Basilea II: notas sobre la revolución emergente

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1 Basilea II: notas sobre la revolución emergente Manuel A. Méndez del Río 1 Resumen Este documento presenta una breve revisión de la situación existente luego de la publicación del Nuevo Acuerdo de Capital (NAC). Específicamente, se enfatizan los puntos más relevantes en términos de su posible impacto en las economías emergentes, así por ejemplo, se destaca la importancia de una implementación gradual del NAC en estos países. Asimismo, se discuten otras deficiencias del acuerdo como el escaso reconocimiento de los beneficios de la diversificación, se cuestiona la exigencia de un elevado nivel de confianza estadística en las fórmulas para los requerimientos de capital, y se analiza su impacto sobre los mercados deuda soberana emergente y los flujos de capitales hacia países en desarrollo. Si bien el proceso de mejora continua del NAC aún no ha culminado, indudablemente, el impacto global del acuerdo será muy positivo para el sistema financiero en su conjunto. El NAC todavía plantea una variedad de temas que deberán seguir siendo analizados conjuntamente por la industria bancaria y los reguladores, sobre todo, en aspectos relacionados con la supervisión transfronteriza, la definición de capital elegible, la problemática del trading book y el doble default. Abstract This document presents a brief review of the current situation after the publication of the New Capital Accord (NCA). Specifically, we emphasized the most relevant aspects in terms of their possible impact on emerging economies, for example, the importance of a gradual implementation of the NCA in these countries is stressed. Also, we discuss other deficiencies in the NCA like the insufficient recognition of the benefits of diversification, we question the exigency of a high level of statistical confidence in the formulas used for the capital requirements, and we analyze the impact of the accord on the emerging markets sovereign debt and the capital flows towards developing countries. Although the process of continuous improvement of the NCA has not yet culminated, without doubts, the global impact of the agreement will be very positive for the financial system as a whole. The NCA still raises a variety of subjects that will have to continue being jointly analyzed by the banking industry and the regulators, mainly, in aspects related to the home-host supervision, the definition of eligible capital, and other issues related to the trading book and the double default treatment. Palabras clave: Basilea II, Gestión de riesgos financieros, Economías emergentes. 1 Manuel A. Méndez del Río es Director General del BBVA, miembro del Comité de Dirección y responsable de la Dirección General de Riesgos del Grupo. También es profesor de Estrategia y Finanzas en las Universidades Autónoma y CUNEF, de Madrid. 21

2 I. Introducción El campo de la regulación bancaria es un terreno en el que coexisten diversas opiniones. A ello no es ajeno la tradicional asimetría del organismo regulador, la cual se refleja en el hecho de que una buena norma suele pasar desapercibida, mientras que una mala norma, es abiertamente criticada y, casi de inmediato, se señala el impacto adverso que la imprevisión del regulador produce en el sistema. En este contexto, resulta lógico que siempre existan dudas sobre si las reflexiones que preceden a la adopción de cualquier cambio regulatorio han sido lo suficientemente profundas, de manera que se haya considerado todas las consecuencias potenciales de estas propuestas. Si se consideran las referencias más cercanas, Basilea II podría ser citado como ejemplo de lo que debe ser un proceso de diálogo entreabierto a todos los jugadores afectados, ya que se han escuchado las peticiones de los regulados, y se ha tratado de estudiar las implicaciones del cambio propuesto bajo enfoques muy diferentes. Creemos que este proceso interactivo, de mejora continua, no está cerrado y que aún existen aspectos que deben afrontarse para dar respuesta a todos los puntos débiles que han sido detectados, especialmente al extender el diálogo a zonas y círculos más amplios. Indudablemente, el impacto global del Nuevo Acuerdo de Capitales (NAC) será muy positivo para el sistema financiero en su conjunto. Lo más probable es que ciertas deficiencias que aún muestra el mismo sean eliminadas, o al menos mitigadas, en el periodo que resta hasta su plena implantación. Para conseguir este objetivo, la industria bancaria debería seguir trabajando muy estrechamente con los reguladores. El objetivo de este documento es realizar un breve repaso de la situación en la que nos encontramos tras la publicación del texto definitivo del NAC. Para ello se incidirá en aquellos aspectos más importantes, que consideramos deben ser mejorados, y también se otorgará un énfasis especial a los puntos de mayor trascendencia, que requieren un análisis más pormenorizado debido a su posible impacto en las economías emergentes, donde la revolución regulatoria, inducida por el Nuevo Acuerdo, puede tener efectos muy significativos. El documento se estructura del siguiente modo: la segunda sección revisa el proceso de cambios en el paradigma bancario y el rol que la gestión de riesgos, elemento central de la nueva regulación, desempeña en dicho cambio. La tercera sección estudia la problemática de la implantación en mercados emergentes. A continuación, la cuarta sección analiza el papel de los supervisores en el proceso de implantación 22

3 de Basilea II. Seguidamente, la quinta sección revisa la decisión de no incluir la pérdida esperada en los cargos de capital y su impacto en la definición de capital elegible. Por su parte, la sexta sección presenta algunos aspectos pendientes de mejora en el NAC. Finalmente, se esbozan las conclusiones de este documento. II. La innovación y la gestión del riesgo En la última década se ha acentuado el intenso proceso de innovación financiera y tecnológica que en la actualidad involucra a todos los agentes económicos. Simultáneamente, se ha registrado un movimiento gradual de desregulación y globalización de la actividad financiera. En este marco, las entidades financieras están experimentando una transformación considerable, adaptándose al nuevo entorno y a la aparición de nuevos competidores y estrategias. Pese a la gran profundidad del cambio que se ha venido registrando, existen algunas referencias que permanecen en el tiempo. Si bien se ha registrado un considerable número de cambios en temas como las reglas que afectan al marco competitivo de la industria, los sistemas informáticos y la disponibilidad de información, la profundidad y transparencia de los mercados, entre otros aspectos, la gestión del riesgo continúa siendo el denominador común de la actividad bancaria en este entorno cambiante. Es indudable que en este proceso, la forma de hacer banca, los enfoques de gestión, las metodologías de medición y los sistemas de seguimiento, han experimentado cambios importantes. Pese a ello, sigue siendo una realidad que la base del negocio bancario está estrechamente relacionada con el riesgo, y que el arte se resume en obtener una compensación adecuada al nivel de riesgo que se asume. Es decir, como señala Casserly 2 : la excelencia en la banca pasa inexcusablemente por la distintiva capacidad de absorber riesgos, intermediarlos, o recomendar a sus clientes el modo de trabajar con ellos. En este contexto, merece destacarse el continuo esfuerzo que viene haciendo la industria financiera para entender, cada día, de manera más precisa, todos los aspectos del riesgo. Este esfuerzo de la industria financiera por comprender y gestionar mejor el riesgo, ha ido reconociéndose, paulatinamente, por la regulación. 2 Véase Casserly (1993). 23

