INFORME ANUAL Situación de los Derechos Humanos en Chile

Transcripción

1 INFORME ANUAL 2015 Situación de los Derechos Humanos en Chile

2 Metodología del Informe Anual Marco temporal para el análisis: 1 de noviembre de octubre de Fuentes de información primarias y secundarias: - Información generada por el INDH durante el año 2015 a partir de la planificación aprobada por el Consejo del INDH (primaria); - Entrevistas personales (primaria) - Oficios, cuentas públicas, encuestas oficiales (secundaria); - Informes de organismos regionales e internacionales de DDHH (secundaria); - Informes de organizaciones de la sociedad civil y académicos (secundaria); - Información de prensa (secundaria).

3 Índice 1) Introducción y metodología 2) Institucionalidad democrática y Derechos Humanos Corrupción y derechos humanos Institucionalidad democrática y derechos humanos 3) Derechos económicos, sociales y culturales Pobreza y derechos humanos Derecho al trabajo Derecho a educación 4) Derechos civiles y políticos Función pública y derechos humanos Derecho a la protección a la familia

4 Índice (cont.) 5) Ejercicio de derechos sin discriminación Prostitución y derechos humanos 6) Territorios y derechos humanos Relaciones interculturales y derechos humanos Derecho a un medioambiente libre de contaminación 7) Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas en el periodo ) Recomendaciones 9) Informe de gestión

5 Institucionalidad democrática y derechos humanos

6 Institucionalidad democrática y derechos humanos Corrupción y derechos humanos El capítulo analiza la relación entre corrupción y derechos humanos enfocándose en la prevención de la corrupción, la regulación de conflictos de interés y el financiamiento de la política. Algunas de las recomendaciones son, en materia de prevención de la corrupción, que el Estado desarrolle una política anticorrupción que incorpore tipificación de delitos de corrupción entre privados; ampliar el campo de aplicación de la Ley de Acceso a la información Pública (20.285), y superar las asimetrías de regulación entre los poderes del Estado, establecer la exclusividad de la labor parlamentaria; fortalecer las incompatibilidades con el ejercicio de la función pública, y no permitir que personas jurídicas realicen aportes económicos a campañas electorales. En caso de permitirlo, dicha regulación debe garantizar que estos sean totalmente transparentes y sin opción a anonimato.

7 Institucionalidad democrática y derechos humanos Constitución y derechos humanos El proceso constituyente y los mecanismos que podrán utilizarse para la modificación del texto constitucional actual deben cumplir con los siguientes requisitos: i) Confianza ciudadana; ii) El procedimiento debe asegurar la participación de la sociedad civil organizada, iii) garantizar la participación de los grupos vulnerados, iv) participación paritaria, v) garantizar una adecuada representación de los intereses territoriales, vi) el proceso debe ser transparente y garantizar el acceso a información, vii) cada voto debe tener el mismo peso, viii) el proceso debe ser simple de comprender en cada una de sus etapas. Seguridad ciudadana El proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, endurece la herramienta penal, y se aleja de los estándares internacionales. Por ello, el INDH recomienda, entre otras, eliminar el cumplimiento obligatorio de un año de privación de libertad como condición para acceder a penas sustitutivas a la privación de libertad; y eliminar el artículo 85 bis que establece el control preventivo de identidad. Consejo Nacional de la Infancia. El Proyecto de Ley de sistema de garantías de los derechos de la niñez restringe la obligación de promoción y protección de los derechos de los niños y niñas solamente al Poder Ejecutivo, restando a los otros poderes del Estado, y requiere desarrollar distinciones entre niños y niñas y adolescentes. Por ello, se recomienda, entre otras, adecuar el Proyecto de Ley de sistema de garantías de los derechos de la niñez acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar el financiamiento adecuado para la implementación del sistema. Subsecretaría de Derechos Humanos. La aprobación de la Subsecretaría de Derechos Humanos es un avance, no obstante, de la lectura de sus funciones se observa que están ligadas principalmente a la función de promoción y con escasa capacidad operativa, y no establece los objetivos del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH). Se recomienda, entre otros, modificar la ley para dotar a dicho organismo con facultades ciertas de diseño, ejecución y coordinación de los derechos humanos.

