SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once horas del seis de septiembre de dos mil dos.

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1 58 Nva. S.S. SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las once horas del seis de septiembre de dos mil dos. Vistos en casación, de la sentencia definitiva pronunciada en apelación, por la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, en Nueva San Salvador, a las diez horas del veinte de febrero de dos mil uno, en el juicio civil ordinario de reivindicación, incoado por el señor EUGENIO RAMOS, por medio de su apoderado doctor Miguel Antonio Castro Nájera, siendo el señor Ramos agricultor en pequeño, del domicilio de San Diego, La Libertad, contra los señores CARLOS CIENFUEGOS ORTIZ, conocido por CARLOS ROMERO o CARLOS CIENFUEGOS y la señora FRANCISCA CIENFUEGOS ORTIZ, conocida por FRANCISCA ROMERO o FRANCISCA CIENFUEGOS, ambos del domicilio de Teotepeque, departamento de La Libertad. Han intervenido en el juicio, en primera instancia, el doctor Miguel Antonio Castro Nájera, abogado, del domicilio de Sonsonate, como apoderado del actor; y como apoderado de los demandados, el licenciado Ricardo Starlin Flores Cisneros, abogado, del domicilio de Nueva San Salvador, sustituido por el licenciado Mauricio Rebollo Contreras y por el doctor Miguel Alfonso Linares Salazar, abogados, del domicilio de esta ciudad, el primero, y el segundo del domicilio de Nueva San Salvador. En segunda instancia y en Casación intervinieron los mismos abogados, excepto el doctor Linares Salazar. VISTOS LOS AUTOS; Y, CONSIDERANDO: I: El Fallo de primera instancia resolvió así: "POR TANTO: Fundado en los considerandos anteriores y en lo que disponen los Arts. 891 a 905 C., 291, 321 Inc. Primero, 366, 370, 417, 421, 422, 427, 432, 439 Pr., a nombre de la República de El Salvador, FALLO: a) Declárase legítimo y fidedigno el documento de Escritura Pública de compraventa otorgado en San Salvador, el día diez de junio de mil novecientos noventa y ocho ante el notario Manuel Arturo Montesino Giralt, por el señor Héctor Aristides Paredes Contreras, a favor del señor Eugenio Ramos; b) Condénase a los señores CARLOS CIENFUEGOS ORTIZ conocido por CARLOS ROMERO o CARLOS CIENFUEGOS y FRANCISCA CIENFUEGOS ORTIZ, conocida por FRANCISCA ROMERO o FRANCISCA CIENFUEGOS, a restituir a su legítimo dueño, señor EUGENIO RAMOS, el inmueble rústico que indebidamente poseen, identificado como lote número Tres, del Polígono La Cuchilla, que formó parte de la Lotificación Santa Lucía de Mizata, situado en el Cantón Mizata, de la Jurisdicción de Teotepeque, de este Departamento, en el plazo de treinta días contados a partir del día siguiente de quedar ejecutoriada esta sentencia; Condénase además a los demandados al pago de las costas procesales. Notifíquese." II- La Cámara de Segunda Instancia resolvió lo siguiente: "POR TANTO: Vistas las consideraciones hechas, disposiciones citadas y Arts y1090 Pr., en nombre de la República de El Salvador, esta Cámara FALLA: a) Confírmase la sentencia definitiva proveída por el Juez de lo Civil, a las diez horas del día veintitrés de noviembre del año dos

2 mil; b) Ordénase al reivindicante que abone al señor Carlos Cienfuegos Ortiz, conocido por Carlos Romero o Carlos Cienfuegos, el valor de la construcción del cuarto levantado a la par de la casa donde el mismo reside dentro del inmueble objeto del litigio; c) Declárase no ha lugar a considerar a la prescripción como un presupuesto procesal sujeto a resolución aún de oficio por el Juez; d) Declárase no ha lugar al pago de las construcciones de las casas a que alude en su escrito de expresión de agravios el abogado de la parte demandada; e) No hay costas en esta instancia; y f) Vuelvan los autos con certificación de esta sentencia al Tribunal de origen. NOTIFIQUESE". III- La parte demandada, no conforme con el fallo de la Cámara, interpuso recurso de Casación, que en lo pertinente, dice así: "El recurso de casación que interpongo lo fundo en la causa genérica INFRACCIÓN DE LEY, Art. 2 literal a) de la Ley de Casación, y en el motivo específico ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, Art. 3 No. 8 de la Ley de Casación.