informe sobre la libertad de expresión en españa año 2012

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1 informe sobre la libertad de expresión en españa año 2012

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3 informe sobre la libertad de expresión en españa. año 2012

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5 Índice 1. Presentación Autores El estado de la libertad de expresión en España Valoración Test Análisis Elviro Aranda Álvarez: El marco jurídico Rodrigo Gutierrez: Las ayudas a la prensa Javier Fernández del Moral: La protección del periodista Leopoldo Abad: Jurisprudencia sobre libertad de información y de expresión José Ignacio Bel: La libertad de creación de medios de comunicación Justino Sinova: Conflictos con el poder político Loreto Corredoira: El acceso a Internet Anexo Documental 2012 Noticias Legislación Jurisprudencia Estudios Ubaldo Cuesta: Libertad de expresión y ciberespacio Carlos Ortega: Libertad de expresión y libertad de información en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

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7 presentación

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9 El compromiso de la Fundación Ciudadanía y Valores con los derechos humanos es algo originario y consustancial en nuestra organización y así consta en los documentos fundacionales. No podía ser menos en un think tank que tiene como propósito primordial promover el debate público y defender el pluralismo social y político como elementos básicos de una democracia verdaderamente ejercida. Desde el momento del inicio de nuestra andadura, las actividades de las diferentes Áreas de trabajo siempre han tenido como referencia los derechos humanos, explícita o implícitamente. Así la primera actividad fue sobre inmigración, no hace falta más que mencionar ese tema, para comprender cuántos derechos de la persona están concernidos en ese fenómeno y nuestro primer informe fue precisamente sobre Derechos Humanos y medios de comunicación. Y así ha seguido siendo después. Pero desde el primer momento fuimos conscientes, de algo que es compartido con la mayor parte de las personas que se ocupan de estas tareas: que un think tank que se preocupe por la democracia, las personas, el pluralismo, el debate público, tiene como uno de los puntos clave para abordar el de los medios de comunicación. Y en la medida de nuestras posibilidades no hemos dejado de abordarlo, constituyendo un referente continuo en nuestros trabajos. Hasta tal punto que la preocupación por la defensa de esta libertad preocupación histórica en toda lucha democrática y que ya en el S. XVIII dio origen a la primera enmienda de la Constitución de los EEUU dio lugar a un espacio propio dentro de nuestro quehacer y dando lugar al Observatorio de la Libertad de Expresión, con espacio propio en la página web. Justino Sinova se puso al frente del Observatorio donde, además de su blog con comentarios periódicos de la actualidad, dirigía un equipo de gentes del más alto nivel que procuraba hacer un seguimiento desde los diferentes puntos de vista: jurídico, político, académico, etc. y un amplio equipo coordinado por la profesora y documentalista Sonia Izquierdo han mantenido esta actividad que ya dio su primer fruto en 2012 con un análisis de la libertad de expresión en los medios de comunicación españoles. Esta vez un grupo de profesionales colabora especialmente en el análisis que se realiza en este Informe. Sus curriculum se encuentran detallados en otras páginas de esta publicación. Cada uno de ellos aborda una diferente perspectiva: el profesor Javier Fernández del Moral, de la Universidad Complutense, analiza el ejercicio del periodismo y el trabajo del periodista, Elviro Aranda profesor en la Universidad Carlos III realiza un estudio desde la perspectiva jurídica, mientras que el profesor Leopoldo Abad, de la Universidad CEU-S. Pablo lo hace de la jurisprudencia, los profesores Bel y Loreto Corredoira analizan la libertad de creación de medios de comunicación y el acceso a internet. Los dos son docentes en la Complutense. Mientras que dos periodistas de larga trayectoria (en la que no está ajena ni mucho menos la docencia) el propio Justino y Rodrigo Gutiérrez analizan los conflictos con el poder político y las ayudas a la prensa. Una visión completa toda ella ceñida al año 2012, Este es el propósito de un observatorio y de este Informe: poder dar comienzo a un análisis anual del estado de la cuestión. Cuestión bien relevante y fundamental para la salud de la democracia y para la convivencia ciudadana. Toda evaluación debe tener perspectiva y un seguimiento en el tiempo para que adquiera algo de valor fundado. Éste es sólo un primer paso. El año 2012 es el analizado. Pero por todo lo dicho pienso que no podemos empezar mejor. Ojalá podamos seguir así. Además de este trabajo ceñido y volcado directamente sobre el 2012 podrá el lector encontrar todas las noticias de ese año que son fuente de este estudio se completa con una serie de estudios de colaboradores del Observatorio, que añaden profundidad, criterio e información al Informe y aportan un marco intelectual muy interesante sin ceñirse necesariamente a lo acontecido en el año en cuestión. Damos así las gracias especialmente al profesor Ubaldo Cuesta y al Letrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ortega por sus valiosísimas aportaciones. Se añaden después de cada análisis unas poquísimas noticias, a modo de ilustración y testimonio y sin criterio valorativo, que reflejan lo comentado en cada uno de los trabajos de los autores y aligeran la lectura. En el anexo documental se incluye la relación completa del material estudiado. En el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se lee: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 7