8 Derechos económicos, sociales y culturales

9 Pobreza y derechos humanos. La pobreza constituye un asunto de derechos humanos. Si bien nuestro país presenta resultados alentadores en la reducción de la pobreza, persiste un segmento de la sociedad en extrema pobreza y aparecen nuevas formas de precariedad. Se recomienda, entre otros, ampliar la medición de pobreza multidimensional a otros ámbitos relevantes, a producir información desagregada a nivel local, y ratificar y aprobar el Protocolo de San Salvador, aún pendiente. Derecho al Trabajo. El capítulo analiza desde los estándares de DDHH las principales modificaciones a la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga, a la luz del Proyecto de Ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo. Entre otras cosas, recomienda no aumentar el número de trabajadores/as mínimos para la constitución de un sindicato, regular la huelga en el sector público garantizando servicios básicos, y mantener la disposición inicial del proyecto de ley en materia de reemplazo de trabajadores/as, prohibiendo su aplicación. Derecho a educación. Ante los anuncios de un programa de reformas educacionales, el INDH manifestó que era necesario que se desarrollara el abordaje de los diferentes problemas existentes desde una perspectiva de derechos humanos. Ello requiere abordar los problemas en materia de igualdad y no discriminación en el acceso y permanencia en el sistema, calidad de la educación y la incorporación de la educación en derechos humanos (EDH) en la educación. También involucra revisar la institucionalidad del Estado necesaria para garantizar todo lo anterior. Entre otras cosas, se recomienda velar por la articulación de las diferentes iniciativas legislativas que abordan la materia, y definir la institucionalidad responsable del diseño, implementación y evaluación de los procesos de formación y capacitación, destinar un presupuesto adecuado para el cumplimiento de las iniciativas que se han propuesto, y adoptar una noción clara sobre calidad de la educación, con consideración a la autonomía académica de los planteles.

10 Derechos civiles y políticos

11 Función pública y derechos humanos. El acceso a la función pública en Chile se concreta en condiciones desiguales. Una discriminación adicional afecta a las mujeres, cuya proporción aumenta en los empleos temporales del Estado, y se reduce en los cargos directivos. Se recomienda así que el Estado sincere las necesidades reales de personal permanente para llevar a cabo sus funciones, cumpliendo en cada caso con los derechos asociados, y asegure a las mujeres igualdad de acceso a cargos de dirección. En el caso de los funcionarios/as de las FF.AA y de Orden y Seguridad, estos ven limitados sus derechos fundamentales, cuando sólo algunas de estas restricciones son permitidas, bajo estrictas condiciones, y mediante leyes, por el derecho internacional de los derechos humanos. El capítulo recomienda revisar las normas legales y administrativas que limitan los derechos de estos funcionarios públicos, asegurando su legalidad y apego a los estándares internacionales. Derecho a la protección a la familia. El capítulo analiza la protección que ofrece el Estado chileno a las familias y sus integrantes, con base en los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente la situación de las personas privadas de libertad, concluyendo que, si bien las prisiones ofrecen facilidades para mujeres embarazadas o en período de lactancia, las normas y prácticas penitenciarias dificultan de diversas maneras la relación entre los padres, madres o tutores privados de libertad y los niños o niñas a su cargo. Se recomienda, entre otros, al sistema judicial y penitenciario favorecer la continuidad del vínculo familiar y el interés superior del niño y la niña, al dictar y aplicar condenas y en el régimen de visitas y traslados.

