INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. CONFERENCE Global and Regional Powers in a Changing World UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 2014

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1 INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION CONFERENCE Global and Regional Powers in a Changing World UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 2014 Panel: New Regional Responses to Media and Power in South America Chair: Ernesto Vivares, PhD, FLACSO, Sede Ecuador El DEBATE DE LA LEY DE MEDIOS: CIUDADANÍA, OPINIÓN PÚBLICA Y CONFLICTO EN ECUADOR Isabel Ramos Mauro Cerbino FLACSO, Sede Ecuador Resumen Este trabajo analiza las relaciones entre el sistema político y el sistema de medios, y los modos en que esa relación se plasmó en la legislación y en el marco institucional de la política estatal en el Ecuador, al momento de sancionar la Ley Orgánica de Comunicación. En el marco de una ruptura populista que se caracterizaría por una dicotomización del espacio social y político, surge una nueva relación entre los medios y el gobierno actual; ambos establecen una disputa por la opinión pública, cuyo objetivo central será para el gobierno, la consolidación de su proyecto hegemónico, para lo cual resulta indispensable la politización de las empresas mediáticas, la cual ha logrado el gobierno, a través de sus mismas lógicas y dispositivos. 1. Introducción Partiré de una reflexión sobre los nuevos escenarios de confrontación entre el gobierno y los medios de titularidad privada, tomando como centro el caso de Ecuador, que también se observan en otros países de la región latinoamericana, especialmente en Argentina, Bolivia y Venezuela, en el marco de gobiernos llamados neopopulistas. Según Follari, los neopopulismos latinoamericanos están presentados por gobiernos de izquierda 1

2 caracterizados por liderazgos personalistas fuertes, participación activa de movimientos sociales y rechazo del neoliberalismo económico y liberalismo político 1. Sostengo como tesis principal que dicha confrontación tiene el propósito de construir una plataforma de disputa en torno de la opinión pública, teniendo en cuenta que - como una amplia literatura lo sostiene- la misma se configura como la principal consecuencia de la acción mediática. La opinión pública, en conceptos de Gramsci, estaría vinculada con la hegemonía política, o sea, que es el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, entre el consenso y la fuerza ( ) El Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente la opinión pública adecuada 2 Asumimos como supuesto que los gobiernos latinoamericanos mencionados pueden ser interpretados bajo la teoría de la ruptura populista de Laclau, es decir, que en esta forma particular de representación política tienen un signo en común. Según ilustra Laclau, partiendo de la teoría de la ruptura populista, para que la misma se produzca: la condición ineludible es que haya tenido lugar una dicotomización del espacio social, que los actores se vean a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados. Construir al pueblo como actor colectivo significa apelar a «los de abajo», en una oposición frontal con el régimen existente. Esto implica que, de una forma u otra, los canales institucionales existentes para la vehiculización de las demandas sociales han perdido su eficacia y legitimidad, y que la nueva configuración hegemónica el nuevo «bloque histórico», para usar la expresión gramsciana supondrá un cambio de régimen y una reestructuración del espacio público. 3 Esta teoría no contempla, sin embargo, una aproximación directa, en torno al papel de los medios de comunicación privados, tanto por lo que concierne a esa representación política populista, como en lo específico de la disputa gobierno-medios. 1 FOLLARI, Roberto, La alternativa neopopulista. El reto latinoamericano al republicanismo liberal. Rosario, 2010, Homo Sapiens, p GRAMSCI, Antonio, Cuadernos de la cárcel 3, Ediciones Era, México, D.F., LACLAU, Ernesto, La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana. Revista Nueva Sociedad, Nº 205, 2006, pp

3 El populismo nos ilustra un modo de representación política, y la importancia de la confrontación por la cual la lucha entre gobierno y medios es clave, ya que la sociedad contemporánea no puede pensarse sin opinión pública. Tampoco puede pensarse ninguna ruptura política ni tipo de gobernabilidad sin tener en cuenta el conflicto con los medios. Dado que aquella está influenciada por los medios, hasta el punto en que se puede hablar de una gobernabilidad mediática, de lo que se trataría es de analizar si se configuran otras maneras de dar cuenta de una gobernabilidad que se re politice a sí misma, desmarcándose del condicionamiento mediático. Sostenemos aquí que la acción del gobierno de Rafael Correa va en este sentido y que en este contexto, la opinión pública ya no es solamente influida por los medios sino también por el gobierno (en el mismo escenario de lo mediático). Al contrario de lo que desarrollamos en otros trabajos, 4 el conflicto con los medios no abona a una despolitización de lo político, sino que tiende a re politizar el gobierno y la opinión pública, a través de la politización de los medios, y de la misma acción mediática, también protagonizada por el gobierno. En las sociedades contemporáneas no es posible pensar, hasta el momento, ninguna representación política ni conformación hegemónica sin el rol de los medios de comunicación, razón por la cual la confrontación o disputa por la opinión pública, en nuestra tesis, cobra un significado político particular. La intención del presente trabajo es contribuir a una reflexión, por ahora muy poco presente, que tenga en cuenta la articulación entre el sistema político y el de medios, con relación al debate sobre la opinión pública, como marco de referencia para pensar el papel de los medios en la representación neo populista del gobierno de Rafael Correa. 2. Las relaciones entre los medios y la política antes de Correa 4 CERBINO, Mauro y RAMOS, Isabel, Medios de comunicación y despolitización de la política en Ecuador. En Cañizález, A. (Coord), Tiempos de Cambio. Política y Comunicación en América Latina, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello ALAIC, 2009, pp , y también CERBINO, Mauro y RAMOS Isabel, Medios y política en el Ecuador. Los términos de una confrontación. En Rodríguez Arrechavaleta, C. y Moreira, C. (Ed), Comunicación política y democratización en Iberoamérica, Universidad Iberoamericana. México, 2011, pp , y CERBINO, Mauro y otros, Ecuador: Comunicación gubernamental y despolitización mediática: De espaldas a la ciudadanía. En Ponce M. y Rincón O. (Coord), Caudillismo, e- política y teledemocracia, Fin de Siglo -Universidad Católica del Uruguay. Montevideo, 2013, pp