10 fundación ciudadanía y valores investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Queremos contribuir a defender estos valores. El hecho de ofrecer una valoración del estado de la cuestión impide una autocomplacencia cómoda y acrítica. Se podrá estar de acuerdo o no con la valoración final, pero este ejercicio exige y así lo han hecho los que han elaborado el documento, un análisis comprometido. Buscando valores, puntos fuertes y debilidades, que permitan no bajar la guardia en un tema crucial. No sólo bajarla sino poder ponerse objetivos para un mejor ejercicio de esta libertad que es guardia y garantía de la de todos. José María Román Portas Director General de la Fundación Ciudadanía y Valores 8

11 Autores

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13 Justino Sinova Director del Observatorio de la Libertad de Expresión en la Fundación Ciudadanía y Valores. La Libertad de expresión ha sido uno de sus principales objetos de estudio en el ámbito académico. Periodista, escritor y profesor universitario (en la actualidad, catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo) ha publicado numerosas investigaciones sobre la materia, entre otros libros La censura de Prensa durante el franquismo (premio Espasa 1989) y La Prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad frustrada (Debate, 2006). Como periodista ha trabajado y escrito en Europa Press, Informaciones, Diario de Barcelona, Diario 16 y El Mundo, entre otros medios. Ha participado como comentarista y contertulio, entre otros, en Radio Nacional de España, Onda Cero, Tele 5 y TVE. Es autor del blog La libertad más frágil, que se publica en y en Leopoldo Abad Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense (Premio Extraordinario de Terminación de Estudios Universitarios) y Licenciado en Derecho por la UNED. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Actualmente es profesor Agregado de Derecho Constitucional (Especialidad en Derecho de la Información) y Vicerrector de Alumnos de la Universidad CEU San Pablo. Profesor en varios Master (Master de Periodismo del Diario El Mundo/Recoletos, Master de Abogacía Internacional, Master de Radio COPE, Master de Comunicación Corporativa de TRACOR, Master de Comunicación Cultural CEU, entre otros). Ha sido Profesor visitante de las Universidades de Burdeos (Montesquieu IV), París II/Panthéon-Assas, École Superieur de Comerce Exterieur de París y en la Universidad de Guadalajara (México). Ha sido miembro de ocho proyectos de investigación competitivos, en dos ellos como IP. Autor de un gran número de publicaciones vinculadas a la regulación de la actividad comunicativa. ElviRo aranda ÁlvaRez Profesor Titular en la Universidad Carlos III de Madrid en el área de Derecho Constitucional. Universidad Carlos III de Madrid. En sus líneas de investigación el Derecho Parlamentario, Derechos Fundamentales. En particular, derecho de igualdad y no discriminación y acceso y ejercicio de cargos públicos, Justicia Constitucional y Cooperación institucional internacional. Diputado durante la VIII y IX Legislaturas. Durante ese periodo fue Vicepresidente de la Comisión Constitucional y Viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Monografías: Los actos parlamentarios no normativos y su control jurisdiccional, Cuotas de Mujeres y régimen electoral, Estudios sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género, Coautor del libro Veinte años de Jurisdicción constitucional en España, Coautor de la obra de AA.VV. Estudios sobre inteligencia: fundamentos para la seguridad internacional, Democracia paritaria. Un estudio crítico. Ignacio Bel Doctor en Ciencias de la Información, Derecho de la información, es director de de Comunicación en IESE Business School desde Su experinecia ha ido siempre entre dos especialidades: el derecho de la informacion, con ramificaciones etico informativas y la comunicaciçonn institucional. Hace diez años que dirije un máster de Comunicación Institucional en la Fundación Coso. LORETO CORREDOIRA Periodista. Profesora Titular de Derecho de la Información en la UCM. Doctora en Ciencias de la Información. Licenciada en Derecho. PDD (IESE 93). Imparte materias sobre Telecomunicaciones e Información desde También da un Doctorado en Derecho de los Contenidos On Linedesde Abogada del Colegio de Madrid. 11

