A N T E C E D E N T E S.

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1 En Mendoza, a quince días del mes de abril del año dos mil dos reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n caratulada: Emcomet S.A. en j / Bco. Central de la República Argentina en j Emcomet S.A. p/ Inc. Verif. Tardía s/ Cas.". Conforme lo decretado a fs. 28 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primera: Dra. Aída Kmelmajer de Carlucci; segundo: Dr. Fernando Romano; tercero: Dr. Carlos Moyano. A N T E C E D E N T E S. A fs. 7/10 el abogado Norberto Parma por Emcomet S.A., deduce recurso extraordinario de Casación en contra de la resolución dictada por la Primera Cámara Civil de Apelaciones a fs. 92/93 vta. de los autos N caratulados Bco. Central de la Rep. Argentina en j Emcomet S.A. p/ Conc. p/ Inc. Verif. Tardía. A fs. 15 se admite formalmente el recurso deducido y se ordena correr traslado a la parte contraria quien, a fs. 17/20 contesta y solicita su rechazo con costas. A fs. 24/25 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja el rechazo del recurso deducido. A fs. 27 vta. se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 28 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal. De conformidad con lo establecido en el Art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: Es procedente el recurso interpuesto?. SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, qué solución corresponde?. TERCERA CUESTIÓN: Costas. A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo: I. PLATAFORMA FÁCTICA. Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes. 1. El 7/7/1999 el Bco. Central de la República Argentina, en autos N , inició incidente de verificación tardía en el concurso de Emcomet S.A. por la suma de U$S , con carácter de quirografario. Manifestó que la deuda cuya verificación pretende tiene origen en dos pagarés librados por la concursada el 1/3/1995 a favor del ex Bco. Feigin S.A.. Que dichos pagarés corresponden a operaciones de mutuo realizadas por la concursada con el ex Bco. Feigin S.A. del cual el Bco. Central de la República Argentina es cesionario. Relató que el 12/5/1997, mediante carta documento intimó a la concursada al pago de las sumas adeudadas. Invocó como causa de la obligación el endoso de los pagarés de la fallida realizado por el ex Bco. Feigin al Bco. Central de la República Argentina, con motivo de la asistencia financiera que este último le prestara al Bco. Feigin antes de su baja como entidad financiera. Dijo también que adjuntaba las solicitudes de crédito suscriptas por la concursada al ex Bco. Feigin S.A., aunque sólo deba probar el endoso, lo que surge de los pagarés acompañados. Insistió que la causa del endoso es la asistencia financiera prestada por el Bco. Central al Bco. Feigin, antes de su quiebra, hecho este último público y notorio y que surge de la misma ley de creación del Bco. Central de la República Argentina. Acompañó como prueba fotocopia de pagaré; dos contratos de mutuo; requerimiento de pago; una carta documento con aviso de retorno. 2. La concursada Emcomet se opuso al progreso del incidente con cuatro defensas: a) falta de legitimación sustancial activa; b) falta de pago de costas de un incidente anterior; c) falta de causa y d) exceso en la tasa de interés aplicada. 3. Sólo se rindió e incorporó la prueba documental acompañada al iniciar el incidente. 4. A fs. 64 vta. la Sindicatura aconsejó no verificar; sostuvo que el acreedor no había probado la causa de la obligación; subsidiariamente, entendió que los intereses pretendidos eran abusivos.

