MALAS PRÁCTICAS EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL: EL ACTA DE ENTREVISTA UNICA Y EL RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO DE PERSONAS

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1 MALAS PRÁCTICAS EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL: EL ACTA DE ENTREVISTA UNICA Y EL RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO DE PERSONAS 1. Planteamiento del problema José Domingo Pérez Gómez Fiscal Provincial Penal DDJJ Moquegua El problema que se plantea ocurre en algunos de los distritos judiciales del norte y sur del país, donde se está aplicando el Código Procesal Penal, esto es, la progresiva aceptación de que los actos de investigación son de contradicción. Para dar respuesta al planteamiento propuesto se analizarán dos resoluciones judiciales; la primera una acción de tutela que declare la invalidez del acta de entrevista de menor, y la segunda, una sentencia que declara la ilicitud de los actos de investigación. Antes de entrar al análisis, es necesario dejar constancia que gracias a los Procesos de Inducción en la Implementación del Código Procesal Penal conducidos por el Equipo de Implementación de la Fiscalía de la Nación, es que el ensayista ha logrado recabar la información que ilustrará este ensayo, gracias al intercambio de experiencias laborales con sus similares de La Libertad, Huaura, Arequipa, etc; en cada reunión de trabajo, se han advertido los diferentes juicios de interpretación de la norma procesal a que los Fiscales llegan en su afán de perseguir el delito respetando las garantías constitucionales. Es respetable la apreciación de cada distrito judicial aplicando la norma procesal; empero de no sentarse un criterio en la persecución penal, se generará pronto una gran incertidumbre debido a la ausencia de un planteamiento común de cara contra la criminalidad. Esperemos que el presente ensayo ayude a las instancias correspondientes a tomar cartas en el asunto para redireccionar la política de implementación. 2. Los casos planteados 2.1. La invalidez del acta de entrevista única (declaración) de la menor agraviada por el delito de violación sexual 1 1 Expediente JR-PE-03

2 En el distrito judicial de Cañete, la Sala Penal de Apelaciones declaró fundada la solicitud de tutela de derechos, ordenando que el Fiscal conduzca una nueva entrevista única (declaración) de la menor agraviada por el delito de violación sexual; debiendo garantizar que el imputado asista a la misma con su abogado defensor. Considera la Sala, para ello, que se ha llevado a cabo un inicial acto de investigación que ha conllevado a la violación del derecho de defensa reconocido en el artículo IX del Código Procesal Penal, porque el Fiscal realizó la entrevista sin la presencia del imputado con su abogado defensor, o en su defecto no contó con un defensor de oficio que garantice tal actuación La absolución del acusado por tentativa de homicidio 2 por ilicitud del reconocimiento fotográfico En el distrito judicial de Moquegua, el Juez del Segundo Juzgado Unipersonal absolvió a un acusado por delito de Homicidio en grado de Tentativa, por considerar entre otros fundamentos- que el Fiscal transgredió los derechos fundamentales del acusado (derecho al debido proceso y derecho de defensa) al no haber ordenado la participación del abogado defensor o el Juez de la Investigación Preparatoria en el acto de reconocimiento fotográfico de personas, por lo que la sanción ha sido no valorar el referido reconocimiento. En términos más sencillos, el Juez cuestiona que en la diligencia que reconocimiento fotográfico que conducía a identificar al acusado no contó con un defensor público que garantice el derecho de defensa. Esos criterios jurisdiccionales, entonces, plantean los siguientes puntos a desarrollar en el ensayo: a) La naturaleza jurídica del Ministerio Público. b) El nacimiento de la imputación. c) Los actos de investigación: el acta de entrevista de menor (declaración) y el reconocimiento fotográfico de personas. 3. La naturaleza jurídica del Ministerio Público Las desafortunadas decisiones judiciales en comento han interpretado el Artículo XI del Título Preliminar del Código Procesal Penal de la siguiente manera: 2 Expediente No JR-PE-01