14 fundación ciudadanía y valores JavieR FeRnÁndez del MoRal Es Catedrático de Periodismo Especializado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid desde 1983, Facultad de la que fue Decano desde 1990 a Es autor entre otros de títulos como Modelos de Comunicación Científica para una Información Periodística Especializada (Dossat, 1983); Fundamentos de Información Especializada (Síntesis, 1997), Areas de Especialización Periodística (Fragua, 1999); Periodismo de Fuentes (UPSA, 2002) o Periodismo Especializado (Ariel, 2004). Es miembro de varias asociaciones internacionales de comunicación, Presidente de la Junta de fundadores de IBERCOM, socio fundador de la Academia de la Televisión en España y miembro del Consejo Asesor del Programa hispanonorteamericano Business Opportunities, un executive program de la Universidad de Harvard, en colaboración con el Real Colegio Complutense. Es en la actualidad el Director Académico del Centro Universitario Villanueva, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid con tres áreas: jurídico-empresarial; educación y comunicación, cada una con títulos de las correspondientes licenciaturas de la Universidad Complutense y títulos propios tanto de grado como de postgrado. Rodrigo Gutiérrez Rodrigo Gutiérrez es licenciado en Ciencias de la Información. Tiene una larga experiencia en el mundo de la comunicación y de la empresa. Desde 2011 es director general de Reti España, compañía especializada en comunicación estratégica, líder en Lobbying, Government Affairs y Media Relations. En 2008 fundó el periódico económico semanal Dossier Empresarial, especializado en economía productiva. También puso en marcha la consultora Step Comunicación, enfocada en las estrategias de comunicación corporativa y branding. Anteriormente, desde 1999 hasta 2006, fue subdirector del diario ABC, después de más de diez años de jefe de Redacción de ese periódico. A lo largo de su dilatada carrera profesional ha participado en numerosos foros y congresos nacionales e internacionales. 12

15 El estado de la libertad de expresión en españa

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17 valoración Los autores del presente Informe han valorado la calidad de la regulación de la libertad de expresión en España y las posibilidades prácticas de su ejercicio en la vida cotidiana. Lo han hecho mediante la respuesta a un test de diez preguntas que abarcan las cuestiones básicas que permiten evaluar la salud legal y de ejercicio (por los ciudadanos, por los profesionales, por la justicia) de una libertad fundamental. El test cumple los estándares básicos de investigaciones análogas realizadas por organizaciones internacionales como Freedom House o Reporteros sin Fronteras. La presente evaluación es la primera que se efectúa por una institución española, e inaugura un proyecto de la Fundación Ciudadanía y Valores para realizar, a través de su Observatorio de la Libertad de Expresión, un seguimiento periódico de este valor básico de la convivencia en libertad. Notable bajo: 7,21 El estado de la libertad de expresión en España merece una calificación de notable bajo. En una escala de 0 a 10, obtiene una puntuación de 7,21, según las evaluaciones efectuadas por los expertos que han participado en la redacción de este informe de Funciva, en el que se contemplan tanto la legislación vigente sobre la materia como la práctica cotidiana de este derecho fundamental. Para obtener un dato numérico que permitiera valorar el estado de la libertad de expresión en nuestro país, se presentó a los expertos participantes un test con diez cuestiones, y sus apreciaciones sirvieron para obtener la nota media de 7,21. Esta calificación se sitúa por encima de un simple aprobado pero al mismo tiempo está lejos de la que merecería una posibilidad de ejercicio de la libertad de expresión plenamente satisfactorio. Aunque la nota más alta del test se la lleva el libre acceso y el uso de Internet, incluida la libertad de creación de páginas web, que alcanza un sobresaliente casi absoluto (9,9), lo más destacable en términos generales es que la valoración que obtiene la regulación constitucional de la libertad de expresión es más positiva, en conjunto, que su ejercicio práctico. El texto de la Constitución de 1978, que reconoce y protege los derechos y libertades relacionados con la comunicación, merece un sobresaliente (9,2). A partir de ahí, todos los demás aspectos del test muestran problemas para la libertad de expresión, muchos de ellos provocados por interferencias de carácter político. La nota más baja es la referida a las ayudas públicas a los medios (5,3), no tanto por su existencia a las que no habría nada que oponer si fueran establecidas con criterios objetivos que fueran suficientemente conocidos sino por la opacidad con que son concedidas, especialmente en el ámbito autonómico. Las ayudas públicas han sido en la historia de la comunicación uno de los canales que han facilitado la incursión del poder político en el espacio de producción de los medios y ahora su falta de transparencia, que convierte 15

