DEONTOLOGIA PROFESIONAL, ESPECIAL REFERENCIA AL INSTRUSISMO Y AL SECRETO PROFESIONAL

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1 DEONTOLOGIA PROFESIONAL, ESPECIAL REFERENCIA AL INSTRUSISMO Y AL SECRETO PROFESIONAL 1.- Reseña histórica de la obligación de guardar secreto en el ejercicio de la profesión de abogado. Regulación actual a nivel europeo. I.- Introducción. II.- Referencia histórica sobre la protección jurídica profesional: II.1.- Secreto profesional en el derecho griego y romano. II.2.- La protección del secreto profesional en Derecho español antiguo. III- Regulación actual: leyes y normas aplicables. III.1.- Regulación en el ordenamiento jurídico español. III.2- Regulación comunitaria: III Normativa comunitaria. III Principios deontológicos derecho francés y derecho italiano. III Jurisprudencia comunitaria. 2.- Análisis de la obligación de guardar secreto en el ejercicio de la profesión de abogado. I.- Fundamento de la obligación: art d y 24 de la C.E. II.- Normativa sobre el secreto profesional de los abogados: artículo 542 de la LOPJ y artículo 32 del EGAE. III.- Regulación penal de la violación del secreto profesional: bien jurídico protegido. IV.- Conclusiones. 3.- Declaración de abogados en procesos penales y civiles. Problemática. I.- Análisis jurisprudencial. II.- Conclusiones. 4.- Procedimiento sancionador general del Estatuto General de la Abogacía Española. Sanciones impuestas por el CGAE y Tribunales por vulneración del secreto profesional. I.- Secreto profesional: regulación. II.- Competencia para ejercitar el procedimiento sancionador y recursos. III.- Infracciones y sanciones. IV.- Prescripción y caducidad. V.- Ejecución de la sanción. VI.- Acciones y sanciones concretas. VII.- Conclusiones.

2 5.- Análisis de la entrada y registro de despachos del art EGAE. Supuestos. I.- Normativa sobre la entrada y registro del despacho profesional. Artículo 32 del EGAE. II.- Comparativa. III.- Conclusiones. 6.- Intrusismo profesional. I.- Introducción. II.- El delito de intrusismo profesional en general. II.1.- Definición del tipo. II.2.- El bien jurídico protegido. III.- El intrusismo en la profesión de la abogacía. III.1.- Delimitación de la figura profesional del abogado. III.2 - El intrusismo en la normativa de la Abogacía Española. III.3.- Infracciones y Sanciones IV.- El delito de intrusismo en la profesión de la abogacía. IV.1- Problemas concursales del delito de intrusismo. VI.2.- Jurisprudencia 2

3 1.- RESEÑA HISTÓRICA DE LA OBLIGACIÓN DE GUARDAR SECRETO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO. REGULACIÓN ACTUAL A NIVEL EUROPEO. I.- INTRODUCCIÓN. II.-REFERENCIA HISTÓRICA SOBRE LA PROTECCIÓN JURÍDICA PROFESIONAL: III- REGULACIÓN ACTUAL: LEYES Y NORMAS APLICABLES. I.- INTRODUCCIÓN. Tal como establece el Preámbulo del Código deontológico de la Abogacía Española 1 la honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son virtudes que deben adornar cualquier actuación del Abogado. Ellas son la causa de las necesarias relaciones de confianza Abogado- Cliente y la base del honor y la dignidad de la profesión. El Abogado debe actuar siempre honesta y diligentemente, con competencia, con lealtad al cliente, respeto a la parte contraria, guardando secreto de cuanto conociere por razón de su profesión. Y si cualquier Abogado así no lo hiciere, su actuación individual afecta al honor y dignidad de toda la profesión. El secreto profesional y la confidencialidad son deberes y a la vez derechos del Abogado que no constituyen sino concreción de los derechos fundamentales 2 que el ordenamiento jurídico reconoce a sus propios clientes y a la defensa como mecanismo esencial del Estado de Derecho. Todo aquello que le sea revelado por su cliente, con todas sus circunstancias, más todo aquello que le sea comunicado por otro Abogado con carácter confidencial, deberá mantenerlos en secreto. El Estatuto general de la Abogacía Española aprobado por Real Decreto 658/2001 de 22 de Junio, establece la exigencia del cumplimiento de la función de defensa con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional tal como establece en su artículo II.- REFERENCIA HISTORICA SOBRE LA PROTECCION JURÍDICA PROFESIONAL. II.1.- Secreto profesional en el derecho griego y romano. II.2.- La protección del secreto profesional en Derecho español antiguo. II.1.