Juzgado Décimo Segundo Civil de Cuantía Menor

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3 Juzgado Décimo Segundo Civil de Cuantía Menor Juez Enrique de Jesús Durán Sánchez. Sentencia pronunciada en juicio ejecutivo mercantil, en la que la actora acreditó parcialmente la acción cambiaria directa. SUMARIOS: PAGARÉ ENTRE COMERCIANTES. NO ES VÁLIDO ATEN- DER A LAS TASAS DE INTERÉS FIJADAS EN EL SISTEMA BANCARIO, COMO UNA ESTIPULACIÓN EXCESIVA O DESPROPORCIONAL QUE ES- TABLECE UNA VENTAJA PATRIMONIAL A FAVOR DEL ACREEDOR. El artículo 78 del Código de Comercio recoge el principio sobre el ejercicio de la libertad contractual, que en el tema del pacto de intereses se relaciona con el 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y que en concordancia con el numeral 362 de la ley mercantil, robustece el juicio que el pacto de intereses, en caso de incumplimiento de la deuda en el basal, es válido preliminarmente y sirve para fijar los intereses moratorios en caso de un impago, en el ámbito mercantil general. Por tanto, no es en derecho válido, atender a las tasas de interés fijadas en el sistema bancario, como una estipulación excesiva o desproporcional que establece una ventaja patrimonial a favor del acreedor, dado que la operación objeto de litis deviene de un título de crédito, pagaré, nacido de la relación de los comerciantes y no a propósito de una operación perteneciente al sistema financiero, en el ámbito bancario. PAGARÉ. REDUCCIÓN DEL INTERÉS CONVENIDO POR USURERO. Cuando el interés pactado en el pagaré litigioso es desproporcionado por elevado, usurero, frente al interés legal previsto, permitido y protector como una

4 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal forma de explotación del hombre por el hombre o simple esclavitud económica, establecido en el artículo 362 del Código de Comercio, en alcance al artículo 21, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 1 y 133 de la Constitución Federal, desde el punto de vista objetivo y en relación a prohibir en ley la usura, quien la sufre tiene derecho a ser protegido en contra de esa estipulación, por extensión de los principios de tutela judicial efectiva, universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad en torno a los derechos humanos. En el plano subjetivo, con respecto al principio de buena fe en los contratos y al justo equilibrio jurídico de los derechos y obligaciones de los contratantes frente a ley, que evidentemente no controla la suscripción del pagaré, pero sí el del interés usurario ahí fijado y que es manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso a la luz del artículo 362 del Código de Comercio, al no ser una operación similar a la bancaria, precepto legal que no sólo se ocupa del defecto del interés no pactado, sino a fin de hacer efectiva la protección de la persona, y basado en la presunción de que el deudor se halla en una situación de inferioridad, dada la condición angustiosa, su inexperiencia, su condición económica precaria o simple necesidad de ese momento, con respecto del acreedor, quien presupone que en ese momento contaba ineludiblemente con una mejor capacidad de negociación, nivel de información y condición económica frente a su contratante, lo que conllevó a un estado de desequilibrio jurídico de los derechos y obligaciones ahí establecidos, puesto que el deudor sólo se adhirió a las condiciones fijadas de antemano por el acreedor, sin poder influir en su contenido. En la ciudad de México, Distrito Federal, del mes de del año dos mil, el C. Juez Décimo Segundo Civil de Cuantía Menor, procede a dictar sentencia definitiva, en los autos del juicio, promovido por, en contra de, expediente número ; y RESULTANDO: 1. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y recibido en este H. Materia Mercantil 8