18 fundación ciudadanía y valores en misión imposible una determinación fiable de su cuantía, permite la sospecha de que algo anómalo ocurre en algún rincón. Conocer el destino y el importe de las ayudas públicas forma parte del derecho a la información de los ciudadanos y su ocultación afecta no sólo al prestigio del poder político sino también a la credibilidad de los medios. La cuestión de los límites generales a la información y a la expresión de opiniones no preocupa en cuanto a su regulación legal. Los límites establecidos en las leyes están basados en la protección de los derechos fundamentales de la persona, pero en la práctica su quebrantamiento encuentra una respuesta generalmente lenta de la administración de justicia, anomalía que es especialmente nociva en la esfera de la comunicación pública. La muy positiva calificación del primer aspecto se compensa con la deficiente del segundo y la combinación de ambas ofrece una media de 7,3 puntos. Hay límites específicos que se sustentan en razones políticas de oportunidad. El más decisivo es el que impone a las televisiones originalmente a las de titularidad pública pero ahora ya también a las privadas reglas precisas para el tratamiento de la información en campaña electoral. Como son normas que afectan a una parte de los medios de comunicación y no a su totalidad, la calificación no desciende hasta el suspenso que es lo que se merece tal control político electoral y se queda en un aprobado bajo (5,6). El control político de la comunicación se produce también por otras vías. Todavía permanece la limitación legal para la creación de medios audiovisuales por ondas al estar supeditada a la concesión administrativa de una licencia, que en la práctica confiere el poder político de turno en los ámbitos nacional y autonómico y que de esa forma tiene capacidad para decidir quién puede y quién no comunicar por radio y por televisión. Esta falta de libertad de creación de empresas en la práctica que responde a la calificación como servicio público de la radio y la televisión contrasta con la completa libertad de creación de medios impresos y, en internet, de medios de cualquier tipo. De la valoración de ambos aspectos, uno negativo y otro positivo, resulta una puntuación de 5,9. Todavía se puede encontrar otra forma de interferencia del poder político en el campo de la comunicación. Los expertos consultados coinciden en afirmar que, por regla general, el poder político respeta la libre actuación de periodistas y medios, lo que no impide su derecho a criticar y a contradecir sus contenidos, como lo tienen todos los receptores de sus mensajes, pero coinciden también en subrayar la intervención política en las televisiones públicas de las Comunidades Autónomas, ninguna de las cuales ha tomado la decisión de iniciar su enajenación ahora que el Gobierno central se ocupó de promover una ley, promulgada en 2012, que por primera vez se lo permite. Ya se conoce, por el contrario, que varias Comunidades no tienen intención alguna de prescindir de ese aparato tantas veces utilizado como instrumento de propaganda. La calificación, 6,8. El trabajo de los periodistas se ha visto afectado seriamente por la crisis económica, que ha provocado reducciones de plantillas cuando no cierres de medios de comunicación. No se puede desconocer que la precariedad en el empleo es un factor que afecta a la independencia profesional. Junto a la crisis de las empresas periodísticas y sus consecuencias para el ejercicio profesional, hay que considerar la protección legal regulada al más alto nivel: la Constitución reconoce la garantía de la cláusula de conciencia y del secreto profesional del periodista. La primera es objeto de una ley específica; el segundo, sin ley de desarrollo, es admitido generalmente por los tribunales: 7,4. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que es muy abundante sobre la materia, fortalece el derecho a la libertad de expresión. Es muy explícita en cuanto a los derechos fundamentales de las personas, que a veces pueden ser afectados por la comunicación y que necesitan ser defendidos. La doctrina del Constitucional sobre la verdad en la información es insuficiente en cuanto no entra en el concepto de la verdad pero favorece la difusión de información rectamente obtenida. Su sentencia contra el uso de la cámara oscura, pese a las críticas recibidas, está basada en la defensa del derecho a la intimidad. La calificación media es 7,8. Por el contrario, la protección en la práctica de la propiedad intelectual en internet deja que desear (6,9 de media), aunque la ley acabó regulando de manera aceptable la lucha contra la piratería. La lentitud de la justicia queda muy en evidencia en el campo de las nuevas tecnologías, caracterizado por la rapidez en la toma de decisiones y en la transmisión de mensajes. El cierre con garantía judicial de una página web no puede interpretarse como 16

