BLOQUE I. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.

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1 BLOQUE I. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. TEMA 1. LOS PROLEGÓMENOS DE LA CRISIS. 1. ORGANIZACIÓN ESTAMENTAL DE LA SOCIEDAD. Se denomina Crisis del Antiguo Régimen al período de la historia de España que se desarrolla entre 1788 (fin del reinado de Carlos III, comienzo del reinado de Carlos IV) y Durante estas décadas, y tras la Revolución Francesa de 1789, el Antiguo Régimen entra en crisis: el reinado de Carlos IV, la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz son el origen del liberalismo español; tras la guerra, el reinado de Fernando VII se caracteriza por una serie de vaivenes políticos y desajustes socioeconómicos que se enmarcan en esa crisis. Pero, a qué se denomina Antiguo Régimen? Al sistema político, económico y social imperante en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII. Desde el punto de vista político, este sistema se caracteriza por el absolutismo monárquico. Desde el punto de vista socioeconómico, por una estructura económica basada en la tierra y sus rentas como fuente de riqueza, y por una sociedad estamental, esto es, dividida en estamentos definidos por ley: la nobleza y el clero (estamentos privilegiados que no pagan impuestos) y el resto de la población (burguesía, campesinos.). En el caso de España, esa sociedad estamental conservaba, como en otros lugares de Europa, los rasgos aparecidos en la Edad Media, es decir, la profunda división y desigualdad jurídica entre los privilegiados y los no privilegiados. Se trataba de grupos sociales muy cerrados, pero con situaciones diferenciadas dentro de cada grupo o estamento. Así, la nobleza agrupaba, en el siglo XVII, al 5% de la población, y abarcaba desde los Títulos de Castilla y Grandes de España, élite que acumulaba riquezas y patrimonio, a los caballeros e hidalgos de haciendas mucho más precarias. Fue habitual la compra de títulos de nobleza y el acceso a la misma por méritos oficiales o servicios a la monarquía. La nobleza poseía numerosos señoríos jurisdiccionales, en los que administraba justicia y de los que extraía rentas. También eran notables las diferencias en el clero. El alto clero (arzobispos, cardenales o abades) mantenía situaciones semejantes a la nobleza, mientras el bajo clero (párrocos, capellanes, monjes.) vivía, en ocasiones, de forma parecida a artesanos o campesinos. El clero constituía poco más del 2% de la población, pero controlaba más del 40% de la propiedad territorial, en una sociedad en la que era la tierra la fuente de riqueza. Además, gozaba del derecho a cobrar el diezmo, impuesto sobre la cosecha, a todos los campesinos.

2 En general, tanto nobleza como clero acumulaban unos altísimos porcentajes de las rentas y riquezas del reino y estaban exentos de impuestos. El señorío (posesión vinculada a una familia o institución eclesiástica) fue la forma más extendida de dominio social. Entre los no privilegiados, los pecheros, sujetos al pago de tributos (pechos) y a la justicia ordinaria, eran tanto campesinos, seguramente el 80% de la población, como población urbana. También en este grupo había notables diferencias. Así, los campesinos propietarios y acomodados tenían un nivel de vida similar a la pequeña nobleza rural; y los grandes mercaderes o maestros de gremios formaban parte del patriciado urbano, junto a los caballeros e hidalgos de la ciudad. Mientras, una masa de pequeños propietarios agrarios, jornaleros, artesanos y proletariado urbano no sólo padecía la discriminación jurídica propia de la sociedad estamental, sino que carecía de propiedades. Fue surgiendo un raquítico grupo de burguesía comerciante e industrial, cuya influencia no sobrepasaba el ámbito de algunas ciudades dedicadas al comercio, sobre todo colonial, como Cádiz y Barcelona. Se trataba de una sociedad agraria, donde la posesión de la tierra otorgaba rentas y poder. La mayor parte de esa tierra estaba amortizada, no se podía comprar ni vender: era lo que se llamaba un bien de manos muertas. La institución del mayorazgo lo ejemplifica; surgida en la Edad Media, consistía en el derecho a vincular el conjunto de bienes al título nobiliario o a la familia, de tal forma que el heredero, uno solo para no dañar el patrimonio, podía administrar los bienes y gozar de ellos, pero sin venderlos o enajenarlos. La propia Corona y la Iglesia eran titulares de señoríos. Por todo ello, casi el 80% de las tierras estaban fuera del mercado, lo que impedía la movilidad económica y social. Sobre esa situación socioeconómica incidirán las críticas de los ilustrados.

3 2. LA MONARQUÍA ABSOLUTA Y LA POLÍTICA ILUSTRADA. Durante el siglo XVIII se implanta en España el absolutismo monárquico de carácter uniforme y centralista, a la manera francesa. Previamente, a finales del siglo XV, se produce la unión dinástica de los reinos peninsulares. El matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla es el inicio de ese proceso. Los Reyes Católicos implantan, además, el embrión del Estado Moderno. En los siglos XVI y XVII, con los Austrias (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II) se produce la forja del Imperio, a la que sigue la posterior decadencia y pérdida de la hegemonía. Pero el absolutismo centralista y uniformizador llega con los Borbones. En 1700 fallece sin descendencia el último de los Austrias, Carlos II. Deja como heredero de la corona española a Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV. Es coronado con el nombre de Felipe V ( ). En principio, las potencias europeas aceptaron el testamento porque prohibía la unión de las coronas francesa y española e impedía la hegemonía francesa en Europa. Pero Luis XIV mantuvo los derechos de sucesión de Felipe V al trono francés y adoptó algunas actitudes expansionistas que ponían en peligro el equilibrio europeo. Ante ello, el emperador austriaco, Leopoldo I, que también tenía derechos sucesorios por vía familiar a la corona española, formó una alianza con Inglaterra y Holanda contra Francia y España. En 1703 coronó como rey de España a su nieto el archiduque Carlos. Ello da lugar a la llamada Guerra de Sucesión ( ). Esta guerra no sólo fue un conflicto europeo por la hegemonía, sino también una guerra civil que enfrentó, dentro de España, a los partidarios del modelo pactista de los Austrias, basado en la unión de varias coronas y reinos que mantenían sus propias instituciones, con los partidarios del absolutismo centralista de tipo francés. Los primeros apoyaron la candidatura austriaca del Archiduque Carlos; los segundos fueron partidarios del coronado Felipe V. En los reinos de la Corona de Aragón fueron mayoritarios los que se inclinaban por el archiduque; en la de Castilla, ocurrió lo contrario, aunque no hubo unanimidad, pues destacadas familias de la nobleza no aceptaron el modelo francés. La guerra finalizó con la firma de los tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714). Se reconocía a Felipe V como rey de España, renunciando él al cualquier derecho de sucesión al trono francés. España perdía territorios en Europa, además de Gibraltar y Menorca. También hubo de hacer concesiones a Inglaterra en relación al comercio inglés con la América hispana. Comienza así la implantación del modelo absolutista y centralista francés, paralelamente a la aplicación de una política reformista de tipo ilustrado. Los monarcas borbones del siglo XVIII tuvieron como objetivo llevar a la práctica desde arriba reformas inspiradas en el pensamiento de la Ilustración (Despotismo Ilustrado). El objetivo era la prosperidad del reino,

