Sentencias Derecho Civil

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1 1.- Responsabilidad Civil Médica. Sentencias Derecho Civil La presente sentencia, aborda el caso de una persona que se sometió a una cirugía estética, y que demanda una indemnización a su doctor por incumplimiento de contrato. Considera la demandante que el resultado de su cirugía no fue el óptimo, lo que le provocó perjuicios que requieren ser indemnizados conforme a derecho. La responsabilidad civil puede originarse de dos formas: una, por vía contractual, cuando una de las partes incumple un contrato; y otra, que nace sin que exista un vínculo jurídico anterior. Esta última, llamada responsabilidad civil extracontractual, es de muy variada aplicación, y tiene como destinatarios a un amplio catálogo de sujetos, entre ellos, los médicos. En este caso, una persona que se sometió a una cirugía estética, demanda a su doctor por incumplimiento de contrato, al considerar que el resultado de su operación no fue el esperado, provocándole daños tanto físicos como psicológicos. La defensa del demandado, esgrime a su favor, la naturaleza de las obligaciones médicas, las cuales, por regla general, son obligaciones de medios ; es decir, de aquellas en las cuales no se está obligado a conseguir un resultado específico, sino sólo a desplegar los mayores esfuerzos para conseguirlo. Así, en el caso en comento, la defensa del doctor señala que, habiendo cumplido éste cabalmente con el conjunto de principios que guían la práctica médica (lex artis), no es de su responsabilidad que el resultado de la operación no haya sido el previsto en un principio. El tribunal, sin embargo, no considera este argumento como válido. Ello, pues, se trata de una cirugía estética y no de una cirugía curativa. La diferencia, según la Corte, radica en que el resultado físico de las operaciones estéticas era parte de la reputación del médico, dado que en su sitio web, éste publicaba fotografías con un antes y un después de las intervenciones realizadas a sus pacientes. Ello, a juicio del tribunal, constituye un indicio de que el resultado positivo fue un factor esencial por el cual la demandante contrató sus servicios. De este modo, y atendidas tales consideraciones, la Corte declara el incumplimiento de contrato por parte del médico, y ordena pagar los daños materiales de dicho incumplimiento (es decir, el valor de las nuevas operaciones estéticas para remediar la anterior y cualquier otro desembolso con motivo del incumplimiento), y, asimismo, lo condena a la indemnización de los daños morales constituidos por el sufrimiento y deterioro espiritual sufrido por la demandante. Sentencia Corte Suprema, Rol Nº de 12/09/2011. Recurso de Casación en el Fondo. 2.- Simulación de contratos.

2 En el presente caso, una mujer con problemas financieros, y frente a la posibilidad de que le embarguen su local comercial, decide vendérselo a su propio hijo, a fin de que el embargo no pueda trabarse sobre dicho inmueble. El acreedor, frente a tal maniobra, solicita que esta compraventa sea declarada nula por parte del tribunal. El caso en comento nos pone frente a la llamada simulación, que consiste precisamente en simular un contrato específico, que esconda o disimule la celebración de otro diverso, o bien, en sólo crear una apariencia de realidad a los ojos de terceros, no existiendo voluntad real en orden a obligarse. Ocurre con cierta frecuencia cuando una persona pretende transferir gratuitamente bienes a otras, pero simulan una compraventa, de manera de evitar el pago de ciertos impuestos. La simulación requiere que ambas partes contratantes sepan que están celebrando un contrato carente de voluntad real. Cabe señalar que la simulación no es ilícita en sí misma, pero sí lo es cuando tiene por objeto defraudar los derechos de un tercero. En este caso, la mujer y su hijo se ponen de acuerdo precisamente para simular la celebración de una compraventa, con el propósito exclusivo de evitar el eminente embargo. Cabe hacer presente aquí, que el embargo es una medida compulsiva que ordena un juez, para lograr que el deudor de una obligación cumpla con ella. No significa, por cierto, que el embargado pierda la propiedad sus bienes, sino que simplemente pierde la posibilidad de disponer de ellos (en este caso, venderlos). Luego, el acreedor puede pagarse con el producto del remate de esos bienes embargados, en el caso que el deudor no solucione antes su deuda. El tribunal, en la sentencia del caso en estudio, considera que la única finalidad de esta compraventa fue la de defraudar a los acreedores, y en consecuencia declara que el contrato entre la madre y su hijo es nulo por falta de voluntad real, en orden a vender y comprar, respectivamente. Así, como efecto propio de la declaración de nulidad, la situación queda tal como en el momento anterior al contrato de compraventa simulado, o sea, el local permanece en propiedad de la mujer, y en consecuencia puede ser legítimamente embargado. Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, Rol de 28/07/2011. Acción de simulación; nulidad absoluta. 3.- Daño moral en la responsabilidad extracontractual. Corresponde indemnizar el dolor emocional derivado de un incumplimiento de contrato? Este caso plantea dicha interrogante, respecto a una Isapre que puso término a su contrato con una persona, dejándola en una situación de vulnerabilidad en cuanto a su salud. Hasta 1994, los tribunales sostenían mayoritariamente que no se podía indemnizar el dolor o sufrimiento que acarrea el incumplimiento de un contrato. Sin embargo, actualmente es casi unánime la opinión contraria. Es decir, sí se puede indemnizar el daño moral en materias contractuales.