2 5. A fs. 66/69 el juez de concurso rechazó la solicitud de verificación tardía. No hizo lugar a las defensas relativas al no pago de las costas de un incidente anterior y a la falta de legitimación, pero acogió la defensa referida a la falta de prueba de la causa de la obligación. Mencionó los plenarios Translínea y Drify. Recordó, junto a conocida doctrina, que ambos plenarios se dictaron en verificaciones tardías, es decir en procedimientos incidentales en los cuales existe la posibilidad jurídica de ofrecer y producir todo tipo de prueba. Dijo que por aplicación de esa doctrina judicial, en la especie, la causa no se prueba con la documentación originaria del pretenso crédito suscripta por Emcomet y el Bco. Feigin, ya que el Bco. Central de la Rep. Argentina no actúa en nombre del Bco. Feigin sino como tercero endosatario y por derecho propio a tenor de la garantía dada por la ex entidad financiera en contraprestación a la asistencia que el Bco. Central de la República Argentina le prestara antes de su baja como entidad financiera. La causa tampoco quedó acreditada con el requerimiento de pago efectuado por el Bco. Central de la Rep. Argentina a Emcomet pues si bien esa carta documento y el instrumento notarial podrían tener alguna virtualidad en una ejecución cambiaria, no son suficientes para los propósitos de la L.C., conforme los plenarios antes mencionados. En suma, el banco debió probar la invocada operación de asistencia financiera, pero ninguna instrumental ni actividad probatoria ha desplegado a tal fin. Así como en las verificaciones tempestivas bastaría solamente con la explicación pormenorizada de la causa, en las verificaciones tardías o en la etapa incidental el insinuante debe no sólo explicar sino también probar la causa del crédito pretendido. 6. Apeló la acreedora. A fs. 92/93 la Primera Cámara modificó la resolución y declaró verificado el crédito quirografario por la suma de $ , pero redujo la tasa de interés pactada al 3% mensual comprendidos los compensatorios y moratorios. Fundó la decisión en los siguientes argumentos: a) La resolución apelada es dogmática, alejada de las circunstancias de la causa y de la opinión prevaleciente salvo Maffía- en la jurisprudencia nacional de la Cámara Comercial en sus cinco salas. b) La télesis del plenario Translínea fue evitar la fabricación de créditos para inflar el pasivo en detrimento de los verdaderos acreedores, fundamento que al ser obviado determinó que se distorsionara aquella finalidad y que los plenarios se aplicaran mecánicamente a situaciones para las que no fueron concebidos. c) Nadie se sonroja cuando el fallido y la Sindicatura se abroquelan manifestando que no se probó la causa, sin explicar el primero por qué razón se suscribieron los títulos o por qué se opuso la caducidad de la instancia en la verificación que precedió a la presente, lo que resulta insólito si hubiese concierto fraudulento; tampoco explica la existencia de colusión entre el concursado y el acreedor verificante cuando éste no tuvo relación inmediata con aquél por ser endosatario del título sin perjuicio de ponderar lo difícil e improbable que resulta imaginar la existencia de fraude por parte de un organismo público como es el Banco Central, endosatario en garantía de los documentos, especialmente cuando la palabra fraude, colusión o cualquier otra que se le parezca no ha sido ni tan siquiera insinuada, pues la fallida se atrinchera sosteniendo que la causa no ha sido probada pero sin dar ninguna razón sobre la firma de los títulos. d) En los poderes acompañados en autos se menciona que Finansur había sido adjudicada para intentar el cobro de los créditos cedidos por Feigin al Bco. Central en respaldo de operaciones de redescuento oportunamente concedidas conforme a lo previsto por la comunicación A-2040, lo que constituye un indicio de que, por lo menos, hablar de fraude o colusión entre la concursada y el Bco. Central no es factible; ello es suficiente para que el crédito ingrese al concurso. e) El tribunal tiene dicho que siendo la deuda en dólares, los intereses deben guardar relación con las operaciones relativas a esa divisa. Las tasas admitidas para tales operaciones han oscilado en el 24% anual entre intereses compensatorios y punitorios en conjunto, por lo que luce excesiva una tasa superior al 3% sólo para intereses compensatorios, la que se reduce a la tasa consignada. En este aspecto, la defensa del deudor debe ser estimada. II. LOS MOTIVOS DE LA CASACIÓN DEDUCIDA.