5 Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones Juzgado el, la parte actora, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa del C el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones: A) B) C) D) Prestaciones que reclamó al tenor de los hechos y consideraciones de derecho que hizo valer en su escrito inicial de demanda y que aquí se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. 2. Una vez desahogada la prevención de fecha de de dos mil, se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta por auto del de de dos mil, teniendo dicho proveído efectos de mandamiento en forma, mandándose requerir de pago, embargar y emplazar al demandado de conformidad con los artículos 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396,1399 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, mandamiento judicial que se le dio cumplimiento en diligencia de fecha de de dos mil catorce, por el licenciado en la cual el demandado fue debidamente requerido de pago, embargado y emplazado para que en el término de ocho días, concurrieran al juzgado para que hiciera el pago u opusiera las excepciones que para ello tuviera, en términos de lo dispuesto por el artículo 1403 del Código de Comercio, en relación con los artículos 1, 5 y 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 3. Mediante auto de fecha de del dos mil, se desprende que el demandado, no dio contestación en tiempo y forma a la demanda incoada en su contra, en el término concedido para ello, razón por la cual se le tuvo por acusada la rebeldía y por precluido su derecho para ofrecer pruebas de su parte, en términos de los artículos 1078 y 1079 del Código de Comercio. 4. Por auto de fecha de del dos mil, se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte demandante, única oferente, y desahogadas que fueron en audiencia de ley celebrada en fecha de de 9 Materia Mercantil

6 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dos mil, así como seguido el juicio por todos sus trámites y etapas procesales, mediante proveído de fecha veintidós de mayo del año en curso y con fundamento en el artículo 1407 del Código de Comercio, se citó a las partes en contienda para oír resolución definitiva, la que se pronuncia al tenor de los siguientes CONSIDERANDOS: I. Este juzgado es competente para conocer del presente juicio, atento a lo dispuesto por los artículos 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1090, 1091, 1092, 1104, 1391, fracción IV y demás relativos del Código de Comercio, en concordancia con el 71, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. II. En virtud de que toda sentencia definitiva debe ser emitida con estricto apego a Ley, a la jurisprudencia y a los principios generales de Derecho, como son la equidad y el bien común, en busca de la verdad histórica de los hechos controvertidos, atento a lo que disponen los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de la Ley de Amparo, se determina lo siguiente: III. La vía ejecutiva mercantil con la que se siguió el presente juicio es la idónea, toda vez que la misma se encuentra fundada en un documento que trae aparejada ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio, y por ende, resulta ser el conducto procesal propicio para que pueda obtenerse la satisfacción del mismo en plenitud de jurisdicción, siendo el pagaré basal, el elemento adecuado para ejercitar la vía que nos ocupa, aunado al hecho de que el documento fundatorio no se encuentran en ninguno de los supuestos prevenidos en el artículo 165 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al haberse suscrito el de de dos mil, pagadero el de de dos mil, y presentado judicialmente para su cobro el de de dos mil. IV. En cuanto hace a la acción cambiaria directa deducida, ésta se encuentra prevista en los artículos 150, fracción II, 151, 152, 154 y 167, adminiculados con los artículos 170, 174 y demás aplicables de la Ley Materia Mercantil 10

7 Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones General de Títulos y Operaciones de Crédito, aunado a lo anterior y al ser la legitimación activa en la causa, una condición necesaria para la procedencia de la acción, misma que sólo puede analizarse de oficio al momento de dictar sentencia definitiva, resulta procedente realizar su estudio respectivo; ahora, al ser la parte actora, la beneficiaria del pagaré exhibido como base de la acción, debe decirse que la misma se encuentra debidamente legitimada en la causa, teniendo por tanto la capacidad legal para ejercer el derecho que literalmente le corresponde de conformidad con lo previsto en los artículos 1 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, lo cual efectuó en el presente juicio a través de sus endosatarios en procuración, quienes cuentan con la legitimación en el proceso de conformidad con el endoso que les fue otorgado en términos del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que obra adherido al documento base de la acción; asimismo, dicho documento contiene una firma que de acuerdo a la literalidad del pagaré, dice corresponder al C., quien en todo caso resulta tener la obligación de responder del derecho incorporado en el citado documento, encontrándose acreditada la legitimación pasiva ad causam, ello en apoyo con el siguiente criterio jurisprudencial bajo el rubro: Legitimación activa en la causa. Es una condición necesaria para la procedencia de la acción y sólo puede analizarse de oficio por el juzgador al momento de dictar sentencia. La legitimación activa en la causa no es un presupuesto procesal sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia de la acción, y consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, por lo que el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, de tal manera que la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por ende, es evidente que sólo puede analizarse de oficio por el juzgador en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva y no antes. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLE- GIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 155/2002. Gracia María Martinelli Pincione. 22 de abril de Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 11 Materia Mercantil