3 La Sala Penal de Apelaciones ha considerado que el derecho de defensa del imputado en cualquier estado del proceso, y el derecho a la defensa gratuita en caso de no acceder a una defensa de su elección, están previstos en el artículo 139 incisos 14 y 16 de la Constitución Política del Estado, precepto que fue desarrollado normativamente por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal, cuando dispone que toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto, entre otros, a ser asistida por un abogado defensor de su elección o en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida; norma que sin necesidad de mayor análisis, y con rango de principio concede al imputado el derecho de contar con defensa técnica desde el primer momento de iniciada la investigación en su contra, tal y conforme también lo dispone el artículo 71 inciso 2 literal c) del mismo cuerpo punitivo, el mismo que contiene un mandato imperativo sobre el derecho a ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Ahora bien, dicho derecho de defensa no concreta en una actuación pasiva del Estado consistente en permitir al imputado a que haga o no haga una actividad defensiva, sino, se proyecta inclusive a asegurar una nivelación con su acusador en cuanto a su intervención durante todas las diligencias, de tal forma que conforme señala la misma norma constitucional- se configure una igualdad de armas en la actividad probatoria la misma a su vez se extiende a la práctica de actos de investigación desarrollados tanto en la etapa de la investigación preliminar como en la investigación preparatoria. En tanto, que el Juez Penal ha postulado que constitucionalmente la investigación de delitos se lleva a cabo por la Policía Nacional del Perú, bajo la dirección del Ministerio Público, respetándose por ambas instituciones, en todo momento, el debido proceso y el derecho de defensa del imputado, cuya garantía y cautela no puede estar a cargo de uno de tales órganos, puesto que ambos se encuentran dentro de la línea de persecución penal, en un sistema acusatorio dicha función solo podría cumplirla el abogado del imputado. Contra esas literales interpretaciones de la norma adjetiva 3, es una obligación postular en este ensayo aquélla que integra el ordenamiento jurídico en un todo, permitiendo la conjunción armónica de los valores y principios con la 3 El método literal es el procedimiento de interpretación consistente en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias del entendimiento común del lenguaje escrito en el que se halla producida la norma, salvo que los términos utilizados tengan algún significado jurídico específico y distinto del común, en cuyo caso habrá que averiguar cuál de los significados está utilizando la norma. Giammpol Tabeada Pilco, en La Posesión de una Bala constituye Delito de Tenencia Ilegal de Municiones? Gaceta Penal Tomo 8. Gaceta Jurídica. Lima, 2010, P. 85

4 parte orgánica de la Constitución 4, para determinar la naturaleza del Ministerio Público en el nuevo proceso penal El Ministerio Público en el ordenamiento jurídico peruano La entrada progresiva del Código Procesal Penal en el Perú no implicaba la asunción novísima de un sistema procesal acusatorio. Los antecedentes normativos nos dicen que el monopolio de la persecución penal siempre ha correspondido al Ministerio Público 5 ; sin embargo, la coexistencia con el antiquísimo Código de Procedimientos Penales (1940) hacía que la investigación del delito se compartiera con el Juez Penal Instructor 6. El sistema acusatorio, pues, significa someter a una persona a un juicio penal previa existencia de una acusación de un tercero ajeno al juzgador 7. En el Perú de los ochenta o noventa no desconoció juzgamientos orales con acusaciones fiscales que consagraban el tan ahora- mentado sistema acusatorio [ejemplo de ello es el proceso ordinario 8 ]. Sin embargo, la Constitución de 1993 ha 4 La interpretación sistemática trata de mirar íntegramente la Constitución y de dar respuestas normativas constitucionales, no desde un texto normativo específico sino desde el conjunto de reglas y principios constitucionales. Ello quiere decir que, metodológicamente, para analizar cada problema constitucional debemos revisar no solamente la regla aplicable sino todo el texto constitucional y los principios de la disciplina, para armonizar una respuesta a partir de todos los elementos normativos que encontremos. Rubio Correa, Marcial. La interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. PUCP Fondo Editorial. Lima, P El objeto del proceso lo fija el Ministerio Público, es decir, los hechos que determinan la incriminación y ulterior valoración judicial son definidos por el Fiscal, de suerte que el objeto del proceso se concreta en la acusación fiscal, respecto a la cual la