Superintendencia de Notariado y Registro

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1 Cincuentenario La primera adjudicación de propiedad en América 1. Su instrumento: la Bula Inter Caetera 2. Origen de la propiedad territorial en América Primer documento notarial en Colombia autorizado por el notario: Pedro López Iniciación del registro de instrumentos públicos en Colombia Colaboración Pedro Buelvas A. Primeras anotaciones en Oficina de Registro, efectuadas por José Ang. (sic) Marzán La primera adjudicación y gran propiedad de la tierra en América fue adjudicada a los reyes (Los Católicos: ISABEL y FERNANDO) mediante la bula Inter Caetera del Papa ALEJANDRO Vl, de 4 de mayo de A este derecho de propiedad se le llamó propiedad realenga, y a la facultad del Rey para gozar y disponer a su arbitrio de estas tierras se llamó dominio eminente. La posesión de ellas entró a ejercerlas el soberano español por intermedio de los conquistadores. En relación con el instrumento a que se hace referencia, en apartes de una providencia del Consejo de Estado de 6 de junio de 1972 sobre el origen de la propiedad territorial en América, se advierte 3 : 1 -Fechos y Subsecesos de la Escribanía en Colombia 500 Años- 1992, pág Bula, relativo en general a documento pontificio consistente en decreto, ordenanza, laudo, privilegio. La denominación inter caetera, bien puede traducirse literalmente del latín, como: entre lo demás, es decir para el caso y en algún sentido, la tierra o isla de llegada o descubierta (por Colón, conocida como Guanahaní, luego San Salvador). 3 Ordinario de Minas instaurado por Acerías Paz del Río S.A. contra Cementos Boyacá S.A.- Publicación página electrónica Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U Wa - Oficina Cabildo Mayor U wa - Cubará, Boyacá. Nota: El Código Civil en su artículo 669 enuncia el concepto de dominio, en los siguientes términos: " El dominio que se llama también propiedad es el derecho real sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada de la cosa se llama mera o nuda propiedad. La Corte Constitucional en Sentencia C-595 de 18 agosto 1999 Exp- D-2292 (M. P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)., resolvió:... Declarar EXEQUIBLES las expresiones "no siendo contra ley o contra derecho ajeno" contenidas en el artículo 669 del Código Civil e INEXEQUIBLE el adverbio "arbitrariamente" de esa misma disposición. (...)

2 La BULA expedida el 4 de mayo de 1493 por medio de la cual el Papa ALEJANDRO VI puso término a las controversias surgidas entre las coronas de ESPAÑA y PORTUGAL y concedió a los Reyes Católicos y a sus Sucesores el dominio en las islas y tierras firmes descubiertas y que se descubrieren...(...) Esta última BULA bien puede calificarse como el origen histórico del dominio de ESPAÑA en sus Colonias de AMÉRICA. Sin embargo, el dominio otorgado por ALEJANDRO VI a los Reyes Católicos y a sus sucesores no puede entenderse como un dominio particular sobre la tierra, entre otras razones porque no siendo el Papa dueño de ellas mal podía disponer de algo que no tenía. Se trata, por tanto, de un dominio político cuyo fin principal era el de facilitar la propagación de la religión católica en las tierras americanas recién descubiertas. Así pues, el verdadero origen del titulo inicial de la propiedad territorial de ESPAÑA en AMÉRICA, se concretó únicamente a aquellas tierras que los indios sus primeros ocupantes abandonaron en la fuga o quedaron desiertas por la extinción de su raza. Dentro de estas ideas han de interpretarse las diferentes normas que dictaron los Monarcas Españoles para el repartimiento y adjudicación de sus tierras de Indias. Y por ello promulgaron disposiciones especiales para la adjudicación de tierras a los españoles y otras muy distintas para respetar el derecho de las que conservaban en su poder los aborígenes. La copiosa legislación de Indias no puede entenderse en este punto, como la ha entendido algunos expositores, en el sentido de que las normas dictadas sobre adjudicación de tierras en AMÉRICA a particulares, rezaban también con los indios de AMÉRICA, porque, como ya se ha dicho, ESPAÑA solo tuvo verdadero título de ocupación sobre las tierras que los indios abandonaron en su fuga, más no sobre aquellas otras que lograron conservar, bien por su resistencia ante el Conquistador o bien porque este no lo alcanzara. Sobre las primeras, vale decir sobre aquellas tierras abandonadas por los indígenas, dictó ESPAÑA una muy extensa legislación encaminada a determinar las normas