DOCUMENTOS DE TRABAJO PRIME BUSINESS SCHOOL NÚMERO 4

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1 DOCUMENTOS DE TRABAJO PRIME BUSINESS SCHOOL NÚMERO 4 Ignacio Aguilar Zuluaga La Corrupción ISSN: WEB ISSN:

2 LA CORRUPCIÓN Ignacio Aguilar Zuluaga * * Economista de la Universidad de los Andes, Decano Emérito de la Universidad Santo Tomás. Profesor Distinguido de la Universidad Sergio Arboleda y del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA); Premio Portafolio al mejor profesor universitario del país. Autor de varios libros sobre temas económicos, administrativos y sociales. Profesor Investigador del grupo Gestión Financiera, Empresarial y Pyme, de la Escuela Internacional de Administración y Marketing de la Universidad Sergio Arboleda, categorizado A1 según la más reciente convocatoria de COLCIENCIAS.

3 Documentos de Trabajo PRIME Business School Grupos de Investigación: Competitividad y Mercados Gestión Financiera, Empresarial y Pyme Universidad Sergio Arboleda Rector Dr. Rodrigo Noguera Calderón Vicerrector Académico Dr. Germán Quintero Andrade Decano Escuela Internacional de Administración y Marketing Dr. Alvaro Cala Hederich Decano Ejecutivo Dr. Ignacio Gaitán Villegas Director de Investigación Dr. Luis Ignacio Aguilar Zambrano Jefe de publicaciones EIAM Andrés Grisales Medina Edición: agosto de Queda prohibida toda reproducción por cualquier medio sin previa autorización del editor. Edición realizada por el Fondo de Publicaciones. Universidad Sergio Arboleda Calle 74 No Teléfono: (571) Ext Bogotá, D.C. Director Editorial Jaime Arturo Barahona Caicedo Diseño de carátula y diagramación PRIME Business School Impresión Digiprint Bogotá, D.C. ISSN:

4 Contenido Resumen... 5 Introducción... 6 Contenido... 7 La lucha contra la corrupción... 8 Educación y corrupción La corrupción en el sector empresarial privado Las regalías: una atracción poderosa para los corruptos La cuantificación de la corrupción Intervencionismo económico y corrupción Conclusiones Referencias bibliográficas

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6 LA CORRUPCIÓN Ignacio Aguilar Zuluaga 1 Resumen El presente ensayo se refiere a la situación actual del acto conocido como corrupción, en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, y específicamente en Colombia. Menciona y analiza sus causas, sus escenarios y los efectos o consecuencias que esos actos dolosos producen, e incluye un aparte sobre su cuantificación. El documento expone las políticas y los procedimientos que tanto el sector estatal como el privado deben poner en práctica para luchar contra la corrupción. Hace parte de estos procedimientos el decálogo de recomendaciones que la Organización para el comercio y el desarrollo económico (OCDE) sugiere a sus países miembros para combatir y erradicar las actuaciones ilícitas en el manejo y la contabilidad de los recursos financieros del sector público. Para completar el ensayo, se incluyen varias conclusiones surgidas del análisis y la presentación de la corrupción, así como de la necesidad y trascendencia de adelantar campañas amplias y permanentes de formación y capacitación en los principios de la ética y la moral, cuyo marginamiento se considera la causa principal de la corrupción. Palabras clave Corrupción, valores éticos, moral, delito, soborno, intervencionismo estatal. 1 Economista, Profesor Distinguido de la Universidad Sergio Arboleda, Decano Emérito de la Universidad Santo Tomás, autor de varios libros sobre temas económicos y administrativos. Premio Portafolio al mejor profesor universitario del país. 5

