EL ANÁLISIS SEMANAL DE PRIMERA PIEDRA. (Nº 619 del 27 de abril de 2015) 1. También puede saber de nosotros en twitter

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1 EL ANÁLISIS SEMANAL DE PRIMERA PIEDRA (Nº 619 ) 1 LA POLÍTICA SIN IDEAS ESTIMULA LA CORRUPCIÓN También puede saber de nosotros en I.- ANTE LA CRISIS NO BASTA CON EL LIDERAZGO DE LA PRESIDENTA. Rafael Urriola U. La presidenta Michelle Bachelet este viernes en el marco del prelanzamiento de las conclusiones del Consejo Asesor contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y Corrupción anunció, No siempre supe condenar con fuerza y a tiempo modos imprudentes de hacer negocios. La Presidenta, con frecuencia, ha dicho que no quiere comentar asuntos que están en los tribunales pero, Mónica Rincón de CNN, señaló que no se pronunció durante suficiente tiempo en que el tema no estaba en tribunales. Como sea, en política los tiempos son decisivos. Es común escuchar que la salida a la crisis está directamente relacionada con que la Presidenta asuma el liderazgo. Algunos claman por ello, pese a que suelen no saber en qué consiste esta acción. De hecho, nombró la comisión; mandó proyectos de ley anticipados referidos a la probidad en los alcaldes y concejales (pero no parlamentarios) que pasó también desapercibido; dijo que comandaría directa y personalmente el problema de la corrupción -o como quiera que se llame- pero el título del consejo asesor lo incluye. Los resultados de las encuestas no le permiten remontar aún!!. Es evidente que en un gobierno con el peso personal -tanto en la campaña como en los resultados electorales- que tiene la Presidenta Bachelet, no hay fuerza capaz de equilibrar esto y si el liderazgo y, especialmente la confianza, caen como indican las encuestas- las soluciones tendrán que irse politizando y afirmando en contenidos. Así parecen haberlo entendido los asesores y el cambio no se dejó esperar. La presidenta fue 1 Este análisis y los anteriores se encuentran en Hay errores frecuentes en los servidores de correo electrónico, por lo que Ud. puede siempre acceder al Análisis Semanal en esta página web. A la sección de comentarios y opiniones puede escribirnos a primerapiedra@gmail.com 1

2 enfática en decir en su discurso de este viernes que: ese va a ser el sello de mi gobierno y la marca principal de mi legado; dejar una democracia más transparente, más ética y más legitima a los ojos de sus ciudadanos. No está de más reconocer que los pilares de igualdad, reforma tributaria, reforma educacional, reforma política (fin al binominal), reforma laboral, a las Isapres y a las AFP s que estaban en las prioridades programáticas, quedaron desdibujadas por el tsunami de la corrupción que puso el caso Penta, Caval, Soquimich y un etcétera que no termina. El sello esperado, hoy es otro Si bien, es solo una frase la que leyó la Presidenta, no es menor saber si hay un cambio fun-da-men-tal en las prioridades que ella se plantea para su gobierno. Asimismo, cabrá discutir si las resoluciones de la comisión son tan trascendentes como se nos ha anunciado. Recuérdese que esa comisión fue constituida al estilo chileno como en el Banco Central, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el directorio de TVN, etc. etc., es decir, mitad derecha y mitad nueva mayoría, en general, independientemente de las capacidades técnicas de los postulantes pero esta vez dejando fuera a los más críticos (en el próximo número discutiremos tales propuestas). Por mientras, cabe evaluar con mayor precisión el debate entre el ministro Peñailillo y la Vieja Guardia cuyo guante fue recogido por un aspirante a la Vieja Guardia como el presidente PS, Osvaldo Andrade. Un real consagrado de la Vieja Guardia es el cuatro veces presidente del PS. Con la esperanza de ser por quinta vez presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, esta semana ha opinado de diversos temas. Entre ellos, decir que Marco Enríquez dividió al PS (primera vez que se conoce que el PS hubiese sido dividido hace seis años). Pero también opinó acerca de sus aliados: Con la sola excepción del presidente del Partido Comunista todos los demás somos hijos de la Concertación. Con esta frase intenta descartar cualquier opinión crítica acerca de lo que pasó y decir quizás todos somos Vieja Guardia. El ex senador arriesga que justamente, ese sea el problema actualmente. Es decir, que hoy ya sea el momento de un cambio de ciclo, de personajes y de liderazgos. Pero, nunca el asunto ha sido el cambio por el cambio. Lo que en realidad está en la discusión no es la edad de los protagonistas, sino sus ideas; no es, haber o no, ejercido responsabilidades públicas en los últimos años, sino cuál es la posición con respecto al presente y al futuro; no es haber estado contra Pinochet, sino estar hoy, contra los abusos actuales que son impresionantemente numerosos y amplios; y, muy especialmente, quienes están por intensificar las reformas y quienes por mantener el statu quo. Y, finalmente, la definición central que engloba lo anterior es, quienes están por hacer los cambios a partir de transformaciones Constitucionales y quienes quieren solo hacerlos a través de temas específicos. Este texto aparecerá antes que se sepa los resultados de las elecciones internas del PS. Habrá tiempo para saber quién ganó y quién perdió; así como, para saber qué importancia tendrá este resultado. Por más que algunos auguren grandes problemas y 2

3 divisiones en el PS, la historia demuestra que el logo y la institucionalidad han sido capaces de superar grandes crisis y ésta podría ser, incluso menor que en otros momentos. Pero, al mismo tiempo, el PS como partido, hoy no es más que en 1990, que no era mucho. Habrá, asimismo, tiempo en la historia, para saber si esta última elección nacional en Chile hubiese podido ser ganada por la coalición sin una candidata que superó toda expectativa de adhesión personal. En el futuro inmediato no existe una alternativa similar. Sin duda, que hay una enorme ofensiva de la Vieja Guardia trannsversalizada. Pérez Yoma, Correa, Garretón, Bitar, Escalona, Insulza, coinciden en opiniones y se turnan en foros para exigir cambios de nombres, jurando respaldo a las propuestas programáticas. Ellos mejor que nadie saben que una vez en el poder todo se puede negociar. Es la historia de los últimos 25 años. II.- GRAN GOLPE DE CIPER: véalo en LA LISTA COMPLETA: LA VERDAD SOBRE LAS EMPRESAS QUE FINANCIAN LA POLÍTICA EN CHILE. Por : Daniel Matamala Ayudante de investigación: Yanara Barra, estudiante de periodismo UDP. Una investigación de Daniel Matamala revela por primera vez todas las empresas que han aportado a candidatos e instituciones políticas en los diez años de elecciones regidas por la ley de financiamiento. El análisis de las compañías revela la entrega de más de $2 mil millones de la Papelera, las redes de Penta y SQM para financiar la política, la presencia de bancos, isapres, AFPs, casinos y sanitarias y el rol de actores clave: Hernán Büchi y Jorge Rosenblut. Este es un adelanto de un libro que el periodista prepara con el apoyo del Centro de Investigación y Publicaciones (CIP) de la UDP. Son Un largo listado que se lee como un completo quién es quién de la gran empresa chilena. Están las eléctricas y las mineras, el retail y los casinos, los bancos, Isapres, AFPs y compañías de seguros. Esta nómina es la primera mirada global a las empresas que han financiado la política en Chile en la última década, mediante donaciones directas o a través del mecanismo secreto, aunque no ilegal, de los aportes reservados, obteniendo beneficios tributarios. EL PODER DE LOS GRANDES GRUPOS La presencia de los grandes grupos económicos en la lista es abrumadora. Todos los grandes conglomerados del país -18 en total-, listados según en el ranking de riqueza de la Universidad del Desarrollo (UDD) de septiembre de 2014, sin ninguna excepción, han entregado dinero a campañas o entidades políticas, y han pedido al Servicio de Impuestos Internos (SII) las franquicias tributarias a las que tienen derecho para descontar esos aportes de sus impuestos. 3

