CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

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1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

2 10 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO El presente capítulo está integrado por los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y legales, definición de términos básicos y la sistematización de la categoría relacionada con Incidencia de la Aplicación del Principio Realidad de la Legislación Venezolana en las Condiciones Laborales del Capitán de Altura. 1. Antecedentes de la Investigación Se presentan a continuación, algunos estudios que han hecho referencia al objeto de estudio de esta investigación. La Organización Internacional del Trabajo (2006) en la Primera Reunión Marítima del Siglo XXI en Ginebra denominada Convenio sobre el Trabajo Marítimo manejó como objetivo general examinar una nueva e importante normativa laboral, fundamentada en el convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, cuyo aporte representa un importante avance sobre el trabajo marítimo, proporciona soluciones prácticas para lograr su aplicación y cumplimiento en todo el mundo, dado que es el resultado de negociaciones y consultas entre gente del mar, armadores y gobiernos proveniente de más de ochenta (80) países. 10

3 11 En los tópicos abordados en la primera reunión marítima del siglo XXI se atienden aspectos que son tocados por la presente investigación como parte de la documentación consultada para el desarrollo de la misma. Omaña (2004) en su tesis denominada Régimen Jurídico de las Plataformas Acuáticas en Venezuela, manejó como objetivo general analizar el régimen jurídico de las plataformas acuáticas en Venezuela. En el estudio se ejecuta una investigación bibliográfica documental del tipo descriptiva, por cuanto utilizó métodos de interpretación y análisis, fundamentado en los derechos y obligaciones de la República en los diferentes espacios acuáticos sobre los cuales ejerce soberanía y jurisdicción. El estudio tuvo el propósito de lograr los objetivos específicos: (a) analizar el alcance del marco normativo internacional de las plataformas acuáticas a la luz del derecho venezolano; (b) definir la naturaleza jurídica de las plataformas acuáticas en el derecho venezolano; (c) estudiar la norma comprendida en la legislación acuática que le es aplicable; (d) determinar los requisitos ambientales básicos; (d) analizar la competencia jurídica de los tribunales venezolanos y la ley aplicable en los casos de los cuales se presentan conflictos. Su aporte giró en torno al desarrollo del régimen de la plataformas acuáticas, el cual es un tema casi desconocido en la doctrina venezolana, tomando en cuenta la inmensa importancia que para Venezuela tendrá en los próximos años el desarrollo de los diferentes proyectos de explotación costa

4 12 afuera e invita a todos los abogados y alumnos a investigar y profundizar sobre el tema que ha sido objeto de esta investigación. De la misma manera, Marín (2002) en su tesis titulada Curso de Procedimiento Laboral Venezolano, tuvo como objetivo general estudiar el derecho procesal del trabajo venezolano. Asimismo, ejecuta una investigación documental del tipo descriptivo por cuanto utilizó método de interpretación y análisis fundamentado como base sustantiva el derecho del trabajo y como base adjetiva las normas procesales generales, consideradas en el Derecho Procesal Civil y las normas especiales previstas en la nueva Ley Adjetiva Laboral. Para lograr el objetivo general desarrolló los siguientes objetivos específicos: (a) identificar los aspectos generales sobre el derecho procesal civil del trabajo; (b) describir el procedimiento ordinario laboral; (c) conocer los procedimientos especiales laborales. En cuanto a su aporte, suministra al cursante las herramientas necesarias para identificar los procedimientos en materia del trabajo tomando como base sustantiva el derecho del trabajo y como base adjetiva las normas procesales generales, consideradas en el derecho procesal civil, y las normas especiales, previstas en la nueva Ley Adjetiva Laboral. Tribunal Supremo de Justicia, SALA DE CASACIÓN SOCIAL (2001). Expediente R.C. N AA60-S Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO. En el procedimiento que por cobro de