3 La demandada denuncia errónea interpretación y aplicación de los Arts. 32, 56, 281 y 282 de la L.C. y 179 del C.P.C. Argumenta del siguiente modo: 1. El fallo de segunda instancia se apoya en el plenario Translínea ; sin embargo, la interpretación de ese plenario es equivocada. El autor que mejor ha explicado este plenario es el Dr. Osvaldo Maffía quien afirma que es necesario tener en cuenta que recayó en un incidente. En el incidente de revisión, igual que en el de verificación tardía, el pretenso acreedor no se dirige al síndico para que practique las indagaciones que le competen. El procedimiento incidental comienza con una verdadera demanda judicial; por lo tanto, quien promueve incidente de revisión o de verificación tardía sobrelleva la carga de probar lo que invoca; en cambio, la solicitud tempestiva de verificación requiere satisfacer sólo las exigencias del Art. 33, entre ellas, la mera indicación de la causa del crédito. En la verificación tempestiva no hay un juicio entre el acreedor y el concursado; si lo hay en la fase eventual de la revisión. El acreedor que dejó pasar el momento para pedir verificación tempestiva tiene que recurrir al incidente y deducir una verdadera demanda, sustanciada por vía incidental, con la carga de la prueba en su contra. b) En el caso, el incidente fue planteado por el Banco Central quien debió ofrecer toda la prueba agregando la documental (Art. 281 de la L.C.). La interpretación del plenario Translínea no puede traerse a estos autos sólo con el argumento de que no se ha probado connivencia o fraude entre acreedor y concursado. La jurisprudencia mayoritaria entiende que si la prueba de la causa no se ha aportado, la verificación tardía debe ser rechazada pues la carga de la prueba es distinta en la solicitud de verificación formulada en los términos del Art. 33 de la ley y en la verificación tardía. c) La Cámara menciona un trabajo del Dr. Rouillon, pero ese autor en pág. 204 señala como conclusión que prevalece el criterio de exigir al insinuante explicación del origen causal de su crédito y de aportar la prueba de la cual disponga. d) El Bco. Central tenía, pues, la obligación de probar la causa invocada (operación de asistencia financiera por la cual el ex Bco. Feigín habría dado en garantía los pagarés traídos a la causa); pero no adjuntó ninguna prueba instrumental ni realizó actividad probatoria alguna. e) El Bco. Central con toda su estructura, organización, presupuesto y burocracia estaba en perfectas condiciones para acreditar lo que expresaba, pero en actitud negligente nada hizo. f) En conclusión, fue el juez de primera instancia y no la Cámara quien se enmarcó en las disposiciones legales y en un correcto análisis del plenario Translínea. g) La Cámara también ha inaplicado la jurisprudencia de esta Suprema Corte que recepta la doctrina de las cargas dinámicas en la actividad probatoria. Un mínimo de colaboración con el tribunal lo obligaba a acompañar la documentación que acreditase la operación de asistencia financiera con el banco. III. LA CUESTIÓN A RESOLVER. Dado el modo como ha sido planteado este recurso y los hechos definitivamente fijados en las instancias ordinarias, la cuestión a resolver es si debe o no ser incorporado en el proceso concursal el crédito invocado por el Banco Central en el concurso de la empresa libradora de dos documentos, dándose las siguientes circunstancias: 1. El Banco Central pidió verificación afirmando que se encontraba en la tenencia de los documentos porque la primera beneficiaria de los pagarés librados por la concursada (una entidad financiera) se los había endosado con motivo de la asistencia financiera que le prestara antes de su baja como entidad financiera. También mencionó la causa originaria del libramiento (contrato de mutuo celebrado entre la concursada y la entidad financiera). 2. Se ha probado la causa (contrato de mutuo) por la cual la concursada entregó los documentos a la entidad financiera (luego liquidada). 3. Ha sido rechazada la excepción de falta de legitimación activa; o sea, es un hecho definitivamente resuelto que el Banco Central es tenedor legitimado de los dos documentos, por una serie sucesiva de endosos.