- Secreto profesional en el derecho griego y romano. Ningún texto legal griego ni romano llegado a nosotros permite pensar que la violación del secreto profesional tuviera la categoría de delito público, pero no obstante tampoco acertamos a creer a que se mirara con indiferencia la indiscreción profesional, por ello, el que no existiera un texto penal que lo castigara, no implica que no existiera la necesidad del más exacto cumplimiento del secreto entre los profesionales como deber y principio deontológico en el ejercicio de su profesión, prueba de ello es que en Grecia, se obligaba a los nuevos médicos ( galenos ) a pronunciar el famoso juramento de Hipócrates Todo cuanto, en el trato con los demás, tanto en el ejercicio de la profesión como fuera del mismo, viere u oyere, que no deba divulgarse, lo consideraré absolutamente secreto. Por tanto, llegamos a pensar que aunque ni en 1 Aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de Junio Aprobado en el Pleno de 27 de Septiembre de 2002 Modificado en el Pleno de 10 de Diciembre de Art.18 CE. Derecho a la intimidad Art.24 CE. Derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales. 3

4 Roma ni en Grecia no llegara a incluirse en sus ordenamientos jurídicos, ninguna acción penal protectora del secreto profesional, debió utilizarse una acción civil, para obtener la reparación del daño causado por la indiscreción profesional, y con mayor abundamiento dada la preocupación que estos pueblos tenían por los problemas del espíritu se exigiera el deber moral de guardar secreto profesional. Es en el derecho romano donde encontramos las primeras referencias a la obligación del secreto de los abogados en el ejercicio de su profesión, así en el Digesto encontramos diversos pasajes que contienen varias declaraciones contra la infidelidad cometida por el abogado contra sus clientes, a modo de ejemplo podemos citar la imposibilidad de recibir en un litigio el testimonio del abogado o del Procurador, u otro pasaje en el que se da al cliente la posibilidad de ejercitar una acción extra ordinem por parte del cliente perjudicado por la indiscreción de su cliente. 3 II.2.- La protección del secreto profesional en Derecho español antiguo. El secreto profesional se ha configurado, mucho antes de la Promulgación de Nuestra Carta Magna, como garante de los derechos fundamentales a la defensa y a la intimidad de los ciudadanos (artículos 18 y 24 CE), por lo que podemos afirmar que el secreto profesional ha sido considerado por la sociedad como una garantía de la seguridad de la información confiada a los abogados, y es precisamente, el secreto profesional y la independencia que inspira nuestra profesión lo que ha determinado la confianza de la sociedad en la Defensa. El derecho-deber del secreto profesional de la abogacía se remonta en nuestra tradición jurídica a las Partidas de Alfonso décimo el sabio ( año 1265 DC), en el Fuero Real, no se habla abiertamente del derecho-deber de guardar secreto, sino que se les impedía a los abogados (bozeros) a poder utilizar contra sus clientes las confidencias que éstos les habían hecho, en cambio en las leyes de las Partidas no solo establecía la obligación, sino también imponía una sanción, la prohibición de poder ejercer la profesión de abogado en caso de engaño malicioso a su cliente, e incluso la posibilidad de que el juez le aplicará una pena. En la Novísima Recopilación (Carlos IV, 1805), sigue la establecido en las leyes de las Partidas, constituía falta muy grave, que podía llevar a la prohibición del ejercicio de la profesión el descubrimiento de los secretos de su cliente a la parte contraria, o a otro en su favor. Así, desde el punto de vista deontológico, podemos considerar que a lo largo de nuestra historia, se ha tenido la necesidad de considerar como norma imperativa en el ejerció de la profesión de abogado el derecho-deber de secreto. Actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, es el Estatuto General de la Abogacía Española (art. 32.1) y el Código Deontológico de la Abogacía Española (art.5) el que regulan este derechodeber en el ejercicio de la profesión de abogado. En cuanto al estudio de los antecedentes del secreto profesional en su protección penal, podemos decir que en todos los códigos penales que han existido en nuestro ordenamiento jurídico se ha perseguido el atentado a la intimidad mediante la violación del secreto profesional, código 1822, 1848, 1850, 1870, 1928, 1932, 1944,y Así, la violación del secreto profesional en nuestro derecho, siempre ha estado tipificada como delito. El Código Penal actual (Ley Organica 10/1995 de 23 de Noviembre) en su título X de los Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, artículo impone una pena de prisión y multa al que revelare secretos ajenos, de los que tuviere conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales. 3 L.I.D, XLVII, 15 L.XXV, D.XXIII, 5 4