7 La corrupción es un vicio de los hombres, no de los tiempos Séneca Introducción La sociedad colombiana ha estado sorprendida y preocupada por todos los acontecimientos en los cuales ha hecho sus estragos la corrupción. Para muchos de sus miembros, la corrupción ha sido un mal endémico que ha existido siempre, tanto en el sector público como en el sector privado. No es un comportamiento nuevo ni pertenece a tal o cual gobierno, ni a determinadas políticas. No es, tampoco, un resultado de la época actual, ni de la modernidad ni de la globalización. La corrupción actual y la de antaño es el producto de las actuaciones humanas en contra de los valores y principios de la moral y de la ética. Es, además, el resultado de la ambición, la codicia y el deseo desmedido de enriquecerse rápida y soslayadamente, esto sí en aumento en los últimos veinte años, como secuela del narcotráfico. La corrupción se presenta con más resonancia, y con cifras más sobresalientes, por el crecimiento de costumbres reprochables originadas en la falta de educación, de enseñanza en valores y de la ausencia de principios en la formación de menores de edad, de adolescentes y de adultos, pertenecientes a los dos géneros. El crecimiento anual de los recursos financieros del Estado, el aumento permanente de la burocracia oficial y de todas sus dependencias y entidades, así como la ampliación de las políticas intervencionistas oficiales, todo ello en términos de poca o mucha consideración, han sido causas adicionales para que la corrupción exista, crezca y se generalice en la mayoría de los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Podría afirmarse que la palabra que define con más claridad la corrupción es delito, lo cual siempre se conoce como una actuación ilícita, por acción u omisión señalado por las leyes y que debe sancionarse o castigarse. 6

8 Contenido Con la expresión del vocablo corrupción se deben incluir diferentes clases de delitos, los cuales varían cualitativamente, de acuerdo con la legislación penal de cada país. Así, existen delitos contra las personas, contra la propiedad, contra la libertad, la verdad, la administración de justicia, la seguridad interior y exterior, la salud pública; contra el honor y el estado civil de las personas naturales. Al igual que los demás delitos, la corrupción puede ser dolosa o culposa. La dolosa incluye ilícitos deseados, conscientes y voluntarios como efectos de la acción. La corrupción culposa es la consecuencia de una actuación imprudente, negligente o contraria a las normas establecidas. La corrupción no es un delito cometido por una sola persona; por lo general lo cometen varios individuos o grupos. Necesita, al menos, de dos personas. La que ofrece o propone el ilícito (el generalizado soborno) y la persona que lo acepta o recibe. Requiere la colaboración de cómplices, lo cual facilita la ampliación del mal. Además, la corrupción es transmisible, característica que hace muy difícil su control (Bulla, 2009). Una discriminación más amplia de los procedimientos utilizados para cometer actos corruptos sería la siguiente: Tráfico de influencias (clientelismo) para conseguir determinados fines. Licitaciones amañadas para favorecer los intereses de un grupo o empresa interesados en un contrato con el Estado. Abuso del poder, en administraciones privadas y públicas. Vinculación de funcionarios públicos sin la preparación, la experiencia y demás requisitos exigidos. Nepotismo, cuando se entregan cargos y títulos a familiares y amigos muy cercanos o allegados. El lavado de activos originado en la legalización y ocultamiento de los fondos obtenidos en negocios ilícitos como el narcotráfico y el contrabando de armas (Caballero, 2012). 7

9 Despilfarro de los fondos del Estado en actos personales o colectivos. Complicidad de empresarios privados y públicos en los ilícitos dentro del Estado. Comisión o extorsión que se exige para obtener un contrato público o privado. Evasión y elusión de impuestos directos e indirectos. Falsificación de documentos, sellos e informaciones. Todos aquellos actos dolosos en contra de la honestidad, la transparencia, la justicia y la verdad en el ámbito económico y en sus interrelaciones privadas y públicas, cometidos y realizados a cambio de dinero o de prebendas específicas. La lucha contra la corrupción Luchar contra la corrupción es un deber de la comunidad y de las autoridades respectivas; es un beneficio para la administración eficiente y confiable de los entes privados y públicos. Cuando se impide el mal manejo de los recursos financieros y físicos, su pérdida y su despilfarro, se logran resultados positivos crecientes en la planeación, la organización, la dirección y el control de la gestión gerencial. Para llevar a cabo esta lucha se han conformado entidades, organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. La campaña internacional contra la corrupción la realizan Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, la Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) y la Corte Penal Internacional. Estos entes cuentan con la colaboración del Consejo de Jefes de Estado y de gobiernos elegidos libremente. Todos ellos están comprometidos a denunciar y castigar penalmente las distintas formas de corrupción. Sin embargo, es preocupante el escaso o bajo nivel ético de algunos gobernantes, políticos y empresarios, comprometidos con las redes de la corrupción. En 1970 los Estados Unidos fueron el primer país que aprobó una ley contra prácticas corruptas cometidas en el exterior por sus nacionales, personas y empresas, pero 8

