TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA

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1 Recurso nº 520/2013. Pieza separada de medidas cautelares. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA En la ciudad de Valencia, a diecisiete de diciembre de AUTO nº 545/13 Iltmo. Sr. Presidente. DON JOSÉ BELLMONT MORA. Magistrados. DOÑA ROSARIO VIDAL MÁS. DON FERNANDO NIETO MARTÍN. A N T E C E D E N T E S D E H E C H O PRIMERO.- Doña María Ramírez Vázquez, actuando en nombre y representación de DON VÍCTOR MANUEL SAHUQUILLO MARTÍNEZ Y DON ALFRED MIGUEL BOIX PASTOR, ha presentado un recurso contenciosoadministrativo contra la siguiente resolución administrativa: acuerdo dictado el día 28 de noviembre de 2013 por el Consell de la Generalitat (publicado en el DOGV de la misma fecha), por el que: ACUERDA. Primero. Acordar el cese de las emisiones de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de 1

2 la Generalitat prestados por la empresa Radiotelevisión Valenciana, SAU, por cualquier medio o canal de difusión. SEGUNDO.- Los demandantes piden al tribunal, en el suplico del escrito de interposición del contencioso-administrativo, dos medidas de índole cautelar: acuerde la adopción de la misma, lo que se concreta en la inmediata reanudación de la emisión de imágenes ; y suspensión de toda orden de desalojo de los locales. TERCERO.- Habiéndose dado traslado de esta solicitud a la GENERALITAT VALENCIANA, este Ente público ha presentado sus alegaciones dentro del término legal concedido. F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O PRIMERO.- D. Alfred Miguel Boix Pastor y D. Víctor Manuel Sahuquillo Martínez, en su condición de miembros del Grupo Socialista en Les Corts, han solicitado, en el proceso 520/2013, una medida cautelar de índole positiva. 1.- La medida tiene que ver con el acto administrativo que el día 28 de noviembre de 2013 (publicado en el DOGV de la misma fecha) adoptó el Consell de la Generalitat, por el que: ACUERDA. Primero. Acordar el cese de las emisiones de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat prestados por la empresa Radiotelevisión Valenciana, SAU, por cualquier medio o canal de difusión. Los recurrentes piden al tribunal, en el suplico del escrito de interposición del 2

3 contencioso-administrativo, que: acuerde la adopción de la misma, lo que se concreta en la inmediata reanudación de la emisión de imágenes. Además de esta pretensión cautelar, que es la principal vigente en la solicitud de los Sres. Sahuquillo y Boix, éstos incluyen una segunda que es la de: y suspensión de toda orden de desalojo de los locales (suplico). 2.- Para los diputados, la ejecutividad de la resolución de 28/11/2013 (durante el tiempo que dure la tramitación del contencioso-administrativo) es susceptible de causar un muy relevante perjuicio, de cariz irreparable, a un interés público. El interés público alegado se vincula con el derecho a la información (página 2ª), estimando los actores que la ejecución del acuerdo de 28/11/2013 produce un daño a éste que no puede quedar reparado para el supuesto de que la decisión judicial que se tome en el procedimiento principal, coincida con la tesis de contrariedad jurídica que manejan los Sres. Sahuquillo y Boix. El argumento tiene su entronque legal en el concepto de pérdida de la finalidad legítima del recurso (periculum in mora), al que hacen referencia los artículos 129 y 130 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativo de 13 julio 1998: 1. Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia (artículo 129 L.J.). ( ) la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso (artículo L.J.). 3