4 Hasta la asunción de Rafael Correa a la Presidencia de la República, los vínculos mantenidos por el Estado ecuatoriano con el sistema de medios privados, 5 pueden ser vistas como de connivencia e incluso de colusión, puesto que favorecieron y naturalizaron el privilegio de los medios de gestión privada por sobre otros tipos de medios de comunicación y por sobre las audiencias, sin que hayan existido diferencias sustanciales entre los sucesivos gobiernos más o menos conservadores. Las asimetrías en el acceso al espacio mediático y a la producción de contenidos para la circulación masiva, que reflejan las profundas desigualdades de la sociedad ecuatoriana, se han consolidado por vías normativas y legales. La legislación y las políticas comunicacionales desarrolladas y mantenidas por gobiernos de distinto signo han supuesto, como dice Tilly, 6 la inscripción de desigualdades sociales en la vida pública puesto que han consagrado el privilegio económico y enunciativo de las empresas mediáticas privadas, por sobre los derechos de los periodistas y las audiencias. Sostenemos, por un lado, que la histórica connivencia entre los medios y los gobiernos, como revisaremos a continuación, ha generado un esquema en el cual la gobernabilidad estaba fuertemente influenciada por los medios privados. Por otro lado, los negocios mediáticos crecieron bajo el amparo de los distintos gobiernos. Una breve aproximación a las normas legales existentes en el país en materia de prensa y medios audiovisuales indica, con claridad, que las empresas mediáticas han sido fuertemente respaldadas por los sucesivos gobiernos democráticos y dictatoriales, sin distinción de tendencia ideológica ni de proyecto político. Los beneficios asignados históricamente por el Estado ecuatoriano a los empresarios privados que explotan medios de comunicación, pueden clasificarse bajo cuatro criterios. Primero, aquellos que suponen la transferencia de fondos desde el Estado central a las empresas mediáticas. Segundo, los que contribuyen a mejorar la rentabilidad de los medios, 5 HALLIN, Daniel y MANCHINI, Paolo, Sistemas mediáticos comparados. Tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la política. Barcelona, Hacer, Los autores establecen una relación directa entre el sistema de medios y el sistema político. 6 TILLY, Charles, Contienda política y democracia en Europa, Barcelona, Hacer,

5 a través de la inyección de recursos provenientes de las entidades subnacionales de gobierno, los partidos políticos, los trabajadores de prensa y los ciudadanos comunes. En tercer lugar, medidas legales o reglamentarias que han proporcionado a las empresas periodísticas y medios de comunicación un acceso privilegiado a espacios institucionales de toma de decisiones que podrían incidir en la actividad del sector. Finalmente, regulaciones que han facilitado la concentración de la propiedad de medios, la formación de conglomerados y el ejercicio de prácticas oligopólicas. Revisemos los beneficios legalmente establecidos que significan la transferencia, directa o indirecta, de recursos públicos hacia los medios privados. La prensa gráfica inicialmente, y luego la radio y la televisión, fueron reconocidas por el Estado ecuatoriano como actividades industriales, lo que significó su incorporación a la larga lista de empresas beneficiarias de la Ley de Fomento Industrial 7, todas ellas vinculadas económica y políticamente a las élites tradicionales. Es preciso tener en cuenta que la mencionada Ley fue concebida como un mecanismo de la política estatal de fomento a la industrialización por sustitución de importaciones implementada a mediados del siglo pasado, lo cual, según entendemos, resulta difícilmente aplicable a la actividad de los medios masivos ya que a pesar de que estos podrían ser considerados industrias culturales, queda por demostrarse en un debate nacional, serio y riguroso, de qué modo los medios de comunicación han contribuido al desarrollo del país como industrias. Las ventajas acordadas a las empresas mediáticas -periodísticas y audiovisuales- a partir de su reconocimiento como industrias de transformación se han traducido en importantes transferencias de fondos públicos a manos de empresarios privados. Los beneficios del régimen nacional de fomento industrial han estado vigentes por cerca de 50 años; entre ellas se estacan la exoneración de impuestos que gravan la constitución de capitales y la emisión de títulos o acciones de las sociedades, la exoneración por 10 años de derechos arancelarios, a la importación de maquinaria, equipos y repuestos que no se 7 Mediante Decreto Ejecutivo N 1661, publicado en el Registro Oficial 252, del 27/08/1969, la prensa, la radio y la televisión son declaradas industrias de transformación protegidas por la Ley de Fomento Industrial. Posteriormente, en 1987, se sanciona el Acuerdo Legislativo N 105, a través del cual se declara que la radiodifusión y la televisión serán consideradas industrias de la publicidad con la finalidad de puedan convertirse en sujetos de crédito de las instituciones financieras del Estado, carácter del que ya gozaban las empresas de prensa gráfica desde