5 III.- REGULACIÓN ACTUAL: LEYES Y NORMAS APLICABLES. III.1.- Regulación en el Ordenamiento Jurídico Español. III.2.- Regulación Comunitaria. III.1.- Regulación en el Ordenamiento Jurídico Español -. Constitución española. -. Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal -. Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil. -. Ley Orgánica del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. -. Ley Orgánica del Poder Judicial. -. Legislación profesional: Estatuto General de la Abogacía, Código Deontológico de la Abogacía Española. -. Normativas colegiales. III.2.- Regulación Comunitaria. III Normativa comunitaria. III Principios deontológicos derecho francés y derecho italiano. III Jurisprudencia comunitaria. III Normativa comunitaria. Dos de las cuatro principales libertades del Tratado de Roma, la libe prestación de servicios y la libertad de establecimiento hacen posible el ejercicio de la profesión en territorio comunitario para todo nacional de un Estado miembro. La declaración de Perugia sobre principios deontológicos de la Abogacía de la Comunidad Europea de 16 de Septiembre de 1977, estable en su punto IV que el secreto profesional es el derecho y deber fundamental y primordial de la profesión ya que forma parte de la naturaleza de la función del abogado al ser depositario de secretos de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales, siendo esencial el secreto para la confianza que exige el ejercicio de la profesión. Del mismo modo este derecho y deber se encuentra en el Código de Deontología de los Abogados de la Comunidad Europea de 28 de Octubre de , asumido por el Consejo General de la Abogacía española el 22 de Septiembre de 1989, donde se afirma que forma parte de la naturaleza misma de la misión del abogado que éste sea depositario de los secretos de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales. Sin la garantía de la confidencialidad no puede haber confianza. Por tanto, el secreto profesional es un derecho y una obligación fundamental y primordial del Abogado. La obligación del Abogado relativa al secreto profesional conviene al interés de la Administración de Justicia, y al del cliente. Esta obligación, por lo tanto, debe gozar de una protección especial del Estado. (2.3.1). La Directiva comunitaria 77/249/CEE del Consejo de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados establece en su artículo 4 la 4 Aprobado en sesión plenaria en Estrasburgo el 28 de octubre de 1988, por el Consejo de Abogados de la Comunidad. Modificado en la Sesión Plenaria del CCBE de 28 de Octubre de 1988 y modificado en las Sesiones Plenarias de 28 de Noviembre de 1998 y 6 de Diciembre de

6 obligatoriedad del abogado en el ejercicio de su profesión de respetar las normas de su Estado y del Estado miembro de acogida donde va a prestar sus servicios, y en particular a las normas que se refieren a la incompatibilidad entre el ejercicio de las actividades de abogado y el de otras actividades en ese Estado, al secreto profesional, a las relaciones entre colegas, a la prohibición de que un mismo abogado asista a partes con intereses opuestos y a la publicidad. Dicha directiva se desarrollo posteriormente por el Real Decreto 607/1986, de 21 de marzo, en el que en su artículo 7.2 se establece que cualquier abogado europeo que preste sus servicios en España deberá respetara en particular las reglas que regulan la incompatibilidad entre el ejercicio de las actividades de Abogado y el de otras actividades, el secreto profesional,las relaciones de compañerismo, la prohibición de asistencia por un mismo abogado a partes que tengan intereses opuestos y a la publicidad. La Directiva 98/5/CE de 16 de Febrero del Parlamento y del Consejo, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, en su artículo 6, de nuevo se reitera por parte del Consejo y del Parlamento Europeo en las normas