--- Los preceptos legales infringidos son: Los Arts.324 Inc. 1º, 370 Inc. 1º y 237 Pr. Civiles. --- CONCEPTO DE LAS INFRACCIONES:--- Honorable Cámara, en vuestra sentencia, habéis infringido en relación al motivo denunciado, los artículos 324 Inc. 1, 379 Inc. 1 y 237 Pr. Civiles.---LA PRIMERA DE LAS NORMAS LEGALES CITADAS, dispone que "Dos testigos mayores (sic) de toda excepción o sin tacha, conformes y contestes en personas y hechos, tiempos y lugares y circunstancias esenciales, hacen plena prueba".--- El demandante Eugenio Ramos ha intentado contra mis poderdantes la acción reivindicatoria o de dominio. Esta acción, conforme lo dispuesto en el artículo 891 C., es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. De lo regulado por este artículo, y así lo sostenéis en vuestra sentencia, el reivindicante ha de probar tres extremos: l) Que la ejerza el propietario del inmueble; 2) Que sea una cosa singular; 3) Que el dueño de la cosa no se halle en posesión, porque la posee el demandado.--- En vuestra sentencia afirmáis "con la prueba testimonial vertida por los señores Jorge López Hernández, Adán García Martínez y José Santos Tobar Escobar, según acta de folios 45 a 46 de la pieza principal, se determinó que el señor Eugenio Ramos no se encuentra en posesión del inmueble cuya reivindicación se solicita, sino que quienes tienen la posesión de dicho inmueble son los señores Carlos Cienfuegos y Francisca Cienfuegos".- -- La afirmación anterior Honorable Cámara, es errada, pues dichos testigos en ninguna parte de sus declaraciones han manifestado que mis clientes ejercen en el inmueble, cuya reivindicación se pretende, actos de verdaderos dueños, tales como cercarlo, reparar sus cercas, cultivarlo, cortar los frutos, edificar, etc. todo a ciencia y paciencia de vecinos y colindantes y sin reconocer dominio de ninguna otra persona, eso es lo que constituye la posesión que se ejerce sobre un inmueble. Los testigos, en sus deposiciones, afirman, en forma vaga, que conocen el inmueble del señor Eugenio Ramos, situado en el Cantón Mizata, jurisdicción de Teotepeque, marcado como lote número tres de la Lotificación Santa Lucía, cuya extensión es de una manzana, sin dar rumbos, colindancias o colindantes y medidas; que ese inmueble es propiedad de Eugenio Ramos porque han visto las escrituras; que los actuales poseedores del inmueble corresponde(sic) a los señores Carlos Cienfuegos y Francisca Cienfuegos, sin dar razón de esta última afirmación. A esta prueba, le disteis, Honorable Cámara, valor de plena prueba de la posesión de los demandados en el inmueble que se trata de reivindicar, sin estar probado el hecho de la posesión, en otras palabras tenéis por probada la posesión de los demandados sin estarlo, lo que constituye un

3 error de derecho al apreciar como plena prueba del hecho de la posesión, las deposiciones de esos testigos, con infracción de la norma legal contenida en el Art. 321 Inc. 1 Pr.--- Erráis al tener por probada la posesión sin estarlo, pues basta leer las declaraciones y confrontarlas con las circunstancias de hecho que constituyen la posesión de una cosa, para llegar a esa conclusión,--- LA SEGUNDA LAS NORMAS LEGALES INFRINGIDAS, es decir el Art. 370 No.1 Pr. C., establece que "la inspección personal hará plena prueba, ya se haya practicado por el Juez solo, o acompañado de peritos". Honorable Cámara, en vuestra sentencia afirmáis que: "con la inspección practicada en el bien raíz objeto del litigio se confirma que los señores Carlos Cienfuegos Ortiz y Francisca Cienfuegos Ortiz se hallan en posesión del inmueble objeto de reivindicación, y que además se prueba que el inmueble a que se refiere la escritura pública de dominio agregada al proceso, que reclama como dueño el señor Eugenio Ramos, es el mismo que poseen los demandados".