que debían seguirse para adjudicar tierras a particulares, que culminaban con la expedición del título correspondiente; a esta clase se refiere la CÉDULA DE SAN LORENZO promulgada por FERNANDO VI el 15 de Octubre de 1754; para las segundas, las que siguieron siendo ocupadas por los indios, limitose la Corona a reconocer esa ocupación - como título de propiedad, disponiendo lo conveniente para que fueran debidamente delimitadas y conocidas. Por tanto, si tratándose de particulares la propiedad de la tierra en AMÉRICA solo podía demostrarse frente a ESPAÑA con el título formal de adjudicación hecha entre otros por venta, composición, merced u ocupación con la consiguiente explotación económica, etc., tratándose de los indios esa propiedad se demostraba con la simple ocupación de los indios sobre sus tierras como titulo de propiedad igual a la que ella aducía sobre las que sus Conquistadores les iban arrebatando por la fuerza. No sobra anotar que la Corona Española, desde un principio, como más adelante se verá, mantuvo permanente preocupación por la situación de los aborígenes frente a las desorbitadas ambiciones de los Conquistadores, quienes so pretexto de convertir a aquellos a la fe católica, prácticamente los sometían a la esclavitud arrebatándoles sus bienes en forma violenta e imponiéndoles

3 tributos tales que los indios no estaban en condiciones de cumplir. Sobre este particular se expresa el eminente Profesor JOSÉ MARIA OST CAPDEQUI en los siguientes términos: Los Legisladores españoles, desde los primeros momentos que siguieron a los primeros descubrimientos, trataron de imponer una política encaminada a conseguir que el indio no se desvinculase de la tierra. Se respetó la propiedad individual, así como la propiedad comunal de los pueblos indígenas; en todas las Capitulaciones, absolutamente en todas, se hace constar que los repartimientos de tierras se harán sin agravios de los indios; En las Ordenanzas de FELIPE II de 1573 se dispone que las nuevas poblaciones se, habían de asentar y edificar sin tomar de lo que fuere particular de los indios, y sin hacerles más daño del que fuera menester para defensa de los pobladores y para que la población no se estorbe. En la recopilación de leyes de los Reinos de Indias, se dispone a ese respecto lo siguiente: Que a los indios se les deseen tierras (...) con sobra todas las que les pertenecieren, así en particular, como pro comunidades y las aguas y riegos; y las tierras en que hubieren hecho acequias, u otro cualquier beneficio, con que, por industria personal suya se hayan fertilizado, se reserven en primer lugar y por ningún caso no se les puedan ni enajenar, y a los jueces que a estos fueren enviados, especifiquen los indios que hallaren en las tierras y los de dexaren a cada uno de los tributarios, viejos, reservados, caciques, gobernadores, ausentes y comunidades (Ley 16, Título 12, Libro IV) Al regular las formalidades que debían observarse en los repartimientos de tierra para evitar que los indios fueren perjudicados en las que venían poseyendo, se mandaba que los Fiscales, comparecieren en su nombre para representarles y defenderles. También cuando se determinaba la política a seguir para lograr que los indios fueran reducidos a vivir en poblaciones, se ordenaba expresamente que no se les quitasen las tierras que antes hubieren tenido. Finalmente se prevenía con el mayor rigor que no se admitiera composición de tierras que hubieren sido de los indios, es decir, que ni siquiera esa figura jurídica por virtud de la cual una situación contraria al derecho podía convertirse en una situación de derecho, tenia aplicación cuando la composición se intentase en perjuicio del indio. El ex notario de Bogotá y tratadista ERNESTO PEÑA QUIÑONES 4, en relación con la Primera época: de la Conquista a la Colonia, señala: Este principio lo encontramos durante toda esta época, esto es, de 1492 a 1810; en ella, en el primer período, que comprende el descubrimiento y la Conquista, el rey de España, quien por medio del descubrimiento y la acción bélica de la Conquista se hizo dueño de todos los territorios de ultramar, es decir, de las colonias en América, empezó a otorgar concesiones, a permitir posesiones a los particulares sobre esas tierras, pero siempre con la condición de que el beneficiario explotara económicamente tales bienes y, en caso de no cumplir con tal obligación, estas tierras revertían en favor del monarca. 4 El Derecho de Bienes Primera edición, Librería Jurídicas Wilches, Bogotá, 1995, págs.503, 504.