profesionales y deontológicas, así en su punto 1 se establece: Independientemente de la normativa sobre la profesión y las normas deontológicas a las que estén sujetos en su Estado miembro de origen, los abogados que ejerzan con su titulo profesional de origen quedarán sujetos a las mismas reglas profesionales y deontológicas que rijan para los abogados que ejerzan con el título profesional pertinente del Estado miembro de acogida, con respecto a todas las actividades que ejerzan en el territorio de dicho Estado. Ambas Directivas no resuelven el problema de la doble deontología y por tanto se hace patente la necesidad de seguir trabajando por una unificación y armonización de las normas y principios esenciales de la deontología en la profesión de abogado dentro del ámbito comunitario. Desde la CCBE (Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea)se ha trabajado en este sentido y el código de deontología de los abogados de la Unión Europea ha supuesto un avance importante en la necesidad de generalización de las normas deontológicas, pero se debe seguir trabajando en una convergencia de los códigos de deontología nacionales para encaminarse hacia un código europeo más armonizado. III.2.2-.Principios deontológico derecho francés y derecho italiano. Tal como hemos dicho en el apartado anterior, actualmente existe en Europa una tendencia a la generalización de la normas deontológicas de la profesión, aunque siguen existiendo algunas diferencias entre algunas normas nacionales y la norma europea, no es el caso de nuestro país, en el que según enuncia el Estatuto General de la Abogacía Española, el Código Europeo ha sido asumido íntegramente en España. En lo que respecta a nuestro objeto de estudio decir que, el secreto profesional esta regulado como principio deontológico en todos los Estados de la Unión, y solo podemos encontrar algunas mínimas excepciones a esta homogeneidad que hemos apuntado, así por ejemplo respecto a los relaciones entre Abogados, en Francia, la confidencialidad de la correspondencia entre abogados, es la regla desde 1997, año en que dicha confidencialidad queda integrada en el ámbito del secreto profesional. La excepción la constituyen las correspondencias que contienen la indicación oficial. Sin embargo, según el artículo 5 del Código de deontología europeo la regla es la no confidencialidad y la excepción la confidencialidad. En el derecho italiano se establece también la confidencialidad como regla general (artº28 Código deontológico forense). 6

7 III Jurisprudencia comunitaria. -.Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 19 de enero de Asunto 292/1986. El litigio principal se refiere a los recursos que el Sr. G. de nacionalidad francesa y alemana,(abogado inscrito en el Colegio de Offenburg, Alemania) contra dos deliberaciones de los Consejos de Abogados de Colmar y de Saverne que prohibían a todo abogado prestar asistencia, en las condiciones previstas para la legislación comunitaria y el Decreto de 22 de marzo 1979 a cualquier abogado que no cumpliese las condiciones de moralidad requeridas y en particular al señor Claude G., bajo pena de sanción disciplinaria. Este litigio llevó a la jurisdicción nacional a plantear dos cuestiones prejudiciales, la doble nacionalidad y la prestación de servicios. En lo que respecta a nuestro objeto de la ponencia, trataremos la cuestión de prestación de servicios, por cuanto el Estado miembro de acogida, prohíbe el acceso a la profesión de abogado por razones relativas a la dignidad, a la honorabilidad y a la probidad. El Tribunal europea da respuesta a esta cuestión, acogiéndose a la Directiva 77/249, la cual tiene por objeto el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados; para ello, obliga a los Estados miembros a reconocer como abogado, para el ejercicio de dichas actividades, a toda persona establecida en otro Estado miembro como abogado, de las disposiciones de dicha directiva se desprende que los abogados que presten servicios están obligados a observar las normas deontológicas vigentes en el Estado miembro de acogida, principio que se acogerá en el Código de deontología de la Unión Europea, por tanto no puede prestar sus servicios en un Estado miembro un abogado al que se le había prohibido el acceso a la profesión por razones relativas a la dignidad, honorabilidad y probidad. -. Pregunta escrita E-0056/02 