4 además de recuperar el prestigio internacional de España. Para ello, según los ilustrados, eran necesarias reformas económicas, sociales y culturales, además de la reforma política y administrativa de carácter centralizador. Para llevar a cabo las reformas el primer paso fue la reforma del Estado: - Los Decretos de Nueva Planta, justificados por el derecho de conquista de los territorios que apoyaron al otro candidato durante la guerra, se aplicaron a lo largo de la misma en los dos reinos vencidos de la Corona de Aragón: Aragón y Valencia, en Tras la guerra, y sin mencionar el derecho de conquista, se promulgan los decretos para Mallorca (1715) y Cataluña (1716). Estos decretos suprimen los fueros, leyes propias y Cortes de los respectivos reinos e introducen un nuevo sistema fiscal común, además de imponer la administración borbónica. Sólo País Vasco y Navarra conservaron sus fueros como premio por su lealtad a Felipe V. - Reforma de la administración central, sustituyendo el anterior modelo de consejos, propio de los Austrias, por el de las Secretarías de Estado y del Despacho, encargadas de los diferentes asuntos. - En la administración territorial, se suprimieron los antiguos virreinatos y se extendió la división del reino en provincias gobernadas por capitanes generales e intendentes. Se implantan, además, los corregidores, cargo tradicional en Castilla, en los territorios de la Corona de Aragón. En general, el nuevo estado borbónico, sobre todo en la administración central, marginó a la alta nobleza de los cargos y se apoyó en una burocracia procedente de la baja nobleza. Por otra parte, la práctica del absolutismo ilustrado exigía reducir el poder temporal de la Iglesia. Para ello, se lleva a cabo una política regalista. Consistía en defender la soberanía del rey en materia eclesiástica, en el sentido de nombrar a los cargos eclesiásticos (regalías). Las principales medidas regalistas se produjeron durante el reinado de Carlos III ( ), quien limitó el poder de la Inquisición. La decisión más radical fue la expulsión de los jesuitas adoptada en El pretexto para ello fue la acusación de haber instigado el Motín de Esquilache (1766), que había provocado graves desórdenes en Madrid y otros lugares de España. Se consideró a los jesuitas culpables de provocar el motín. En cuanto a las reformas socioeconómicas, los ilustrados consideraban que el crecimiento demográfico era necesario para la prosperidad, e impulsaron medidas poblacionistas, como estímulos a la natalidad, repoblaciones de territorios y mejoras en la medicina y la sanidad. También se favorece el crecimiento de la producción agraria,

5 pero sin sobrepasar nunca los límites del Antiguo Régimen. Los pensadores ilustrados (como los asturianos Campomanes y Jovellanos) denunciaron los privilegios de La Mesta y los bienes de manos muertas. Se tomaron medidas como el reparto de tierras baldías, la abolición de la tasa que gravaba el comercio de granos o la limitación de ciertos privilegios de la Mesta. Los gobiernos ilustrados intervinieron de manera directa en algunas reformas, como las colonizaciones de Sierra Morena en tierras de realengo deshabitadas. También esa intervención se produce en la difusión de nuevas técnicas agrarias y nuevos tipos de cultivo a través de los párrocos. Se crean Sociedades de Amigos del País para fomentar los estudios sobre el progreso material y económico, y se financian obras públicas para extender el regadío. El éxito de esas medidas fue escaso. Otra de las prioridades fue el fomento de las manufacturas y de la industria, pues el pensamiento ilustrado, influido por el mercantilismo, vinculaba la actividad industrial con el comercio exterior para conseguir una balanza comercial favorable. De este modo, se promulgan leyes para acabar con la condición de oficios viles de los oficios manuales y se intenta una reforma de los gremios. Se prohíbe, asimismo, la importación de tejidos o la exportación de materias primas para fomentar la industria nacional. También se crean compañías comerciales para el fomento del comercio. Pero tampoco aquí las reformas tuvieron éxito, como tampoco lo tuvieron los intentos de reformar el sistema de impuestos: la oposición de los grupos privilegiados impidió el establecimiento de una contribución única. 3. LA POLÍTICA EXTERIOR Y LAS REPERCUSIONES DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA. En el nuevo contexto internacional surgido de los tratados de Utrecht, España pierde el rango de gran potencia a la vez que su imperio americano queda amenazado por el expansionismo inglés. Esta circunstancia, unida a los lazos familiares de la nueva dinastía con Francia, determina una serie de alianzas con ese Estado que, además, es el rival de Inglaterra en Europa. Con el objetivo de recuperar el rango internacional perdido y de proteger a las colonias americanas de la expansión inglesa, los Borbones españoles establecen una alianza con los Borbones franceses. Son los denominados PACTOS DE FAMILIA, que dan lugar a enfrentamientos bélicos con Inglaterra. De este modo, con Felipe V ( ), el principal objetivo de la política exterior fue el revisionismo de Utrecht. Se plantea la recuperación de Gibraltar y Menorca, así como la recuperación de la influencia española en Italia. Pero la formación de la Cuádruple Alianza (Francia, Holanda, Austria,

