COMUNIDAD VALENCIANA: HACIA UN NUEVO MODELO AUDIOVISUAL?

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1 COMUNIDAD VALENCIANA: HACIA UN NUEVO MODELO AUDIOVISUAL? JUAN JOSÉ BAS PORTERO Las políticas comunicativas y culturales son elementos de análisis que permiten diseñar unas propuestas generales sobre las funciones de los medios de comunicación. Estos instrumentos de acción política sobre la cultura y la comunicación han de relacionarse con el espacio social y la estructura del sistema comunicativo en la que actúan, e inciden tanto en la producción de los medios de comunicación como en sus pautas de consumo y uso social. En el caso de España, la consolidación de un Estado de las Autonomías ha supuesto cambios importantes tanto en las estructuras comunicativas como en las políticas que sobre esta materia han desarrollado los diferentes gobiernos autonómicos. En la Comunidad Valenciana, las competencias de la Generalitat Valenciana en materia audiovisual han generado un espacio de comunicación propio, aunque en concurrencia con los medios locales y estatales. En este ámbito de la política audiovisual valenciana hemos desarrollado diferentes investigaciones y el objetivo de esta comunicación es analizar la evolución de la política audiovisual del gobierno valenciano, centrada en la configuración del sistema radiofónico y en la creación y puesta en marcha del modelo de la radiotelevisión autonómica valenciana. A partir de dicha evolución, en la actualidad se están planteando una serie de reformas como la puesta en marcha del Consejo Audiovisual Valenciano, los cambios en la radiotelevisión pública autonómica, las concesiones de las licencias de televisión digital a las emisoras locales, la posibilidad de que puedan emitir televisiones privadas de ámbito autonómico, etc., todo ello enmarcado en un contexto de enfrentamientos políticos entre el gobierno español (PSOE) y el gobierno valenciano (PP), lo que ha generado un cruce de acusaciones sobre la oportunidad de determinadas medidas legislativas y sobre la utilización partidista de los actuales proyectos de reforma del sector audiovisual, temas sobre los que basamos nuestras conclusiones. Palabras clave: Audiovisual; Política; Comunidad Valenciana; Radiotelevisión Autonómica; Doctor en Ciencias de la Comunicación, Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia

2 PRESENTACIÓN El Título VIII de la Constitución Española, promulgada en 1978, delimitó las pautas jurídicas que debía seguir el proceso de descentralización política y el nuevo modelo de Estado. La solución legal utilizada supuso el acceso progresivo y diferencial de todas las Comunidades Autónomas a las instituciones de autogobierno y a la capacidad de regulación normativa, aunque en principio tan sólo se trataba de solucionar la problemática planteada por las denominadas Comunidades Históricas : el texto constitucional preveía diversas vías de acceso a la autonomía política y establecía ciertas diferencias en el nivel competencial que podían conseguir los diferentes territorios en los que se articuló el Estado. De esa manera, se inicia el camino del pueblo valenciano hacia la autonomía política, un periodo marcado por la inestabilidad y los enfrentamientos internos derivados del propio proceso autonómico: la guerra de los símbolos (sirva como ejemplo las disputas generadas por la bandera y por la denominación de la lengua) va a convertirse en ejemplo representativo de las luchas entre los partidos políticos y marcará la evolución de la sociedad valenciana, dividida a causa de sus signos de identidad nacional. De ahí surgen las dificultades y la singularidad del proceso autonómico valenciano, que culminó con la aprobación del Estatuto de Autonomía y la constitución de las Cortes Valencianas 1. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece, en su artículo 37, las competencias de la Generalitat Valenciana en materia de medios de comunicación social: las Cortes Valencianas pueden aprobar leyes y tienen poder ejecutivo sobre el régimen de radiodifusión (Art. 37.1), así como la posibilidad de crear y mantener sus propios medios audiovisuales (Art. 37.3). Tras la aprobación del Estatuto, la administración del Estado reguló el traspaso de las competencias previstas 2. Las competencias de la Generalitat Valenciana en materia de medios de comunicación social se hicieron efectivas el año 1985, con la aprobación del correspondiente Decreto legislativo 3. Tan solo un año antes, en 1984, las Cortes 1 Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 2 Ley Orgánica 12/1982, sobre transferencia de las competencias de titularidad estatal a la Comunidad Valenciana. 3 Real Decreto 1126/1985, sobre traspaso de funciones del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de medios de comunicación social.

