran destinados a prevenir, mitigar y superar los riesgos que afectan la calidad de vida de la población, incorporando este sistema los siguientes: - Sistema Nacional de Bienestar Familiar, creado con la Ley 7 de Sistema Nacional de Seguridad Social Integral: que se conforma con el Sistema de Salud, el Sistema de Riesgos Profesionales, Pensiones y Cesantías, contenido en la Ley 100 de 1.993, Ley 797 de 2003, Ley 1071 de 2006, y la Ley 1122 de Sistema de Formación y Empleo (Ley 790 de 2002). Este sistema, tiene como eje rector al Ministerio de la Protección Social que fue creado mediante la ley 790 de 2002, correspondiéndole a esta entidad manejar las políticas públicas de Estado respecto a la protección, vigilancia y control de tres derechos fundamentales: el Derecho a la Salud, el Derecho a la Seguridad Social y el Derecho al Trabajo. 4 Sistema de Formación y Empleo (Ley 790 de 2002). (Participación y Control Social en el Sistema de la Protección Social, Plan Nacional de Formación, Ministerio del Interior y de Justicia, Republica de Colombia, página 7 12

13 El derecho fundamental a la Salud como parte integral del Sistema de Protección Social, tiene su origen constitucional en el artículo 49 de la Carta Magna y respecto de dicho texto tenemos: ARTICULO 49. Modificado por el Acto Legislativo No 02 de La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Resulta necesario estudiar el tema desde la base, considerada esta a través de los instrumentos internacionales que consagra dentro de los derechos fundamentales el derecho a la Salud, obteniendo con esto una categoría de derecho universal el cual se aborda dentro de los instrumentos nacionales a partir de la Constitución Política de Colombia gracias al bloque de Constitucionalidad establecido en los artículos 93 y 94 constitucionales. Así las cosas, no debe dejarse de lado que el articulo 13 superior trae una protección especial a personas que se encuentren en circunstancias de inferioridad dada su debilidad manifiesta, señala dicho articulo que: ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 13

14 El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. El anterior normativo, debe revisarse en compañía del artículo 11 superior que vela por el derecho a la vida prevaleciendo en todo caso la dignidad humana. ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. También debe tenerse como beneficiarios especiales del derecho a la salud, a los niños, niñas adolescentes, pues así quedo expresamente establecido en el artículo 44 ibídem cuyo texto indica: ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. (Negrillas y subrayas fuera de texto). La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Igualmente, el derecho a la salud de los niños, niñas y recién nacidos, se encuentra debidamente protegido tal como lo establece el artículo 50 de la Constitución al señalar que: ARTICULO 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia. 14

15 La salud como derecho fundamental de las personas recientemente categorizado al nivel de derecho fundamental gracias al pronunciamiento de la Corte Constitucional realizado en la Sentencia T 760 de 2008, que entre todos los lineamientos señalados propendió por la igualdad en el acceso de salud a toda la población, claramente segmentada entre aquellos que gozan del servicio del régimen contributivo y aquellos que pertenecen al régimen subsidiado, siendo al parecer la población mas vulnerable, aquella que aun no ha ingresado ni siquiera al régimen subsidiado, y es directamente atendida por el Estado como población vulnerable, a través de sus estamentos representativos en el Sector Salud. Se trata púes de un derecho prestacional que adquirió el carácter de fundamental y logro ser independiente, pues en otrora era considerado derecho fundamental por conexidad solo cuando se presumía afectado el derecho fundamental a la vida, y solo excepcionalmente devenía como fundamental tratándose de eventos en los que las víctimas o perjudicados por la no atención en salud o por la negación del servicio fueran aquellos niños, discapacitados físicos, psíquicos, personas adultas mayores, victimas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH), población pobre vulnerable no cubierta con subsidios a la demanda, personas privadas de la libertad y los miembros de las fuerzas armadas. Ahora bien, entre tanto, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, logró organizarse a través de la normatividad legal vigente y de los acuerdos proferidos por el entonces Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, normatividad que permitió determinar claramente el PLAN OBLIGATORIO DE SALUD para los dos regímenes vigentes (contributivo y subsidiado), sin embargo esa determinación sólo incluyo algunos de los eventos, actividades, procedimientos existentes y conocidos, dejando por fuera otros, generando una cobertura en materia de atención en salud bastante limitada, 15