6 Inglaterra) obligó al abandono del proyecto revisionista. Más tarde, tras la firma del PRIMER PACTO DE FAMILIA (1733), el hijo de Felipe V, Carlos, futuro Carlos III, fue reconocido como rey del Reino de las Dos Sicilias, en el sur de Italia. Se firmó, después, un SEGUNDO PACTO DE FAMILIA (1743). Con Fernando VI ( ), se produce el giro hacia una política de neutralidad que buscaba dar prioridad a las reformas interiores. En el reinado de Carlos III ( ), se firma el TERCER PACTO DE FAMILIA (1761). La neutralidad no había conseguido apaciguar el expansionismo inglés sobre la América española. Ese pacto se firma en el contexto de la Guerra de los Siete Años, que enfrentaba a Inglaterra con Francia. La guerra tendrá resultados negativos para la monarquía española. Termina con la paz de París (1763): España recupera territorios ocupados por los ingleses, pero pierde otros como Florida o Sacramento. Este tercer pacto se reactivó más tarde con motivo de la guerra de Independencia de las trece colonias inglesas en América del Norte ( ), en la que España participa con Francia a favor de los colonos americanos. El conflicto termina con la paz de Versalles: España recupera Menorca, además de las dos Floridas y otros territorios. El inicio del reinado de Carlos IV ( ), coincidió con el estallido de la Revolución Francesa en El miedo a la Revolución supone el abandono de la política de reformas y el fin de la alianza con Francia. El secretario de Estado, Floridablanca, decide cerrar fronteras a la propaganda revolucionaria. Después, en 1793, al iniciarse la etapa revolucionaria radical en Francia, España se une a la alianza de estados que declaran la guerra a la Francia revolucionaria. Con el giro posterior de la Revolución hacia posiciones más moderadas, desde 1796 (Tratado de San Ildefonso) se vuelve a una alianza con Francia frente a Inglaterra. Esta alianza, conducida por Godoy, fue el origen del alineamiento de España con Francia en sucesivas guerras contra Inglaterra.

7 TEMA 2. LA PRIMERA FASE DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL ( ). 1. LOS PROLEGÓMENOS DE LA GUERRA.. El reinado de Carlos IV ( ) estuvo jalonado por una serie de crisis de subsistencias, con escasez y subida del precio de los cereales, lo que demuestra el fracaso de las reformas ilustradas, paralizadas, por otra parte, desde el estallido de la Revolución Francesa. La mala situación económica agravó, además, el déficit de la Hacienda Real, que aumentó por el coste de las sucesivas guerras contra los revolucionarios franceses, en un primer momento y, después, contra Inglaterra. Durante esa época el gobierno fue ejercido por el valido Manuel Godoy, que intenta reformas para remediar la situación socioeconómica. Esas reformas se encuentran con la oposición popular y con el descontento de los privilegiados, ya que Godoy intenta eliminar privilegios fiscales de la nobleza, así como desamortizar una parte de los bienes eclesiásticos. Los privilegiados forman el denominado partido fernandino contra Godoy y Carlos IV, utilizando como bandera la figura del príncipe heredero, Fernando, quien protagonizó la fracasada conjura de El Escorial (1807), en la que pretendió arrebatarle el trono a su padre y desposeer a Godoy de su poder. La política exterior de Godoy fue otro de los factores de la guerra de la Independencia. El tratado de Fontainebleau (1807), firmado con Napoleón, permitía el paso de las tropas francesas por España para ocupar Portugal. Pero las verdaderas intenciones de Napoleón se desvelaron cuando el ejército francés, además de ocupar Lisboa, pretendió el control de Cádiz y Barcelona. El descontento popular originó, con el apoyo de la nobleza, el motín de Aranjuez (1808), revuelta que provocó la caída de Godoy y forzó la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Padre e hijo acudieron a Napoleón como árbitro para solucionar el pleito sucesorio. Llamados a Bayona, el emperador les obligó a abdicar (1808) y nombró a su hermano, José Bonaparte, rey de España, convertida así en estado vasallo dentro del imperio napoleónico. El descontento popular se manifestó en el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid, desencadenado cuando el ejército trataba de sacar del palacio Real a los miembros de la familia real que no se habían trasladado todavía a Bayona. La sublevación fue reducida por las tropas francesas del general Murat y seguida de una dura represión, inmortalizada por Goya en su cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo 2. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA.. En los días siguientes, la insurrección se generalizó en toda España. Los sublevados no aceptaron el nuevo poder francés ni la colaboración de las autoridades del Antiguo Régimen con los ocupantes, considerando que la

8 soberanía originaria que encarnaba el monarca volvía al pueblo español. Se organizaron Juntas locales y provinciales para coordinar la resistencia. La coordinación entre las mismas dio lugar a la formación de una Junta Suprema Central para dirigir la guerra. La guerra fue larga y penosa ( ) y se pueden distinguir tres etapas: - Hasta finales de 1808 es favorable para los españoles, que obligan al rey José I a salir de Madrid. En julio, las tropas del general Castaños derrotan en Bailén a las tropas francesas. La resistencia popular se manifestó en los asedios franceses ( sitios de Zaragoza y Gerona), y en la acción de la guerrilla. - A finales de 1808, el propio Napoleón en persona restableció el poder francés y su ejército controló la mayor parte del territorio hasta A pesar del apoyo del ejército inglés mandado por el general Wellington, la Junta Suprema hubo de refugiarse en Sevilla y, después, en Cádiz. - La retirada de una parte de las tropas francesas, en 1812, para luchar en el frente de Rusia, devolvió la iniciativa a los ejércitos español y británico, que ocuparon de nuevo Madrid y obligaron a los franceses a replegarse hacia el norte. Finalmente, en 1814, fueron forzados a retirarse de España. A finales de 1813, Napoleón trató de firmar con Fernando VII el tratado de Valençay, por el que le declaraba en libertad y permitía su regreso a España. Tanto en el levantamiento como en la guerra la participación popular fue fundamental, a través de la resistencia a los distintos asedios y a través de la guerrilla. Fue un hecho decisivo en el nacimiento de la idea de la nación española. Paralelamente al desarrollo de la guerra, se produjo un proceso de revolución liberal que se plasmó en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de LAS CORTES DE CÁDIZ. La mayoría de los españoles no aceptó la nueva dinastía francesa (José I) impuesta por Napoleón ni las instituciones que colaboraban con la misma (Junta de Gobierno nombrada por Fernando VII y Consejo de Castilla). Los sublevados consideraron que, ante el vacío de poder, la soberanía recaía en el pueblo y eligieron las juntas locales o provinciales como instituciones representativas. Esas juntas se coordinaron en una Junta Suprema Central que, más tarde, fue sustituida por un Consejo de Regencia. El objetivo era no sólo la lucha contra los invasores, sino también la realización de las reformas políticas que se venían pidiendo desde el motín de Aranjuez. De este modo, la Junta Central, confinada en Cádiz por el avance francés, llevó a cabo una