3 Valencianas aprobaron la Ley de Creación de Radiotelevisión Valenciana 4, el principal referente de la política audiovisual valenciana, aunque este proyecto no se puso en marcha hasta el año Así, el gobierno autónomo valenciano pudo desarrollar sus propias competencias mediante decretos legislativos, aunque debía informar a la administración central acerca de la gestión de los servicios públicos. Además, se establecen una serie de controles: el gobierno autonómico ha de especificar los recursos financieros destinados a dichos servicios y puede suspenderse la trasferencia de competencias si la gestión no es la adecuada. En definitiva, se abrió un largo proceso de ajuste de las competencias y de negociación política, derivado de la propia construcción del Estado de las Autonomías, y se configura un modelo caracterizado por la superposición de funciones entre las diferentes administraciones públicas. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA AUDIOVISUAL VALENCIANA: LA RADIODIFUSIÓN En el caso concreto de la radiodifusión valenciana, el modelo se irá decantando por la complementariedad y subsidiariedad de la política autonómica del sector respecto de la administración central, tanto en su regulación jurídica como en los procesos de concesión de las nuevas emisoras radiofónicas, así como en la posterior aplicación del régimen sancionador. Por ejemplo, en la política radiofónica, el Estado se reserva el diseño y el control técnico de les frecuencias radiofónicas, mientras que el gobierno autonómico se encarga de establecer el régimen de concesiones: criterios para la presentación de los proyectos, procedimiento y normativa para las concesiones de nuevas emisoras, adjudicación provisional y proceso de renovación hasta la adjudicación definitiva de la concesión administrativa. Con todo, las competencias asumidas por el gobierno valenciano en esta materia van a permitir la articulación, a partir del año 1985, de una nueva red de medios de comunicación (básicamente emisoras de radio y el proyecto de la Radiotelevisión Autonómica Valenciana, que caracterizaremos más adelante) implicada en la consolidación de la nueva realidad autonómica. Nos encontramos, además, en un contexto expansivo y muy dinámico para la economía de la Comunidad Valenciana, que 4 Ley 7/1984, de 4 de julio, de creación del Ente público RTVV y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalitat Valenciana.

4 cada vez se abre más a los mercados exteriores y que trata de diversificar su actividad productiva y de consolidar su potencial en el mercado turístico. Ello explicaría, en parte, el proceso de expansión del sector radiofónico valenciano hasta la actualidad: había un interés claro por parte de las empresas radiofónicas españolas, y también por parte del capital inversor valenciano, de tomar posiciones en un mercado entonces emergente y que presenta unas magníficas condiciones para el negocio de la comunicación. Este componente comercial del modelo es esencial para comprender la lógica de su evolución: proceso de expansión y concentración de la radio valenciana en las grandes cadenas de ámbito estatal, aunque también encontramos ejemplos de iniciativas independientes que se beneficiaron, en un primer momento, de la regulación autonómica del sector. Sin duda, hubo una apuesta política por definir un sistema radiofónico valenciano, aunque su configuración y funcionamiento vino marcado por la dinámica económica. Tras el debate político se dio paso a la regulación jurídica de la radio, donde quedaron establecidas las reglas del juego: el referente legal para la ordenación del espacio radiofónico autonómico es un Decreto que regula el proceso de concesión de las emisoras asignadas al gobierno valenciano 5. El texto legal plantea la división entre emisoras comerciales y culturales, aunque la gran mayoría de las concesiones se otorgaron a las emisoras comerciales. También estaba previsto un límite del 25% para la participación extranjera y para un mismo socio en una empresa radiofónica, así como la protección y defensa del idioma propio. Las concesiones se otorgan por un período de 10 años y, a pesar de que ya se mencionan, no se tuvo en cuenta en ese momento la legalización de las emisoras municipales. Desde la perspectiva política, las intenciones son claras: defender la pluralidad informativa y la diversidad de proyectos empresariales, pero dejando un margen de ambigüedad en la definición del modelo radiofónico, ya que no estaban previstos los necesarios mecanismos de control y la administración autonómica se vio desbordada por el tráfico de titularidades entre las empresas, los constantes cambios en la propiedad de las mismas y por su propia incapacidad en la aplicación de un régimen eficaz de sanciones administrativas. 5 Decreto 40/1989, del gobierno valenciano, por el que se regula el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