4 La lista es liderada por el Grupo Matte, con 33 empresas aportantes. Entre ellas, están la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y varias compañías ligadas a la emblemática Papelera, el Banco Bice, la eléctrica Colbún y Entel. La Compañía Industrial El Volcán es la más constante: ha aportado en todos y cada uno de los años electorales desde 2004, cuando entró en vigencia la ley de financiamiento electoral, es decir, en periodo de elecciones presidenciales y parlamentarias, y también municipales. Cuál es el monto de los aportes? Una pista la entrega una investigación previa de CIPER, que, revisando actas de los directorios, descubrió donaciones totales por $215 millones para la campaña de 2013, a través de dos de sus filiales: Colbún Transmisión y Río Tranquilo. Mucho mayores son las donaciones de la CMPC. En un hecho que hasta ahora había pasado inadvertido, su reporte de desarrollo sostenible de 2013, publicado en agosto del año pasado, lista dentro de las inversiones de carácter social sus aportes a campañas electorales. El monto total es de US$1 millón 345 mil ($823 millones al cambio actual). La ley establece un aporte máximo por empresa de 10 mil UF ($247 millones) por tipo de elección, pero esa cifra puede multiplicarse en un año electoral como 2013, con aportes simultáneos para cuatro elecciones distintas: Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales. Además, la ley que regula los beneficios tributarios para aportes políticos, establece que la donación deducida no puede superar el 1% de la renta líquida imponible de la empresa. Además, hay otra manera sencilla de evitar el tope legal para financiar campañas: el Grupo Matte distribuye sus platas entre varias compañías. En el caso de la Papelera, además de la matriz Empresas CMPC y de la accionista Cominco, también entregan dinero a la política sus filiales Forestal Mininco, Forestal CMPC, Papeles Cordillera, CMPC Celulosa, Cartulinas CMPC, CMPC Tissue, Industrias Forestales, Bioenergías Forestales, Portuaria CMPC, Forsac, Envases Impresos e Inversiones CMPC, distribuyendo así las platas políticas de la forestal entre 14 firmas vinculadas. En años anteriores, los reportes de desarrollo sustentable de la CMPC también incluyen algunas cifras de aportes según la ley de donaciones políticas: US$ en 2004; US$ en 2005; US$ en 2006; US$ en 2008 y US$ en En total, en los seis años informados, la Papelera suma US$3,7 millones. Al tipo de cambio actual, equivalen a poco más de $2 mil millones. 4

5 Así, sumando a las filiales de Colbún y de la CMPC, las platas políticas del Grupo Matte suman al menos $2.287 millones. Esa cifra incluye los montos de sólo 16 de las 33 empresas donantes de los Matte en un solo año electoral de los siete en que ha regido la ley (exceptuando a la CMPC). Del resto, no existe información pública. Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte aparecen en el puesto 683 en el ranking mundial de billonarios de Forbes, con una fortuna de US$2.800 millones. El 17 de abril, Eliodoro Matte reconoció que hemos financiado a candidatos a través de aportes reservados. También descartó categóricamente que su grupo aporte por medio de boletas, y negó presiones para los candidatos beneficiados por la billetera de sus empresas. Yo jamás he llamado a un parlamentario para pedirle que vote en tal o cual sentido un proyecto, afirmó. LUKSIC, ANGELINI Y FALABELLA Al Grupo Matte le sigue el Grupo Luksic, el mayor conglomerado económico de Chile. Con una fortuna familiar de US$13 mil 500 millones es también uno de los principales mecenas de los políticos chilenos. Los Luksic -en estos días en el ojo del huracán por el negocio de Caval y la estrecha vinculación entre Andrónico Luksic y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon-, aportan mediante 18 empresas diferentes, incluyendo al Banco de Chile, CCU, y las mineras Los Pelambres, Antofagasta PLC y Esperanza. También la matriz del holding, Quiñenco, hace sus propios aportes a campañas y entidades políticas. 5

6 Un nombre que se repite en la entrega de platas políticas es el de Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet, director de varias empresas y estrecho colaborador de Julio Ponce Lerou, controlador de Soquimich. Además de ser director de SQM, Büchi también interviene en las decisiones del grupo Luksic. Es así como aparece en la sesión del directorio de Quiñenco del 6 de junio de 2013, que decide la entrega del aporte a campañas, aunque sin consignar su monto. Antes, en septiembre de 2009, Büchi había sido especialmente invitado, en calidad de asesor, al directorio de la CCU, en el que se aprobó la entrega de platas políticas por vía secreta, aunque legal. CCU ha entregado dinero en todos los años de campañas presidenciales, y en 2009, con Büchi actuando como invitado, además sumó a dos filiales, Cervecera CCU Chile y Embotelladoras Chilenas Unidas. El caso de Minera Los Pelambres es especial, no sólo por el conflicto que ha enfrentado este año con vecinos de Caimanes y Salamanca por el uso del agua. También, porque en este caso, el directorio de la empresa acordó en 2013 un aporte no superior a los $825 millones, especificando que debía resguardarse el criterio de equidad. Los generosos aportes a la política de parte de la minera no son una novedad: ya había entregado dinero en 2004, 2005, 2008, 2009 (años electorales) y 2011 (cuando no hubo elecciones). Empatado con el Grupo Luksic está el Grupo Solari-Cúneo-Del Río con 20 empresas que financian la política. En el negocio del retail se cuentan Sodimac y cinco compañías filiales de Falabella. Según las actas de directorio reveladas por CIPER, sólo en la última campaña Falabella Retail donó $80 millones, mientras que Sodimac entregó $196 millones. Esta última ha repetido sus aportes en: 2008, 2009, 2012 y 2013, todos ellos años de elecciones. También Plaza S.A. y ocho malls del grupo aparecen en la lista: Plaza Antofagasta, Plaza del Trébol (Talcahuano), Plaza El Roble (Chillán), Plaza La Serena, Plaza Oeste, 6