4 Esta situación es clara expresión de que el interés particular cede al interés general, pues el propio monarca con su dominio de carácter especial le entrega la tierra a aquellos que verdaderamente la necesitan, para que la exploten económicamente (interés público). De lo contrario, a pesar de ser propietarios, revertían las tierras en favor del rey de España, por no haberlas cultivado el beneficiario; esta situación también demuestra que el interés público primaba sobre el particular. Se utiliza así en ese entonces en Indias un sistema parecido al que se puso en práctica durante el feudalismo por conducto de la enfiteusis. Primer documento notarial en Colombia autorizado por el notario: PEDRO LÓPEZ. De otra parte, también el ex Notario de Bogotá, CUBIDES ROMERO 5, consigna: Y el primer documento manuscrito que obra en el primer protocolo de la Notaría Primera de Bogotá, foliado con el número 1 impreso, dice: Quraduría de JUAN menor fijo de ANTÓN DAMARCOS, difunto.- En la villa de Mompox (o Mompós, Bolívar) a veinte y quatro días del mes de hebrero del año del Señor de mile e quinientos cincuenta y seis años por ante mí el escribano y testigos el Muy Magnífico señor JUAN GÓMEZ CEREZO, Teniente de Gobernador, capitán y Justicia mayor de la dicha villa dixo.... Y termina: Pasó ante mí, -PEDRO LÓPEZ, Escribano - Rubricado. De otra parte, en la obra de la Superintendencia citada (págs, 13,14), se observa una impresión ilegible del texto del documento, aclaración de su referencia, de su contenido y al pie del mismo se agrega: Poder que el señor JUAN GÓMEZ otorgó al señor FRANCISCO TORRES, vecino de la Villa de Mompós, sobre la curaduría de su hijo menor llamado Juan, ante el Escribano don PEDRO LÓPEZ, el 24 de febrero de 1556, en la Notaría 1ª. de Santafé de Bogotá, Tomo l, Folio 2. Iniciación del registro de instrumentos públicos en Colombia De acuerdo con lo publicado por la 6, lo siguiente:... HISTORIA DEL REGISTRO EN COLOMBIA 5 Manuel Cubides Romero -Derecho Notarial Colombiano 2ª Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1992, pág Presentación por un grupo* de funcionarios de la Oficina de Registro de Bogotá Revista (No. 10 edición extraordinaria) de Divulgación jurídico administrativa de los servicios públicos de Notariado y Registro, Bogotá, D. E. agosto 1976, págs. 293, 294. * No se indican nombres

5 Es natural que por haber sido Colombia conquistada y colonizada por España, también en cuanto a notariado y registro se refiere, la Madre Patria nos impuso y legó su manera de pensar es este campo. España, como verdadera potencia conquistadora que era, no sólo imponía en sus colonias su autoridad, religión, idioma y costumbres, sino inclusive su régimen gubernamental y administrativo; por ello, podemos decir que las primeras disposiciones que en nuestra patria se conocieron, en asuntos notariales y registrales, fueron prácticamente las mismas que por aquella época imperaban en la Península Ibérica; es decir, que de ellas sólo se simple trasplante. (...)... Las primeras normas sobre materia registral aparecen de manera en la Novísima Recopilación; en ellas se ordenaba que las escrituras que versaran sobre hipotecas, censos y gravámenes debían ser registradas; para tal efecto, en cada cabeza de jurisdicción, ciudad o villa debía haber una persona encargada de registrar todos los instrumentos que versaran sobre fincas que en dicha forma fueran gravadas. Se disponía que los interesados sólo tenían un término de seis días, a partir de la fecha de la celebración del contrato, para cumplir con dicho requisito, so pena, en caso de no hacerlo, de no tener ningún valor el título, acto o contrato. Posteriormente, para facilitar el servicio, se encomendó a los ayuntamientos el registro, y era prestado en todas las municipalidades, fueran o no cabeza de jurisdicción. Más tarde, sólo se prestó el registro en aquellos pueblos cabeza de partido y jurisdicción que designaban las Audiencias o