de Dana Scallon (PPE-DE)a la Comisión, 24 de enero de Reclamaciones contra abogados y profesionales del derecho. Diario Oficial nº C 160 E 04/07/2002 p Puede indicar la Comisión si existen directrices comunitarias en materia de reclamaciones contra abogados y profesionales del derecho? La respuesta de la Comisión el 18 de marzo de 2002, estableció, que no hay directrices específicas sobre el tratamiento de este tipo de reclamaciones, la legislación comunitaria no ofrece fundamento alguno que permita a la Comisión adoptar una postura sobre las reclamaciones de terceros, las Directivas 77/249/CEE del Consejo y la Directiva 98/5/CE del Parlamento y de la Comisión remiten en esta materia a la normativa nacional en este asunto. Por tanto, debemos decir que es el Estado miembro de acogida quien debe determinar, si se cumplen los principios deontológicos, aunque el derecho europeo está intentando unificar dichos principios para todos los miembros de la Unión. -. Sentencia del Tribunal de 18 de mayo de Asunto 155/1979.Am& S Europe Limited contra la Comisión de las Comunidades Europeas. Procedimiento administrativo. Poder de verificación de la Comisión. Poder de exigir la documentación de documentos profesionales. Correspondencia entre abogado y cliente. Protección de la confidencialidad. -.Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 30 de Octubre de (Correspondencia entre abogados y clientes, protección de la confidencialidad) En ambos supuestos se cuestiona la protección de la confidencialidad al entrar en conflicto con la acción de la Comisión tendente con su actuación a descubrir una infracción a las reglas de competencia del Tratado. 7

8 En al asunto Am& S Europe Limited,, el Tribunal declara que la solución a los litigios relativos a la aplicación de la protección de la confidencialidad de la correspondencia entre los abogados y sus clientes que afectan a las condiciones de acción de la Comisión en un ámbito tan esencial al funcionamiento del mercado común como el respeto a las reglas de la competencia solamente puede buscarse a nivel comunitario. Por consiguiente, cuando una empresa sometida a verificación, se niega a presentar, entre los documentos profesionales exigidos por la Comisión, la correspondencia intercambiada con su abogado y que la Comisión estima que no se ha aportado la prueba del carácter confidencial, le corresponde presentar dicha correspondencia, y ante la negativa se le impondrá una multa coercitiva. En auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 30 de Octubre de 2003.(Asunto Akzo Nobel Chemicals Ltd.,y Akcros Chemicals Ltd.contra la Comisión), se plantea también el problema del criterio de preferencia ante la protección de la confidencialidad entre la correspondencia abogado-cliente, en este supuesto en Tribunal falla a favor de la confidencialidad de 3 de los cinco documentos inspeccionados por la Comisión, hasta que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie en el procedimiento principal, alegando que según reiterada jurisprudencia, el derecho de defensa, del que el secreto profesional es un complemento necesario, constituye un derecho fundamenta. Este caráter de fundamental tiene como consecuencia que, en el marco de la presente ponderación de los intereses, desde el momento en que ha quedado acreditado que el hecho de que la Comisión tome conocimiento de los documentos corre el riesgo de ocasionar un perjuicio grave e irreparable al secreto profesional y al derecho de defensa de las demandantes, las consideraciones de eficacia administrativa y de asignación de los recursos, pese a su importancia, no pueden, en principio, prevalecer sobre el derecho de defensa. A modo de conclusión, podemos decir que en la Unión Europea, la libre circulación ha permitido un avance y una orientación que va de normas especiales hacia normas cada vez más generales y generalizadas, el Código de deontología de los abogados de la Unión Europea tiende a esa armonización, aunque sus disposiciones son generales y solo tienen valor de código de buena conducta, debiendo estar a los principios deontológicos que establece el Estado miembro de acogida. Desde el CCBE se está trabajando por la protección de los derechos fundamentales, y han elaborado una Resolución sobre los Derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, al constatar ciertas situaciones contrarias al respeto de estos Derechos, tales como la violación del secreto profesional entre abogado y cliente, la creación de una orden de detención europea sin haber suficientes garantías procésales o la falta de recursos del Tribunal de Derechos Humanos. 8