4 El claro exponente de esta evolución lo marca Basilea II, que sin lugar a dudas ha generado notables incentivos para que los bancos mejoren sus técnicas de medición de riesgos. Sin embargo, estos incentivos no deben restringirse solo a algunos participantes en el juego. Sus efectos beneficiosos deben tener el mayor alcance posible, siendo también imprescindible extender a las economías emergentes los beneficios de la implantación del Nuevo Acuerdo. Es fundamental que el diseño final de la norma, y su proceso de implantación, provea los mecanismos adecuados para que estas economías consigan ventajas suficientes a fin de avanzar hacia una implantación generalizada del Nuevo Acuerdo. III. Temas principales para la implementación del NAC en mercados emergentes Un cambio regulatorio de la magnitud de Basilea II debe ser acompañado de un proceso de implantación muy cuidadoso, que no ponga en peligro su eficacia final y, en definitiva, su éxito. Es importante que se tenga en cuenta la situación de partida, el alcance de los cambios y la velocidad a la que se pueden llevar a cabo los mismos. Precisamente, si hay un entorno en el que se debe procurar la mayor minuciosidad en la implantación, este es el de las economías emergentes. A. La importancia de una implantación gradual Ciertamente, el ritmo que se siga en la implantación del Nuevo Acuerdo en estas economías es clave para el éxito de la misma. Un ritmo demasiado lento podría hacer más atractivos a otros mercados, facilitando el flujo de inversiones a unos países en detrimento de otros. Sin embargo, un ritmo muy acelerado, que no considere suficientemente las condiciones de partida y las restricciones impuestas por las infraestructuras pre-existentes, tendría el riesgo de dañar la estabilidad del propio sistema financiero local. La publicación del documento Implementation of Basel II: Practical Considerations por el AIG (Accord Implementation Group) ha resultado de enorme utilidad para fijar referencias prácticas sobre cómo llevar a cabo un proceso de este tipo. En este sentido, uno de los puntos que merece ser destacado es su llamada de atención sobre la necesidad de examinar cuidadosamente el punto de partida de cada sistema financiero antes de la implantación de Basilea II, animándose en todo momento a los supervisores a optar por la opción de la implantación gradual. 24

5 Esta línea es la que públicamente han manifestado tanto representantes de la industria como de los reguladores bancarios. Recientemente, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, ha publicado un documento consultivo denominado "Directrices de la hoja de ruta para la transición hacia Basilea II", en el que se contemplan los pasos a seguir para asegurar una implantación efectiva del Acuerdo, de manera que, con el tiempo, se refuercen las capacidades de gestión del riesgo de las entidades financieras, y se avance en los mecanismos de Supervisión recomendados también por Basilea. Este planteamiento es posible gracias a que el Nuevo Acuerdo ofrece un gran número de posibilidades, que van desde el modelo estándar hasta los modelos avanzados, como para poder llevar a cabo la citada implantación gradual. La propia posibilidad de poder optar por la implantación del Pilar II y III antes que el Pilar I, brinda una idea de la flexibilidad disponible para poder conseguir sólidas bases para un buen marco global de gestión de riesgos. A modo de ejemplo del tipo de situaciones al que habrá que enfrentarse, se pueden citar los resultados de un estudio reciente del Financial Stability Institute (FSI) 3, en coordinación con el Comité de Basilea, sobre 115 países de todo el mundo. En este estudio se señala que uno de los elementos determinantes para la implantación de Basilea II será la voluntad de las propias entidades financieras extranjeras, o de sus filiales. Otra conclusión interesante de este estudio es que se adelante que el mayor reto del Pilar II estará en disponibilidad de recursos humanos y técnicos para revisar, y validar, las nuevas responsabilidades de las entidades financieras en el marco del Nuevo Acuerdo. A este respecto, es interesante resaltar que en este estudio también se resalte que cerca de supervisores de todo el mundo necesitarán formación específica en temas de Basilea II, especialmente en lo relacionado con la implementación del Pilar II y los modelos IRB. En las economías emergentes existe una percepción generalizada de que una implantación exitosa debe contar, a priori, con una serie de ingredientes que sirvan de catalizadores del proceso. Estos ingredientes abarcan el ámbito de las mejores prácticas en la supervisión bancaria y el marco legal, como ha sido anticipado por algunos estudios del Comité de Basilea, entre los que se puede citar el Core Principles for Effective Banking Supervision de 1997 o el High-Level Principles for the Cross Border Implementation of the New Accord de agosto de FSI Occasional Paper No 4 (2004). 25

