LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LOS BUFETES DE ABOGADOS

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1 FACULTAD DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS ESCUELA DE DERECHO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LOS BUFETES DE ABOGADOS Patricia C. Vargas Ch. Carnet No.: Tutor: José Rogelio Pérez Perdomo Caracas, 23 de enero de 2009.

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3 AGRADECIMIENTOS La palabra "gracia" puede referirse a muchas cosas, siendo una de ellas la expresión de felicidad y bienquerencia que algo otorgado produce en quien lo ha recibido. Siempre es buen momento de tener un recuerdo agradecido. Son muchos quienes a lo largo del tiempo han dejado su huella en mí, quizás algunos más que otros, y hasta algunos me hayan lanzado a una aventura para originar un despertar, cambiar, crecer y madurar en mi vida. El crecer en la vida es un motivo de gratitud, así como la ayuda de alguien que haya podido descubrir lo mejor que existe dentro una persona. Es por esta razón que quiero agradecer a: Aquel que desde su manera de ser, me ha ayudado a ser más humana, sencilla, más sensible a las cosas: Dios. Aquellos quienes supieron atenderme, escucharme, y colaboraron con el exitoso alcance de esta importante meta en mi vida: mis padres. Aquel que corrigiéndome y apoyándome logró sacar lo mejor de mí persona: mi tutor el profesor José Rogelio Pérez Perdomo Y aquellos que siempre están conspirando para traer a mi vida las mejores cosas, experiencias, sentimientos y pensamientos A TODOS ELLOS MUCHAS GRACIAS!

4 DERECHO DE AUTOR Quien suscribe, en condición de autor originario del trabajo titulado LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LOS BUFETES DE ABOGADOS, declara que: Cedo a título gratuito, y en forma pura y simple, ilimitada e irrevocable para todos los territorios del mundo a la Universidad Metropolitana, el derecho autor de contenido patrimonial que me corresponde sobre el trabajo señalado. Conforme a lo anterior, esta cesión patrimonial comprenderá el derecho para la Universidad de comunicar públicamente la obra, divulgarla, publicarla, y reproducirla en soportes analógicos o digitales en la oportunidad que ella así lo estime conveniente, así como, la de salvaguardar mis intereses y derechos morales que me corresponden como autor de la obra antes señalada. La Universidad en todo momento deberá indicar que la autoría o creación del trabajo corresponde a mi persona, salvo los créditos que se deban hacer al tutor o a cualquier tercero que haya colaborado, citado o fuere hecho algún aporte intelectual en la realización de la presente obra. Autor: Patricia Carolina Vargas Chacón C.I.: V

5 ÍNDICE GENERAL Número de Página: Introducción 1 Capítulo I: El ejercicio de la abogacía 5 I.1.- La profesión del abogado 5 I.2.- Formas de ejercicio de la abogacía 13 Capítulo II: Los bufetes de abogados como empresas II.1.- Características de los tres bufetes de abogados bajo estudio Número de abogados Tarifa del servicio jurídico o de la asistencia legal Elementos patrimoniales Los clientes Concepto del servicio prestado 34 Capítulo III: La responsabilidad social empresarial de los bufetes de abogados 38 III.1.- Antecedentes 38 III.2.- La responsabilidad social empresarial 41 III.3.- La responsabilidad social empresarial en Venezuela III.4.- La responsabilidad social empresarial de los bufetes de abogados 43 47

6 Conclusiones 54 Referencias Bibliográficas 57 Anexos 60 Anexo I: Entrevista No. I 61 Anexo II: Entrevista No. II 65 Anexo III: Entrevista No. III 69