10 no lograron el apoyo de las demás potencias mundiales. En 1997 la OCDE obtuvo la firma de un acuerdo que suscribieron treinta y cuatro países, para fijar sanciones penales al pago o soborno de funcionarios públicos que cometan actos de corrupción en el exterior (China no lo firmó). (Bulla, 2009). En 1997 se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra la Corrupción, en el mes de febrero, en Washington, D.C. Ésta contó con la presencia de las delegaciones de ochenta países que presentaron sus propuestas para combatir la corrupción por medio de los siguientes puntos: La transparencia en el manejo de las finanzas públicas. Las leyes para culpar el soborno. Fuertes controles oficiales para evitar cohechos e implantar un sistema de investigación con el fin de combatir la corrupción. Mecanismos eficaces y diáfanos para la contabilidad. En Colombia, bajo la presidencia del Jefe del Estado Juan Manuel Santos y la participación de su gabinete, dirigentes empresariales y representantes de los organismos de control, tuvo lugar, el 6 de Junio de 2012, la inauguración de la campaña Yo le juego limpio a Colombia. Uno de los aspectos relevantes de la campaña se refiere a practicar el decálogo que emplea la OCDE para enfrentar la corrupción, a nivel nacional como internacional. Los diez principios son: 1. Emitir facturas como base para una contabilidad limpia y transparente. 2. El cumplimiento de las obligaciones tributarias, absteniéndose de evadir y eludir el pago de los impuestos. 3. El cumplimiento de las leyes laborales para vencer en la batalla contra la informalidad. 4. El respeto al consumidor mediante la entrega de productos y servicios con calidad y estándares adecuados. 5. Llevar a cabo una competencia sana y leal, porque no todo vale en el mundo de los negocios. 9

11 6. Rechazar y erradicar la piratería y todas las formas de comercio ilegal como el contrabando y la falsificación de productos, observando el respeto a la propiedad intelectual. 7. No cohonestar la corrupción, denunciándola ante las autoridades. 8. Colaborar con las autoridades en la lucha contra la corrupción. 9. Ser transparentes para mejorar el clima de confianza, dentro y fuera de la empresa. 10. Es necesario ser ambiental y socialmente responsables. Nota: La transcripción de este decálogo fue extractada de la carta del director ; Diario Portafolio, edición del 7 de Junio de Educación y corrupción La educación en todos sus niveles es imprescindible cuando se examinan los actos y la presencia inveterada de la corrupción. Una persona absoluta o relativamente analfabeta puede cometer actos ilícitos porque su ignorancia no le permite comprender ni valorar la obligación que todos los seres humanos tienen de ser honestos, transparentes, íntegros y probos. Lo anterior no quiere decir que aquellas personas que no lograron acceder a ningún tipo de educación y formación formales sean ejemplos de actores corruptos. Todavía existen núcleos humanos (principalmente rurales) en los cuales prima la buena fe, la veracidad y la honradez a toda prueba. Su ser interior, su ethos, les ordena y los conduce hacia la observancia de la moral y de la ética, así nunca hayan oído mencionar esos términos. Son seres a quienes no les ha llegado la contaminación de la denominada modernidad o del progreso urbano. Los países de todos los niveles de desarrollo permanentemente registran un proceso desordenado, y a veces caótico, de urbanización y ese viraje tan notorio se observa cuando un habitante del campo se transforma en una persona urbana o citadina. Ese cambio genera (las más de las veces) diversos vicios, malas costumbres, delincuencia, irresponsabilidad y desacato o incumplimiento de todo 10