19 informe sobre la libertad de expresión en españa. año 2012 un atentado a la libertad de comunicación ni menos como una censura cuando pretende la defensa de derechos fundamentales de la persona y el derecho a la propiedad intelectual. Pero hay un problema en la falta de rapidez de la respuesta, que entraña el riesgo de que el derecho quede desprotegido. De estas calificaciones en las diez partes de que consta el test resulta la media de 7,21, notable bajo. En resumen, queda patente que la regulación legal de la libertad de expresión en España es muy positiva, pero frente a eso se observan deficiencias de funcionamiento que establecen límites prácticos no queridos por la ley y que constriñen el ejercicio del derecho. Al margen de los retrasos observados en el funcionamiento de la justicia, el principal causante de esos límites alegales o ilegales es el poder político, cuya intervención en el ámbito de la comunicación es excesiva y, como cabe temer siempre que se extralimita, turbadora. La solución a los problemas de la libertad de expresión ha de empezar por una limitación del poder político, que debe quitar sus manos de los medios de comunicación, especialmente de los medios de titularidad pública pero también de un sector de los privados. Veremos en próximos ejercicios si el poder se retira y se limita a ejercer de vigilante de los problemas, no en su causante, facilitando también que los tribunales tercien con eficacia, o sea, con celeridad, en las irregularidades. Justino Sinova 17

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21 test Este test de diez preguntas es el que han respondido los autores del Informe. En él se contienen las cuestiones esenciales acerca de la regulación y del ejercicio de la libertad de expresión en España. Con las notas asignadas por cada experto, en la escala de 0 a 10, se ha obtenido la nota media de cada cuestión y con todas ellas la nota media general. A cada pregunta se ha añadido posteriormente una breve explicación de los fundamentos de las calificaciones adjudicadas. A parte de ello, todas las cuestiones son tratadas con amplitud en los análisis de que consta este Informe. 1. Está regulado adecuadamente en la Constitución el ejercicio de la libertad de expresión? Sí. La Constitución reconoce y protege de forma muy positiva el derecho a la información y a la expresión de las ideas, y cualquier libertad relacionada con la comunicación. 2. Los límites establecidos en las leyes están basados en la protección de los derechos fundamentales de la persona y se llevan a la práctica de modo satisfactorio? Sí. La Constitución y las leyes que la desarrollan implantan los límites imprescindibles para que los derechos personales no sean lesionados gratuitamente. La lentitud de la Justicia es un inconveniente para que la protección sea completamente eficaz en la vida práctica. 9,2 7,3 3. Hay límites a la libertad de expresión que se sustentan en razones políticas de oportunidad? Sí. Hay límites establecidos para la información electoral por televisión, pública y privada, que imponen reglas que favorecen a los partidos políticos y que privilegian a los que obtuvieron mejor resultado en las elecciones anteriores. Estas normas no rigen para los demás medios. 4. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo contribuye a fortalecer el derecho a la libertad de expresión? Sí. Es muy abundante sobre el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Es deficiente sobre la verdad informativa. La sentencia del TC que rechaza el método de la cámara oculta está funda en la defensa del derecho a la intimidad. 5,6 7,8 19