7 RESUMEN Tomando conciencia que la responsabilidad social empresarial se presenta como una alternativa para generar condiciones de vida dignas, conforme a los derechos humanos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución, el presente trabajo final de grado, a través de la metodología desarrollada en sus tres capítulos, da a conocer que los bufetes de abogados evaluados, luego de ser catalogados como empresas y visto el servicio que prestan, han manejado el concepto de responsabilidad social empresarial. El Despacho de Abogados Miembros de Macleod Dixon, S.C., D'empaire Reyna Abogados, y el Despacho de Abogados Miembros de Baker & McKenzie son bufetes que, por sus aspectos estratégicos como operativos, son calificados por la doctrina como empresas. Los tres se caracterizan, en la práctica, por ser organizaciones que integran elementos humanos, técnicos y materiales, cuya prestación de servicios legales es coordinada por un socio administrador, quien toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas: asistir jurídicamente a sus clientes y obtener un lucro de ello. El hecho de ser organizaciones constituidas por un gran número de abogados que tienen una misión social, los acerca más al concepto de responsabilidad social empresarial ( RSE ) que se maneja actualmente con tanto hincapié entre empresas de diversa naturaleza, pues dicho concepto parte de una figura de empresa muy similar a la observada dentro de estos bufetes, por lo que sus actividades sociales, dirigidas a la comunidad y a sus propios trabajadores, puedan calificarse realmente de RSE.

8 INTRODUCCIÓN La responsabilidad social empresarial es un concepto que se ha venido empleando desde la década de los años setenta en sociedades de cultura anglosajona. En los años ochenta la Comisión de la Comunidad Europea, a través de un estudio en el área de construcción, demostró lo importante que era el capital humano de una empresa para que ésta pudiese lograr sus objetivos de manera exitosa. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XXI que las reflexiones sobre la relación empresa sociedad produjeron un nuevo y extraordinario interés en el mundo. Actualmente, los países europeos han entendido esta realidad, y continúan empleando el concepto de responsabilidad social empresarial como una alternativa que les permite mantener las condiciones de vida dignas de sus habitantes. No obstante, el panorama ha sido diferente para los países latinoamericanos, ya que el escenario al que se presenta dicho concepto es la antítesis del europeo. En Latinoamérica el 10% más rico tiene el 48% de los ingresos, y el 10% más pobre el 1.6%. El coeficiente de desigualdad de la región es 18 veces superior al de los países desarrollados, 10 veces al de Asia, y 19 veces al de Europa Oriental. En educación el 10% más rico tiene 12 años de escolaridad, el 30% más pobre 5 años. Existe un alto porcentaje de pobreza extrema: 33.8%. El 23% de la población, es decir más de 6 millones de habitantes viven en casas deterioradas o de interés social. Existen aproximadamente accidentes laborales, discapacitados, y muertes por año. En la población más pobre no hay dinero para medicinas y el 13.2% de la población no trabaja ni en el sector informal (Kliksberg, 1997:6). A finales del siglo XX la humanidad contaba con inmensas fuerzas productivas. Las revoluciones tecnológicas alteraron sustancialmente las capacidades de generar bienes y servicios, ampliándose un horizonte de 1

9 continuo crecimiento que cambió radicalmente el entorno de la economía globalizada. La pobreza y las necesidades básicas de educación, alimentación, asistencia jurídica y médica alcanzaron un nuevo y más severo rostro, en la medida que la globalización se expandía a lo largo del mundo (Kliksberg, 2002:29). Esto trajo como consecuencia que los estados, incapaces de proporcionar respuestas efectivas y eficientes ante este problema, tuvieran la necesidad de diseñar políticas que colocaran en una nueva esfera de responsabilidad a todos los involucrados en la tarea de lograr, por lo menos, el mejoramiento de las condiciones de vida y, más ambiciosamente, la satisfacción de las necesidades básicas nombradas anteriormente. La gran mayoría de las naciones han interactuando, por lo menos una vez, con mercados que se multiplican constantemente en direcciones contrarias al bienestar general y con altas dosis de incertidumbre. Ante esta situación, los países del mundo enfocaron su atención a un nuevo debate sobre el desarrollo, planteándose así una alternativa a través de la figura de la responsabilidad social empresarial. En Venezuela, algunas empresas ya entienden este concepto y han asumido tal posición, tomando consciencia que la empresa del futuro no podrá limitarse a ser una mera explotación económica en el sentido tradicional del concepto. Adquirirá un mayor protagonismo en la sociedad, en tanto que sea socialmente responsable, lo cual, incorpora aspectos como que sus productos y servicios sean aceptados por los ciudadanos, cumpla estrictamente la normativa vigente, sus directivos tengan un comportamiento ético intachable, conceda una importancia adecuada a la relación con sus empleados, sea respetuosa con el medio ambiente y apoye a las personas más desfavorecidas de las comunidades en las que opera. 2