5 En cuanto a la regulación de las emisoras municipales, el Decreto legislativo aprobado por el gobierno valenciano establece un régimen de competencias compartidas 6, aunque las características principales y los principios del decreto valenciano son idénticos a los establecidos por la legislación estatal 7. La administración central se encarga de aprobar la viabilidad técnica de los proyectos y de asignar las frecuencias para las emisoras. Por su parte, la administración autonómica se encarga de tramitar todo el proceso de la concesión, aunque la aprobación definitiva de los proyectos depende de la administración central. Se trata de un modelo de gestión económica que incluye los ingresos por publicidad y donde la administración se reserva mecanismos de control sobre la gestión del servicio público, como por ejemplo la prohibición de las emisiones en cadena. El órgano de control de la gestión corresponde al pleno municipal y los ayuntamientos han de remitir datos sobre la viabilidad económica del proyecto, las partidas del presupuesto anual de la emisora, el reglamento interno de funcionamiento del servicio, etc. En conclusión, un modelo idéntico al previsto por el gobierno central. En este caso, el papel de la administración autonómica es el de intermediario entre los ayuntamientos y la administración central, encargada de la supervisión y aprobación de los proyectos. Este papel complementario y subsidiario se refleja claramente en un decreto posterior, donde se especifican los criterios y requisitos para las concesiones a los ayuntamientos y donde el papel institucional de la Generalitat Valenciana se limita a otorgar la concesión definitiva 8. Esto lleva a afirmar a autores como Agustín Rovira que en realidad no se ha desarrollado un modelo radiofónico autónomo, ya que no presenta ninguna peculiaridad significativa en comparación al modelo radiofónico estatal 9. A pesar de considerar como positivo el hecho de que exista una gestión autonómica del sector audiovisual, el trabajo de Rovira demuestra que el mercado había impuesto sus criterios: en aquellos momentos, la gran mayoría de las 62 emisoras valencianas autorizadas (13 en onda 6 Decreto 34/1992, de 2 de marzo, del gobierno valenciano, que regula el procedimiento de concesión de emisoras municipales de radiodifusión sonora. 7 Ley 11/1991, de 8 d abril, sobre organización y control de las emisoras municipales de radiodifusión sonora. 8 Real Decreto 34/1992, de 23 d octubre, que regula el régimen de concesiones y la asignación de frecuencias para la explotación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia por las corporaciones locales.

6 media y 49 en frecuencia modulada), pertenecían a las grandes cadenas públicas y privadas (RNE controlaba 14 emisoras y otras 40 estaban repartidas entre los principales grupos radiofónicos (19 frecuencias para la SER, 9 para ANTENA 3, 6 para la COPE y otras 6 emisoras para la Cadena RATO). Si descontamos la emisora autonómica valenciana, Radio 9, tan solo quedan 7 emisoras gestionadas por empresas que no forman parte de les cadenas radiofónicas estatales, aunque el proceso de concentración continuará imparable hasta la segunda mitad de los años noventa, de modo que la gran mayoría de les emisores concedidas por el gobierno valenciano acabaran, finalmente, en manos de los grupos de comunicación. Esto significa que los criterios de rentabilidad económica, e incluso política, se han impuesto en el funcionamiento y la regulación de la radiodifusión valenciana. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA AUDIOVISUAL VALENCIANA: LA RADIOTELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA En lo referente al sistema televisivo, las Cortes Valencianas aprobaron en 1984 el proyecto de creación de Radiotelevisión Valenciana, con el que realmente se inicia el debate político y económico acerca del modelo audiovisual valenciano. Este debate se centró en cuestiones como el proceso de traspaso y nivel de las competencias en materia audiovisual, la regulación de los medios audiovisuales en el ámbito autonómico, los porcentajes de uso del valenciano, la calidad de la programación y los contenidos, el control político y la manipulación de la información, el modelo de gestión y financiación de los medios públicos valencianos o su papel en la vertebración e identificación del pueblo valenciano. Desde la perspectiva económica, el gobierno valenciano tuvo prevista la expansión del sector audiovisual desde el inicio de su gestión. De hecho, el primer programa económico valenciano 10 plantea el proyecto de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y la intervención económica en la radiodifusión, aunque fuera de carácter complementario a la desarrollada por el Estado y las propias empresas privadas de 9 ROVIRA LARA, Agustín: La economía del ocio y de la comunicación: las nuevas actividades emergentes, en HONRUBIA, José (coord.): La Comunitat Valenciana en l Europa Unida. Projecte 93, Vol. 7, Valencia, Generalitat Valenciana, 1991, pàg Programa Económico Valenciano , Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Economía y Hacienda, 1984.