9 convocatoria de Cortes, en torno a la cual surgieron tres tendencias políticas diferenciadas: - Los conservadores, cuyo principal representante fue el conde de Floridablanca, defendían el estado absolutista y eran contrarios a la convocatoria de Cortes. - Los centristas o jovellanistas (seguían el criterio de Jovellanos) eran en su mayoría ilustrados que, al contrario de los ilustrados afrancesados, no aceptaron ponerse al lado de José I. Defendían una vía intermedia entre los que preferían el absolutismo y los que veían en las Cortes la representación de la soberanía nacional. Creían que las Cortes debían limitar el poder del rey, pero sus reformas debían ser moderadas y no revolucionarias. - El sector de jóvenes que, después, integrarían el partido liberal. Entendían que la soberanía se había transferido revolucionariamente a las juntas y a los poderes surgidos de ellas. Las Cortes debían ser, por ello, la representación de la soberanía nacional. La muerte de Floridablanca, las dificultades de la guerra y la puesta en práctica de la Constitución o Estatuto de Bayona, texto constitucional otorgado por Napoleón con el apoyo de los afrancesados, dejaron paso libre, en 1809, a la idea de convocatoria de Cortes. La Junta Central, antes de disolverse en 1810 y de nombrar una regencia, aprobó la convocatoria. El partido liberal pudo imponer sus tesis de unas Cortes unicamerales y representantes de la soberanía nacional. El primer decreto de esas Cortes, en 1810, reconocía ya los principios de la futura constitución: soberanía nacional y división de poderes. Las Cortes llevaron a cabo una doble tarea: establecer un nuevo sistema político con la redacción de la Constitución de 1812 y desmantelar jurídicamente el Antiguo Régimen a través de un conjunto de leyes. Desde los primeros momentos aparecen definidas las tres corrientes citadas. La del partido liberal, a pesar de ser minoritaria, impondrá sus tesis, contando con representantes de gran preparación política y técnica. Como consecuencia se aprueban, antes y después de promulgar la Constitución, una serie de leyes que establecen los principios del nuevo orden político y jurídico liberal. Así, las Cortes promulgan decretos que reconocen la ya citada soberanía nacional. Además, legislan la abolición de los señoríos, lo que abre la puerta a que los propietarios de esos señoríos jurisdiccionales se conviertan en propietarios privados de los mismos, aunque sin las atribuciones políticas y jurisdiccionales que, hasta entonces, tenían sobre los mismos. Después de aprobada la Constitución, las Cortes continúan su tarea legislativa con el objetivo de apurar el desmantelamiento del Antiguo Régimen. De este modo, el decreto de desamortización, de 1813, establece la conversión de bienes nacionales, y su venta en subasta pública, de los bienes eclesiásticos y civiles amortizados y

10 vinculados, esto es, que no se podían dividir ni vender. También se promulgan leyes de libertad de industria, comercio y otros. Estas leyes no tendrán aplicación por la restauración absolutista de 1814, pero serán desarrolladas cuando triunfe la revolución liberal durante la etapa de Isabel II. 4. LA CONSTITUCIÓN DE La gran obra de las Cortes fue la Constitución de 1812, promulgada el 12 de marzo de ese año. Constaba de 10 títulos y 348 artículos. Establecía un sistema político de monarquía constitucional parlamentaria, en la que el poder ejecutivo quedaba supeditado al legislativo. Se basaba en los siguientes principios: soberanía nacional, división de poderes, limitación del poder real, una sola cámara, sufragio universal indirecto y reconocimiento de derechos individuales, estos últimos muy limitados por el hecho de que no se establecía la libertad religiosa y se imponía un estado confesional. En cuanto a la división de poderes, la Constitución otorgaba el poder ejecutivo al Rey y sus secretarios de Despacho (ministros); el legislativo, a unas Cortes unicamerales; y el judicial, a tribunales de justicia independientes de los otros poderes. Por otra parte, el reconocimiento de la soberanía nacional implicaba que el poder ejecutivo del rey era un poder delegado por encargo de la nación. El rey no podía suspender ni disolver las Cortes y se creaba, además, una Milicia Nacional, encargada de defender la Constitución. La forma de organización territorial es centralista y uniforme. El modelo de organización a escala local y provincial se basaba en la creación de Ayuntamientos constitucionales y Diputaciones provinciales. Sus miembros tenían que ser elegidos por sufragio indirecto. La Constitución de 1812 fue una referencia para los revolucionarios liberales del siglo XIX. Abolida en 1814, tras el regreso de Fernando VII, volvió a estar en vigor entre 1820 y 1823 (Trienio Liberal) y, más tarde, en , mientras se redactaba la constitución de Supone, por otra parte, el nacimiento político-jurídico de la nación española.