--- Dos afirmaciones carentes de veracidad hay en ese párrafo de vuestra sentencia. La inspección judicial practicada por el Juez de Paz de Teotepeque y la ampliación de la misma, no tuvo por objeto identificar el inmueble que se trata de reivindicar, sino constatar si el lote número tres Polígono La Cuchilla de la Lotificación Santa Lucía, Cantón Mizata, se encuentra poseído o no por los demandados; así lo dicen las resoluciones que ordenan esas inspecciones; en donde el Juez de Paz comisionado para practicarlas, no recorrió los linderos del inmueble para identificarlo; en ninguna parte de esas diligencias y actas de inspección se encuentra que el inmueble descrito en la escritura que acompaña la demanda sea el mismo que el inspeccionado; sin embargo Vos afirmáis enfáticamente que está plenamente probado, sin estarlo, que el inmueble inspeccionado es el mismo del cual es propietario el actor, cometiendo un error de derecho en la apreciación de la prueba por inspección, no sólo por no estar identificado el inmueble, sino porque ese medio de prueba no es el pertinente para establecer la posesión de los demandados en el inmueble que se reivindica, como Vos lo habéis apreciado. En esa forma habéis infringido el Art. 370 Inc. 1º Pr.--- LA TERCERA DE LAS NORMAS INFRINGIDAS, el Art. 237 Pr. C., dispone: "La obligación de producir pruebas corresponde al actor; si no probase, será absuelto el reo; " Vos, Honorable Cámara, como consecuencia del error de derecho que cometisteis al apreciar la prueba testimonial y de inspección, al tener por probados hechos que no lo están, infringís también este artículo, porque el actor no ha probado los extremos de su demanda y la sentencia que debisteis era absolviendo a los demandados.--- Por lo expuesto considero que la sentencia recurrida no es legal y por ello desde ya, pido a la Honorable Sala de lo Civil: sea casada esa sentencia y se pronuncie la que en derecho y justicia corresponde." IV Analizado el escrito de interposición, por resolución de esta Sala, de las quince horas del veintinueve de octubre de dos mil uno, se admitió el recurso de casación, por la causa genérica: Infracción de ley y por el motivo específico: Error de derecho en la apreciación de la prueba, siendo las disposiciones legales infringidas los Arts. 324 Inc. 1º, 370 Inc. 1º y 237 Pr. C., y en la misma resolución, ordenó pasar los autos a la Secretaría, para que las partes presentaran sus alegatos dentro del término de ley, habiendo hecho uso de él, ambas partes, quienes manifestaron las razones que tuvieron a bien en abono de sus respectivas posiciones procesales, quedando el recurso en estado de pronunciar sentencia.

4 V- La primera disposición señalada como infringida es el Art. 324 Inc. 1º Pr.C. El recurrente, al respecto, manifiesta que la Cámara afirmó en su sentencia que, con la prueba testimonial presentada por la parte actora, se determinó que el actor no está en posesión del inmueble que se reivindica, sino que, quienes tienen la posesión son los demandados. Agrega el recurrente que esa afirmación es errada, puesto que los testigos en ningún momento dijeron que los demandados ejercen actos de verdaderos dueños, sin reconocer dominio de otra persona, y dice que los testigos afirman que los demandados son los actuales poseedores del inmueble, sin dar razón de esta última afirmación. Continúa diciendo el recurrente que la Cámara al tener por probada la posesión en manos de los demandados, sin estarlo, ha cometido un error de derecho en la apreciación de la prueba. La Cámara sentenciadora, en las consideraciones de su sentencia afirmó que con la prueba testimonial vertida, según acta de fs. 45 a 46 de la pieza principal, se determinó que el señor Eugenio Ramos no se encuentra en posesión del inmueble, cuya reivindicación solicita, sino que quienes tienen la posesión de dicho inmueble, son los señores Carlos Cienfuegos y Francisca Cienfuegos. Esta Sala estima que el error de derecho en la apreciación de la prueba se presenta cuando, al apreciar la prueba vertida en el juicio, el juzgador no aplicó, o aplicó mal, la medida establecida por la ley. Por su parte, la ley ha concedido la acción reivindicatoria como una medida de protección al dominio, la cual tiene por objeto el reconocimiento del dominio y la restitución de la cosa a su dueño por el tercero que la posee. En la reivindicación, el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda del juzgador