4 En palabras de la defensa en juicio de los demandantes: y la continuidad de la emisión, toda vez que con la suspensión de imágenes se conculca el mencionado derecho fundamental a la información de irreparable restitución, toda vez que en un mundo en que vivimos de información como bien indispensable y al momento, es un derecho reconocido en el art. 20.3, del que no se nos podría reparar en caso de cierre del único medio público de comunicación audiovisual de nuestra comunidad (página 3ª, solicitud). 3.- Junto al periculum in mora, el otro criterio preponderante desde un punto de vista tanto normativo como jurisprudencial - a la hora de conceder/rechazar la medida cautelar, es el de la comparación de los intereses en conflicto. Es decir, del examen, in situ (atenido a los singulares hechos determinantes que ofrezca la controversia), de la situación que se va a generar tras la decisión jurisdiccional. El examen debe realizarse al través de la visualización del par: perjuicios que la suspensión ocasiona a los intereses públicos; perjuicios que la ejecución del acto administrativo acarrea en los intereses afirmados por los peticionarios de la tutela judicial. Una vez vistos tales intereses, ha de determinarse cuál de ellos tiene mayor peso, más trascendencia y, a renglón seguido, conjugar el resultado con el primer criterio normativo: el de la pérdida de la finalidad legítima del recuso. Desde esta perspectiva, los Sres. diputados manifiestan que la supresión del único medio público de ámbito comunitario (página 2ª), vulnera: el derecho fundamental a la información, y suprime unos derechos de los trabajadores concedidos expresamente por los tribunales de Justicia por sentencia de 4 de septiembre (página 2ª, solicitud). 4

5 El Acuerdo que se impugna, en síntesis, viene a suprimir un derecho fundamental recogido tanto en nuestra Constitución como en nuestro Estatuto de Autonomía, del derecho a la información, derecho que claramente se conculca, con la supresión del único medio público de ámbito comunitario (página 2ª). 4.- El escrito de solicitud cautelar de forma alguna analiza el carácter y valor que presentan los intereses públicos que van a ponerse en práctica con la ejecución del acuerdo del Consell de 28 de noviembre de 2013, que resuelve el cese de las emisiones de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat. 5.- El escrito de solicitud cautelar entiende sin hacer una mención expresa al criterio legal que sustenta la alegación: el de apariencia de buen derecho o fumus boni iuris que la decisión de cese de las emisiones de RTVV es contraria al ordenamiento jurídico aplicable dado que: Este cierre está motivado por un claro fraude de ley, toda vez que viene en respuesta a la orden judicial de readmisión de los trabajadores, y en un claro intento de desobediencia de la misma, se suprime el órgano que las acoge. Es claro que la Administración no puede ir contra sus propios actos. la orden de cierre adolece de un claro defecto de forma ( ) se nombran tres liquidadores del ente público RTVV ( ) antes de que estos liquidadores tomen posesión ( ) el Consell nuevamente en fraude claro de ley, e invadiendo competencias de estos, infringe sus propias normas, y dicta el derecho impugnado (página 2ª). 5

6 SEGUNDO La representación procesal de la Generalitat Valenciana anota, primero, que la decisión del Consell de 28/11/2013 deriva de los enunciados normativos vigentes en una disposición jurídica con rango de ley formal. Se trata de la: Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de supresión de la prestación de los servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU. Las páginas 2ª y 3ª del escrito de oposición, reproducen gran parte del contenido de esta ley, que se publicó en el DOGV del 27 de noviembre. Y, con este punto de partida, señala en la página 6ª que: estimar la suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido realmente supondría la suspensión de la ejecución de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre ( ) toda vez que este acuerdo no es ni más ni menos que la consecuencia del art. 2 del citado texto legal. 2.- Los actores han opuesto temáticas vinculadas con el fondo del proceso, oposición que no es admisible en una pieza separada de medidas cautelares de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala 3ª del Tribunal Supremo. El escrito reproduce una parte de la STC 148/1993, de la STS, 3ª, 14 enero 1997 y de los AATS, 3ª, 22 noviembre 1993, 7 noviembre 1995 y 14 abril 1997: el incidente cautelar entraña un juicio de cognición limitada en el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal (STC 148/1993). 6