7 Plaza San Bernardo, Plaza Tobalaba y Plaza Vespucio (los cuatro últimos en Santiago). Ellos han donado tanto a campañas municipales como parlamentarias. Con 16 empresas donantes lo sigue el Grupo Angelini. El ámbito de Celulosa Arauco es especialmente activo en política, con aportes de Celco y de otras seis compañías del grupo relacionadas al negocio forestal. Corpesca, actor fundamental del debate en la última Ley de Pesca, también aparece en la lista, junto a otras dos pesqueras del Grupo Angelini: San José y Orizon. Tras la aprobación de la ley que favoreció los intereses de Angelini y los demás empresarios dueños del mar chileno, CIPER reveló que Corpesca además entregó -al margen del conducto legal del Servel- $25 millones a un asesor de la diputada Marta Isasi, quien respaldó la posición de las grandes pesqueras en la tramitación en el Congreso. El CDE se querelló contra Isasi, su ex asesor Georgio Carrillo y el entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por cohecho y soborno. LAS CAJAS PAGADORAS DE SQM Y PENTA Más atrás aparece un nombre célebre por estos días: el Grupo Penta. Aparte de los ya conocidos aportes ilegales, el grupo de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano también montó una amplia operación de donativos políticos, que involucra a 14 compañías de su propiedad. Las más constantes en sus aportes son las Isapres: Banmédica (con donaciones en 2005, 2007, 2008, 2009 y 2012), y Vida Tres (en 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013). Nota de la Red: es decir estos aportes lo estan financiando todos los cotizantes a las Isapres porque son parte de sus costos. También aparecen en la nómina la Clínica Santa María, la Clínica Dávila, la aseguradora Penta Security, Penta Las Américas, Inversiones Banpenta, Penta Administradora General de Fondos, Penta Capital de Riesgo, Penta Corredores de Bolsa, Penta Propiedades, Vida Íntegra y la matriz Empresas Penta, dando cuenta del uso de toda la red de empresas relacionadas para allegar fondos a campañas o partidos, aprovechando de paso las exenciones tributarias. 7

8 La familia Von Appen sigue en el ranking con 13 empresas. El grupo entrega dinero por medio de la naviera Ultramar, el Terminal Pacífico Sur Valparaíso y el Puerto de Mejillones, entre otros. Wolf von Appen, líder del grupo naviero, es al mismo tiempo director de SQM. Y la compañía controlada por Julio Ponce Lerou también aparece en este listado, entregando financiamiento en todos los años de elecciones (excepto en 2009), mediante cinco sociedades: Soquimich Comercial, SQM Salar, SQM Potasio, SQM Nitratos y SQM Industrial. Así, Penta y SQM utilizan formas complementarias para entregar financiamiento político: al mecanismo legal de los aportes reservados -y, eventualmente, las donaciones legales- se suma el uso extensivo de boletas por servicios no prestados para fines políticos, un ilícito que actualmente investiga el Ministerio Público y que les permitió a Penta y a la minera controlada por Ponce Lerou evadir impuestos. Según declaró ante la Fiscalía el actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, el aporte reservado del holding en la última campaña presidencial y parlamentaria fue de US$1,1 millón. Julio Ponce Lerou dio un margen mucho mayor en su declaración ante los persecutores: El directorio de la compañía decide efectuar aportes de campañas políticas mediante la ley de aportes reservados. La cifra exacta no la manejo, pero debiera ser más de un millón y menos de US$10 millones, declaró según La Tercera- el controlador de SQM. LOS MILLONES DE ENERSIS El Grupo Enersis decidió una donación por un monto que impresiona: US$2,5 millones para las campañas de 2013 ($1.274 millones en ese momento). Una cifra aún más relevante considerando que es una práctica habitual: Enersis ya había hecho aportes los años electorales de 2004, 2005, 2008 y Entre los proyectos más controvertidos de la multinacional en Chile se cuentan Ralco, Punta Alcalde e Hidroaysén. Las actas del directorio de su filial Endesa Chile, del 30 de agosto de 2013, prueban la entrega de US$1 millón ($509 millones en ese momento), pero no se explicita cómo se repartieron los dineros para cumplir con el tope legal de $247 millones por tipo de elección. Para esos efectos, en campañas anteriores el grupo usó otras dos compañías, Chilectra y Luz Andes, para canalizar aportes reservados a campañas.t 8

9 El uso de múltiples filiales de la misma empresa se repite una y otra vez en los casos de grandes compañías y de los mayores grupos económicos, lo que constituye una forma de burlar los límites legales a los aportes vía Servicio Electoral. En el caso de Endesa, el directorio mandató a su entonces presidente Jorge Rosenblut (en la foto) para distribuir el millón de dólares entre los candidatos. El empresario (ex PPD), tiene vínculos de sobra con el mundo político. En 2005 fue el líder del equipo recaudador de la primera campaña de Michelle Bachelet. Antes había ejercido como subsecretario de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei, y actualmente es pareja de la secretaria general de la Presidencia, la ministra Ximena Rincón (DC). En la última campaña, Rosenblut volvió a actuar como recaudador del bacheletismo, y en 2012 se reunió con el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, mano derecha de Julio Ponce Lerou, para promover un apoyo económico a la aún no declarada candidatura de Bachelet, según reconoció en entrevista con El Mercurio. Así, Rosenblut estuvo simultáneamente en ambos lados del mesón en el tránsito de platas entre las empresas y la política: repartiendo dinero desde una compañía y, al mismo tiempo, recaudando para una candidatura. Una doble militancia que aparentemente fue bien vista por sus empleadores: en 2014, ya con Michelle Bachelet en La Moneda, Rosenblut fue ascendido a la presidencia del holding Enersis, cargo que ocupa en este momento. PAGA LA BANCA El poder de los bancos en el proceso político ha sido objeto de debate desde el regreso de la democracia. El sector bancario ha influido fuertemente en la regulación que lo afecta asegurando suculentas ganancias para su actividad (US$2,7 millones sólo entre enero y agosto de 2014). Un poder que el entonces presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad (DC) en la foto, resumió públicamente cuando se declaró el papá de la guagua tras el acuerdo por la reforma tributaria. Pues bien, los cuatro mayores bancos privados de Chile, listados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) según su participación en colocaciones, también aparecen en la nómina de financistas de la política. El Santander tiene aportes por $320 millones en 2013, para ser repartidos velando por un razonable equilibrio. El Banco de Chile, del Grupo Luksic, ha hecho aportes permanentes: en 2004, 2005, 2012 y Estos se suman a las donaciones de sus filiales: Banchile Corredores de Bolsa, Banchile Factoring y Banchile Administradora General de Fondos. El Banco Crédito e Inversiones (BCI), del Grupo Yarur, financió directamente la política en 2005 y 2008, pero ha estado presente en todos los años de elecciones a través de los aportes de ocho de sus filiales. En la última campaña, las elegidas para entregar dinero fueron BCI Asset Management, BCI Corredor de Bolsa y BCI Factoring. En este caso, el directorio autorizó entregar el máximo que la normativa establece. 9