12 lo que se relaciona con buenas maneras, respeto y obediencia a las reglas y disposiciones que implica una sana convivencia y el respeto por los derechos y las obligaciones propias y ajenas. Es decir, por todo aquello que se refiere a la ética cívica (Cortina, 2005). Es preciso, entonces, emprender una amplia campaña de educación y formación en valores éticos y morales, en todos los establecimientos educativos, en los hogares, en las empresas, al igual que en las dependencias y entidades públicas. Se requiere también imponer la obligación de mantener y cumplir un código de ética en todas las organizaciones privadas y públicas. Adicionalmente, es necesario establecer un sistema de sanciones porque cuando no lo hay, tampoco existen comportamientos éticos (Aguilar, 2012). Es necesario que el poder judicial actúe con prontitud y con eficacia para castigar los actos antiéticos y erradicar la corrupción en todos los escenarios públicos y privados. Que no aflore la sensación de negligencia, laxitud o impunidad, para enfrentar ese cúmulo de ilícitos y de actuaciones corruptas que hoy afectan a la nación en todos los ámbitos y en varias de sus instituciones. La ética y la moral difícilmente se imponen. Deben nacer de convicciones propias de cada persona. Por eso el ser humano necesita prepararse en un proceso de reflexión profunda y coherente, supeditado a los cambios permanentes que la vida impone. Además, el empleo de la razón no asegura un acuerdo en todos los temas porque deben tener la posibilidad de debatirse con el fin de ofrecer alternativas de elección y de decisiones personales. La corrupción en el sector empresarial privado La firma internacional de consultoría Ernst & Young, por medio de su departamento de auditoría, realizó un estudio relacionado con las prácticas corruptas de empresarios ejecutivos a nivel global, el cual incluyó a Colombia. El universo abarca cuarenta y tres países y la muestra representativa fue de mil setecientos ejecutivos. Algunos resultados de esa investigación son los siguientes: 11

13 Acuden y acudirán al soborno: En Brasil 84%, Indonesia 72%, Turquía 52%. A nivel mundial el 15% de los ejecutivos cometerían fraude. La tendencia en Colombia se sitúa entre el diecisiete y el veintidós por ciento; un resultado por encima del promedio mensual. Este problema tiende a agravarse por las mediciones que Transparencia Internacional ha hecho sobre la corrupción en Colombia, cuyo índice en 2009 era de 3.5 sobre 10 y en 2011 fue de 3.4, porque la cercanía a la unidad indica mayor corrupción. El detalle de ese delito es así: Para lograr que la empresa sobreviva en caso de crisis económica, los ejecutivos estarían dispuestos a: Entretenimiento para ganar o mantener un negocio 34% Ofrecer y otorgar regalos personales 20% Hacer pagos en dinero efectivo 15% Alterar el balance de la empresa 4% Ninguna de las anteriores 51% No sabe 2% Cuarenta y seis ejecutivos colombianos están dispuestos a cometer faltas contra la ética para dar resultados positivos. Cuando les preguntaron sobre riesgos de fraude, el 80% de los entrevistados contestó afirmativamente y el 60% respondió que en su empresa no había controles contra el fraude. La información transcrita pertenece al diario El Tiempo, edición del 30 de julio de Las regalías: una atracción poderosa para los corruptos Las quimeras se pagan con la plata de las regalías. Esta frase se encuentra en el diario El Tiempo, en la introducción del artículo Las Regalías, un Tumbe de Fábula contado por Juan Gossaín. (Agosto 3, 2012). 12