7 la doctrina de la apariencia de buen derecho ( ) pero no ( ) al predicarse la nulidad de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial, se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la Constitución, cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito (STS, 3ª, de 14/01/1997). Para la Generalitat: La parte actora ( ) se está refiriendo, con carácter general, a cuestiones que afectan al fondo del asunto, es decir, utiliza argumentos que inciden sobre la legalidad del acuerdo adoptado pero no alude a la necesidad de la adopción de una medida cautelar (página 5ª, escrito de oposición). 3.- El interés público que demanda la ejecución del acuerdo de 28 noviembre 2013, viene constituido por aquél expresado en el Preámbulo de la Ley 4/2013. La página 7ª reproduce esta parte del mismo: supone un elevado nivel de gastos de personal que la Generalitat no puede asumir en unos momentos de crisis económica y en los que la escasez de recursos económicos le obliga a priorizar los servicios que se consideran básicos. Es por ello por lo que resulta procedente, en aras de garantizar la prestación de servicios esenciales por parte de la Generalitat, que se suprima la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat. Con este presupuesto, afirma en su escrito de alegaciones que: 7

8 En definitiva el interés público consiste en garantizar la prestación de servicios públicos básicos prioritarios. Desde este punto de vista deben analizarse el resto de las alegaciones que se formulan en el escrito por el que se solicita la medida cautelar. 4.- El interés público aducido por los diputados (derecho de información): es un derecho de libertad tal y como recuerda nuestro Tribunal Constitucional al señalar que el derecho de recibir información veraz que garantiza el precepto constitucional es un derecho de libertad, que no consiente ser convertido en un derecho de prestación como aquel pretende (ATC 79/1999) En el caso que nos ocupa, parece que los recurrentes pretenden transformar ese derecho de recibir información en un derecho de prestación (página 6ª, oposición a la medida cautelar). 5.- Por lo que hace a la alegación de que la resolución de 27/11/2013 suprime unos derechos de los trabajadores concedidos expresamente por los tribunales de justicia por sentencia de 4 de septiembre, dice que: dicha sentencia, evidentemente se ha cumplido en sus propios términos, como no puede ser de otra manera, ya que en fecha 25 de noviembre de 2013 fueron readmitidos todos los trabajadores afectados por el ERE, y en caso de discrepancia en cuanto a su ejecución, la Ley de la Jurisdicción Social prevé los mecanismos procesales para dilucidar estas discrepancias (página 8ª). TERCERO.- 1. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto (artículo 130, Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa). 8

9 El acuerdo que se impugna, en síntesis, viene a suprimir un derecho fundamental recogido tanto en nuestra Constitución como en nuestro Estatuto de Autonomía, del derecho a la información ( ) con la supresión del único medio público de ámbito comunitario (página 2ª, solicitud cautelar). 1.- El artículo 20 de la Constitución Española establece que: 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción ( ) d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. ( ) 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos más significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España ( ). El único enunciado normativo que, en concreto, citan los actores es el apartado 3º del artículo 20. Para la Generalitat Valenciana, el interés público invocado por D. Alfred M. Boix y D. Víctor M. Sahuquillo: es un derecho de libertad ( ) los recurrentes pretenden transformar ese derecho de recibir información en un derecho de prestación (página 6ª, oposición). 2.- Doctrina del Tribunal Constitucional (con valor en la actual controversia) sobre el derecho de información. Expresión característica de esta doctrina aparece en las sentencias del Tribunal Constitucional 159/1986 y 206/1990: 9

10 el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre. No debe olvidarse que el art. 20 C. E., además de los derechos subjetivos de expresión e información garantiza, el derecho de todos a recibir información, y tiene una dimensión de garantía de una institución fundamental cual es la opinión pública libre, que trasciende a lo que es común y propio de otros derechos fundamentales (Sentencia 104/1986, fundamento jurídico 5.º). (RTC 1986\104).La comunicación pública libre no sólo exige la garantía del derecho de todos los ciudadanos a la expresión del pensamiento y a la información, sino también la preservación de un determinado modo de producirse de los medios de comunicación social, porque tanto se viola la comunicación libre al ponerle obstáculos desde el poder, como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión (STC 12/1982, fundamento jurídico 6.º). Por lo que respecta a la televisión, el legislador ha querido que su modo de producción sea la forma de un servicio público también, y así se dice en la Exposición de Motivos de la Ley 4/1980, porque la televisión es un vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, de información de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. La calificación de servicio público, es constitucionalmente legítima desde el momento en que el legislador la considera necesaria para garantizar -en términos de igualdad y efectividaddeterminados derechos fundamentales de la colectividad, pero no es, en absoluto, una etiqueta que una vez colocada sobre el medio, permita cualquier regulación de la misma, ya que hay en juego derechos subjetivos -los de comunicar libremente el pensamiento y la información- que la publicatio limita y sacrifica en favor de otros derechos, pero que no puede en modo alguno eliminar. El Tribunal, en más de una ocasión, ha señalado alguna de las condiciones que hacen constitucionalmente legítima la regulación de esta actividad como servicio público. Así refiriéndonos en general a los medios de comunicación, dijimos que «para que se produzcan dentro del orden constitucional tienen ellos mismos que preservar el pluralismo». 3.- El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana proclama que, y en el marco de las normas básicas del Estado, la Generalitat tiene competencia para: regular, crear y mantener televisión, radio y demás medios de comunicación social, de carácter público, para el cumplimiento de sus fines (artículo 56). 10