decisión judicial debe ser absolutamente respetuosa en orden a sus límites fácticos. En: Precedente vinculante recaído en la Resolución de Queja No de fecha trece de abril de dos mil siete, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Guerrero López, Iván Salomón. Jurisprudencia Penal Vinculante. IDEMSA. Lima, Pág Artículo 72 del Código de Procedimientos Penales. Objeto de la Instrucción. La instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la realización del delito, de las circunstancias en que se ha perpetrado, y de sus móviles; establecer la distinta participación que hayan tenido los autores y cómplices, en la ejecución o después de su realización, sea para borrar las huellas que sirven para su descubrimiento, para dar auxilio a los responsables o para aprovecharse en alguna forma de sus resultados. Las diligencias actuadas en la etapa policial con la intervención del Ministerio Público y las practicadas por el propio Fiscal Provincial, con asistencias del defensor, que no fueran cuestionadas, mantendrán su valor probatorio para los efectos del juzgamiento. 7 La máxima conquista del principio acusatorio que exhibe como galardón- es que sin acusación no hay juez. Sólo a partir de la presentación de la acusación por el fiscal (titular de la acción penal) tiene lugar la intervención del juez penal. Dentro de un modelo acusatorio no es posible la intervención de oficio del juez en el proceso penal. En: Sistema Acusatorio Adversativo - Academia de la Magistratura. Consultoría para el Servicio de Diseño, Tratamiento Pedagógico y Materiales de Estudio de Trece Módulos de Capacitación dirigidos a Jueces y Fiscales de Lima. INNOCA PUCP. Lima, P El papel más importante del Fiscal en la audiencia es sostener la acusación pública. Su presencia en la audiencia es obligatoria, salvos en los delitos de ejercicio privado de la acción

5 considerado al Ministerio Público no sólo como un ente persecutor del delito sino, también, de defensor de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos; ello en virtud al soporte normativo existente en la época que consagraban esa dualidad funcional: Constitución de y Ley Orgánica del Ministerio Público de Los alcances de los incisos 1 y 2 del Artículo 159 de la Constitución 11 se oponen, consiguientemente, al puritano rol de acusador que debe desempeñar el Fiscal en el ejercicio de su función, ya que además de investigar, le corresponde garantizar la debida adecuación de las actuaciones de los demás operadores jurídicos a la ley y garantizar la defensa del imputado El Ministerio Público: defensor de la legalidad La atribución constitucional del Ministerio Público de ser el organismo autónomo encargado de la defensa de la legalidad no significa un acto veleidoso, sino una necesaria afirmación de la posición dominante del derecho europeo continental 12 de contar con un custos legis 13, en otras palabras, un organismo encargado de vigilar el buen cumplimiento de la ley 14, que nuestros penal. La omisión de tal intervención es causal de nulidad (art. 209 del Código de 1940). San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal - Volumen I. GRIJLEY. Lima. P Artículo 250 de la Constitución Política del Estado de El Ministerio Público es autónomo y jerárquicamente organizado. Le corresponde: 1.- Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y de los intereses públicos, tutelados por la ley. 2.- Velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta administración de justicia. 3.- Representar en juicio a la sociedad. 4.- Actuar como defensor del pueblo ante la administración pública. 5.- Vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial, y promover la acción penal de oficio o a petición de parte. 6.- Emitir dictamen previo a todas las resoluciones de la Corte Suprema, en los casos que la ley contempla. y 7. Las demás atribuciones que les señalan la Constitución y las leyes. 10 Artículo 1 del Decreto Legislativo No Ley Orgánica del Ministerio Público. Funciones. El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de los límites que resultan de la presente Ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. 11 Artículo Atribuciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público: 1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. 2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. 12 Ejemplo de ello es el artículo 124 de la Constitución Española (1978) que señala que el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 13 Fiscal de la ley. 14 Luviano Gonzales, Rafael.

