Editorial Hispamer, Costado Este Universidad Centroamericana (UCA) Derechos reservados conforme a la ley:

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2 Editorial Hispamer, Costado Este Universidad Centroamericana (UCA) Derechos reservados conforme a la ley: Edición al cuidado: Lic. Alicia Casco Guido Eduardo J. Saballos Almendárez Reynaldo Balladares Saballos Portada: Reynaldo Silva Flores Diagramación: Reynaldo Silva Flores Impreso en Colombia 2

3 Indice LIBRO PRIMERO Título I 7 Disposiciones generales 7 Título II 82 Diversas clases de títulos valores 82 Capítulo I 82 Disposiciones comunes 82 Capítulo II 84 De los títulos al portador 84 Capítulo III 87 De los títulos a la orden 87 Capítulo IV 107 De los títulos nominativos 107 Título III 114 Reivindicación, reposición y cancelación de los títulos de crédito 114 Capítulo I 114 Capítulo II 117 De la reposición 117 Capítulo III 118 De la cancelación 118 Sección primera 118 Títulos al portador 118 Sección segunda 123 Títulos a la orden 123 Sección tercera 135 Títulos nominativos 135 Título IV 136 Disposiciones transitorias y finales del Libro Primero 136 3

4 Libro Segundo Letras de cambio, pagarés a la orden, cheques y otros 139 Título I 139 Disposiciones generales 139 Títulos II 140 De la letra de cambio 140 Capítulo I 140 De la emisión y de la forma de la letra de cambio 140 Capítulo II 160 De la aceptación 160 Capítulo III 171 Del aval 171 Capítulo IV 177 Del vencimiento 177 Capítulo V 182 Del pago 182 Capítulo VI 191 De las acciones por falta de aceptación y por falta de pago 191 Capítulo VII 215 De la intervención 215 Disposiciones generales 215 Capítulo VIII 217 De la aceptación por intervención 217 Capítulo IX 220 Del pago por intervención 220 Capítulo X 225 De la pluralidad de ejemplares 225 Capítulo XI 229 De las copias 229 Capítulo XII 231 De la cancelación 231 4

5 Capítulo XIII 232 De la prescripción 232 Título III 236 Del pagaré 236 Capítulo I 236 Del pagaré a la orden 236 Capítulo II 248 Del pagaré a la orden causal 248 Título IV 251 De los cheques 251 Capítulo I 251 Del cheque en general 251 De la emisión y de la forma del cheque 251 Capítulo II 270 De la transferencia 270 Capítulo III 279 Del aval 279 Capítulo IV 280 De la presentación y del pago 280 Capítulo V 293 De las acciones por falta de pago 293 Capítulo VI 300 De la pluralidad de ejemplares 300 Capítulo VII 301 De la cancelación 301 Capítulo VIII 304 De la prescripción 304 Capítulo IX 306 De la convención del cheque 306 Capítulo X 338 De los cheques especiales 338 Del cheque cruzado 338 Capítulo XI 342 Del cheque a abonar en cuenta 342 5

6 Capítulo XII 345 Del cheque no negociable 345 Capítulo XIII 347 Del cheque certificado 347 Capítulo XIV 350 Del cheque sobre el librado 350 Capítulo XV 351 Del cheque circular 351 Capítulo XVI 355 Del cheque de viajero 355 Capítulo XVII 360 De los cheques con talón para recibo 360 Capítulo XVIII 362 Cheque fiscal 362 Capítulo XIX 366 Disposiciones comunes 366 Título V 366 Del protesto 366 Título VI 374 Disposiciones generales 374 Título VII 377 De los conflictos de leyes 377 Título VIII 384 De las cartas de crédito 384 Título IX 391 De los debentures o bonos 391 De los debentures o bonos en general 391 De los debentures o bonos convertibles en acciones 406 De los debentures o bonos bancarios 408 De las cédulas hipotecarias 411 Título X 414 Disposiciones transitorias y finales 414 6

7 Ley General de Títulos-Valores Publicada en «La Gaceta», Diario Oficial en los números 146, 147, 148, 149, 150 y 170 del mes de julio de Decreto No Comentada y concordada por Aníbal Solórzano Reñazco Libro Primero Títulos Valores Título I Disposiciones generales Arto. 1 Son títulos-valores los documentos necesarios para ejecutar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Representan cosas muebles corporales de carácter mercantil y su creación, emisión, transferencia y demás operaciones que en ellos se estipulen, son siempre actos de comercio. Comentarios Nombre.- Punto de divergencia, entre los profesores de derecho, ha sido la designación de esta clase de documentos: En unas legislaciones se les llama «Documentos económicos», en otras «Títulos negociables», «Efectos de comercio» y «Títulos de crédito». La que ha tenido mejor acogida es la usada por nuestros legisladores «Títulos-Valores», utilizada por primera vez por el español Ribó, que para algunos adolece de la amplitud necesaria. Definición.- En derecho toda definición es peligrosa, como ya lo dijeron los sabios romanos (in iure omnis definitio periculosa est). Por regla general, las definiciones son impropias de una ley, pertenecen a la ciencia, no al legislador; y fuera de que sean incompletas ofrecen un campo propicio para discusiones. Definir es determinar hasta donde llega una cosa, por consiguiente, la definición debe ser perfecta, lo que es difícil obtener. Lacour y Bouteron definen así los títulos negociables: «Documentos por los cuales el signatario se obliga a efectuar, cuando le sean presentados en ciertas condiciones, una prestación, sea en dinero, sea en mercancías y que gracias a su forma especial, consagrada por el uso del comercio, son destinados a una circulación rápida». 1 La definición de nuestra ley se asemeja a la de la ley mexicana que dice: «Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna» y respecto a ella, el mexicano Tena expone que es doblemente impropia, ya que desde un punto de vista comprende más y, desde otro menos de 1 Lacour et Bouteron «Droit Comm». No