5 13 prestaciones sociales y demás indemnizaciones sigue el ciudadano CARLOS J. SALAMANCA, representado judicialmente por los abogados Luis Fereira Molero, David Fernández Bohorquez, Carlos Malavé González, Joanders José Hernández y Nancy Chiquinquirá Ferrer Romero contra la sociedad mercantil ASUNTOS Y SERVICIOS PETROLEROS, C.A. (PETROSEMA), representada judicialmente por los abogados Nelson Enrique Hernández Araujo, Ana Delia Ayala, Julio Álvarez y Mónica Vilchez; el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción del Estado Zulia con sede en Maracaibo, dictó sentencia en fecha 08 de junio del año 2001, mediante la cual declaró sin lugar la apelación de la parte demandada, quedando firme el fallo apelado que declaró con lugar la acción incoada. Contra el fallo anterior anunció recurso de casación la parte demandada, el cual una vez admitido fue remitido a este Alto Tribunal. Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en Sala en fecha 26 de julio del año 2001, correspondiendo la ponencia al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero. Fue oportunamente formalizado e impugnado. Hubo réplica. Concluida la sustanciación del presente asunto y siendo la oportunidad legal para ello se pasa a decidir, en los siguientes términos: CASACIÓN DE OFICIO. Villasmil (1997), en su tesis titulada: La relación de trabajo en la Navegación Marítima, tuvo como objetivo general el estudio analítico Trabajo marítimo venezolano. La investigación fue de tipo documental, descriptiva, por cuanto utilizó métodos de interpretación y análisis fundamentado en doctrinas de diferentes autores así como el estudio de la

6 14 Ley Orgánica del Trabajo, en su parte del Trabajo en la navegación venezolana. Su aporte, tal como lo señala su autor, fue el estudio de los derechos y beneficios contractuales del trabajador marítimo, así como también, sin lugar a duda, dejar sentado la facultad que está encomendada al Capitán como representante del patrono. 2. Bases Teóricas En esta sección se presentan disposiciones de los cuerpos normativos referentes a la investigación, así como el enfoque referido por autores y doctrinas relacionadas Disposiciones legales venezolanas laborales que versan sobre el principio realidad. El principio realidad, sobre el cual se abordará con detalle mas adelante en el presente estudio, conviene destacarlo en primera instancia, inserto de la Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como parte del enunciado que vela por el fin supremo de los derechos y condiciones del trabajo como hecho social. Así, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) consagra en su artículo 89: El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: 1) Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresiva de los

7 15 derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 2) Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley. 3) Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. 4) Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno. 5) Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. 6) Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar, su desarrollo integral. El Estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica y social. (Resaltado propio) Por su parte, La Ley Orgánica del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela (1997), de acuerdo a lo establecido en su artículo 10, cumpliendo el mandato constitucional antes señalado, establece un marco jurídico para el contrato individual y el contrato colectivo de trabajo, que define el ámbito de aplicación de los derechos de los trabajadores. Todas esas normas legales constituyen derechos favorables a los trabajadores, pues las disposiciones contenidas en ella son de orden público y de aplicación territorial. Estos derechos han sido atribuidos a los trabajadores y son derechos intangibles, incluso los estipulados en las convenciones colectivas del trabajo previamente acordados entre ellos. Se debe rechazar todo intento de aminorar o menoscabar esos derechos. Asimismo, La Ley Orgánica del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 60 estipula:

8 16 Además de las disposiciones constitucionales y legales de carácter imperativo, para la resolución de un caso determinado se aplicará, en el orden indicado: a) La convención colectiva de trabajo o el laudo arbitral, si fuere el caso; el contrato de trabajo; b) El contrato de trabajo; c) Los principios que inspiran la Legislación del Trabajo, tales como los contenidos explícita o implícitamente en declaraciones constitucionales o en los Convenios y Recomendaciones adoptados en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y en la jurisprudencia y doctrina nacionales; d) La costumbre y el uso, en cuanto no contraríen las disposiciones legales ni los principios a que se refiere el literal anterior; e)los principios universalmente admitidos por el Derecho del Trabajo; f) Las normas y principios generales del Derecho; g) La equidad. De lo citado anteriormente de la Ley Orgánica del Trabajo, se desprende el orden jerárquico normativo que se aplica en la resolución de los distintos conflictos y reclamaciones elevados a los órganos jurídicos, en pro de su solución, y en cuyo caso el juez, a través de las fuentes del Derecho Laboral ya referidas, resolverá las demandas solicitadas por los trabajadores. En esta estructura jerárquica se hace énfasis en el literal (e) del artículo en comento, el cual hace referencia a los principios que inspiran la Legislación del Trabajo. En este literal, queda implícito el principio de la supremacía de la realidad sobre las formas y apariencias, parte objeto de este estudio, quedando expresamente indicado en el Reglamento de la Ley del Trabajo venezolano. Así efectivamente, el Reglamento de la Ley del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela (2002), sobre los principios fundamentales del derecho del trabajo, señala en su artículo 8: Los principios aludidos en el literal e) del artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo, serán, entre otros y sin perjuicio de su previsión expresa en la legislación laboral, los siguientes (8): a)

9 17 Protectorio o de tutela de los trabajadores: I) Regla de la norma más favorable o principio de favor, por virtud del cual se plantearen dudas razonables en la aplicación de dos o más normas, será aplicada aquella que más favorezca al trabajador. En este caso, la norma seleccionada será aplicada en su integridad. II) Principio in dubio pro operario, en atención al cual en caso de plantearse dudas razonables en la interpretación de una norma, deberá adoptarse aquella que más favorezca al trabajador; y III) Principio de conservación de la condición laboral más favorable, por virtud del cual deberán ser respetados los derechos que se encuentran irrevocables y definitivamente incorporados al patrimonio del trabajador. a) Irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, cualquiera fuere su fuente. b) Primacía de la realidad o de los hechos, frente a la forma o apariencia de los actos derivados de la relación jurídico laboral. c) Conservación de la relación laboral: I) Presunción de continuidad de la relación de trabajo, por virtud de la cual en caso de duda sobre la extinción o no de ésta, deberá resolverse a favor de su subsistencia. II) Preferencia de los contratos de trabajo a tiempo indeterminado, en atención a lo cual deberá atribuirse carácter excepcional a los supuestos de autorización de contratos a término previstos en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo. III) Admisión de novaciones subjetivas y objetivas del contrato de trabajo. IV) Indemnizaciones en caso de extinción de la relación de trabajo por causa imputable al patrono; y V) Interrupciones de la relación de trabajo estimado irrelevante como causas de extinción, en los términos de los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Trabajo. (Resaltado propio). Como puede observarse en el contenido antes transcrito, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de la República Bolivariana de Venezuela (2002), confirma el sentido proteccionista que ha querido aplicar el legislador patrio en la persona del trabajador como débil económico, quien desarrolla las distintas actividades productivas a favor del patrón, industria o comercio, aplicando los principios fundamentales del derecho del trabajo antes referidos.

10 18 Nuevamente, el principio de la supremacía de la realidad sobre las formas y apariencias aparece expuesto de manera expresa en el literal (c) del artículo en comento mereciendo destacar su llamado a favor de la conservación de la condición laboral más favorable El Trabajo como hecho Social Hernández (2001, p. 11), refiere que el Derecho de Trabajo es un Derecho histórico y en continua expansión, que pretende acabar, con la categorización de las personas (patronos y obreros o empleados) y actividades (trabajo contractual), a las que hacía referencia la Ley Orgánica del Trabajo de 1936 señala que, a diferencia y producto de esa evolución, el artículo 1º de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, abandonó la concepción contractual y la reemplazó con una expresión más universal: Esta ley regirá las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del trabajo como hecho social, reflejándose en su redacción la influencia del Dr. Rafael Caldera en relación con la dimensión social que debía regir al Derecho del Trabajo venezolano. Expresa Hernández: La concepción adoptada por la Ley, busca la regulación de las situaciones jurídicas y relaciones que se deriven del desarrollo de trabajo, independientemente de que sea realizado en condiciones de dependencia o no, y de naturaleza de la actividad. Pero además, la concepción social del trabajo, busca resaltar el carácter personal y humano que éste tiene, es decir, destacar la prelación que en ella debe tener el contenido ético social sobre el mero carácter patrimonial, típico de las relaciones obligacionales.

