1.10. Regulación de los títulos de crédito y de los medios de pago vinculados con la circulación internacional del dinero

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1 SANTOS BELANDRO R B - Regulación de los títulos dos de crédito y de as medios de pago vine vinculados con la circulación internacional del dinero.- Rev. AEU, 80, (N8 l Extr.): , Regulación de los títulos de crédito y de los medios de pago vinculados con la circulación internacional del dinero por el Esc. Rubén B. Santos Belandro (*) Sumario Introducción. I. Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas. Locus régit actum: un principio y sus limitaciones. Historia de la Convención. Elección de un método de regulación. Ámbito de aplicación: En razón de las personas. En razón de la materia. En razón del ámbito geográfico. Características de la letra de cambio: 1.literalidad; 2. carácter abstracto; 3. autonomía de los sucesivos actos cambiarlos. Panorama a nivel de las Convenciones multilaterales regionales. Panorama europeo. 1a Regla de conflicto: la regla locus acotada por leyes validantes. I. La capacidad cambiaría. Dos concepciones enfrentadas en materia de capacidad: 1. La concepción continental-europea y latinoamericana. 2. La concepción angloamericana. 3. Antecedentes en la región. Prevalência de la regla locus en materia de capacidad en casos como el de Lizardi. Las soluciones favor negotii. Cambio de la ley aplicable. II. Forma de los actos cambiarios. Dificultad especial para distinguir el fondo de la forma, en la letra de cambio. Cuáles elementos son de forma y cuáles de fondo en los títulos valores?. III. El fondo en los actos cambiarios. 2a Regla de conflicto: la ley del lugar de pago o la de emisión para regular a la letra de cambio en caso de omisión en mencionar el lugar de suscripción. La ley del lugar de pago para regular los casos de hurto, robo, falsedad, extravío, destrucción o inutilización material del documento. 3a Regla de conflicto: conflicto de jurisdicciones: el juez del lugar de pago o el juez del domicilio del deudor. Excepción de orden público internacional. II. Convenciones Interamericanas sobre conflicto de leyes en materia de cheques. Persistencia de un enfoque similar. Primera Convención: Conflicto de leyes o derecho uniforme? La ley del lugar de pago amplía su radio de acción. 1a Regla de conflicto: se declara la aplicabilidad de todas las normas contenidas en la Convención sobre letras. 2a regla de conflicto: la ley del lugar de pago amplía su radio de acción. Segunda Convención: Dos posiciones enfrentadas: 1. El cheque como instrumento de pago. 2. El cheque regulado a través de la tutela de su tenedor. 3. Posición asumida por la Convención. 1a Regla de conflicto: reconocimiento expreso del principio locus para regular a la capacidad, la forma y el fondo del cheque. 2a Regla de conflicto: la ley del lugar de pago amplía aún más su ámbito de aplicación. Introducción 1.- Cada vez con más frecuencia y debido al aumento del comercio internacional favorecido por los procesos de integración económica que aparecen sin cesar en todas las regiones del globo, el notario se encuentra enfrentado al análisis y a la valoración jurídica de los títulos valores de circulacióninternacional.enesa tarea-dedecidir sobre la posibilidad de recibir o no como medio de pago de un precio contractual a un cheque emitido en un país extranjero o la de diagnosticar la regularidad de una letra de cambio expedida en iguales condiciones- nuestro profesional se encuentrarespaldadoportresconvencionesinteramericanas que han contado con un importante número de ratificaciones. Y que por lo tanto, han pasado a constituir un texto de aplicación uniforme a una gran parte del continente, entre ellos el nuestro. Por ese motivo, y teniendo en cuéntalas características ya mencionadas del movimiento comercial internacional de hay día, el conocimiento de estos textos se presenta como algo ineludible para el buen desempeño profesional. (*) P f r de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República.

2 148 REVISTADE LA A.E.U.-T. 80 (Ns 1 Extr.), Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas Locus régit actum: un principio y sus atenuaciones. 2.- Entendida como un acto solemne mediante el cual una persona -girante o librador- se compromete a hacer pagar por un tercero o en su defecto a pagar él mismo una suma de dinero, la letra de cambio ha tenido un desarrollo inusitado. En un principio sólo sirvió para ejecutar el contrato de cambio y evitar el traslado de fondos de un lugar a otro en un tiempo en que las comunicaciones eran difíciles y peligrosas y la variedad y la alteración de las monedas eran enormes. El carácter de título de crédito la ha convertido en uno de los más poderosos auxiliares de las transacciones internacionales. A través de las letras de cambio se opera gran parte de la circulación de la riqueza a nivel internacional y es por esta razón que ha sido objeto de un particular interés por el Derecho positivo y por la doctrina, con la finalidad de llegar a una regulación uniforme que brinde certeza y seguridad. No obstante estos esfuerzos, dicho título valor ha sido rebelde a su tratamiento desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado debido a que su particularidad consiste habitualmente en la conexión en forma sucesiva con más de un orden jurídico estatal. 3.- El primer texto convencional multilateral elaborado sobre la materia fue el Tratado para uniformizar las legislaciones mercantiles de las Repúblicas americanas en lo que se refiere al Derecho Internacional Privado, deláma de 187'8, que no entró en vigencia. Fue seguido por el Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo, de 1889, la Convención sobre la unificación del derecho relativo a las letras de cambio y pagarés a la orden, del 23 de julio de 1913, el Código Bustamante de 1928, la Convención de Ginebra portando una ley uniforme sobre las letras de cambio y pagarés a la orden, del 7 de junio de 1930, la Convención de Ginebra destinada a regular algunos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés a la orden, de igual fecha, el Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo, de 1940, la Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas, de 1975, una labor que ha culminado con la Convención de las Naciones Unidas sobre letras de cambio y pagarés internacionales, de 9 de diciembre de Como se puede apreciar, los textos han sido numerosos. Algunos han optado por regular en una forma sustantiva o directa el tema, a travé s de una ley uniforme anexada ala Convención o por medio de un derecho material contenido en ella. En cambio otros han preferido la utilización de reglas de conflicto para la elección de la ley aplicable así como para la determinación de la! jurisdicción competente. Cualquiera de las dos vías emprendidas tiene sus ventajas e inconve- ' nientes. La regulación directa por la propia Con- ' vención puede resultar insatisfactoria cuando la internacionalidad del título valor no surge desde el mismo momento de su creación. Una letra ' de cambio puede ser emitida contra un girado del f mismo Estado y su internacionalidad puede sur. ' gir mediante un endoso posterior o la constitución de un aval en otro Estado. En estos casos, resul-!í ta imposible que la letra de cambio respete, desde : su nacimiento, las disposiciones de una Con- 5 vención de derecho material uniforme creada 1! para los casos internacionales. ^ \ 5.- El método conflictual no deja tampoco de * tener sus reparos. Si bien puede ser utilizado, í tanto tenga la letra de cambio la calidad de inter- ' nacional ab initia, como son posterioridad, el ca- '' rácter sucesivo de los diferentes actos cambiarios provoca numerosas complicaciones de convi- ; vencia entre diferentes leyes aplicables de muy difícil solución. Para evitar algunas de dichas ; dificultades, desde la ley alemana del 27 de noviembre de 1848 se han ideado algunos criterios de favor que atenúan -en mayor o en menor medida- las dificultades de una localización muy estricta. Pero es en las últimas décadas donde se ha notado una proliferación de reglas de conflicto en nuestra materia y en las cuales se ha abandonado la neutralidad a fin de propiciar criterios de favor, ya sea en beneficio del acreedor de alimentos, del adoptado, del divorcio, del matrimonio, del hijo natural, de la validez de los títulos valores o de los testamentos. Estas reglas de conflicto materialmente orientadas se encuentran imbuidas a título expreso, de preocupaciones materiales que permiten tomar partido por una situación o una persona determinadas diluyéndose, de esta manera, la importancia de los puntos de conexión. Historia de la Convención. 6.- El 20 de diciembre de 1972, el Consejo Permanente de la O.E. A. aprobó un Proyecto de Temario de la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Internacional Privado (C.I.D.I.P.) a la que se había decidido convocar,