8 lo que puede ser el contenido jurídico de esta clase de documentos. En efecto, los títulos de crédito pueden contener derechos no crediticios; y por otra parte, hay una multitud de documentos en que se consignan derechos de crédito y que, sin embargo, difieren profundamente de los títulos de ese nombre. Garrigues entiende por título-valor un documento sobre un derecho privado cuyo ejercicio está condicionado jurídicamente a la posesión del documento. Esta definición usa la palabra «ejercitar» refiriéndose al derecho, en vez de «ejecutar», como lo hace nuestra ley, lo que nos parece más de acuerdo con el concepto del título-valor. Concepto. Dice la ley que los títulos-valores son los documentos necesarios para ejecutar el derecho consignado que representan cosas muebles de carácter mercantil; pero estas cosas mercantiles se diferencian de las conocidas en el derecho civil, en que aquellas son documentos, esto es, medios reales de representación gráfica de hechos. Mas no basta la existencia de un documento, de un título en relación con el derecho, para que en el título-valor surja ese derecho, se requiere que lo contenga incorporado en tal forma que esté íntimamente unido al título y su ejercicio condicionado por la exhibición del documento; así, se explica que sin exhibir el título, no se puede ejercitar el derecho en él incorporado. Quien posee legalmente el título, posee el derecho en él incorporado y su razón de poseer el derecho es el hecho de poseer el título. Se dice «poseo porque poseo» esto es, se posee el derecho porque se posee el título. Esta objetivación de la realidad jurídica en el papel, dice Tena 2 constituye lo que la doctrina ha llamado incorporación. Generalmente, los derechos tienen existencia independientemente del documento, que sirve para comprobarlos y pueden ejercitarse sin necesidad estricta del documento; pero tratándose de esta clase de títulos, el documento es lo principal y el derecho lo accesorio; el derecho ni existe ni puede ejercitarse, si no es en función del documento y condicionado por él. El Arto. 14 de nuestra ley contempla el caso del deudor que cumple la prestación ante alguien que no es el propietario del derecho, si le exhiben exigiéndole dichas prestaciones. Este principio tiene rarísimas excepciones: Es posible ejercer las acciones derivadas de una letra de cambio, dice Rodríguez 3 con la exhibición de una simple copia de ella, si remitido el original para la aceptación no fuese devuelto; los tenedores de títulos-valores extraviados o destruidos pueden con ciertas limitaciones, ejercer los derechos derivados del título a pesar de la falta de éste. Van Ryn, 4 en su famosa obra expone: El título negociable es un escrito que por sí mismo, confiere, a aquel que tiene la posesión regularmente adquirida, ciertos 2 Tena. Derecho Mercantil Mexicano II, p Der. Mer. 1, p Van Ryn. T. II. Principes de Droit Commercial, p

9 derechos y que está sometido a un estatuto jurídico particular... la transferencia del derecho se confunde con la transferencia del título. El derecho representado por el título es en cierta medida, independiente de las relaciones jurídicas y a veces de las circunstancias que han determinado su nacimiento y sus transferimientos anteriores; es en este sentido que se puede decir que el titular goza de un derecho autónomo. El derecho está, indisolublemente ligado al título mismo hasta el punto que el traspaso del uno sin el otro, es imposible y que aquel que tiene el título puede ejercer el derecho. Los derechos o las obligaciones que se constatan en un título negociable son pues «objetividades» por su incorporación al título. No es único este fenómeno en el mundo de las instituciones jurídicas, dice Tena. Lo encontramos también en la institución de las servidumbres prediales consideradas por el lado activo. El derecho de servidumbre va unido de modo inseparable al predio dominante, de tal suerte que sólo quien es propietario de éste puede ser titular de aquél; sólo quien puede ostentarse como legítimo poseedor del documento (y ya veremos que el poseedor legítimo se tiene como real y verdadero propietario) puede reputarse titular del derecho consignado en el documento. 5 Legitimación. No basta poseer de cualquier modo un título de crédito para poder ejercer el derecho que representa; para que se invoque tal investidura y tenga facultad de ejercer el derecho, es necesario que haya adquirido el título con arreglo a la ley que norma su circulación; ley que señala diversas formas y condiciones para cada especie de título, según sean nominativos, a la orden o al portador. La posesión del título, en esa forma adquirida, confiere al que la obtuvo la facultad de hacerlo efectivo en contra del deudor y asegura a éste su liberación definitiva mediante el cumplimiento. Funciona pues, la legal posesión del título no sólo en favor del poseedor, sino también del deudor y esa doble función que el título desempeña constituye el fenómeno que la doctrina conoce con el nombre de legitimación. La cual consiste, por lo tanto, en la propiedad que tiene el título de crédito de facultar a quien lo posee, según la ley de su circulación, para exigir del suscriptor el pago de la prestación consignada en el título y de autorizar al segundo para solventar válidamente su obligación. Así se explica que nuestra ley diga que los títulos-valores, «son los documentos necesarios para ejecutar el derecho» consignado; dándole a aquellos el carácter de principal, para colocar el derecho, como accesorio. Se han propuesto varias teorías para explicar el fundamento de la obligación que encierra el título-valor establecido por la ley. La que acoge nuestra legislación es la llamada Teoría de la emisión abstracta: el fundamento de la obligación se encuentra en el acto abstracto de la emisión del título; en el hecho mismo de que el suscriptor crea un valor económico al crear un título; el que tiene ya un valor en sus 5 Tena. Derecho Mercantil Mexicano, p