11 19 También destaca Hernández, que el espíritu del Legislador es el de brindarle protección al trabajador que realiza trabajo no dependiente, de modo similar que al trabajador que realiza trabajo dependiente, lo cual está consagrado en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), aunque no lo norman profundamente, por considerarse que los mismos deben quedar amparados por el campo de la seguridad social, considerado como disciplina diferente de la del Derecho del Trabajo. Alcalá, Castillo y Cabanellas (1976) en relación con el Trabajo como hecho social, manifiestan: En el proceso de la dignificación laboral se destaca la doctrina y la práctica de la Iglesia; ya que muchas órdenes religiosas no han vacilado en el desempeño de tareas manuales, por necesidades propias y para obtención de recursos. La reafirmación valorativa resalta en la encíclica Rerum Novarum, en la que León XIII expresa que el trabajo común, según el testimonio de la razón y de la filosofía cristiana, lejos de ser un motivo de vergüenza, hace honor al hombre, porque le proporciona un medio noble de sustentar la vida. El carácter progresivo del Derecho del Trabajo, de acuerdo a las exigencias de la realidad social, resultante del moderno concepto del trabajo, que a través de él se busca no sólo la satisfacción individual y familiar si no el cumplimiento por parte de cada trabajador, a la valoración del esfuerzo colectivo en la necesidad que tienen los seres humanos para lograr un resultado satisfactorio. Sostienen Alcalá, Castillo y Cabanellas (1976): En lo social, el trabajo es la exteriorización consciente de la energía humana, física y psíquica a la

12 20 vez, con el fin de conseguir la satisfacción de una necesidad, de un interés, de una utilidad social. En este caso, el trabajo constituye pues la manifestación voluntaria de la virtud que tienen los hombres al cumplimiento de de los fines racionales de la existencia de los seres que viven en la comunidad. El profesor Tito Gutiérrez Alfaro, citado por el Dr. Rafael Caldera (1960) definió: El Derecho Social es un conjunto de normas jurídicas, principalmente impositivas, que valoran el aspecto colectivo de la naturaleza del hombre, inspirándose en la justicia social para contener los excesos del individualismo en el orden jurídico económico y realizar el mejoramiento económico social de las clases económicamente débiles. En este caso, es relevante destacar el deber del Estado venezolano velar, por mandato expreso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por el mejoramiento socio-económico y de la calidad de vida del trabajador patrio y su entorno familiar, en contraste con los intereses particulares de quien depende laboralmente. De la misma manera, el profesor de Sao Paulo (Brasil), A.F. Cesarino Junior (1943), también citado por Caldera (1960), definió el trabajo como hecho social como el conjunto de principios y leyes imperativas cuyo objetivo inmediato es, teniendo en vista el bien común, auxiliar y satisfacer convenientemente las necesidades vitales propias y de sus familias, a las personas físicas en cuanto son dependientes del producto de su trabajo.