3 DOCTRINA con 1 1 temas. Uno de éstos estaba constituido por las 'letras de cambio, cheques y pagarés". Dicho Consejo designó como sede de la primer Conferencia a la ciudad de Panamá y fijó el 14 de enero de 1975 para su inauguración. En dicha Conferencia Especializada tomaron intervención todos los países de la O.E.A. con excepcióndebarbados,bohviayhaití. El temario de trabajo fue dividido en dos Comisiones, adjudicándose el de letras de cambio y de cheques ala Comisión I. El Presidente de esta Comisión fue el Dr. Alejandro Montiel Arguello, de Nicaragua, actuando como Vicepresidente el Dr. Gonzalo Parra Aranguren, de Venezuela, y como Relator Jorge niueca, de Panamá. La Conferencia finalizó el 30 de enero de 1975 con la aprobación de dos Resoluciones y seis Convenciones entre las cuales figura la presente. En la actualidad se encuentra ratificada por 14 Estados: Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Ha sido suscrita además por cuatro Estados: Bolivia, Brasil, Colombia y Nicaragua. Las fuentes de la mencionada Convención han sido: el proyecto elaborado por el Comité Jurídico Interamericano, el Título VI del Tratado àederecho Comercial Terrestre Internacional de. Montevideo, de 1940 y los Capítulos VI y VII del Código Bustamante. Elección de un método de regulación. 7.- La selección de una denominación adecuada para la Convención fue una de las cuestiones más debatidas. Sunomen inris actual aparece insatisfactoriamente estrecho en la medida en que no permite revelar el verdadero contenido del texto. En ese sentido, se cuestionó el hecho de que adoptando la denominación Convención Interamericana sobre conflicto de leyes... la Conferencia optaba en forma oficial por un método específico de Derecho Internacional Privado. Con el objetivo de evitar dicha impresión, se propuso la denomi-nación «Convención de Derecho Internacional Privado sobre..." pero la delegación de Brasil se opuso a la inclusión de *n numero 149 disposición de índole material, como podría ser el art. 30 del Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo, de 1940, que reglamenta el pago en moneda extranjera. La denominación fue -en definitiva- mantenida, no dejando traslucir el hecho de que además de los conflictos de leyes, la Convención Interamericana resuelve los conflictos de jurisdicciones en el art. 89 y que asimismo contiene algunas normas de carácter material. Si bien hoy el problema puede parecer excesivamente sobre dimensionado, resultó saludable ver que los delegados de los distintos Estados participantes compartían implícitamente, la posibilidad de un pluralismo metodológicoenelderecho Internacional Privado. Y esa visión pluralista en cuanto a los métodos de regulación, se ha visto luego corroborada al realizarse las subsiguientes Conferencias en las cuales se constata que él o los métodos se ponen al servicio de la realidad y no ésta al servicio de postulados dogmáticos intangibles e inmodificables. Ámbito de aplicación. 8.- En razón de las personas. No hay una determinación del ámbito de aplicación basada en las personas involucradas en la letra. No influye por tanto en su aplicación, ni la nacionalidad, ni el domicilio, ni la residencia habitual de los sujetos involucrados en la circulación del título afin de determinar laley aplicable. Aunque sí se tiene en cuenta el domicilio del demandado como base posible par a determinar lajurisdicción competente para el caso de litigio. 9.- En razón de la materia. La figura central regulada por la Convención es la letra de cambio. No obstante, el art. 9s hace extensivo el régimen a los pagaré s sin ninguna clase de condicionamientos. En cuanto a las facturas, sólo están comprendidas -según el art. 10- aquéllas que tengan el carácter de documentos negociables. Con tal motivo, los Estados Parte tienen la obligación de informar a la Secretaría General de la O.E.A. si de acuerdo a la legislación de cada uno de ellos, las facturas tienen o no, el carácter de negociables. El cheque fue seguidamente excluido con la intención de hacerlo objeto de una Convención específica En razón del ámbito geográfico. Del texto no surge si nos encontramos frente a una Convención con efectoserga omnes o interpartes. Elegir la primera vía tendría como consecuencia la aplicación de las leyes de los Estados de donde

4 150 REVISTADE LA A.E.U.-T. 80 (Nfi l Extr.), 1994 proviene la letra o por donde ésta hubiere circulado, sin mirar si dicho Estado es o no ratificante de la Convención. El segundo camino en cambio, sólo permitiría la aplicación del derecho de los Estados ratificantes en relación con los títulos valores que hubieren circulado entre sus territorios. No obstante, de la redacción de algunos artículos permite sugerir que se ha optado por el segundo camino. Por ejemplo, al referirse la Convención a la ley validante de la capacidad, se establece en el art. Is que debe ser la de un Estado Parte. Y el art. 89 en materia de jurisdicción introduce la misma precisión. De lo expuesto en consecuencia, nos permite concluir que la letra de cambio y los demás documentos incluidos en su régimen -como los pagarés y facturas negociables- deben haber nacido, circulado y extinguido entre los Estados ratificantes. Sus disposiciones no se aplicarán si la letra fue librada fuera del circuito de los Estados Parte, si circula fuera de los mismos o si debe ser pagada en un Estado que no ha ratificado a la Convención. De todos modos, la amplia aceptación con la que ha contado en la región al recoger 14 ratificaciones y 4 signaturas, nos habilita pensar que en definitiva ha colmado la aspiración de constituirse en una verdadera codificación regional. Características de la letra de cambio Dos grandes concepciones doctrinarias se enfrentan en el tratamiento jurídico déla letra de cambio. Por un lado, tenemos a la concepción francesa inspirada en Pothier que sostenía que la letra era un simple instrumento de cambio que aparecía como consecuencia del cambio mismo, pero no como papel negociable. Se tomaba a la letra como la representación exclusiva del contrato de cambio que requería que fuera de plaza a plaza, la necesidad de la provisión de fondos, la manifestación del valor entregado y la prohibición del endoso en blanco o la mención al portador. Está concepción parte de un enfoque unitario en cuanto pretende ver un lazo orgánico entre todos los compromisos nacidos de un mismo título sometiéndolos todos a una única ley. Se impone entonces, la búsqueda de la ley apropiada para regular al título teniendo un cuenta que al ser consideradas las distintas obligaciones como interdependientes, formarían un complejo el cual debería estar sujeto a un único régimen. Cada suscripción tendría el cometido de robustecer al compromiso principal garantizando su pago. La falta de autonomía de cada suscripción tendría por objetivo reforzar los derechos de los portadores sucesivos con la finalidad de no despedazar al título en diversos fragmentos, cada uno sometido a una ley distinta, lo que podrá generar riesgos de incoherencia. La tesis desarrollada que reconoce la aplicación de una única ley a todo el périplo circulatorio de la letra de cambio ha sido sostenida con vigor por el profesor Richard Chemaly en el curso de la Academia de La Haya, en 1989, quien propuso, la aplicación de la ley del lugar de pago como la más apta para regular el título valor en cuestión No obstante, el Derecho positivo convencional del continente ha caminado por la vía contraria, al adherirse especialmente ala concepción alemana. Esta concepción se debe a la influencia de Einert quien en 1839 publicó la obra El derecho de cambio según las necesidades del siglo XIX, la que tuvo una gran influencia en su país y que llevó a que Alemania aprobara el 24 de noviembre de 1848 una Ordenanza que recogía sus principios. Para Einert, la letra es el papel moneda de los comerciales, ella no representa únicamente al contrato de cambio sino que es un papel negociable que llena las funciones de la moneda y cuyos caracteres deben responder a su naturaleza. Por lo tanto, la letra podría emitirse para la misma o para una plaza distinta, la provisión de fondos y la manifestación del valor entregado no vale respecto de ésta, el endoso en blanco se considera legítimo y la transmisión podía realizarse aún luego del protesto. La letra de cambio por lo tanto, sólo expresaría el compromiso contraído por el librador hacia el público de pagar su importe o retirarla de circulación. Este compromiso acuerda a cualquier tenedor la certidumbre de que su derecho no se verá perturbado por pretensiones resultantes de la relaciones que existan entre los tenedores anteriores. La letra es independiente de su causa, el título sería el mismo siempre, cualquiera que fuere la causa ya que en todos los casos expresa el compromiso que hemos citado anteriormente En la concepción francesa -en virtud del contrato celebrado entre el librador y el tomadoréste último vendría a ser respecto de su crédito contra el girado, su cesionario. El endoso constituiría una verdadera cesión. En cambio en la concepción alemana, al portador de una letra no se le pueden oponer las excepciones de que son pasibles de responsabilidad los endosantes precedentes. La letra de cambio nunca expresaríala convención entre el librador y el girado. Dicha

5 DOCTRINA convención le es extraña a los sucesivos endosantes. Por lo tanto el título es independiente y cada endoso se lo considera como un nuevo giro por lo que no es necesario que el endosatario suministre al endosante el valor de la letra, lo cual conduce a la autonomía de los diferentes actos cambiarios. Inclinarse por esta segunda concepción lleva a consagrar la regla locus régit actum que tiene la ventaja de proporcionar comodidad a las partes. En el plano internacional, esta situación provoca que se aplique a cada acto cambiario la ley del país en que se otorgó y que sea difícil de armonizar con las leyes aplicadas para regular a los demás actos, tanto anteriores como posteriores. Esta situación produce graves conflictos. Este problema -debido a la aplicación de un régimen normativo puramente localizador sólo podría verse superado -en ausencia de una regulación material íntegra del título- mediante la recepción de un criterio de favor hacia la circulación de la letra y de reconocimiento de su validez más allá de los defectos formales o de fondo que ella pudiera tener En la Conferencia donde fue estudiada la Convención Interamericana, el delegado de Uruguay sostuvo que el proyecto: "contiene un conjunto de normas que recogen en líneas generales a la doctrina germánica referida a la autonomía de distintos actos que comprenden un título de crédito internacional". El delegado de Chile señaló por su parte, la conveniencia de regular "la situación creada por una firma falsa a fin de que no influya sobre las obligaciones cambiarias válidamente contraídas". Y para evitar los inconvenientes que produce la independencia de las firmas en el plano internacional, el delegado de Venezuela consideró: "deseable dentro de lo posible, tratar de someter a la totalidad de las obligaciones derivadas de la letra de cambio...a una legislación única". El pilar normativo de la Convención gira entonces, en torno al reconocimiento del principio locus régit actum. Mediante el citado criterio no se regula únicamente a la forma sino también a lacapacidadcambiariayalfondodelosdiferentes actos que ocasiona una letra. Pero la Convención constata que no existe un único principio propio y autónomo sino una multitud de soluciones particulares que si bien toman al criterio locus régit actum como eje regulator«,, busca^no obstante adaptarlo a cada categoría regular. Es asi iante '? L-nacidad cambiaría el criterio 151 fondo,elprincipioseveprivadoencasodeirregularidades, de eficacia extraterritorial. La regla readquiere su eficacia extraterritorial al regir los procedimientos y plazos para regular la aceptación, el pago y el protesto pero debiendo convivir con la ley del lugar de pago. 15.-En las Convenciones sehanido afirmando ciertas características de la letra de cambio. Se la ha considerado como un título de crédito formal y abstracto, destinado a circular y que contiene una promesa de que a su vencimiento o a su presentación, será pagada una suma cierta y determinada de dinero a su beneficiario por parte del girado o de cualquiera de sus suscritores. 1. Literalidad. La letra de cambio es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se encuentra mencionado. Existe una relación muy estrecha entre esos dos aspectos: el nacimiento del derecho de crédito depende de la creación del documento y sin éste ajustado a ciertos requisitos, el derecho de crédito no nace. Transmitiendo el documento se transmite el derecho y el derecho se ejerce presentando el documento. La rigurosa exigencia formalista que aparece, produce una suerte de materialización del derecho en el título. El documento es necesario, porque sin el documento rodeado de un determinado formalismo, podrá existir algún crédito pero no existirá un título de crédito. La literalidad significa que en cierto modo el derecho estámodelado por laletra del documento. Atendiendo a esta faceta, el firmante no podrá oponer a los tenedores, las estipulaciones que constan en otros documentos. Y el tenedor del título que pretenda hacerlo efectivo no podrá alegar pretensiones más amplias que las que permite el tenor del documento ni tampoco recurrir a otros elementos extradocumentales. La literalidad tiene el efecto de contribuir a darle seguridad y confianza en la circulación de los títulos de crédito, pues el tenedor sabe que los derechos emergentes del título se hallan estrictamente delimitados por la letra del documento. 2. Carácter abstracto. Además, con la creación del título de crédito se produce una especie de disociación entre las relaciones que le dan origen y el propio título. Por ese motivo el derecho documental puede tener una circulación diferente de la que pueden tener los derechos que emanan de la relación fundamental. Esta calidad tiene la función de reforzar a la obligación y al título impidiendo que el suscritor invoque en-