8 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Amparo directo 122/2005. Salvador García Durán y otra. 10 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sandoval López. Secretaria: Angélica Rivera Chávez. Amparo directo 339/2006. Héctor Ramón Caballe Rodríguez y otra. 15 de junio de Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: Rocío Itzel Valdez Contreras. Amparo directo 132/2007. Servicios Integrales de Asesoría al Autotransporte y Logística Comercializadora Especializada, S.A. de C.V. 26 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretaria: Isabel Rosas Oceguera. Amparo directo 776/2007. Recuperfín Comercial, S. de R. L. de C. V., hoy su cesionaria Farezco II, S. de R.L. de C.V. 12 de febrero de Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Leticia Jarillo Gama. En este contexto y en cumplimiento a lo contenido en los artículos 1194 a 1196 del código de la materia, se procede al estudio y valoración de las pruebas aportadas por la parte actora, iniciando con la documental privada, relativa al documento base de la acción, probanza que surte valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio, misma que, al no que al no haber sido objetado por el enjuiciado, al constituirse en rebeldía, surte sus efectos como si hubiera sido reconocido expresamente, probanza que, se concluye, favorece parcialmente a los intereses de la parte actora tomando en consideración que con la misma se demuestra que el pagaré básico cumple con todos y cada uno de los requisitos y menciones contenidas en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, luego entonces, se trata de un título ejecutivo que trae aparejada ejecución y, por tanto, resulta ser prueba preconstituida de la acción cambiaria directa que se ejercita, documental con la que se acredita que el pagaré basal fue suscrito el de de dos mil, por el C., a favor de, por la cantidad de $, importe que se cubriría el de de dos mil. Demostrándose, con dicho documento, que las partes convinieron que desde la fecha de vencimiento de este documento hasta su día de liquidación, causará intereses moratorios al tipo del 14% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal. Materia Mercantil 12

9 Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones En tales circunstancias, debemos precisar que con el citado pagaré se acreditaron, además, plenamente los siguientes extremos: a) la acción cambiaria directa existente entre las partes, derivada de la suscripción del pagaré litigioso expedido el de de dos mil, por el C., a favor de la parte actora, por la cantidad de $, importe que resulta ser cierto, líquido y exigible; b) la facultad que asiste a su oferente, como titular del basal, para exigir su pago en esta vía y la correlativa obligación del suscriptor de realizarlo, correspondiéndole al demandado acreditar el cumplimiento de sus obligaciones convenidas así como, en su caso, la satisfacción del importe total del adeudo, situación de incumplimiento que motivó a la parte actora, a reclamar el pago adeudado mediante la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa, al no haber transcurrido los tres años previstos por el artículo 165 de la Ley de General de Títulos y Operaciones de Crédito, razones por las que es de tenerse a la documental en comento como prueba preconstituida de la acción que se intenta. Sirve de apoyo al anterior razonamiento el criterio jurisprudencial que a la letra se transcribe: Títulos ejecutivos. Son prueba preconstituida. Los documentos a los que la ley concede el carácter de títulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción. TERCERA SALA. Quinta Época: Tomo XXXII, pág Amparo civil directo 2002/30, 3a. Sec. Cuevas Rodolfo. 10 de julio de Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XXXIX, pág Recurso de súplica 191/32. Rodríguez Manuel. 7 de octubre de Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XL, pág Recurso de súplica 265/33, Sec. Acdos. Rovalo Fernández Luis. 12 de marzo de Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XLI, pág Recurso de súplica 17/34, Sec. Acdos. Carreón de Barona Edelmira. 7 de junio de Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XLI, pág Recurso de súplica 169/33, Sec. Acdos. Ingenio Santa Fe, S. A. 4 de julio de Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Nota: La tesis 811 publicada en la página 1490 del Apéndice al Tomo LXIV, correspondiente a la Materia Mercantil