11 4.- a.- La normativa básica estatal viene constituida por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual: la Ley General de la Comunicación Audiovisual se presenta como norma básica no sólo para el sector privado sino también para el público fijando, con el más absoluto respeto competencial que marca nuestra Constitución, los principios mínimos que deben inspirar la presencia en el sector audiovisual de organismos públicos prestadores del servicio público de radio, televisión y servicios interactivos. Principios inspirados en la normativa y recomendaciones comunitarias sobre financiación pública compatible con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, control independiente a través de organismos reguladores y garantía y protección de derechos (Preámbulo). b.- El propio Preámbulo de la norma subraya que: - nos encontramos en presencia de un servicio público; - los ciudadanos tienen el derecho a recibir comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico; - señala los objetivos que deben cumplir los servicios públicos de radio, televisión y oferta interactiva. En palabras del mismo: Así el Capítulo I del Título II está consagrado íntegramente a la garantía de los derechos de los ciudadanos a recibir comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico lo que implica la protección de las obras audiovisuales europeas y españolas en sus distintas lenguas, así como a exigir ante las autoridades la adecuación de los contenidos al ordenamiento constitucional vigente. El Título IV se ocupa íntegramente de la normativa básica del Servicio Público de radio, televisión y oferta interactiva, respetando el sistema competencial fijado en la Constitución 11

12 Española. En concreto, se refiere a los objetivos generales que debe buscar este servicio público como son: difundir contenidos que fomenten los valores constitucionales, la formación de opinión pública plural, la diversidad lingüística y cultural y la difusión del conocimiento y las artes, así como la atención a las minorías. Los objetivos deberán concretarse cada nueve años por los Parlamentos u órganos similares a nivel autonómico y local. ( ) En definitiva, la Ley General de la Comunicación Audiovisual articula la reforma del sector y dota a España de una normativa audiovisual acorde con los tiempos, coherente, dinámica, liberalizadora y con garantías de control democrático y respeto y refuerzo de los derechos de los ciudadanos, de los prestadores y del interés general. c.- Dentro del articulado, destacan estos enunciados normativos: Artículo 4. El derecho a recibir una comunicación audiovisual plural. 1. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Además, todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una diversidad de fuentes y de contenidos y a la existencia de diferentes ámbitos de cobertura, acordes con la organización territorial del Estado. Esta prestación plural debe asegurar una comunicación audiovisual cuya programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad, especialmente cuando se realice a través de prestadores de titularidad pública (...) 3. Los operadores de servicios de comunicación audiovisual promoverán el conocimiento y la difusión de las lenguas oficiales en el Estado y de sus expresiones culturales. En este sentido, los operadores de titularidad pública contribuirán a la promoción de la industria cultural, en especial a la de creaciones audiovisuales vinculadas a las distintas lenguas y culturas existentes en el Estado (...) 5. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación informativa se elabore de acuerdo con el deber de diligencia en la comprobación de la veracidad de la información y a que sea respetuosa con el pluralismo político, social y cultural. 6. Todas las personas tienen el derecho a ser informados de los acontecimientos de interés general y a recibir de forma claramente diferenciada la información de la opinión. Artículo 5. El derecho a la diversidad cultural y lingüística. 1. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual incluya una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística de la ciudadanía. Las Comunidades Autónomas con lengua propia podrán aprobar normas adicionales para los servicios de comunicación audiovisual de su ámbito competencial con el fin de promover la producción audiovisual en su lengua propia 12

