Estrategias para un Desarrollo Urbano ordenado y sustentable

Transcripción

1 Replanteando la Metrópoli Estrategias para un Desarrollo Urbano ordenado y sustentable Reforma constitucional para una adecuada coordinación y gestión de gobierno en la zonas metropolitanas del País Expansión urbana y problemática social de la vivienda en la Ciudad de México, El peatón, el transporte y la movilidad en el contexto fronterizo de Ciudad Juárez Abril-Junio 2008 ISSN EN TRÁMITE Asentamientos humanos irregulares en áreas naturales protegidas Contradicciones entre política urbana y política ambiental El mercado inmobiliario en los centros metropolitanos El corredor urbano de El Bajío La crisis entre la expansión urbana y la aptitud territorial Replanteando la metrópoli Soluciones institucionales al fenómeno metropolitano El equipamiento urbano, un elemento clave de la metrópoli El caso de Menchaca en Querétaro Un centro de barrio generado a partir de la comunidad Urbanismo defensivo De la sustentabilidad a la antisustentabilidad Ocupación del suelo habitacional en Ciudad Juárez, Chihuahua Participación del sector público y privado en la producción de vivienda social NOTICIAS DE LA APDUNL

2 REVISTA TRIMESTRAL DE LA AGENCIA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEÓN - ABRIL-JUNIO 2008 DIRECTORIO DIRECTOR LIC. LUIS DAVID ORTIZ SALINAS Presidente Ejecutivo de la APDUNL COORDINADOR EDITORIAL ARQ. LISETTE CÓRDOVA ROBLES Directora de Gestión y Fomento Urbano de la APDUNL COORDINACIÓN TÉCNICA LIC. FELIPE E. ÁVILA RIVERA CONSEJEROS ARQ. JUAN IGNACIO BARRAGÁN VILLARREAL Director General de Proyectos y Gestión Urbana ING. HUMBERTO LEAL GARCÍA Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y la Obra Pública del Estado de Nuevo León ARQ. JUAN MANUEL CASAS GARCÍA Catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UANL ARQ. RENA PORSEN OVERGAARD Catedrática del Departamento de Arquitectura del ITESM DR. HERNÁN VILLARREAL RODRÍGUEZ Director Ejecutivo del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad de Nuevo León ARQ. ROBERTO CHAPA GARZA Miembro de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey DISEÑO Y EDICIÓN LINEACUATRO carlos@lineacuatro.com Año 3 - Núm ,000 ejemplares. Certificado de Licitud de Título en trámite; Certificado de Licitud de Contenido en trámite; Certificado de Derechos de Autor en trámite. Esta es una publicación de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León, ubicada en Washington 648 Ote., Centro, Monterrey, N.L., México. Tel. +52(81) Impresa en Monterrey, Nuevo León. El contenido de los artículos y sus fotografías son responsabilidad exclusiva de los autores y Rizoma no acepta necesariamente como suyas las ideas de artículos firmados. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores. La información contenida ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Consúltela en línea en: ÍNDICE Reforma constitucional para una adecuada coordinación y gestión de gobierno en la zonas metropolitanas del País. Por: Lic. Obdulio Ávila Mayo Hacia una reforma metropolitana integral Por: Dr. Roberto García Ortega Asentamientos humanos irregulares en áreas naturales protegidas Contradicciones entre política urbana y política ambiental Por: Lic. Rocío Rodríguez Castro y Arq. Silvia Carbone El equipamiento urbano, un elemento clave de la metrópoli Por: Arq. Guillermo Cortés Melo El caso de Menchaca en Querétaro Un centro de barrio generado a partir de la comunidad Por: Dra. Stefania Biondi Bianchi, Dr. Ramón Abonce Meza, Arq. Francisco Bulos García y Arq. Karina Rodríguez Herbert El peatón, el transporte y la movilidad en el contexto fronterizo de Ciudad Juárez Por: Dr. Fernando Lozada Islas Expansión urbana y problemática social de la vivienda en la Ciudad de México, Por: Dra. Sonia Bass Zavala El mercado inmobiliario en los centros metropolitanos Por: Dr. Jesús Manuel Fitch Osuna El corredor urbano de El Bajío La crisis entre la expansión urbana y la aptitud territorial Por: Arq. Rafael Pérez Fernández Urbanismo defensivo De la sustentabilidad a la antisustentabilidad Por: Arq. Abiel Treviño Aldape Ocupación del suelo habitacional en Ciudad Juárez, Chihuahua Participación del sector público y privado en la producción de vivienda social Por: Dra. Elvira Maycotte Pansza NOTICIAS DE LA APDUNL Replanteando la metrópoli Soluciones institucionales al fenómeno metropolitano Por: Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta 20 Fotografía de portada: Google Earth Pro Si deseas participar colaborando con algún artículo de investigación en materia de Desarrollo Urbano, contáctanos: lisette.cordova@nuevoleon.gob.mx

