COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JUDICIAL

Transcripción

1 9. DERECHO ELECTORAL Y DERECHO PARLAMENTARIO a) Jurisprudencia Sala Superior vs. Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal Jurisprudencia 12/2009 ACCESO AL CARGO DE DIPUTADO. COMPETE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DE LAS IMPUGNACIONES RELACIONADAS CON ÉL. De la interpretación sistemática, funcional e histórica de los artículos 99, párrafos segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 189, fracción I, inciso e) y 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 83, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano competente para conocer y resolver las controversias que se susciten respecto de la supuesta conculcación del derecho de ser votado en su vertiente de acceso y ejercicio del cargo de los diputados, porque como máxima autoridad jurisdiccional electoral tiene competencia originaria y residual para resolver todas las controversias en la materia, con excepción de las que son competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las salas regionales, sin que la hipótesis mencionada esté dentro de los supuestos que son del conocimiento de éstas, además de que sólo de esta forma se observa la finalidad del legislador constituyente consistente en el establecimiento de un sistema integral de justicia electoral de tal forma que todos los actos y resoluciones de dicho ámbito, o bien, que incidan y repercutan en el mismo, admitan ser examinados jurisdiccionalmente en cuanto a su constitucionalidad y legalidad. Contradicción de criterios. SUP-CDC-5/2009. Entre los sustentados por la Sala Superior y Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 8 de julio de Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Fernando Ramírez Barrios. La Sala Superior en sesión pública celebrada el ocho de julio de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 1

2 Partido Verde Ecologista de México y otros Vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 10/2009 GRUPOS PARLAMENTARIOS Y LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. ESTÁN SUJETOS A LAS PROHIBICIONES QUE RIGEN EN MATERIA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. De la interpretación de los artículos 39, 40, 41, párrafos primero y segundo, base III, apartado C, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los numerales 2, párrafo 2, 237, párrafo 4, y 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que las prohibiciones que rigen la propaganda institucional o gubernamental aplican igualmente para los legisladores del Congreso de la Unión como grupos parlamentarios. Lo anterior porque tales restricciones, en cuanto a los sujetos a los que están dirigidas, comprenden a los poderes federales y estatales, los municipios, los órganos de gobierno del Distrito Federal, así como cualquier otro ente público, quedando incluidos en el primero de los supuestos los legisladores, tanto en lo individual como en grupos parlamentarios, pues si bien no constituyen por sí mismos el poder legislativo, sí forman parte de él y no se les puede desvincular de la Cámara de Diputados o de Senadores a la que pertenezcan, en relación con las cuales ejercen las funciones propias del Poder Legislativo que integran. Una interpretación contraria conllevaría la posibilidad de vulnerar los principios de imparcialidad y equidad en las contiendas electorales que se tutelan en los preceptos constitucionales citados. Recurso de apelación. SUP-RAP-75/2009 y acumulado. Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otros. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. 8 de mayo de Unanimidad de votos, con la reserva del Magistrado Flavio Galván Rivera. Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa. Secretario: Alejandro David Avante Juárez. Recurso de apelación. SUP-RAP-145/2009. Actor: Partido Revolucionario Institucional. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. 24 de junio de Unanimidad de seis votos. Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa. Secretario: Armando Cruz Espinosa. Recurso de apelación. SUP-RAP-159/2009. Actor: Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. 24 de junio de Unanimidad de seis votos. Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa. Secretarios: Armando Cruz Espinosa y Enrique Figueroa Ávila. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de junio de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 2

3 b) Tesis Dante Delgado Rannauro y otros vs. Junta de Coordinación Política y Pleno de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión Tesis XVIII/2007 DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO PARLAMENTARIO. La interpretación de los artículos 35, fracción II, 39, 41, primero y segundo párrafos, 115, fracción I, y 116, párrafo primero, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a establecer que el objeto del derecho político-electoral de ser votado, implica para el ciudadano, dentro de un marco de igualdad, tanto la posibilidad de contender como candidato a un cargo público de elección popular, como ser proclamado electo conforme con la votación emitida, lo mismo que acceder al cargo, aspectos que constituyen el bien protegido o tutelado jurídicamente por el ordenamiento. El derecho de acceso al cargo se agota, precisamente, en el establecimiento de las garantías y condiciones de igualdad para ocupar el cargo y para el ejercicio de la función pública correspondiente. Sin embargo, este derecho no comprende otros aspectos que no sean connaturales al cargo para el cual fue proclamado, ni se refiere a situaciones jurídicas derivadas o indirectas de las funciones materiales desempeñadas por el servidor público. Por tanto, se excluyen de la tutela del derecho político-electoral de ser votado, los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario, como los concernientes a la actuación y organización interna de los órganos legislativos, ya sea por la actividad individual de sus miembros, o bien, por la que desarrollan en conjunto a través de fracciones parlamentarias o en la integración y funcionamiento de las comisiones, porque tales actos están esencial y materialmente desvinculados de los elementos o componentes del objeto del derecho políticoelectoral de ser votado. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC- 1711/2006. Actores: Dante Delgado Rannauro y otros. Autoridades responsables: Junta de Coordinación Política y Pleno de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 7 de diciembre de Mayoría de cinco votos. Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa. Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza. Secretario: Armando Cruz Espinosa. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 3