13 Artículo 40. Servicio público de comunicación audiovisual. 1. El servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual. Asimismo los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual atenderán a aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria. En cumplimiento de las misiones establecidas en el párrafo anterior, el servicio público de comunicación audiovisual tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio, televisión y servicios de información en línea con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros, destinadas a satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad y a preservar el pluralismo en los medios de comunicación (...) 2. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual con objeto de emitir en abierto canales generalistas o temáticos Artículo 41. La función de servicio público audiovisual y su control. 1. Los objetivos generales de la función de servicio público se establecerán normativamente para un periodo de nueve años (...) 2. Corresponde a las Cortes Generales, los Parlamentos autonómicos, las autoridades audiovisuales competentes y, en su caso, a los órganos de gobierno local, el control de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público 4. La financiación pública no podrá sostener actividades ni contenidos ajenos al cumplimiento de la función de servicio público. 5.- En el ámbito autonómico, hasta la publicación de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de supresión del servicio público y de disolución y liquidación de RTVV, SAU, el ordenamiento legal venía constituido por la Ley 3/2012, de 20 de julio, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. En este apartado expositivo, reproducimos algunas de las ideas medulares que dicha ley recogía en sede de: - Función y objetivos generales del servicio público (artículo 2); 13

14 - Gestión del Servicio Público (artículo 3); - Principios de actuación (artículo 9); - Principios de producción y programación (artículo 24); - Líneas estratégicas de producción (artículo 25);... Artículo 2. Función y objetivos generales del servicio público. 1. El servicio público de radio y televisión es un servicio esencial de interés económico general, que pone a disposición de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana un conjunto de contenidos audiovisuales y aquellos servicios que se determinen en el contrato programa. 2. Los objetivos generales del servicio público son los siguientes: a) Promover la convivencia cívica, el desarrollo plural y democrático de la sociedad y el conocimiento y respeto a todas las opciones políticas, sociales, culturales y religiosas desde el máximo respeto al principio de igualdad consagrado en la Constitución Española. b) Garantizar el acceso de los ciudadanos a la información, la cultura, la educación y el entretenimiento (...) d) Garantizar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir una información objetiva, veraz e imparcial. e) Ofrecer una programación innovadora y de calidad. f) Diferenciar entre informaciones y opiniones, identificando quiénes sustentan estas últimas, protegiendo la libre expresión de las mismas(...) j) Difundir y proteger la lengua valenciana y promover la cultura, el deporte y la identidad propia de la Comunitat Valenciana (...) 4. La programación de servicio público otorgará prioridad a la información, que debe constituir eje fundamental de la misma, estimulando el conocimiento de la realidad, la actitud crítica, la reflexión y la participación ciudadana e incluirá, además de los programas de contenido informativo general, la cobertura informativa de la actividad oficial de las instituciones de autogobierno valenciano, la programación infantil, cultural, divulgativa y de entretenimiento. Artículo 3. Gestión del servicio público. 1. La gestión del servicio público de radio y televisión por parte de la Generalitat se realizará a través 14