4 4. No se ha rendido prueba tendiente a acreditar la asistencia financiera que el Banco Central prestara a la entidad financiera antes de la disolución. En síntesis, en autos se ha probado la causa originaria del libramiento de los pagarés (o sea, el negocio jurídico base que unió a la concursada con el banco mutuante); en cambio, no se ha rendido prueba para acreditar la relación jurídica base que unió al acreedor verificante (Banco Central) y la entidad financiera que le endosó esos documentos (operación de garantía por adelantos). IV. LA INSINUACIÓN EN EL PASIVO DE LOS CRÉDITOS INSTRUMENTADOS MEDIANTE TÍTULOS CIRCULATORIOS. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 1. El problema, linealmente expuesto. Los títulos valores abstractos se caracterizan por ser insensibles a las cuestiones causales. Esa insensibilidad es clara cuando la contienda se plantea con un tercer portador legitimado para el cobro, pues la abstracción tiene por finalidad favorecer la circulación de esos títulos. Algunos autores y corrientes jurisprudenciales predominantes extienden esa abstracción, incluso, a las relaciones entre tenedor y primer beneficiario. La discusión en torno al acierto o error de esta última posición es ajena a este proceso (pues quien solicita verificación es un tercero), por lo que no corresponde profundizar la cuestión. La ley concursal exige al acreedor que pretende la insinuación en el pasivo que mencione la causa de su crédito (Art. 32). Dado que el título circulatorio, por ser abstracto, normalmente la silencia, si el acreedor no explica la causa y el deudor la calla, o miente, podría dejar a ciegas al síndico y a los demás solicitantes de verificación para indagar y/o cuestionar la legitimidad del crédito con sustento en vicios causales. A esta razón jurídica se suma otra sociológica no menos importante: la necesidad de evitar el abultamiento ficticio de los pasivos (Rouillon, Adolfo, La prueba de la causa en la verificación concursal de títulos valores abstractos. Censura al dogmatismo judicial y al facilismo de ciertos dictámenes de la sindicatura, LL 1999-D-199). El tema es, entonces, cómo se conjuga la abstracción de los títulos con la naturaleza causal del proceso de verificación o, como dijo el Dr. Anaya en su voto al plenario Translínea, cómo se armonizan las reglas del derecho cambiario y las del derecho concursal. 2. Los plenarios Translínea y Difry. Los plenarios mencionados en el epígrafe (Cámara Nacional de Comercio, Translínea, 26/12/1979, en ED , JA 1980-I-594, LL 1980-A-332 y RDCO N ; ídem. Drify, 19/6/1980, en LL 1980-C-78, JA 1980-III-169 y ED ) regularon la misma problemática, pero mientras el primero se refiere al pagaré, el segundo trata la verificación de cheques. En definitiva, la doctrina judicial es la siguiente: El solicitante de verificación en concurso, con fundamento en pagarés (cheque) con firma atribuida al fallido debe declarar y probar la causa, entendiéndose por tal las circunstancias determinantes del acto cambiario inmediato (libramiento), si el portador fuese su beneficiario inmediato, o las determinantes de la adquisición del título por ese portador, de no existir tal inmediatez. Lo resuelto en Translínea interesa, aunque esa doctrina judicial no es obligatoria en la Provincia de Mendoza, porque las decisiones de las instancias inferiores y los escritos de las partes lo citan en su apoyo y, aunque el plenario fue dictado durante la vigencia de la ley , la sanción de la no ha producido modificación alguna, desde que la nueva legislación no cambia, en este aspecto, ni las normas ni los principios generales allí desarrollados (Conf. Vitolo, Daniel R., Comentarios a la ley de concursos y quiebras N 24522, Bs. As., ed. Ad Hoc, 1996, pág. 135; Kleidermacher, Arnoldo y Jaime, Lecciones de Derecho concursal, Bs. As., ed. Ad Hoc, 2001, pág. 159). Por esta razón, no me referiré ni a la doctrina ni a la jurisprudencia anterior a los referidos plenarios. 3. Las dos situaciones previstas en el plenario. Justificación. Más allá de los problemas terminológicos generados por el vocablo causa tan bien descriptos en el voto del Dr. Alberti en el plenario Translínea (ver también la cuestión, entre otros, en Montesi, Víctor, El problema de la causa en el plenario Translínea SA v/ Electrodinie

