JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 DE VALENCIA Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 4º TELÉFONO:

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1 LEXNET 2/9/2010 NOTIFICADO 3/10/2010 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 22 DE VALENCIA Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 4º TELÉFONO: N.I.G.: Procedimiento: Asunto Civil /2010 S E N T E N C I A Nº /2010 JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª RICARDO RAZOLA GARCIA Lugar: VALENCIA Fecha: veintiocho de julio de dos mil diez PARTE DEMANDANTE: URBANAS DE LEVANTE SA Abogado: SANCHEZ GIMENO, SERGIO Procurador: LUCENA HERRAEZ, LAURA PARTE DEMANDADA VICENTE SORIANO SERRA y INVERSIONES DALPORT SA Abogado: SALA CAMERENA, RICART y SERRAMO FENOLLOSA, J. TOMÁS Procurador: CASTELLO NAVARRO, JORGE RAMON y PALACIOS DE LA CRUZ, FERNANDO Se ejercita oposición cambiaria por razón del contrato causal y procediendo en virtud de la potestad jurisdiccional que nos viene conferida por la soberanía popular, y en nombre de SM el Rey, a dictar la sentencia que se basa en los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En fecha 4 de febrero de 2010 tuvo entrada en el Decanato siendo repartida a este Juzgado, demanda de juicio cambiario interpuesta por Urbanas de Levante contra D. Vicente Soriano Serra e Inversiones Dalport, SA, en reclamación de de euros, más de euros para intereses y costas. SEGUNDO.- Mediante auto de fecha 10 de febrero de 2010, se admitió a trámite la demanda, acordando requerir de pago a los demandados por las cantidades indicadas, y el inmediato embargo de sus bienes. TERCERO.- El Sr. Soriano se personó en tiempo y forma, presentando DEMANDA DE OPOSICIÓN, en la que alegaba, en primer lugar la excepción de prejudicialidad civil, por estar tramitándose otro juicio cambiario en el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de esta capital, con base en pagarés dimanantes del mimo

2 negocio. En cuanto a la oposición propiamente dicha, después de dar su versión de los hechos, con base en el artículo 67 LCCH, alega la existencia de un negocio fiduciario, cuya finalidad era la venta den bloque de las acciones del Valencia Club de Fútbol, SAD, con al consiguiente venta de la parcela R-1 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución Única Mestalla del PGOU de Valencia., lo que posibilitaría, por un lado al resolución del contrato privado de compraventa de dicha parcela de fecha 27 de septiembre de 2007, suscrito entre la mercantil del Sr. Soler Luján, Urbanas de Levante, SA y el Valencia Club de Fútbol, SAD ; y por otro lado, la cancelación del aval prestado por el propio Sr. Soler Luján a favor de la entidad BANCAJA, que garantiza hasta un máximo de de euros la obligación asumida por el Valencia Club de Fútbol, SAD, cuando el Sr. Soler Luján era presidente del mismo, derivada de un contrato de crédito suscrito con fecha 4 de julio de Invoca fundamentos de derecho y suplica la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil, y subsidiariamente, estimando la oposición, se deje sin efecto el embargo con costas. Acompaña documentos en apoyo de su pretensión. CUARTO.- Igualmente se personó, en tiempo y forma, Inversiones Dalport, SA, presentado igualmente DEMANDA DE OPOSICIÓN, en la que, como el otro demandado alega la prejudicialidad civil por lo mismo. Igualmente da su versión de los hechos, y basa su oposición propiamente dicha, también, a la existencia de un negocio fiduciario, y en la desaparición de la causa del título, al haberse resuelto el contrato causal, y acusa a la parte demandante en el cambiario de mala fe y actuación fraudulenta. Invoca fundamentos de derecho y termina suplicando la suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil, y subsidiariamente, estimando la oposición se deje sin efecto los embargos, con costas. Acompaña documentos. QUINTO.- Una vez subsanado un defecto de tasa judicial, mediante auto de fecha 12 de mayo de 2010, se admitieron a trámite las demandas de oposición, convocando a las partes a una vista para el día 18 de julio siguiente. SEXTO. Por auto de 21 de junio de 2010 se desestimó el recurso de reposición contra la admisión de la prueba de interrogatorio de litisconsortes demandantes de oposición. SÉPTIMO.- Mediante auto de fecha 21 de julio de 2010 se desestimó la petición de suspensión del procedimiento por prejudicialidad civil. OCTAVO.- En el acto de la vista, en primer lugar se volvió a plantear el tema de la prejudicialidad civil, y este juzgador confirmó que no existía tal, ya que no es necesario resolver el otro asunto que se sigue en el nº 20 para entrar a resolver este. Las partes actoras en la oposición se ratificaron en sus demandas y expusieron lo que estimaron procedente para la defensa de las tesis que