6 152 REVISTADE LA A.E.U.-T. 80 (NM 1 Kxtr.;, 1994 tre las excepciones ala causa de la obligación. La abstracción opera en exclusiva ventaja del tenedor del título. En los títulos abstractos la obligación incorporada a éstos, se separa de la causa. Todo lo que haga referencia al negocio es extraño al documento. En definitiva, es extradocumental. 3. Autonomía de los sucesivos actos cambiarlos. Por último, la mayoría de la doctrina de la región -como lo prueba el amplio número de ratificaciones obtenidas -reconoce la autonomía de los actos cambiarios, lo cual significa que el derecho que pueda ejercer el tenedor del título es independiente del derecho que pertenecía a los tenedores anteriores. Se trata pues, de una prerrogativa originaria y no derivada. La autonomía constituye una excepción al reconocimiento tradicional de los derechos debidamente adquiridos -nemo plus iuris potest quad no habent- o sea, aquél que expresa que nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. Todos estos caracteres intentan inclinarse a favor del tenedor del documento y en beneficio de la seguridad en el cobro del crédito. No obstante, al proyectarse esta posición en el campo internacional hace que surjan complicaciones adicionales a las que se presentan en el derecho interno. La distinción entre la forma y el fondo, la autonomía de los diferentes actos cambiarios, etc., agravan la regulación internacional del título de crédito en cuanto no existe una única ley que podemos considerar apropiada para regular a toda la circulación de la letra, desde su suscripción hasta su pago. 1.- Panorama a nivel de las Convenciones multilaterales en la región Las Convenciones en lo relativo a la letra de cambio y a los pagarés de circulación internacional han reconocido estos principios. El art. 26 del Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo, de 1889, establece que:... laformadelgiro, delendoso, de la aceptación y del protesto de una letra de cambio, se sujetará a la ley del lugar en que respectivamente se realicen dichos actos. El Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo, de 1940, recoge una fórmula semejante en el art. 23 en el que incluye además a la figura del aval y a todos los actos necesarios para el ejercicio o para la conservación de los derechos. En cuanto al derecho de fondo, el art. 27 y subsiguientes van determinando sucesivamente, la ley aplicable al giro, a la aceptación, al endoso, etc. Y el art. 30 concluye estableciendo que: La mayor o menor extensión de las obligaciones délos respectivos endosantesno altéralos derechos queprimitivamente han adquirido elgiradory el aceptante. Con la finalidad de evitar los perjuicios que pudieren derivar de la falta de cumplimiento de lasexigenciasformales,eltratadodemontevideo de 1940 contiene una norma de favor -el art. 24- que establece que:... si las obligaciones contraídas en una letra -, de cambio no son válidas según la ley a que se. refiere el artículo precedente, pero se ajustan a la ley del Estado en donde la obligación ulterior ha sido suscrita, la irregularidad en la forma de aquélla, no afecta la validez de tal obligación. El Código debustamante, por su parte, no altera el régimen citado puesto que el art. 263 es-, tablece que:... la forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice. Dicho Código reconoce igualmente la autonomía de los diferentes actos cambiarios al determinar que las relaciones jurídicas entre librador y tomador se rigen por la ley del lugar en que la letra se gira (art. 264), las existentes entre aceptante y tenedor por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación (art. 265), y las relaciones entre endosante y endosatario dependen de laley del lugar en que la letra ha sido endosada (art. 266). Asimismo, reproduce una norma similar al art. 30 del Tratado de Montevideo de 1889 al disponer que:... la mayor o menor extensión de las obligaciones de cada endosante, no altera los derechos y deberes originarios del librador y del tomador. En cuanto al avalista, esta figura no ha sido regulada con uniformidad en los textos mencionados. En el Tratado de Montevideo de 1889, el art. 31 establece que: el aval se rige por la ley aplicable a la obligación garantida, privándole de autonomía regulatoria. En cambio, el art. 268 del Código Bustamante consigna que: el aval, en

7 DOCTRINA tos propias condiciones, se rige por la ley del lugar en que se presta. El Tratado de Montevideo de 1940 omite regular la situación avalista, lo que plantea lainterrogante de si deberá regirse por la ley del lugar donde se presta -tomando como criterio analógico el tratamiento dado a la forma en el otorgamiento del aval -según el art. 23- o si al tratarse de una garantía personal, y a vía de integración, según cierta doctrina debía seguir las exigencias impuestas por la ley que regula a la obligación principal. En régimen expuesto, es extensivo a los vales, billetes y demás papeles a la orden, abarcando también al cheque en las Convenciones posteriores. Igualmente, existen normas sobre robo, extravío, falsedad, destrucción o inutilización material del documento en las dos últimas Convenciones. 2.- Panorama europeo La Convención sobre la unificación del derecho relativo a la letra de cambio y alpagaré, suscrita en La Haya, el 23 de julio de 1912, contiene algunas disposiciones sumamente interesantes. El art. 16 expresa que: las personas contraías cuales se acciona en virtud de una letra de cambio no pueden oponerse al portador, las excepciones fundadas sobre sus relaciones personales con el librador con los titulares anteriores, salvo que la transmisión haya tenido lugar a continuación de un acuerdo fraudulento. Igualmente, el art. 18 consigna que los obligados no podrán invocar contra el tenedor, las excepciones fundadas sobre sus relaciones personales con el endosante, salvo que el endoso haya tenido lugar a continuación de un acuerdo fraudulento. El art. 68 establece que: la falsificación de una firma, aún la del librador o aceptante, en nada perjudica a la validez de las otras firmas, y el art. 69 establece que en caso de alteración del texto de unaletra de cambio lasfirmasposteriores a la alteración tomarán en cuenta el texto alterado y las firmas anteriores en los términos del texto originario. Por último, el art. XIII contiene las normas sobre conflicto de leyes. El art. 74 hace referenda 153 no obstante como capaz, si ella se ha obligado sobre el territorio de un Estado de acuerdo a cuya legislación hubiere sido capaz. Esta disposición se encuentra en consonancia con el art. 72 de las normas sustantivas que dispone que: si una letra de cambio contiene la firma depersonas incapaces de obligarse, las obligaciones de los otros firmantes no dejarán de ser válidas. De acuerdo al art. 75, la forma de un compromiso asumida en una letra de cambio, será regulada por las leyes del Estado sobre cuyo territorio se ha suscrito Años más tarde se aprobó la Convención portando una ley uniforme en materia de letras de cambio y pagarés suscrita en Ginebra el 7 de junio de 1930, contiene el art. 1 que determina que: si la letra de cambio contiene firmas falsas o de personas imaginarias, o de personas que por cualquier otra razónnohubierenpodidoobligarse o en nombre de las cuales ellas han firmado, por ello no dejarán de ser válidas las obligaciones de los otros signatarios. La separación de la causa se encuentra en el art. 17 que reúne las dos situaciones anteriores contempladas en la Convención de La Haya: las personas contra las cuales se acciona en virtud de una letra de cambio, no podrán oponer al tenedor, las excepciones fundadas sobre sus relaciones personales con el librador o con los tenedores anteriores, salvo que el tenedor al adquirir la letra, haya actuado candentemente en detrimento del deudor La Convención destinada a regular algunos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés, suscrita en Ginebra el 7 de junio de 1930 se encuentra de una forma similar a la de La Haya respecto de la capacidad, de la forma y del fondo. Pero el art. 39 relativo a la forma agrega que: sin embargo, si los compromisos suscritos mediante una letra de cambio apagaré no son válidos según las disposiciones del inciso precedente, pero ellos están de acuerdo con la legislación del Estado donde se ha suscrito un compromiso ulterior, la circunstancia de que los primeros compromisos fueren irregulares en cuanto a la forma, no invalida al compromiso ulterior. Respecto del fondo, el art. 4s establece que los efectos de las obligaciones del aceptante de una letra de cambio y del firmante de un pagaré serán determinadas por la ley del lugar de sus respec-