3 RIZOMA 1 Editorial EDITORIAL PORQUE REPLANTEAR LA METRÓPOLI? Las metrópolis en el mundo están convertidas en los motores del desarrollo económico y social. Por ello es fundamental para nuestro País asegurar que las grandes ciudades mantengan condiciones favorables de calidad de vida para los ciudadanos, y de competitividad para las empresas. Desgraciadamente, las zonas metropolitanas mexicanas formadas por más de un municipio enfrentan problemas en esos dos rubros. Las reformas municipales han disminuido la capacidad del poder público para desarrollar políticas urbanas coherentes a nivel de las áreas conurbadas, afectando principalmente la movilidad, el abasto y tratamiento del agua, la distribución adecuada de los equipamientos regionales y estratégicos, el orden urbano en la periferia de la ciudad y la eficiencia de la infraestructura. Preocupados por esta realidad, el Gobierno del Estado de Nuevo León ha venido trabajando para formular instrumentos jurídicos y de planeación que contrarresten la dispersión de decisiones vigente. La nueva Ley de Desarrollo Urbano que se encuentra en el Congreso del Estado, así como la próxima iniciativa de Ley de Imagen Urbana y Construcción en Vía Pública, pretenden dar un mayor orden y más factibilidad y eficiencia a nuestra ciudad futura. Sin embargo, el camino sería más claro y contundente si se llevan a cabo ciertas reformas a nivel de la Constitución de la República y de algunas leyes secundarias, para hacer obligatoria la coordinación de los municipios que forman parte de la zona conurbada en los rubros principales de la infraestructura y servicios urbanos. Esta inquietud dio lugar a la organización del seminario Replanteando la Metrópoli, organizado en coordinación con la SEDESOL Federal y la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad. Este seminario se fortaleció con la integración de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados y Ordenación del Territorio y la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado de la República, con el objetivo de debatir con autoridades locales y académicos la propuesta de iniciativa de Reforma Metropolitana, misma que será presentada próximamente ante el pleno del Congreso. Este número de Rizoma plasma algunos de los aspectos más importantes que se discutieron en dicho evento. En primer término se presentan las conclusiones de los diputados y senadores ante la discusión sobre la propuesta de Reforma Metropolitana. Al respecto cabe mencionar que los ciudadanos y académicos tuvieron la oportunidad de conocer en el corto plazo el resultado de sus intervenciones en el espíritu de los legisladores, lo que resulta algo poco visto en nuestro País. En esta edición se presentan también algunos artículos seleccionados por el Comité Científico del seminario y el Consejo Editorial de Rizoma, emanados de diversas ponencias. Se buscó tocar la diversidad de temas y regiones del País, a fin de obtener una imagen general de la problemática, aunque cabe mencionar que estos son sólo una parte mínima de las 82 ponencias que fueron discutidas en el evento. Finalmente concluimos con alguna información de actividades generales de la agencia y de nuestro Consejo Ciudadano. Lic. Luis David Ortiz Salinas Presidente de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León