7 radiodifusión. En el segundo programa económico valenciano 11, se plantean las inversiones necesarias para reforzar el proyecto de Radiotelevisión Valenciana, la creación de les empresas públicas encargadas de gestionar la radio y la televisión autonómicas (TVV, S.A. i RAV, S.A.) y la conexión de estos medios con los sectores productivos de la industria audiovisual valenciana, para consolidar una mínima infraestructura que permita la producción audiovisual propia. El proyecto de RTVV se puede analizar desde diferentes perspectivas, entre las que hemos destacado los aspectos jurídicos y políticos: de ahí la exigencia de una mención básica al proceso histórico de descentralización política del Estado, punto de partida que permite ubicar el fenómeno de la descentralización del modelo audiovisual español y la aparición de las radiotelevisiones autonómicas. En referencia a los aspectos estrictamente políticos del proceso de descentralización, podemos afirmar que los diferentes niveles de autogobierno alcanzados por las Comunidades Autónomas han estado condicionados por las negociaciones y los acuerdos entre los principales partidos estatales (Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular) y los respectivos gobiernos autonómicos. En el caso valenciano, a diferencia de lo que ocurre en Cataluña o en el País Vasco, siempre se ha producido la coincidencia política entre el partido que sustenta el gobierno autonómico y el gobierno central: aunque en principio pueda parecer contradictorio, esto ha supuesto, históricamente, una menor capacidad de presión y de concesiones políticas a la Generalitat Valenciana por parte del ejecutivo español. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, la reivindicación y la creación de una radiotelevisión autonómica se encontró, según declaró el propio Joan Lerma, Presidente de la Generalitat Valenciana entre 1983 i 1995, con fuertes limitaciones financieras y políticas impuestas por el entonces gobierno socialista en Madrid 12 : según afirmó, la decisión de crear el ente público Radiotelevisión Valenciana fue un compromiso político y institucional que tuvo que asumir pese a las numerosas voces críticas que se oponían al proyecto o que trataban de obstaculizar su éxito. 11 Programa Económico Valenciano 2 ( ), Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Economía y Hacienda, Entrevista realizada a Joan Lerma el día 2 de marzo de 2000, en la que el ex-presidente de la Generalitat Valenciana valoró diferentes aspectos relacionados con la puesta en marcha de Radiotelevisión Valenciana.

8 Como puede observarse, la evolución histórica y las circunstancias políticas fueron marcando las pautas en la configuración del modelo valenciano de radiotelevisión autonómica, una iniciativa política de la Generalitat Valenciana donde se reflejan perfectamente todas las limitaciones y el sistema de dependencias que se generó durante el proceso de descentralización del Estado español Otro referente básico es el proceso de descentralización del modelo audiovisual español, que se llevó a cabo a través de la organización territorial del ente público Radiotelevisión Española (RTVE) y, fundamentalmente, a través de la creación de las primeras radiotelevisiones autonómicas en el País Vasco y en Cataluña: sin embargo, no podemos olvidar que la potenciación de los Centros Territoriales de RTVE durante la década de los años 80 fue observada, en determinados casos, como una alternativa viable al modelo de la radiotelevisión autonómica. La constatación de estas circunstancias sitúa la génesis de la radiotelevisión autonómica valenciana en un contexto más amplio: la aparición y la consolidación de diversos proyectos de radiotelevisión autonómica en España. Este fenómeno coincidirá a su vez con la gran expansión y transformación del modelo audiovisual español: una fuerte presión, económica y política, ejercida sobre la liberalización de los mercados audiovisuales posibilitó, finalmente, la aparición de las televisiones privadas en España, un nuevo factor que incide en la caracterización de las radiotelevisiones autonómicas. Todo este proceso de transformación del modelo audiovisual se sustentará en determinados referentes jurídicos: el primero de ellos fue el Estatuto de la Radio y la Televisión, donde se plantea una hipotética descentralización de RTVE y donde se apunta la posibilidad de regulación de un tercer canal por parte de las Comunidades Autónomas 13. Dicha posibilidad fue aprovechada inmediatamente por los gobiernos autonómicos del País Vasco y Cataluña, que decidieron, amparados por las potestades jurídicas recogidas en los respectivos Estatutos de Autonomía, regular y poner en marcha sus respectivas radiotelevisiones autonómicas, sin esperar siquiera la autorización pertinente por parte del gobierno central. Esta política de hechos consumados obligó al ejecutivo español a establecer y a desarrollar los mecanismos legales para la regulación de las radiotelevisiones autonómicas: la llamada Ley del Tercer Canal sirvió para corroborar una situación que ya se había producido de facto, aunque también sirvió para acotar, controlar y poner