10 manos y lo obliga por el hecho solo de su creación, aunque entre a la circulación contra su voluntad. No se trata de una declaración unilateral de voluntad; el creador se obliga porque la obligación deriva del simple hecho de la creación del título, por mandato de la ley. Así nuestra ley, en el Arto. 5 nos dice: «La promesa o reconocimiento unilateral contenido en un título-valor obliga a quien la hace sin necesidad de aceptación», y el Arto. 9 que establece: «La suscripción de un títulovalor obliga a quien la hace a favor del poseedor legítimo, aunque el título haya entrado a la circulación contra la voluntad del suscriptor o después que sobrevino su muerte o incapacidad». Si alguien tiene en sus manos, en forma legítima, un cheque, el suscriptor de ese documento está obligado a responder por su valor, caso que el librado no lo pague y aunque no exista relación jurídica entre el emisor y el poseedor. Quien crea un título, dice Cervantes Ahumada, crea una cosa mercantil mueble, que incorpora derechos y la obligación deriva, en virtud de la ley, de la firma puesta en el título. Por eso nuestro texto que analizamos, dice que los títulos-valores «representan cosas muebles corporales de carácter mercantil». La legitimación es una consecuencia de la incorporación del derecho. Para ejercitar el derecho es necesario «legitimarse», exhibiendo el título de crédito. La legitimación activa consiste en la propiedad o calidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular, es decir, a quien lo posee legalmente, la facultad de exigir del obligado en el título, el pago de la prestación que en él se consigna. Sólo el titular del documento puede «legitimarse» como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la obligación relativa. En su aspecto pasivo, la legitimación consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento. El deudor no puede saber, si el título anda circulando o, quien sea su acreedor, hasta el momento en que éste se presente a cobrar, legitimándose activamente con la posesión del documento. El deudor se legitima a su vez, en el aspecto pasivo, al pagar a quien aparece activamente legitimado. 6 Ya vimos cómo se expresa nuestra ley en su arto. 9: «La suscripción de un título-valor obliga a quien la hace a favor del poseedor legítimo, aunque el título haya entrado a la circulación contra la voluntad del suscritor»... el arto. 12 de la ley nos dice: El poseedor legítimo de un título valor tiene derecho a exigir la prestación consignada en dicho título aun cuando no sea el propietario del mismo.» (Véase también el Arto. 14 de esta ley). La legitimación es pues la situación en que con un grado mayor o menor de fuerza, el derecho objetivo atribuye a una persona con cierta verosimilitud, el trato de acreedor y ello no sólo a efectos de prueba, sino de efectiva realización del derecho. La legitimación consiste pues, en la posibilidad de que se ejercite el derecho por el tenedor, aun cuando no sea en realidad el titular jurídico del derecho conforme a las normas del derecho común. 7 6 Ahumada, Rodríguez I, p

11 Literalidad. La ley impone, para los títulos-valores en su ejercicio, que el derecho incorporado sea literal; esto es, la medida del derecho está en la extensión y demás circunstancias que la letra del documento lo exponga o consigne; por eso dice nuestro artículo: son títulos-valores los documentos necesarios para ejecutar el derecho «literal» que en ellos se consigne. Aunque algunos tratadistas afirman que la literalidad es una nota esencial y privativa de los títulos valores, otros lo niegan, ya que la literalidad es característica también de otros documentos. Por ejemplo, la acción de una sociedad anónima (Arto. 285 y sigts.) tiene eficacia literal por la presunción de que lo que en ella se asienta es lo exacto y legal; pero esta eficacia está siempre condicionada por la escritura constitutiva de la sociedad, que es un elemento extraño al título y que prevalece sobre él en caso de discrepancia entre lo que la escritura diga y lo que diga el texto de la acción. Si se trata de un título tan perfecto como la letra de cambio, aún en este caso, la literalidad puede ser contradicha por la ley; como cuando la letra de cambio dice que su vencimiento será en abonos, lo que la ley prohíbe, y el resultado sería la nulidad o mejor dicho la ineficacia de esa cláusula. Con tales limitaciones, tenemos que la literalidad es una característica de los títulos-valores y que la ley presume, la medida del decreto incorporado en el título como la medida justa que se consigna en la letra del documento. Claro y terminante es el alcance de la literalidad que nos señala el Arto. 19: El derecho consignado en un título-valor es literal en el sentido de que, en cuanto al contenido, a la extensión y modalidades de ese derecho, es decisivo exclusivamente al tenor del título. El deudor, no está obligado a más ni el acreedor puede pretender otros derechos que los consignados, pero agrega «a no ser que se invoque una convención distinta entre acreedor y deudor, la cual no afectará a terceros que no fueron parte...» Nosotros agregamos: así acontecerá si se estipula algo infringiendo la ley. Autonomía. El texto nos dice que el derecho en los títulos-valores es autónomo. Vivante lo define así: El derecho es autónomo porque el poseedor de buena fe lo ejercita como un derecho propio que no puede limitarse o deducirse por relaciones que hayan mediado entre el tenedor y los poseedores precedentes. Autonomía viene, pues, a significar que el adquirente de un título recibe un derecho nuevo, originario, no derivado, de modo que no le son oponibles las excepciones que se hubieran podido invocar a un antecesor. La autonomía del derecho no tiene nada que ver con la abstracción. Esta se refiere a la no existencia de relaciones entre la relación jurídica base de la emisión del título valor y las acciones derivadas del título emitido, mientras que aquella implica la incomunicabilidad de las excepciones personales que pudieran oponerse a los sucesivos tenedores del título valor 8. Las excepciones personales las limita el Arto. 26, diciendo que el demandado sólo puede oponer al poseedor, las excepciones personales que tenga contra el 8 Rodríguez, I, p