10 Multiplicando el tope legal de $247 millones por los cuatro tipos de elección simultánea y las tres filiales, ese máximo podría llegar a $2.964 millones. Corpbanca, del Grupo Saieh, ha entregado dinero en todos los períodos electorales: 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 y De hecho, el acuerdo de fusión firmado el año pasado entre Corpbanca e Itaú especifica que los accionistas se comprometen a que Corpbanca haga donaciones políticas a beneficiarios que serán propuestos y acordados con los accionistas y que serán consistentes con las prácticas pasadas de los últimos cuatro años. El mismo acuerdo detalla que durante 2013, el grupo hizo aportes a la política por $1.005 millones, los que desglosan así: Corpbanca, $866 millones; Corpbanca Corredores de Bolsa, $12 millones; Corpbanca Corredores de Seguros, $90 millones, y Corpbanca Administradora General de Fondos, $37 millones (Álvaro Saieh, cabeza del grupo, aporta el porcentaje más importante del financiamiento de CIPER). (Nota de la red: esta frase es del original; no de Primera Piedra). Así, sumados a otras entidades financieras, como el Bice, el Security y el Banco del Desarrollo, los bancos que son mecenas de la política dominan ampliamente el mercado: acaparan más de dos tercios de las colocaciones del sistema, por un monto total de unos US$146 mil millones, según las cifras a junio de 2014 de la SBIF. CASINOS, ISAPRES Y SANITARIAS Y los demás grupos económicos? Ya está dicho que el Grupo Yarur aporta mediante ocho empresas, todas vinculadas al Banco BCI y sus negocios de seguros, corredores de bolsa, factoring, administración de fondos y asesorías financieras. En la lista de donantes figuran tres empresas del Grupo Said, incluyendo el Parque Arauco y dos del Grupo Cueto: Latam Airlines y Lan Cargo. El Grupo Security aparece con seis, partiendo por el banco del mismo nombre. El Grupo Paulmann financia campañas mediante ocho de sus empresas: Cencosud, Easy y Costanera Center, entre ellas. El Grupo Hurtado Vicuña figura con cinco vinculadas a Consorcio Financiero. El Grupo CGE suma diez compañías, con presencia de las empresas eléctricas de Arica, Iquique, Atacama, Melipilla-Colchagua- Maule, Antofagasta y Talca. Aparte de las cuatro empresas financieras ya mencionadas del Grupo Saieh que aparecen con aportes a la política, en la nómina del SII figuran otras tres empresas del mismo grupo. Otros empresarios conocidos por su actividad política también lideran grupos económicos relevantes que han hecho aportes a candidatos. Rafael Guilisasti, estrecho colaborador de Andrés Velasco, donó a través de Viña Concha y Toro. Andrés Navarro (foto), amigo y jefe de campaña de Sebastián Piñera en 2005, aportó mediante Sonda y la Viña Santa Rita. Guilisasti ha reconocido haber pedido y recibido aportes reservados para sostener la campaña de Velasco, mientras que Andrés Navarro admitió haber entregado dinero de manera irregular a campañas: Estas facturas las tiraba a gastos es una irregularidad, pero afortunadamente están todas prescritas, afirmó a Radio Duna. La lista de los 18 mayores grupos del país según la UDD, todos los cuales han realizado donaciones políticas, se completa con el Grupo Fernández León (cuatro empresas 10

11 donantes, sin contar su participación como socio de Penta en las empresas Banmédica); y con Sigdo Koppers (a través de Puerto Ventanas). El listado también incluye a Agrosuper. La empresa avícola fue condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a pagar US$25 millones por haberse coludido con Ariztía y Don Pollo para limitar la producción y asignarse cuotas de mercado. La empresa de Gonzalo Vial obtuvo franquicias tributarias por aportes políticos en 2005, 2008, 2012 y 2013, todos años electorales. Entre los aportes reservados a la política llama la atención la presencia de empresas cuyos ingresos provienen de los pagos de cotizaciones por seguridad social de los trabajadores chilenos. Además de las ya mencionadas Banmédica y Vida Tres del Grupo Penta, en la nómina están la Isapre Colmena (2005), y la AFP Cuprum (2004, 2005, 2008, 2009 y 2012). Eso significa que una parte de esas cotizaciones fueron destinadas de forma secreta a financiar campañas políticas, partidos o institutos de formación política. Y hay más casos en áreas económicas reguladas o sensibles. En la nómina aparecen tres casinos de juegos de la familia Fischer, donando preferentemente en años de elecciones municipales, organismos desde donde son fiscalizados: los de Punta Arenas (2012), Temuco (2012) e Iquique (2008 y 2013). También hay concesionarias de agua potable: Aguas Araucanía (2005), Aguas del Altiplano (2005 y 2008), Aguas Magallanes (2005 y 2008), Aguas Nuevas (2008), Aguas Patagonia de Aysén (2005) y Aguas Antofagasta (2009). Esta última pertenece al Grupo Luksic, mientras que las cuatro primeras estaban vinculadas, en el momento de los aportes, al Grupo Solari (*). El traspaso de dinero empresarial a la política es mucho más relevante en años electorales. Pero algunas empresas también declaran donaciones en períodos sin elecciones como 2007 y 2011, lo que devela que también financian actividades corrientes de los partidos políticos. Entre estos financistas permanentes se cuentan Cencosud, del Grupo Paulmann; las isapre Banmédica y Vida Tres, ambas del Grupo Penta; SQM Nitratos, de Julio Ponce Lerou; y Quiñenco, del Grupo Luksic. No es casualidad que nombres como Luksic, Paulmann, Ponce Lerou y Penta se repitan también en esta última lista: eran, a todas luces, nombres con que los políticos podían contar, no sólo en período de campaña, sino para entregar financiamiento más constante. LA REBAJA DE IMPUESTOS QUE ABRE LA PUERTA La Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral que rige desde 2003 garantiza el secreto de los aportes reservados de empresas a campañas políticas. En teoría, esta reserva debía impedir que los candidatos beneficiados pudieran ser presionados por sus donantes. Los últimos escándalos relacionados con el financiamiento de la política han demostrado que esa garantía resultó ser falsa: los candidatos saben qué empresas y cuánto dinero les donaron. Lo que sí es cierto es que los aportes reservados se mantienen en 11