6 Constituyentes recogieron en las Cartas de 1979 y Para una mejor comprensión traemos la cita que hace la profesora colombiana Whanda Fernández León al abordar al Ministerio Público desde el derecho comparado. Le corresponde, sí, defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley, así como procurar la satisfacción del interés social, pero no mediante actuaciones propias directamente encaminadas a esos fines, sino actuando ante los tribunales para que sean estos los que dicten resoluciones ajustadas a la ley 15. En ese orden de ideas, implica que los actos en que participan los Fiscales han sido sometidos a la Constitución y a la ley, respetando en su actuación los derechos fundamentales, o como lo diría Martín Eduardo Botero Cardona cualquier decisión tomada por un fiscal en la conducción de las investigaciones y en el ejercicio de la acción penal resulta por definición según la forma en usoun acto debido Ejemplo de lo anotado, es que los Fiscales peruanos haciendo uso de sus facultades, en un proceso penal irregular pueden recurrir a favor del imputado, solicitar la declaratoria de ausencia de defensa ante deficientes técnicas de éstas, o recusar la actuación judicial ante manifiesta parcialidad contra el procesado; ejercicio que no es común ni regular para un public prosecutor del sistema norteamericano 17. El Código Procesal Penal tampoco es ajeno tampoco a esa dualidad mencionada del Ministerio Público, debido a que el Artículo IV del Título Preliminar consagra un deber de objetividad en cada actuación fiscal; así, el Fiscal debe investigar los elementos de cargo y de descargo. Diferenciándonos con los cuerpos normativos colombianos 18 o chilenos 19, en el sentido que al Ministerio Público peruano aún no le han amputado la atribución constitucional de la defensa de la legalidad. 15 De la Oliva Santos, Andrés. Derecho procesal. Introducción. Citado por Fernández León, Whanda. Procedimiento Penal Acusatorio y Oral. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá, P Botero Cardona, Martín Eduardo. El Sistema Procesal Acusatorio El Justo Proceso Estructura y Funcionamiento. Ara Editores. Lima, P El Fiscal de Distrito (District Attorney) cuando ejercita la acción penal ante los Tribunales recibe el nombre de Public Prosecutor. Cuando un Public Prosecutor comparece en juicio no lo hace en representación del gobierno del que administrativamente depende, sino lo hace en el nombre del pueblo americano en el que recae la titularidad única de la acción pública para la persecución de los delitos. Villalta Ludwin. El Ministerio Público de Guatelamala. 18 Al igual que en la Constitución italiana, la reforma a la Fiscalía General de la Nación colombiana establece el ejercicio obligatorio de la acción penal, el cual se relaciona íntimamente con tres principios constitucionales: el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley penal, y la independencia judicial. Guerrero Peralta. Oscar Julián. Fundamentos Teórico Constitucionales del Nuevo Proceso Penal. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá, P. 126

7 Es de resaltar, que los colombianos para sentar doctrina de su modelo acusatorio testan que si el Fiscal tiene poder para formar procesos o para dirigirlos, no será sino un simple investigador; y esta figura siempre reconocida en él por juristas, aunque se le dé el nombre que se quiera para engañar al vulgo 20. Por ello, valga el presente ensayo para que los Fiscales del Perú no permitan languidecer la precitada función constitucional del Ministerio Público con orientaciones o tendencias foráneas divorciadas a la realidad jurídica peruana 21. El Fiscal Superior Pedro Miguel Angulo Arana, refiere en atención a ello si examinamos el interés del Fiscal, en principio convendremos en que aquel nunca involucra en sus casos su propio interés y jamás es su interés el que aquel sostiene. Ello es así porque en su condición de guardián de la ley y por su vínculo con el principio de legalidad, el Fiscal resulta obligado a ejercer sus facultades ante la presencia inequívoca del delito, conforme al principio de oficialidad. Así pues, el fiscal no actúa por