6 B. Implicancias macroeconómicas del NAC Un factor de gran preocupación para las economías emergentes es el posible impacto en la volatilidad de los flujos financieros, que se reciben por medio de los bancos pertenecientes al G-10 que adopten el Nuevo Acuerdo. En primer lugar, porque estos bancos tendrían incentivos a reducir el plazo de sus operaciones, ya que por un lado, los préstamos interbancarios a corto plazo tienen un mejor tratamiento en el modelo estándar y, por otro, en los modelos IRB, el plazo es un factor de penalización significativo en los requerimientos de capital. En segundo lugar, por la posible mayor prociclicidad del crédito, ya que el riesgo de incumplimiento tiende a estar correlacionado con el ciclo económico, que es mucho más difícil de acotar en este tipo de economías. En tercer lugar por el insuficiente reconocimiento de la diversificación, entre países y regiones, en el marco de Basilea II, y por último, pero no menos importante, por el tratamiento que se brinde al riesgo soberano en la nueva normativa. Con respecto a esto último, parece necesario clarificar los cargos de capital por riesgo soberano para aquellas operaciones que estén financiadas en divisa local, si se quiere evitar saltos regulatorios desproporcionados que provoquen distorsiones en este tipo de inversiones. El riesgo soberano debe ser considerado entre las alternativas de inversión de menor nivel de riesgo en el ámbito local, y los cargos de capital deben tener en cuenta este hecho. Los spreads soberanos, y la estabilidad de las finanzas de los sectores públicos, podrían verse afectados si no se hace un planteamiento razonable para esta clase de riesgo. C. Calibración de modelos para economías emergentes Otro aspecto que no debe ser pasado por alto es el de la calibración de los modelos que subyacen en Basilea II. En la actualidad, la calibración actual del Acuerdo, basada en los resultados del QIS 3, corre el riesgo de estar muy sesgada por el tipo de información disponible, esencialmente centrada en países del G-10. Aunque el Comité ha indicado su intención de recalibrar el acuerdo basándose en los resultados de posteriores estudios de impacto (QIS 4, QIS 5...) y del parallel running, hay que tener en cuenta que estos ejercicios también podrían estar sesgados por los mismos motivos. En este sentido, algunos segmentos de negocio, incluso países enteros, pueden verse perjudicados por no estar convenientemente representados en la información utilizada para la calibración definitiva. Es necesario revisar cuidadosamente estos resultados, a fin de evitar sesgos que pudieran generar desventajas competitivas para aquellas instituciones o mercados no representados suficientemente en el análisis. Es necesario hacer un examen 26

7 minucioso de en qué medida los modelos están adaptados a la realidad de las economías emergentes. Así, hay que evitar introducir distorsiones artificiales en el marco competitivo, y asegurarse de que se generen los incentivos necesarios para estimular el desarrollo de modelos internos. Por lo tanto, resulta crucial refinar las calibraciones, de manera que se incorpore la información específica de los mercados financieros emergentes. D. Reconocimiento parcial de los beneficios de la diversificación El Nuevo Acuerdo de Basilea supone una gran revolución que servirá alcanzar una mayor convergencia entre las medidas económicas y regulatorias del riesgo. En este sentido, se ha realizado un buen trabajo en los últimos años, habiéndose logrado importantes avances en el proceso de diálogo con la industria. No obstante, como se señala en este artículo, a pesar de los avances conseguidos, aún existen áreas en las que se requieren cambios significativos. En particular, en el caso de economías emergentes, el acuerdo, en su forma básica, puede ser inapropiado y generar cargos excesivos de capital. Las razones son fundamentalmente dos: el reconocimiento insuficiente de los beneficios de diversificación, y el nivel de confianza implícito del 99.9% utilizado en el Nuevo Acuerdo. Los beneficios de diversificación solo están reconocidos parcialmente en Basilea II. La norma utiliza modelos unifactoriales, principalmente por su simplicidad y aditividad. Sin embargo, existen circunstancias bajo las que este tipo de modelos tienden a ser muy restrictivos y conducen a unos requerimientos de capital excesivamente altos. Por ejemplo, en el caso específico de inversiones en mercados emergentes, el modelo propuesto por el Comité de Basilea es claramente asimétrico, ya que reconoce la peor calidad relativa del crédito de las contrapartidas, pero no tiene en cuenta la mejora, en términos de diversificación de cartera, que este tipo de inversiones genera. En su forma básica, y en particular en el caso de entidades financieras con inversiones en economías emergentes, el Acuerdo de Basilea no incentiva la diversificación. La introducción progresiva de algunas modificaciones en las curvas de riesgo, como resultado del diálogo con la industria financiera, ha contribuido a mitigar las deficiencias del modelo unifactorial. Sin embargo, las correcciones han sido solo parciales, persistiendo aún un reconocimiento deficiente de las ventajas que puede aportar la diversificación. 27

8 Este escaso reconocimiento de los beneficios de la diversificación podría desincentivar la inversión en economías emergentes. Posiblemente, este aspecto es donde más divergen los conceptos de capital económico y capital regulatorio. Así, podríamos asistir a que actividades e inversiones, económicamente rentables, fueran materialmente desincentivadas por un requerimiento de capital regulatorio anormalmente alto. Obviamente, el capital regulatorio no es irrelevante en la toma de decisiones; el capital es un recurso escaso, el más caro de todos, y es la base de la información pública para inversores y mercados. La industria financiera viene solicitando que se continúe mejorando el tratamiento de la diversificación. Se debe estudiar con más profundidad la introducción de modificaciones que mitiguen esta deficiencia. Existen diversas alternativas para lograr este objetivo. La mejor opción sería la admisión de modelos de cartera de riesgo de crédito. Sin embargo, el Comité de Basilea ha considerado que este tipo de modelos no está todavía lo suficientemente probado en la industria, por lo que no serán considerados en la normativa actual, y deberán esperar hasta las futuras revisiones de la regulación. Se apela así a un requisito novedoso en la regulación: debe existir práctica previa en la industria para que el concepto se eleve a la norma. No obstante, el problema permanece sin resolución. En este sentido, creemos que se impone seguir el camino de las soluciones prácticas que, aunque técnicamente no sean perfectas, sirvan para mitigar el daño, y para abrir una vía de mejora que conduzca, en el futuro, a la plena incorporación de este concepto básico de la gestión de riesgos en la nueva normativa. En este contexto, un ejemplo del camino que se podría seguir es el de la propuesta del BBVA 4, que de forma práctica y sencilla, muestra una manera de ajustar el capital obtenido mediante la fórmula propuesta en el CP3 de Basilea II (modelo unifactorial), para tener en cuenta el beneficio de la diversificación en un entorno bifactorial 5. El Pilar II, por ejemplo, al que recurrentemente se hace referencia como mecanismo para introducir cargos adicionales de capital para riesgos no bien cubiertos, podría ser un mecanismo de disminución de capital para riesgos excesivamente cubiertos por las imperfecciones del modelo unifactorial. La propuesta hecha por el BBVA podría ser aplicada tanto a través del Pilar I como del Pilar II. Desafortunadamente, el Comité de Basilea reconoce que se debe seguir trabajando en el tema, pero no se propone abordar el problema de manera inmediata. El Comité 4 Propuesta realizada por BBVA en diciembre de 2003 basándose en las conclusiones del trabajo de García Céspedes y García Martín (2002). 5 La propuesta puede ser extendida en general a entornos multifactoriales, con más de dos factores. 28