12 secreto a los ojos de la ciudadanía. A esta ley se suma la normativa que regula las donaciones directas a partidos e institutos de formación política. En ambos casos, los donantes pueden solicitar beneficios tributarios. Esta posibilidad de descontar impuestos ha sido precisamente la zanahoria que pudo utilizarse en este reportaje para acceder a la nómina de las empresas que han financiado la política desde 2004, a través de aportes reservados realizados vía Servel - presumiblemente el grueso de la nómina- y de donaciones directas a partidos o institutos de formación política. Durante la investigación para un libro que preparamos con el apoyo del Centro de Investigación y Publicaciones (CIP) de la UDP, y gracias a la asesoría de la Fundación Pro Acceso, solicitamos al SII por Ley de Transparencia la lista completa, año por año, de los RUT que han pedido la devolución de impuestos por donaciones políticas. En octubre de 2014, La Tercera publicó una lista similar, pero circunscrita sólo a las devoluciones del año tributario Esta vía indirecta nos entrega la nómina total de las empresas que han pedido devoluciones de impuestos por contribuciones políticas legales, ya sea a través del Servicio Electoral, como directamente a organizaciones políticas. Pero no nos permite acceder a datos clave: a qué candidatos o partidos se hicieron las donaciones, ni el monto de los aportes (ese detalle según el SII es parte del secreto tributario). Con todo, esta manera imperfecta e indirecta es la mejor ventana disponible al mundo del financiamiento hasta hace poco secreto de las campañas políticas en Chile. * Nota de la Redacción: La cantidad de empresas a través de las que cada grupo económico hizo donaciones políticas, fue calculada considerando el año en que se realizó el aporte y la propiedad de la empresa en ese momento III.- JUSTICIA ADMITE QUERELLA POR LOS $500 MILLONES QUE ANGELINI HABRÍA ENTREGADO A SENADORES QUE APROBARON LEY DE PESCA. Ecoceanos News. A los casos Penta y Soquimich, ahora se vincula el caso Angelini. Esto ocurre inicialmente a través del mayor operador político que tuvo la escandalosa ley 12

13 de privatización de las pesquerías chilenas: Pablo Longueira. El affaire Angelini corresponde a un caso de corrupción empresarial que vincula transversalmente a la mayor parte de la casta política y sus partidos. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella presentada por pescadores y organizaciones ciudadanas para que se investigue la denuncia sobre cohecho y soborno parlamentario, situación en la cual la compañía Corpesca, propiedad del grupo Angelini, habría entregado 500 millones de pesos -1 millón de dólares de la época- a los senadores miembros de la Comisión de Pesca, que entre 2011 y 2012 legislaron y aprobaron la nueva ley de Pesca que privatizó los peces del mar chileno. La acción legal surge luego de las denuncias del ex senador Nelson Ávila quién basado en el cruce de datos institucionales, afirmó que los senadores habrían recibido esa millonaria cantidad de dinero de Corpesca bajo el paragua de gastos reservados. Los tribunales además acogieron que los pescadores artesanales se sumen a otra querella que ya investiga la Fiscalía y en la que también la empresa Corpesca entregó 25 millones de pesos a la ex diputada por Iquique Marta Isasi, quien fuera la parlamentaria informante de la Cámara Baja en la tramitación de la ley de Pesca. Solicitan que políticos sean llamados a declarar Los senadores de la comisión especializada durante el tiempo en que se legisló la Ley de Pesca fueron: Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro y Hosaín Sabag. La querella solicita a la justicia que estos parlamentarios sean llamados a declarar. Frente a esta situación, Gino Bavestrello, pescador artesanal y presidente de la Federación de Pescadores de Corral, afirmó que los pescadores confiamos en que ahora la Fiscalía hará un trabajo a la altura de la investigación que lleva adelante con el caso Penta y Soquimich. Le damos todo nuestro apoyo al fiscal Gajardo y a la Fiscalía de investigación de delitos de alta complejidad que deberán asumir este caso. Bavestrello señaló además que esperamos que los senadores respondan con la verdad. Sabemos que existe presión para que estos casos sean olvidados y sepultados, pero la ciudadanía tiene los ojos puestos en que se esclarezcan todos estos casos de corrupción. La Ley de Pesca debe ser anulada porque su tramitación fue en base a la corrupción, agregó el dirigente. Por su parte Juan Carlos Cárdenas, del Centro Ecoceanos afirmó que el que se haya acogido las dos querellas presentadas por organizaciones de pescadores artesanales y ciudadanos es una clara señal que el tiempo de la impunidad corruptora de la familia 13