interés personal, sino por el interés público y social que emana de la Constitución y de las leyes Nacimiento de la imputación penal Una de las inquietudes que parecía absuelta con la dación del Código Procesal Penal ha sido reabierta con esos fallos judiciales: Cuándo nace la imputación penal? Empezaremos, planteando el siguiente concepto: la imputación es la atribución de una conducta interdicta penalmente a una persona. O, como lo recoge también la doctrina: ( ) solo puede llamarse imputación en estricto sentido- a aquello que una conducta puede ser reconocido como mío; ( ) solo las consecuencias que 19 El art. 80 A CPR y el art. 1 LOCMP establecen las funciones que corresponden al ministerio público. En primer lugar, se encuentra a su cargo la dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos del delito, los que determinan la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado; en segundo lugar, el ejercicio, en su caso, de la acción penal pública en la forma prevista por la ley; y tercero, la adopción de medidas de protección de víctimas y testigos. Horvitz Lennón, María Inés & López Masle, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, P Fernández León, Whanda. Ob. Cit. P En cuanto a la actividad del fiscal, los criterios a considerar con la capacidad de dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce. Si bien se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público, ésta es una presunción iuris tantum, en la medida que ella puede ser desvirtuada. STC PHC/TC f Angulo Arana, Pedro Miguel. Comentario a la Sentencia del Exp. N PA/TC Caso Tomás Enrique Camminati Oneto. Gaceta Penal Tomo 11, Gaceta Jurídica. Lima, 2010, P.341

8 pertenecen a mi conducta como modificación del mundo exterior pueden ser imputadas. 23 Citamos a Domingo García Rada para explicar la acción de imputar. ( ) imputar es atribuir a una persona la comisión de un hecho que la ley penal califica de delito. La imputación está contenida en la denuncia que presenta el Ministerio Público. La imputación debe reunir dos requisitos: debe ser concreta y debe ser íntegra. Lo primero significa que debe contener una denuncia cierta de un hecho que es delictuoso para la ley; deberá precisarlo en sus contornos, no siendo necesario detalles íntimos que se darán en la ratificación. Debe ser íntegra conteniendo todo aquello que constituye el delito denunciado, sin recortes ni limitaciones y señalando quiénes lo cometieron sin omitir alguno de los autores o cómplices (...) En el derecho comparado En el sistema colombiano, existen dos etapas en la conocida Investigación: (a) la indagación y (b) la investigación. La primera de las nombradas, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Fiscalía General de la Nación colombiana, es una fase en la que la Fiscalía averigua sobre los hechos que revisten características de delito y que han llegado a su conocimiento por medio de denuncia, para permitir individualizar a los autores o participes del hecho y recabar los suficientes elementos probatorios para formular una imputación en su contra 25. En tanto, que la investigación, comienza con la formulación de la imputación y se extiende hasta antes de la presentación del escrito de acusación, el objetivo de ésta es fortalecer los elementos materiales probatorios para acusar a los presuntos autores o participes de la conducta investigada, o solicitar su preclusión, o dar aplicación al principio de oportunidad 26. Por su parte el sistema chileno, habla de una Investigación Preparatoria que se inicia cuando un hecho reviste caracteres de delito, en la que el ministerio público o la policía atribuyen a una persona responsabilidad de un hecho punible. Su función principal es la recolección de antecedentes probatorios que permitan fundamentar la formulación de la acusación en contra de una 23 Reyes Alvarado, Yesid. Imputación Objetiva. Temis 2da. Edición. Bogotá, P Domingo García Rada: Manual de derecho Procesal Penal. Sétima Edición Lima Perú 1982, tipografía Sesator. P Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Fiscalía General de la Nación. Bogotá, P Ibídem. P. 83