6 produzcan en el país, exoneración de impuestos a las ventas y derechos arancelarios, entre otros 8, del pago de impuestos a las radiodifusoras y televisoras comerciales a las ventas y las ganancias 9, y la reducción del 50% en las tarifas postales a las empresas periodísticas 10. El segundo grupo de incentivos, según la clasificación que propusimos, posibilita que las empresas mediáticas incorporen más recursos, a través de la aplicación de diversas normas legales y reglamentarias, que disponen que entidades como los Municipios, los Consejos Provinciales, los partidos políticos, los bancos, e incluso las personas individuales renten espacios publicitarios, especialmente en los medios gráficos. La publicación por la prensa ha sido consagrada principalmente a través de las sucesivas leyes de elecciones, de las normativas del Poder Judicial y de las más diversas reglamentaciones administrativas. Si bien los fondos que se movilizan a partir de estas publicaciones no provienen directamente del presupuesto general del Estado suponen, para los medios, fuertes y constantes ingresos aportados por entidades descentralizadas, empresas comerciales y financieras, asociaciones sin fines de lucro y economías familiares. Lo que llama nuestra atención es que es el Estado quien ha dispuesto que estas transferencias sean obligatorias. La tercera ventaja mencionada consiste en que, además de los beneficios económicos ya mencionados, el Estado ecuatoriano ha legitimado la participación de los dueños de medios en espacios políticos y administrativos en los cuales se toman decisiones que inciden directa o indirectamente en sus propias actividades empresariales. Por ejemplo, la existencia de una posición de legislador nacional por el periodismo y las instituciones culturales, consagrada en las Constituciones de 1929, 1945 y 1967, que fue ocupada casi siempre por empresarios o por empleados jerárquicos de empresas mediáticas, demuestra esa connivencia entre instituciones del Estado y dueños de medios en el ámbito de la participación política. Debe tenerse en cuenta además que la vinculación entre el Estado, y 8 Para mayor información, la reseña histórica publicada en el portal web oficial de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, creada en 2007 por el actual gobierno del Ecuador indica que La planificación estatal en el Ecuador se inició con la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (Junapla), creada mediante Decreto Ley de Emergencia número 19, del 28 de mayo de En 1979, fue remplazada por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). 9 Decreto Supremo N 533, Registro Oficial 405, 2/04/65; Decreto Supremo N 1852, Registro Oficial 570, 24/08/ Decreto Supremo N 256, publicado en el Registro Oficial 165, del 17/02/

7 los distintos gobiernos se produjo también por la designación de periodistas connotados y propietarios de medios en ministerios estratégicos y en sedes diplomáticas consideradas apetecibles. En un marco legal así establecido, no es extraño que las asociaciones empresariales que explotan radioemisoras y canales de televisión hayan sido llamadas en 1995, a formar parte del Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL. Su posición, con voz y voto, en la autoridad colegiada que regula sus actividades fue asegurada por la Ley de Radiodifusión actualmente vigente 11, sin que, desde su puesta en vigencia hasta el año 2008, se hayan realizado reclamos formales desde alguna entidad del Estado, por el evidente conflicto de intereses. En Ecuador existen leyes a partir de las cuales, no solo se hace posible, sino que se fomenta la concentración de la propiedad de medios de comunicación, y se contribuye a la formación de conglomerados mediáticos que favorecen la concentración de audiencias, como el decreto expedido por el gobierno de facto de que permite que las empresas periodísticas puedan instalar estaciones de radio, lo cual ha permitido que los accionistas de medios gráficos también se conviertan en dueños de radiodifusoras y canales de televisión. Los enormes beneficios que ha transferido el Estado hacia los medios han contribuido a potenciarlos, cuando no a delegarles poder. Esto ha neutralizado la posibilidad de constitución de medios que no sean de exclusiva titularidad privada, estableciéndose una paulatina autonomización, y por ende una capacidad de condicionar las distintas acciones de gobierno, en un proceso de adquisición de poder que llegó en ciertos momentos a poner en jaque a los mismos gobiernos. Los beneficios económicos y políticos han sido concedidos sin ninguna exigencia de calidad, relevancia pública e interés social en los productos informativos y de entretenimiento que difunden los medios de masas. Tampoco se ha exigido debidamente el cumplimiento de obligaciones laborales. Es decir, el Estado ecuatoriano no ha ofrecido a los trabajadores de prensa la misma protección que a los empresarios mediáticos, como tampoco a los ciudadanos comunes y a los colectivos comunitarios. 11 Ecuador, Ley Reformatoria a Ley de Radiodifusión y Televisión, publicada en el Registro Oficial 691 del 9/05/ Decreto Supremo N 26, publicado en el Registro Oficial 58, del 7/12/