12 actor; y contra el poseedor cuando al adquirir el título el poseedor haya obrado intencionalmente en daño de dicho demandado (Arto. 26 in fine). La voz autonomía, expone Tena 9 aplicada a los títulos de crédito, no puede significar más que una condición de independencia de que goza el derecho en aquellos incorporado. Pero este derecho puede considerarse independiente, o bien con relación al derecho de un anterior poseedor. La doctrina refiere siempre el concepto de autonomía a este último supuesto. Según ella el derecho documental es autónomo no precisamente porque suponiéndolo en manos ya de un ulterior poseedor (poseedor de segunda mano), ninguna influencia pueden ejercer sobre él las deficiencias o nulidades de que quizá adolecía el derecho en cabeza de quien lo traspasó. Más claro: a quien adquiere de buena fe un título de crédito, no pueden oponérsele las excepciones personales que talvez pudieron oponerse a su causante. Y Vivante, explica que el derecho es autónomo porque el poseedor de buena fe ejercita un derecho propio que no puede limitarse o destruirse por relaciones que hayan mediado entre el deudor y los procedentes poseedores. Tal es el fenómeno que se produce en virtud de la autonomía: el derecho trasmitido conforme a la ley de circulación del título (endoso), pudo no existir en la persona del endosante, ya por haberse extinguido en virtud de cualquier causa, ya por no haber nacido jamás; y sin embargo, ese derecho aparece en su cabal integridad e inmune a las excepciones que pudieran invocarse contra el endosante, una vez adquirido por el tercero de buena fe. Aquí queda en duda, si hay o no lesión al principio jurídico que dice: Nadie puede trasmitir a otro mayor derecho que el que él mismo tiene (Nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet). Propiedad y posesión. Para el ejercicio del derecho no contenido en un título, se exige la prueba de la existencia del derecho, de la pertenencia del mismo, de la identidad del actor y de la capacidad de obrar de éste; en cambio, cuando se trata de títulos-valores, la simple exhibición del documento, en las condiciones determinadas por la ley, da por probadas, la existencia del derecho, la pertenencia del mismo actor, así como la capacidad para su ejercicio. Surge así la legitimación que consiste, en la posibilidad de que se ejercite el derecho por el tenedor, aun cuando no sea en realidad el titular jurídico del derecho conforme las normas del derecho común. En el Arto. 34, nuestra ley claramente expone: El título-valor extendido o endosado y/o a favor de determinadas personas, significará propiedad total de cualesquiera de esas personas, sin derecho a reclamo por actos impersonales de cobro o disposición. En caso de muerte el único dueño será el superviviente. Por su parte el Arto. 9 de esta misma ley, sienta esta regla: La suscripción de un título-valor obliga a quien lo hace a favor del poseedor legítimo, aunque el título haya entrado a la circulación contra la voluntad del suscriptor o después que sobrevino su muerte o incapacidad. 9 Tena, p