9 determinada persona por un delito determinado. Esta etapa carece, salvo excepciones muy estrictas, de todo valor probatorio y las actuaciones de investigación son controladas por un órgano jurisdiccional, el juez de garantía 27. Como se apreciará de ambos modelos, el sistema peruano recoge la denominación de la Investigación Preparatoria del modelo chileno, pero pareciera que estructura la misma en las dos etapas de investigación que cuenta el modelo colombiano, como lo analizaremos en el siguiente punto En el proceso penal peruano La estructura del nuevo sistema procesal penal, nos habla de tres etapas definidas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. La primera de ellas, ha motivado que la Corte Suprema de Justicia de la República se haya pronunciado en la Casación La Libertad distinguiéndola en dos sub etapas: las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha, ambas con finalidades y controles judiciales distintos. Para el tema tratado, se examinarán las diligencias preliminares 28. A tenor de lo dispuesto en los artículos 329 y 330 del Código Procesal Penal, éstas se inician cuando se tiene conocimiento del hecho delictuoso; en ella se realizan inmediatamente los actos urgentes o inaplazables para determinar: (1) Si el hecho ha tenido lugar y su delictuosidad; (2) Asegurar los elementos materiales de su comisión; (3) Individualizar a las personas involucradas en su comisión; e (4) Individualizar a los agraviados. Es en las diligencias preliminares que debemos determinar cuándo nace la imputación penal; porque es evidente que si se formaliza la Investigación Preparatoria, se cuenta ya con la imputación penal atribuida al agente individualizado 29. La denuncia, con la que se inician las diligencias preliminares, es la manifestación [verbal o escrita] de un hecho que puede configurar delito, no siempre la formula el propio agraviado del hecho, sino que la ley también ha facultado y obligado a otros sujetos distintos de aquél. Esta noticia criminal debe ser investigada por el Fiscal con el concurso de la Policía- para determinar si es una conducta humana de relevancia penal exteriorizada en el mundo real que ha 27 Horvitz Lennón, María Inés & López Masle, Julián. Ob. Cit. P Como se determinará las diligencias preliminares comparten la finalidad de la etapa del proceso colombiano conocida como la indagación. 29 Artículo del Código Procesal Penal. Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria. 1. Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la Investigación Preparatoria.

10 lesionado intereses jurídicos 30 ; además, debe recabar los elementos materiales que evidencien qué es verdad o no es verdad la afirmación que de la realidad de un determinado hecho se hace 31. En esos dos tramos la denuncia y el aseguramiento de evidencias- no siempre surge una imputación penal o existe un imputado de delito; analicemos los actos del registro personal y la pesquisa para comprender la propuesta planteada. a) El registro personal 32 de un intervenido es facultad de la Policía. Por la propia naturaleza de este acto de intervención es inmediato e inaplazable, porque existe la presunción de que el intervenido oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con el delito, de los cuales se pueden desprender o esconder. b) La labor de pesquisa del Policía, en que comprueba el estado de las personas, lugares, cosas, los rastros y otros efectos materiales del delito que hubiere, de utilidad para la investigación. En ambos casos se están realizando actos de investigación de un hecho aparentemente delictuoso que no suponen siempre el nacimiento de la imputación penal. Ejemplo de ello, es el caso del sujeto a quien la Policía está practicando el registro personal, porque era la única persona que se encontró en los alrededores de la escena del crimen; no obstante ese registro no lo convierte en el imputado del delito. Sigamos hilvanando ideas. Supongamos que en un control preventivo policial de carreteras, la Policía interviene a un vehículo en el que se encuentra un paquete sospechoso. La Policía tiene el control del orden interno y la seguridad, por tal razón, se encuentra en la obligación de prevenir la comisión de cualquier delito 33. Supongamos que ese paquete contenga una sustancia compacta de color pardusca, pero que no es compatible con el alcaloide de cocaína, sino con 30 Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte General. Editorial Rodhas. Lima, P Climet Duran, Carlos. La Prueba Penal Tomo II. Tirant to Blanch. Valencia P Registrar es tantear, palpear, cachear, auscultar o revisar superficialmente al individuo incluyendo la indumentaria misma. Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. P La seguridad ciudadana no debe ser observada como un derecho fundamental sino como un bien jurídico protegido, habida cuenta que hace referencia a un conjunto de acciones o medidas que están destinadas a salvaguardar el desarrollo de la vida comunitaria dentro de un contexto de paz, tranquilidad y orden, mediante la elaboración y ejecución de medidas vinculadas al denominado poder de Policía. La seguridad ciudadana consolida una situación de convivencia con normalidad, vale decir, preservando cualquier situación de peligro o amenaza para los derechos y bienes esenciales para la vida comunitaria. STC PHC/TC, citada en Giammpol Taboada Pilco, en La Posesión de una Bala constituye Delito de Tenencia Ilegal de Municiones? Gaceta Penal Tomo 8, Lima, 2010, P. 85

11 yeso o cal. Por el hecho de portar yeso o cal no convierte a su poseedor en imputado del delito de tráfico ilícito de droga. Con estos ejemplos de la práctica fiscal diaria, queremos graficar que la imputación nace cuando el Estado a través de sus órganos persecutores del delito- tienen los elementos materiales de que el hecho tiene características de delito y, como tal, puede atribuirse a una persona 34. El Juez de Trujillo, Giammpol Taboada Pilco, en su obra Jurisprudencia y Buenas Prácticas en el Nuevo Código Procesal Penal, regala el siguiente útil concepto: Basta la imputación de un presunto delito por parte del Ministerio Público o la Policía, para que un ciudadano ipso jure adquiera la calidad de imputado y sea beneficiario de toda una gama de derechos y garantías procesales tendientes a asegurar el respeto de su dignidad, como persona humana en la persecución estatal del delito 35. Retomemos los ejemplos anteriores, y situémonos en la persona a quien la Policía intervino por encontrarse en las cercanías de la escena del delito y, luego, de practicarle el registro de sus pertenencias encuentra el arma homicida; es desde ese momento que surge la imputación de que esa persona es el presunto autor del crimen. O, en el otro caso, imaginemos que esa sustancia pardusca se somete al reactivo químico respectivo que arroja presuntivamente positivo para alcaloide de cocaína, desde ese momento se imputa a sus poseedores la presunta comisión del delito de tráfico de drogas. Trayendo a colación a Carnelutti, vendrían a ser la persona a cargo de la cual se forma la sospecha del delito 36. Ahora, no nos basta que el hecho sea delito, sino que, además, tenemos que haber individualizado al agente del mismo para imputar penalmente una conducta. Por individualización podemos entender a su identificación, pero que debe estar unida a la comprobación de que existe esa persona y su vinculación con el delito. Ejemplos de problemas con la individualización en el trabajo fiscal, encontramos cientos: indocumentados, identidades falsas, identidades dobles, etc En Colombia existen pronunciamientos de la Corte Constitucional que coinciden en reconocer al investigado o indiciado como imputado. 35 Taboada Pilco, Giammpol. Jurisprudencia y Buenas Prácticas en el Nuevo Código Procesal Penal Tomo I. Editorial Reforma.Lima, P Fernández León, Whanda. Ob. Cit. P Se ha notado, por ejemplo, en la fronteriza provincia de Mariscal Ramón Castilla - Caballococha (departamento de Loreto), que existen personas que cuentan con doble o triple nacionalidad colombiana, brasileña y peruana- que les facilita la comisión de delitos relacionados al TID. O, en el caso de las familias de las bandas criminales organizadas de Trujillo (departamento de La

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