14 Angelini, como cabeza del cartel de los siete clanes empresariales que dominan la institucionalidad pesquera y a políticos en el parlamento, está comenzando a finalizar. El director de Ecoceanos agregó que a los casos Penta y Soquimich, ahora se vincula el caso Angelini. Esto ocurre inicialmente a través del mayor operador político que tuvo la escandalosa ley de privatización de las pesquerías chilenas: Pablo Longueira. Importante es destacar que el affaire Angelini corresponde a un caso de corrupción empresarial que vincula transversalmente a la mayor parte de la casta política y sus partidos. Es clave que las organizaciones de ciudadanos, pescadores artesanales y estudiantes mantengan un creciente control y proporcionen más información a la fiscalía para profundizar y ampliar la investigación por cohecho y coimas, efectuadas por las asociaciones de grandes empresarios pesqueros industriales. IV.- DESASTRES NATURALES, ECONOMÍA Y CORRUPCIÓN. Claudia Rodríguez Seeger, Dr. rer nat. Chile hizo agua y apareció el barro, el lodo y el material tóxico. De qué estamos hablando? De la lluvia en el desierto?, De las externalidades negativas de una promisoria economía? o Del lado oscuro de respetables políticos y exitosos empresarios? Para quienes somos realmente sistémicos (porque vemos el mundo como sistema y no porque adscribimos al actual modelo de desarrollo que nos rige), estamos hablando de todo a la vez, porque todo se relaciona entre sí. Pero qué tienen que ver los desastres naturales con la economía y la corrupción? Primero que todo, debemos señalar que la mayoría de los llamados desastres naturales no son tales, más aún en el caso de fenómenos meteorológicos. Si bien los desastres se producen porque hay un detonador que libera la energía potencial que puede almacenar un sistema natural, la energía liberada sólo será destructiva, si existe población e infraestructura vulnerables a las cuales afectar. Cabe agregar, que frente al cambio climático- tales detonadores tienen cada vez más su origen en condiciones meteorológicas inducidas por el ser humano, siendo más frecuentes y de mayor fuerza que antaño. Aun así, no hemos hecho nada para reducir la vulnerabilidad frente a dichos fenómenos: seguimos desafiando a la naturaleza pavimentando los lechos de los ríos, desplazando las viviendas de los pobres a las quebradas, e ignorando la posibilidad de reducir el impacto de las potenciales fuerzas destructivas a través de protecciones como barreras naturales o artificiales, desagües para las aguas lluvias, etc. Una vez que se desencadena el desastre, tampoco hay preparación para reaccionar y reducir su impacto, en tanto el restablecimiento de las condiciones esenciales de subsistencia es lento, genera heroicas pero innecesarias nuevas muertes, gatilla epidemias, profundiza la vulnerabilidad de la población y agudiza los desequilibrios sociales. La reconstrucción, siempre lenta y cuestionable, suele reproducir las condiciones de exposición a las amenazas y vulnerabilidad de la población. Pero, por qué no hacemos nada para reducir estos riesgos? Qué lo impide? Sin duda, reducir los riesgos implica básicamente dos cosas: planificación de largo plazo e inversión. Cuando hablamos de largo plazo estamos considerando como referencia los tiempos de la economía, pero no los de la naturaleza. En efecto, los tiempos de la economía y la naturaleza son distintos y lo que es largo plazo para la 14

15 economía, en realidad son plazos muy breves para la naturaleza, más aún cuando los ciclos de ésta son alterados por la acción humana, como es el caso del calentamiento global de océanos y atmósfera, que reduce el tiempo entre eventos meteorológicos extremos, que actúan como detonantes para la ocurrencia de desastres. Entonces, si sabemos que tales eventos ocurren con una periodicidad de 20 o 30 años, debemos prepararnos para reducir la vulnerabilidad de la población y la infraestructura, buscando localizaciones menos expuestas a las amenazas, reguladas a través de instrumentos de planificación territorial, que no sólo tengan efecto sobre las áreas urbanas, sino sobre la totalidad del territorio. Del mismo modo, la infraestructura que inevitablemente se ha de emplazar en zonas de riesgo, debe considerar estructuras de defensa y mitigación diseñadas para eventos realmente extremos y no para aquéllos que se desarrollan en rangos normales. Sin embargo, no es parte de nuestro modelo económico de libre mercado planificar, ni tampoco invertir recursos de aprovechamiento incierto en el corto plazo, que sólo reducen la rentabilidad de quien invierte. Asimismo, prevenir los riesgos que provocan los depósitos de residuos tóxicos de la minería no resulta rentable y es mejor considerarlos como una externalidad negativa de tan relevante actividad. Entonces, la economía sí importa, porque según el modelo que utilicemos, será más apropiado o no planificar e invertir en la prevención y reducción de riesgos de desastre y, claramente, nuestro actual modelo económico no propicia lo anterior. Por el contrario, el modelo favorece la libertad individual (de quien posee recursos financieros), la priorización ante todo- de la rentabilidad privada y la ganancia excesiva (lucro), en desmedro del bien común. Ello determina que, por ejemplo, no se realicen obras de protección o éstas resulten insuficientes, y la población vulnerable sea desplazada a los suelos más baratos, pero también más expuestos a los riesgos. Si a lo anterior se suma la acción o inacción de políticos corruptos, más preocupados de sí mismos y de lograr ganancias materiales en el corto plazo, que de velar por los intereses comunitarios de largo plazo, resulta evidente la relación entre desastres, economía y corrupción. V.- DEBATE LABORAL: SÍ A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA RAMAL. Jaime Ensignia, Sociólogo, Dr. en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín. Director del Programa de Relaciones Laborales de la Fundación Chile 21. Es cierto, no estaba en el Programa de la Nueva Mayoría, ni el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, sin embargo, la negociación colectiva ramal o por sector productivo es una reivindicación histórica al interior del mundo del trabajo en Chile y una de las aspiraciones más sentidas del sindicalismo chileno. No en vano, la dictadura cívico militar de Pinochet con el mentado Plan Laboral de José Piñera apuntó directamente contra la negociación colectiva de los trabajadores(as) chilenos y, en especial, contra la negociación colectiva por ramas de la producción. Veía ahí, precisamente el poder real que podrían llegar tener los trabajadores sindicalizados en nuestro país. En este escenario, a partir del Código Laboral de 1979 los grandes beneficiados han sido los sectores empresariales, puesto que a los trabajadores se les conculcaron sus derechos laborales y de libertad sindical, sin contar con una 15

16 herramienta fundamental para defender estos derechos, como lo es la negociación colectiva ramal. Haciéndonos eco de diversos estudios nacionales e internacionales, un punto neurálgico en el combate a la desigualdad en un país como Chile, es que la negociación colectiva, sea real, inclusiva, masiva, redistributiva y ramal. No existe evidencia empírica que compruebe que la negociación colectiva, asumiendo el carácter ramal, sea un impedimento para el desarrollo económico y social del país como lo señala von Mühlenbrock en una entrevista reciente al Diario El Pulso. Por el contrario, en países de capitalismo maduro con los cuales nos encanta compararnos, la negociación colectiva ramal es, precisamente, un incentivo cualitativo para el desarrollo económico, social y político de sociedades que tienen un rayado de cancha simétrico entre trabajadores y empresarios. A su vez, en sociedades en donde se inhibe la negociación colectiva ramal o interempresas, se generan condiciones de desigualdad severas para el devenir societal. En el espíritu mencionado por la presidenta Bachelet hace algunas semanas atrás, apuntando a perfeccionar el proyecto de ley de Reforma Laboral, deberían introducirse propuestas planteadas por el movimiento sindical que han quedado al margen de las indicaciones recientes hechas por el Ministerio del Trabajo. Nos referimos, por ejemplo, al tema de la negociación colectiva por ramas de la producción y a la derogación de normas referentes al despido como el artículo 159 -despido por fuerza mayor- y el oprobioso artículo 161 -por necesidades de la empresa- que se presta para infinitas arbitrariedades y prácticas antisindicales por parte de la patronal y ha sido aprovechado no sólo por el empresariado sino también por parte de instituciones internacionales que tienen sede en nuestro país y que se embanderan con los derechos de los trabajadores. En este sentido, si el proyecto de reforma laboral en curso no introduce los temas mencionados y otros, estaremos asistiendo una vez más a una reforma laboral cosmética y gatopardista. Esto también tiene un contrapunto: definir un nuevo rol de sindicalismo chileno, un sindicalismo moderno y genuinamente democrático, una organización que ofrezca servicios a sus adherentes, un sindicalismo con capacidad técnica-política-económica y con una constante política de capacitación laboral y sindical para sus organizaciones miembros. VI.- COMISIÓN DE ENERGÍA DISCUTE FRENAR ALTAS RENTABILIDADES DE LA INDUSTRIA DEL GAS. Conadecus El Gobierno detalló con gráficos y cuadros los movimientos de este sector económico que dan cuenta de las altas rentabilidades, que en el caso de la Región Metropolitana, superó en 2012 el 16%. La propuesta legal pone un tope del 9% y un mecanismo de compensación expedito para los consumidores. Con la participación del Ministro de Energía, Máximo Pacheco, y del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional 16