8 3. El giro de Correa en los vínculos con los medios: escenarios y episodios de contienda La confrontación entre Poder Ejecutivo y medios se ha desplegado en tres escenarios, con sus respectivos episodios contenciosos, que podemos anotar con claridad. El primer escenario es el que configura la confrontación desde el plano retórico. El segundo se sostiene en la judicialización de la acción mediática; el tercero tiene relación con la introducción de cambios normativos que tienden a modificar el estado de cosas anteriormente descrito en cuanto a la connivencia Estado-medios. En Ecuador en los últimos años, en consonancia con países como Argentina y Venezuela, el mimetismo de la política y la comunicación mediatizada ha traspasado los pocos límites imaginables, configurando una reinvención de la comunicación política que, desde la llegada de Rafael Correa al gobierno en 2007 presenta dos rasgos específicos. Por un lado, la comunicación gubernamental cuenta con un único narrador y está fuertemente sostenida por un dispositivo propagandístico que impugna cierto modo de concebir la política, y de comprender y administrar lo público, objetando el imaginario liberal de la prensa y denunciando su actuación política y corporativa, pero, paradojalmente, emplea estrategias similares a la de los medios comerciales. Del otro lado, el gran espectro de medios, cuya naturaleza se había alejado tiempo antes del puro ejercicio de contralor de las instituciones democráticas, perdiendo terreno en cuanto a equilibrio y calidad periodísticos, priorizó su actoría política al desplegar acciones abiertamente propagandísticas y corporativistas, y al disputarle directamente la palabra política al Ejecutivo. De este modo, la comunicación mediatizada se ha convertido en una de las principales líneas de conflictividad política en el país, en el contexto de vigentes reformas estatales, al punto tal que en las alocuciones presidenciales más importantes para la agenda de gobierno el Ejecutivo dedica largas intervenciones a calificar la actividad de la prensa de mediocre, corrupta y representante de los intereses de la partidocracia, llevando la disputa incluso al ámbito de la justicia ordinaria. Este tema ha tenido amplias repercusiones internacionales y le ha valido críticas de organismos como Reporteros Sin Fronteras (RSF), y la Relatoría para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 8

9 Asistimos a un escenario inédito donde la comunicación mediatizada ha cobrado un papel medular en los modos de configurar representaciones sobre lo social y lo político, y en el que las estrategias propagandísticas del Ejecutivo y de los medios empresariales responden a lógicas comunicacionales similares que se despliegan en el ámbito mediático. El corolario es que el debate en torno a temas nacionales y de interés público queda subsumido bajo una fórmula contenciosa polarizada donde se representan y tienen la palabra exclusivamente dos actores del juego político, las empresas de medios y el Ejecutivo. Los beneficios de este juego de espejos se reparten de lado y lado: el gobierno capitaliza, tanto el desgaste de los medios -que en el país es de años recientes- como la erosión de la oposición política, y éstos venden contenidos apocalípticos y futuristas sobre un gobierno al que califican de autoritario, déspota y hasta dictatorial, posicionándose abiertamente como contendores del arco opositor. Su mayor implicación es la disputa por hegemonizar el clima de opinión. Si bien se puede afirmar que Correa contó con un relativo apoyo de las más importantes empresas de medios nacionales durante su primera campaña presidencial, ya desde los primeros meses de gestión se produjeron algunos episodios que, a posteriori, pueden ser leídos como un giro de parte del Ejecutivo hacia la identificación de las empresas de medios privados como el principal enemigo político a combatir, y hacia un afán regulatorio que estaba ausente en las agendas legislativas de sus antecesores. Es como si el pacto tácito que históricamente sostuvieron los medios y los distintos gobiernos hubiera llegado a su fin. Cronológicamente es posible establecer el 9 marzo de 2007 como la fecha exacta de la ruptura de relaciones con los medios comerciales, a propósito de un editorial publicado por el diario La Hora titulado Vandalismo oficial, en referencia a la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso, cuyo mismo título pone de relevancia el comportamiento que se atribuye al gobierno: Pensando solamente en sus intereses partidistas o de grupo hemos llegado a una desinstitucionalización y a una pugna en la cual ya no hay mediadores posibles. ( ) El desquite, el incremento de la venganza y los resentimientos entre los sectores, son definitivamente los causantes de la crisis en la que sus propios actores ya están temerosos. ( ) Elemento vital es la indecencia de las fuerzas policiales, ya que si bien es lógico que acepten las órdenes del Ejecutivo no pueden convertirse en cómplices y en verdaderos autores por omisión, de las barbaridades realizadas frente a ellos por turbas fanatizadas, enajenados gubernamentales y delincuentes disfrazados, como constató la ciudadanía en los actos cobardes del vandalismo 9

10 oficial.( ) Esta política que sale definitivamente de la Presidencia de la República y que pretende gobernar con tumultos, piedras y palos es vergonzosa para el primer mandatario que se ufana de ser un hombre civilizado y respetuoso de las opiniones de los demás. 13 El mismo día, la Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador (AEDEP) publicó un comunicado sobre el tema, titulado Intolerable, en el que se señala como culpable de la crisis a la clase política dirigente, así como a los titulares de las funciones, incluido el Presidente. 14 A partir de ese momento los descalificativos del Ejecutivo hacia la prensa fueron in crescendo y el enfrentamiento escaló. La piedra angular de esta arquitectura triangular son los enlaces presidenciales. Se trata de la alocución monologal directa de Correa que, bajo la denominación El presidente dialoga con el pueblo, se emite regularmente, desde 2007, los días sábados por cadena nacional. El mismo constituye un ejercicio de comunicación política sobre lo público, en el sentido de la puesta en común de aquellas cuestiones de interés colectivo, que apuesta fuertemente por la construcción de dos tipos de destinatarios. Por una parte, se apunta al refuerzo del prodestinario como colectivo de identificación 15 mediante la construcción de un nosotros inclusivo con la figura del pueblo ecuatoriano. Esta modalidad enunciativa intenta construir un efecto de realidad 16, que refuerza el imaginario sobre la toma de decisiones en dicha situación comunicacional, como si la nueva política se ejecutara al alcance de todos los ciudadanos. Por otra parte, este mismo discurso crea un contradestinatario 17, la prensa nacional y los periodistas, calificándolos con los apelativos del tipo mediocres, representantes de los intereses de la partidocracia, sicarios de tinta, corruptos, 13 Vandalismo oficial, La Hora, Viernes 9 de marzo de 2013, consultado el 14 de marzo de 2013, en 14 Editores de periódicos no rectificarán ante gobierno de Ecuador, en EcuadorInmediato.com, consultado el 13 de marzo de 2013, odicos_no_rectificaran_ante_gobierno_ecuador 15 VERÓN, Eliseo, La Palabra Adversativa. Observaciones sobre la enunciación política. En El discurso político. Lenguaje y acontecimientos. Buenos Aires, Hachette, 1987, p BARTHES, Roland, El Susurro del Lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura. Barcelona, Paidós, 2002, p VERÓN, Eliseo, op. cit., p