5 SA, RDCO vol ), ambos plenarios distinguen la situación del verificante, según sea el tomador directo o indirecto del título. a) En el primer caso (tenedor directo) se exige al acreedor insinuante indicar y probar cuál ha sido el negocio jurídico por el cual el deudor concursado libró esos documentos. b) En cambio, si es tenedor indirecto, debe probar cuál es la causa por la cual ese documento llegó a sus manos (las del acreedor). 4. Una solución ecléctica. En ambos casos (tomador directo o indirecto) se descarta lo que alguien llamó una verificación abstracta (Garaguso, Horacio, Verificación de créditos. Principios y régimen en la ley 24522, Bs. As., Depalma, 135), pero la diferencia radica respecto a la causa a probar en uno y otro supuesto. Como decía Quintana Ferreyra, el plenario mantiene el criterio de exigir al peticionante el onus probandi respecto de lapropia adquisición del documento (Quintana Ferreyra, Concursos, Ley 19551, Bs. As, Astrea, 1985, pág. 389; conf. Fassi-Gebhardt, Concursos y quibras, 6 ed., Bs. As., Astrea, 1997, pág. 112); la diferencia radica en que, en el tenedor directo, esa causa está unida al concursado; en el indirecto, en cambio, el concursado es ajeno a ella. Adviértase que razonando de este modo, el tribunal arribó a un criterio ecléctico, como lo calificó Maffía (Maffía, Osvaldo, Verificación de créditos, 4 ed., Bs. As. Depalma, 1999, pág. 127) pues no llevó la teoría causalista a sus últimas consecuencias. Efectivamente, si lo que interesa en el concurso es tener por acreditado que el deudor se endeudó realmente para que sólo ingresen al proceso los verdaderos acreedores del deudor, en principio, a los acreedores de este deudor insolvente, poco o nada les importa por qué se obligó el endosante; les basta con que el pretenso verificante esté legitimado por una serie sucesiva de endosos. 5. Justificación de la solución ecléctica. La diferencia en el régimen de la prueba entre los dos supuestos (tenedor directo y tenedor indirecto) se ha justificado del siguiente modo: No puede exigirse al tomador indirecto de la cambial que acredite la causa del libramiento de la misma por parte del deudor emisor, pues éste se encontrará únicamente en posición de indicar de manos de quién lo recibió y por qué causa o motivo llegaron a él (Compulsar Grispo, Jorge Daniel, La sentencia ejecutiva, es hábil para acreditar la causa del crédito en el concurso preventivo del deudor?, ED ). Este acreedor verificante no ha obtenido el título del concursado sino de un obligado o tradens intermedio en la cadena circulatoria. Por eso, el verificante puede desconocer la causa por la que el concursado se obligó; en cambio, está en condiciones de saber por qué y a quién adquirió el mismo; consecuentemente, cumple con la carga invocando esa causa, la que hace a su tenencia. Lo dice claramente Etcheverry en su voto: Es improbable que ciertos tenedores legitimados de un pagaré conozcan las distintas causas o negocios bases que dieron origen a la circulación del título que poseen; no pueden ignorar la que corresponde a la llegada del papel a sus manos, pero no es lícito exigirles que sepan las causas o negocios de toda la cadena de transmisión cambiaria. Más aún, conforme el voto del Dr. Alberti en el plenario Translínea, exigir al llamado tenedor indirecto la prueba de la causa originaria podría llegar a ser inconstitucional, por imponer una carga no prevista en norma jurídica alguna, colocándolo, normalmente, ante una real imposibilidad probatoria. En el mismo sentido se ha dicho: no debe exigirse al tomador indirecto de un título de crédito que acredite algo imposible (Grispo, Jorge D., Tratado sobre la ley de concursos y quiebras, Bs. As., ed. Ad Hoc, 1997, t. I pág. 470), justamente por aplicación del inveterado principio conforme el cual nadie está obligado a lo imposible. 6. Finalidad esencial buscada mediante los plenarios Translínea y Difry. Hay prácticamente unanimidad en que la solución transaccional expresada en los plenarios tuvo por finalidad evitar la integración del pasivo con débitos que sólo son