10 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de la materia, es más explícita, pues aporta mayores elementos jurídicos, según se advierte de su texto. Los datos que se señalan para los Apéndices a los Tomos L y LXIV (Quinta Época) corresponden a las Partes Tercera y Cuarta, respectivamente, Sección Civil. Véase: Apéndice , tomo IV, Primera Parte, tesis 398, pág Época: Quinta Época. Registro: Instancia: Tercera Sala. Tipo tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de Localización: Ap Materia(s): Civil. Tesis: Pág [J]; 5a. Época; 3a. Sala; Ap. 1988; Parte II; Pág Sin que pase inadvertido al suscrito que la expedición del documento básico implique una trasgresión al derecho humano a la igualdad contendido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que resulta ser un documento que tiene por objeto facilitar el crédito y al tiempo crear confianza al acreedor de que ese crédito le será devuelto, ya sea por su obligado principal, como por sus avalados en su caso, lo que infiere lógicamente la obligación del demandado de acreditar que dicho título de crédito se encuentra pagado, atento a lo prevenido en el artículo 1194 del Código de Comercio. Sirve de fundamento al anterior silogismo el criterio jurisprudencial que se cita textualmente: Títulos de crédito. Su carácter privilegiado de prueba preconstituida no vulnera el derecho humano a la igualdad. Los títulos de crédito, a diferencia de otros documentos de carácter privado, tienen aparejada ejecución en una vía que resulta privilegiada como lo es la ejecutiva, sin que ello implique una transgresión al derecho humano a la igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la diferencia entre otorgar el carácter de prueba preconstituida a un título de crédito y no hacerlo con otro documento de carácter privado, tiene una razón de ser objetiva y razonable, esto es, facilitar el crédito, lo cual debe privilegiarse, pues es inconcebible un sistema económico sin el crédito suficiente para dar movimiento al capital en que está sostenido; así, el hecho de que ese crédito provenga de instituciones crediticias o de particulares, a través de los títulos de crédito, otorga confianza al acreedor de que el crédito le será devuelto, pues dichos títulos son excelentes medios de obtención, instrumentación, garantía y pago de un préstamo, en tanto que su sola existencia es su- Materia Mercantil 14

11 Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones ficiente para comprobar a favor de su legítimo titular, la existencia de los derechos que el título le confiere, pues conlleva una confesión por adelantado que hace el deudor de que debe a su acreedor la cantidad consignada en el documento; sin que dicha circunstancia implique que la posibilidad de defensa del demandado sea nula, pues se parte de la lógica de que si el título de crédito ya se pagó, éste ya no debe existir por haberse destruido, debe dejar de surtir efectos por contener la leyenda de que está pagado o encontrarse en poder de la persona que lo suscribió y pagó; es por ello que para demostrar el adeudo contenido en él, basta mostrarlo al juez en una fecha posterior a su vencimiento, pues si el vencido no está en poder del deudor, prueba que no cumplió con su obligación de pago, circunstancia que puede desencadenar la maquinaria diseñada especialmente para garantizar no sólo que la deuda será pagada a la brevedad, sino también la eficacia de los títulos de crédito. Además, en este sistema no se exenta al actor de la carga de la prueba, por el contrario, dicha carga consiste en acreditar la existencia del propio título, cuya presentación no implica que la prueba sea incontrovertible, pues en el juicio ejecutivo, el demandado puede oponer defensas y excepciones, ofrecer pruebas y formular alegatos. Primera Sala. Amparo directo en revisión 990/2013. Armando Óscar Corral Bustos. 15 de mayo de Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1; Pág CCXXXVIII/2013 (10a.) Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época. Pág Tesis Aislada (Constitucional). Con la instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto legal y humano, las que se valoran de conformidad con los artículos 1294, 1305 y 1306 del Código de Comercio, mismas que favorecen parcialmente a los intereses de la parte accionante, pues con ellas se puede advertir que, efectivamente, el demandado se obligó en los términos literales que se consigna en el título de crédito litigioso en lo relativo a la deuda principal; además, que de dicho pagaré no fue impugnada de falsa la firma que lo calza o redargüido de falso por el enjuiciado, lo cual genera certeza de que el mismo fue suscrito de puño y letra por el demandado, lo que se robustece con el dicho del 15 Materia Mercantil