11 pelucones, prensa corrupta, siendo los enlaces sabatinos los espacios privilegiados donde el presidente se enfrenta verbalmente con la prensa nacional y los periodistas. Las siguientes declaraciones del mandatario ejemplifican lo dicho: Lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión no nos dejemos engañar - la cual somos los primeros en defender, sino la contradicción ética y técnica de negocios privados con fines de lucro e intereses políticos y grupales, proveyendo un bien público indispensable para la sociedad: la información (Declaraciones del Ejecutivo durante el Informe a la Nación, 10/08/ 2011). La prensa corrupta en nuestro país, en nombre de la libertad, nos hace esclavos y esclavas de lo que calla o lo que dice. Media docena de familias son dueñas de medios de comunicación nacionales; esa es la vulnerabilidad en la que estamos ( Presidente insta a que los medios demuestren si el Gobierno miente en cadenas nacionales (audio), El Ciudadano, 10/11/2011). Resulta interesante que, a tres años de su institucionalización, los enlaces hayan adquirido una nueva característica: se incorporó un segmento denominado La libertad de expresión ya es de todos, donde el presidente critica -mediante informes editados al estilo de los informativos de televisión - el tratamiento mediático sobre los principales y más polémicos temas de interés nacional, apuntando a poner en evidencia su intencionalidad política. La creación de dicho espacio revela la importancia que tienen los medios de comunicación nacionales para el gobierno, en tanto agentes con discursividad política propia y de enorme peso en la configuración de la opinión pública nacional. Durante los casi seis años del gobierno de Correa, además de otros contenidos (anuncios de medidas de política económica, de diversos proyectos y en general de iniciativas gubernamentales), los referidos calificativos irán en la semana siguiente a formar parte de la agenda de los medios. Para los funcionarios encargados de gestionar la comunicación gubernamental, este bloque propagandístico contiene en su interior elementos diferenciales, ya que distinguen con claridad contenido y funciones de los productos que ponen a circular: identifican la posición política gubernamental en los enlaces, separada de la información sobre la gestión, que es difundida a través de los spots y cuñas. En palabras de un alto funcionario: El Presidente, todos los sábados, se expone al escrutinio público, contando, para bien o para mal, lo que hizo -minuto a minuto- durante todos los días de su semana ( ) el Gobierno 11

12 tiene la obligación de decirles a los ciudadanos qué hace, qué va a hacer y cómo piensa el bien de su país 18. En dos de esos enlaces se han hecho dos anuncios que afectan la labor de los medios. El primero fue el pedido al Secretario de Comunicación de hacer operativa la prohibición de pautar en los medios privados. A reforzar el impacto de este anuncio, semanas después llega otro que impone la prohibición de que los ministros concedan entrevistas en los medios privados. Está claro que ambas medidas tienen repercusiones tanto en lo económico como en lo simbólico. En lo primero, porque la pauta publicitaria gubernamental tradicionalmente ha representado un aporte significativo a los ingresos de los medios tanto gráficos como televisivos. En lo segundo, porque afecta directamente el desempeño de los medios, siendo las fuentes ministeriales algunas de las más utilizadas. Aunque no sería preciso afirmar que en el pasado no se hayan dado querellas judiciales de parte de los distintos gobiernos hacia algún medio o periodista, es en el gobierno de Correa en el cual se multiplican los casos de judicialización de la información y de la opinión. Además del ya señalado juicio por injurias por el editorial del diario La Hora (el cual fue desechado por los jueces), debemos dar cuenta del juicio en contra de Emilio Palacio y del diario El Universo, así como de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, quienes escribieron un libro llamado El gran hermano que contiene los resultados de una investigación periodística sobre los negocios del hermano del presidente. No es nuestro menester entrar a discutir sobre los contenidos de los textos - un editorial en el caso de Palacio, el libro en el de los otros periodistas- que motivaron las querellas judiciales en ambos casos por injurias o difamación. Lo que es necesario señalar es que estos textos motivaron al demandante - el presidente a pedir una suma gigantesca de dinero (ochenta y diez millones de dólares respectivamente) como indemnización y también la cárcel para los responsables. A partir del hecho de que los jueces han dado en ambos casos la razón al demandante, éste, en un gesto de alto contenido simbólico les otorga el perdón, no para interrumpir el conflicto con los medios o intentar subsanarlo, sino para reafirmar que la ciudadanía tiene la obligación de no olvidar que, más allá del perdón, el juicio ha demostrado que la prensa no es lo que dice ser. 18 Vinicio ALVARADO, Secretario General de la Administración Pública y Comunicación, según entrevista realizada el 28 de enero de