6 consecuencia de un concierto fraudulento con el deudor (Ver, entre muchos, Roitman, Horacio y Di Tullio, J. A., Prueba de la causa de los títulos de créditos en los concursos. Evolución jurisprudencial, en Rev. de D. Privado y Comunitario N 14, Prueba II, 1997, pág. 231; Lorente, Javier A., Ley de concursos y quiebras, Bs. AS., ed. Gowa, 2000, pág. 352; Elizalde, M.F. y Riva, J.L., Verificación de créditos; consideraciones sobre la exigencia de la prueba de la causa, LL 1990-B-1; Racciati, H., y Romano, A., Otra vez sobre la prueba de la causa del crédito a verificar, en LL 1991-B-82; Bosch, La causa del crédito del acreedor concursal y la interpretación del plenario, LL 1987-C-187; Delgado, Juan M., La causa en la verificación de créditos: títulos de crédito, D y E, N 9, pág. 115; Galíndez, Oscar, Verificación de créditos, 2 ed., Bs. As., Astrea, 1997, pág. 144; Viedma, José L., Títulos de crédito y verificación, LL 1996-C-101; Figueroa Casas, Pedro, La etapa de verificación de créditos. Un proceso?; la solicitud verificatoria, una verdadera demanda?. En consecuencia, es a cargo del acreedor insinuante la prueba de la causa?, en Derecho concursal argentino e iberoamericano, III Congreso Argentino de Derecho concursal Bs. As., ed, Ad Hoc, 1997, t. I, pág. 210; Castañón, Verificación de créditos, LL 198-A-79, y numerosas citas jurisprudenciales mencionadas en los trabajos anteriores). Cuestión distinta es si el fin se ha alcanzado; se ha dicho que los pícaros y deshonestos sortearon con relativa facilidad la valla que el pretorio opuso a sus intentos (Truffat, Daniel, recordando a Maffía, en Procedimientos de admisión al pasivo concursal, Bs. As., Ad Hoc, 2000, pág. 265 nota 9). Independientemente del éxito o el fracaso de la solución, también hay acuerdo en que ningún juez que votó en esos plenarios tuvo en miras, como propósito valioso, eliminar acreedores reales o licuar injustamente el pasivo del deudor concursado. En tal sentido se ha dicho que Sin perjuicio que los principios del régimen cartular (abstracción, necesidad, literalidad, etc.) rigen en una situación in bonis, ergo no se aplican ante una situación concursal, no es menos cierto que quien asume la calidad de librador-deudor lo hace con la intención y pleno conocimiento, y no puede gracias a la presentación en concurso pretender la licuación del pasivo, con el simple recurso de negar adeudar suma alguna (Ver, entre muchos, Cimmelli, Juan C., Los plenarios Translínea y Difry, se aplican ante la solicitud tempestiva de ingreso al pasivo concursal? JA 1998-III-760). 7. La jurisprudencia posterior: Debilitamiento, ablandamiento, desacralización, flexibilización o relativización de la doctrina plenaria. A poco de andar a rodar ambos plenarios, se advirtió una aplicación deformante, que obedeció, entre otras razones, a síndicos demasiado cómodos, deudores inescrupulosos y jueces poco compenetrados con los propósitos de la doctrina judicial en cuestión. Con elegante lenguaje se ha dicho: El transcurrir temporal y la dinámica negocial, unido al ingenio creador de los concursados, fueron demostrando la inviabilidad de posturas extremas (Ver Paolantonio, M.E., y Moccero, E. M., Causa y verificación, LL 1991-D-507). Por esta razón, un importante grupo de autores y una fuerte tendencia jurisprudencial iniciada con los casosmance Grúyas SRL, y especialmente Lajst ambos de 1986 continuada firmemente en otros pronunciamientos (Véase prolija síntesis en Roitman, Horacio y Di Tullio, J. A., Prueba de la causa de los títulos de créditos en los concursos. Evolución jurisprudencial, en Rev. de D. Privado y Comunitario N 14, Prueba II, 1997, pág. 221 y ss; Martorell, Ernesto E., Sobre la causa de los títulos ejecutivos en la verificación de créditos; Molina Sandoval, Carlos, Verificación de créditos: axiología, aspectos prácticos y otras cuestiones en la ley 24522, en Foro de Córdoba N 57 pág. 135; Junyent Bas F. y Molina Sandoval, Verificación de créditos, fuero de atracción y otras cuestiones conexas, Santa Fe, ed. Rubinzal, 2000, pág. 200; resúmenes de estas decisiones pueden compulsarse en Bollero, García y Micelli, Ley Concursos y quiebras, Santa Fe, ed. Juris, 1999, pág 149 y ss, y en Juárez, Jorge A., Verificación. Impugnación y revisión de créditos, Bs. As., ed,. Ad Hoc, 1989, pág. 160 y ss) comenzó a sostener que los plenarios no exigen una prueba acabada y contundente de la causa sino un relato plausible de las circunstancias en que se desarrollara la operación, y el aporte de los elementos indiciarios que sustenten la versión de los hechos ; por eso, no corresponde agravar el criterio imperativo de la ley siendo suficiente a tal fin aportar elementos indagatorios que permitan desvirtuar la existencia de conciertos fraudulentos entre el presunto acreedor y el concursado. Es que imponer otro tipo de carga importaría la casi total desestimación de toda insinuación fundada en títulos abstractos (Cám. Nac. Com, Sala D, LL