9 espera que la industria siga aportando estudios y conclusiones para poder avanzar en la realización de una propuesta que, pudiendo ser validada desde el punto de vista de la regulación, pueda ser implementada de la forma más generalizada posible. E. Nivel de confianza En el Nuevo Acuerdo de Basilea el nivel de confianza implícito, en todas las fórmulas utilizadas para computar requerimientos de capital por riesgo de crédito, es del 99.9%. El mismo nivel de confianza es exigido a todas las entidades financieras, independientemente del país en el que operen y de cual sea su rating objetivo. La exigencia de este nivel de confianza es equivalente a requerir que todas las entidades financieras aspiren a tener un rating mínimo de A-. Este elevado nivel de exigencia contribuye a amplificar, aún más, los efectos del deficiente tratamiento de la diversificación. Una entidad financiera radicada en una economía emergente, además de ser penalizada por el uso de un modelo unifactorial, en el que se utilizan los mismos estándares de correlación que los empleados en economías no emergentes, se verá también perjudicada por el uso del mismo nivel de confianza 6. Sin embargo, no parece razonable exigir el mismo nivel de confianza, o rating equivalente, a todas las entidades financieras en economías emergentes, donde solo unos pocos países alcanzan un rating de A-. Por ejemplo, en el caso de entidades financieras en países Latinoamericanos, podrían observarse situaciones paradójicas. De acuerdo con Standard & Poors 7, México tiene un rating de BBB, Colombia de BB, Perú de BB, Brasil es BB- y Venezuela es B. El único país con un rating a A- es Chile. Esto implica que, con excepción de Chile, el regulador requeriría a las entidades financieras tener mejor rating que el propio del país en el que operan. Así, si comparamos los requerimientos de capital bajo Basilea I, o la propuesta estándar de Basilea II, con el capital requerido bajo Basilea II en modelos IRB, se observa como los incentivos son muy pequeños, o incluso negativos para los bancos locales o internacionales con inversiones en estas economías. Esto, sin lugar a dudas, constituye un contrasentido, ya que Basilea II pretende crear incentivos para la mejora de la gestión de riesgos. De esta manera, se estaría desperdiciando una gran oportunidad para incentivar las buenas prácticas en materia de riesgos. Los mercados emergentes son un claro ejemplo de un ámbito donde hay amplio espacio para promover este tipo de mejoras. 6 Véase Morris (2003). 7 Datos a octubre de

10 Por otra parte, no debemos olvidar que la consecución, por si misma, de un elevado grado de solvencia para el sistema es siempre deseable. Sin embargo, quizá convendría plantearse que el precio a pagar por lograr este objetivo no debería dificultar el desarrollo de las economías emergentes. Desde el punto de vista académico, existen varios estudios que analizan el trade-off entre solvencia y desarrollo. Los modelos basados en funciones de utilidad social buscan este objetivo, por lo que el Comité de Basilea debería tener en cuenta estas consideraciones en su proceso de toma de decisiones. En este contexto, el riesgo en el que se incurriría al no corregir esta deficiencia es el de enfrentarnos con distorsiones competitivas que terminen desequilibrando el juego del mercado y, lo que es más importante, afectando a los flujos de capital que puedan llegar a este tipo de economías. Una distorsión en este los flujos de capital podría desencadenar consecuencias indeseables en el desarrollo económico sostenible de estos países. IV. El rol de los supervisores La innovación del nuevo marco regulador de capitales depende, mayoritariamente, de la admisión de los modelos internos que desarrollan las entidades financieras. El Comité está convencido de que este nuevo marco de actuación debe promover la adopción de las mejores prácticas en la gestión de riesgos por parte de la industria bancaria, contribuyendo con la incorporación de las novedades metodológicas que vayan estando disponibles, y logrando que los requerimientos de capital sean más sensibles al riesgo, al mismo tiempo que estén sólidamente fundamentados desde el punto de vista técnico. Para conseguir este objetivo, el Comité ha provisto un conjunto detallado de requerimientos mínimos que pretenden asegurar la integridad del proceso de evaluación interna de riesgos. Sin embargo, el Comité advierte que no tiene la intención de dictar los últimos detalles sobre cómo deben ser en la práctica las políticas de riesgo bancarias. Cada supervisor es responsable del desarrollo de los procedimientos de revisión que garanticen que los sistemas y controles de los bancos sean adecuados para servir como base para el cálculo del capital. Por tanto, los supervisores nacionales deberán revisar de cerca el proceso de implementación de Basilea II, evaluando la 30