12 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reo al tenérsele por confeso de los hechos de la demanda, en términos del artículo 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil, y como consta en proveído de fecha ; por ende, el cumplimiento o pago de las obligaciones pecuniarias en lo principal deducidas en el pagaré basal es una carga que corresponde acreditar en juicio al hoy demandado, por no imponer la ley la obligación a la actora de acreditar el incumplimiento de su contraria al resultar un hecho negativo. Sirve de fundamento a lo anterior la tesis que enseguida se anota: Pago o cumplimiento, carga de la prueba. El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo directo 58/96. Alicia Mercedes Bonilla Morales y otro. 28 de febrero de Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Hilda Tame Flores. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, , Tomo IV, tesis 305, página 205. Época: Novena Época. Registro: Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Localización: Tomo III, marzo de Materia(s): Común. Tesis: VI.2o.28 K. Pág [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, marzo de 1996; Pág IUS Asimismo, por lo que hace a las pruebas pericial en materia de caligrafía, dactiloscopía y grafoscopía, así como la confesional a cargo del demandado, debe decirse que las mismas no favorecen a los intereses de la oferente, en atención a que mediante proveído de fecha de dos mil, se tuvo a la parte actora bajo su entero perjuicio y por convenir a sus intereses por desistido de dichas probanzas. Enseguida se procede al estudio ex officio del interés moratorio pactado por las partes en el pagaré basal. Primeramente, a juicio del suscrito, si bien es cierto que en fecha de de dos mil, se decretó la rebeldía en que incurrió el demandado en el presente juicio, este juzgador ha sostenido en diversos fallos, ser que es de la convicción, que la rebeldía es un estado procesal Materia Mercantil 16

13 Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones que recae sobre aquel contendiente, que en un procedimiento judicial, no satisface en tiempo y forma un acto procesal que la ley en su parte adjetiva le impone, tal es el caso, al no haber contestado la demanda incoada en su contra en el tiempo y forma prevenida por la ley. En abundancia, el vocablo rebeldía entraña en su significado en derecho, según el Diccionario de la Lengua Española, Der. Estado procesal de quien, siendo parte en un juicio, no acude al llamamiento que formalmente le hace el juez o deja incumplidas las intimaciones de este. Loc. adv. Der. En situación jurídica de rebelde. 1 Tenemos que ambas partes o una de ella pueden quedar inactivas durante el curso del proceso; pero cabe distinguir diversos grados de inactividad. El demandado puede abstenerse de cualquier actividad procesal; el actor desde la actividad inicial (citación) puede abstenerse de cualquier actividad posterior; en estos casos, se trata de rebeldía. Ahora bien, si el demandado legalmente citado no ha comparecido o según, sea el caso, no ha presentado procurador o no lo ha hecho legalmente, a instancia del actor debidamente personado declárese rebelde (artículo 380). Desde la declaración de rebeldía el pleito se rige por las normas del procedimiento en rebeldía. 2 Entraña la declaración de la pérdida del ejercicio del derecho de que se trata, en el desarrollo del proceso, a fin de poder impulsar el procedimiento hacia la sentencia. 3 En un sano entendimiento, en la ley mercantil, en su extremo procesal, la rebeldía entraña una forma de obtener el impulso procesal, ya sea por la incomparecencia del demandado en un momento dado, o bien, por el abandono del accionante, que pretende en todo caso que no se paralice el procedimiento, autorizando la ley se continúe el mismo hasta llegar al dictado de la sentencia; mas la rebeldía no reviste una forma de extinción de los derechos y libertades protegidos en el texto constitucional u orden internacional, del derecho de los tratados. 4 1 Diccionario de la lengua española (DRAE). La edición actual la 22.ª, publicada en Visible una versión en: 2 Giuseppe Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, t. II, México, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 2004, pp. 209 y Enciclopedia jurídica electrónica Omeba, 2012, Apartado 4, Derecho privado, p Enrique de Jesús Durán Sánchez PHD, Universidad de Zaragoza, España. Lo referente a la postura en el tema de rebeldía, teoría del desequilibrio jurídico de los derechos y obligaciones 17 Materia Mercantil