17 de Energía, Andrés Romero, la Comisión del ramo inició esta semana la discusión del proyecto (boletín 9890) que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones con el objeto de frenar las sobre-rentabilidades de la industria y generar mejores condiciones para los consumidores. El Ministro Pacheco sostuvo que la forma en que está regulado hoy este mercado es insuficiente y recalcó que un ejemplo de ello se aprecia al observar los estudios de rentabilidad de la industria. Definimos que había empresas como Metrogas que se habían excedido gravemente en el máximo de rentabilidad permitida, puntualizó. Efectivamente, en su exposición ante los diputados de la Comisión de Minería y Energía explicó que la ley define un tope de 11% y en el caso especial de la citada empresa, en 2013, se llegó a una rentabilidad de 16,9% (en 2012 alcanzó los 11,4%). Indicó que estos valores terminan traduciéndose en altas tarifas para los clientes que no se condicen con la realidad internacional (Chile presentaría los más altos precios para los clientes) y que tampoco estarían influenciados por un costo de importación excesivo, dado que los estudios indican que el gas que llega a nuestro país está dentro de los márgenes normales. La verdad es que, como Ministerio, no podíamos hacer mucho porque había un vacío legal y lo que estamos haciendo justamente es llenar ese vacío legal para que esto no vuelva a suceder en Chile; que las empresas que están en el negocio de distribución de gas de cañería puedan obtener la rentabilidad que corresponde, aclaró. El Ministerio estimó que esta nueva fórmula, que viene a modificar una ley que data de 1931 y que no ha sido modificada en 25 años, va a traer tranquilidad a los consumidores y también más claridad a las empresas para hacer inversiones y, de esta manera, poder llegar con el gas de cañería a otras regiones y a otros segmentos de la población. Dijo que, una vez identificado el problema, se plantó la opción de recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), de modo que fuera éste el que definiera cómo seguir, pero recalcó que, finalmente, se optó por avanzar directamente por la vía legislativa para llenar el vacío legal y concretar en el Parlamento una buena ley para la industria del gas. No queríamos perder tiempo, que es muy importante y precioso para los hogares y para las industrias, por lo tanto, lo que estamos haciendo es decir que, más que discutir este tema en el TDLC, tenemos que discutirlo en el Parlamento para que sea éste el que llene el vacío legal, precisó. El presidente de la Comisión, diputado Luis Lemus (PS), reconoció que este área que no está bien regulada, tal como quedó de manifiesto en la exposición del Ministro. Se nos han entregado unas estadísticas y unos cuadros interesantes. Chile ha tenido la gracia de comprar gas muy barato, recordar que importamos prácticamente todo el gas, pero el gas que llega a Chile es a siete dólares por unidad de gas y, sin embargo, se vende en un rango de 32 a 66 dólares. Entonces, hay un margen bastante considerable. Vimos las referencias internacionales y la verdad que Chile se escapa de los demás países, entonces algo pasa aquí y nosotros queremos saber qué, recalcó. Comunicó que, para el desarrollo del debate de este proyecto, se contempla organizar una lista contundente de audiencias que debería estar definida idealmente la próxima semana y que debería incluir a académicos, expertos en la materia, ONGs, las empresas distribuidoras y las asociaciones de consumidores. Va a ser un interesante proyecto, muy interesante para la gente, para el futuro energético de Chile, evaluó. Datos del proyecto 17

18 - Define libertad tarifaria con límite máximo de rentabilidad fijado por ley: Tasa de Costo de Capital + 3 puntos porcentuales (si la TCC = 6%, baja de un 11% a 9%) - En el caso que una empresa exceda el límite máximo de rentabilidad, se activa inmediatamente el proceso de fijación tarifaria. - Las tarifas reguladas operarán como precios garantizados: precios que el consumidor siempre tiene derecho a exigir para un determinado servicio, sin perjuicio el derecho de la empresa concesionaria de ofrecer otros servicios a distintos precios de los contenidos en el respectivo decreto tarifario (tarifa de último recurso). - Establece un mecanismo de compensación expedito a consumidores en caso de exceso de rentabilidad de una concesionaria. La empresa distribuidora deberá devolver el monto equivalente al exceso de rentabilidad obtenido en el último año, el que se reembolsará a sus clientes en proporción al volumen de gas facturado. VII.- ASESINO DE VÍCTOR JARA SERÁ JUZGADO EN EEUU POR TORTURA Y EJECUCIÓN. En El exmilitar Pedro Barrientos será juzgado en Estados Unidos por la tortura y ejecución extrajudicial del cantautor Víctor Jara en 1973, informaron hoy fuentes judiciales. Una corte judicial del distrito de Orlando (Florida) acordó juzgar al exmilitar y aceptar la demanda presentada en su día por Joan Jara y Amanda Jara, esposa e hija del cantautor, respectivamente. El exmilitar Pedro Barrientos será juzgado en Estados Unidos por la tortura y ejecución extrajudicial del cantautor Víctor Jara en 1973, informaron hoy fuentes judiciales. Una corte judicial del distrito de Orlando (Florida) acordó juzgar al exmilitar y aceptar la demanda presentada en su día por Joan Jara y Amanda Jara, esposa e hija del cantautor, respectivamente. Sin embargo, el tribunal rechazó juzgar a Barrientos por crímenes de lesa humanidad. Una de las organizaciones a cargo de la demanda, el Center for Justice and Accountability (CJA), aplaudió hoy la decisión adoptada por el tribunal, pero señaló que es decepcionante que hayan sido excluidos los crímenes contra la humanidad. El asesinato de Víctor Jara y miles de crímenes cometidos bajo el régimen de Pinochet deberían ser llamados como lo que son, un crimen de lesa humanidad, aseguró Almudena Bernabeu, abogada del CJA. La familia Jara está un paso más cerca de tener su día en la corte, expresó el CJA, que presentó la demanda en 2013 junto a los familiares del cantaubarrientos-230x230tor. Barrientos, teniente retirado del Ejército chileno y ciudadano estadounidense, había solicitado en marzo pasado desestimar esta demanda por considerarla carente de jurisdicción. Llegó 40 años después de que sucedieran los hechos, 24 después de que se radicara en Estados Unidos y 23 después de que Agusto Pinochet fuera removido de su cargo, señala Barrientos en los documentos de la corte. 18