3 mantienen, y la demandada en oposición solicitó al desestimación de dichas demandas, con costas, ya que no existe tal negocio fiduciario, y el pagaré base del juicio cambiario tiene su base en un contrato de compraventa de acciones celebrado entre Urbanas de Levante, SA y D. Vicente Soriano Serra, y para pago le endosó varios pagarés, entre los que se encuentra el que se ejecuta. No hay fraude alguno, ni mala fe. Recibido a prueba el incidente, se propusieron las de interrogatorio de partes, documental y testifical, practicándose una vez admitida, con el resultado que obra en autos y en la grabación efectuada, si bien cabe destacar que no compareció el legal representante de Inversiones Dalport, SA. y la parte demandada en oposición solicitó se la tuviera por conforme con sus tesis; con lo que se dio por concluso el juicio, declarándose visto para sentencia. NOVENO.- Declaro como hechos probados los siguientes: En el año 2008 el Valencia Club de Fútbol SAD se encontraba inmerso en una difícil situación económica y deportiva, y su presidente D. Juan Bautista Soler Luján, se vio sometido a críticas, presiones, situaciones desagradables, etc., lo que llevó a éste a la idea de dejar la presidencia y desvincularse del mencionado club. A tal fin, el 24 de julio de ese año suscribió un contrato de opción de compra de sus acciones, con plazo de ejercicio hasta el 31 de diciembre siguiente, el día 18 de septiembre de ese año el Sr. Soler decidió aceptar la única oferta que tenía por parte de D. Vicente Soriano Serra (que con la operación pensaba recuperar la presidencia del Valencia y, si podía, obtener un beneficio económico), y suscribieron un documento privado, por el cual aquel en su propio nombre y derecho, y en nombre de su esposa Dña. Consuelo Rubio Martínez y como administrador único de sus empresas Urbana de Levante, SA y Gran Vía 37 SA, vendía al Sr. Soriano las acciones que tenía del mencionado club por el precio de euros, pagándose en ese momento euros, y el resto se pagaría antes del 1 de junio de 2009, quedando en prenda como garantía las propias acciones. Se estableció como condición suspensiva que antes del día 30 de noviembre de aquel año se hubiera resuelto de mutuo acuerdo entre las partes la compraventa del solar conocido domo Parcela R-1 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de ejecución única Mestalla del PGOU de Valencia, formalizada mediante documento privado de fecha 27 de septiembre de 2007, entre la sociedad Valencia Club de Fútbol, SAD y Urbanas de Levante, SA, con restitución a la compradora, igualmente antes de esa fecha, de la totalidad de las cantidades pagadas a cuenta a al vendedora, es decir euros, así como los tres pagarés por importe el primero de 10 millones de euros, con vencimiento el día quince de marzo de 2009, el segundo por el importe y con vencimiento el día 21 de marzo de 2009 y el último por importe de 5 millones de euros y con vencimiento el día 21 de marzo de Y que, asimismo, antes del día 30 de noviembre de 20078, la entidad BANCAJA haya liberado a D. Juan bautista Soler Luján del aval formalizado con fecha 27 de diciembre de 2007, garantizando hasta un límite máximo de 80 millones de euros, la obligación asumida por el Valencia Club de Fútbol SAD con Bancaja derivada del contrato de crédito pactado en escritura