16 especialmente para aquellos pacientes afiliados al sistema de seguridad social en salud en el régimen subsidiado, que era a todas luces, mucho más limitado y reducido que el correspondiente al régimen contributivo. Así las cosas, los pacientes, presentaron necesidades de atención en salud que no eran cubiertas por las Entidades Promotoras de Salud a las cuales se encontraran afiliados, fuera esta del régimen contributivo o subsidiado, lo que motivó el ejercicio de la acción de tutela, para que a través de este mecanismo se estudiara a cargo de quién se encontraba la cobertura en salud de tales eventos médicos, pues finalmente, alguien debía responder a la necesidad evidente de la prestación del servicio de salud. Fue así como la jurisprudencia empezó a hacer pronunciamientos al respecto, los cuales tomaron diferentes rumbos dependiendo de la clase de vinculación que tenía el afiliado, es por ello que se hizo necesario que se determinara con claridad la cobertura de eventos no pos de entre todos los sujetos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para elucidar esta situación. Como consecuencia de lo anterior se tiene que La Ley 100 de 1993 y reformas a la misma en el tema de cobertura del POS es excluyente frente a determinadas enfermedades, procedimientos, actividades y medicamentos, que bajo diferentes argumentos no se prestan a los usuarios; por ello es importante determinar a cargo de quién se encuentra la responsabilidad de atender estos eventos, cuando no se encuentren incluidos en el POS, en el evento en que por medio de sentencia de tutela las entidades prestadoras de salud se ven obligadas a prestarlos. 16

17 CAPITULO 2 DESARROLLO LÍNEA JURISPRUDENCIAL 2.1. Sentencia T- 505 de Identificación de la Sentencia Fundacional: Sentencia T-505 del 28 de agosto de 1992 de la Corte Constitucional, Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, acción de tutela interpuesta por paciente con SIDA contra el Hospital Universitario del Valle Descripción de los hechos: El caso que estudia la Corte en esta providencia versa sobre Paciente con SIDA instauró acción de tutela contra el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García", solicitando ordenar a dicha entidad le suministre "el servicio médico y los exámenes especializados que necesite sin ningún costo, por ser persona carente en absoluto de cualquier patrimonio o renta. Sentencia de Primera Instancia: Mediante providencia del 24 de enero de 1992, la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, denegó la solicitud de tutela por no encontrar configurada la vulneración del derecho de igualdad, ni ser el derecho a la salud (CP art.49) un derecho fundamental. La anterior decisión fue impugnada por el petente. Sentencia de Segunda Instancia El Consejo de Estado, mediante sentencia de la Sala Plena del Contencioso Administrativo del 17 de marzo de 1992, revocó la providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y 6 REPUBLICA DE COLOMBIA, Corte Constitucional, Sentencia T-505 de Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.. 17

18 accedió a la tutela implorada, ordenándole al Director del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" y al Gobernador del Valle del Cauca que "dispongan lo pertinente para prestarle inmediatamente los servicios necesarios tendientes a proteger la vida y recuperar la salud del accionante Problema Jurídico: Tiene el derecho el paciente a que se le brinde la atención integral por padecer de SIDA, en caso afirmativo, a quién corresponde prestar dicha atención y bajo qué criterios se debe prestar? Existe vulneración al derecho a la igualdad, a la vida y a la salud por la negativa del Hospital Universitario del Valle a prestar el servicio de atención integral a un paciente que padece SIDA? Tesis: [ ] La negativa del Hospital Universitario del Valle de prestarle la asistencia integral exigida por la ley configura una vulneración de la protección especial garantizada igualmente por la Constitución a personas colocadas en circunstancias de debilidad manifiesta. [ ], por lo tanto debe ser amparada mediante tutela la atención medica requerida Argumento Central: Premisas Normativas: - Articulo 86 de la constitución Política, derecho de petición - Artículos 13, 23, 49 y 86 de la constitución, derechos a la igualdad, a la salud, a la vida - Decreto 2591 de 199, art. 42, en lo pertinente al ejercicio de la acción de tutela contra particulares. Premisa Fáctica: En el caso concreto se demostró que el peticionario padecía de SIDA y que requería la atención medica sin costo alguno por carecer de medios para ellos, servicio médico que le fue negado al peticionario. 18

19 Igualmente se demostró que tiene el derecho a recibir atención médica requerida para el tratamiento de su enfermedad. Conclusión: Se confirma el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle que le ordeno al Director del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" y al Gobernador del Valle del Cauca que "dispongan lo pertinente para prestarle inmediatamente los servicios necesarios tendientes a proteger la vida y recuperar la salud del accionante Sub-argumentos: - La no prestación del servicio requerido por el paciente genera una clara discriminación en contra del solicitante, además aumenta el riesgo social que implica no prevenir y controlar la propagación de su enfermedad. El daño real y potencial que representa el SIDA para toda la comunidad impone a las personas infectadas o enfermas el cumplimiento irrestricto de los deberes constitucionales (CP art. 95) La no adopción de las medidas oportunas y necesarias puede desencadenar una calamidad pública, con la consiguiente responsabilidad oficial por omisión. Recursos del Estado deben destinarse prioritariamente al sector de la salud y, en particular, a la lucha contra el SIDA Sentencia T- 597 de REPUBLICA DE COLOMBIA, Corte Constitucional, Sentencia T-597 de Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 19