14 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Por tanto, una vez que se han concluido los plazos fijados en la ley adjetiva a las partes, a los efectos de satisfacer determinado acto procesal, el juicio necesariamente seguirá su curso y se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, salvo en los casos en que la ley dispone cosa diversa. En otras palabras, será la contestación de la demanda prima facie, el medio en que el reo hace valer su garantía de audiencia, consagrada en el artículo 8 de la Carta Magna. En lo particular, en tratándose del juicio ejecutivo mercantil, el artículo 1399 del Código de Comercio, establece que dentro de los ochos días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, o en su caso, y al emplazamiento, el demandado contestará la demanda (sic) y en el artículo 1401 del propio ordenamiento en cita se estatuye en su párrafo tercero que (sic) desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas (sic), es decir, se habla de una rebeldía procesal, que para su formalización requiere de una declaración judicial, misma que derivada de un impedimento que, en este caso el demandado haya tenido para comparecer oportunamente al juicio, por una fuerza mayor no interrumpida, a propósito de la revisión escrupulosa del emplazamiento a juicio y una vez transcurrido efectivamente el plazo que se le haya concedido para contestar la demanda, y sin que dicho enjuiciado se hubiere manifestado en autos precisamente por medio de su contestación. Con lo anterior, existe convicción para concluir que la ley mercantil regula la rebeldía procesal, más no la extinción de los derechos sustantivos, individuales y humanos de las partes en una contienda judicial, ya que siempre están vigentes, se ejerciten o no, de forma directa o indirecta, por ser intrínsecos a todo ser humano, incluso como partes en un juicio, por tanto, de obligatoriedad su protección a los entes del Estado, no por una cuestión de preservación de las obligaciones dentro del derecho internacional, más bien, por un orden de respeto a los bienes jurídicos y libertades reconocidos en la Convención Americana sobre de los contratantes frente a la ley y la usura derivada de contratos civiles y mercantiles en el ámbito de los derechos humanos forma parte de diversos estudios e investigaciones, auspiciados en el programa de doctorado correspondiente efectuados en la Universidad de Zaragoza, España. Materia Mercantil 18

15 Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, en reiteración del artículo 1, numeral 1 del citado ordenamiento, en donde se impone la obligación colateral de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a la jurisdicción de los Estados firmantes, y sin distinción alguna. A la letra se transcribe: PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS CAPÍTULO I - ENUMERACIÓN DE DEBERES Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. De ahí, que si del texto constitucional, en lo particular, los artículos 1, 14, 16, 17, 29, 94, 103, 104, 107 y 133, que a continuación se transcribirán en lo que nos ocupa, no imponen limitación o prohibición al ejercicio de los derechos humanos de las personas, a un determinado tiempo, plazo o término estatuido en una ley inferior que regula el procedimiento adjetivo, ello entraña al Juez, la responsabilidad de protegerlos, aún en la secuela procesal del rebelde, se hayan ejercitado o no por los interesados, pues el interés superior del ser humano, es sumo al estado de rebeldía, por ser una cuestión de ética estatal u obligación internacional, en último caso, al constituir, y que es lo que interesa al derecho, la materia de protección de bienes jurídicos y libertades inherentes a toda persona. Por tanto, el estado de rebeldía en juicio no constituye una forma de suspensión, prohibición, limitación o restricción al ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia 19 Materia Mercantil

16 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos, por señalar los que preserva el texto constitucional; en cuyos casos, se estatuye que esa restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por la Constitución Federal y sólo bajo los procedimientos y casos que ella misma establece. De ahí, que a juicio del suscrito la protección de los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos al igual que las constitucionales, queda fuera, por supremacía, del estado de rebeldía procesal, ya que en tratándose de esos derechos y libertades, el estudio y preservación, es siempre obligatorio a la autoridad resolutora de toda contienda judicial, esté o no presente el rebelde en el juicio. A continuación se transcriben los preceptos constitucionales señalados: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Materia Mercantil 20

17 Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 21 Materia Mercantil

18 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Materia Mercantil 22

19 Dirección de Anales de Jurisprudencia y Publicaciones Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. 23 Materia Mercantil

20 Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo Materia Mercantil 24

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