9 2.- ANÁLISIS DE LA OBLIGACION DE GUARDAR SECRETO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO. I.- FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN: ART d y 24 DE LA C.E. II.- NORMATIVA SOBRE EL SECRETO PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS: ARTÍCULO 542 DE LA LOPJ. Y ARTICULO 32 DEL EGAE. III.- REGULACIÓN PENAL DE LA VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. VI.- CONCLUSIONES. I.- FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN: ART d Y 24 DE LA C.E. La Constitución Española recoge el derecho al secreto profesional en su artículo 20.1.d, configurándolo de este modo como garante del derecho fundamental a la información, especialmente protegido por su ubicación en la Sección I del Capítulo II. Artículo 20: 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Por otro lado, el art. 24 de la Carta Magna vuelve a mencionar el derecho al secreto profesional dentro de las previsiones sobre la tutela judicial efectiva, referido ya a los intervinientes en el procedimiento judicial. Artículo 24: 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. La previsión del art d viene referida, más bien, al secreto que ampara a los profesionales de la información, mientras que el art recoge expresamente la posibilidad de ampararse en el secreto profesional de los operadores jurídicos (abogados y procuradores). En ambos casos el secreto que ampara a estos profesionales viene recogido por el texto constitucional como un derecho, y no como una obligación. Serán las normas que desarrollan esta previsión las que establezcan el contenido y límites de este derecho a guardar secreto, 9

10 configurándolo como un deber en determinados casos y siempre en función de la fuente de información que provea al profesional. El artículo 24 habla de la no obligación de declarar sobre hechos presuntamente delictivos, estableciendo de este modo el secreto que ampara a determinados profesionales como una posibilidad, un derecho, íntimamente conectado con la relación de confianza que se tiene por razón del cargo o profesión con el proveedor de la información. Abogados y procuradores poseen en virtud de su oficio determinada información, obtenida sobre la base de la confianza que debe regir las relaciones con los clientes. La Constitución ha querido que esta relación de confianza forme parte expresamente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, estableciendo la posibilidad de configurar el derecho al secreto profesional en relación con los hechos conocidos por esos operadores jurídicos y que pudieran ser constitutivos de delito. De este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva que ampara a todos los ciudadanos comprende también el derecho a que la información que se proporciona al Abogado (y también al Procurador) esté protegida por el deber derecho de secreto de este profesional. Sin embargo, según este artículo el secreto sólo protege, a priori, los hechos presuntamente delictivos que se conozcan en virtud de la relación profesional. Serán otras normas de inferior rango las que determinen, según examinaremos a continuación, la ampliación del secreto profesional del Abogado a todos los hechos de que conozca en virtud de su relación con el cliente, configurando además este secreto como un deber y estableciendo sus límites. II.- NORMATIVA SOBRE EL SECRETO PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS. ARTÍCULO 542 LOPJ. ART. 32 EGAE. Existe una serie de normas que determinan el alcance y contenido del secreto profesional de los abogados. El Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía contienen una serie de preceptos relativos a la obligación de secreto profesional. Así: - EGAE: Art. 25.2: Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía la publicidad que suponga: a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional. Artículo 28: 1. Los abogados podrán ejercer la abogacía colectivamente, mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles. 2. La agrupación habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y estar integrada exclusivamente por abogados en ejercicio, sin limitación de número. No podrá compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional. Tanto el capital como los derechos políticos y económicos habrán de estar atribuidos únicamente a los abogados que integren el despacho colectivo. 