10 Sin embargo, esta línea de acción corporativa que genera una red de funcionamiento interdependiente, y que vincula a la empresa con sus trabajadores, con los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como con la comunidad, parte de un concepto económico de empresa, el cual, puede traer consigo la inclusión de ciertas personas jurídicas con índole empresarial -como es el caso de los bufetes de abogados- en la ejecución de actividades que constituyen realmente responsabilidad social empresarial. Visto que actualmente en Venezuela las empresas -dedicadas a diversas actividades económicas y/o a la prestación de diferentes servicios- se han comprometido a la resolución de los problemas básicos encontrados en la sociedad venezolana, cabe preguntarse si sucede lo mismo en los bufetes de abogados: Los bufetes de abogados han actuado en beneficio de sus propios trabajadores, de sus familias y del entorno social de las comunidades en las que se desempeñan? Es decir, Además de sus finalidades peculiares, hacen responsabilidad social empresarial? Para dar respuesta a tal interrogante, el objetivo general del presente trabajo final de grado es conocer si en la ciudad de Caracas existen bufetes de abogados que tienen programas de responsabilidad social empresarial. Para ello, es necesario determinar a través de un análisis doctrinal si los bufetes de abogados son empresas y, en caso de serlo, determinar cuál es su naturaleza. Una vez cumplido con el primer objetivo específico, se realizará una búsqueda y selección de cuatro bufetes de abogados que pudiesen tener características similares a una empresa. Posteriormente, se detectará por medio de entrevistas y observaciones si los bufetes seleccionados se configuran en la práctica- bajo la forma de una empresa, y si éstos se ven a sí mismos como tales. Finalmente, con las entrevistas se logrará identificar si, además de las actividades cotidianas, estos cuatro 3

11 bufetes ejecutan actividades que pueden calificarse de responsabilidad social empresarial. Una vez revisado el conjunto de fuentes documentales que han tratado el presente problema de investigación, se observa que mucho se ha escrito sobre la materia de responsabilidad social empresarial, pero muy poco o nada sobre la responsabilidad social empresarial de los bufetes de abogados. No se logró encontrar un trabajo que vincule los conceptos de: responsabilidad social, empresa y bufete, pues generalmente esta vinculación dependerá del concepto que se tenga de los bufetes de abogados y de su naturaleza tanto jurídica como económica. Por consiguiente, será necesario introducir este tema con una breve descripción sobre la evolución del abogado en la sociedad, sus antecedentes, su misión y su función, para luego pasar a explicar las formas en que se ejerce tal profesión (capítulo I), y así, iniciar el desarrollo del presente trabajo final de grado con una análisis sobre si los bufetes de abogados son empresas (capítulo II), figura que juega un papel fundamental en la definición de responsabilidad social empresarial, la cual será explicada en el capítulo III, en el que también se dará respuesta al último objetivo específico planteado. 4