11 TEMA 3. ABSOLUTISMO Y LIBERALISMO. ( ) 1. LA RESTAURACIÓN DE FERNANDO VII. Tras su derrota, Napoleón libera en 1813 a Fernando VII y lo reconoce como rey mediante el tratado de Valençay. La Regencia y las Cortes no suscribieron ese tratado, al tiempo que diputados absolutistas y clérigos, unidos a sectores del ejército, presionaron para que Fernando volviese como rey absoluto. El general Elío se pronuncia en Valencia a favor del absolutismo. Por otra parte, 69 diputados de esa tendencia ideológica le entregan al rey el denominado Manifiesto de los Persas, en el que se incitaba a un golpe de fuerza, apelando al poder absoluto del monarca y pidiendo que se considerara nula la obra legislativa de las Cortes de Cádiz. En ese contexto, el capitán general de Castilla toma Madrid y se cierran las Cortes, al tiempo que entra en vigor un decreto por el que se dispone la nulidad de la Constitución y de las leyes emanadas de las mismas. Comienza de este modo la primera etapa del reinado de Fernando VII. Esa etapa recibe la denominación de SEXENIO ABSOLUTISTA ( ) y se inscribe en el contexto europeo de vuelta al Antiguo Régimen tras la derrota de Napoleón. Serán, en España, años marcados por la represión y persecución de liberales y afrancesados, así como por el intento de regreso al Antiguo Régimen, intento que va a chocar con las dificultades económicas y el déficit de la Hacienda Pública, que se arrastraban desde el reinado de Carlos IV, agravados ahora por las consecuencias económicas y demográficas de la Guerra de Independencia. Esa situación exigía una reforma tributaria que no era posible dentro de los límites establecidos por los privilegios estamentales. La persecución de liberales y afrancesados fue sistemática, considerándose como delito político las prácticas e ideas liberales. Hubo detenciones de regentes, ministros y diputados del régimen constitucional, algunos de los cuales fueron condenados a muerte. Algunos liberales se exiliaron en Inglaterra. En cuanto a los afrancesados, fueron objeto de depuración y los más significados hubieron de irse a Francia. Los liberales exiliados desplegaron en Inglaterra cierto activismo político fundando periódicos y redactando escritos en defensa de la Constitución. Pero la oposición más intensa se produjo en el interior mediante el instrumento de la conspiración, intentando conseguir levantamientos en el ejército e insurrecciones en las ciudades a través de juntas revolucionarias. Estos intentos se sucedieron a lo largo del sexenio, con pronunciamientos militares, como

12 el de Espoz y Mina (1814), el de Díaz Porlier (1815) y otros. Fracasaron y sus principales responsables fueron ejecutados. En enero de 1820, el coronel Riego se pronuncia en Cabezas de San Juan (Cádiz), proclamando la Constitución. Fracasa en su intento de tomar la capital gaditana e inicia una expedición militar por Andalucía sin demasiado éxito. Pero la sublevación se extiende por otras ciudades españolas. Todo ello obliga a Fernando VII a promulgar un decreto en el que se compromete a jurar la Constitución, lo que hizo ya en marzo. Comenzaba una nueva etapa: el trienio liberal. 2. EL TRIENIO LIBERAL ( ). Una vez recuperada la Constitución, vuelven las libertades y, con ellas, un amplio activismo político en las ciudades, donde surgen espacios de relación y comunicación, como las Sociedades Patrióticas (clubes de discusión que utilizaron foros como los cafés) y la prensa. El debate y las discusiones en esos medios y en las nuevas Cortes dieron lugar a una división de los liberales entre moderados y exaltados (futuros progresistas). Los moderados eran políticos procedentes de la etapa de Cádiz, de ahí el nombre de doceañistas con que también se les conoció. Se inclinaban a un entendimiento con los privilegiados para consolidar la revolución. Tampoco eran partidarios de las participación activa de sectores populares; desde el gobierno prohibieron las sociedades patrióticas y limitaron la libertad de prensa, lo que originó intensos debates en las Cortes con los exaltados. Estos estaban integrados por algunos viejos liberales y otros pertenecientes a una generación más joven. Consideraban que, ante la contrarrevolución y el obstruccionismo del rey (que conspiraba contra la nueva situación), debía buscarse el apoyo político de los sectores populares y eran partidarios de la movilización a través de las sociedades patrióticas, así como de la defensa de la revolución por medio de la Milicia Nacional. Las Cortes del trienio restablecieron, además de la Constitución de 1812, la legislación gaditana, además de completarla y desarrollarla. De este modo, se continuó con la línea desamortizadora, en el sentido de considerar desamortizables no sólo los bienes del clero secular, sino también los del clero regular. Además, se aprobó definitivamente una ley de desvinculación de bienes nobiliarios, al tiempo que se confirmaba y se ponía en práctica la ley de abolición de los señoríos de Cádiz. Se trataba de continuar avanzando en el proceso iniciado por la Cortes gaditanas. Durante el trienio se pueden distinguir, por otra parte, dos etapas políticas: - Etapa de los gobiernos moderados ( ): estos gobiernos tuvieron que enfrentarse, desde el principio, a la oposición absolutista