4 2 RIZOMA Reforma constitucional para una adecuada coordinación y gestión de gobierno en la zonas metropolitanas del País En un país predominantemente urbano, con pluralismo político y acentuada diversidad social y regional, resulta imperativo para el interés general la adecuación del ordenamiento jurídico nacional para dar respuesta a los problemas y requerimientos de la urbanización metropolitana, ya que el marco legal actual, federal y estatal, resulta obsoleto e insuficiente para dar paso a una efectiva gestión pública en esta materia. Lic. Obdulio Ávila Mayo Licenciado en Derecho, por la Facultad de Derecho de la UNAM. Diputado Federal Suplente en la LVII Legislatura por la IV Circunscripción. Coordinados del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura. Secretario Técnico de la Comisión de Administración Pública Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura. Presidente Distrital del Partido Acción Nacional en el Comité Directivo del Distrito XXII. Presidente del Comité Delegacional del PAN en Coyoacán. Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura. Secretario de la Comisión de Administración Pública Local, e integrante de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Consejero Nacional y Regional del Partido Acción Nacional. Consejero Legislativo del Consejo de Información Pública del Distrito Federal. Representante del Partido Acción Nacional del Distrito Federal ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Diputado Federal, a la Honorable Cámara de Diputados LX Legislatura, donde preside la Comisión de Desarrollo Metropolitano y es integrante de las comisiones del Distrito Federal, de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. Por: Lic. Obdulio Ávila Mayo Ante la gran relevancia que tiene la urbanización metropolitana en el desarrollo nacional, es fundamental una propuesta de reforma constitucional que asegure que gobiernos municipales y estatales, sean capaces de establecer y mantener una coordinación adecuada para planear y ordenar los asentamientos humanos, la actividad económica, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano que afecta a todas las partes que integran las zonas metropolitanas. Como punto de partida para la conformación y discusión de la propuesta de Reforma, se debe tomar en cuenta que uno de cada dos mexicanos viven en territorio metropolitano (56 ZM integradas por un poco más de 300 municipios, 52.8% de la población total nacional (86.18% de la población urbana) y en ellas se genera el 64.12% del PIB nacional. Además, el 50.3% de la población total vive en las 102 ciudades más grandes, que presentan procesos diferenciados de conurbación y metropolización, cuya tasa media anual de crecimiento (2.3%) está por encima de la media nacional (1.9%). Aunque esta dinámica de desarrollo presenta algunas ventajas como que las zonas metropolitanas se convierten en polos de atracción por ventajas comparativas sobre otras ciudades en el país y en el mundo (mejor cobertura y calidad en infraestructura y equipamiento, movilidad, transporte y servicios públicos), de igual forma presentan, entre múltiples desventajas, saturación, congestionamiento, deterioro ambiental e inequidad social, por un patrón de crecimiento desordenado, fragmentado e inestable, lo que en su conjunto hace imperativa la necesidad de una nueva visión integral de la problemática que contemple un nuevo ordenamiento jurídico. El reto que atiende la propuesta de Reforma Sin duda la propuesta que se pretende deberá establecer la materia metropolitana como objeto que requiere de regulación especial, en tanto concierne al desarrollo urbano en territorios que rebasan la autonomía administrativa municipal y requiere la integración de la toma de decisiones, la colaboración y la acción coordinada por parte de los municipios y los estados, es sin duda la problemática fundamental que debe atender la Reforma constitucional planteada en esta materia. Ya no se trata de actuar sobre conurbaciones a partir del esquema de competencias concurrentes, sino de crear bases para orientar el desarrollo de redes heterogéneas de ciudades que interactúan entre sí sobre territorio de varios municipios, y de cuya interacción depende en gran medida el desarrollo urbano, la competitividad económica, los equilibrios ambientales y el bienestar de la población de cada ciudad y zona metropolitana que conforman. El reto es entonces lograr inducir el perfeccionamiento de la legislación estatal vigente, salvaguardando la soberanía de los estados y la autonomía del municipio libre, de modo que la coordinación y gestión unificada de las funciones de gobierno a escala metropolitana sean efectivas, congruentes y consistentes y no dependan, como ha sucedido, de la posibilidad de la concurrencia y voluntarismo político.