13 21 Las diversas opiniones y estudios con relación al trabajo como hecho social, han dado renovado impulso a la forma progresiva del Derecho del Trabajo, referente a la creación de normas jurídicas tendentes a la protección del trabajador como débil económico, de manera que lo dignifique como ser humano Fuentes del Derecho del Trabajo Marín (2002), citando a Bermúdez, señala que el estudio doctrinado de las fuentes no corresponde precisamente al campo del Derecho Procesal, pero conviene tratarlo a fin de señalar el origen de la normatividad procesal. Martínez (1995), refiere: Estudiar las fuentes del derecho, consiste en el análisis de la naturaleza, de su origen y de los principios que rigen en el orden de su aplicación. Modernamente se le asigna a la palabra fuente una triple significación: fuentes formales, referido a los procesos de creación de las normas jurídicas; materiales o reales, que los son factores y elementos que determinan el contenido de tales normas; e históricas, relacionadas a los documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Todo sistema jurídico tiene la manera de crear las normas que le son propias. El Derecho del Trabajo no escapa a esta realidad, pues también tiene la forma de elaborar sus propias reglas, las cuales son susceptibles de ser clasificadas y jerarquizadas, aún cuando existen notables discrepancias doctrinales acerca de este tema. Al respecto, la Ley Orgánica del Trabajo venezolana (1997), en su artículo 60, (enunciado en párrafos anteriores) refiere las fuentes del Derecho del Trabajo e indica su orden jerárquico de aplicación.

14 22 En este sentido, el procesalista Rengel (1995, p. 86,87) define: las fuentes del derecho procesal como las reglas o cánones de que puede valerse el juez en el proceso para valorar la significación jurídica de las conductas procesales que debe juzgar y fundar la fuerza de convicción que ha de tener la resolución que dicte. El nombrado procesalista distingue entre Fuentes Primarias o Vinculantes y Fuentes Secundarias o No Vinculantes. Igualmente señala: Las fuentes primarias o vinculantes, están constituidas por la legislación en sentido amplio, o sea tanto las normas legales como reglamentarias, y que son de obligatorio cumplimiento. Las fuentes secundarias o no vinculantes, son para el juez la jurisprudencia y la doctrina. La costumbre no es reconocida entre nosotros como fuentes formal del Derecho procesal. Los usos y las prácticas de procedimiento, sólo se admiten para actuaciones de mero trámite, no reguladas en su forma por la ley procesal. Es evidente que al estudiar las fuentes se habla también de origen y manera de crear las normas, y se encuentra una gran similitud desde ese punto de vista. Pero el Código Procesal Civil venezolano (1987), en su artículo 321, sugiere a los jueces de instancia acoger la doctrina emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, en aquellos casos análogos, con la finalidad de defender la integridad de la Legislación, y la unificación de la jurisprudencia. Por su parte, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 177, ordena a los jueces del Trabajo acoger la norma jurisprudencial, con la finalidad de defender la integridad de la Legislación Laboral y la unificación

15 23 de criterios de las decisiones de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Manifiesta Hernández (2001), en la aplicación de las normas jurídicas en materia de Derecho del Trabajo que, por primera vez, el legislador venezolano ha tratado de sistematizar lo referente a las normas jurídicas del trabajo, su aplicación, la jerarquía de las fuentes y algunos principios que rigen la aplicación e interpretación de tales normas. Al respecto, señala el precitado autor, que estudiar las fuentes del derecho consiste precisamente en el estudio de su naturaleza, de su origen, y de los principios que rigen en el orden de su aplicación. Las Fuentes del Derecho, en el sentido formal que le da el artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), vendrían a ser las distintas formas en que se manifiesta la norma jurídica: ley, costumbre, convención colectiva, entre otras. Conviene señalar, la manera cómo el autor antes referido hace la clasificación de las fuentes del Derecho del Trabajo, con base al artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo: A) Fuentes Internas: Aquellas que se originan al interior del territorio nacional. B) Fuentes Externas: Aquellas que se originan fuera del territorio nacional. Por ejemplo, una fuente externa serían, por ejemplo, los convenios o acuerdos no ratificados por Venezuela adoptados en el seno de las Conferencias General de la Organización Intelectual del Trabajo, y los tratados bilaterales y multilaterales celebrados por nuestro país que regulen materias relacionadas con el trabajo. Las primeras, o sea las internas pueden subdividirse a su vez en:

16 24 a) Fuentes Internas heterónomas: aquellas que no constituyen en modo alguno una manifestación de autonomía privada, sino que son impuestas a los particulares. Esta vez su subdividen en: b) Fuentes heterónomas de origen estatal: Aquellas en cuya producción interviene el estado, es decir constituyen una manifestación de cuales quiera de los tres poderes del Estado. c) Fuentes heterónomas de origen no estatal, en ellas podemos incluir la doctrina, los principios generales del derecho del trabajo (no consagrados expresamente en las leyes), los principios generales del derecho y equidad. d) Fuentes internas autónomas de origen convencional o profesional: en la producción de estas normas no intervienen el estado, si no que tienen su origen o en la vo luntad de las partes, o en el ejercicio de la actividad. Según Caldera (1960), el Derecho del Trabajo tiene fuentes propias que han hallado dentro de él, nacimiento y vida específica; fuentes con una estructura de jerarquía, donde la importancia relativa de unas fuentes respecto de otra tiene, en el Derecho del Trabajo aspectos marcados que la diferencian del Derecho común. Entre las fuentes propias destaca: la convención colectiva. Su aparición en el campo laboral como fenómeno intermedio entre la ley estatal y el contrato interindividual, ha sido una nota característica cuya importancia crece con el transcurso de los años. En cuanto la jerarquía de las fuentes, hay aspectos interesantes como el de la prevalencia de la ley y del convenio colectivo sobre el contrato. El precitado autor, clasifica las diversas fuentes del desarrollo laboral en dos grupos: Uno, que agrupa las propias del derecho del trabajo, en orden relativo de preferencia: a) las disposiciones legales y reglamentarias de carácter imperativo. b) la convención colectiva de trabajo, c) la voluntad privada de las partes en el contrato de trabajo. d) Los principios que inspiran

17 25 la legislación laboral, cuando el caso no esté explícitamente resuelto por las fuentes anteriores. e) La costumbre y el uso, siempre que no contradigan las disposiciones dictadas por el legislador o las reglas derivadas de las fuentes anteriormente enumeradas. f) Los principios del derecho laboral generalmente admitidos internacionalmente. El otro subgrupo señalado por Caldera como de fuentes supletorias, y que siguen en orden jerárquico inferior a las indicadas en el primer grupo son: g) Las normas y principios del Derecho común, que llenan las lagunas de una regulación jurídica destinada a regir aspectos especiales, en cuanto no contraríen las normas y principios que inspiran la legislación del trabajo, lo que explica el lugar jerárquico donde ha sido colocado en la presente jerarquización. h) Y finalmente, como manantial inagotable, la equidad Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo Según Hernández (2001), en lo atinente a los principios generales del Derecho del Trabajo, citando a Américo Plan Rodríguez, en su extraordinaria obra dedicada a ellos, los define de la siguiente manera: Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos. Por otra parte, señala el precitado autor que los más importantes de estos principios son:

18 26 a) El principio protector con sus manifestaciones más concretas como son la regla in dubio pro operario, la de la norma más favorable (consagradas en el artículo 59) y la de la condición mas beneficiosa. b) El principio de la irrenunciabilidad consagrado expresamente en nuestra Ley. c) El principio de continuidad de la relación de trabajo, que tiende a garantizarle al trabajador el derecho de permanencia en la empresa, así como procurar que la relación de trabajo tenga la más larga duración. d) El principio de la primacía de la realidad sobre lo estipulado en los documentos o acuerdos, en caso de existir discordancia entre los hechos y lo escrito. e) El principio de la razonabilidad, que si bien no es exclusivo del Derecho del Trabajo, en este campo adquiere especial relevancia, consiste en que en materia de relaciones de trabajo, se debe imponer en todo momento la razón humana. Algunos prefieren llamarlo principio de racionalidad. f) El principio de la buena fé. El artículo del Código Civil dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fé. Ahora bien, en el campo de las relaciones laborales adquiere especial importancia. La buena fé implica la colaboración entre los dos sujetos de la relación laboral en aras de lograr el mayor rendimiento. En los últimos tiempos, las tendencias flexibilizadoras han venido cuestionando la manifestación clásica de los principios del Derecho del Trabajo. Ahora bien, el precitado autor sostiene que la equidad estipulada en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 es fuente del Derecho del Trabajo. Además el artículo 68 de la ley en comento establece que el contrato de trabajo obliga no sólo a lo expresamente pactado sino también a las consecuencias que de él se derivan según la equidad, la costumbre y la ley. La equidad es la justicia del caso concreto. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe

19 27 efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. Según Alfonzo (1997), La interpretación del Derecho del Trabajo y su principio es descubrir el correcto sentido de una norma, con objeto de determinar su alcance en cuanto a las relaciones jurídicas que ella comprende. Toda norma jurídica, de carácter legal o de derecho consuetudinario, debe ser interpretada previamente a su aplicación, bien sea su contenido evidente, por se clara su redacción e indudable su sentido, bien sea éste oscuro y dudoso. En tal sentido, sostiene el precitado autor que para conocer el propósito, el espíritu y la razón del legislador al sancionar el conjunto de reglas que integran el Derecho del Trabajo, es importante tomar en consideración los principios que condujeron a la promulgación de este cuerpo normativo, a saber: 1) El principio de favor, llamado también principio pro operario, que concreta su finalidad en tres aplicaciones: a) En caso de conflicto de leyes, prevalecen las del Trabajo, sustantivas o de procedimiento. b) En caso de conflicto de normas, ha de aplicarse la más favorable al trabajador; y c) En el supuesto de incerteza del juez entre dos declaraciones posibles derivadas de una misma norma, ha de preferir la interpretación que más beneficia al trabajador 2) El principio de la irrenunciabilidad de las disposiciones de la legislación que favorezcan a los trabajadores. La irrenunciabilidad, consagrada por el Art. 3 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, se asienta en el carácter de orden público que, en general, se atribuye a las reglas del derecho laboral, pero en el entendido de que éstas se ofrecen al intérprete como normas de contenido mínimo obligatorio, que no impiden la celebración de convenios tácitos o expresos entre patronos y trabajadores para hacerlas todavía más favorables

20 28 3) Algunos autores suelen incorporar como principios propios del Derecho del Trabajo, el de la continuidad del contrato; el del rendimiento y el de la Justicia Social. 4) El Reglamento General de la L.O.T. de 1999 (G.O. Extr. Nº 5292, de ) enuncia, en su artículo 8º, otros principios del Derecho del Trabajo, muchos de los cuales son manifestaciones del de favor, a que nos hemos referido en el punto 1, supra, de este mismo epígrafe. Según Mille (1989), la prestación de servicios personales en el marco de una relación subordinada es un hecho social que se encuentra en la base misma del desarrollo comunitario y del progreso de la humanidad. Sostiene que en materia laboral rige el principio del contrato realidad que atiende fundamentalmente al hecho específico de la prestación del servicio. Resalta la importancia determinante que tiene la naturaleza real del servicio prestado, por encima de cualquier otro tipo de consideraciones; y por encima, inclusive, de manifestaciones escritas que se muestren contrarias a las circunstancias concretas y reales de tal prestación. De allí que en materia laboral, el Juez debe romper con la rigurosidad del formalismo jurídico para atender las derivaciones de la naturaleza real del trabajo, como hecho social que es. Es este sentido, por ejemplo, un trabajador que suscriba un determinado contrato con un patrón para ejercer un cargo de dirección, pero en la práctica los servicios prestados no corresponden a los de dirección, es allí donde prevalece el principio en comento sobre la formas y apariencias, al constatar la naturaleza real del servicio. Consecuentemente, a dicho trabajador le corresponderán los beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo.

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