13 El derecho de propiedad formal cede ante el derecho de posesión cuando el título ha entrado en circulación. Este beneficio que se otorga al poseedor legítimo es en aras de la seguridad y rapidez de circulación de los títulos-valores y de su trasmisibilidad. Para esto la ley exige que el poseedor exhiba el título-valor, que legitime su posesión y ya en estas condiciones de nada le sirve ser propietario al que lo alegue porque el poseedor legítimo le opondrá las excepciones del Arto. 26 de esta ley. El propietario formal es el titular del derecho, siendo el propietario material el que lo posee, quien aparece como dueño de acuerdo con la ley de circulación de cada título-valor; la apariencia está protegida en bien de la confianza comercial, para dar eficacia y confianza a los títulos-valores. Yadarola dice al respecto: Una consecuencia importante del principio de autonomía en los títulos de créditos es la llamada «adquisición a non domino»; «el accipiens» (de buena fe) adquiere la propiedad del título aun cuando su «tradens» no sea el propietario del mismo, adquiriendo asimismo, el derecho creditorio aun cuando éste se encontrase afectado por condiciones impeditivas o circunstancias modificativas o extintivas. Se adquiere el título, dice Bonafanti aun del no propietario y se adquiere asimismo el derecho de crédito de quien no es acreedor o contra quien no quiso nunca ser deudor. El derecho cambiario admite el sacrificio del «dominus» o de quien no quiso obligarse, en aras del beneficio que aparta la circulación económica de los títulos de crédito. El texto comentado establece que los títulos-valores «representan cosas muebles corporales de carácter mercantil». Nuestro Código Civil en su Arto. 596 nos dice que las cosas en cuanto procuran o sirven...»; el Arto. 608 C., admite que existan bienes muebles por disposición de la ley. Victorio Pescio, 10 expresa que deben tenerse como bienes muebles los títulos de crédito tales como las letras de cambio, acciones de sociedades anónimas, bonos, debentures y demás documentos al portador en que sin el documento no es posible el ejercicio del derecho de crédito que representan y que ha hecho decir, con eficaz lenguaje metafórico, que constituyen la incorporación del derecho en el título. Se ha dicho, agrega el autor citado, que los bienes son corporales cuando recaen sobre cosa que tiene un ser real y puede ser percibida por los sentidos e incorporales cuando consisten en meros derechos. Tenemos por consiguiente que los títulos-valores representan cosas muebles corporales, por disposición de la ley. El carácter mercantil que le señala el texto, nos indica que quedan sujetos a la ley mercantil y no a la civil y para reafirmar esta disposición, manifiesta que su creación, emisión, transferencia y demás operaciones que en ellos se estipulen, son siempre actos de comercio y sabido es que acto de comercio es el regido por las leyes mercantiles y juzgados con arreglo a ellas. Los hay por declaración de la ley, como en este caso. Así la letra de cambio será considerada siempre mercantil aun cuando la libre una persona que no sea comerciante. 10 Pescio. Manual de Derecho Civil, T. III, p

14 El mandato del texto deroga el Arto Pr., tanto porque los títulos-valores son actos de comercio en sus operaciones, como porque así lo establece el Arto. 107 de la ley que se comenta. El Arto. 1º del Código de Comercio, también establece el precepto de que todos los actos y contratos que en dicho código se determinen se observarán las disposiciones de este cuerpo de leyes. Asimismo el Arto. 82 del Código de Comercio prescribe que son mercantiles y de consiguiente sujetos a las disposiciones de ese Código, todos los contratos u obligaciones relacionados con los negocios a que se refiere el Arto. 20 del mismo. Consúltense: Felipe J. Tena, Derecho Mercantil, p. 35; Joaquín Rodríguez Rodríguez, Derecho Mercantil, T. I.; Raúl Cervantes Ahumada, Títulos y operaciones de crédito, Sexta Edición; Jean Van Ryn, Principes de Droit Commercial, T. II, Vivante, III, p. 177; Vásquez Méndez, El cheque, Linares, Tesis 18. Arto. 2 Los actos y operaciones a que se refiere el artículo anterior se regirán por las disposiciones de esta ley y por las demás leyes especiales que a ellos se refieran; en defecto de éstas por los preceptos pertinentes del Código de Comercio y en lo no previsto por éste, por las normas aplicables del Código Civil y demás leyes generales y en último término por los usos y costumbres mercantiles y bancarios. Comentario: La primera parte de este canon legal es redundante desde luego que al dictarse la Ley de Títulos-Valores fue para que por ella se rigieran los actos y operaciones objeto de este cuerpo de leyes; el Legislador debió limitarse a la segunda parte del precepto, ordenando la aplicación del Código de Comercio en defecto de aquellas y en lo no previsto por éste, por el Código Civil, leyes generales y por último por los usos y costumbres mercantiles y bancarios. Pero es el caso, que aun esto, ya está regulado en el Arto. 2 del Código de Comercio, el que prescribe la aplicación del Código Civil, a falta de disposiciones en el Código de Comercio y en defecto de éste, se aplicarán las costumbres mercantiles, prevaleciendo las locales o especiales sobre las generales. El Arto. 104 de la ley que analizamos, expone: Las disposiciones de la presente ley se aplicarán en cuanto no se disponga otra cosa en normas o leyes especiales; lo que está en armonía con el principio jurídico de que la ley especial predomina ante la general. Las costumbres mercantiles son las prácticas o formas jurídicas introducidas por consentimiento general y tácito en la vida del derecho. El uso es la práctica o modo de obrar, no contraria a la ley, que rige entre los comerciantes en los actos y contratos propios del tráfico mercantil; también se dice que es la repetición de actos y que la costumbre nace de esta repetición de actos. La costumbre es un derecho; el uso un hecho. 14