Cancillerías del respectivo distrito. De aquí en adelante el registro se hizo extensivo a las ventas de bienes raíces, o que como tales eran considerados, o que estuvieran gravados con alguna carga; bienes que debían estar plenamente identificados e individualizados en el respectivo contrato. Los escribanos debían advertir a las partes sobre la obligación que tenían de cumplir con el registro; si el contrato se celebraba en la capital debían registrarlo dentro de los seis días siguientes; pero, si se llevaba a cabo en pueblo o partido, dentro del mes siguiente; por disposición del Consejo Real el plazo fue ampliado a sesenta días, que se contaban a partir de la publicación de un edicto en cada pueblo; estableció, además, que los censos o hipotecas debían ser registrados en las Contadurías de Hipotecas del respectivo partido; de lo contrario, estos gravámenes carecerían de valor legal. Las Reales Cédulas de 9 de Mayo de 1778, y de 16 de Abril de 1783, implantaron en todas las colonias de América el Oficio de Anotación de Hipotecas, Por medio de la Real Cédula de 25 de Septiembre de 1802 se dio preferencia a las hipotecas teniendo en cuenta la fecha de su anotación. Este sistema de registro tuvo operancia, de acuerdo con los mandatos citados, durante los años de la Colonia, Independencia y parte de la República. (...) (negritas fuera texto)

6 Primeras anotaciones en Oficina de Registro 7 Entre las primeras inscripciones, que tal vez pueden establecerse en nuestro medio, acerca de la institución registral se observa que en la anteriormente Oficina Única de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, hoy como Oficina de Registro, Zona Centro, figura en los archivos del Libro Primero, Tomo 1, cuya primera anotación se refiere a la efectuada el 1 de junio de 1790, según instrumento autorizado por el escribano Joaquín Sánchez, consistente en una compraventa de un (1) solar con dos (2) casitas de bahareque y paja, con ubicación en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de Santa Fe, por el precio de $280,oo pesos. Aparecen como otorgantes: Salvador Laxandro y Juana Coca a favor de Juan Xavier de Gaona. Testigos: Joaquín Ibarra y Cayetano Ibarra. Como Registrador de la época, quien firma: JOSÉ ANG.(sic) MARZÁN. Así las cosas, los progresivos hechos históricos del Derecho Registral, se ligan o encajan dentro del aludido servicio público, con el denominado principio de la publicidad, aunque relacionado con otros, lo es especialmente con el principio de inscripción o al valor de la anotación, que ésta representa con proyección a toda la comunidad; relativos a las transferencias y transmisiones inmobiliarias y de ciertos derechos reales (art. 665 C. C.) derivados del dominio o propiedad (art. 669 C. C.), que implican determinadas formalidades. La publicidad, propende a dar seguridad jurídica sobre las negociaciones de actos o contratos de la voluntad de las partes o decisiones de autoridades judiciales o administrativas. Busca además, establecer una situación de conocimiento de actuaciones de esas naturalezas, con la finalidad de proteger derechos de terceros quienes podrían vincularse en determinada forma a cierto inmueble. Consagra el art. 44 del Estatuto que: Por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respectos de terceros, sino desde la fecha de aquel. Particularmente, EDUARDO BAUTISTA PONDÉ 8, sobre la Novísima Recopilación señala:... Ese continuo ir sumando autos acordados se extendió, aunque parezca difícil de concebir, por más de doscientos años. Hacía 1777, la administración progresista de CARLOS III movió a un nuevo trabajo de recopilación que sólo pudo concretarse cuando el 15 de julio de 1805 se promulgó por el rey CARLOS IV. Fue la Novísima Recopilación. Su suerte fue aún más sufrida que la Nueva Recopilación. A la mentada contradicción legislativa y el caos interpretativo se añadió la Novísima Recopilación una confusión idiomática en el sentido de que fueron trasladas algunas leyes conservando su manera de expresión primitiva y compartieron el texto legal con resoluciones gubernativas del tiempo de CARLOS IV redactadas en un castellano pulido; hubo entonces una recopilación legislativa y pareciera que también se hubiera recopilado la diferente locución idiomática variada a través del transcurso de los siglos. (...) 