4 autorizada por el Notario de Valencia, D. Antonio Chapa Blasco el día 4 de Julio de 2006, al número 1242 de su protocolo. De tal modo que si, llegado el 30 de noviembre próximo no se le ha cumplido la condición suspensiva pactada en todo sus términos se considerará que la compraventa no ha adquirido firmeza, pudiendo, sin más tramites, disponer los vendedores de las acciones objeto del presente contrato a su conveniencia. Por el contrario, si se cumple la condición suspensiva en el plazo y en los términos acordados la compraventa se considerará firme desde que se produzca el cumplimento de la condición. En fecha 28 de noviembre entre las mismas vuelven a firmar otro documento privado por el que se acuerda prorrogar el plazo pactado para el cumplimiento de la condición suspensiva hasta el 31 de julio de Los vendedores quedan autorizados, hasta el momento en que se cumpla la condición suspensiva pactad, para transmitir las acciones a favor de otras personas físicas o jurídicas de su grupo de empresas, siempre que asuman las mismas obligaciones. El siguiente paso es que firman otro documento privado en fecha 3 de julio de 2009, por el que ante el inminente cumplimiento de los dos sucesos que comprendía la condición suspensiva, la dan por cumplida, transformándola en resolutoria, que puede ejercitar el vendedor si antes del 30 de noviembre de 2009, no ha quedado rescindida la compraventa de la parcela R.1 con devolución de precio y gastos. Se paga el resto del precio con unos pagarés que se van a entregar entre los que se encuentra el que es base de este juicio, se sujeta a condición resolutoria de entregar garantía bancaria, y si no el vendedor puede resolver a o exigir el cumplimiento del contrato. De la venta se dará cuenta al Consejo de Administración del Valencia. Y en otro documento de la misma fecha el Sr. Soler se compromete a vender al Sr. Soriano algunas acciones más (486), y es al día siguiente cuando se firma un contrato de compraventa de acciones, el cual se plasma en una escritura pública ante el Notario de Valencia, D. Manuel Ángel Rueda Pérez, al nº 1115 de su protocolo, en su virtud D. Vicente Soriano, actuando en su propio nombre y en el de su sociedad, Interadquisiciones, SL, vendía a Inversiones Dalport, SA, acciones de las que es titular el mismo, que había adquirido del Sr. Soler y sus empresas y de otros socios, pues tenía que transmitir más del 50% del capital, y otras acciones que estaban a nombre de Interadquisicones, SL. El precio total fue de doscientos millones de euros. Para pago del precio se entregan una serie de pagarés, uno de los cuales es en el que se basa este juicio cambiario, con vencimiento 7 de enero de Se pacta la condición resolutoria de que el comprador deberá entregar una garantía bancaria al vendedor antes del 31 de julio de Se comunicó la transmisión al Valencia Club de Fútbol. En esa misma fecha el mencionado pagaré fue endosado a Urbanas de Levante, SA, y presentado al cobro a su vencimiento, resultó impagado por falta de fondos, y requerido de pago el Sr. Soriano tampoco pagó y manifestó que dicho pagará carecía de causa y que se estaba tramitando otro procedimiento cambiario en el Juzgado nº 20 de Valencia al que se remite. La mencionada compradora garantizó el cumplimiento de sus obligaciones con unos instrumentos financieros. Parecer ser que la ampliación de capital que se llevó a cabo en dicho Club, influyó en que el Sr. Soriano y Dalport decidieran resolver el contrato en

5 fecha 28 de septiembre de La convocatoria de ampliación de capital del Valencia se había acordado en Junta de 7 de junio de 2009 en la que compareció en Sr. Soler representado por D. Benjamín Muñoz, y se publicó en el BORME el 8 de julio siguiente. El Sr. Soriano intentó que no se produjera la mencionada ampliación, e incluso en una junta del 29 de julio de ese año se acordó convocar a otra para el 14 y 15 de septiembre con objeto de dejarla sin efecto pero no prosperó este intento, y en la de oposición de Dalport ya se refleja la idea de que ante esta ampliación optaron pro no seguir con la operación. El Sr. Soriano se presentó en rueda de prensa del día 8 de julio de ese año 2009, como representante y portavoz de Dalport y manifestó que esta empresa disponía de 500 millones de euros para salvar la situación del Valencia, pero la realidad es que no fue a suscribir la ampliación del capital que suponía una inversión de unos 42 millones de euros (véanse los documentos aportados por la demandada en oposición en el acto de la vista). El El Valencia recompra a Urbanas de Levante la parcela R-1 mencionada. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En este caso se ejercita una acción cambiaria por la mercantil endosataria Urbanas de Levante, SA (una de las sociedades con las que opera D. Juan Bautista Soler Luján) contra el endosante D. Vicente Soriano Serra y la mercantil libradora Inversiones Dalport, SA, sirviendo de base a la mencionada acción un pagaré, cuya forma no se ha discutido, por importe de treinta millones de euros (artículo 819 LEC). Los deudores dentro del plazo legal de diez días, presentaron demanda de oposición (artículo 8244 LEC), alegando en cuanto a la actuación del endosatario y tenedora del pagaré la llamada exceptio doli por entender que en la relación causal hay un contrato fiduciario, y que desapareció la causa del contrato. SEGUNDO.