13 o realista, que presentaba dos frentes ya que, por un lado, estaba la obstrucción legal del rey (con intentonas de golpes de fuerza apoyados por sectores de la nobleza y el clero absolutistas) y, por otro, la aparición de una oposición armada realista organizada en partidas formadas por campesinos descontentos, apoyados y organizados por el clero rural. Por otra parte, la tímida reacción de los moderados frente a la contrarrevolución dio lugar a las protestas de los exaltados en las Cortes, en la prensa y en la calle. Se produjeron tensiones que desembocaron en el intento fracasado de la Guardia Real en Madrid de dar un golpe absolutista en junio de 1822, lo que abrió la puerta a la llegada de los exaltados al gobierno. - Etapa de gobierno de los exaltados y de intervención francesa ( ): este gobierno venció a las partidas realistas y activó de nuevo la movilización en las ciudades, reabriendo las sociedades patrióticas y permitiendo la entrada en la Milicia Nacional de las clases populares. Pronto se produjo una escisión entre los exaltados menos radicales y los más radicales, partidarios del liberalismo democrático. Esa división, favorecida por el rey, contribuyó al éxito de la intervención militar francesa que puso fin al trienio en septiembre de Dicha intervención se enmarca en el contexto internacional europeo del momento, marcado por la Restauración posterior a la derrota de Napoleón. Se había creado una alianza para defender el recuperado orden absolutista de los levantamientos liberales. La Santa Alianza, así denominada, decidió, en 1822, acceder a la petición de Fernando VII e inició la invasión militar de España con un ejército francés denominado los Cien mil hijos de San Luis. Sus tropas ocuparon la Península sin apenas resistencia. Se inicia así una nueva etapa absolutista. 3. LA DÉCADA ABSOLUTISTA ( ) Tras la intervención de la Santa Alianza, Fernando VII restauró el absolutismo. Sin embargo, la situación de crisis económica y fiscal, agravada con la pérdida de imperio americano (excepto Cuba y Puerto Rico), le obligan a aceptar una política de reformas técnicas y administrativas, aunque no políticas, en la línea del despotismo ilustrado. Se apoya para ello en políticos reformistas moderados o afrancesados, siendo la principal reforma que se intenta la de la Hacienda, para remediar la deuda del Estado, que ponía a la monarquía al borde de la quiebra. Se pretendía ajustar los gastos a los ingresos sin cuestionar los fundamentos fiscales del Antiguo Régimen. Por otra parte, se realizan reformas en la administración central: el sistema de Consejos es

14 sustituido por las Secretarías de Despacho (ministerios), al tiempo que se crean el Consejo de Ministros y la Superintendencia de Policía. De manera paralela, se llevó a cabo una política de depuración de los liberales del trienio (Riego fue ejecutado) y se inició una dura persecución que condujo a un segundo exilio de liberales españoles, sobre todo en Inglaterra. Para llevar a cabo esa represión se crea una red de instituciones, como las Juntas de Depuración y las Juntas de Fe. Se crean además una moderna policía política y una milicia antiliberal (los Voluntarios Realistas). Pero el rasgo específico de esta etapa absolutista fue la aparición de una oposición de ultrarrealistas, la oposición ultra, que terminó originando el movimiento carlista (partidarios del derecho de sucesión al trono de Carlos María de Isidro, hermano de Fernando VII y no su hija Isabel, así como de mantener el absolutismo). Las reformas técnicas que el monarca tuvo que impulsar para remediar la situación del país, originaron el descontento y la oposición ultra, de la que formaban parte los sectores más reaccionarios de la vieja nobleza, el clero y el campesinado. Esa oposición se organiza a través de juntas (Juntas Apostólicas) y sociedades secretas. Las conspiraciones pretendían el levantamiento de los Voluntarios Realistas y la movilización popular. La más grave se produjo en Cataluña en 1827: fue la denominada revuelta o guerra de los Malcontents (agraviados), en la que se propone a Carlos como rey absoluto. El movimiento llegó a controlar parte de Cataluña hasta que fue dominado, siendo el origen de un cierto giro en la orientación de la política de Fernando VII. En 1830, una vez conocido el embarazo de la reina (hasta entonces, Fernando no tenía descendencia), el rey manda publicar la Pragmática Sanción sobre la sucesión de la Corona. Esa ley ya había sido aprobada por Carlos IV, pero no se había publicado y, por tanto, no estaba vigente. Restablecía el sistema sucesorio tradicional de la monarquía española que daba preferencia al varón sobre la mujer en la misma línea de sucesión, pero no excluía a las mujeres de ser herederas. Ello suponía que cualquiera que fuere el sexo de la descendencia de Fernando VII, heredaría el trono, dejando sin efecto la Ley Sálica borbónica. Se cerraba así el acceso al poder de los absolutistas ultras. De ahí el nombre de carlistas que adoptaron por su apoyo a Carlos y su ideario absolutista. Se plantea así un doble conflicto sucesorio e ideológico, pues las Corona no tenía otro remedio que apoyarse en los sectores liberales frente al carlismo. Los carlistas maniobraron e intrigaron para anular la nueva ley. En 1832, en los sucesos de La Granja, el núcleo reaccionario del gobierno consiguió presionar a la esposa del rey, Cristina de Borbón, para que influyese en la voluntad real y se anulase la Pragmática, aprovechando la enfermedad de Fernando VII. Éste, una vez recuperado, vuelve a

15 ponerla en vigor y sustituye a los absolutistas por un gobierno de ilustrados y liberales moderados, además de conceder a los exiliados liberales una amnistía para favorecer su regreso. A la muerte de Fernando en 1833, la Corona pasa a su hija recién nacida (la futura Isabel II) bajo la regencia de la reina madre. Los carlistas declaran ilegítima esa sucesión y comienza la guerra carlista. 4. LA PÉRDIDA DEL IMPERIO COLONIAL. La crisis del Antiguo Régimen estuvo vinculada en España al proceso de independencia de las colonias americanas, que se desarrolla paralelo a la desintegración del absolutismo entre 1808 y Esas colonias eran necesarias para la viabilidad económica del régimen absoluto. Por ello, las luchas independentistas, que originaron un bloqueo en los intercambios coloniales y originaron cuantiosos gastos militares, fueron un factor de primer orden en la ya aludida crisis del Antiguo Régimen. El desencuentro entre la metrópoli y los criollos (burguesía de origen español nacida en América y dedicada al comercio y a la explotación de plantaciones y haciendas ganaderas)) venía ya del siglo anterior, a causa de las reformas de los Borbones. Dichas reformas dieron lugar a una nueva situación, en la cual las colonias ya no tenían como función principal el abastecimiento de metales preciosos, sino que pasaron a convertirse en suministradoras de materias primas y alimentos para la metrópoli, al tiempo que hacían de mercado consumidor para las manufacturas producidas en España. Ello bloqueaba su desarrollo industrial y comercial, además de romper con la semiautonomía económica de que venían gozando. Se produjo un gran malestar entre la burguesía criolla, perjudicada en sus intereses con estos cambios y excluida, además, de los cargos coloniales. Por otra parte, los procesos revolucionarios de Estados Unidos y Francia y la ideología ilustrada y liberal que los había legitimado permitieron justificar la actitud anticolonial de los criollos. El contexto de la guerra de independencia y de la revolución liberal surgida durante la misma favoreció el desencadenamiento del proceso de independencia colonial. Se pueden distinguir dos etapas: : el vacío de poder creado por la invasión francesa origina en 1808 la formación de juntas revolucionarias en distintos puntos de las colonias, que no aceptan el nuevo poder francés. Los españoles americanos se mostraron también descontentos por la escasa representación que los liberales peninsulares les concedieron en la Junta Central y en las Cortes de Cádiz. Por otra parte, la invasión francesa de Andalucía les hace pensar que la resistencia española está a punto de ceder. De este modo, en 1810, se producen un