7 Información obtenida por directa consulta al archivo por el autor de esta crónica (Pedro Buelvas A.), en asocio del funcionario de la Oficina de Registro de Bogotá, Zona Centro, Néstor Quevedo Vaca, previa autorización de directivos de ese despacho. 8 Origen e Historia del Notariado, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1967, págs. 287 y 288)

7 De otro lado, anota PABLO GARZÓN MUÑOZ 9 quien se refiere a normas de la Novísima Recopilación, en los siguientes términos:... aparece por primera vez de manera general, la orden de registrar escrituras que se expidieron sobre hipotecas o censos y gravámenes, disponiendo que para el efecto hubiera una persona en cada ciudad, villa o cabeza de jurisdicción encargada de registrar todos los instrumentos de fincas que estuvieran afectadas con censo o hipoteca y dando un término de seis días para hacerlo a partir de la celebración del contrato, bajo la sanción, en caso de desobediencia, de no valer el título, acto o contrato. Posteriormente se extendió el registro a todas las municipalidades fueran o no cabeza de jurisdicción y se encomendó el oficio a los ayuntamientos. Más tarde se trasladó el registro a los pueblos cabeza de partido y jurisdicción que designaran las audiencias o cancillerías del respectivo distrito. De aquí en adelante se hizo extensivo el registro de ventas de bienes raíces o que se consideraran tales o que constaren estar gravadas con alguna carga, expresándose y especificándose detenidamente los bienes raíces materia del contrato, entendiéndose por tales también, las cosas de calidad inherentes al suelo. Se aclaró lo relativo al termino para el registro, dentro de los seis días, sí se trataba la obligación en la capital, o un mes sí en pueblo o partido (...) En otro aparte, el autor citado anota:... En las reales cédulas 10 de 9 (sic) de mayo de 1778, y de 16 de abril de 1783, se hizo extensiva a todas las colonias de América el oficio de anotación de hipotecas, y en la real cédula de 25 de setiembre de 1802, se dispuso además que las hipotecas preferían en razón de la fecha de su anotación. (...) (negritas fuera texto) En armonía con lo anterior en importante cita de autora 11, se aporta lo siguiente:... Según EDUARDO RODRÍGUEZ PIÑERES, las leyes españolas rigieron en las tierras de América en virtud de reales cédulas del 8 de mayo de 1778, 16 de abril de 1783 y 25 de septiembre de 1802: Las dos primeras se encuentran en el archivo de la Corte Suprema de Justicia y la otra aparece citada por el Dr. NICOLÁS ESGUERRA en su salvamento de voto en una sentencia de la antigua Corte Suprema Federal, del 11 de febrero de 1870, cédulas las dos primeras, sentencia y salvamento de voto, publicados en juicio comentado por el Dr. Manuel José Angarita en el año Pablo Garzón Muñoz y José Edmundo Morato R.- Notariado y Registro- Historia, Legislación y Doctrina, Editorial Temis, Bogotá, 1960, págs. 5 y Las reales cédulas, consistieron en documentos a manera de resoluciones o de órdenes, que expedía el rey de España y, en defecto el Consejo de Indias, en nombre y representación del monarca. Instruían a las autoridades en América y Filipinas (sudeste de Asia), regulaciones para aplicación en las colonias hispánicas. En muchos casos, reconocían u otorgaba tierras a nativos indígenas. En algunas publicaciones, se informa la ocurrencia de haber sido expedidas en los siglos comprendidos entre XV y XIX, es decir, años 1400 a Gloria Gutiérrez Viana Derecho Registral, Universidad Javeriana Bogotá, Tesis de grado, 1976, pág.37.

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