12 CAPÍTULO I EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA I.1.- La profesión del abogado: A través de los años se ha determinado que la abogacía tiene su cuna en dos ciudades históricamente importantes: Grecia y Roma. Brice (1965) explica que antes de la aparición de Solón esta profesión no estaba reglamentada y era ejercida por los oradores, quienes generalmente preparaban al cliente su discurso contentivo de la acusación o de la defensa, según el caso, o bien, lo acompañaban al areópago para hacer valer allí sus derechos. Fue el personaje de Solón quien dispuso que para ejercerla se requería ser libre, de buenas costumbres y no tener ninguna tacha (Brice, 1965:13). Con estas líneas es que los estudiantes de derecho hemos iniciado nuestra carrera, aprendiendo que los abogados son herederos de la tradición del derecho romano, y que la contribución de los juristas del periodo clásico ha sido importante para las naciones de Occidente, ya que éstos tuvieron la creatividad y la inteligencia de adoptar el derecho de su época al enorme cambio social que implicó la primera globalización (Pérez Perdomo, 2004:9). Sin embargo, y en palabras de Pérez Perdomo, no es seguro que el estilo de nuestro derecho sea el mismo al de la antigua Roma, ni que los actuales juristas académicos y abogados se parezcan en su labores cotidianas a Papiniano o Cicerón. En aquellos tiempos existían dos roles importantes en torno al sistema jurídico, los cuales, eran interpretados por: los iurisconsulti (Pérez Perdomo, 2004:10), quienes aconsejaban, en materia de derecho, a los jueces, 5

13 funcionarios, los abogados o las partes, así como, respondían consultas sobre derecho, redactaban documentos, entre otras cosas; y los advocati (Pérez Perdomo, 2004:10), quienes sólo podía asistir a terceros en juicios públicos. Según Cicerón, el convertirse en abogado o advocati era una tarea tan fácil que se podía hacer en tres días, lo que probablemente es una exageración, ya que para serlo al menos se debía tener un conocimiento jurídico básico. Es posible que Cicerón haya hecho tal afirmación basándose en que el abogado no tenía una alta estima social ni venía de las mejores familias, como sí ocurría con los jurisconsultos. Sin embargo, y a lo que concierne a este trabajo de investigación, lo que se desea destacar es que los iurisconsulti (jurisconsultos) y los advocati (abogados) romanos no son equivalentes a los abogados que se conocen hoy en día, pues éstos no constituían un grupo social con un saber certificado, con un trabajo que les produjera ingresos económicos para mantener un determinado estatus social, y no formaban parte de un organismo que se ocupara de supervisar el ejercicio de sus actividades. En otras palabras, no constituían una profesión, ni existían los elementos para que la profesión se formara (Pérez Perdomo, 2004:12). En el periodo post-clásico ocurrió todo lo contrario, el derecho comenzó a ser visto como un saber y fue separado de la experiencia social, pues la acumulación de opiniones de los jurisconsultos condujo a determinar que la enseñanza del derecho consistía más bien en un estudio y discusión de los casos, Estas opiniones fueron organizadas de manera coherente por Justiniano, quien propició la creación de un conjunto de obras, entre las cuales se encuentran el Digesto, el Código y las Novellae, que dieron origen a la creación del Corpus Iuris Civilis, la gran compilación del saber jurídico romano del mundo antiguo. 6

14 El gran cambio se produjo al final del siglo XI en Bologna, cuando se redescubrió el Corpus Iuris Civilis, y se consideró que el derecho estaba contenido en esta obra fundamental. Es a partir de este momento que los estudios de derecho pasaron a constituir una parte importante de la universidad y/o institución de educación superior, rasgo que, según Pérez Perdomo (2004), es característico de nuestra época. Se observa así que el crecimiento del número de abogados fue acelerado, pero aún existían juristas que no se titulaban como tales o no tenían interés en actuar como abogados, pues existían otras posibilidades de carrera y aún permanecía en la mente de muchos lo que las Siete Partidas (Partida 3, Título 6) definían como un abogado: todo ome que razona pleytos de otro en juyzio, que fuere sabidor de derecho, o del fuero o de la costumbre de la tierra, y que fuere determinado por un juez. Es importante destacar que para aquél entonces el ejercicio era gratuito, y en los tiempos del Fuero Juzgo en España se obligaba al poderoso envuelto en litigio con pobre a nombrar un defensor que no excediera en fortuna al contrario, y al pobre que litigaba con rico le facultaba para nombrar por defensor a persona tan poderosa como aquél (Brice, 1965:14). Además, establecía que la abogacía era un oficio público. Dicha profesión fue envuelta en constantes modificaciones hasta llegar al siglo XIV, momento en que los grandes cambios de la escena mundial condujeron a que los juristas y académicos tuvieran que enfrentarse a nuevos desafíos y temas sobre derecho, siendo uno de éstos la conquista de América. Pérez Perdomo (2004) explica que las discusiones se centraron los siguientes puntos: Eran los indios personas humanas?, Tendrían derecho a conservar sus repúblicas y su soberanía?, Qué derechos tenían los soberanos españoles para hacerles la guerra?, Podrían los indígenas ser esclavizados si eran vencidos?, entre otros. Los grandes juristas fueron llamados a opinar sobre estos asuntos, de los cuales sólo interesa destacar 7