que su derecho de dominio sea reconocido y, como consecuencia, que ordene la restitución de la cosa a su poder por quien la posee. Por consiguiente, el reivindicador debe probar, en primer lugar su derecho de dominio sobre la cosa que trata de reivindicar; en segundo lugar, la posesión de la cosa por la parte demandada; y por último, la identificación de la cosa que reivindica. En el presente caso se analiza la prueba testimonial, con la cual, a criterio de la Cámara, se ha probado la posesión en manos de la parte demandada. Ciertamente, los tres testigos afirman que el dueño del inmueble es el señor Eugenio Ramos, lo cual afirman por haber visto las escrituras de propiedad de dicho señor; afirman también que los actuales poseedores del inmueble que se reivindica son los demandados señores Cienfuegos; que ellos llegaron como trabajadores de la anterior propietaria, señora Concepción Romero, que cuando esta señora murió, quienes quedaron en posesión del inmueble fueron los demandados; es decir, que los testigos manejan los conceptos de poseedor y propietario en forma correcta e identifican al propietario y a los poseedores con claridad, y que les consta lo dicho de vista y oídas, cumpliéndose de esa manera con los Arts. 317 y 321 Inc. 1 Pr. De lo anterior y de las alegaciones del recurrente, no aparece la infracción al Art. 324 Pr., ya que éste regula la preferencia de la prueba testimonial, cuando se han presentado testigos por ambas partes, en el juicio; pero en el presente caso, únicamente fueron presentados tres testigos por la parte actora, cuyas declaraciones aparecen a fs. 45 y 46 de la pieza principal, razón por la cual no se presenta la situación prevista por la ley en la disposición legal citada y señalada por el recurrente como infringida. De lo anterior resulta que no existe la infracción al Art. 324 Pr. C. alegada por el impetrante.

5 VI La segunda disposición lega señalada como infringida es el Art. 370 No 1 Pr. C. sobre lo cual, el interponente del recurso ha manifestado que la inspección judicial practicada por el Juez de Paz de Teotepeque y la ampliación de la misma, no tuvo por objeto identificar el inmueble que se trata de reivindicar, sino constatar si el lote número tres Polígono La Cuchilla de la Lotificación Santa Lucía, Cantón Mizata se encuentra poseído o no por los demandados; así lo dicen las resoluciones que ordenan ambas inspecciones; en las actas de inspección no consta que el Juez de Paz haya recorrido los linderos del inmueble; tampoco consta en ellas que el inmueble inspeccionado sea el mismo que se reivindica; sin embargo, la Cámara afirma que está plenamente probado, sin estarlo, cometiendo así el error de derecho en la apreciación de la prueba por inspección, no sólo por no estar identificado el inmueble, sino porque ese medio de prueba no es el pertinente para establecer la posesión de los demandados en el inmueble que se reivindica, por lo que en esa forma la Cámara infringió el Art. 370 Pr. C. La Cámara de Segunda Instancia, en las consideraciones de su sentencia manifestó: que consta además la inspección practicada en el bien raíz objeto del litigio, por el Juez de Paz de Teotepeque, según aparece a fs. 54 y ampliación de fs. 64 de la pieza principal, en la que se confirma que los señores Carlos Cienfuegos y Francisca Cienfuegos Ortiz, se hallan en posesión del inmueble objeto de reivindicación; y además se prueba que el inmueble a que se refiere la escritura pública de dominio agregada en el proceso, que reclama como dueño el señor Eugenio Ramos, es el mismo que poseen los demandados. La Cámara agrega que con la prueba relacionada (instrumental, testimonial y de inspección), la cual ha sido presentada por la parte actora, considera que, al igual que lo hizo el Juez a quo, se probaron los extremos de la demanda y en consecuencia, la sentencia proveída es procedente. Esta Sala estima que el Art. 370 Inc. 1º Pr. C. le da valor de plena prueba a la inspección judicial, ya sea que el Juez haya ido solo o acompañado de peritos. Una infracción de tal disposición, sería dar valor diferente al de plena prueba a la inspección ocular. La Cámara ha dicho