19 El exmilitar, con residencia en Deltona, en el norte de Florida, es acusado en Estados Unidos de tortura y asesinato de Víctor Jara durante la detención masiva de miles de intelectuales y líderes políticos. Jara fue asesinado cinco días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 después de ser torturado durante varios días en el Estadio Chile de la capital, donde permanecía detenido junto a centenares de partidarios del derrocado Gobierno de Salvador Allende ( ). El Gobierno chileno solicitó en 2012 a EE.UU. la extradición de Barrientos y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se ha constituido como parte querellante en el caso. CARTAS Y COMENTARIOS REFORMA A LA LEY DE AGUAS. Marcos Saavedra Brofman En el discurso del 21 de mayo del año 2014, la Sra. Presidenta de la República señaló que, uno de los grandes desafíos para nuestra vida y nuestra economía es la gestión sustentable y sostenible de nuestros recursos hídricos. Reconociendo que el problema de los recursos hídricos no sólo resulta de una escasez hídrica agravada por la sequía, sino también se debe al mal uso de los derechos de agua. A este respecto agregó: Es por eso que hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas. En efecto, a las 10:55 Hrs. del día 08 de octubre de 2014, ingresó a la Cámara de Diputados una indicación sustitutiva a la moción o proyecto de ley que reforma el código de aguas (Boletín Nº ). El proyecto de ley que modifica el código de aguas Boletín , es una moción presentada por un conjunto de 10 Diputados de gobierno y oposición, el 17 de marzo de 2011 y complementa a otro conjunto de iniciativas de este tipo, generadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por parlamentarios de las diversas corrientes políticas e independientes. Así mismo, la indicación sustitutiva del ejecutivo sobre la materia, recoge las diversas iniciativas del poder legislativo, señaladas en el punto precedente. Esto, supondría un apoyo transversal al proyecto de reforma a la ley de aguas. El proyecto de ley que envió el ejecutivo, marca un cambio radical en la concepción del derecho o concesión que, de aprobarse sin objeciones de constitucionalidad, permitiría resolver el problema de agua potable de un importante sector de la población que hoy se encuentra privado de ello por una legislación que entregó la gestión del agua al mercado. La indicación sustitutiva en cuestión, también será sin duda aplaudida por ecologistas y en general por todos los sectores que desde hace mucho tiempo reclaman por la nacionalización del agua, sectores muchos de los cuales, no conocen los detalles de una materia tan compleja. Hay un cambio sustancial en cuanto a la concepción de los nuevos derechos, pues se entrega una concesión con sólo el uso y goce por un determinado número de años. Así las cosas, en nuestra legislación coexistirían dos tipos de derechos: los anteriores a esta 19

20 ley y los nuevos derechos. Por tanto, los actuales titulares no verán alterado el régimen de propiedad sobre las aguas que ostentan en el presente. Existen un sin número de interesantes causales de caducidad para estos nuevos derechos, establecidas tan sólo por imperio de la ley. Sin embargo, no existe ningún mecanismo para que esta caducidad se ejecute. No se entiende cómo los Conservadores de Bienes Raíces conocerán cuando ha caducado un derecho o quien ordenará que se ejecute la anulación del derecho en el Registro de Propiedad de Aguas, por lo que, las menciones de caducidad por imperio de la ley serán letra muerta, a menos que, se modifique esta situación. Existe otro problema más significativo, con el mentado proyecto de ley del ejecutivo.- todos sabemos que quedan muy pocos recursos por asignar, esto es, casi no queda agua. La iniciativa del ejecutivo propone una serie de medidas que hacen más ágil la recuperación de aguas de los titulares de los nuevos derechos, con la aplicación de lo dispuesto en el Título XI del Libro Primero del Código de Aguas modificado. Sin embargo, no contiene ninguna medida que permita agilizar el pago de patente y/o mejor aún, la recuperación de una gran cantidad de actuales derechos ociosos, entregados antes que entre en vigencia esta nueva Ley, ni tampoco, cómo recuperar el agua de los grupos generadores eléctricos monopólicos que pagan regularmente las patentes, pero no construyen, si no que, los utilizan como barrera de entrada a nuevos generadores hidroeléctricos, con energía más barata, mientras dichos acaparadores del agua, producen energía termoeléctrica más cara y contaminante, que pagamos todos los chilenos. El proyecto no elimina el privilegio que tienen los acaparadores de derechos de las regiones XI y XII que les concede más años de gracia para el pago de patente, pues tal privilegio no es en beneficio de la población de tales regiones, si no que ha beneficiado a entes como Hidroaysen, por ejemplo. No existe ninguna razón que justifique tal excepción. Al margen de un conjunto de ausencias para resolver los problemas de las sanciones inaplicables que contiene la actual norma, el mentado proyecto tampoco contiene medidas que permitan eliminar o reducir la corrupción privada y pública que existe en el sector ni, medidas que permitan mejorar la gestión del organismo encargado de los recursos hídricos del país. Cabe recordar que, el trámite de una solicitud de derecho o autorización de construcción de obras tarda actualmente, en la Dirección General de Aguas, entre 2 y 10 años para su resolución. El desarrollo del país exige una mayor velocidad de resolución a los órganos del Estado, en una materia clave para la vida. Esta lentitud ocurre por problemas de gestión interna pero también porque la actual ley entorpece absurdamente el quehacer del órgano rector de los recursos hídricos. Como si todo lo anterior fuera poco, lo más probable, es que el mencionado proyecto de Ley termine en el Tribunal Constitucional sin pena ni gloria y las aspiraciones de cambio para un amplio sector de la sociedad terminen frustradas. El inciso final, número 24º, del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile establece que Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos; Esto significa que, los titulares tendrían el uso, goce y libre disposición, libre disposición que la indicación sustitutiva del ejecutivo le niega a los nuevos derechos y además el uso y goce es entregado en forma temporal. Por lo tanto, si previamente no se elimina esta norma constitucional, el mentado proyecto quedará sólo en buenas intenciones. 20