11 capacidad de cada banco para utilizar los modelos internos de riesgos desde un punto de vista integral. A. El tratamiento home-host del Nuevo Acuerdo de Basilea Las entidades internacionalmente activas, que son precisamente a las que se dirige Basilea II, tendrán que enfrentarse a múltiples procesos de supervisión con los reguladores nacionales de cada país en el que operen. En este sentido, el Comité reconoce que los supervisores del propio país (host) tienen una misión clave en la cooperación con los supervisores de los países de las matrices (home), para lograr la coordinación necesaria a fin de alcanzar una implementación exitosa del Nuevo Acuerdo. Desde el inicio de la discusión de la propuesta de Basilea II, la comunicación y cooperación transfronteriza entre los distintos reguladores ha sido una fuente de preocupación para la industria bancaria. El Comité de Basilea comparte esta preocupación. Sin embargo, aunque en la versión final del acuerdo se ha incluido una sección específica sobre este tema, es una opinión generalizada de la industria que el documento final no agota la discusión sobre este tema, respecto a lo que inicialmente se había incluido en el comunicado de prensa del Comité de Basilea del pasado 11 de Mayo del Todo intento por garantizar la máxima coordinación entre reguladores home-host es vital para preservar la consistencia y, de esta forma, facilitar la eficiencia en la implementación del Nuevo Acuerdo dentro de los conglomerados financieros internacionales. Pero este afán por conseguir la máxima coordinación no solo debería circunscribirse al ámbito de los distintos reguladores, sino que también debería afectar a otros aspectos del Acuerdo, como por ejemplo, a los relativos al Pilar III, relacionado con la transparencia y la disciplina de mercado. La alineación del tipo de información que va a demandar el Nuevo Acuerdo con los que demandan las autoridades contables nacionales e internacionales es fundamental. En este campo hay un gran trabajo por realizar, y se podrían introducir mejoras relevantes en la información provista al mercado y, a la vez, lograr importantes reducciones de costos, en caso se logre una coordinación adecuada. B. Procesos de validación Además de los aspectos más globales de cooperación y comunicación entre reguladores, hay temas más específicos que también requieren una mención especial. En concreto, lo relacionado con la validación de los modelos constituye un factor 31

12 de preocupación para aquellos bancos que opten por los modelos de riesgo más avanzados. Con este objetivo, resulta necesario brindar alguna pauta sobre los temas clave a vigilar y la mecánica que deben seguir los supervisores. Precisamente, una iniciativa muy interesante es la que viene desarrollando el AIG y, sobre todo, su iniciativa de constituir un subgrupo de validación que, colaborando estrechamente con la industria, asumirá varias tareas en este campo. La primera iniciativa pasa por el diseño de una especie de recetario de temas de validación específicos, que debe servir de guía para los reguladores. La segunda pretende llevar a cabo un proceso de empaquetado de lo que serían los temas clave del proceso de validación. La tercera iniciativa busca lanzar una propuesta de colaboración entre supervisores, tratando de incluir también a los supervisores de fuera del G-10 a través del Core Principles Liaison Group. Finalmente, también se están promoviendo iniciativas conjuntas entre banqueros para discutir todo lo concerniente a las prioridades y problemas de validación. Indudablemente, todas estas iniciativas serán de gran ayuda para apoyar y facilitar los procesos de validación. La aplicación de Basilea II debe ser un objetivo esencialmente de medio plazo para todos los países. La situación de partida varía ampliamente en términos de la sofisticación de las entidades, de la calidad de los datos disponibles, del marco legal de referencia y de las habilidades de gestión de riesgos con las que cuentan las entidades. Es por ello que resulta imprescindible optar por un enfoque gradual y flexible en la implantación. Deberá fomentarse la búsqueda de adaptaciones específicas a las condiciones locales de los distintos entornos. No cabe esperar que, desde el inicio, se cuente con una disponibilidad amplia para afrontar la implantación completa del NAC, sino que debe buscarse dar los pasos adecuados, consolidando los avances logrados. Sin dudas, en el marco de un proceso de validación de parte del supervisor, la flexibilidad es una de las características más deseadas por los miembros de la industria bancaria. Las imperfecciones de los modelos que se pretendan validar deberán ser justificadas, las bases de datos incompletas podrían ser muy frecuentes al principio, por lo que será necesario admitir algunas simplificaciones. Existen numerosas razones para solicitar una interpretación flexible del NAC, al menos en sus etapas más iniciales. Este parece el único camino para conseguir el éxito final de promover la adopción de prácticas de gestión de riesgos más sólidas, ayudando a que los requerimientos de capital sean más sensibles al riesgo, y con unas metodologías de medición que sean lo más sensatas posibles, desde el punto de vista técnico y práctico. 32

13 Poco a poco, los supervisores tendrán la oportunidad de establecer requerimientos más precisos y exigentes, en la medida que se avance en experiencia y conocimiento de los elementos indispensables. No tiene sentido ser demasiado minucioso en el inicio, con detalles menores de la capacidad discriminadora de los nuevos modelos, especialmente si tenemos en cuenta que venimos de una regulación que no hace distinciones significativas entre una parte importante de los activos de riesgo. Para la implementación del Nuevo Acuerdo se necesitan alcanzar definiciones lo más amplias y homogéneas posibles de los principales conceptos involucrados. Por ejemplo, las definiciones de exposición, severidad y probabilidad de incumplimiento, deben ser consistentes y respetadas en todas las jurisdicciones. Sin embargo, la consistencia no debe ser sinónimo de inflexibilidad, el desarrollo debe basarse en un proceso de diálogo abierto entre reguladores y supervisores con el Comité de Basilea. En este sentido, para las entidades financieras internacionalmente activas, maximizar la coordinación entre supervisores home y host, y aumentar la coherencia en la implantación del Nuevo Acuerdo, desempeña un papel nuclear en el proceso de implementación. La clave del éxito de Basilea I fue la generalidad y homogeneidad de su implantación. Sin embargo, en Basilea II nos encontramos con un amplio conjunto de decisiones sujetas a la discreción del regulador nacional, con el riesgo asociado de terminar deteriorando la aplicación homogénea del acuerdo. En este sentido, deben evitarse las definiciones disímiles entre supervisores. Por ejemplo, el desarrollo de bases de datos con dos o más definiciones no solo es un problema de costos, sino que también es un problema de calidad de información, interna y externa, y de imposibilidad de un uso consolidado de la misma. No obstante, la adopción de definiciones homogéneas no soluciona todos los problemas, ya que existen casos en los que la carencia de evidencia empírica dificulta considerablemente el proceso estadístico de estimación de los parámetros. Por ejemplo, este es el caso de las llamadas carteras de bajo incumplimiento, donde el negocio de créditos corporativos es un claro exponente. La falta de evidencia empírica dificulta el poder alcanzar los requisitos mínimos estadísticos para la validación de los inputs necesarios para este tipo de carteras. La estimación de severidades puede ser muy difícil y dar lugar a resultados poco robustos, por lo que se deberán admitir soluciones imaginativas. Por ejemplo, la aportación de algún tipo de referencia ad-hoc por parte del regulador podría ser el ancla para el inicio de la calibración de las estimaciones internas de severidad para muchas entidades. Por otro lado, fomentar iniciativas de puesta en común de la experiencia de distintas 33