15 que las discusiones y las enseñanzas continuaron basándose en el derecho romano, pero dando mayor importancia a las Instituciones de Justiniano. Vista la importancia de los juristas en la sociedad y en la política española del siglo XVI, es lógico pensar que en las principales colonias americanas, como Venezuela, se crearan universidades y escuelas de derecho. Es así como los primeros abogados que ingresaron en los territorios de América Latina vinieron de España. En el caso particular de Venezuela, esta corriente migratoria se mantuvo por todo el periodo colonial, hasta el punto de que la educación universitaria, que incluía la jurídica, estaba reservada sólo a las familias de origen español con largo asentamiento en la colonia, pues estaban excluidas las malas razas y los blancos de orilla (Pérez Perdomo, 2004:33), es decir, los inmigrantes recién llegados de España, los pobres en busca de fortuna, y los que vivían en las afueras de la ciudad. Es importante destacar que al inicio del periodo colonial los abogados estaban más vinculados a la monarquía y, luego de la independencia, al estado, pero aún así dentro de sus obligaciones morales se mantenía el atender gratuitamente a los pobres (lo que hoy en día se conoce como Declaración de Pobreza, contenida en el Capítulo IV De la Justicia Gratuita del Código de Procedimiento Civil de Venezuela), asunto que, según Pérez Perdomo (2004) no hacían de buen grado, pues la preferencia era por no atenderlos. Bajo esta perspectiva, los indios y pobres tenían dificultades para consultar a los abogados, no sólo por la incongruencia en que personas de bajo estatus social pudieran pagarle a un profesional de la abogacía por sus servicios, sino que para aquél entonces la distancia social era tan grande que no se podía generar una confianza entre personas de diferentes estratos sociales. Ante esta situación, los pobres terminaban pagando a los tinterillos (Pérez Perdomo, 2004:48) por unos servicios que teóricamente podían obtener gratuitamente de los abogados. 8

16 En la época colonial la clave era ser un abogado de honor. La idea ética se centraba en que las personas son desiguales y les corresponde un status conforme a su posición en la sociedad (Pérez Perdomo, 2004:49), por lo que los conocimientos superiores estaban reservados a un grupo específico que tenía la capacidad de aprovecharlos éticamente, políticamente y socialmente. En otras palabras, podían emplear dicha capacidad para trastornar el orden social. Así ocurrió en la conspiración de Gual y España, en donde el rol del abogado se extendió para actuar como súbdito muy leal de la corona española. Los siguientes acontecimientos como la prisión de Fernando VII, la lucha entre los liberales y conservadores en España, y la rebelión de Riego en 1820, originaron movimientos independentistas a lo largo de Hispanoamérica hasta llegar a Venezuela, permitiendo que un buen número de abogados se convirtiesen en líderes políticos y sociales. Es así como la profesión de la abogacía comienza a asumir importantes responsabilidades, no sólo para con el mismo abogado, sino también para con la sociedad, ya que su función trajo consigo deberes que venían a servir de causa o razón al derecho que tiene a ser respetado y considerado por la colectividad (Brice, 1965:17). En el caso particular de Venezuela, Pérez Perdomo (1981) explica que los abogados, en los últimos doscientos años, han constituido sujetos de notable influencia en el comportamiento de la comunidad y que, a su vez, han sufrido cambios que coinciden con la constitución de una unidad política independiente y la modernización del ordenamiento jurídico venezolano. Luego de la independencia la tarea constitucional pasó a ser más bien una necesidad constitucional, la cual, debía ser cubierta con carácter de urgencia, pues el nuevo estado tenía que organizarse y las reglas del juego político tenían que ser definidas. Además de constituciones, se produjeron un gran número de leyes sobre la organización del estado y las finanzas 9