5 RIZOMA 3 Hasta ahora la prospectiva y planeación, la coordinación intergubernamental y la regulación legal del desarrollo metropolitano resultan nulos o insuficientes, debido, en parte, a desiguales capacidades institucionales y condiciones económicas, urbanas, ambientales y sociales, entre municipios y entidades que conforman las metrópolis. La Reforma buscaría entonces facilitar en las entidades federativas la gobernabilidad metropolitana, lo que implica una actuación gubernamental local que encare problemas de funcionamiento y acometa proyectos de desarrollo para hacer viable el desarrollo futuro de las ciudades. No se trata de establecer un nuevo orden de gobierno, sino propiciar e incentivar la articulación de la administración pública estatal y municipal para dar cabida a esquemas de colaboración y coordinación intergubernamental que deberán darse a sí mismos las entidades federativas y municipios, para asegurar la concertación con los sectores privado y social y una efectiva planeación y gestión pública metropolitana. Premisas fundamentales Para solventar las insuficiencias del ordenamiento jurídico nacional, a fin de regular el desarrollo urbano metropolitano, la propuesta de Reforma comprende diferentes áreas clave interrelacionadas: Establecer el reconocimiento de la unidad físico-espacial, económica y urbana de la naturaleza metropolitana, que presenta características y requerimientos de desarrollo distintos a otros centros urbanos y conurbaciones que conforman el sistema nacional de ciudades, como un ámbito diferenciado del desarrollo nacional, así como de la actuación de los poderes públicos, ordenes de gobierno y autoridades administrativas. Esto supone establecer un criterio general suficientemente incluyente, y a la vez preciso, para la delimitación y declaratoria de metrópolis y zonas metropolitanas, en que pueda ser soportada la legislación federal y estatal y la normatividad municipal. Inducir la adecuada integración transversal, no sólo intersectorial, de normatividad, políticas públicas, proyectos de desarrollo regional y programas de acción sobre el territorio metropolitano, constituido como unidad espacial de actuación pública, convivencia social y desarrollo regional. Esto implica impactos diferenciados pero interrelacionados en el desarrollo económico y el funcionamiento urbano de metrópolis y zonas metropolitanas, así como incidencia de éstas con el territorio regional que las contiene y al que contribuyen a definir. Orientar la concurrencia de autoridades municipales e inducir la debida coordinación entre ellas y con el gobierno estatal, así como entre gobiernos estatales cuando se trata de metrópolis o zonas metropolitanas en territorio de dos o más entidades federativas. Lo cual supone conciliar la autonomía municipal y la soberanía estatal entre sí y de ambas con respecto a la distribución de competencias, así como la atribución de facultades exclusivas y concurrentes que aseguren la gobernabilidad democrática en el espacio territorial metropolitano, de conformidad al sistema republicano federal vigente. Asegurar la adecuada concurrencia de los sectores privado y social y la participación ciudadana en el desarrollo económico y urbano metropolitano. Este premisa busca establecer bases amplias para inducir que la concertación de intereses, actuaciones e intervenciones de los agentes privados, las organizaciones civiles y el sector académico, pueda ser armonizada con la canalización y atención de demandas ciudadanas y propuestas de colaboración social que tengan lugar a través del cauce institucional de la jurisdicción política y administrativa del municipio. Para el logro de estos factores claves se requiere de una Reforma constitucional cuyo alcance establezca las bases de orden general, suficientemente incluyentes, para inducir con la debida consistencia y congruencia las subsecuentes reformas a las leyes federales y estatales en la materia. La reforma busca incentivar la articulación de la administración pública Estatal y Municipal para hacer viable el desarrollo futuro de las ciudades. Foto: Javier Orozco.