22 fundación ciudadanía y valores 5. Es completamente libre la creación de medios de comunicación o está sometida a algunas restricciones? No es completamente libre pues la creación de televisiones y radios en el espacio de las ondas hertzianas está condicionada a la obtención de una licencia que concede la Administración política. Contrasta este sistema con la total libertad de creación de medios escritos y de medios de cualquier tipo en internet. 6. Respeta plenamente el poder político la libre actuación de periodistas y medios? Generalmente, sí, pero con una importante excepción. Es constante la denuncia sobre la interferencia del poder político en las televisiones públicas autonómicas. Contribuye a confirmar esta irregularidad el hecho de que casi todas las Comunidades Autónomas se nieguen a prescindir de la televisión pública, que dominan y que asisten con los presupuestos públicos. La autorización para privatizar la televisión autonómica es una novedad regulada por el Gobierno este año pero no ha tenido aún efecto práctico. 7. Reciben los medios de comunicación ayudas públicas, establecidas con criterios objetivos y sometidas a información transparente? Las ayudas públicas a nivel estatal son escasas pero las ayudas a nivel autonómico son abundantes. La información sobre ello es muy insuficiente; es una asignatura pendiente de transparencia. 8. Está convenientemente protegido el trabajo de los periodistas? La crisis ha provocado precariedad en el empleo y condiciones de contratación muy frágiles; los periodistas suelen quejarse de su inestabilidad laboral y de los efectos negativos que tiene para su independencia profesional. La cláusula de conciencian supone una ayuda en situaciones límites. El secreto profesional es plenamente respetado por los tribunales. 5,9 6,8 5,3 7,4 9. Es libre el acceso y el uso de Internet, incluida la creación de páginas web? Sí. 9,9 10. Está protegida por la ley y en la práctica la propiedad intelectual en internet, con seguridad jurídica? Sí, aunque más en la ley que en la práctica. La ley de Propiedad Intelectual remite al juez la decisión última de sancionar con el cierre de una página web su actividad de pirateo, que es muy abundante en España. La voluntad de la ley no es correspondida por la celeridad de la acción de la justicia, que carece de recursos suficientes para desenvolverse en un terreno tan nuevo y a la vez tan cambiante como el informático, según manifiestan en el ámbito judicial. 6,9 MEDIA 7,21 20

23 ANÁLISIS

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25 el marco jurídico La libertad de expresión en España está regulada en la Constitución de un modo muy positivo. Lo mismo cabe decir del derecho a la información, como de la libertad de creación y la libertad de cátedra, manifestaciones todas ellas de la libertad de comunicación reconocida y protegida plenamente. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha contribuido a fortalecer el derecho a esta libertad. En el campo profesional del periodismo se echa en falta una mejor ordenación de la cláusula de conciencia y del secreto profesional, objeto la primera de una ley pero carente el segundo de la correspondiente ley de desarrollo, que se suplen en la práctica por la doctrina del alto tribunal. A las puertas de la entrada en la Segunda Guerra Mundial, en 1941, Franklin D. Roosevelt pronunciará ante el Congreso de los Estados Unidos de América el denominado Discurso de las cuatro libertades. En esta declaración Roosevelt señala las libertades fundamentales que toda persona en cualquier lugar del mundo debería poder disfrutar. Pues bien, la primera de ellas es el Freedom of speech and expression. En el mismo sentido, la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1946 indica que la libertad de información y expresión es un derecho humano fundamental y piedra de toque de todas la libertades. Han transcurrido más de setenta años de esas declaraciones, sin embargo, la libertad de expresión sigue necesitando de su reclamación y defensa en muchos lugares del mundo. Las siguientes páginas, desde la convicción de la importancia que la libertad de expresión representa para los ciudadanos y la democracia, tiene como objeto presentar el marco constitucional español y las declaraciones internacionales fundamentales para su defensa. Marco jurídico constitucional español de la libertad de expresión La libertad de expresión en sentido lato recogida en el artículo 20 de la CE tiene, al menos, cuatro manifestaciones: la libertad de expresión en sentido estricto, derecho a manifestar libremente opiniones o ideas (art a) STC 51/1989 ; la libertad de creación literaria, artística, científica y técnica (art b) ATC 197/1982 ; la libertad de cátedra, o libertad de expresión de los docentes (art c) STC 217/1992 ; y la libertad de información, o derecho a transmitir y recibir libremente información veraz (art d) STC 52/2002. Desde las primeras sentencias del Alto Tribunal se constata que la libertad de expresión supera con mucho su valor como derecho fundamental de las personas, ya que posee una función institucional incontestable que la cualifica. La democracia representativa necesita de la libertad de expresión, hasta el punto de que sin ella no es posible la existencia de una sociedad libre y, por lo tanto, la soberanía popular. En la Sentencia 6/1981, Caso Medios de Comunicación Social del Estado I, el Alto Tribunal dijo que la Constitución garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1.2 de la CE, y que es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política. 23