4 Mario Enrique Pacheco Ceballos vs. Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche Tesis XIV/2007 JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. LA REMOCIÓN DEL COORDINADOR DE UNA FRACCIÓN PARLAMENTARIA NO ES IMPUGNABLE (Legislación de Campeche). De la interpretación de los artículos 35, fracción II, 39, 41, primero y segundo párrafos, 115, fracción I, 116, párrafo primero, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo 3 y 79, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en relación con el régimen parlamentario de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, se concluye que la remoción del coordinador de una fracción parlamentaria que efectúe su partido político, no es objeto de control a través del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, pues tal cargo pertenece al ámbito del derecho parlamentario, y en esa medida, participa de la naturaleza estructural interna del Congreso del Estado, pues las leyes orgánicas correspondientes por lo general, prevén que la finalidad de los grupos parlamentarios es coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo, además de que se constituirán como tales, por decisión de sus miembros. Así, los grupos parlamentarios sólo representan una manera de organización del trabajo legislativo, ya que no son órganos de decisión en sí mismos, pues sólo realizan actividades preliminares a través de sus integrantes en las distintas comisiones que se reflejan en los proyectos, dictámenes, opiniones o informes, que luego son sometidos al Pleno del Congreso, sin que el coordinador tenga facultades de votar en nombre de los integrantes del grupo, si no que cada integrante emitirá su propio voto. A su vez, en cuanto a los derechos político-electorales debe decirse que el derecho de afiliación, no se ve trastocado con la remoción mencionada, a pesar de realizarse por su propio partido, puesto que no existe un derecho a ser coordinador parlamentario, salvo que los estatutos partidistas así lo dispongan. En todo caso, en este punto, el derecho que tienen los militantes es el de participar en la dirección del partido, el cual no se ve afectado con la remoción de coordinador parlamentario. Por su parte, el derecho a ser votado tampoco se afecta porque, implica, al igual que los demás derechos derivados de éste, la situación jurídica de igualdad en los distintos aspectos que lo conforman, es decir, igualdad para competir en un proceso electoral, ser proclamado electo, y ocupar materialmente y ejercer el cargo (acceder) por el ciudadano que haya sido electo. Respecto a los dos primeros aspectos, se traducen en que todos los ciudadanos deben gozar de iguales posibilidades sin discriminación, de tal manera que se garanticen que puedan ser igualmente elegibles y, en caso de obtener la mayoría de la votación emitida, ser declarado funcionario electo. Igualmente, comprenden el establecimiento en la ley de los elementos materiales necesarios que generan para los ciudadanos postulados como candidatos, una contienda equitativa. Finalmente, ocupar materialmente el cargo, se traduce en que el candidato ganador sea proclamado funcionario electo y tome posesión del cargo. Sin embargo, el derecho de acceso al cargo se agota, precisamente, en el establecimiento y garantía de esas condiciones de igualdad para ocupar y para ejercer la función pública correspondiente, por lo que la función para la cual fue proclamado, no se refiere a situaciones jurídicas derivadas o indirectas de las funciones materiales desempeñadas por el servidor público. 4