- El mencionado artículo LEC, prescribe que el deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra, cheque o pagaré todas las causas o motivos de oposición previstos en el artículo 67 LCCH; y en este artículo a los efectos que interesan en este caso se puede leer lo siguiente: El deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra las excepciones basadas en sus relaciones personales con él. También podrá oponer aquellas excepciones personales que el tenga frente a los tenedores anteriores si al adquirir la letra el tenedor procedió a sabiendas en perjuicio del deudor. En este sentido la defensa del Sr. Soriano alude a la existencia de un negocio fiduciario, cuya finalidad última era la venta en bloque de las acciones del Valencia a un tercero con al consiguiente venta a dicho tercero de la Parcela R-1 del proyecto de reparcelación del viejo campo de Mestalla, lo que posibilitaría la resolución de la venta, que en su día realizó el Sr. Soler por medio de su sociedad Urbanas de Levante sobre la misma y la cancelación de un aval de 80 millones de

6 euros con BANCAJA, y dice que es aplicable la excepción de inexistencia desaparición de la causa del título. o Para resolver esta oposición es necesario tratar dos cuestiones que son las siguientes: a) Existió negocio fiduciario? b) Puede oponer el endosante al tenedor y endosatario cuestiones relativas a sus relaciones con el librador? Veamos estas cuestiones en apartados separados. TERCERO.- En cuanto al negocio fiduciario es doctrina comunmente admitida ) S.TS de 13 de julio de 2009) que tal tipo de negocio en la modalidad de fiducia cum amico (existe también la llamada fiducia cum creditore), encuentra su precedente histórico en las Instituciones de Gayo (II.69 Sed fiducia contrahitur ant cum creditore pignoris iure, aut cum amico quo tutius nostrae res apud eum sint ), y su posibilidad y validez, salvo finalidad fraudulenta ha sido reconocida por la jurisprudencia (SS TS , , , entre otras), de modo que en esta modalidad de fiducia el fiduciario no ostenta la titularidad real, pues no es un auténtico dueño, teniendo sólo una titularidad formal, sin perjuicio del juego del principio de la apariencia jurídica, y el dominio sigue perteneciendo al fiduciante en cuyo interés se configura el mecanismo jurídico, lo que asegura la nota de la confianza (S AP Barcelona de ). Se puede definir esta clase de negocio, que no tiene una regulación legal expresa, como la atribución que uno de los intervinientes (fiduciante) realiza a favor del otro (fiduciario), para que éste utilice el derecho adquirido según la finalidad convenida (pacto de fiducia), con la obligación del adquirente de retransmitir la cosa o derecho al enajenante o a un tercero, una vez cumplida dicha finalidad; se trata de un negocio basado en la confianza o fiducia caracterizado por la divergencia entre el fin económico que se persigue y el medio jurídico que se utiliza, de tal modo que las parte se proponen obtener un efecto distinto y más restringido del que es propio del medio jurídico que ponen en juego. Y la S. TS de , recoge la definición siguiente: Es aquel negocio anómalo en el que concurren dos contratos independientes, uno real, de transmisión plena del dominio, eficaz erga omnes, y otro obligaciones, válido inter-partes destinado a compeler al adquirente a actuar de forma que no impida el rescate de los bienes cuando se de el supuesto obligacional pactado. Y siguiendo al Tribunal Supremo en su distinción entre fiducia cum amico, es cumplir determinado encargo, y fiducia cum creditore, que consiste en dar garantía a una obligación ya existente. Aquí nos interesa la primera de las categorías, que caracteriza el negocio por ser contraído a favor del fiduciante, siendo esencial la actuación del fiduciario en nombre propio, y recurriendo las partes a convenciones y actos para unos fines que, normalmente corresponden al mandato. Puede verse sobre esta cuestión la S. AP de Guipúzcoa de 22 de marzo de 2010).