8 154 REVISTADE LA A.E.U.-T. 80 (Ng 1 Extr.), 1994 tivos pagos. Los efectos que producen las firmas de los otros obligados por la letra de cambio o el pagaré serán determinados por la ley del país sobre cuyo territorio se han suscrito. I. La capacidad cambiaria. 1a Regla de conflicto: La regla locus acotada por leyes validantes En su circulación, la letra de cambio puede pasar por diversos países y producir conflictos de leyes que fundamentalmente aparecen en tres vertientes: en cuanto a la capacidad de las personas que intervienen, en lo referente a la forma de las que deben estar rodeados los diferentes actos cambiarlos, y por último, en los efectos, o sea, en los derechos y obligaciones que asumen cada uno de los intervinientes en dichos actos. Por este motivo y tratando de adaptarse a la realidad mencionada, la Convenciónplantea una variedad de reglas de conflictos que se basan en mayor o menor medida en el criterio locus régit actum. En donde también ha sido reconocida la ley del lugar de pago. Y en la que asimismo ha sido aceptado como criterio residual al lugar de emisión de la letra. Como un criterio alternativo y en materia de jurisdicción, se aceptó la ley del lugar del domicilio del deudor. Dos concepciones enfrentadas en materia de capacidad La noción de capacidad ha presentado siempre en el ámbito del Derecho Internacional Privado una cierta ambigüedad proveniente de la naturaleza que se le adjudique. Para algunos autores, se la considera como un elemento de la personalidad jurídica del individuo y para otros como una condición de validez del acto jurídico. Esa dualidad de enfoques se traslada inevitablemente a los problemas de la calificación y de la conexión. 1.- La concepción continental-europea y latinoamericana Los derechos continentales europeos y latinoamericanos han sido esencialmente subjetivos puesto que han colocado a la persona en el centro de todas las relaciones jurídicas en cuanto sujeto de derecho. En estos sistemas la persona se puede convertir en el objeto de una regulación jurídica específica, independiente por completo de cualquiera de los actos que ella pueda cumplir. Es debido a este enfoque que se puede reconocer la existencia de una ley personal en materia de capacidad. Los argumentos adelantados en apoyo de esta tesis son de dos clases: que se trata de reglas establecidas con la finalidad de proteger al individuo o que al ser leyes concernientes a las personas, ellas deben ser permanentes en su aplicación. Lapersona no sería vista aquí, simplemente a través de los actos que realiza sino como una unidad jurídica. El hecho de sostener que la capacidad es un atributo del sujeto, conduce a que se la someta a la ley que la rige, que será la de su nacionalidad o la de su domicilio. 2.- La concepción angloamericana El análisis civilista se encuentra en oposición con aquél que sólo ve en la capacidad a un elemento constitutivo del acto jurídico por lo que debería estar naturalmente sometida a la ley que gobierna el conjunto del acto. El derecho angloamericano no tiene el hábito de considerar a la persona abstractamente como un sujeto de derecho, no hay "un derecho de la persona" propiamente hablando. No hallamos en dicho sistema, la idea de una protección permanente de los sujetos, la necesidad real de protección se deberá determinar a través del examen de cada caso. Sólo se le acordará una protección a algunos individuos si los hechos del caso así lo justifican. La cuestión de la capacidad resulta por tanto, vista más bien a través de los actos jurídicos que cumple la misma, lo que explica la tendencia en el Derecho Internacional Privado angloamericano a conectar a la capacidad a la ley del acto. Los antecedentes de estaposición son tan respetables como los primeros. Su origen se encuentra en una fuerte tradición territorialista que practicaban los tribunales reales y en la influencia de los juristas holandeses, en especial la de Ulrich Huber. 3. Antecedentes en la región El Tratado de Lima de 1878 en su art. T- establecía que: el estado y la capacidad jurídica de las personas se juzgarán por su ley nacional aunque se trate de actos ejecutados o de bienes existentes enotropaís. Se ignoró cualquier influencia territorialista rechazándose las conexiones al domicilio o a la residencia habitual. El art. Is del Tratado de Derecho Comercial establecía que:/a capacidad para girar una letra de cambio se juzgará por la ley nacional del girador, la que sólo podía ser desplazada si esa ley fuese incompatible con las instituciones locales. Aunque no se la menciona, se hace extensiva la misma regla a la capacidad de los demás firmantes de la

9 DOCTRINA 155 letra debido a que Arenas sostuvo que no se había considerado conveniente separarse al respecto, de la regla general. El art. 10, por su parte, consagra una norma de favor: el menor que se supone mayor de edad y la mujer casada que se supone autorizadaparagirar una letra de cambio no podrán aducir incapacidad contra los efectos del giro. Este proyecto se halla vigente como Tratado en las relaciones entre Ecuador y Colombia desde El Tratado de Montevideo de 1889 no tiene disposición alguna sobre la ley aplicable a la capacidad cambiaria. Según los conceptos expuestos en el Congreso en cuanto a la relación existente entre el Derecho Civil y el Comercial, se pensó que lalegislaciónmercantil constituía underecho especial y de excepción cuyos principios fundamentalesy dirigentes tenían sufiíente originaria en el Derecho Civil, el que impondría sus preceptos. A falta de una norma expresa en materia de capacidad cambiaria, habría que remitirse pues, al art. Is del Tratado de Derecho Civil que hace regir a la capacidad de las personas físicas por la ley de su domicilio. Aún así, el punto de conexión no nie regulado directamente, siendo dejada su determinación a la legislación interna de cada Estado Parte. El Tratado de Montevideo de 1940 tampoco contiene disposición alguna sobre la capacidad cambiaria. La ausencia de una disposición sobre el particular aparece como lamentable, sobre todo teniendo en cuenta que en dicha oportunidad se sostuvo la tesis de la autonomía del Derecho Mercantil frente al Derecho Civil. Prevalência de la regla locus en materia de capacidad en casos como el de Lizardi Lizardi era un mexicano de 21 años de edad -incapaz según la ley de su nacionalidad que la hacía adquirir recién a los 25 años- pero capaz de acuerdo a la ley del lugar de celebración y en donde había comprado unas joyas y firmado un conjunto de vales. Al momento del vencimiento de los mismos, Lizardi se excepciono de pagarlos aduciendo que de acuerdo a su ley nacional solución que daba la norma de Derecho Internacional Privado vigente en Francia- aún continuaba siendo incapaz y como consecuencia de ello, los vales eran nulos. El caso puso en evidencia la dificultad de conciliar las exigencias del comercio con la protección internacional de los incapaces. Si la justicia francesa hubiera declarado rigurosamente nulo el acto otorgado en su suelo por todo incapaz extranjero, ello habría significado sacrificar completamente los intereses del comercio local, el que carecía de medios eficaces para protegerse. Atendiendo a estos motivos, la jurisprudencia francesa creó una nueva excepción a la aplicación del derecho extranjero en protección de un nacional, por la que se permitía aplicar a la capacidad del contratante extranjero, la regla locus que coincidía con la del foro. La aplicación de esta regla entonces, se hizo con el objeto de neutralizarlas incapacidades que el obligado puede aducir en virtud de su ley personal, evitando de esta manera, el incumplimiento de las obligaciones libremente suscritas. Condiciones para la aplicación de la regla locus régit actutn a la capacidad La aplicación de esta excepción debería producirse automáticamente? Sobre esta cuestión se perfilaron dos posiciones. El criterio francés era subjetivo y la aplicación de la regla locus debería encontrarse condicionada por las circunstancias particulares del caso, puesto que el acreedor debía probar su buena fe, el desconocimiento de la minoridad del extranjero o el disimulo que éste había hecho de su incapacidad, todo lo cual había provocado un perjuicio al nacional, lo que también debería de probar. Sólo si se reunían estas evidencias, se considerabalícitala aplicación de la regla locus para determinar la capacidad del obligado. Los tribunales sostuvieron que si existían circunstancias que demostraban que el acreedor actuó de mala fe, con ligereza o imprudencia, la ignorancia de la ley nacional era excusable, lo cual llevaba a considerar nulo al contrato. Sin embargo, la doctrina alemana se adhirió a un criterio objetivo. Si el deudor resultaba capaz de acuerdo a la lex loci aún cuando no lo fuere con arreglo a su ley personal, era suficiente para validar la obligación contraída sin mirar a otra cosa. Tal es la solución a que llegó el art. 74 del reglamento uniforme de La Haya de 1912 el que declaró que: es válida la obligación contraída por una persona que carece de capacidad según la ley personal si tal validez ha sido declarada por la ley del lugar en que se contrajo la obligación Es bueno hacer notar que la Convención Interamericana no toma en cuenta a la norma locus como una excepción a la aplicación del Derecho extranjero sino como la regla. Su aplicación es regular y no excepcional. Ella somete la capacidad para otorgar actos cambiarios alaley del