3 En el caso en análisis, una Isapre puso término anticipado al contrato con una familia, debido a que, según la institución, la madre de la familia sufrió una enfermedad que era anterior al contrato y que no había declarado, es decir, le imputó lo que se denomina una preexistencia. Frente a tal decisión, la familia demandó el incumplimiento del contrato y la indemnización de los perjuicios que les ocasionó perder su cobertura de salud, que entre otras cosas, obligó a pagar de su propio bolsillo el costo de una hospitalización que la Isapre consideró innecesaria. En la tramitación del juicio, la Isapre no pudo demostrar su afirmación acerca de la preexistencia, por lo que el Tribunal declaró el incumplimiento de contrato, condenándola a indemnizar todos los gastos en salud que la familia tuvo mientras no estuvo cubierta por la Isapre. Lo interesante del caso, es que además de eso, el tribunal condenó a la Isapre a indemnizar el daño moral derivado de este incumplimiento de contrato. Es decir, todo el dolor y la sensación de riesgo de no tener cobertura médica, no sólo del padre de familia, quien era el contratante, sino que de su mujer y sus hijos, afectados colateralmente. Sentencia Corte Suprema, Rol Nº de 25/07/2011. Recurso de Casación en el fondo, acogido. 4.- Indemnización de perjuicios y deber de mitigar el daño. Una mujer demanda a una clínica por los daños que le ocasionó la demora en el tratamiento de pre parto y el parto mismo, lo que derivó en severos daños neurológicos para su hijo, los cuales se mantendrán de por vida. El caso en análisis, plantea la interrogante de hasta dónde debe extenderse la obligación de reparar el daño causado por culpa o malicia. Frente a la acción de la demandante, la clínica alega la inexistencia de vínculo contractual con las víctimas, deslindando responsabilidad en su médico tratante. En concreto, la clínica esgrimió que ella sólo puso la infraestructura al servicio del médico, el cual en definitiva fue quien no apareció a tiempo a las labores de parto, siendo éste el único responsable de los perjuicios causados. Al respecto, resulta ilustrativo precisar que el principio de responsabilidad es una máxima que cubre todo nuestro ordenamiento jurídico. Este principio nos indica que todo aquel que causa un daño a otro, está obligado a repararlo. A su vez, este daño puede originarse ya sea por un incumplimiento de contrato o bien a raíz de un hecho entre dos personas que no tienen ninguna relación. Así, distinguimos entre responsabilidad contractual y extracontractual, respectivamente. También debemos considerar que, en materia extracontractual, existe el deber de reparación íntegra, que consiste en reparar todo el daño ocasionado, ya sea material (llamados daño emergente y lucro cesante ) o moral (que no se puede cuantificar de manera exacta). En este caso, fue determinante en la decisión del Tribunal, el hecho que la familia mantuviera una relación constante con la clínica, demostrada a través de boletas de honorarios de los tratamientos antes realizados, por lo que, a juicio del

4 sentenciador, sí existía obligación de la clínica de asistir a la madre, sin importar si su médico tratante estaba o no en el momento adecuado. Por tales consideraciones, se condena a la clínica a reparar íntegramente el daño causado a la familia. En tal sentido, la indemnización comprende lo que el juzgador denomina como deber de mitigación, y que consiste en la obligación de la clínica de indemnizar a la familia por todo el daño que se causará en el futuro, ya sea por tratamientos y medicamentos, así como el sufrimiento por cuidar a un niño con problemas neurológicos, que de no mediar la negligencia de ellos, no se habría ocasionado. Cabe destacar que este tipo de indemnizaciones caen dentro del ítem daño moral, y que son fijadas prudencialmente por los jueces de fondo. Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº de 01/10/2008. Recurso de Apelación; confirma. 5.- La causalidad en la responsabilidad extracontractual. En este fallo, se plantea el problema de la causalidad en materia de responsabilidad extracontractual. La construcción de un edificio causa serios daños en la estructura de la casa vecina, por lo que se discute sobre la procedencia de la indemnización, lo que nos lleva en consecuencia a dilucidar si el daño en la casa es producto de la construcción aledaña. En el Derecho Civil, existe el principio de responsabilidad, según el cual todo daño ocasionado a otro, debe repararse, ya sea en naturaleza (es decir, en la misma forma en que se produjo el daño) o por equivalencia (es decir, mediante una suma de dinero sustitutiva del daño ocasionado). Asimismo, en materia extracontractual, debemos tomar en cuenta diversos elementos. El primero, es la existencia del daño. El daño es todo menoscabo a un simple interés, o un cambio de una situación que no correspondía cambiar, y que genera un perjuicio a una o más personas. Este daño debe tener como antecedente la acción de otra persona, para que podamos establecer un vínculo entre ambas. El segundo elemento, es precisamente esta relación de causalidad. Hay variadas formas de determinarlo, pero la más simple es atender a la condición sin la cual. Es decir, realizar una pregunta hipotética y elaborar los hechos a partir de considerar el curso normal de las cosas, sin la ocurrencia del hecho. En este caso, y de acuerdo también a lo que pudo apreciar el tribunal en la inspección personal que realiza en el inmueble afectado, no queda lugar a dudas de que, sin la existencia de la construcción aledaña, los daños en la propiedad no se hubieran ocasionado. De este modo, la inmobiliaria, que no tomó los resguardos debidos en consideración a la actividad que realiza, queda obligada a indemnizar el monto equivalente a la desvalorización de la propiedad en cuanto a su estructura, y asimismo al daño moral, por el sufrimiento emocional que debió padecer el dueño de la casa, al ver con impotencia como día a día su hogar se presentaba con fallas debidas a dicha construcción.