14 entidades también podría resultar de gran utilidad, de manera similar a las iniciativas que se vienen llevando a cabo en el campo del riesgo operacional. En particular, respecto a las estimaciones de severidad, una preocupación importante para los miembros de la industria bancaria es relacionada con las severidades para bancos y soberanos en la propuesta del IRB Foundation, que considera un valor elevado equivalente al 45%. Además, el hecho de que sea muy difícil que las entidades financieras puedan contar con datos suficientes que les permitan estimar las severidades para estas categorías de activos en el IRB Advanced, convierte en onerosa la solución de utilizar como referencia las mismas severidades del IRB Foundation. Por tanto, es deseable una reducción de las estimaciones de las severidades del IRB Foundation, haciéndolas más realistas, de manera que puedan usarse como ancla en el IRB Advanced. Por otra parte, el hecho de que durante el período transitorio las severidades en retail hipotecarias tengan un valor mínimo de 10% también causa de preocupación en la industria. Esta restricción no incentiva la segmentación de carteras, hecho más que deseable para realizar una política afinada de gestión de riesgos. Esta limitación es muy restrictiva en casos como el de las carteras hipotecarias con cierta antigüedad, que estén prácticamente amortizadas, donde la relación préstamo valor es muy baja y, por lo tanto, la severidad se encuentra claramente por debajo del umbral del 10%. Como vemos, la demanda de flexibilidad no solo debe detenerse en los aspectos más globales, sino que también debe descender a aspectos mucho más concretos. Por ejemplo, la gran heterogeneidad que existe en el campo de la definición de incumplimiento ha generado dificultades para las entidades con una fuerte implantación internacional, las que encuentran numerosas dificultades en la consolidación de las distintas cifras de riesgo, como consecuencia de la heterogeneidad de definiciones de incumplimiento en los distintos países en los que operan. No se puede ignorar el elevado costo que supondría construir bases de datos basadas en una definición cambiante de incumplimiento. En definitiva, la búsqueda de la homogeneidad debe estar acompañada con la correspondiente flexibilidad. Si no fuera así, se correría el riesgo de que el enorme esfuerzo que viene realizando la industria financiera, en términos de inversión para hacer frente a los requerimientos de Basilea II, fuera improductivo. El Comité de Basilea es consciente de estos problemas y no cabe duda de que se esfuerza en combatirlos. En este sentido, es de esperar que el AIG sea capaz de 34

15 proveer los criterios necesarios para mitigar estas dificultades, y aportar la suficiente flexibilidad para compatibilizar los distintos calendarios en la adopción del Acuerdo. Ciertamente se trata de un reto no exento de problemas, pero que es necesario afrontar. Una muestra de cómo avanzar en esta dirección es el accionar del CEBS (Committee of European Banking Supervisors), que está realizando un enorme esfuerzo por aumentar la coordinación entre los reguladores de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la implantación del Acuerdo. Se está trabajando para conseguir una definición concreta y homogénea de las áreas de discrecionalidad entre todos los reguladores. La realización de una lista para cada uno de los países de la Unión Europea, que incluya las opciones preferibles en las áreas de discrecionalidad, y la intención de difundir una lista única de consenso, compilando todas ellas, puede ser de gran utilidad para lograr una implantación coordinada del Acuerdo. Este tipo de iniciativas armonizadoras deben ser celebradas, y deberán redundar en una implantación más transparente, sencilla y eficiente para la industria financiera. V. El tratamiento de la pérdida esperada y la definición de capital elegible. A través de todo el proceso consultivo de Basilea II, la industria bancaria ha venido recomendando al Comité de Basilea que las pérdidas esperadas no fueran incluidas en los requerimientos del capital regulatorio, que por definición debería cubrir solo la pérdida inesperada, ya que el riesgo está asociado a lo inesperado. La pérdida esperada no es una sorpresa, por lo que no debería ser considerada como riesgo, aunque sí como un costo. En la versión final del Nuevo Acuerdo se permite, para los modelos IRB, la aplicación de un tratamiento separado para pérdidas esperadas e inesperadas en requerimientos de capital. Sin embargo, en el método estándar la pérdida esperada está aún incluida en los requerimientos de capital. La implicación más inmediata del tratamiento de pérdidas esperadas e inesperadas en los modelos IRB afecta al régimen de provisiones. Los bancos tendrán que comparar las actuales provisiones con las pérdidas esperadas, y calcular el exceso o defecto de provisiones. Cuando la pérdida esperada total sea menor que el monto total de provisiones, los bancos tendrán que deducir la diferencia. Las deducciones tendrán que realizarse en un 50% en el Tier 1 y en otro 50% en el Tier 2. Cuando 35