7 1987-C-187; conf. Sala B, 22/9/1995, su remisión al dictamen del Agente fiscal y sus citas, en Doc. Societaria y concursal, t. VII, Julio 1995-Mayo-1996, pág. 999). En tal sentido, se ha resuelto que la exigencia de la carga de probar la causa declarada de la presunta acreencia está subordinada a ser enfrentada por una negación razonada y sincera de la veracidad de la que hubiera declarado, lo que no ocurre cuando el síndico quien inviste calidad de funcionario del derecho adopta la cómoda, cuanto desleal posición de atrincherarse en una negación irrazonada de la veracidad, sin proveer, en corroboración de esta negativa, indicación ninguna de la actividad de los registros y de la suerte de los dineros que hipotéticamente hubiera manejado el fallido (Cám. Nac. Com. Sala D, 14/12/1998, Caccianini, Eduardo, LL 1999-D-200). En la misma línea se ha decidido que El concurso preventivo no tiene por objeto brindar al deudor la posibilidad de desembarazarse a su arbitrio de acreedores indeseables, sino colocar a todos en un pie de igualdad, de manera que, aventado el riesgo de fraude entre acreedor y deudor en perjuicio de los demás acreedores, debe accederse al pedido de verificación (Cám. Civ. y contencioso administrativo de Río Cuarto, 13/8/1997, La Ley Córdoba ). En definitiva, esta posición hoy francamente mayoritaria en doctrina y jurisprudencia sostiene que los esfuerzos deben ir dirigidos a que el juez concursal llegue a la verdad jurídica objetiva: quién es acreedor y quién no lo es; para eso, es necesario tener especial consideración de las circunstancias de cada caso, alejándose de las soluciones excesivamente rígidas; por el contrario, el tribunal debe valorar criteriosamente la prueba y tener especialmente en miras el sentido final de Translíneas Drify que es, insisto, evitar el abultamiento ficticio de los pasivos concursales mediante el invento de pseudo acreedores a quienes se entregan títulos abstractos y protege así a los acreedores reales pero en modo alguno facilitar la licuación de los pasivos o la protección malentendida de un deudor, liberándole de sus obligaciones como por arte de magia (Rouillon, Adolfo, La prueba de la causa en la verificación concursal de títulos valores abstractos. Censura al dogmatismo judicial y al facilismo de ciertos dictámenes de la sindicatura, LL 1999-D-204; conf. Molina Sandoval, Carlos, Verificación de créditos: axiología, aspectos prácticos y otras cuestiones en la ley 24522, en Foro de Córdoba N 57 pág. 137; Martorell, Ernesto, Concursos: se acentúa la tendencia de aplicar con suma cautela la doctrina de los plenarios Translínea SA y Difry, LL 1991-A-494; Truffat, Daniel, Procedimientos de admisión al pasivo concursal, Bs. As., Ad Hoc, 2000, pág. 268, obra en la que se reproduce su trabajo Cuestionamiento inidóneo del deudor ante el pedido verificatorio basado en una cartular, LL 1992-A-325; Paolantonio, M.E., y Moccero, E. M., Causa y verificación, LL 1991-D-511; Escuti, I (h) y Jungent Bas, F., Instituciones de Derecho concursal, Córdoba, ed. Alveroni, 1996, pág. 185; Rivera, Julio C., Instituciones de Derecho concursal, Santa Fe, ed. Rubinzal, 1996, t. I pág. 260;jurisprudencia citada en Rivera-Roitman-Vítolo, Ley de concursos y quiebras, Santa Fe, ed. Rubinzal, 2000, t. I, pág. 233 y ss). Lo anteriormente expuesto ha llevado a decir que la doctrina judicial de ambos plenarios se ha flexibilizado, debilitado, ablandado, desacralizado, relativizado, acotado, atenuándose sus efectos, etc (Ver, entre muchos, Varela, Fernando, Concursos y quiebras, Bs. As., ed. Errepar, 1996, pág. 101). Mejor aún, podríamos afirmar con Carlos Moro: Cuánto se ha escrito sobre el tema...del extremo de verificar todo, se pasó al de no verificar nada, para estar encontrando, ahora, el justo medio aristotélico, no sin haber sufrido varios banquinazos... (Moro, Carlos, Ley de concursos, Entre Ríos, ed. Delta, 1994, pág. 173). 8. La doctrina negatoria de los plenarios. Lo expuesto en el punto anterior me parece suficiente para rechazar una posición más radical que propicia directamente abandonar los plenarios, y afirma categóricamente que el derecho cambiario no caduca ante el concursal y por lo tanto sigue siendo francamente oponible (por Roldán Bulnes, Facundo, Verificación con cheque o pagaré: se debe probar la causa? Doc. Jud ). No tengo dudas que esa tesis favorecería el fraude, en tiempos que requieren darle dura batalla. V. LA APLICACIÓN DE ESTOS PRINCIPIOS AL CASO DE AUTOS. 1. Una situación muy especial.