15 El Código de Comercio en su Arto. 3, establece las condiciones requeridas para que las costumbres suplan a la ley en su caso, cuando los hechos que la constituyan son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en el Estado o en determinada localidad y reiterados por un largo espacio de tiempo que se apreciará prudencialmente por los tribunales. (Véase Siburú, T. I, p. 131). «Los usos generales se reputan conocidos por todos los comerciantes y son obligatorios; al contrario, los usos locales no obligan a la parte que es extraña al lugar donde el uso es corriente a menos que la contraria le haya advertido de su existencia. Se presume que las partes han querido someterse al uso, existente, si la operación se hace al modo usual de hacerla. Si el uso es negado, la parte que lo invoca debe probarlo». El Arto. 4 del Código de Comercio enumera las varias formas que pueden invocarse, para probar la autenticidad de la costumbre. El Arto. 5 de ese mismo Código establece que las costumbres mercantiles servirán no sólo para suplir el silencio de la ley, sino también de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenciones mercantiles. De manera pues, que ordenando la ley comentada que los actos y operaciones que comprende este cuerpo de leyes, se deban regir en defecto de esas disposiciones y de leyes especiales, por lo prescrito por el Código de Comercio y no estando derogadas esas prescripciones de dicho código, deben prevalecer éstas y aplicarse completamente todo lo relativo a usos y costumbres que el texto comentado no lo reglamente. No hay otra interpretación que se le quiera dar a estas disposiciones en su aplicación. Téngase presente que según nuestra actual legislación, las causas de comercio se sustanciarán con arreglo al Código de Procedimiento Civil en todo lo que no esté previsto en leyes especiales (Arto. 34 Pr.) y que el Arto. 443 Pr. enumera una serie de reglas que deberán observarse, cuando a juicio de los jueces no haya ley que prevea el caso o duden acerca de su aplicación a saber: Doctrina legal admitida por la jurisprudencia, lo previsto en legislaciones extranjeras; en defecto de esas dos reglas, los principios generales del derecho o la razón natural y en último extremo, la opinión de los intérpretes o expositores del derecho de los más autorizados. Rodríguez 11 piensa que como lo hace el Arto. 2, de nuestra ley, al admitir como fuente de derecho los usos bancarios y mercantiles implica la posibilidad de que se creen títulos-valores al impulso espontáneo de las exigencias y conveniencias de la vida comercial y agrega, por ejemplo, a contrario sensu, la creación de títulos al 11 Der. Mercantil, T. I, p

16 portador siempre que no contengan prestaciones de dinero. (Véase Arto. 51 nuestro que sanciona con nulidad y pena la infracción de este precepto). Pescio 12 dice que la derogación expresa se caracteriza por una declaración de la nueva ley que suprime la fuerza obligatoria de una ley anterior aun cuando ésta no contenga preceptos contrarios o incompatibles con la nueva ley. Y que es tácita cuando resulta de la incompatibilidad o contradicción entre las disposiciones de la ley nueva con las de la antigua; debe cuidarse de no considerar como derogación tácita el fenómeno que se produce cuando se dicta una ley especial, que por supuesto, no deroga las disposiciones de la ley general. En este caso la incompatibilidad no es real; entonces se excluye del dominio de la ley general lo que corresponde al campo de aplicación restringido de la ley especial. Ante dos voluntades prevalece la última. Arto. 3 Los documentos y actos a que esta ley se refiere, sólo producirán los efectos previstos por la misma, cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señala y que ella no presuma expresamente. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta la validez del negocio jurídico que le dio origen al documento o al acto, ni el valor probatorio que en derecho corresponda a dicho documento. Comentario: La exigencia del legislador para darle efectos a los documentos y actos a que se refiere esta ley, tiene por base que esos documentos se consideran constitutivos de un derecho. En efecto, el documento es necesario para el nacimiento, para el ejercicio y para la trasmisión del derecho; no se trata de documentos probatorios, que tienen la eficacia de servir en un juicio a fin de establecer una relación jurídica. La ley es celosa en requerir las menciones y requisitos que ella misma dispone para cada caso; mas, en el evento de no llenarse esas menciones o esos requisitos, la propia disposición que examinamos nos dice que el documento no se afecta en la validez del negocio jurídico a que le dio origen al documento o al acto, ni se afecta el valor probatorio que corresponda al documento; la sanción se limita a negarle el valor del título-valor con las preeminencias que le otorga la ley. Un ejemplo de la aplicación de este artículo, está en el Arto. 186 de nuestra ley que dice, refiriéndose al cheque: El título en que falte alguno de los requisitos indicados en el artículo anterior, no valdrá como cheque, salvo en los casos indicados en los incisos siguientes. Pero entre las partes tendrá el valor que las leyes le otorguen. Son pues las leyes civiles las que aquí entran a darle o no, carácter probatorio al documento. Téngase presente, lo ordenado en el párrafo 2º del Arto. 334 de esta ley, que dice: cuando una ley vigente hiciere referencia a una o varias de las disposiciones 12 Pescio, Manual de Der. Civil, T. I. p