10 156 REVISTADE LA A.E.U.-T. 80 (N8 1 Extr.), 1994 lugar en que tal acto se realiza, y que proporciona una solución totalmente novedosa para el Derecho Internacional Privado latinoamericano. Ni el Código Bustamante ni los Tratados de Montevideo contienen similares disposiciones sobre el punto. Se ha sostenido a favor de esta solución que la capacidad cambiaria es una capacidad especial que puede apartarse de los principios generales. El Presidente de la Comisión I y delegado de Nicaragua, sostuvo enla Conferencia que la solución que proporcionaba el art. 1a : "constituía el paso más avanzado que han dado los países latinoamericanos tratando de conciliar sus puntos de vista con los EE.UU... los países latinoamericanos han desistido de los puntos de conexión adoptados tanto por el Código Bustamante como en los Tratados de Montevideo y han aceptado el punto de conexión que establece la legislación de los EE.UU.". Según Manuel A. Vieira: "al establecerse la ley del lugar en que el acto se realiza, el pro-yecto del Comité daba un paso importante al imponer una uniformidad de puntos de conexión con los principios vigentes en los Estados Unidos de Norteamérica". Como consecuencia de esta posición -que fue aceptada por unanimidad y sin abstenciones- el art. Is quedó redactado del siguiente modo: La capacidad para obligarse mediante una letra de cambio se rige por la ley del lugar en donde la obligación ha sido contraída. Teniendo en consideración que la regla locus ha reconocido la calidad de capaces a todas las personas que hayan otorgado cada acto cambiario sobre su territorio, dicha ley contará con eficacia extraterritorial de acuerdo a lo dispuesto por la Convención. Las soluciones favor negotii 28.- Ahora bien, como hemos expresado, la acogida de este principio plantea algunos problemas si se lo recepciona en una forma inflexible. Puede suceder que en algunos de esos actos haya intervenido alguna persona incapaz según la lex loci. Si la regla locus mantuviera una eficacia extraterritorial, la bondad del documento podría verse seriamente afectada. Para evitar este resultado, el art. 1- seguidamente recoge un criterio de valor:... sin embargo, si la obligación hubiere sido contraída por quien fuere incapaz según dicha ley, tal incapacidad noprevaleceráenel territorio de cualquier otro Estado Parte de esta Convención cuya ley considerare válida la obligación. EnlaConvenciónlnteramericana sobre letras de cambio, es la propia Convención la que realiza la selección de la ley aplicable para regular a la capacidad de las personas intervinientes en los diferentes actos cambiarios. Cómo funciona entonces, el deseo de asegurar la validez de los actos cambiarios cuando en ellos actuaren personas incapaces? 29.- Afin de examinar lafuerza irradiante del favor negotii, instaurado en el inciso final del art. 1- deberíamos preguntarnos si al existir una ley validante en materia de capacidad durante la circulación de la letra, dicha ley tendrá eficacia tal al punto de desplazar al propio criterio locus. La respuesta debe ser negativa. Primeramente, porque el criterio de favor no puede actuar como un punto de conexión alternativo. Si así lo fuera, bastaría una ley validante en materia de capacidad para que la regla locus fuera desplazada y dicha incapacidad pasaría a ser regida por la nueva ley. Pero la Convención no se halla redactada de este modo. Ella determina simplemente que tal incapacidad no prevalecerá en el territorio de cualquier otro Estado Parte... cuya ley considerare válida la obligación. Si la regla locus consideró a una o a varias personas incapaces, una vez encontrada una ley validante, ésta última no borra dicho estado en todos los demás países ratificantes por donde hubiere circulado la letra, sino únicamente dentro de los límites del territorio donde se encuentra vigente dicha ley. 30.-Estosrazonamientosnospermitenarribar alas siguientes conclusiones. Primera situación: si la regla locus ha reconocido como capaces a todas las personas que otorgaron los actos cambiarios dentro de sus territorios, la ley contará con una eficacia extraterritorial absoluta. Segunda situación: si, en cambio, la regla locus consideró a algún otorgante incapaz para realizar el acto cambiario, tal incapacidad será reconocida en el lugar del otorgamiento del acto cambiario así como en todos los Estados Parte por donde circuló la letra de cambio, que participen del criterio de declarar al sujeto incapaz. Tercera situación: si alguna délas leyes vinculadasalaletra,consideraadichossujetoscapaces, la extraterritorialidad de la regla locus se detiene

11 DOCTRINA allí donde comienza la vigencia de la ley validante. Cuarta situación: puede suceder, por último, que todas las leyes conectadas a la letra -con excepción de la regla locus -consideren capaces a las personas y por ende al acto cambiario como válido. En tal caso, la regla locus sólo tendrá vigencia dentro de su propio territorio. Siempre la eficacia extraterritorial del efecto validante se logra sumando las sucesivas eficacias territoriales y no dándole a cualquiera de las leyes un efecto general. Parece cuestionable la existencia de un valor validante adjudicado con un carácter tan limitado. Ahora bien, como la ley validante sólo tiene eficacia territorial, parecería que en definitiva, debe haber una que sea determinante en materia de capacidad. En realidad, parecen ser dos: la ley del lugar de pago y la ley del domicilio del deudor de la obligación, si el juicio se plantea en este último lugar. En conclusión: la lex locus y las leyes validantes del lugar de pago y del domicilio del deudor constituyen la normativa a tener en cuenta en materia de capacidad. Creemos que le asistió razón al Presidente de I la Conferencia al querer someter a la capacidad de los intervinientes en una letra de cambio, a una regla de conflicto con puntos de conexión alternativos, debido a que sería la única manera de arribar a una uniformidad de criterios en la materia Cambio en la ley aplicable. Qué momento debemos tener en cuenta para saber si la persona era capaz o incapaz cuando realizó un determinado acto cambiario? Será al momento del otorgamiento. Si en ese instante la ley lo declara incapaz, así será. Sin embargo, también debemos ver las consecuencias que introduce en la letra de cambio una modificación eventual de la ley interna designada mediante el criterio locus. En tal caso, parecería que debe imperar la idea de favor y admitir la vigencia de la nueva ley, siempre que dicho cambio favorable hubiere ocurrido antes de iniciado el juicio. II. Forma de los actos cambiarlos Dificultad especial para distinguir el fondo de la forma, en la letra de cambio El origen de la regla locus régit actuni 157 nunca ha sido posible precisar con exactitud. De todos modos, en el período estatutario el radio de acción de la ley del lugar de celebración era mucho más extenso que en la actualidad, puesto que cubría tanto la regulación del fondo como de la forma de los actos jurídicos. Siglos más tarde, Savigny sostuvo que el Derecho al que deberíamos someter la forma de los actos jurídicos debería ser, en principio, la ley que regule el fondo, por lo que concluía que: "los contratos deberían hacerse según las formas legales exigidas en el lugar de ejecución". No obstante, reconoció que: "frecuentemente sucede que la base del acto jurídico existe en un lugar muy diferente, algunas muy apartado, y esta circunstancia puede entrañar las mayores dificultades". Resulta a menudo: ''muy difícil conocer con seguridad las formas legales de este otro lugar, único regulador, y aún conociéndolas, ponerlas en ejecución. Con la finalidad de evitar una excesiva dureza en la regla que haría atacables a los actos jurídicos, ha nacido un derecho consuetudinario denominado locus régit actum. Este principio significa que es suficiente que el acto haya guardado las formas del lugar de su celebración, por más que en el lugar donde tenga su asiento la relación jurídica se encuentren establecidas formas diferentes". Esto le permite concluir que: "la validez en cuanto a la forma de las diversas firmas puestas en una letra de cambio, se juzga según la ley del lugar en que han sido puestas cada una de las firmas". Lo que sostiene Savigny por tanto, es que si bien la regla locus puede no tener lazos tan estrechos con el otorgante, su competencia proviene de motivos prácticos. Su verdadero sentido radica en la flexibilidad y en la aspiración de obtener la validez del acto. De este modo, un acto que ha cumplido las exigencias, de forma del lugar de su celebración tendrá efectos extra-territoriales aún en el lugar de su ejecución. El maestro alemán seguidamente concluía que como esta regla se ha establecido parafavoreceralaspartes y para facilitar a las transacciones, no po-dría dudarse de su carácter facultativo En el Primer Congreso Sudamericano de 1889 la regla locus régit actum recibió duras críticas. Los miembros de la mayoría de la Comisión de Derecho Civil -compuesta por el argentino Quintana y el boliviano Vaca Guzmán- la consideraban como: "una regla tan incierta, tan vaga y controvertible, que sus propios defensores no han logrado ponerse de acuerdo sobre su carácter para decidir si es facultativa u obligatoria. Para

12 158 REVISTADE LA A.E.U.-T. 80 (NB 1 Extr.), 1994 tratar de limitar su radio de acción, los congresistas dividieron a los actos jurídicos en públicos y privados. Respecto de los primeros se deben observar las formas extrínsecas del lugar de celebración. Y respecto de los privados -al no ser necesaria la intervención de ningún funcionario público que deba obedecer necesariamente a sus propias leyes- las formas se regirían por la ley del lugar de ejecución" Empero, al regularse a las letras de cambio en el Título IX, el criterio adoptado es el savigniano, al disponer el art. 26 que:...laformadelgiro, del endoso, déla aceptación y del protesto de una letra de cambio, se sujetará a la ley del lugar en que respectivamente se realicen dichos actos. El Tratado de Montevideo de 1940 incluye respecto de la forma, a la figura del aval y a los actos necesarios para el ejercicio o para la conservación de los derechos. Cuáles elementos son de forma y cuáles de fondo en los títulos valores? 35.- Sin embargo, el criterio locus no resuelve todos los problemas, debido a que las normas sobre las formas varían de Estado a Estado. Una forma juzgada como esencial en un Estado puede no serlo en el otro. Para algunos el endoso en blanco llega a transferir la propiedad, otros lo prohiben. Algunos le dan el valor a los endosos posteriores al vencimiento de una letra, otros en cambio, establecen lo contrario. La dificultad para determinar lo que entra en el campo de la forma de los títulos valores, radica más que nada en el carácter literal de los mismos. El título de crédito que constituye la letra de cambio, es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se encuentra mencionado. Como ya hemos expresado, existe una rigurosa exigencia formalista: sin el documento ajustado a determinados requisitos no nace el derecho de crédito. Este derecho se encuentra modelado por la letra del documento y debido a ello, el tenor literal decisivo para determinar el contenido, la extensión y las modalidades del derecho que emerge del título Al examinar las relaciones de fondo y la forma de los actos jurídicos, Louis Loucas sostuvo que derivaría del fondo todo lo que trate de la sustancia de la operación y de la forma todo aquéllo que no le dé un rasgo sustantivo. Sin embargo, este criterio le parece general y vago. Podría agregarse que las exigencias formales serían elementos materiales a diferencia del fondo que son intelectuales. Sin embargo, centra la distinción en algo más característico: el fondo está constituido por todo aquello que contribuya a desprender el sentido exacto del acto jurídico, su alcance preciso, su individualidad. Son elementos incambiables de la operación, el menor retoque que se le aporte -aún secundario- nos presentaría a otra operación, vecina pero diferente. La forma por su parte, sería todo elemento que podría ser sustituido por otro, sin que la naturaleza o el régimen de la operación se vean alterados. Se trata de algo intercambiable Aún compartiendo estos conceptos, parece difícil utilizarlos en una forma tajante en relación con los títulos valores y, en especial, respecto de las letras de cambio. El hecho de saber si una letra de cambio puede ser librada a la orden del mismo librador o si puede contener una cláusula a la orden, son cuestiones de forma o de fondo? Igual zona gris se presenta en cuanto al endoso en blanco. Este parece ser algo más que una simple variante del endoso completo, dado que presenta la particularidad de permitir la transformación del título a la orden en un título al portador, la letra circulará por la simple entrega manual entre las diferentes personas, las que, en realidad, permanecerán extrañas y erradicadas al circuito cambiario. El elemento sustancial se encuentra acá absorbido por el elemento formal ya que una simple firma tiene la facultad de expresar en sí misma la sustancia de la operación de transmisión Para evitar los inconvenientes de regulación se ha reconocido la posibilidad de aplicar un criterio de favor ala validez desde laredacción de lo s Tratados de Montevideo de 1940, un criterio de favor a la validez. El art. 24 expresa que: Si las obligaciones contraídas en una letra de cambio no son válidas según la ley a que se refiere el artículo precedente, pero se ajustan a la ley del Estado en donde una obligación ulterior ha sido suscrita, la irregularidad en la forma de aquélla, no afecta la validez de tal obligación. De esta manera, se intenta evitar que el funcionamiento de las conexiones no uniformes a nivel internacional culmine en la aplicación de reglas de forma, las que si bien han sido violadas, no parece que su observancia tenga siempre que im-ponerse teniendo en cuenta las necesidades del comercio internacional. La orientación actual es la de reclamar la competencia de la mayor can-