que se han probado los extremos de la demanda, sin agregar la palabra plenamente, pero si afirma que la sentencia es procedente, ello significa que ha dado valor de plena prueba a la inspección y su ampliación. En cuanto a que la inspección no es adecuada para probar la posesión de los demandados sobre el inmueble que se trata de reivindicar, y que no consta en las actas respectivas, que el inmueble inspeccionado sea el mismo que se reivindica; al leer las referidas actas consta en ambas que el Juez de Paz se constituyó en el inmueble ubicado en el Cantón Mizata, jurisdicción de Teotepeque, en la Lotificación Santa Lucía, en el inmueble marcado con el número 3 del polígono La Cuchilla, lo cual denota que inicialmente, el funcionario judicial identificó el inmueble inspeccionado, tal como se lo ordenó el Juez de Primera Instancia, siendo el mismo que se está reivindicando. Además de comprobar que se tratara del mismo inmueble, el Juez constató o mejor dicho, los demandados fueron encontrados en el inmueble y ellos le dijeron que eran los propietarios, pero que no tenían documentos en su poder, porque los tenía otra persona. Son dos los hechos constatados en la inspección: a) que el inmueble inspeccionado es el mismo que se trata de reivindicar, y, b) que los demandados están en posesión del inmueble y dicen ser los propietarios. A esa prueba, la Cámara le dio pleno valor, de conformidad con el Art. 370 Inc. 1º Pr., es decir, que la Cámara, lejos de infringir la disposición legal mencionada, la aplicó correctamente; no presentándose por consiguiente el motivo específico de casación alegado por el impetrante.

6 VII La tercera disposición legal indicada como infringida es el Art. 237 Pr. C., sobre lo cual el Licenciado Rebollo Contreras manifiesta que el Art. 237 Pr. C. dispone que la obligación de producir pruebas corresponde al actor; si no probase, será absuelto el reo. La Cámara infringió este artículo como consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba, porque el actor no ha probado los extremos de su demanda y la sentencia que debió pronunciarse debió ser absolutoria. La Cámara sentenciadora, como ya se expresó en esta sentencia, consideró que con la prueba aportada presentada por la parte actora, se comprobaron los extremos de la demanda, por lo cual la sentencia proveída es procedente. Esta Sala estima, como lo ha expresado con anterioridad en esta sentencia, que en el presente caso, tanto el Juez como la Cámara consideraron que la parte actora comprobó plenamente los extremos de su demanda y por consiguiente, aplicando el Art. 237 Pr. C., la sentencia resultó condenatoria. Si los hechos fueran como afirma el recurrente, es decir, que no habiendo plena prueba la sentencia fuere condenatoria, sería el caso de que el Juez no aplicó el Art. 237 Pr., lo cual constituiría otro motivo de casación diferente, pero no error de derecho en la apreciación de la prueba, ya que la mencionada disposición legal, no está tasando el valor de las pruebas, si no que se refiere a la obligación de producir pruebas, la cual, con toda lógica, se la asigna al actor. Por consiguiente, no se perfila la infracción alegada por el recurrente. Por todas las razones expuestas, no es procedente casar la sentencia recurrida. POR TANTO, de conformidad con las razones expuestas, disposiciones legales citadas y Arts.428 y 429 Pr. C. y 23 Cas., a nombre de la República, la Sala FALLA: l) Declárase que no ha lugar a casar la sentencia definitiva recurrida; 2) Condénase a los recurrentes CARLOS CIENFUEGOS ORTIZ, conocido por CARLOS ROMERO y por CARLOS CIENFUEGOS y a la señora FRANCISCA CIENFUEGOS ORTIZ, conocida por FRANCISCA ROMERO y como FRANCISCA CIENFUEGOS, a los daños y perjuicios a que hubiere lugar y al Licenciado Mauricio Rebollo Contreras, a las costas del recurso, como abogado firmante del escrito. Vuelvan los autos al tribunal de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos de ley. NOTIFIQUESE.---V. DE AVILES---M. E. VELASCO.---R. ZUNIGA--- PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.--- MANUEL EDGARDO LEMUS---RUBRICADAS.

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