17 derogadas, dicha referencia se entenderá hecha a la disposición equivalente de la presente ley. Esto quiere decir que las leyes especiales que aludan al Código de Comercio, tienen todo su valor, si existen equivalentes en la Ley de Títulos-Valores a las que pueda referirse esa ley especial. Arto. 4 Dentro de las normas señaladas por esta ley todos los que tengan capacidad para contratar, podrán emitir y crear libremente toda clase de títulosvalores, salvo aquellos títulos que por ley, su emisión o creación, estén sujetos a cierta clase de restricciones. Comentario: A tenor del Arto. 6 del Código Civil, las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y el Arto. 7 del mismo Código dispone que tienen incapacidad absoluta: las personas por nacer; los impúberes y los dementes y el Arto. 8 del mismo ordenamiento jurídico prescribe que tienen incapacidad relativa, los menores adultos. La misma tesis establece el Arto C., al estatuir que toda persona es legalmente capaz y que son incapaces los indicados en los artículos 7 y 8 C. La mayoría de edad, la fija el Código Civil en su Arto. 278 sin distinción de sexo, en veintiún años cumplidos y es este sujeto quien puede disponer libremente de su persona y sus bienes. Puede existir también la declaratoria de mayoría de edad. De esto resulta que al expresar el texto comentado que los que tengan capacidad legal para contratar podrán emitir y crear títulos, solamente autoriza a los mayores de edad y a los declarados mayores quienes pueden libremente disponer de sus bienes, aunque el Arto. 6 del Civil venga a entorpecer la solución con la única condición de la existencia visible. También es de tener presente lo establecido por el Código de Comercio en su Arto. 7 cuando considera a los hijos de familia y menores con bienes adquiridos por medio de las letras o artes liberales, trabajo o industria, como capaces para obligarse hasta por el valor de esos bienes y siempre que ejerzan el comercio. Adiciona la ley otras actividades que pueden ejecutar. El momento en que debe apreciarse la incapacidad es el de la suscripción del título. Según lo dispuesto en el Arto. 21 de esta ley, la incapacidad de alguno de los signatarios de un título-valor, no invalida ni afecta las obligaciones derivadas del título en contra de las demás personas que lo suscriben. Asimismo, el Arto. 266, de nuestra ley regula la capacidad de una persona para obligarse en la letra de cambio, pagaré a la orden y cheque, disponiendo que se determinará por su ley nacional y si la ley nacional declara la competencia de otro país se aplicará esta última. Si el incapaz firma en otro país que acepta al firmante, como capaz, quedará válido el acto. La regla general es pues, que todo capaz puede emitir y crear títulos-valores, salvo los que se limitan por la ley especial. 17

18 Concordancias: Artos. 7, 8, 2472, 80, 103, C.; 21 L.G.T.V. Arto. 5 La promesa o reconocimiento unilateral contenido en un título-valor obliga a quien lo hace sin necesidad de aceptación. Comentario: El tratadista Rodríguez 13 explicando este proceso nos dice: Los títulos-valores contienen declaraciones unilaterales de voluntad, no receptivas; es decir, se refieren a manifestaciones de voluntad no contractuales, hechos por el sujeto que las realiza en favor de los futuros tenedores legítimos del documento con un alcance obligatorio que depende de la voluntad del sujeto (hecho jurídico negocial) sin que la perfección de estas obligaciones dependa para nada de la aceptación de su contenido por parte del titular o de los futuros titulares del documento. El Código Civil mexicano contiene un capítulo titulado: «De la declaración unilateral de la voluntad» y como parece que el texto de nuestra Ley Títulos-Valores tomó de modelo a ese código conviene explicar que en aquel capítulo existen las siguientes disposiciones: El ofrecimiento al público, objetos en determinado precio, obligación al dueño a sostener su ofrecimiento y esta otra: el que por ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación a favor de quien llene determinada condición, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Veremos más adelante lo que estatuye nuestra Ley en el Arto. 28 cuando estipula que la promesa u orden incondicionada de pagar una cantidad determinada de dinero o mercadería, la mención que se haga en el documento de la causa que le dio origen no afectará el contenido literal de la promesa u orden, sin perjuicio del valor probatorio que la mención tuviere entre las partes de dicha causa. El principio acogido por el texto constituye un ejemplo de lo dispuesto en el Código Civil. En este ordenamiento se estatuye que no hay contrato sin el concurso de dos o más voluntades; pero agrega: desde que la estipulación se acepta queda perfecto el contrato, salvo que la ley exija alguna otra formalidad; pero en todo caso se tendrá como una promesa exigible. Pareciera que el Código Civil hubiera previsto el precepto de nuestro Arto. 4, ya que a la promesa unilateral contenida en un título-valor le da fuerza obligatoria sin necesidad de aceptación. En la práctica se ven los casos de prometer vender los objetos exhibidos por un precio determinado que el comprador puede obligar al vendedor a que los entregue a ese precio; mas en el caso del texto estudiado, tenemos el principio con mayores consecuencias: Los títulos-valores conteniendo promesas o reconocimientos unilaterales, se hacen obligatorias sin la aceptación o voluntad del otro contratante. Esta promesa o reconocimiento no afecta al contenido del documento, aunque esto se menciona. Este artículo, del cual no conocemos su origen, tiene por base la teoría unilateral del emisor, desligado de la relación que 13 Joaquín Rodríguez Rodríguez. Der. Merc. T. I., p