16 la pérdida esperada total sea menor que el monto total de provisiones, los bancos podrán reconocer esta cantidad como mayor capital en Tier 2, siempre con un límite del 0.60% de los activos ponderados por riesgo (o con un límite menor posible, a discreción del regulador nacional). Este enfoque implica un tratamiento asimétrico para las provisiones. La industria ha criticado fuertemente esta asimetría, demandando un tratamiento más justo, que permita, al menos en parte, asignar el exceso de provisiones en el Tier 1. Sin embargo, estas peticiones no han tenido éxito, y no parece haber, de momento, margen para más modificaciones en esta área. Los reguladores argumentan que en una situación de recesión económica, las provisiones podrían ser utilizadas. No obstante, si las provisiones fueran incluidas en el Tier 1, los bancos podrían verse obligados a hacer uso del capital, algo que no es fácilmente realizable en circunstancias económicas adversas. Sin embargo, en la opinión de los bancos, una propuesta tan asimétrica como la prevista para los excesos y defectos de provisiones, es excesivamente conservadora, y puede desincentivar la práctica, siempre recomendable, de generar provisiones por encima de los requerimientos legales. En todo caso, parece que aun trabajando con la hipótesis de un techo, es cuestionable si el límite propuesto del 0,60% del total de los activos ponderados por riesgo es razonable. Está claro que la regulación del exceso de provisiones es una de las tareas que deberá ser acometida en un futuro próximo. Con respecto a la definición de capital elegible, el Comité de Basilea admite explícitamente que este es un campo que también requerirá mayor trabajo en el futuro. Así, el Comité ha anunciado su intención de revisar la definición de capital como una continuación de la propuesta de revisión del Tier 1, que se anunció en la nota de prensa de octubre de Su intención es abordar el estudio de más aspectos relacionados con la definición del capital regulatorio. No obstante, en el contexto de esta revisión de largo plazo, no se tiene intención de proponer cambios antes de la implantación definitiva del Acuerdo. Mientras tanto, el Comité asegura que continuará sus esfuerzos para asegurar la aplicación consistente de las decisiones de 1998 sobre la composición del capital regulatorio en las distintas jurisdicciones. Sobre esta revisión futura de la definición de capital, merece la pena resaltar dos aspectos. El primero está relacionado con la clarificación de la definición de Tier 1 y Tier 2, especialmente en lo concerniente a los límites entre ambos. El segundo, debe orientarse a la migración hacia estándares de valoración a precios de mercado. 36

17 El Comité reconoce la importancia de la interacción de los estándares contables, ya que regímenes contables inconsistentes pueden afectar a la capacidad de comparación de las distintas medidas de adecuación de capital y a los costes de implementación. Aunque la separación entre pérdida esperada y requerimientos de capital sea ya un paso importante, el diálogo con las autoridades contables debe continuar para lograr reducir al máximo las discrepancias entre los estándares regulatorios y contables. Por último, además de la revisión de la definición del capital, debe tenerse en cuenta el objetivo de capital que se desea alcanzar. En este sentido, en la mayoría de las economías emergentes los estándares de capital actuales son elevados, lo que se traduce en ratios de capital elevados, en comparación con otros entornos. Este hecho, no hace sino reflejar el mayor nivel de riesgo relativo de estos países. La pregunta que subyace aquí es si, en estos casos, el principio general de Basilea II de mantenimiento del capital global no podría ser extrapolado a determinados sistemas financieros locales. En definitiva, se trataría no solo de mantener los requerimientos globales de capital, sino también de que no fueran significativamente distintos de los actuales, en aquellos sistemas financieros ya adecuadamente capitalizados. VI. Otros aspectos pendientes de mejora en el NAC El Comité de Basilea se ha comprometido a llevar a cabo los trabajos correspondientes para dar solución al tratamiento del doble default y a la problemática ligada al trading book, antes de la implementación del Nuevo Acuerdo. En estos momentos, hay un grupo de trabajo específico encargado de la revisión del trading book. Este grupo está integrado por miembros del propio Comité de Basilea y del International Organization of Securities Commissions (IOSCO), y está tratando de delimitar la frontera precisa que debería existir entre el trading book y el banking book desde el punto de vista regulatorio. Del mismo modo, está intentando investigar posibles problemas ligados a la iliquidez de los activos en el ámbito del trading book, concentración de riesgos, criterios de gestión de riesgos, etc. Será crucial que este grupo de trabajo termine su proyecto lo antes posible, si se pretende que sus conclusiones sean incorporadas a tiempo en el marco global de Basilea II. Este hecho es especialmente relevante en Europa, donde el calendario legislativo que marca la Unión Europea es muy exigente. 37

18 VI. Conclusiones y Recomendaciones La problemática del doble default viene motivada por la necesidad de reconocer que en las exposiciones avaladas, la probabilidad de incumplimiento después de la litigación, debe incorporar la correlación de default entre la contrapartida y el garante. Sin embargo, en el NAC se dice que, en ningún caso, un banco puede asignar a la exposición garantizada una probabilidad de incumplimiento o severidad tal que el activo ponderado por riesgo sea inferior que una exposición similar directa con el garante. Ni en los criterios generales, ni en los procesos de calificación, está permitido la consideración de los posibles efectos favorables de diversificación entre incumplimientos del prestamista y del garante, a efectos de determinar los requerimientos de capital mínimos. El Comité de Basilea ha manifestado que es necesario el reconocimiento de los efectos del doble default, aunque piensa que también es esencial considerar todas las implicaciones que esto puede conllevar antes de adoptar una solución definitiva. Estas implicaciones son especialmente importantes en el marco práctico de la medición de riesgos. Otro aspecto relevante, que todavía no ha sido adecuadamente definido, es el relativo a la mecánica de agregación de riesgos. En el momento presente se asume la independencia entre los distintos tipos de riesgo. Ahora bien, esta hipótesis de trabajo es demasiado simplista y exige desarrollar modelos más sofisticados que conecten, de forma más precisa, la estimación de los riesgos individuales (mercado, crédito, operacional, etc.) con la estimación del capital global necesario para hacer frente a las pérdidas del negocio 8. VII. Conclusiones El proceso consultivo para la revisión del NAC se ha traducido en una nueva propuesta que ya es toda una realidad normativa. Aunque todavía algunos aspectos están pendientes de resolver, se requiera implementar mejoras, y exista un costoso camino que recorrer hasta su plena implantación, una gran parte del recorrido ya se ha concretado con éxito. Para seguir avanzando sólidamente, es clave ser especialmente cuidadoso con la implantación del acuerdo. Este es un aspecto crítico en las economías emergentes, en las que los distintos puntos de partida de cada país y el ritmo de implantación 8 Véase Alexander (2004). 38