7 La prueba de que exista tal clase de negocio corresponde al que lo ha alegado, en este caso a los que han presentado demanda de oposición (artículo 217 LEC). Y, ya ciñéndonos al caso que nos ocupa, de la prueba practicada no puede deducirse que exista un negocio fiduciario, en el sentido de mandato del Sr. Soler al Sr. Soriano para venta de sus acciones, se trató de un contrato de compraventa de acciones (artículo 1445 CC), con un objeto determinado y un precio (causa del contrato, artículo 1274 CC), recibiendo el vendedor medio millón de euros a cuenta y el resto mediante el endoso de pagarés; y quedando sometida la operación a una condición suspensiva (artículo 1114 CC), de resolución de compraventa referente a la parcela R-1 de solar de Mestalla y cancelación de su aval con Bancaja. Luego, ambas partes decidieron cancelar la condición suspensiva, transformarla en resolutoria facultativa para el acreedor (Urbanas de Levante, Sr. Soler),, que mas que condición es un derecho que se reservaba y que decidió no ejercitar, y la venta quedó firme entre ellas, pagándose el resto del precio por el Sr. Soriano, con el endoso de una serie de pagarés librados por Inversiones Dalport, SL. El Sr. Soriano no era un mandatario del Sr. Soler (sólo él mantuvo esta postura entre los que declararon en la vista), sino que realmente era un comprador de las acciones que aquel tenía del Valencia y pensaba, por una parte, mantenerse el tiempo que pudiera como presidente del Valencia, y por otra hacer un gran negocio vendiendo por el doble más o menos (recordemos que este señor se dedicaba profesionalmente a la compra y venta de inmuebles) de lo que había comprado. Luego como la compradora que encontró exigió que le transmitiera más del 50% del capital, tuvo que vender sus propias acciones e incluso comprar a otros socios (Sr. Silla, Barrachina, etc.) más acciones. Como no pudo evitar la ampliación de capital del Valencia, su sueño de volver a ser presidente del Valencia, de conseguir un gran negocio, se vieron frustrados, dejando sin efecto la operación con Dalport, pero no ocurrió lo mismo con el Sr. Cortés y su empresa Urbanas de Levante, SA, que en uso de lo pactado exigió el cumplimiento del contrato, y por tanto el pago del precio, del que forma parte el pagaré base de este juicio. Por tanto, debe concluirse afirmando de modo rotundo que no existe tal negocio fiduciario, del que no hay prueba, ni siquiera indicios, sino todo lo contrario, pues se trataba de una compraventa, así lo declaró el letrado que intervino en toda la operación Sr. Lucas. En la sentencia de la AP de Alicante de fecha 26 de enero de 2010, en relación con esta cuestión se puede leer lo siguiente: el recurso debe ser desestimado, al no existir en el proceso constancia de la realidad de pacto de fiducia alguno concertado entre el actor y las demandadas, que justifique la calificación de negocio jurídico de compraventa celebrado entre las mismas, como negocio fiduciario. Tampoco se deduce la expresada calificación jurídica de forma indirecta o indiciaria, al no apreciarse la existencia de datos que permitan llegar a dicha conclusión, máxime teniendo en cuenta que es el actor (tal como el asegura) y no las demandadas, el que ostenta un derecho de crédito frente a éstas, por lo que el pretendido negocio fiduciario