13 Entre los objetivos que el gobierno se propuso en este juicio, ha estado lograr que los ciudadanos de Ecuador superen el miedo a esa prensa que actúa de manera corrupta y abusiva. Se demostró que se puede enjuiciar y vencer al abuso del poder mediático. 19 El tercer escenario es el de los cambios introducidos a nivel de normativas que afectan los intereses de los propietarios de medios. En particular podemos señalar la introducción del gravamen del IVA al papel periódico, la prohibición (elevada a norma constitucional) de que los accionistas de entidades financieras puedan participar en los negocios mediáticos, y la prohibición de que los accionistas de medios de comunicación puedan, contemporáneamente, serlo de otras empresas económicas. Señalamos también, la existencia de normas que fijan un nuevo piso salarial para los trabajadores de prensa, la multiplicación de las inspecciones laborales a las empresas mediáticas, la abolición de la figura de los pasantes (con la cual muchas veces se encubrían trabajos no remunerados), y las investigaciones en torno al domicilio de algunas empresas mediáticas en los paraísos fiscales El debate de la Ley de Comunicación. El mayor escenario de disputa Según mandato constitucional, el gobierno nacional impulsó en la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación, para reemplazar a la antigua normativa sancionada en 1979, y a las reformas parciales efectuadas en los subsiguientes períodos democráticos. Inicialmente, su discusión fue posible por el fortalecimiento del Estado en el ámbito de las comunicaciones y los medios. Actualmente el proyecto se discute en segundo debate ampliado, sin que se evidencien voluntad política y acuerdos mínimos de los bloques legislativos, incluido el del partido de gobierno. Los debates públicos sobre la Ley se han convertido en el escenario intensificador 19 Rafael Correa anunció perdón sin olvido para sentenciados en caso El Universo, El Universo, 27 de febrero de 2012, consultado el 14 de marzo de 2013, en 13

14 de los enfrentamientos, que ya eran abiertos y sistemáticos, entre el Ejecutivo y las empresas mediáticas. Se ha producido una polarización discursiva entre el gobierno nacional y los medios, cuya consecuencia es que, mientras el oficialismo no ha logrado involucrar en este debate a los ciudadanos, el sector de los medios empresariales consiguió unificar una agenda y aglutinar a otros actores en torno a sus reivindicaciones corporativistas. La Asamblea Constituyente del año 2008 abrió espacios para la discusión de los derechos a la comunicación, los que fueron ocupados por algunos colectivos y organizaciones que concurrieron a presentar diversas propuestas. En ese marco, y pese a la resistencia expresada por las empresas mediáticas, el texto constitucional actualmente vigente contiene, por primera vez, algunos derechos vinculados a la comunicación que han sido históricamente reivindicados por sectores progresistas y organizaciones de base. La Constitución obliga entre otras cosas a que el Estado garantice la existencia de medios de propiedad pública, privada y comunitaria, e impida la monopolización directa o indirecta del espacio mediático (artículo 17). Adicionalmente, se dispone que la información que circule públicamente sobre hechos y acontecimientos de interés general sea veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa (artículo 18). El proyecto de ley de comunicación busca asegurar el ejercicio y la exigibilidad de estos derechos constitucionales. Pero la presentación del mismo en el mes de septiembre de 2009 abrió un período de fuertes enfrentamientos -que se mantuvo hasta el primer trimestre de entre el Presidente Rafael Correa, los altos funcionarios de su gobierno y los representantes más reconocidos de la denominada prensa nacional. Con esto se ha inaugurado un episodio contencioso 20 de características particulares, dadas las repercusiones políticas y sobre todo económicas que podría tener la aprobación de esta ley en el funcionamiento de los medios de comunicación privados o comerciales. Por todo esto, el rechazo generado desde las empresas mediáticas a la iniciativa gubernamental de impulsar una nueva estructura legal para el sector ha dado forma a una serie de acciones de corte corporativo que se describen a continuación. 20 Cfr., TILLY, Charles, op. cit. 14

15 Los medios de mayor cobertura nacional 21 no están produciendo contenidos que contribuyan a un debate democrático en el cual las audiencias puedan formarse su propia opinión sobre los contenidos de la futura ley de comunicación. Por el contrario, han promovido en bloque una campaña de grandes proporciones en contra de la regulación estatal de sus actividades, cuya característica es la implementación de estrategias comunes entre las mismas empresas que al momento de captar segmentos de mercado se habían comportado como rivales. Otra expresión de lo señalado fue la publicación en veintidós medios gráficos, en el ámbito nacional, de una sobrecubierta a página completa con la siguiente leyenda: Querido Lector, te agradecemos por preferir nuestro diario. Sabemos que podrías escoger otro, estás en la libertad de hacerlo, es tu derecho, tu elección y eso se respeta. Tienes todo nuestro respeto. Elegiste leer esto en total libertad y por tu derecho a estar informado. Por respeto a tu decisión asumimos con seriedad la tarea de informar. Otro recurso de esta campaña es la publicación, en la mayoría de medios gráficos del país, de segmentos o de secciones creadas ad hoc, cuyos títulos intentan destacar que estos medios han cumplido siempre con su obligación de informar: Lo conoces porque pudimos informarte, Periodismo positivo, No hemos callado y La historia en los medios ; es decir, se observan altos índices de auto-referencialidad en la producción informativa. De este modo, los contenidos orientados a posicionar una imagen positiva de los medios son presentados como si se tratara de notas informativas o de grandes reportajes. Lo novedoso es que asistimos a la construcción de una voz unificada corporativamente, que se ejecuta mediante la articulación de ayudas recíprocas. En otro trabajo hemos mostrado cómo en el caso del diario El Comercio, dicha cooperación se da inter países, pues se realiza entre este periódico y el diario Clarín, el de mayor circulación de Argentina. Se trata de relatos periodísticos alineados 21 Los medios de comunicación que se encuentran confrontados con el gobierno desde 2007 son los diarios El Universo, El Comercio, La Hora y Hoy, y las cadenas televisivas Ecuavisa y Teleamazonas. 15