3. La forma de agrupación deberá permitir en todo momento la identificación de sus integrantes, habrá de constituirse por escrito e inscribirse en el Registro Especial correspondiente al Colegio donde tuviese su domicilio. En dicho Registro se inscribirán su composición y las altas y bajas que se produzcan. Los abogados que formen parte de un despacho colectivo estarán obligados personalmente a solicitar las inscripciones correspondientes. 4. Los abogados agrupados en un despacho colectivo no podrán tener despacho independiente del colectivo y en las intervenciones profesionales que realicen y en las minutas que emitan deberán dejar constancia de su condición de miembros del referido colectivo. No obstante, las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita tendrán carácter personal, aunque podrá solicitarse del Colegio su facturación a nombre del despacho colectivo. 10

11 5. Los abogados miembros de un despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como plena independencia para dirigir la defensa de los intereses que tengan encomendados. Las sustituciones que se produzcan se atendrán a las normas de funcionamiento del respectivo despacho, sin precisar la solicitud de venia interna. Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de distribución que establezcan las referidas normas. 6. La actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo estará sometida a la disciplina colegial del Colegio en cuyo ámbito se efectúa, respondiendo personalmente el abogado que la haya efectuado. No obstante, se extenderán a todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situaciones de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos. 7. La responsabilidad civil que pudiese tener el despacho colectivo será conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de agrupación utilizada. Además, todos los abogados que hayan intervenido en un asunto responderán civilmente frente al cliente con carácter personal, solidario e ilimitado. 8. Para la mejor salvaguarda del secreto profesional y de las relaciones de compañerismo, las normas reguladoras del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, separación o liquidación de dicho despacho. Artículo 34: Son deberes de los colegiados: e) Mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia habidas con el abogado o abogados contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos en juicio sin su previo consentimiento. No obstante, por causa grave, la Junta de Gobierno del Colegio podrá discrecionalmente autorizar su revelación o presentación en juicio sin dicho consentimiento previo. Artículo 42: 1. Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional. - CÓDIGO DEONTOLÓGICO: Artículo 1 (mandato genérico de acatar los principios éticos y deontológico del EGAE, del Código Deontológico Europeo y del propio Código Deontológico). Artículo 5 (regulación específica del secreto profesional). El análisis de ambos textos legales EGAE y Código Deontológico) se realiza en otra parte de la ponencia, por lo que remitimos las consideraciones a la misma. ARTÍCULO 542 LOPJ (ANTES, 437.2): 1. Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico. 2. En su actuación ante los juzgados y tribunales, los abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa. 3. Los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos. Este precepto es el que viene a determinar la naturaleza y alcance del secreto profesional de los abogados. Del mismo podemos extraer las siguientes notas características: - Se establece el secreto profesional del abogado como una obligación inherente a su condición. - Se refiere a todos los hechos y noticias que el abogado conozca de su cliente en virtud de la relación profesional, bien sean revelados por el cliente, o bien sean directamente conocidos por el abogado. - Abarca todos los hechos que se conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de la actuación profesional del abogado. - La consecuencia del deber de secreto es que el abogado no puede ser obligado a declarar sobre los hechos amparados por el mismo. 11

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