9 freno al proceso de creación de nuevas radiotelevisiones autonómicas, entre ellas la valenciana 14. De hecho, el análisis de la legislación estatal en esta materia demuestra las múltiples implicaciones políticas que generó el proceso de descentralización audiovisual. Básicamente, se trataba de satisfacer las aspiraciones nacionalistas de las comunidades históricas sin que ello provocase un efecto arrastre en el resto de las Comunidades Autónomas: el ejemplo de Radiotelevisión Valenciana será, en este sentido, paradigmático, ya que los reiterados retrasos en su puesta en marcha obedecieron, fundamentalmente, al bloqueo político y económico impuesto por el gobierno central. En este sentido, la política audiovisual valenciana estuvo condicionada por la legislación estatal a través de un régimen de competencias compartido, ya que las decisiones del gobierno valenciano debían ajustarse al modelo audiovisual diseñado previamente por el gobierno central a través de los instrumentos jurídicos anteriormente mencionados. Esta distribución de competencias es otra muestra evidente de las precauciones políticas con las que se arbitró la concesión de la radiotelevisión autonómica. Pese a ello, la aprobación del Estatuto de Autonomía y la constitución de las Cortes Valencianas permitieron asumir determinadas competencias en materia audiovisual y conformar así determinados instrumentos jurídicos para la política audiovisual. A partir de ese momento, las actuaciones de la Generalitat Valenciana se encaminaron hacia dos objetivos fundamentales: la regulación del Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad Valenciana y la regulación del ente público Radiotelevisión Valenciana. El proyecto de creación del ente público Radiotelevisión Valenciana consiguió rápidamente el protagonismo en el debate político de ámbito autonómico y su regulación jurídica vino a reproducir, pese a determinadas diferencias puntuales, el modelo ya previsto para la radiotelevisión pública estatal, de manera que se acentuó el carácter subsidiario de la política audiovisual valenciana. Pese a las limitaciones apuntadas, las competencias de la Generalitat Valenciana en materia audiovisual permitieron, al menos, establecer ciertos elementos diferenciales 13 Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión. 14 Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión.

10 en la ley de creación de RTVV, como por ejemplo la promoción de la industria audiovisual valenciana y la defensa y potenciación del uso del valenciano en los medios autonómicos, lo que abría las puertas a la recuperación de la lengua y la cultura propias. Otro factor importante en la ley de RTVV es la estrecha vinculación que se establece entre la creación de los nuevos medios de comunicación audiovisual y el desarrollo del sistema social, económico y cultural, de manera que la radiotelevisión autonómica se considera un instrumento político clave para la consolidación de un espacio autonómico y para la creación de un sentimiento y de un proyecto común para el pueblo valenciano. De hecho, el preámbulo del mencionado texto legal considera a la radiotelevisión autonómica el medio más eficaz para la vertebración social, política y cultural de la Comunidad Valenciana, así como un instrumento útil para potenciar la identidad de los valencianos. El análisis del proyecto de RTVV también sirve para ilustrar la complejidad de factores que intervienen en su creación, así como las innumerables vinculaciones políticas, económicas, sociales y culturales que genera: una vez aprobada la ley de creación, se inicia un periodo donde la problemática deriva hacia la organización y estructuración interna del ente público y de sus sociedades. Es en este momento cuando aparece, claramente definida, la lucha por el poder y la voluntad política de control sobre los nuevos medios audiovisuales. Uno de los principales ejes para entender la polémica generada por el proyecto de RTVV es la relación política entre el PSPV-PSOE, partido gobernante en aquel periodo en la Generalitat Valenciana, y la ejecutiva central del PSOE en Madrid. Pese a que las Cortes Valencianas habían aprobado por unanimidad la ley de creación de RTVV, hubo, al menos en un primer momento, ciertas reticencias al proyecto por parte de los máximos dirigentes federales del partido, quienes no veían con buenos ojos la proliferación de iniciativas de este tipo en las diferentes Comunidades Autónomas: en el fondo, se observa un cierto miedo a la consolidación y potenciación de nuevos espacios de comunicación social que escapaban al control directo por parte del gobierno central. Tampoco podemos olvidar la importancia del factor económico en la configuración de la Radiotelevisión Valenciana. Desde la óptica de la Generalitat Valenciana, el proyecto implicaba una inversión pública estratégica que iba a favorecer de manera considerable el tejido industrial y tecnológico de la sociedad valenciana. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno central, las prioridades de aquel periodo en el gasto público iban destinadas a atender las necesidades derivadas de la situación de