15 de Radiotelevisión Valenciana, SA en los términos recogidos en la presente ley (...) 3. Radiotelevisión Valenciana, SA producirá y difundirá contenidos de calidad en todos los géneros y, en especial, aquéllos que tengan carácter informativo, educativo, cultural, divulgativo y de integración social, dirigidos a la consecución de los objetivos de servicio público establecidos en la presente ley. 4. A fin de cumplir los objetivos de servicio público encomendados a Radiotelevisión Valenciana, SA, y en la medida en que el espectro radioeléctrico y la tecnología disponibles lo posibiliten y se disponga de los medios personales y materiales necesarios, se irá tendiendo a la difusión por medio de canales digitales temáticos específicos con atención preferente al público infantil y juvenil, así como a los contenidos educativos, culturales y de ocio. La difusión por medio de canales digitales temáticos asegurará una mayor participación y acceso al espacio público de la comunicación de la pluralidad política, social y cultural representativa de la sociedad valenciana (...) Artículo 9. Principios de actuación. En defensa de los derechos contemplados en el artículo 20 de la Constitución Española y de los derechos recogidos en el Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, la función de servicio público de Radiotelevisión Valenciana, SA se regirá por los siguientes principios: 1. Actuará con absoluta independencia y transparencia, sin que pueda recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación imperativa del Consell ni de grupos políticos, económicos, sociales u otras instituciones o entidades. 2. En el desarrollo de su actividad no adoptará posicionamiento ideológico más allá de la defensa de los valores constitucionales o estatutarios. 3. La programación de Radiotelevisión Valenciana, SA dará cabida a todas las opciones y opiniones presentes en la sociedad valenciana para la correcta valoración e interpretación de los hechos por los ciudadanos (...) Artículo 24. Principios de producción y programación. 1. La producción audiovisual y la programación de Radiotelevisión Valenciana, SA deberán ajustarse al cumplimiento de sus funciones de servicio público y contribuir activamente a la normalización de la lengua y la cultura propias de la Comunitat Valenciana. 2. El contrato programa, de acuerdo con los principios inspiradores y las líneas estratégicas de la programación de servicio público recogidas en la presente ley, establecerá los objetivos y las obligaciones concretas que debe cumplir la programación de los diferentes canales de radio y televisión así como de los servicios conexos e interactivos. En este sentido, identificará de manera expresa los contenidos de servicio público, concretando los porcentajes de géneros de programación que deban emitirse (...) 4. La programación del servicio público audiovisual será plural, con el objetivo de satisfacer las necesidades del conjunto de la sociedad valenciana, y salvaguardando los principios generales de la programación y las exigencias recogidas en la Ley 1/2006, de 19 de abril, del Sector Audiovisual de la Comunitat Valenciana, así como los preceptos contenidos en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que le sean de aplicación (...) 15

16 Artículo 25. Líneas estratégicas de producción (...) 4. Radiotelevisión Valenciana, SA, fomentará la producción propia o en coproducción de programas de calidad, sobre la base de nuestras señas de identidad, sociedad, cultura o territorio, facilitando la creación de un polo de desarrollo de la producción de contenidos audiovisuales para televisión e, incluso, para cine, con la colaboración de empresas de producción valencianas y otros organismos públicos y privados, apoyando, con todo eso, el desarrollo del sector y la industria audiovisual de nuestra comunidad. 5. Radiotelevisión Valenciana, SA, favorecerá y colaborará en el proceso educativo y formativo de la Comunitat Valenciana, mediante acuerdos con las conselleries y departamentos correspondientes de la Generalitat, así como con las universidades y otras instituciones académicas, con la realización de producciones y programaciones específicas dedicadas al público infantil y juvenil, con las que completar su proceso formativo, así como con la preparación de materiales audiovisuales que puedan servir de apoyo para maestros, educadores o profesores e, incluso, con la emisión de canales específicos, vía hertziana o a través de la red, para estos ámbitos (...) Artículo 30. Oferta de televisión ( ) 2. Una oferta temática en la que se dé cobertura informativa y de actualidad, y en la que se ofrezcan contenidos culturales, teniendo en cuenta el patrimonio históricoartístico y las fiestas populares y las tradiciones de la Comunitat Valenciana. El acceso a esta oferta tendrá carácter universal y gratuito, y estará presente en los medios o soportes tecnológicos derivados del desarrollo de la sociedad de la información. 6.- Todo lo aquí expuesto permite fijar ya algunas conclusiones sobre el cariz del interés público afirmado por los demandantes ( 1. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, artículo 130 Ley Jurisdiccional): - el interés público tiene un vínculo inmediato con un servicio público esencial, de interés económico general (artículo 40, ley estatal de Comunicación Audiovisual de 31 marzo 2010); Valenciana: - el servicio público es el de radio y televisión titularidad de la Generalitat Primero. Acordar el cese de las emisiones de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat prestados por la empresa Radiotelevisión Valenciana, SAU por cualquier medio o canal de difusión, resolución de 28 noviembre 2013; 16

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