17 públicas (Pérez Perdomo, 1981). Pero, para Pérez Perdomo, la independencia no fue sólo un cambio político sino que fue un cambio que deseaba la modernización de una sociedad rural. Como se explicó anteriormente, con la modernización del ordenamiento jurídico venezolano, no sólo se publicaron constituciones y una legislación generalmente de contenido liberal en lo económico, sino que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se codifica el derecho. Pérez Perdomo (1981) expresa que estos cambios obedecieron a un renovado deseo de integración al sistema capitalista mundial, proyecto que sin embargo fue frustrado por factores estructurales tanto externos como internos (p. 28). Desde el punto de vista interno la situación es especial, pues no pareció existir correspondencia entre la estructura económica y política con las ideas de la organización jurídica. Y no fue sino hasta los últimos cincuenta años que Venezuela logró encontrar una unidad política interna y se insertó activamente en el sistema capitalista, conociendo así, una redistribución geográfica de la población y de la riqueza, interactuando con el proceso de inmigración, negociando con la inversión extranjera y atravesando por una democratización moderada y estabilización del sistema político. En tales circunstancias es razonable que el sistema jurídico haya sufrido tensiones y que los roles de los abogados se hayan modificado hasta llegar a ser lo que son hoy en día: un servicio de los más importantes y necesarios para la comunidad, pues en esta profesión se envuelve no sólo la ayuda eficaz al individuo en sus problemas jurídicos particulares, sino también la cooperación para la mejor administración de la justicia (Brice, 1965:29). Así lo ratifica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 253, tercer parágrafo: El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio 10

18 Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio (p. 244). Con la novedosa promulgación de un estado democrático y social, de derecho y de justicia que estableció la Constitución de 1999 se necesitó, para el correcto funcionamiento de los órganos que lo integran, de la colaboración de instrumentos legales que permitieran Defender los derechos de la sociedad y de los particulares cooperando en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico y en la realización de una recta y eficaz administración de justicia (Artículo 4 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano). Bajo esta premisa es que el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano y la Ley de Abogados encuentran una posición importante para el cumplimiento de tal función. Ambas disposiciones coinciden en que los diferentes actos que realice un abogado deben estar dirigido a: servir a la justicia, asegurar la libertad y el ministerio del derecho a todos y cada uno de los ciudadanos que conforman a una nación, sin discriminación alguna de sexo, raza, credo, condición social y/o cultural. Este profesional del derecho debe a su misión de auxiliar de la justicia otorgada por la ley, una conducta íntegra y ceñida a los parámetros de lo moral, de la equidad y de desprendimiento de sus propios intereses, con tal de favorecer plenamente a toda persona que acceda a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso colectivos o difusos, los cuales, constituyen el principal motivo de su labor. Dicha profesión pasa a constituir entonces un medio por el cual se cumplen tareas que no necesariamente indican la voluntad del profesional que las ejerce, ni revelan una comprensión y correcta interpretación de los 11

19 textos jurisdiccionales, sino que exteriorizan un conocimiento de la situación actual de la sociedad, y por ende, de las condiciones en que viven sus ciudadanos. En efecto, el abogado debe desempeñar una función de orientación, de asesoría, de asistencia y de defensa de los intereses de la ciudadanía en general; es decir, de su dirección y consejos no puede prescindir el hombre social de hoy (Liscano, 1973:10). Si bien la abogacía tiene como fin la defensa del individuo y la mejor práctica de la justicia, es una de las profesiones que inciden directamente en el beneficio colectivo. Liscano (1973) expresa que la abogacía es una especie de Sacerdocio del Derecho (p.3), por lo que, en definitiva al profesional jurídico le corresponde una alta misión social (p.15). Misión que también confirma Brice (1965) cuando expresa que el bien social o bien común y el derecho tienen una relación consecuencial y por eso de la existencia de esta último depende el otro (p. 31). Se evidencia así, que tanto la legislación venezolana como la doctrina han manifestado que la abogacía lleva consigo un elevado grado de responsabilidad social, por lo que a este profesional del derecho hay que exigirle más, debido a que su misión no se agota en el ejercicio profesional, sino que trasciende a la conducta de la sociedad. El abogado debe ser un verdadero intérprete de la realidad de un país, conociendo no sólo sus leyes sino también sus costumbres y su historia, y creando normas jurídicas justas y acordes a sus necesidades. En la gran empresa denominada Nación los abogados deben estar llamados a contribuir con la realización de la justicia y, por sobre todo, a tener fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana (Couture, 1990:1). Cabe destacar que lo anterior es también considerado como una visión apologética del ejercicio de la abogacía. Pues la visión popular que se tiene 12