6 4 RIZOMA Foto: Google Earth El núcleo de la reforma reside en ampliar el margen de iniciativa y de decisión de los gobiernos locales para cooperar y asociarse entre sí, a partir de beneficios y contribuciones compartidas y sin transgredir autonomías, para actuar conjunta y coordinadamente en el territorio metropolitano. Enriquecimiento de la propuesta En el Marco del Congreso Nacional para la Reforma Metropolitana, celebrado en la ciudad de Monterrey, los pasados 5 al 8 de marzo del presente año, convocado por la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la H. Cámara de Diputados en coordinación con el Gobierno del Estado de Nuevo León, se llevó a cabo un ejercicio muy enriquecedor al generar el intercambio de puntos de vista, la presentación de propuestas y la discusión de las mismas, logrando identificar la convergencia de los diversos actores, en aspectos relativos a la orientación de la reforma constitucional. De esa forma se llegó a coincidir en que establecer la coordinación metropolitana necesariamente con carácter imperativo entraña el riesgo de socavar soberanía a los estados y la autonomía del municipio libre. En cambio, se consideró posible inducir que tanto los municipios como los gobiernos estatales pueden encontrar fórmulas propias de organización institucional para la gestión pública metropolitana, sólo si desde la Constitución Federal se establece el reconocimiento del territorio metropolitano como ámbito delimitado de actuación gubernamental y administrativa y de cuyo desarrollo dependen las posibilidades de integrar planes y proyectos de desarrollo y recurrir a fuentes fiscales de financiamiento, para lo cual es necesario garantizar la participación de los municipios en la toma de decisiones que conciernen a su diseño, ejecución, financiamiento y evaluación, a cargo de los ejecutivos estatales. Debe corresponder también a estados y municipios decidir los órganos y organismos públicos que se hagan cargo de la planeación, coordinación y gestión metropolitana establecidas como componentes integrantes de la acción concurrente en la Constitución Federal. De la misma forma, se concluyó que deberá remitirse hacia la legislación secundaria, la regulación del desarrollo urbano metropolitano y mantener en el texto normativo de la reforma constitucional exclusivamente la base general para: Establecer al territorio y desarrollo metropolitano como objeto de regulación legal, con suficiente precisión y generalidad, para inducir que en la legislación federal y en la de los estados se inhiba un tratamiento sectorial y se promueva un tratamiento transversal en la gestión pública sobre ese tipo de territorio y desarrollo urbano; se deberá distinguir entre zonas metropolitanas estatales, interestatales o de conurbación estatal y transfronterizas. Establecer la obligación de las entidades federativas para formular leyes que determinen los criterios para delimitar y declarar una zona metropolitana, que regulen el desarrollo de la misma y la concurrencia de municipios bajo mecanismos que favorezcan la colaboración y corresponsabilidad mutua (llámese consejos o institutos metropolitanos), así como la relación entre municipios y ejecutivos estatales para la gestión metropolitana que asegure la provisión de recursos de financiamiento para las acciones concurrentes. Establecer la obligatoriedad de la planeación metropolitana, como tarea concurrente a cargo de municipios y ejecutivos estatales, presididos por estos últimos, indistintamente de la figura o entidad que acuerden establecer las legislaturas. Establecer que los órganos creados conjuntamente por los ejecutivos estatales y municipios para la planeación, coordinación y gestión metropolitana deberán comprender una instancia o mecanismo de consulta y participación ciudadana. La reforma deberá dejar intacta la base que concierne a que no habrá autoridad intermedia entre el municipio y el gobierno estatal, así como los estados y municipios serán libres de establecer los órganos o entidades públicas encargados de la planeación, coordinación y gestión intergubernamental metropolitana. Finalmente deberá revisarse con mayor profundidad la conveniencia de crear o no una ley general (llámese de ordenamiento metropolitano, de coordinación metropolitana o de asociacionismo municipal para el desarrollo metropolitano).