19 que se siga, son factores determinantes del éxito del proceso de implantación. En todo momento debe abogarse por enfoques que sean lo más graduales posibles, y por un alto grado de flexibilidad. Uno de los primeros obstáculos con los que se topará la implantación del Nuevo Acuerdo será el de definir el rol de los distintos supervisores y, más concretamente, la coordinación entre ellos. Para el supervisor de la matriz de un grupo financiero, su mayor preocupación debe ser garantizar los niveles adecuados de capitalización y provisionamiento de su supervisado. Por su parte, si bien con un ámbito distinto, esta debe ser también la preocupación fundamental para el supervisor de las filiales. En definitiva, ambos persiguen unos mismos objetivos, aunque con diferentes perspectivas. Es por ello que, aún siendo crítico, parece factible establecer criterios comunes, principios de coordinación, y delimitar responsabilidades entre los distintos supervisores. Un análisis desde un punto de vista agregado, sugiere que es necesario evitar una supervisión demasiado segmentada por países. El negocio financiero es un negocio global, en el que cada vez hay más entidades que trabajan bajo un entorno regulatorio multinacional. En este sentido, dado la complejidad del fenómeno, se necesita la máxima coordinación posible, tratando de alcanzar consensos, y evitar visiones miopes, encaminadas a satisfacer intereses sesgados o parciales. La implementación del Nuevo Acuerdo debe estar basada en el uso de definiciones lo más amplias y homogéneas posibles de los principales conceptos inherentes a los modelos. Las entidades financieras internacionalmente activas deben actuar dentro de una regulación coordinada al máximo entre supervisores home y host. No obstante, la homogeneidad perseguida no debe estar desprovista de la dosis adecuada de flexibilidad. Esta es la manera de lograr el máximo alcance del acuerdo y evitar que el gran esfuerzo realizado por la banca sea estéril. Una de las grandes tareas pendientes es la de reconocer con mayor profundidad los beneficios de la diversificación, sea cual sea su punto de origen. Aunque el Comité de Basilea admite que este es un tema en el que se debe seguir trabajando, creemos que es fundamental avanzar con urgencia en medidas prácticas que mitiguen esta notable deficiencia, con miras a la consecución de un modelo estandarizado que se pueda poner en práctica, del modo más generalizado posible. Junto a la problemática de la diversificación, el Nuevo Acuerdo de Basilea adolece también del problema del nivel de confianza implícito del 99,9%, utilizado para computar requerimientos de capital por riesgo de crédito. Como se ha mencionado, este nivel es requerido a todas las entidades financieras, independientemente del 39

20 ámbito en el que operen y de cual sea su rating objetivo. Si no se adecua este requisito, se corre el riesgo desincentivar el uso de modelos avanzados y de generar distorsiones competitivas, que terminen desnivelando el campo de juego, y afectando a la asignación de las inversiones entre las distintas economías. Por otro lado, en la versión final del Nuevo Acuerdo, se ha permitido que en los modelos IRB se aplique un tratamiento separado para pérdidas esperadas e inesperadas en los requerimientos de capital. Esto es, sin lugar a dudas, un gran avance que debe contribuir a fomentar el seguimiento de políticas adecuadas de provisionamiento, especialmente para aquellas carteras de calidades crediticias inferiores. En este nuevo marco, que está revolucionando la llegada de Basilea II, es fundamental que los bancos que compitan en los mismos mercados, lo hagan sujetos a las mismas reglas. Por ejemplo, si un banco local en una economía emergente tuviera que adoptar el enfoque estándar de Basilea II, entonces las filiales de las multinacionales deberían estar sujetos al mismo enfoque. Este debería ser un principio básico de no discriminación, que se traduciría en reciprocidad de tratamiento, de tal modo que los supervisores en cada país vean con naturalidad que una entidad internacionalmente activa, pueda tener modelos avanzados en unos países, y estándar en otros, hasta que las regulaciones vayan convergiendo. En este sentido, es fundamental que el Nuevo Acuerdo sea lo más neutral posible para todos los negocios. No es posible abstraerse al hecho de que es muy difícil conseguir una norma que se adapte a la realidad concreta de todos los países. Sin embargo, hay que tener presente que el objetivo declarado de Basilea II, de mantener el nivel global de capitalización del sistema, supone un juego de suma cero, por lo que cualquier beneficio para una parte implicará un perjuicio para otra. No obstante, parece claro que deben generarse incentivos de medio plazo para que en todos los entornos, las entidades financieras puedan asumir los desarrollos necesarios para la implantación de los modelos IRB. El desarrollo de modelos IRB tiene grandes ventajas para todos: para las instituciones financieras, en la medida que contribuye a la mejora de las prácticas de gestión de riesgos; para los supervisores, al poner a su alcance mejor información y mejores procedimientos de control de riesgos; y para el sistema financiero, al mejorar la estabilidad y la asignación de recursos, desde un punto de vista global. En este contexto, la mejora de la problemática del nivel de confianza y del tratamiento de la diversificación se hace imprescindible para generar los incentivos necesarios. 40

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