16 regionalmente 22, en lo que Chomsky denominó como una acción colectiva táctica de los medios, en el marco de un sistema de mercado dirigido 23. En todos los casos, el argumento central ha sido la defensa de la libertad de expresión y del libre flujo de la información. El problema principal de este argumento es que el reclamo de este derecho se hace desde una concepción restringida; es decir, los medios de comunicación lo interpretan como su patrimonio exclusivo, equiparándola con libertad de información (libertad editorial), y ocultando con ello la condición específica de esta última, dentro de la cual la responsabilidad democrática es definitoria. La manifiesta convergencia entre contenidos informativos y publicitarios no hace sino ratificar el doble rol que cumplen los medios de comunicación comerciales en las sociedades capitalistas contemporáneas: en primer lugar como espacios de producción y circulación de información sobre temas de actualidad y de interés común y, en segundo, como defensores de determinados intereses empresariales y económicos. Lo interesante es que, en muy pocas ocasiones es posible advertirlo con tanta claridad como en los momentos que se viven en Ecuador. Lo que podríamos cuestionar, sin embargo, es que esta ostensible defensa de intereses corporativos disfrazada de libertad de expresión, sea presentada como noticia de actualidad, información de interés general y opinión experta. Nuestra tesis es que la asunción del papel de oposición al gobierno por parte de los medios privados se debe, en primer lugar a un intento por defender privilegios adquiridos históricamente; en segundo lugar, a la tradicional dependencia de la agenda política, generada desde el oficialismo, que le impide transformar esa lógica en nuevos modos de producción periodística. 4. De la mediatización de la política a la politización de los medios 22 ORLANDO, Rocío, Discursividades mediáticas contra hegemónicas: nuevas leyes de comunicación y radiodifusión en Argentina y Ecuador. Quito, Flacso/Abya Yala, CHOMSKY, Noam, Los guardianes de la libertad: propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación de masas. Barcelona, Crítica,

17 Según Verón, nos encontraríamos en un proceso de transformación y de paso de las sociedades mediáticas hacia las sociedades postindustriales en vías de mediatización, de una gradual implantación de tecnologías de comunicación en la trama social, a sociedades en las que todas las prácticas y relaciones sociales se encuentran atravesadas por la comunicación mediatizada 24. En las primeras, la televisión tendría un rol clave en la construcción de acontecimientos de orden político, y la experiencia mediatizada se constituye en el espacio de socialización por excelencia, ya que la mayoría de las personas no podemos acceder a mucho de lo que sucede en el mundo sino es a través de los medios masivos. La mediatización de lo político se refiere concretamente a los vínculos de dependencia mutua que se generan entre el discurso político y el periodismo, y que van desde la devoción y la colaboración incondicional hasta la disputa y confrontación permanentes, como en el caso que estamos describiendo. Sucede que desde años recientes al fenómeno de la mediatización se le ha agregado el componente de la campaña permanente de confrontación de lado y lado, lo que se acompaña con la desaparición de los límites entre el discurso político y el discurso de la información, pero de un modo que va de cierta mimetización a la diferenciación del gobierno con los medios. La utilización de la lógica mediática no es negativa per se. A falta de alternativas por ahora viables en la escena política dicha utilización podría, en contra de previsiones de carácter nostálgico, significar algo distinto que aquel modo de concebir la política con relación a la opinión pública, tal es el ilustrado, institucionalista y elitista 25. La perspectiva elitista proyecta a la población en un papel pasivo, meramente receptivo y por lo tanto manipulable, planteando la incapacidad de la población de contribuir a las decisiones políticas 26. Dicha perspectiva se basa en la convicción de que la opinión pública padece de una progresiva desafección con relación a la política, y muestra una actitud por demás emocional e irreflexiva, a la que contribuyen por un lado los medios y la 24 Cfr., VERÓN, Eliseo, El Cuerpo de la Imágenes. Buenos Aires, Norma, GROSSI, Giorgio, L opinione pubblica. Teoria del campo demoscopico. Roma, Editori Laterza, Ibíd., p

18 mediatización de la esfera pública, y por el otro, el empobrecimiento del rol de los partidos como promotores de espacios de discusión. Unos años antes, Bernard Manin había anunciado el paso de una democracia de partidos a una de audiencias, poniendo en evidencia efectivamente el poder de los medios por sobre las organizaciones políticas 27. Ésta se trataría de una visión mediófoba 28, que concibe a los medios como actores que degradan la política al sustituirla e intentar ocupar su lugar y sus funciones. Una suerte de contracción de la democracia en la que los medios [subordinarían] al sistema político 29, y proyectarían la existencia de una opinión pública despolitizada. Cabe preguntarse: bajo qué aproximaciones conceptuales se puede afirmar que la opinión pública es un espacio despolitizado? Por un lado, cuando se la concibe bajo la noción de espiral del silencio, 30 la cual, según la autora, se produce cuando las opiniones que reciben mayor apoyo parecen más fuertes de lo que son, y las otras opiniones aparecen como más débiles, lo cual incita a la gente a proclamar sus opiniones o a tragárselas, y mantenerse en silencio, hasta que, en un proceso en espiral, un punto de vista llega a dominar la escena pública, y el otro desaparece de la conciencia pública al enmudecer sus partidarios 31. Por otro lado, cuando la política queda expuesta a una versión espectacularizada y sostenida en imágenes por la acción mediática, lo cual conduciría a una pérdida del poder simbólico de la palabra y a un declive en el debate público. 32 En este contexto y ante la constatación de que efectivamente nos encontramos en el plano de la mediatización de la política, nos preguntamos si en todo momento y de todos modos se debería concebir esta relación como propia de la anti política y del pos político. Dicho de otra manera, esta coincidencia entre representación política y lógica mediática, conduce necesariamente a una sujeción de la 27 Cfr., MANIN, Bernard, Los principios del gobierno representativo. Madrid, Alianza Editorial, EXENI, José Luis, Gobernabilidad Mediática. Mass media y grado de gobierno: difícil (des) encuentro, Organicom, Nº 4, 2005, pp Ibíd., p NOELLE- NEUMANN, Elisabeth, La espiral del silencio: opinión pública: nuestra piel social. Madrid, Paidós Ibérica, Ibíd., pág VERÓN, Eliseo, Mediatización de lo político. Estrategias, actores y construcción de los colectivos en De Gilles Gauthier, André Gosselin y Jean Mouchon (Ed), Comunicación y Política. Barcelona: Gedisa,