7 RIZOMA 5 Hacia una reforma metropolitana integral Las metrópolis mexicanas son una especie de botín urbano para algunos actores políticos, económicos, así como del crimen organizado y de cuello blanco, que sacan ventaja, entre otros aspectos, de las limitaciones del actual marco jurídico, por lo que resulta ineludible contar con un renovado sustento jurídico y normativo para construir y mantener metrópolis seguras, socialmente justas, económicamente viables y ecológicamente sustentables. Por: Dr. Roberto García Ortega El actual modelo de crecimiento metropolitano periférico caótico, desarticulado, descoordinado, disperso y encarecedor de servicios públicos, así como el paulatino deterioro de los centros metropolitanos y de las áreas antiguas de los municipios conurbados -que ponen en riesgo la seguridad, la gobernabilidad y la competitividad económica de las metrópolis en México- tiene sustento en la Constitución y en el marco jurídico vigente. En consecuencia este modelo sólo puede replantearse mediante una reforma urbana y metropolitana integral que tenga pleno sustento en la Constitución General de la República y en las leyes derivadas de la materia. Resulta ineludible contar con un renovado y claro sustento jurídico y normativo para construir y mantener metrópolis seguras, socialmente justas, económicamente viables y ecológicamente sustentables. En 2003, las 55 metrópolis mexicanas producían en conjunto el 83% del Producto Interno Bruto del País y de éstas las primeras 10 generaban el 61% de dicho PIB. No es exagerado asegurar que junto con nuestra riqueza petrolera, las metrópolis son, en sentido figurado, las gallinas de los huevos de oro y las estamos descuidando irresponsablemente, transformándolas paulatinamente en verdaderas bombas de tiempo. Por lo anterior, la atención a las metrópolis, en sus múltiples aspectos, debiera ser declarado un asunto de seguridad nacional. Las ciudades y metrópolis en México se están transformando en el imperio del crimen organizado, de la inseguridad, del precarismo, del pandillerismo y de la violencia intrafamiliar. Entretanto, las respuestas de las autoridades hasta hoy han sido acciones policíacas estériles y descoordinadas, mientras continúan apareciendo nuevos casinos a diestra y siniestra, se intentan fallidos blindajes de colonias y hasta de municipios; se realizan obras viales que sólo postergan el colapso de la inmovilidad, mientras se propicia el aumento del parque vehicular privado y se descuida el trasporte colectivo, y se autorizan miles de nuevos fraccionamientos de desinterés social, cada vez más alejados y dispersos, desprovistos de escuelas, equipamientos, servicios y fuentes de empleo cercanos. Las metrópolis mexicanas se han transformado en un especie de botín urbano para algunos actores políticos, económicos, así como del crimen organizado y de cuello blanco, que sacan ventaja -entre otros aspectos- de las insuficiencias y limitaciones del actual marco jurídico en materia de gestión metropolitana, el cual no obliga claramente a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Estas metrópolis están lejos de ser las palancas del desarrollo económico, urbano y social autofinanciado y sostenible que requiere el País y merece la población que las habita. Sin embargo, se nos dice siempre que el problema de fondo es la insuficiencia de recursos económicos. Dr. Roberto García Ortega Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte y Presidente del Comité Técnico-científico del X Seminario de la Red mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad. Replanteando la Metrópoli en Monterrey, N.L. Doctor en Urbanismo y ordenamiento territorial por la universidad de Toulouse-Le Mirail, Francia. Director de Planificación del Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. Director General Noreste de El Colegio de la Frontera Norte. Investigador Titula C de El Colegio de la Frontera Norte. Investigador nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Mención honorífica del premio Hacer Ciudad en la II Bienal de Desarrollo Urbano y Vivienda en Nuevo León. Presidente de la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey. Profesor de postgrado en El Colegio de la Frontera Norte, A. C. y en la Facultad de Arquitectura de la UANL. Ha publicado trabajos sobre Planeación, Gestión Urbana y Metropolitana, entre las más recientes: Monterrey y Saltillo. Hacia un nuevo modelo de planeación y gestión urbana metropolitana. Contradicciones entre planeación y realidades regionales, metropolitanas y socio-ambientales. Los casos del norte de México, Puebla y Valle de México. El Colegio de la Frontera Norte y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El noreste de México y Texas. Asimetrías y convergencias territoriales en las relaciones transfronterizas.