8 carecería de causa, sin que conste cual fue la finalidad perseguida por las partes para realizar el supuesto pacto de fiducia, que en el caso de que hubiera existido, ni si la finalidad perseguida ha sido cumplida a fin de que pudiera surgir la obligación del retransmitir el bien al fiduciante. CUARTO.- Por lo que se refiere a la oposición que puede hacer el endosante contra el tenedor, en principio cabe afirmar que el endosatario no es un simple sucesor en el crédito que el pagaré contiene, sino un nuevo titular frente al deudor y terceros, ya que adquiere no los mismos derechos que tenía en endosante sino los derechos incorporados al pagaré, es decir, un derecho autónomo. En este caso de endoso es aplicable el artículo 20 LCCH, de manera que no son oponibles al tenedor del pagaré las excepciones basadas en las relaciones personales de dicho demandado con el librador o tenedores anteriores, salvo que se haya procedió a sabiendas en perjuicio del deudor, es decir, que concurra la exceptio doli, que no se da en este caso, al no haberse probado la mala fe del Sr. Soler, como representante de Urbanas de Levante, SL, simplemente se limitó a exigir el cumplimiento de un contrato. Y debe resaltarse que el artículo 67 LCCH remite para apreciar la exceptio doli al momento de adquirir el pagaré, y en este caso, no se ha demostrado que existiera la mala fe o dolo en ese momento (ni en ninguno) en el que además la venta del Sr. Soriano a Dalport no se habría resuelto o dejado sin efecto (puede verse la sentencia de AP Madrid , Sección Octava) Se confirma, por tanto, que tal excepción no puede prosperar por el hecho de que el Sr. Soriano de acuerdo con Dalport, decidiera resolver el contrato que habían firmado tres meses antes, no influye para nada en la validez del contrato de compraventa de acciones que firmó el Sr. Soriano con el Sr. Soler. La causa del contrato no ha desaparecido, el Sr. Soriano mantiene en su poder las acciones compradas y el Sr. Soler quiere cobrar el precio pactado. El montaje a que se refirió el Sr. Soriano en la vista del juicio no existe. QUINTO.- La oposición que formula Inversiones Dalport, SA tampoco puede prosperar, pues sus argumentos vienen a coincidir con los que ha utilizado el Sr. Soriano, aunque realmente el Sr. Soler nunca tuvo ninguna relación con Dalport, empresa a la que conoció en el mes de agosto del año 2009, cuando tuvieron una reunión en casa del Sr. Marín. En ningún documento, ni nadie ha declarado que el Sr. Soriano actuara como mandatario del Sr. Soler, es más, el 6 de julio del año 2009, nada más firmarse los importantes documentos de los días 3 y 4 del mismo mes, por el que el Sr. Soriano ya compraba en firme las acciones del Sr. Soler y luego las vendía junto con otras a Dalport, y Sr. Soriano y el Sr. Bravo en representación de Dalport dan una rueda de prensa en al que dan publicidad a la operación y Soriano figura como cabeza de esta operación, ya que había un compromiso entre esas partes por el que se le mantendría durante 5 años al menos como presidente del Valencia. Cuando el Sr. Soriano el día 3 de julio de 2009 adquirió en firme las acciones del Sr. Soler, ya sabía que la ampliación de capital del Valencia estaba en marcha, pero confiaba que podría frenarla a causa de su influencia en el club por las acciones que pensaba adquirir, para vender. Ya hemos

9 visto que no existió tal negocio fiduciario, pues el Sr. Soriano no era ningún mandatario ni testaferro del Sr. Soler, era un simple comprador y vendedor de acciones intentando lucrarse con la reventa económicamente y socialmente, al mantenerse en la presidencia del Valencia. No existe ninguna conducta fraudulenta ni de mala fe por parte del Sr. Soler, que simplemente vende las acciones y cobra el precio pactado. La causa del negocio, por tanto, no ha desparecido, ni la exceptio doli puede prosperar. Tampoco se ha probado que el Sr. Soler hubiera llegado a acuerdo alguno con Dalport. Es interesante en este sentido la sentencia de la AP de Sevilla de fecha (Sección 5ª) cuando afirma que si el tenedor de un título cambiario es un tercero, el firmante se obliga frente a este de un modo directo y no puede oponer las excepciones personales que eventualmente tuviera frente al librador, salvo que sea de aplicación al exceptio doli Se trata de evitar que