16 conjunto de proclamaciones secesionistas en Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá. En México, en esta primera etapa, la declaración de independencia tiene un claro contenido indigenista, con apropiación de tierras y abolición del tributo indígena y, por ello, los criollos apoyan a los españoles. Pero, después, tras la captura y ejecución del principal dirigente (el cura Miguel Hidalgo), se reorganiza el movimiento, que ahora subordina los ideales igualitarios a los objetivos políticos. Los independentistas mexicanos aprueban en 1814 la Constitución de Apaztigán, que establece la independencia y la forma republicana. - Desde 1814: el movimiento independentista se generaliza. Continuará durante el trienio liberal y acabará en los inicios de la década absolutista cuando, en 1824, la victoria de los americanos en Ayacucho suponga la emancipación definitiva de aquellas colonias, con la excepción de Cuba y Puerto Rico. Durante toda esta etapa el movimiento se extiende de la mano de los dos líderes independentistas (José San Martín desde Argentina y Simón Bolívar, desde Venezuela). El resultado final de la independencia fue el fraccionamiento del territorio colonial continental en los numerosos Estados que hoy componen Iberoamérica

17 BLOQUE II. LIBERALISMO Y DESARROLLO CAPITALISTA TEMA 4. LA CONSOLIDACIÓN DEL LIBERALISMO ( ). 1. REGENCIAS, LIBERALISMO Y GUERRA CARLISTA. Tras el fallecimiento de Fernando VII en 1833, le sucede en el trono su hija Isabel, que contaba tres años de edad, bajo la regencia de la reina madre, María Cristina. Los ultrarrealistas partidarios de Carlos María de Isidro (carlistas) no aceptan dicha sucesión y estalla la primera guerra carlista ( ). Paralelamente se inicia un proceso de implantación del liberalismo, pues a la regente no le queda otra opción que apoyarse en los liberales moderados para ejercer el gobierno. Ambos fenómenos, guerra e implantación del Estado liberal, se solapan y se influyen mutuamente. La guerra se alarga y la regente, poco favorable a restablecer el sistema liberal, debe hacer concesiones, lo que se plasma en una carta otorgada (el Estatuto Real de 1834) que establecía un limitado y tímido sistema representativo. Más tarde, la presión de los liberales progresistas con el apoyo de juntas revolucionarias, consigue la implantación definitiva el liberalismo político (Constitución de 1837), el desmantelamiento del Antiguo Régimen y el fin de la guerra carlista (1840). Después, el enfrentamiento de María Cristina con el líder de los progresistas, el general Espartero, origina su destitución y el nombramiento de éste como regente ( ), etapa en la que culmina el proceso de desmantelamiento del Antiguo Régimen. A este período, que termina en 1843, se le denomina período de regencias. En cuanto a la guerra carlista, tiene su origen en una cuestión sucesoria pero también en una cuestión ideológica relacionada con el intento de mantener el absolutismo por parte de los sublevados. La ideología de los carlistas era contrarrevolucionaria y antiliberal. Defendían el origen divino de la monarquía, la religión como base del orden político y la tradición como fundamento de legitimidad. Su lema era Dios, Patria y Rey y luchaban por la defensa de las leyes propias de los territorios, los fueros, frente al centralismo y uniformidad propugnados por los ilustrados y liberales. La base social del carlismo fue heterogénea: campesinos afectados por el liberalismo económico, pequeña nobleza vinculada con el Antiguo Régimen (poderes locales y

18 privilegios forales) y parte del clero afectado por la desamortización. También tuvo su apoyo el carlismo en pequeños y medianos núcleos urbanos entre trabajadores manuales y artesanos afectados por el desmantelamiento del sistema gremial. La confluencia de algunos de estos factores, sobre todo la cuestión foral, esto es, el mantenimiento o no de los fueros, determinó que el foco principal de la guerra fueran País Vasco y Navarra, con focos secundarios en Cataluña y Maestrazgo (Castellón). Tradicionalmente la guerra se divide en tres etapas. La primera va desde la proclamación de Carlos V, en 1833, hasta la muerte del general carlista Zumalacárregui en el sitio de Bilbao a mediados de La segunda se desarrolla entre 1835 y 1837, año este último en que fracasa el intento carlista de tomar Madrid. La tercera etapa supone, en el contexto de la división de los carlistas (entre partidarios de un pacto con los liberales moderados y partidarios de continuar la guerra) el repliegue de los carlistas al otro lado del Ebro. Finalmente, la firma por los generales Maroto (carlista) y Espartero del convenio de Vergara en 1839 pone fin a la guerra. Espartero se compromete a proponer el mantenimiento de los fueros y acepta la integración de los oficiales y jefes carlistas en el ejército liberal. Quedaba un reducto del sector duro de los carlistas que se hizo fuerte en el Maestrazgo, hasta que Espartero acaba con el mismo en Paralelamente, se desarrolla el proceso de implantación del liberalismo: - La Regente, como ya se explicó anteriormente, se apoya, al principio, en los liberales moderados e ilustrados pero sin cuestionar los fundamentos del absolutismo. El gobierno de Cea Bermúdez, nombrado antes de fallecer Fernando VII, lleva a cabo una serie de reformas desde arriba. En ese reformismo fue clave el ministro Javier de Burgos que, a través del recién creado Ministerio de Fomento (Interior), pone las bases de una administración pública centralizada al establecer, en 1833, la división provincial de España que llega hasta nuestros días. Ante la presión liberal, la regente concedió el Estatuto Real (1834), que establecía un limitado sistema bicameral con función consultiva y un sufragio indirecto y censitario muy restringido (sólo podía votar un 0,15% de la población). - Se produce una ruptura entre los liberales moderados, que aceptaban el Estatuto, y los progresistas, que pretendían un régimen plenamente liberal. Esa división dará lugar, más tarde, a los dos partidos del sistema isabelino: el moderado y el progresista. Entre 1835 y 1836, los progresistas consiguen, con el apoyo de la Milicia Nacional y de juntas revolucionarias, el nombramiento de un gobierno progresista presidido por Álvarez Mendizábal. Las reformas de éste fueron obstaculizadas por la regente y su entorno, como ocurrió con la ley de desamortización eclesiástica, siendo sustituido por un