20 Identificación de la Sentencia: Sentencia T 597, del 15 de Diciembre de 1993, Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, Acción de Tutela instaurada por FAUSTO CORDOBA ROMAÑA contra el Hospital San José de Turbo Antioquia Descripción de los hechos: Padre de paciente menor interpone acción de tutela contra un hospital por considerar que el tratamiento para una alergia con la aplicación de un medicamento en el glúteo, dado en la institución, le genero un daño en la movilidad del pie derecho. Consultado el ortopedista diagnostica un posible daño en el nervio ciático al aplicarse la inyección. En estas condiciones recetó algunos medicamentos y, además, recomendó la utilización de una Ortesis Tobillo-Pie (O.T.P.). Sin embargo, la situación económica de los padres ha impedido la compra del aparato ortopédico indicado por el especialista. Solicita el padre del menor que se ordene al hospital atender el requerimiento del menor y el posterior tratamiento, prestando la asistencia médica y hospitalaria que requiera para el total restablecimiento del pie, y que se le paguen los gastos pasados y futuros por causa de esta afectación de los derechos de su hijo. Sentencia de Primera Instancia: El Juzgado Civil Municipal de Turbo tuteló el derecho a la salud del menor y ordenó que el hospital proporcionara el O.T.P. en polipropileno y que facilitara la revisión médica requerida, la decisión fue impugnada por el peticionario con el argumento de que los 20

21 gastos debían correr por cuenta del hospital, sobre todo teniendo en cuenta lo señalado en la sentencia en relación con la probabilidad de los errores cometidos por la enfermera. Sentencia de Segunda Instancia: El recurso de apelación fue resuelto desfavorablemente por el Juez Civil del Circuito de Turbo quien señaló que se trataba de un daño consumado y que el caso era del resorte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para determinar la posible responsabilidad del hospital Problema Jurídico: Tiene el derecho la menor a que se le atiendan los requerimientos en salud a pesar de que no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud de dicho régimen (POS-S) y, en caso afirmativo, a quién corresponde prestar dicha atención y bajo qué criterios se debe prestar? Existe vulneración al derecho a la salud y a los derechos del menor por no asumir el tratamiento requerido como consecuencia de una falla medica? Tesis: [ ]Frente a estas circunstancias es necesario precisar que la concesión de la tutela referida exclusivamente a la continuación de un tratamiento -orientada a la conclusión satisfactoria de la relación material de servicio - no entraña necesariamente un juicio de responsabilidad contra el hospital y sus funcionarios. La tutela - referida a la continuación del servicio de acuerdo con la interpretación del sentido final que la Corte hace de la correspondiente demanda- no supone en ningún sentido un juicio o cargo de responsabilidad. El hecho de que el hospital continúe con la prestación del servicio no significa que también acepte responsabilidad alguna en el caso del menor. Por lo demás, el principio de prestación eficiente de los servicios públicos (CP art.365) obliga, por regla general, a satisfacer - dentro de lo posible - integralmente las prestaciones que se ofrecen a los usuarios. La interrupción inconveniente, abrupta o inopinada de las relaciones jurídico- 21

22 materiales de prestación no se concilia con el estado social de derecho y con el trato que éste dispensa al ser humano. [ ], por lo tanto debe ser amparada mediante tutela la atención medica requerida Argumento Central: Premisas Normativas: Artículos 44, 47, 48 y 49 de la Constitución Política, derecho de los niños Premisa Fáctica: En el caso concreto se demostró que el paciente menor sufrió un daño por una falla médica. Las consecuencias de ese daño generaron problemas de movilidad en miembro inferior derecho. El tratamiento requerido por costoso no puede ser asumido por los padres del menor. Conclusión: La Corte Constitucional decidió: En conclusión: Se revoca el fallo de segunda instancia, pues atender los requerimientos del menor a cargo del hospital no contiene una aceptación de responsabilidad en la presunta falla medica que se invoca, por lo tanto, concede la tutela en el sentido de Ordenar al Hospital de Turbo que proporcione el material ortopédico y atienda al menor hasta que se logre, dentro de lo posible, la recuperación completa, o hasta cuando el tratamiento no conduzca a un mejoramiento de su movilidad Sub-argumentos: Las instituciones que prestan servicios públicos no sólo tienen el deber de ejercer sus funciones dentro de los límites impuestos por la Constitución y la Ley, sino también el de actuar de manera tal que los usuarios del servicio no 22

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