13 i DOCTRINA tidad de leyes para la regulación de las formas -lex loci actus, lex substantial, lex civitatis, lex domicilii- sin dar preferencia abstractamente a ninguna de ellas. Se habla en este caso, de favor negotii o de adhesión al principio res magis valeat quampereat. Quadri ha protestado por el modo sumario e irrespetuoso con que ha sido tratada la forma en las relaciones privadas internacionales, al tener que reconocer que para obtener la validez de un acto necesario que cualquier ley pueda ser aplicada, lo que vuelve evidente que los requisitos de forma vienen a ser degradados al rango de una res vilis Cómo se explica según él, que un acto jurídico interno deba preocuparse tanto de los requisitos de forma y respecto de los cuales se ejerza tanta severidad al respecto, al punto de no consentir escapatoria de ningún género, mientras que en un acto internacional podría prevalecerse de la benevolencia admitiéndose que par a la validez de un acto sería suficie nte que cualquiera de las leyes conectadas le reconozca validez? Resulta claro que el legislador ha adoptado dos pesos y dos medidas disímiles y contradictorias. La respuesta parece estar en que no se puede determinar con seguridad un criterio de conexión capaz de indicar la ley más I, idónea para regular a la forma, y por este motivo j no se la consideraría como un elemento constitutivo del acto jurídico, sino como algo funcionalmente instrumental, un medio de expresar la voluntad négociai, un medio de llevar al exterior el negocio. Sería un accesorio, del cual podría prescindirse si se encuentra comprometido el rescate de lo principal. Lo que importa es lo que quiso la persona, no cómo lo manifestó Habida cuenta de estas dificultades, la. Convención Interamericana, en su art. 2a, expresa que: La forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación y protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice. Nuevamente entonces, e s recogida la regla locuspara regular, esta vez, las cuestionesformales de la letra. Sin embargo, el funcionamiento de la regla consagrada en el mencionado artículo, difiere del planteado para la cuestión de la capacidad cambiaría, puesto que el art. 4* determina que: 159 Si una o más obligaciones contraídas en una letra de cambio fueren inváhdas según la ley me a los artículos anteriores, diafectará acuellas otras obligadones válidamente contraídas de acuerdo con la ley del lugar donde hayan sido suscritas. En este caso, no se hace mención a ninguna ley validante, como sucedió en materia de capacidad, su atención se centra simplemente en regular los efectos del criterio locus. Según hemos dicho, el mencionado criterio tiene por finalidad producir efectos extraterritoriales a la ley vigente en el lugar de celebración del acto en materia de formas, de modo que dicha ley debe ser aceptada incluso en el Estado donde la obligación debe ser ejecutada. Pero si los requisitos formales no fueron respetados, la Convención Interamericana actúa inversamente, acantonando los efectos de las diferentes reglas locus dentro de los límites del territorio en las que cada una de ellas rige. En realidad, la solución parece llevar una indiferencia respecto a si se han respetado o no las exigencias formales, puesto que si no se han cumplido, su violación sólo será castigada si el juicio se ventila en el propio país del otorgamiento del acto. III. El fondo de los actos cambiarios Dada las características reseñadas, parecería que no fuere necesario interrogarse qué ley gobernará las cuestiones de forma y cuál a las de fondo. La regulación en este caso, no debe ser de separación sino de unión. Debido a que el criterio de separar el fondo de la forma puede llegar a ser arbitrario, la Convención Interamericana intenta una simplificaciónregulatoria, sometiendo ambas cuestiones a un mismo régimen, por lo que correspondería acudir a una única ley. Este deseo de simplificación se encuentra expresado en el art. 32 de la Convención al establecerse que: Todas las obligaciones resultantes de una letra de cambio se rigenporla ley del lugar donde hubieren sido contraídas. La consagración de la regla locus -establecida esta vez para el fondo de los actos cambiariosdebe ser completada con el principio del art. 4- ya examinado. Ello hace que las soluciones homogéneas obtenidas enlos campos vuelva irrelevante la distinción entre el fondo y la forma de los diferentes actos cambiarios. La ley del lugar del acto para regular a los procedimientos y plazos para la aceptación, el pago y el protesto Afin de no perder ciertos derechos o de no sufrir las responsabilidades por no aceptar, por ejemplo, una letra dentro del plazo pactado, o de

14 160 REVISTADE LA A.E.U.-T. 80 (NQ 1 Extr.), 1994 caer en mora por el protesto por falta de pago, se hizo necesario establecer una nueva regla de conflicto que recae nuevamente en la regla locus, pero esta vez sin atenuantes de clase alguna. Esta nueva versión contenida en el art. 6s determina que la regla locus tendrá efectos extraterritoriales cuando se trata de establecer los procedimientos y los plazos para la aceptación, el pago y el protesto por falta de pago y que dichos procedimientos y plazos deberán ser respetados obligadamente por todos los ordenamientos jurídicos vinculados con la circulación de la letra aún cuando establezcan procedimientos diferentes o plazos distintos a los que determine la regla locus. 2- Regla de conflicto: La ley del lugar de pago o la de emisión para regular a la letra en caso de omisión en mencionar el lugar de suscripción A pesar de haberse recogido con gran amplitud el criterio locus régit actum, la ley del lugar de pago no fue totalmente descartada por la Convención para resolver ciertas situaciones particulares. Es un hecho común que el librador, el endosante o el avalista, olviden o no mencionen deliberadamente el lugar de suscripción de su respectiva obligación. El no hacerlo impide la conexión de los diferentes actos cambíanos a un ordenamiento jurídico determinado. Para evitar su existencia in vacuo se vuelve necesario establecer una regla de conflicto subsidiaria que permite solucionar dicha situación. El primer criterio que recoge la Convención es el de regular a los actos cambiarios en los que se hubiere omitido consignar el lugar de suscripción, por la ley del lugar del pago. Y para el caso de que éste no estuviere tampoco mencionado, por la ley del lugar de emisión. La ley del lugar de pago para regular los casos de hurto, robo, falsead, extravío, destrucción o inutilización material del documento Por su carácter literal, el documento resulta indispensable para obtener el cobro de la suma de dinero consignada en la letra de cambio. Cualquiera de los hechos enumerados -hurto, robo, falsedad, extravío, destrucción o inutilización del documento- pueden afectar la realidad material del documento por lo que resulta indispensable establecer la ley reguladora de dichas situaciones. El art. 1- consigna que para tal caso: La ley del Estado donde la letra de cambio deba ser pagada determina las medidas que han de tomarse en caso de robo, hurto, falsedad, extravío, destrucción o inutilización material del documento. 3a Regla de conflicto: Conflicto de jurisdicciones: el juez del lugar de pago o el juez del domicilio del deudor Uruguay consideró en todo momento conveniente incluir una regla de conflicto de jurisdicciones con el objetivo de solucionar con eficacia los litigios que se pudieran presentar respecto de las letras de cambio, pagarés y facturas. Se sostuvo que la omisión en el proyecto de una regla de esa índole, se debió simplemente a una inadvertencia. En tal sentido, se estimó como satisfactoria para dar una solución al problema, la norma contenida en el art. 35 del Tratado de Montevideo de 1940, que establecía que dichos litigios: Se ventilarán ante los jueces del domicilio de los demandados en las fechas en que se obligaron, o de aquél que tengan en el momento de la demanda. Se planteó la posibilidad de regular la materia de jurisdicción en base al criterio Asser o del paralelismo, puesto que si bien no se negaba: "a que un juez aplique la ley extranjera, se señala que el ideal es que aplique su propia norma". A nuestro modo de ver, el mencionado criterio no parece aceptable en las reglas de conflicto materialmente orientadas debido a que resulta necesario saber cuál es la ley aplicable según el criterio de valor implantado en cada Convención, y en esta variedad de reglas -dentro del sistema de la C.I.D.I.P.- siempre las ha determinado el juez. Por otro lado, el criterio Asser no provoca en todos los casos una uniformidad en las soluciones. Si a la ley aplicable se le da en ocasiones una eficacia territorial, no vemos cómo el juez aplicando su propia ley, pueda dictar una sentencia con una eficacia extraterritorial. Es por este motivo, que en relación con las reglas de conflicto dotadas de una orientación material, resulta