8 En estos autos, el Banco Central probó lo que según los votos vertidos en el plenario Translínea y sus posteriores comentarios doctrinales es muy difícil de probar: la causa de la relación originaria. O sea, por la especial situación, él no enfrentó la temida imposibilidad; al contrario, contó con todos esos documentos desde que la entidad financiera, primera beneficiaria, fue liquidada con posterioridad. Además, está fuera de discusión que el Banco Central es un tenedor legitimado por una serie ininterrumpida de endosos. Así lo han declarado los jueces inferiores sin queja ante esta instancia. 2. El derecho a ser incorporado al pasivo. Siendo así, no hay ninguna razón jurídica para que el Banco Central no sea verificado. Efectivamente: a) La decisión del tribunal de grado está incorporando al pasivo una obligación realmente asumida por el concursado. Consecuentemente, el interés concursal está satisfecho, de modo mucho más pleno que si el Banco Central sólo hubiese podido acreditar la causa de su propia tenencia. Exigir la prueba de la propia causa de adquisición en el caso del tomador indirecto es, insisto, una solución transaccional para no abandonar el concepto causal, pero lo que verdaderamente satisface el interés del resto de los acreedores del deudor común es la prueba de la relación base originaria, perfectamente acreditada en autos. b) No hay peligro o riesgo que se presente otro acreedor reclamando el mismo crédito pues como he dicho, ha quedado definitivamente resuelta la legitimación activa, discutida al contestar el incidente. c) La solución contraria a la que propongo a mis colegas de Sala contradice la finalidad objetiva del plenario Translínea, desde que no existe peligro alguno de incorporación de un acreedor simulado o fraudulento con el solo propósito de aumentar el pasivo ; la exclusión del Banco Central, en cambio, sería una manera irracional de licuar el pasivo, desde que está probado que la obligación originaria tiene su origen en un contrato de mutuo celebrado por la concursada con una entidad financiera que luego se liquidó. 3. Irrelevancia del resto de los argumentos. Todo lo expuesto muestra que en el caso resulta irrelevante: a) La distinción entre trámite de verificación tempestiva y tardía (Para esta cuestión, y si los plenarios citados se aplican o no al trámite de la verificación tempestiva ver Maffía, Osvaldo, Verificación de créditos, 4 ed., Bs. As. Depalma, 1999, pág Puede también compulsarse, entre otros, Galíndez, Oscar, Verificación de créditos, 2 ed., Bs. As., Astrea, 1997, pág. 140 y ss; Casadío Martínez, Claudio A., Insinuación al pasivo concursal, Bs. As., ed. Astrea, 2001, pág. 95/96 y 154), desde que las argumentaciones desarrolladas están referidas a la verificación tardía. b) Pronunciarse sobre si el caso se rige o no analógicamente por el Art. 50 inc. d) de la ley de entidades financieras , reformada por ley , y la eventual inconstitucionalidad o no de la norma que dispone que en caso de liquidación de una entidad financiera el Banco Central está eximido de cumplir con la obligación de acreditar la causa del crédito que reclama contra la entidad en liquidación, cuestiones no sometidas a consideración de este tribunal. c) Que la prueba de la causa de la adquisición del Banco Central fuese de fácil producción, pues en definitiva produjo otra que satisfizo con mayor alcance el interés concursal. d) Que al interponer el incidente el Banco Central mencionase la causa de su tenencia desde que: Como lo señala la Cámara de Apelaciones, sin crítica del recurrente, esa mención, unida a las constancias de las escrituras públicas acompañadas, son indicios reveladores y eficaces de la causa de la adquisición del Banco Central, suficientes conforme la jurisprudencia interpretativa del plenario Translínea. Es verdad que los abogados de los organismos del Estado ahorrarían mucho trabajo a los tribunales y harían correr menos riesgos al presupuesto nacional si dirigieran su actividad

9 probatoria a los hechos que mencionan en sus escritos de demanda, pero en el caso, el presunto desvío profesional no afecta la posición sustancial del acreedor. VI. CONCLUSIONES. Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis colegas de Sala, corresponde rechazar el recurso de Casación deducido. Así voto. Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y MOYANO adhieren por sus fundamentos al voto que antecede. A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo: Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto pues ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior. Así voto. Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y MOYANO adhieren al voto que antecede. A LA TERCERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, dijo: Atento el resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente vencida (Arts. 36-I y 148 C.P.C.). Así voto. Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y MOYANO adhieren al voto que antecede. Con lo que terminó el acto procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta: S E N T E N C I A: Mendoza, 15 de abril de Y VISTOS: Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala I de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva, R E S U E L V E : I. Rechazar el recurso de Casación deducido a fs. 7/10 por EMCOMET S.A. II. Imponer las costas a cargo de la recurrente vencida (Arts. 36-I y 148 del C.P.C.). III. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto sea practicada la regulación en las instancias de grado (resolución fs. sub 92/93 del expediente principal). IV. Dar a la suma de pesos SETENTA Y CINCO ($ 75), de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 12, el destino previsto por el Art. 47 inc. IV del C.P.C. Notifíquese. Ofíciese.

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