11 crisis económica y a asegurar el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Por ello, en un contexto donde la financiación autonómica todavía estaba muy limitada, el gobierno valenciano tuvo que asumir el retraso del proyecto de RTVV ante los partidos de la oposición, que reclamaron el cumplimiento de los plazos previstos y una mayor firmeza ante el gobierno central. Otro factor implicado en el proceso de creación de RTVV fue su enorme repercusión social y cultural, reflejada en los medios de comunicación a través de diversos debates: por ejemplo, la importancia de la radiotelevisión autonómica en la consolidación de las señas de identidad valencianas, el papel de los medios públicos como complemento del sistema educativo, la necesaria recuperación del uso social del valenciano a través de la televisión, cómo evitar la previsible politización de los órganos de gestión y dirección de RTVV, etc. Al final, se dio luz verde a la creación y puesta en marcha de RTVV y el proceso entró en su recta final, un recorrido donde se debía comprobar el grado de adecuación entre la legislación aprobada y la forma en que se iba concretando el modelo de radiotelevisión autonómica: pese a las novedades introducidas por la legislación valenciana, el Consejo de Administración de RTVV funcionó como correa de transmisión del poder político y el Consejo Asesor, un órgano de participación social previsto en la legislación, fue olvidado por completo y ni tan siquiera se procedió a su constitución formal. EL MODELO DE RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA: BALANCE En el balance debemos anotar las dificultades y la singularidad política del proceso autonómico valenciano dentro de la constitución de un Estado descentralizado en España: el proyecto de creación y la puesta en marcha de Radiotelevisión Valenciana fue un reflejo de los distintos conflictos políticos surgidos a lo largo de dicho proceso. De hecho, la iniciativa de la Generalitat Valenciana se vio limitada y acotada por el sistema jurídico y político diseñado para llevar a cabo la descentralización del modelo audiovisual español. Pese a ello, las Cortes Valencianas iniciaron el proceso de traspaso de competencias en materia audiovisual y consagraron el derecho del pueblo valenciano

12 a disponer de medios de comunicación propios, lo que permitió configurar una política audiovisual y crear, finalmente, una radiotelevisión autonómica 15. El proceso de descentralización audiovisual presentaba dos vertientes distintas: por un lado, la organización territorial de Radiotelevisión Española y, por otro lado, la regulación y la creación de las radiotelevisiones autonómicas. Se trataba de fórmulas complementarias y/o alternativas, que fueron variando según las circunstancias políticas, económicas y culturales de cada Comunidad Autónoma. El caso valenciano resultó ser paradigmático en este sentido, ya que el proceso de creación de Radiotelevisión Valenciana estuvo sometido, de forma continua, a las vacilaciones de las formaciones políticas, al ambiente electoral y a los intereses económicos presentes en esta iniciativa comunicativa. El paralelismo y la confrontación entre los medios audiovisuales estatales y los emergentes medios autonómicos es fruto de las limitaciones jurídicas y políticas que impuso la denominada ley del Tercer Canal ante la hipotética proliferación de radiotelevisiones autonómicas en España 16. El caso de Radiotelevisión Valenciana sirve, además, para comprender un poco mejor el elevado grado de dependencia del gobierno valenciano en la definición de una política audiovisual propia, lo que motivó un gran retraso en su proceso de creación. El análisis del debate plenario con el que las Cortes Valencianas aprobaron la ley de creación nos lleva a otra conclusión: el ente público Radiotelevisión Valenciana no aporta grandes diferencias respecto al ente público Radiotelevisión Española. Además, las variaciones introducidas han fracasado de manera estrepitosa, ya que las competencias atribuidas al Consejo de Administración y las limitaciones en su composición no han sido suficientes para eliminar los mecanismos de injerencia política presentes en la gestión de los medios audiovisuales de carácter público. En el caso específico del sistema de nombramiento del Director General de RTVV, precisamente uno de los apartados de la ley más debatidos en el Parlamento autonómico, se demuestra que las buenas intenciones no son suficientes en política: el Consejo de Administración del ente público era el encargado de proponer el nombramiento del Director General, pero este órgano todavía no estaba constituido legalmente cuando la prensa valenciana ya había publicado el nombre del candidato. 15 Ley Orgánica 12/1982, de 10 de agosto, de transferencia a la Comunidad Valenciana de competencias de titularidad estatal.