15 DOCTRINA aconsejable el establecimiento de puntos de conexión en una forma autónoma para decidir el juez competente y la ley aplicable. Este criterio fue finalmente el recogido en materia de letras de cambio, puesto que la regla es alternativa: en el caso de un litigio el juez competente será el del lugar de pago de la letra o el del domicilio del demandado. Excepción de orden público internacional Cuando el criterio de valor sustentado por una regla de conflicto no se encuentra impregnado de un valor de orden público direccional, se vuelve necesario reconocer el funcionamiento de la excepción de orden público internacional tradicional. Por medio de la Convención Interamericana se intenta lograr un equilibrio entre dos imperativos antagónicos: por un lado, la protección y la seguridad en el tráfico comercial internacional y por el otro, el respeto de las normas imperativas que cada Estado Parte tenga sobre la materia. En este último caso, dicho Estado antepondrá sus intereses enjuego afectados antes de contemplar los del comercio internacional. La solución parece pertinente debido a que el acantonamiento de la regla locus en materia de fondo y forma -cuando el acto cambiario fuere irregular- no dej a de suscitar cierta preocupación cuando éste ha sido obtenido bajo coacción, amenaza o engaño. En estos casos, el orden público internacional del lugar de pago puede intervenir para declarar la nulidad del acto cambiario otorgado en esas condiciones. II. Convenciones interamericanas sobre conflicto de leyes en materia de cheques Persistencia de un enfoque similar PRIMERA CONVENCIÓN Una vez surgido en Inglaterra debido a los problemas que soportaban los Bancos privados de emitir billetes de Banco contra recepción en metálico, el cheque ha superado ampliamente las limitaciones de su cuna para expandirse por todos los rincones del globo. Desde un punto de vista económico tiene dos notas esenciales En primer lugar, su conexión con los depósitos bancários de dinero o con las operaciones crediticias que conceden una disponibilidad de fondos en el Banco a cuyo cargo se libre el cheque. En segúndo término, el de ser un medio de pago y no de crédito, que el librador titular de aquella disponibilidad puede utilizar para pagar deudas, sin necesidad de entregar dinero físico. Debido a su amplia repercusión mundial se le incluyó en el proyecto presentado en la C.I.D.I.P. reunida en Panamá, en enero de 1979, momento en que se aspiró a la posibilidad de recibir una regulación unitaria con la letra de cambio, los billetes y los pagarés. En Panamá fue aprobada finalmente una Convención autónoma y luego en el año 1979 se aprobó otra Convención sobre el mismo tema. Por qué causa los países latinoamericanos redactaron dos Convenciones sobre el cheque en tan corto lapso de tiempo? Los desarrollos siguientes tendrán por sentido aclarar esta situación Muchos congresistas percibieron que el cheque tiene unaproblemáticaparticular, distinta de la letra de cambio y que el criterio de instaurar una normativa única para regular los títulos valores expresada por la delegación de Venezuela, no fue compartido. La delegación de Uruguay sostuvo que: "el cheque tiene una dinámica y una sustancia distinta a la de los re stantes títulos de crédito y corresponde en consecuencia que se le dé una solución diferente a la de ellos". Dicha posición fue tomando fuerza por cuanto la delegación de México declaró que no votaría, aduciendo para ello, que la naturaleza jurídica del cheque es distinta y que en Ginebra -en la década de los años 30- los textos para cada uno de los títulos valores se habían consagrado en una forma separada. Por este motivo, la delegación azteca propuso que la Convención sobre letras de cambio se terminara con los artículos que habían sido aprobados -hasta el 82- y para lo relacionado con el cheque se debía suscribir un Protocolo Adicional por separado, lo cual fue aprobado por unanimidad No obstante, a la delegación de Uruguay le preocupaba el lapso de tiempo que insumiría el estudio de una nueva Convención por parte del Comité Jurídico Interamericano si el tema era dejado para ser analizado por otra Conferencia por lo que fue de la opinión de llenar el vacío existente con un instrumento internacional de carácter provisorio, con dos artículos a lo sumo. En base a dichas consideraciones, se aprobó la moción para que dicho Protocolo Adicional tuviera como texto el art. 9e del primitivo proyecto, el que reproduce en gran medida al art. 33 del Tratado de Montevideo de 1940.

16 162 REVISTADE LA A.E.U.-T. 80 (Na 1 Extr.), 1994 Conflicto de leyes o derecho uniforme? 49.- En cada categoría de relaciones jurídicas privadas internacionales a regular, se ha planteado siempre la alternativa de optar por un método de conflicto de leyes o uno basado en reglas sustantivas uniformes. El primero conduciría a la aplicación del derecho interno de uno de los Estados Parte de acuerdo al punto de conexión. En cambio el segundo se inclinaría por una regulación directa. En la época en que sesionó la Conferencia se contaban en la región con dos importantes proyectos de derecho material uniforme en materia de cheques: el proyecto del Dr. Cervantes Ahumada recogido por INTAL y el del delegado de Chile Dr. Tafael Eyzaguirre Echevarría que fue presentado al Comité Jurídico Interamericano y aprobado por este cuerpo en forma unánime el 5 de agosto de Sin embargo, y aún cuando hubo una Resolución final en la Conferencia, aconsejando la aprobación de dos Convenciones -tal como se había hecho en Ginebra- una sobre conflicto de leyes y otra sobre derecho uniforme material, lo cierto es que los países americanos han tenido una cierta reluctancia acerca de este último método, por el tiempo de estudio y la dedicación que insume, agregándose además, la extensión considerable de su contenido. Otros criterio adelantados -de mayor peso- hacen referencia a laimposibilidad de llegar aun acuerdo sustantivo entre el derecho codificado de los Estados de inspiración civilista, en relación con el derecho angloamericano, como asimismo la consideración de que un estudio sobre el cheque debe partir más que nada de los Bancos Centrales de los Estados Parte, para luego ser traducidos a normas convencionales. En base a todos estos conside-randos, la Convención aprobada en 1975 hace referencia a los conflictos de leyes. Y en la medida en que lo hace, se está refiriendo implícitamente al cheque de circulacióninternacionaly no al de circulación interna Por último, es de hacer notar, que el nomen iuris de la normativa no es el de "Protocolo Adicional" sino el de "Convención". El cambio parece pertinente pues un Protocolo haría surgir la interrogante de respecto de qué Convención lo es, lo que llevaría a pensar que lo fuera de la letra de cambio. No obstante, aún habiéndose aprobado una Convención autónoma, persiste el vínculo que guarda con la Convención sobre letras, como veremos más adelante. Esta primera Convención ha sido ratificada por nueve países: Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Is Regla de conflicto: Se declara la aplicabilidad de todas las normas contenidas en la Convención sobre letras La Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de cheques, aprobada en 1975, es brevísima en cuanto contiene un solo artículo individualizante. El exordio de este artículo comporta una cláusula de compatibilidad entre Tratados teniendo en consideración que se ha establecido que:... Zas disposiciones de la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas son aplicables a los cheques, en cuanto fuere del caso, con las siguientes modificaciones: Luego de declarar que la proximidad del régimen entre la letra de cambio y el cheque les permite una existencia compatible, el citado inciso pretende además expresar otra cosa: que la normativa sobre las letras de cambio aprobada en la misma Conferencia servirá para llenar los vacíos que puedan surgir en el régimen de los cheques en cuanto fuere del caso. O sea, se ha redactado una norma de remisión o de reenvío. De este modo, se oficializa el triunfo de aquella corriente que pugnaba por acercar ambas figuras en un enfoque general como títulos valores. 2- Regla de conflicto: La ley de lugar de pago amplía su radio de acción Atendiendo a las características propias del cheque -la de ser un medio o instrumento de pago y no de crédito- resulta lógico que la ley del domicilio del Banco obligado a pagarlo, tenga una mayor importancia en la regulación del documento. Según el art. Is : La ley del Estado Parte en que el cheque deba pagarse determina: a) el término de presentación; b) sipuede ser aceptado, cruzado, certificado o confirmado, y los efectos de estas operaciones;