5 Sentencia Corte Suprema, Rol Nº de 05/11/2010. Recurso de Casación en el Fondo, desierto. 6.- La acción revocatoria. Este fallo analiza la procedencia de la acción revocatoria o pauliana, en el caso de una persona que obligada al pago de rentas adeudadas, crea una sociedad con el fin de traspasarle parte de su activo patrimonial y así burlar a su acreedor. En la generalidad de las relaciones contractuales existe un acreedor y un deudor. Cada vez que un deudor se atrasa en el pago de sus deudas, el acreedor tiene la opción de forzar su cumplimiento mediante los procedimientos establecidos para ese fin. En este caso, el acreedor logra establecer en un juicio que su arrendataria le adeudaba una serie de rentas. Así, y frente a la posibilidad de que le inicien un juicio ejecutivo en su contra, con el consiguiente embargo y remate de las cosas, la deudora crea una sociedad junto a sus hijos y su marido, en la que ella aporta la totalidad de los bienes que poseía, de manera de despojarse de su dominio, y así evitar que dichos bienes puedan ser embargados. Es eso posible? En nuestro derecho existe la llamada acción pauliana o revocatoria, que precisamente busca evitar este tipo de fraudes a los acreedores, por parte de un deudor que conoce sus deudas pero que aun así no desea pagarlas. Para que opere esta acción, deben reunirse los requisitos que exige el artículo 2468: a) debe ser un acto voluntario del deudor; b) el acreedor que lo alega debe tener un interés; c) que el acto se haya hecho de mala fe. En este caso, el tribunal vislumbra la mala fe de la deudora, puesto que la sociedad creada fue con sus hijos menores de edad, quienes aportaban un capital insignificante a la misma, siendo casi el total aportado por ella de los bienes que posiblemente serían embargados. En consecuencia, su acto fue con la intención de despojarse de sus bienes para no pagar, por lo que el tribunal anula esta constitución de sociedad, y ordena que todos los bienes pasen nuevamente al patrimonio de la deudora, quedando sujetos a un eventual procedimiento de apremio. Sentencia Corte Suprema, Rol Nº de 10/01/2010. Recurso de Casación en el Fondo, acogido. 7.- Interdicción provisoria. Este caso analiza la procedencia de la interdicción provisoria, como facultad privativa de los jueces de fondo, dentro de un procedimiento voluntario de interdicción por demencia. La interdicción es una declaración judicial que prohíbe a una persona la administración de sus bienes, ya sea por demencia u otros motivos. Esta situación es excepcional, dado que en nuestro ordenamiento jurídico, la regla general es que todas las personas son capaces.

6 Asimismo, esta capacidad se divide en la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La primera de ellas es un atributo de la personalidad, y todas las personas la poseen en tanto son personas. Consiste básicamente en la aptitud para ser titular de derechos. La segunda, no obstante ser una forma de capacidad, se adquiere a una determinada edad, y consiste en la aptitud para obligarse y realizar actos en la vida jurídica sin autorización ni representación de otra (por ejemplo, firmar un contrato). Más precisamente, el artículo 1447 del Código Civil, nos dice que son incapaces absolutos los dementes, los impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Es importante notar que, para el caso de los dementes, es necesario que un juez lo declare así, en el procedimiento de interdicción. Este procedimiento es una gestión voluntaria, según el artículo 4 de la Ley Nº , en los casos en que la persona potencialmente interdicta está inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad, que lleva para estos casos el Registro Civil. Debemos notar también que el término demencia no está definido en la ley, por lo que la jurisprudencia ha ido dándole forma en los términos más amplios posibles; siendo comprensivo de todas las anomalías psíquicas demostrables. La interdicción provisoria puede darse, a criterio del juez, si existen los antecedentes, mientras no se falle el fondo del asunto. Para ello, se requiere el informe del defensor público, que defienda los intereses del presunto interdicto. Una vez terminado el procedimiento, un extracto de la sentencia debe ser publicado tres veces en un diario de circulación regional o nacional, y se debe inscribir en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Sentencia Corte de Apelaciones de Concepción, Rol Nº de 10/06/2008. Recurso de Apelación; confirma.

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