5 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC- 144/2007. Actor: Mario Enrique Pacheco Ceballos. Responsable: Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche. 21 de marzo de Mayoría de cinco votos. Engrose: Pedro Esteban Penagos López. Disidentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza. Secretaria: Claudia Pastor Badilla. La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de septiembre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. c) Precedentes SUP-JDC-2999/2009 La Sala Superior desechó la demanda del juicio para la protección de los derechos político electorales promovido por Rafael Cervantes Padilla contra su sustitución como coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del estado de Nayarit. Lo anterior, ya que la Sala Superior consideró que el actor carece de interés jurídico para promover el juicio ciudadano, toda vez que la remoción del coordinador de un grupo parlamentario no afecta ni puede afectar de manera directa e inmediata los derechos políticoelectorales de votar, ser votado, en las modalidades de acceso, ejercicio inherente del cargo o de participación en la vida política del país, ni el derecho de afiliación, o algún otro derecho fundamental relacionado con los anteriores, porque se trata de un acto que no trasciende más allá de la organización interna del Congreso del Estado de Nayarit. Entre otras consideraciones en la sentencia se establece que la remoción o sustitución de los coordinadores de las fracciones parlamentarias en los Congresos de los estados, constituye uno de los supuestos en los que no se afecta el derecho de afiliación, y se trata de actos partidistas cuya trascendencia jurídica corresponde al ámbito parlamentario. Al respecto, el Magistrado Manuel González Oropeza emitió voto particular por considerar que el acto impugnado sí vulnera un derecho político y, por ende, es susceptible de impugnarse mediante el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, lo cual conllevaría al estudio de fondo de la demanda y no a su desechamiento de plano. SUP-JDC-648/2009 El juicio ciudadano fue promovido por María de Lourdes Valdés Galán contra la negativa del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de tomarle protesta constitucional como diputada suplente en dicho órgano legislativo, toda vez que la Comisión Permanente no se encontraba en funciones. La Sala Superior consideró que la Ley Orgánica del Congreso General contiene normas concretas que, en una intelección acorde, sistemática, funcional y extensiva, hacen viable garantizar, en todo tiempo, esto es tanto durante los periodos ordinarios como en los recesos 5

6 del Congreso y concretamente de la Cámara de Diputados, la tutela efectiva del derecho de acceso al cargo, comprendido, dentro de la protección del derecho político-electoral de votar, en su vertiente de sufragio pasivo. Por lo anterior, ordenó al citado funcionario tomarle protesta constitucional a la diputada a fin de privilegiar el derecho político electoral de la inconforme a integrar dicha legislatura. SUP-JDC-67/2008 y acumulados La Sala Superior al resolver los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano promovidos contra el acuerdo emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual se eligieron las Comisiones y Comités de la Quincuagésima Séptima Legislatura, determinó desestimar la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, así como por los terceros interesados consistente en desechar las demandas pues el acto impugnado constituye una facultad parlamentaria, que no puede generar una afectación a los derechos político-electorales de los ciudadanos. Lo anterior, toda vez que la Sala consideró la determinación de afectación directa e inmediata alguno de los derechos político-electorales del ciudadano, involucra necesariamente la cuestión de fondo planteada, por lo que de resolver desechando, se incurriría en un vicio lógico de petición de principio de la argumentación En el estudio de fondo, este órgano jurisdiccional concluyó que el Acuerdo impugnado relativo a la integración de las comisiones y comités dentro de un Congreso local, no involucra aspectos relacionados directa e inmediatamente con el derecho político electoral de ser votado de los actores, toda vez que no incide en los aspectos concernientes a la elección, proclamación o acceso al cargo de diputados, ni genera violación alguna a tales derechos, sino por el contrario afecta exclusivamente en el ámbito parlamentario administrativo, por estar relacionados con el funcionamiento y desahogo de las actividades internas y preparatorias de las decisiones del Congreso del Estado. SUP-RAP-185/2008 y SUP-RAP-187/2008 acumulados El 4 de octubre de 2008, el PT y el PRD interpusieron sendos recursos de apelación contra la resolución CG453/2008 emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual se declaró fundada la queja presentada por el PAN, por actos que consideró constitutivos de infracciones al COFIPE atribuibles al PRD, PT y Convergencia (toma de tribunas del Congreso de la Unión) e impuso a cada uno de ellos una sanción administrativa consistente en amonestación pública. La Sala Superior ordenó revocar la resolución reclamada en la parte correspondiente al PT y PRD, para que quedara sin efectos la amonestación pública que se les impuso como sanción, ya que con independencia de que los actos realizados por legisladores federales fueran o no legítimos o apegados a derecho y, en su caso, sancionables en otro ámbito, lo cierto es que esas conductas no podían ser responsabilidad electoral de dicho instituto político bajo la figura de garante, por lo siguiente: a) Las personas que realizaron las conductas son identificadas y se ostentaron con la calidad de legisladores del Congreso de la Unión, cargos de elección popular 6