17 DOCTRINA c) los derechos del tenedor sobre la provisión de fondos y su naturaleza; d) los derechos del girador para revocar el cheque u oponerse alpaga; e) la necesidad del protesto u otro acto equivalente para conservar los derechos contra los endosantes, el girador u otros obligados; y f) las demás situaciones referentes a las modalidades del cheque. En sustancia, si bien existió el deseo de elaborar una Convención independiente atendiendo a la distinta naturaleza del cheque, en realidad poco ha cambiado, habida cuenta que elart. lsha hecho una remisión sumamente general ala normativa sobre la letra de cambio salvo en ciertos casos específicos de competencia de la ley del lugar de pago. SEGUNDA CONVENCIÓN 53.- El exceso en 1975 de proyectos de Convenciones a estudiar, la escasez de tiempo, impidió un estudio más profundo del tema, debido a lo cual culminó en la aprobación del texto antedicho sobre el que ya existía consenso en que iba a tener una vida transitoria. La oportunidad para una regulación más específica habría de llegar con la celebración de una nueva C.I.D.I.P. en que sería la II- la que como veremos sólo buscó explicitar lo que se encontraba consignado tácitamente en el art. I2 ya mencionado. Dos posiciones enfrentadas: 1.- El cheque considerado como un instrumento de pago Atendiendo a las manifestaciones expresadas por las distintas delegaciones del continente en lo relativo al reconocimiento de la especialidad del cheque de circulación internacional, se pensó que el texto a aprobar en la segunda Conferencia de la C.I.D.I.P. habría de contener normas bien distintas de las establecidas respecto de laletrade cambio. Con esa tesitura se presento la delegacióndeargentinaproponiendounprofundocambiode enfoque. Al ser el cheque una orden excluyente.,ta delegación, la lex loci célébrations Para es 163 no está arraigada en el cheque. Toda la mecánica del mismo debería tener una sola ley aplicable y debe ser aquélla donde dicho documento se hace efectivo: el del domicilio de la institución bancaria. En defensa de esta tesis aducía que en los casos de endosos en blanco existe dificultad para saber dónde se contrajo la obligación. Y a diferencia de las letras de cambio, la provisión de fondos en el caso de los cheques aparece como obligatoria. Por lo tanto, el Dr. Pardo sostuvo que lalexfori del Banco pagador tiene la obligación de atender ciertas cuestiones esenciales. Laprimera de ellas, era la de la calificación. El título valor debía ser calificado como cheque por la ley del lugar del Banco pagador. Esta ley era la aplicable también, para regir las modalidades del cheque, es decir, si éste puede ser aceptado, cruzado, certificado o confirmado, así como los efectos de esas operaciones. La forma del documento también debía ser de pertinencia de esta ley debido a que el Banco se sujeta a leyes específicas del lugar donde actúa. Proceder de otro modo podría significar con las leyes de policía en materia cambiaria imperantes en dicho lugar. La divergencia de criterios llegó hasta la capacidad cambiaria. En el proyecto de Convención -y continuando con las soluciones proporcionadas por la Convención sobre letras de cambio- debía regirse por \alex loci octus. Para el Dr. Pardo en cambio, esta cuestión no debería apartarse de los principios generales en materia de capacidad que obligan a regirla por la ley personal. 2.- El cheque examinado a través de la tutela de su tenedor La delegación de Chile era de una opinión muy distinta. En el curso de la Conferencia sostuvo que debía evitarse mirar al cheque internacional desde un punto de vista tan restringido y que por el contrario había que fortalecer a los derechos del tenedor del documento. Para esta delegación, no sólo correspondía examinar al cheque desde el punto de vista de la cuenta corriente bancaria, sino sobretodo de los negocios autónomos que surgen a posteriori, por lo que creía conveniente desligarlo del régimen aplicable a la cuenta corriente bancaria. Se adujo que el cheque es también un título de crédito al que no se le puede mirar sólo desde el punto de vista de un contrato entre un Banco y una persona natural o jurídica. Hay múltiples actos posteriores a su suscripción -autónomos e independientes- que llevan ala convicciónde que es necesario proteger al tenedor del documento. Partiendo de estas

18 164 REVISTADE LAA.E.U.-T. 80(N5 1 Extr.), 1994 premisas, se propuso entonces, que la capacidad, el fondo y la forma se regularan por una misma ley atendiendo a que el "centro de gravedad" de la relación jurídica en examen no se consideraba constituida por el lugar de pago sino por la ley del lugar donde se realiza cada acto cambiario, debía dársele primacía a la ley del lugar donde se contrajo cada obligación. Como bien lo expresó la delegación de Argentina, sostener que se aplica una misma ley a la capacidad, al fondo y a la forma, aplicando un único punto de conexión, no exime de constatar que se trata de un único punto de conexión multiplicado al infinito. Se trataría de un cliché fotográfico, en el que todos estarían en la misma posición aunque cambiando los personajes, su contextura y sus vestimentas. 3.- Posición asumida por la Convención La vertiente a seguir dependía de la aceptación o no de la autonomía de los diferentes actos cambiarios. Si se optaba por la primera posición, se protegía al tenedor del documento lo que llevaba a la aceptación de la regla lex loci actus. Si en cambio se optaba por la segunda, la ley del lugar de pago aparecía como de aplicación indiscutida. Respecto de este como de otros temas, se ha constatado que existe una tendencia en las Conferencias de no regular problemas próximos y semejantesdeunamaneraradicalmente opuesta sino que por el contrario, se consideró que era pertinente mantener políticas legislativas armónicas y aproximadas. Es por esta razón que el Preámbulo del art. Ie de la Convención sobre cheques, de 1975, continuó esta línea de pensamiento al proponer como regulación subsidiaria de la materia relativa al cheque por la Convención sobre letras de cambio. Y es en base a esta tendencia por lo que no resulta extraño constatar la profunda semejanza de regulación existente entre estaúltimaconvención y la de cheques de En todas ellas se halla presente el triple reparto efectuado en materia de títulos valores: la capacidad, el fondo y la forma. Como también la admisión del criterio del favor negotii aplicado a los tres aspectos mencionados. Existe también una profunda influencia de las Convenciones de Ginebra en esta materia, las que también -en la medida de lo posibleaspiran a regular en forma semejante, aunque en documentos separados, a la letra y al cheque. Esta segunda Convención ha sido ratificada por seis países: Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. I- Regla de conflicto: Reconocimiento expreso del principio locus para regular la capacidad, la forma y el fondo del cheque Partiendo de estas premisas, el art. Ie de la Convención sobre cheques aparece como una copia textual de los seis primeros artículos de la Convención sobre letras de cambio. El art. Is es semejante y corresponde también con el art. 22 de la Convención de Ginebra sobre los cheques. El art. 22 referido a la forma, procede en igual sentido. El art. 32 respecto del fondo o sustancia de las obligaciones cambiarias, sigue al art. 3 de la Convención Interamericana sobre letras y al art. 5e de la Convención de Ginebra. Y el art. 4s sobre procedimientos y plazos, recoge al art. 8s de esta última Convención. En suma, y sin pretender repetir conceptos ya expresados al analizar la Convenciónlnteramericana sobre letras de cambio, hay tres leyes aplicables en materia de cheques de circulación internacional: la ley del lugar donde se contrajo la obligación en cuanto a la capacidad, laformay el fondo. Laley del lugar de pago cuyo ámbito de injerencia analizaremos seguidamente. Y la ley más favorable dentro del circuito trazado por la circulación internacional del cheque. En la medida en que el criterio del/flúor negotii borra hasta cierto punto la necesidad de buscar una localización del documento, pueden presentarse problemas importantes en cuanto a la coexistencia entre la ley más favorable y la ley del domicilio de la institución bancaria obligada a pagar la suma de dinero, las que generalmente están revestidas de la calidad de leyes de policía o de seguridad. Por este motivo, resulta legítimo -más que nunca en este caso en que nos encontramos ante un medio de pago- reconocer la competencia de la ley del lugar de pago. En caso de existencia de normas imperativas en el lugar de pago, la admisión de una norma más beneficiosa al tenedor, puede aparecer como una entelequia. 2- Regla de conflicto: La ley del lugar de pago amplía aún más su ámbito de aplicación El art. 1- es el único que le da un perfil propio a la regulación del cheque y se diferencia en algo del artículo similar existente en la Con-

19 DOCTRINA vención homónima de 1975, en cuanto goza de una ma^or amplitud. La ley del lugar en que el cheque debepagarse determina: a) su naturaleza; b) las modalidades y sus efectos; c) el término de presentación; d) las personas contra las cuales pueda ser librado; e) puede girarse para "abono en cuenta", cruzado, ser certificado o confirmado, y a los efectos de estas operaciones; f) los derechos de los tenedores de la provisión de fondos y naturaleza de dichos derechos; g) si el tenedor puede exigir o si está obligado a recibir una pago parcial; h) los derechos del girador para revocar el cheque u oponerse al pago; i) la necesidad del protesto u otro acto equivalente para conservar los derechos contra los endosantes, el girador u otros obligados; j) las medidas que han de tomarse en caso de robo, hurto, falsedad, extravío, destrucción o inutilización material del documento; y k) en general, todas las situaciones referentes alpaga de cheque Como se puede apreciar de la lectura de este artículo, los agregados realizados son importantes. El más destacable se encuentra en los dos primeros literales, mediante los cuales se le otorga competencia a la ley del lugar de pago para realizar la tarea de calificación del instrumento de pago utilizado en el negocio. Esta nueva adjudicación de competencia se nos aparece como totalmente lógica, en cuanto a la apertura déla cuenta corriente y la entrega de la chequera son realizados por el Banco pagador. Además, un 165 estudio comparado de la legislación bancaria de los países americanos ha demostrado que detrás del término cheque se esconde una variedad muy grande de documentos de pago. Costa Rica propuso que se especificara que esta segunda Convención fuere aplicable a toda clase de cheques: a los comunes, a los cheques viajeros, a los cheques centroamericanos, etc. Un problema interesante se presenta con nuestra legislación que admite y regula al cheque de pago diferido, o sea, a un cheque impreso en formularios especiales que permite ser entregado a un tercero como pago, pero que tiene la característica que su tenedor no lo puede presentar al cobro instantáneamente en la ventanilla del Banco, sino que debe aguardar a la fecha de su vencimiento consignada en el mismo documento. Se trata de un título de crédito o de un instrumento de pago? Si fuera lo primero, no sería más adecuado que su regulación se realizara a través de la Convención sobre letras de cambio? De las exposiciones del Consejo de Estado surge laposición de que el cheque de pago diferido es un nuevo título de crédito que en un determinado momento se transforma en un cheque común. Como título de crédito puede ser endosado, descontado y dado en garantía. Para la Comisión no se trata ni de una letra, ni de un vale, sino de un título nuevo. Sería un cheque a plazo, para el cual la ley ha declarado en suspenso la aplicación de algunas disposiciones, especialmente las que hacen referencia a las sanciones penales. Esta transformación mencionada operaría ope legis, por la llegada del día estipulado para que pueda ser presentado al cobro. La ley se ha apartado de la solución unánimemente adoptada por la legislación universal y por la doctrina, según la cual el cheque es siempre a la vista, lo que para Pérez Fontana significa un retroceso jurídico.

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