el negocio jurídico no quede al margen de toda exigencia ética y de justicia (S. TS ). Se trata de un comportamiento que es claramente sinónimo de engaño malicioso y se trata de otorgar al defraudado una acción para poder defenderse ante la exigencia del cumplimiento de un negocio jurídico claramente viciado (SS TS y ) quien alegue la mala fe bien obligado a acreditarla. En este caso se puede afirmar con claridad que la conducta del Sr. Soler en esta operación de venta de sus acciones se ajustó totalmente a las exigencias de la buena fe (artículo 7 CC) y a los imperativos éticos y jurídicos exigidos por la conciencia social y jurídica en este momento histórico (en la terminología de la S. TS de ). Dicho esto, sólo queda insistir en que el hecho de que el Sr. Soriano y Dalport decidieron resolver el negocio jurídico que habían celebrado por causa, al parecer, de la ampliación de capital llevada a cabo en el Valencia, no quiere decir que la causa del negocio haya desparecido, pues la compraventa celebrada entre el Sr. Soriano y el Sr. Soler está plenamente vigente, y el pagaré base de este juicio fue recibido por el segundo como parte del precio, y este pagaré funciona de modo autónomo respecto a aquel negocio jurídico que fue resuelto y ello sin perjuicio de las cuestiones que Dalport y el Sr. Soriano, en su caso, deban resolver, y con las que nada tiene ver el Sr. Soler. Dónde está el pago de fiducia? En ningún sitio. Se tata de una argucia jurídica que se aprendió bien el Sr. Soriano y a la que luego trató de adherirse también Dalport, ante la acción cambiaria plenamente fundada del Sr. Soler por medio de su sociedad Urbanas de Levante, SA, y se trataba de evitar en alguna medida el descalabro económico que ha supuesto esta fallida operación para ellos, de acceder a controlar el Valencia Club de Fútbol. Y ya en el documento resolutorio que firmaron el Sr. Soriano y Dalport, se asumía lo que iba a ocurrir, cuando se hace constar que esta última sólo recuperaría los pagarés que a esa fecha ( ) siguieran en poder del primero, que recuperaba la titularidad de las acciones, estando vigente la compraventa efectuada por este señor con el Sr. Soler, que recordemos no ha solicitado su nulidad, presentando la correspondiente demanda de juicio ordinario. También es interesante señalar que nada más adquirir las acciones Dalport el Sr. Soriano y el Sr. Bravo (representante de Dalport) dieron una

10 rueda de prensa en la que aquel aparece como representante y portavoz de Dalport, y manifiestan que van a salvar la delicada situación económica del Valencia, ya que disponen de 500 millones de euros, pero la realidad es luego ni siguieren fueron a la ampliación, que ya sabían que estaba en marcha cuando firmaron el contrato de compraventa, y que suponía unos 42 millones de euros. SEXTO.- Procede la condena en costas en el presente incidente, al ser desestimadas íntegramente las demandas de oposición (artículo 394 LEC). aplicación Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente F A L L O Que desestimo íntegramente las demandas de oposición formuladas por los Procuradores Sres. Castelló Navarro y Sr. Palacios de la Cruz en nombre de VICENTE SORIANO SERRA e INVERSIONES DALPORT, S.A., respectivamente, contra URBANAS DE LEVANTE, SA con imposición de las costas causadas a los demandantes en oposición. MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de VALENCIA (artículo 455 LECn). El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo LECn) y la consignación del correspondiente depósito. De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado. Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

11 PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en VALENCIA, a veintiocho de julio de dos mil diez.

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