20 del abogado, en muchas ocasiones, es que se presenta como un individuo aprovechador de las necesidades ajenas, de las cuales obtiene un ingreso. En todo caso sabemos que los abogados son profesionales y personas que tienen que vivir y, por lo tanto, tienen expectativas de vida, las cuales, en su gran mayoría, apuntan por la realización de un vivir bien. I.2.- Formas de Ejercicio de la Abogacía: Como se pudo evidenciar en las primeras páginas de este trabajo de investigación, los cambios sociales afectan tanto a las personas como a las instituciones. A comienzos del siglo XX se originó una ola de preocupación en torno a la élite de los abogados, la cual, venía de la percepción de que otros profesionales, como economistas e ingenieros, los estaban sustituyendo en las posiciones de poder político que tradicionalmente habían ocupado (Pérez Perdomo, 2004:146). Por otra parte, la actividad litigiosa considerada como el propio campo por excelencia de los abogados, no se veía con capacidad de dar empleo al gran número de graduados en esta carrera. En consecuencia, los abogados tuvieron que buscar oportunidades de trabajo en el área de asesoría de negocios y en las diferentes instituciones públicas, lo que originó el surgimiento de nuevas formas de ejercicio profesional. Pérez Perdomo (1981) explica que aún existe un alto número de abogados que ejercen de manera individual según el modelo tradicional, siendo esto un hecho que se observa con mayor predominancia en el interior del país o entre aquéllos que, aún ejerciendo en las grandes capitales como Caracas, se dedican especialmente al litigio en los tribunales. Sin embargo, a partir de la mitad del siglo XX se han generalizado otras formas de ejercicio de la abogacía, como lo son: la consultoría jurídica, la empresa 13

21 interdisciplinaria de servicios, y los grandes bufetes o despachos de abogados. El autor explica cada una de éstas de la siguiente manera: 1. La consultoría jurídica es una institución conocida desde antes de Sin embargo, para esa época eran muy pocas las existentes y en cada una sólo se empleaba un abogado. Esta consiste en un departamento situado dentro de una organización y/o empresa encargado de dar asesoramiento jurídico y redactar documentos legales. Se entiende entonces que los productos que brinda son los consejos orales y dictámenes escritos que el grupo de directivos de la organización van a considerar a la hora de tomar decisiones, y la redacción de documentos que serán suscritos por el organismo o empresa asesorada. Normalmente una consultoría no se ocupa de casos litigiosos y de aparecer éstos se pide a un abogado externo que se encargue de ellos. Es frecuente también que las consultas que se consideren particularmente complejas se encomienden a asesores externos, sirviendo en estos casos la consultoría como un organismo de canalización. Este recurso a asesores externos varían mucho de una organización a otra y una de las variables que lo determina, además de la complejidad del asunto, es el grado de ocupación de la consultoría y el prestigio de los abogados en el organismo asesorado. De todas las maneras, puede señalarse que la tendencia es que la consultoría se encargue de los asuntos rutinarios o que constituyen el giro normal de la organización. Una consultoría de este tipo puede estar integrada por uno o varios abogados y una asistencia secretarial. En el caso de ser varios los profesionales del derecho se calificará a uno como el principal y los 14

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