8 6 RIZOMA Foto: (superior) Javier Orozco. No obstante, las ciudades en general -y las metrópolis en particular- son sin duda los más complejos artefactos generadores de riqueza. Generan riqueza por su industria, por su comercio y por sus servicios; pero también por su propia dinámica de crecimiento urbano. Por ejemplo, las plusvalías generadas por el desarrollo urbano sobre las bienes raíces son cuantiosas y son derivados de la suma de esfuerzos públicos y privados, a través de las obras realizadas y del mismo proceso de urbanización. Al ser México un país mayoritariamente urbano y cada vez con un creciente porcentaje de su población asentada en las metrópolis, somos en consecuencia una colectividad potencialmente muy rica. No obstante, al igual que sucede con la distribución del ingreso en México, la riqueza urbana también esta muy mal distribuida, pues las plusvalías que se generan y se legitiman mediante los procesos de planeación y gestión urbana gubernamental, así como por la obra pública, tienden a concentrarse mayoritariamente en unos cuantos beneficiarios del desarrollo urbano. La colectividad, llámese Estado o Municipio, recibe un muy bajo porcentaje de estas plusvalías a través de los derechos, e impuestos aplicables o de los fondos federales participables.

9 RIZOMA 7 El financiamiento de las metrópolis no debe ser sólo un asunto de definición de reglas de operación del llamado Fondo Metropolitano Federal recientemente creado. El financiamiento al desarrollo urbano metropolitano integral debe tener sustento en una verdadera reforma metropolitana con base en la Constitución que, mediante la adecuación de las leyes de la materia, dote a los Estados y Municipios de mecanismos adecuados que les permitan, de manera obligatoria y coordinada, captar y distribuirse de modo equitativo, claro y transparente, un cierto porcentaje de las plusvalías que genere el propio desarrollo urbano metropolitano. Por lo anterior, resulta impostergable que se elabore y apruebe un proyecto de Reforma Constitucional Metropolitana que sea concebido bajo un principio de racionalidad social y económica de largo plazo. En primer término, esta reforma debe dar sustento a las posteriores disposiciones jurídicas en las leyes derivadas, indispensables para lograr distribuir con mayor equidad las cargas y los beneficios del proceso de metropolización entre los actores del desarrollo urbano en nuestro País. Específicamente, la reforma metropolitana debe incorporar las bases para la creación de organismos y demás instrumentos de fomento al desarrollo metropolitano que permitan a la colectividad, Federación, Estado y municipios, tener un papel rector y proactivo de las acciones en materia urbana en coordinación con el sector privado. Todo lo anterior, con pleno respeto a la autonomía municipal pero clarificando su corresponsabilidad cuando los municipios formen parte de una cuerpo urbano mayor llamado metrópoli. El hacer ciudad y gestionar la metrópoli debe continuar siendo un buen negocio económico y político, pero un negocio con sustento en una Reforma Metropolitana y en nuevas leyes de la materia que permitan que dichos asuntos sean procesos de ganar-ganar, en los cuales todos salgamos beneficiados ahora y sobre todo a futuro. No un marco jurídico mediante el cual los beneficios y las plusvalías las cosechan unos pocos y los gobiernos sólo reciben migajas y problemas urbanos futuros, al cargar con los enormes costos sociales, de transporte y de inseguridad que conllevan los corazones urbanos centrales abandonados y sobre todo las áreas de crecimiento habitacional urbano periférico, amorfas, desordenadas, dispersas, carentes de equipamiento y con altos costos de movilidad. En síntesis, mediante un adecuado marco jurídico debemos evitar seguir generando las actuales no-ciudades carentes de espacios mínimos y de diseño urbano-arquitectónico y de condiciones dignas para una vida comunitaria sana. Sólo una Reforma Metropolitana y del resto del marco jurídico y normativo, con visión social y de largo plazo, permitiría que el proceso de metropolización de las grandes ciudades en nuestro País se pueda traducir en un genuino desarrollo urbano, social y económico en beneficio de todos. Sólo una Reforma Urbana Metropolitana Integral así permitiría elevar los niveles de competitividad y atractividad de las áreas metropolitanas en México y sería una excelente oportunidad para confirmar la voluntad y capacidad para generar acuerdos, como lo promueve el slogan promocional de la LX Legislatura Federal y que debiera ser el mismo del H. Congreso Local. Actualmente las metrópolis están lejos de ser las palancas del desarrollo económico, urbano y social autofinanciado y sostenible que requiere el País. Foto: Javier Orozco.