7 que, por su naturaleza, derechos y obligaciones constitucionales y legales, se ubican por encima de cualquier posición o calidad partidaria. Dichos servidores públicos atienden de manera prioritaria la tarea legislativa, y en un plano secundario conservan un vínculo con el partido que los postuló, b) Los actos materia de sanción fueron realizados por los legisladores federales dentro de los recintos parlamentarios, fundamentalmente para oponerse a una iniciativa de reforma del orden jurídico mexicano, lo que constituyó un acto esencialmente legislativo o parlamentario que se aparta, en sentido estricto, del ámbito electoral, así como de las actividades y finalidades propias y exclusivas de los partidos políticos y, por ende, no es posible atribuirle responsabilidad al instituto político por su comisión; c) éstos actos escapan del control y dominio de los órganos de dirección partidarios, y d) No quedó demostrado que entre los legisladores y su partido haya existido un vínculo directo que haya determinado su forma de actuar. SX-JRC-46/2010 La Sala Regional Xalapa al resolver el diverso juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Acción Nacional contra la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en Yucatán, estimó entre otras cuestiones declarar infundado el agravio en el cual el partido actor alegaba que al permitirse al Partido Verde Ecologista de México designar como diputado de representación proporcional, un candidato de afiliación priísta, por vía de candidatura común, se propiciaría un fraude a la ley, pues se permitiría que un partido rebasara el máximo de diputaciones. Al respecto, la Sala Regional consideró que en torno al comportamiento de los integrantes del órgano legislativo, en cuanto a su afiliación partidista o ideología una vez que ocupan el cargo, escapan al ámbito de la materia electoral y entran en el derecho parlamentario. Ello es así toda vez que señaló esa rama del derecho tiene por objeto regular el comportamiento, administración, funcionamiento y procedimientos que como parte de su tarea cotidiana debe llevar a cabo el Congreso, tales como, la integración de comisiones, estudios legislativos, análisis de iniciativas, entre otras. En ese sentido, resaltó el apoyo que cualquiera de los integrantes de la legislatura brinde a esas tareas, ninguna relación guarda con los principios tutelados por esta materia, por el contrario, corresponden al aspecto orgánico de funcionamiento del cuerpo legislativo que por lo mismo, encuentran su tutela en el derecho parlamentario. Asimismo, en la sentencia se destacó que la doctrina se ha ocupado de analizar dicho tema, en lo concerniente a los militantes de partidos políticos o candidatos que siendo postulados por un determinada fuerza política se suman a una corriente o grupo distinto, lo cual se distingue en la doctrina como transfuguismo parlamentario 1. Finalmente, la Sala concluyó que la pertenencia del candidato cuestionado al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México o cualquiera otra, una vez integrado el cuerpo legislativo, por disposición constitucional debe transformarse en la suma a toda corriente 1 Se entiende por transfuguismo al integrante del órgano legislativo que no ocupe la ubicación parlamentaria que le corresponde desde una perspectiva político-electoral. TOMÁS MALLÉN, Beatriz. Transfuguismo parlamentario y democracia de partidos, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pp

8 de opinión que con independencia de la afiliación partidista sea la mejor opción para el país, estado, distrito o municipio que representan, sin que pueda exigirse esa congruencia o prohibirse el transfuguismo, al menos desde esta materia. SG-JDC-11/2008 El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano fue promovido por José Ángel Castro Mata y Juan José Castellanos Franco contra el documento suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Nayarit, en el que se da respuesta a la solicitud de constituir el Grupo Parlamentario denominado "Frente Amplio Progresista". Al respecto, la Sala Regional determinó desechar de plano la demanda toda vez que de su lectura, no se advertía la afectación de algún derecho político-electoral de los impugnantes, ni siquiera el de asociación previsto en el artículo noveno constitucional. Lo anterior, pues el hecho de que los actores hubieran solicitado la conformación de un Grupo Parlamentario, no puede tener el alcance de involucrar el análisis jurídico de los procedimientos internos de una legislatura local, toda vez que dichas actividades forman parte de las funciones propias del órgano legislativo, en virtud de que los procedimientos y reglas que rigen las actividades del Congreso del Estado de Nayarit, caen dentro de la esfera del derecho parlamentario y por lo tanto escapan del control jurisdiccional que en materia electoral se prevén en el artículo 99 párrafo cuarto fracción V de la Constitución Federal, así como de los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 8