13 Finalmente, el proceso de creación de Radiotelevisión Valenciana estuvo claramente condicionado por los siguientes aspectos: la coyuntura política, donde destacan las oscilaciones en la relación política entre el gobierno autonómico y el gobierno central, la coyuntura económica, marcada por la crisis y las limitaciones del sistema de financiación autonómica, y la coyuntura comunicativa, donde podemos resaltar el conflicto provocado por las emisiones de TV3, la televisión autonómica catalana, en el territorio de la Comunidad Valenciana. Además, el proyecto desencadenó la lucha por el poder, simbolizada en los continuos enfrentamientos protagonizados por el Director General y por el Presidente del Consejo de Administración, y consolidó la voluntad de control político sobre los nuevos medios audiovisuales, una acusación que todavía hoy resuena como el primer día. A MODO DE CONCLUSIÓN: HACIA UN NUEVO MODELO AUDIOVISUAL? PROPUESTAS Y RETOS DE LA POLÍTICA AUDIOVISUAL VALENCIANA A partir del balance anterior, debemos reseñar que las pautas de funcionamiento del ente público Radiotelevisión Valenciana, así como sus principales tendencias y variables (gestión política, criterios de programación, niveles de audiencia, nivel de producción propia y porcentajes en el uso del valenciano) no han variado sustancialmente a lo largo de la década de los años 90. Desde una perspectiva política y jurídica, hemos de constatar la llegada del Partido Popular al gobierno valenciano tras las elecciones autonómicas del año 1995, aunque después de agotar dos legislaturas y habiendo vencido en las pasadas elecciones del año 2003, no hay que reseñar cambios significativos en el modelo de gestión, ya que no se ha llegado a hacer efectiva la anunciada privatización del ente público, una propuesta política defendida por el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. De hecho, el Partido Popular paralizó una iniciativa legislativa, presentada el mes de diciembre del año 1997 en el Congreso de los Diputados, con la que se trataba de reformar la regulación de las radiotelevisiones autonómicas dando paso a una gestión indirecta, por parte de sociedades mercantiles, a través de una concesión administrativa. Al final, parece que la privatización de los medios públicos desapareció de la agenda 16 Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión.

14 política del Partido Popular y esta iniciativa cayó en el olvido hasta que Eduardo Zaplana intentó, al final de su segunda legislatura, la privatización de determinadas áreas de gestión (Programas, Informativos y Publicidad) del ente público RTVV, lo que se consideró a todas luces una privatización encubierta del ente público autonómico, prohibida por la legislación vigente. Tras la llegada al poder del actual presidente de la Generalitat Valenciana, Francesc Camps, el tema ha quedado aparcado y ya han aparecido sentencias declarando ilegal el intento de privatización de RTVV. En cuanto al aspecto económico y financiero, la situación de RTVV, reflejada en los informes anuales de la Sindicatura de Cuentas, se ha visto agravada de forma progresiva por una notable bajada de las subvenciones públicas y por un fuerte crecimiento de los costes de producción, de manera que en la legislatura autonómica iniciada el año 1999 se constituyó en las Cortes Valencianas una Comisión parlamentaria específica para analizar las diferentes alternativas en la gestión del ente público Radiotelevisión Valenciana, síntoma evidente de que se trata de un problema político que preocupa seriamente a los dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Además del análisis de los aspectos económicos, debemos tener en cuenta, entre otros factores, que estamos ante nuevas y profundas transformaciones del sector audiovisual (expansión de las plataformas digitales, especialización temática de la oferta televisiva, convergencia entre la telemática y las telecomunicaciones) que afectarán de forma inexorable el futuro inmediato de las radiotelevisiones autonómicas y, por ende, del modelo audiovisual. De nuevo, los retos y propuestas a los que se enfrenta el audiovisual valenciano en estos tiempos pasan por la necesaria complementariedad y consenso entre las administraciones autonómica y central. En el caso de la administración central, el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se propuso, nada más llegar al poder, una reforma en profundidad del sector audiovisual español, centrada en la mejora de los medios públicos, la creación de un Consejo Audiovisual (un déficit histórico en España frente a los países del entorno europeo) y el impulso a las nuevas tecnologías, especialmente la Televisión Digital Terrestre (TDT), temas que han acaparado el interés de los profesionales y los estudiosos de estas cuestiones. Hasta el momento, se ha elaborado un Informe previo por parte de un comité de expertos sobre la radiotelevisión pública en España, que servirá de base a la futura ley de reforma del ente público RTVE, y que muy probablemente sirva también de referente

15 en la reforma de las radiotelevisiones autonómicas. Por otro lado, se ha relanzado el debate sobre la necesidad de un Consejo Audiovisual Español, además de la ya existente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para regular y controlar el sector audiovisual español. En este caso la iniciativa autonómica ha ido por delante, ya que en España están funcionando el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y también se han creado los de Navarra, Andalucía, Galicia y Madrid. El impulso de las telecomunicaciones y el sector tecnológico fue la gran baza durante la anterior etapa política del Partido Popular, sentando las bases para la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España. También en este caso se diseño un sistema en el que tenían cabida tanto las Comunidades Autónomas como las propias corporaciones locales, a través del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrenal, que marca las reglas del juego en este terreno. A partir de ese momento, se han ido sucediendo una serie de normas y modificaciones hasta llegar a la Ley de impulso de la TDT 17. En el caso que nos ocupa, la Comunidad Valenciana, estos factores también han sido protagonistas destacados en el debate sobre la reforma del modelo audiovisual. Una vez aparcada la privatización del ente público RTVV y clausurada la comisión de las Cortes Valencianas para la reforma de su modelo de gestión, el debate se ha centrado en la necesidad de crear un Consejo Audiovisual Valenciano, en la reforma del modelo de la radiotelevisión pública y en el impulso a la TDT local y autonómica. De hecho, en el último año han sido numerosas tanto las iniciativas parlamentarias como las actividades políticas, académicas y profesionales que se han desarrollado en la Comunidad Valenciana al hilo de estas cuestiones, donde se han ido perfilando las diferentes posturas y argumentos. Desde hace unos meses, se había anunciado por parte del gobierno valenciano la presentación de un proyecto de ley sobre el audiovisual valenciano, donde se pretende aglutinar y dar respuesta a todos estos retos y propuestas, de modo que quede diseñado un nuevo modelo para el audiovisual valenciano. Este anuncio, de hecho, es el que había provocado todos los movimientos políticos y ciudadanos a los que hemos aludido con anterioridad. Finalmente, el pasado 16 de septiembre fue publicado en el Boletín 17 Ley 10/2005, de medidas urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo

16 Oficial de las Cortes Valencianas el mencionado proyecto de ley sobre el sector audiovisual, iniciándose así su tramitación parlamentaria. Lógicamente, la premura de tiempo no nos ha permitido un análisis en profundidad del mencionado documento, pero la trascendencia del mismo obliga, al menos, a dedicarle las últimas consideraciones de este trabajo, debido a que será de vital importancia y trascendencia para el futuro del modelo audiovisual valenciano, ya que, y cito textual, se pretende una regulación integral del sector audiovisual en la Comunidad Valenciana, abarcando cuestiones e incorporando principios con el fin de potenciar la creación, producción, comercialización y difusión del audiovisual valenciano... En el Título I aparecen las disposiciones generales, donde se recopilan los objetivos, el ámbito de aplicación, los principios generales y las líneas básicas de la acción institucional. El Título II es más sustantivo y en el aparecen capítulos importantes, como la creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, que se entiende como órgano colegiado vinculado orgánicamente a la administración autonómica, a diferencia de otras propuestas políticas (PSPV-PSOE) que apuestan por un organismo independiente del poder político. En todo caso, el proyecto remite a una futura ley que regulará la estructura orgánica de dicho Consejo. También aparece otro capítulo dedicado al registro general de empresas audiovisuales. En el Título III encontramos las medidas encaminadas al fomento de la actividad audiovisual, como los incentivos públicos, el apoyo a las actividades de investigación y formación en el sector, etc. El Título IV se refiere a los contenidos de la programación, donde se incluyen también los derechos de los usuarios y la protección de los consumidores y de los menores, haciendo especial hincapié en los espacios publicitarios y en el fenómeno de la televenta. Por su parte, el Título V se dedica a la Televisión Digital en la Comunidad Valenciana y constituye uno de los principales focos de interés del proyecto de ley, debido a su futura implicación en el diseño del nuevo modelo para la televisión local y autonómica. De hecho, se dedica un capítulo a estas dos modalidades de televisión digital, siendo los aspectos más destacados la aparición de la televisión digital privada de ámbito autonómico (al menos dos canales de gestión indirecta a través de concesión) y la ordenación, a través del nuevo mapa que surja de las concesiones, de las televisiones digitales locales (de entrada, cuatro programas por demarcación, de los que al menos uno será gestionado por los ayuntamientos). También destaca la figura del gestor del

17 canal múltiple, ya que la tecnología digital permite varias programaciones en un mismo multiplex y las concesiones van a ser parceladas según su capacidad, de modo que se hace necesaria la figura de un gestor que armonice los intereses de los concesionarios, lo que puede originar conflictos y desacuerdos, tanto en la gestión pública como en la privada, que la ley trata de paliar con una extensa normativa sobre esta cuestión. Finalmente, el Título VI se dedica al régimen de sanciones y a la capacidad de inspección de la Generalitat Valenciana en esta materia, donde de nuevo el Consejo Audiovisual Valenciano adquiere un cierto protagonismo. Se tipifican las infracciones (leves, graves y muy graves) así como la cuantía económica de las multas y se detalla el procedimiento administrativo para aplicar dichas sanciones. Tras este breve repaso a los principales contenidos del proyecto de ley, y para concluir, resulta llamativo que el texto no aborde las cuestiones referidas a la radiodifusión valenciana, que no se incluyan referencias a nuevos modos de gestión para RTVV o que no aparezca una normativa general que fomente el pluralismo en el sector audiovisual valenciano, más allá de alguna alusión en las concesiones de la televisión digital local, y limite los previsibles procesos de concentración a los que se verá abocado.

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