19 lógica política a la mediática? Qué otras posibilidades se pueden vislumbrar bajo estas lógicas, para que un gobierno recobre una acción política desmarcándose, no de lo mediático, pero sí de los medios? Que un gobierno dispute el hecho de que los medios se consideren a sí mismos por encima del poder político, podría significar que ese gobierno recobra la capacidad de retomar el control de la gobernabilidad -incluso de una gobernabilidad mediática- y de re-politizar en el propio terreno de lo mediático tanto su acción como la relación con la opinión pública, intentando así sustraerla de la influencia de los medios. Junto con esta perspectiva, que habría que observar también empíricamente y no solo teóricamente, cabría la posibilidad, y esta es nuestra propuesta, de que en el propio terreno de lo mediático, una vez que un gobierno rompe con la connivencia con los medios, recuperando así su capacidad de gobernar aún en contra de los medios, a la opinión pública se le abra un escenario para la toma de posiciones que no deberían ser consideradas secundarias desde el punto de vista de lo político. El giro del gobierno de Correa en la relación con los medios ilustra un modo distinto de comprender el papel de la mediatización en la relación entre el gobierno, la política, los medios y la opinión pública. Dicho gobierno ha apostado por instalar a través de los medios la idea de que la política es fundamentalmente conflicto. Para ello, ha buscado entender exhaustivamente la lógica de funcionamiento mediático que se sostiene en el impacto, la inmediatez y la personalización, entre otras figuras, empleando los mismos códigos y lenguajes audiovisuales, para responderle a aquélla bajo el signo de la confrontación. Frente al gran espectro de medios de propiedad privada en el país que padecen del miedo al disenso 33 -es decir, que en sus agendas periodísticas invisibilizan conflictos sociales y problemas estructurales irresueltos que tienen que ver con las desigualdades de la estructura social 34, anulando con ello las diferencias o bien volviéndolas exóticas o meras anécdotas- 33 MIRALLES, Ana María, El miedo al disenso. El disenso periodístico como expresión democrática de las diferencias y no como provocación de violencia. Barcelona, Gedisa, FISS, Owen, Las dos caras del estado, en Democracia y disenso. Una teoría de la libertad de expresión. Buenos Aires, Ad-Hoc,

20 la acción del gobierno de Correa ha adoptado los signos del campo audiovisual como un modo predominante de apelación política, para problematizar públicamente los conflictos de intereses sociales, económicos y políticos que existen en el país. Esta acción le ha permitido avanzar en un intento de ampliación de la lucha política, más allá de las instituciones tradicionales, y en un gesto de politización de los medios y de la opinión pública, mediante el cual el conflicto adquiere significado político. El gobierno constituye a los medios como principales enemigos políticos, y estos ocupan el lugar de la oposición. Las consecuencias podrían consistir en una metonimización de la lógica amigo-enemigo, por la cual el gobierno sintetiza en los medios toda oposición política posible. Lo que operativiza esta construcción es que la confrontación con los medios conlleva el descrédito y la deslegitimación de los propios medios, lo que hace tambalear los supuestos que ubican ideológicamente a los medios como garantes de la democracia, como escenarios de pura rendición de cuentas, y como mediadores neutrales entre los gobernantes y la sociedad. La ruptura producida por la confrontación, el establecimiento y diferenciación entre medios privados y medios públicos o estatales a los que hemos hecho referencia, tienen como consecuencia que también se visibilicen para la ciudadanía los clivajes políticos e ideológicos que atraviesan las estructuras y acciones de los medios, permitiendo el discernimiento entre aquellos que guardan afinidad con las propuestas de gobierno, y aquellos que se les oponen, develando así su carácter de actores ideológicos. Según un estudio cualitativo realizado en tres ciudades del Ecuador 35, los ciudadanos reconocen a los grandes medios de comunicación privados como parte de los sectores de oposición; éstos compartirían con los partidos políticos tradicionales y los empresarios privados la defensa de intereses similares, todos contrapuestos a los del gobierno actual. Dado el carácter históricamente mimético entre los medios y la política en Ecuador, pareciera que un proceso de democratización y de politización debía necesariamente iniciarse en una disputa con los medios, que empezaron a ser visibilizados no como garantes puros de los intereses públicos, sino de sus propias lógicas corporativas. Esto conlleva a que la 35 Trabajo realizado por Perfiles de opinión, Quito,

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