12 Territorios y derechos humanos

13 Derecho a un medio ambiente libre de contaminación. El capítulo analiza, desde la perspectiva de derechos humanos, tres proyectos de ley en discusión: i) la reforma al Código de Aguas, ii) la protección de glaciares, iii) la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se recomienda, entre otros, proceder al nombramiento de los ministros titulares y suplentes integrantes del Tribunal Ambiental de Antofagasta, buscar acuerdos institucionales y realizar coordinaciones efectivas que permitan asegurar el pleno respeto al derecho de consulta indígena, incorporar en la tramitación de los proyectos de ley en actual discusión los ajustes necesarios para el cumplimiento de los estándares internacionales en materia del derecho a un medio ambiente libre de contaminación y los derechos conexos que pudieran verse afectados. Relaciones interculturales y derechos humanos. La ausencia de reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad del Estado y de la sociedad es una preocupación. En relación con la violencia en La Araucanía, esta incluye tanto la violencia sobre población mapuche como los actos de violencia que se ejercen contra población no indígena en la región. En cuanto a las posibles vías de solución, el Instituto ha señalado la necesidad de que el Estado adopte varias medidas de corto, mediano y largo plazo, que basadas en un enfoque intercultural se refieran a todas las aristas del conflicto. Se recomienda, entre otros, dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, adoptar un enfoque intercultural en el desarrollo de las políticas públicas, e iniciar inicio a un diálogo político de alto nivel, para todo el país, convocado por el gobierno en los términos señalados en la propuesta del INDH que se le hiciera llegar al Poder Ejecutivo el 2014, que permita responder a los problemas de diverso orden que vive la región.

14 Ejercicio de derechos sin discriminación

15 Prostitución y derechos humanos Analizar la temática de la prostitución implica revisar una actividad en la que convergen diversas cuestiones de derechos humanos: los derechos de las mujeres, el derecho a la salud, la libertad de trabajo, la necesidad de prevenir la violencia física, psicológica o institucional contra quienes se encuentran en situación de prostitución; la explotación y la trata de personas; y la relación entre discriminación, pobreza y prostitución, entre otras. El capítulo analiza los principales problemas que aquejan a las personas en situación de prostitución. Se recomienda, entre otros, generar información que permita cuantificar y caracterizar a la población en situación de prostitución, permitiendo elaborar una política integral que aborde el ejercicio de sus derechos humanos, eliminar toda práctica de discriminación hacia las personas en situación de prostitución en el acceso a la salud, especialmente en cuanto a los controles de salud y que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública garantice que el actuar de Carabineros y PDI respete y proteja los derechos de las personasen situación de prostitución, especialmente su integridad psicológica y física.

16 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos en el periodo

17 Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas de derechos humanos ( ) Durante 2015, el informe reconoce avances e identifica pendientes en materia de verdad, justicia y reparación en relación con las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas perpetradas durante la dictadura. La muerte del ex jefe y de un ex agente de la DINA, mostró la urgencia de redoblar los esfuerzos para establecer verdad y justicia en estos casos, antes de que el tiempo siga avanzando. Se destaca el esfuerzo realizado por la Corte Suprema. Si bien se valora el bono reparatorio a las víctimas de tortura calificadas por las dos Comisiones Valech, estas no llegan a constituir una política integral de justicia y reparación a las víctimas de la dictadura. Se reiteran, en ese sentido, recomendaciones anteriores, como las de levantar el secreto legal impuesto sobre los antecedentes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que dificulta la acción de la justicia, dejar sin efecto jurídico el Decreto Ley de Amnistía de 1978, y eliminar la media prescripción en causas penales de derechos humanos.

18 Recomendaciones generales

19 RECOMENDACIONES GENERALES 1. Ratificar instrumentos internacionales pendientes. 2. Promover una cultura de derechos humanos. 3. Garantizar el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. 4. Generar instancias de participación incidente. 5. Producción de información pública con enfoque de derechos. 6. Fortalecer la institucionalidad de control. 7. Incorporar en todo el arco de las políticas públicas, el respeto y promoción de los derechos humanos, y promover la interculturalidad.

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