26 fundación ciudadanía y valores Aunque lo que nos interesa es la libertad de expresión en su vertiente ejercicio de la libertad de información, también es conveniente tener presente al menos dos cuestiones muy simples sobre la libertad de expresión en sentido estricto: la libertad de expresión ampara la difusión de ideas y opiniones desarrollada en cualquier circunstancia y con cualquier medio. La difusión de esas ideas u opiniones ha de ser libre. Cualquier restricción previa supone una forma de censura proscrita en el artículo 20.2 de la CE. Por supuesto, ello no impide que se tenga que tener en cuenta que puede confluir el ejerció de la libertad de expresión con otros derechos (art CE). Finalmente, se ha de apuntar que la libertad de expresión implica la posibilidad de creación de empresas de comunicación para el ejercicio del derecho. Libertad de información Como apuntaba al inicio, la libertad de información está en el ámbito de la libertad de expresión (STC 30/1982) y, al mismo tiempo, aparece como un derecho con un perfil específico (STC 105/1983, Caso Vinader). Se podría decir, que son derechos complementarios, puesto que si la libertad de información se muestra como una concreción de la libertad de expresión, está puede ser un complemento para los sujetos que ejercen aquella estoy pensando en la distinción entre lo que es información y opinión en el ejercicio de la actividad periodística. La primera, estaría protegida por la libertad de información y la segunda, por la libertad de expresión. La libertad de información se proyecta en la vida de los ciudadanos de dos formas: derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión; y el derecho recíproco a recibir dicha información en iguales condiciones. Por otro lado, en la libertad de información hay tres cuestiones básicas a determinar: los sujetos titulares del derecho a la información, las formas para su búsqueda y obtención y el objeto de la información. En cuanto a los sujetos del derecho, lo son todos los ciudadanos. Sin embargo, eso no impide reconocer que hay una categoría de ellos que ejercen de forma más frecuente ese derecho por razón de su profesión: los periodistas también las empresas de información. Por ello, el TC ha dicho que esa relación especial entre el derecho y la actividad profesional conlleva ciertas consecuencias jurídicas sin menoscabo de que no se puedan deducir privilegios para ellos (SSTC 30/1981, caso Diario 16, 105/1983, caso Vinader y 165/1987, caso Asociación de Vecinos). En cuanto a la forma de búsqueda y obtención de la información. Evidentemente, aunque el derecho habla de la difusión de la información, es lógico que previamente se necesite recopilarla; para ello, los profesionales de esta actividad cuentan con preferencias para el acceso a espacios, recintos y ámbitos públicos donde puedan conseguirla. En la realización de esta actividad acceso a la información la situación de los terceros es distinta si estamos ante sujetos privados o públicos: para los primeros, no existe ninguna obligación de proporcionarla, salvo mandato legal, y siempre se podría oponer el derecho al honor, intimidad y propia imagen del art. 18 de la CE (conflicto que ha generado una abundante jurisprudencia y que analizaré en otro momento posterior). Para los segundos, el derecho a la obtención de la información estaría complementado con el deber de publicidad de todas las Administraciones Públicas evidentemente, el deber de información del Estado y el derecho al acceso a la información tiene límites, v.gr. arts. 105.b) y de la CE. En cuanto al objeto del derecho a la información, el artículo 20.1.d), habla de difundir información veraz. Aquí hay dos cuestiones a dilucidar: la primera, referida al término información. El problema se plantea a la hora de diferenciar la información de la opinión. Evidentemente, esta distinción es bien complicada de hacer. Sin embargo, el TC ha acometido ese objetivo señalando que la libertad de información se refiere a la transmisión de hechos, mientras que las opiniones no quedarían comprendidas en este derecho pero sí en el derecho a la libertad de expresión (STC 105/1990, Caso José María García). La segunda, está referida a cómo debe ser la información: veraz. La obligación constitucional de que la información transmitida sea veraz ha planteado notables problemas en dos sentidos: uno, referido a la determinación de qué se ha de entender por veracidad; y dos, sobre las consecuencias del incumplimiento de que lo que se transmite es información de esa naturaleza. El TC ha dicho que la veracidad es la correspondencia entre los hechos y circunstancias descritos con la realidad, al menos en sus 24

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