19 gobierno de tendencia moderada. Pero, en el verano de 1836, coinciden nuevas revueltas con el motín de los sargentos de La Granja, lo que obliga a la regente a reponer la Constitución de 1812, que estuvo en vigor unos meses mientras se elaboraba una nueva, la de 1837, resultado de un pacto entre progresistas y moderados, estableciendo los principios del liberalismo doctrinario: reconocía la soberanía nacional en su preámbulo, pero en realidad establecía una soberanía compartida por la Corona y la Cortes en su articulado. El poder legislativo se componía de dos cámaras, Senado y Congreso, elegidas por sufragio censitario (sólo votaban los mayores contribuyentes, un 2% de la población). El ideario progresista se manifestaba sólo en aspectos como el carácter electivo de los ayuntamientos o en la mayor amplitud de derechos individuales reconocidos. No obstante, la Constitución de 1837 es considerada como constitución progresista frente a la moderada de Finalizada la guerra carlista, los moderados pretendieron hacerse con el poder. Apoyados por la regente, presentaron una ley de ayuntamientos que impedía la elección de concejales. Se organizó un nuevo levantamiento en 1840, que forzó la renuncia de María Cristina como regente, siendo sustituida por el General Espartero, héroe de la guerra carlista, que ocupó esa función hasta El nuevo regente se enfrentó con los moderados y con un sector de su propio partido (los progresistas puros) además de con el liberalismo radical de demócratas y republicanos. Este conjunto de tensiones terminó con la formación de una coalición antiesparterista que, en 1843, bajo el mando del general y líder de los moderados, Ramón María Narváez, derrotó al regente, que hubo de exiliarse. Se adelantó, entonces, la mayoría de edad de la reina (Isabel II), que comenzó así su reinado propiamente dicho. A pesar de todo lo anterior, durante estos años se llevó a cabo el desmantelamiento del Antiguo Régimen, con leyes de desamortización, desvinculación y abolición de los señoríos, aplicándose así la reforma liberal agraria. 2. LA DÉCADA MODERADA. El fin de la regencia de Espartero supuso el inicio del reinado de Isabel II como mayor de edad y también el inicio de una etapa de dominio del partido moderado, la llamada década moderada ( ). Durante esa década se llevó a cabo la construcción del Estado liberal. Con el apoyo de la reina y de una parte del ejército que seguía al líder del Partido Moderado, Narváez, el moderantismo trató de estabilizar el nuevo orden surgido del desmantelamiento del Antiguo Régimen alejándolo de la dinámica revolucionaria.

20 Se desarrolló el Estado liberal en su versión moderada. Para ello fue aprobada una nueva constitución, la de 1845, que era la expresión completa del liberalismo doctrinario en clave moderada. Partiendo de este texto constitucional se articuló un Estado basado en el principio de orden entendido como orden público, además de realizar un conjunto de reformas socioeconómicas que ponían las bases para el desarrollo del capitalismo liberal. La Constitución de 1845 estuvo vigente hasta 1868 y sus principales rasgos fueron los siguientes: - Reconocimiento explícito de la soberanía compartida de las Cortes y el rey, expresada en un poder legislativo también compartido, pues la Corona tenía la prerrogativa de proponer leyes y el derecho de veto absoluto a las mismas. - La Corona podía disolver y convocar Cortes. Además, el gobierno debía contar con el apoyo conjunto de la reina y las Cortes. - Se establecía un poder legislativo bicameral: Congreso y Senado. Esta última era la cámara de representación de las altas jerarquías de la nobleza, de la Iglesia y del ejército. El congreso se elegía por un sufragio censitario muy restringido que apenas alcanzaba al 1% de la población. Por otra parte, el Estado que construyeron los moderados fue un Estado centralista y jerarquizado. Los ayuntamientos y las diputaciones dejaron de ser representativos, pues sus miembros eran nombrados por las autoridades centrales. Además, el principio de orden que defendían los moderados se expresó en la creación de un aparato de Estado que comprendía el orden público y el ejército, pero también la escuela, la administración civil y la justicia. Se sustituyó la Milicia Nacional por la Guardia Civil en 1844 para defender el orden y la propiedad. También se organizó un sistema educativo que garantizaba la enseñanza obligatoria y establecía un sistema jerarquizado: enseñanza primaria elemental, secundaria o media y universitaria. Este sistema reproducía la división clasista de la sociedad y excluía a las mujeres de los últimos niveles. Los gastos para costear este nuevo Estado exigían acabar con el déficit. Se llevó a cabo, por ello, una reforma fiscal que estableció una división entre impuestos directos e indirectos, pesando estos últimos como una losa sobre las clases populares. El control del poder por los sectores más autoritarios del Partido Moderado dio lugar a un intento de reforma política en 1852, bajo el gobierno de Bravo Murillo, que trató de someter el Parlamento al gobierno y que llegó a elaborar un proyecto de una nueva constitución más conservadora que no llegó a entrar en vigor. Acabó produciéndose un descontento generalizado entre sectores de los moderados y los progresistas. El resultado fue el renacer de las juntas y, tras un