19 pueda existir con el primer tomador y los subsiguientes tomadores del documento; tiene vida autónoma con la creación que le da valor de obligación aun sin aceptación de la otra parte; pero existe el derecho tácito, de esa aceptación con el hecho de exigir su cumplimiento. Aquí también aparece la literalidad del título-valor obligando al deudor a lo que se consigna, sin comprender convenciones distintas, convención entre deudor y acreedor diferente (Arto. 19). Téngase presente que lo prescrito en este artículo no reza con el endoso (Arto. 63) donde esa promesa no puede estipularse y si se establece, no tiene valor, de manera que la promesa o reconocimiento de una obligación, debe referirse a la operación y creación del documento. El Arto. 190 LGTV, estatuye que la estipulación de intereses en un cheque se reputa no escrita. También hay otras prohibiciones que deben prevalecer por referirse a disposiciones especiales, como por ejemplo la del Arto. 202 de ese mismo cuerpo de leyes. Por último, oigamos a Van Ryn 14 cuando dice que «el deudor de prestaciones a las que el título da derecho es aquel que las ha firmado; su compromiso resulta del solo hecho de este acto de voluntad, exteriorizado y atestado por la firma puesta sobre el documento. No se trata pues de ningún contrato y es en vano buscar aquí un concurso de voluntades que siempre falta. En la página 296, dice ese mismo autor: «No es indispensable que el beneficiario tenga conocimiento de la suscripción para que el deudor sea definitivamente ligado. Basta que este último, no pueda, de hecho volverse de su decisión; si el deudor muere entre el momento en que ha expedido el título de beneficiario y éste lo recibe, el compromiso liga a los herederos. No es necesario que el derecho sea invocado por la persona que, en la intención del deudor, debía de ser el beneficiario, si esta intención no resulta del título mismo». Arto. 6 Sin perjuicio de lo que la ley establezca en particular para los diversos títulos-valores, estos en general deberán expresar: 1. El nombre del título de que se trata. 2. La promesa o reconocimiento unilateral del suscriptor. 3. Las prestaciones y derechos que el título confiera. 4. El lugar de cumplimiento o ejercicio de tales prestaciones o derechos. 5. La fecha y lugar de emisión. 6. La firma de quien lo emite, o de la persona que lo haga en su representación. 7. La indicación de si el título es nominativo, a la orden o al portador. Si no se mencionare el lugar del cumplimiento se tendrá como tal el lugar de la emisión. A falta de indicación expresa del lugar de emisión se considerará como tal el lugar indicado junto al nombre del suscriptor, y si no se indicare, el del domicilio de éste. Si hubiere señalado varios lugares de cumplimiento o el creador del título tuviere varios domicilios, el tenedor tendrá el derecho de elección. 14 Van Ryn. Droit Comm. T. II, p

20 Comentarios: Los títulos-valores deben contener la serie de requisitos enumerados en el texto; pero no se crea que la omisión de uno o varios de ellos acarrea ipso facto la nulidad del título, pues el mismo precepto se encarga de resolver la forma de corregir la omisión y como bien dice el artículo, estas exigencias son sin perjuicio de lo que la ley establezca en particular. Principia el artículo por prescribir que los títulos deben expresar el nombre del título (por esta letra de cambio; por este pagaré, etc.). La confianza requerida en los negocios mercantiles y la buscada por los que intervienen en esas operaciones han llegado a exigir el nombre de los títulos-valores reglamentados por la ley y para evitar dudas en la intención de comprometerse, la ley exige este formulismo como para indicar que nace una obligación con determinadas consecuencias. Llega el formulismo a rechazar el documento donde requiere el nombre, si éste aparece al margen o al pie del título-valor. Entre los requisitos especiales en el arto. 108 LGTV para la existencia de la letra de cambio encontramos: La denominación de la letra de cambio, inserta en el texto mismo del título y expresada en el idioma empleado en la redacción de dicho título. Esta idea la aprobó la Convención de Ginebra. En el Arto. 175 de la LGTV, hallamos el precepto que ordena que el pagaré debe contener la denominación de pagaré a la orden escrita en el texto mismo y expresada en el idioma empleado en la redacción del título; pero en el cheque no existe esta prescripción, como lo comprobamos con lo dispuesto, como requisitos especiales que el cheque debe contener, donde se omite el nombre que el texto comentado exige; mas como éste expresa que la regla señalada por él, es sin perjuicio de lo establecido en particular para los varios títulos-valores, colegimos, que únicamente la letra de cambio y el pagaré a la orden, requieren el nombre del título. Al hablar de estos títulos-valores que exigen contener sus respectivos nombres trataremos más este punto. La promesa o reconocimiento unilateral del suscrito, dice el numeral segundo del Arto. 6 de la LGTV. Como dejamos ya dicho, el títulovalor es un documento que lleva incorporado un derecho, y este derecho es la promesa o reconocimiento unilateral del suscriptor de pagar una suma determinada de dinero; es indispensable, por consiguiente cumplir con este requisito para que con el título-valor pueda reclamarlos, ejerciendo, en su caso, la acción correspondiente y obtener el cumplimiento de la promesa o del reconocimiento del derecho consignado. Los Artos. 108, 185 y 175 de la LGTV preceptúan iguales exigencias para las letras de cambio, cheques y pagarés. Nótese que la ley pide que este reconocimiento debe ser unilateral, esto es por declaración del suscriptor sin intervención de acreedores o tomador alguno, para darle así, la autonomía que requiere el título-valor. Naturalmente que no todo título-valor requiere esta condición, porque existen algunos como las acciones de obligaciones que la ley llama «debentures», donde no se exige. 20

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