14 En ese artículo su autor señala cómo se han robado las regalías del Estado, generadas por la explotación del petróleo, los minerales metálicos, metales preciosos, carbón, gas y esmeraldas. Al referirse al informe de la Contraloría General de la República, detalla las sumas recibidas por cada uno de los entes territoriales por concepto de regalías pagadas por los concesionarios de los yacimientos petrolíferos y las minas, correspondientes al año Así como su inversión y sus pérdidas por las actuaciones corruptas y delictuosas de algunos funcionarios y de sus socios y partícipes, que por lo general son contratistas escogidos bajo el criterio clientelista. Los manejos deshonestos, la malversación, el detrimento, las sumas de dinero entregadas sin justificación y sin soportes contables, totalizan una pérdida para el tesoro nacional de $ millones, equivalentes, aproximadamente, al 45% del monto total de las regalías recibidas por los departamentos y municipios beneficiarios o receptores de esas transferencias. Véase el Cuadro 1. CUADRO 1 VALOR Y MANEJO DE LAS REGALÍAS RECIBIDAS POR LOS ENTES TERRITORIALES AÑO 2011 MILLONES DE PESOS Aipe (Huila) Probable faltante Atlántico Costos adicionales Boyacá Inversión sin explicación Casanare Egresos sin explicación Casanare Perdidos por el departamento Casanare Irregularidades en su manejo Cesar Malversación Huila Valor del detrimento Magdalena Malversación Neiva Inversión en bonos desaparecidos Neiva Inversión no justificada en la construcción de un acueducto Meta Inconsistencias en su inversión y manejo Putumayo Destinados a obras que no se hicieron. Veintiocho casos con investigaciones penales Nota: Los auditores y contralores de la Contraloría General de la República constataron la desviación de los recursos financieros de las regalías ; los anticipos no justificados, las sumas entregadas sin que se sepa quiénes los recibieron; las obras no construidas y otras a medio hacer y abandonadas. Fuente: Contraloría General de la República. 13

15 La cuantificación de la corrupción En Colombia, por medio del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, se han hecho estimativos confiables acerca del costo para el país y para sus contribuyentes, de las actuaciones dolosas e ilícitas realizadas por funcionarios oficiales pertenecientes a diferentes entidades del Estado. El Procurador General de la Nación, basado en las cifras de los organismos nombrados, manifestó que a finales del año 2011 la corrupción significó un robo cuyo valor se aproxima a los diez billones de pesos. Esta suma tan cuantiosa proviene de las arcas del Estado, que la obtuvo, en su más alta proporción, de los impuestos directos e indirectos pagados por los contribuyentes. Ante esta cuantificación es procedente preguntarse: Cuántos kilómetros de carreteras han dejado de construirse? Cuántas viviendas podrían adjudicarse a las familias colombianas más pobres y menos favorecidas? Hasta qué grado se reducirán los problemas financieros de la salud y la seguridad social? Cuántos miles de familias, adicionales a las que hoy se atienden, podrían beneficiarse del programa Familias en Acción? Al daño moral y social cuyo valor no es cuantificable, se le suma el daño representado por el robo hecho por los ladrones que personifican la corrupción y que impiden la realización de inversiones físicas y sociales que tanto necesita el país para proporcionar mejores condiciones de vida a un poco más de la tercera parte (el 38%) de la población colombiana. Ese inmenso robo que los corruptos hacen al presupuesto nacional y, por consiguiente a toda la comunidad colombiana, exige medidas severas y eficaces que deben empezar con sistemas de prevención, de seguimiento y de control en todas las entidades y dependencias del sector público, complementadas 14

16 con un conjunto de sanciones que correspondan a la gravedad de los delitos y que erradiquen la impunidad que ha rodeado a la corrupción existente en los sectores público y privado. Las sanciones son mínimas, casi que irrisorias, frente a los valores materiales e intangibles que dan fe de esa gravísima epidemia que está padeciendo la nación. Si ella no se extirpa y no se imponen las medidas preventivas y correctivas necesarias, Colombia y su gente, sus instituciones y su gobernabilidad, darán lugar para que al país se le incluya en el grupo de los llamados países fallidos. Intervencionismo económico y corrupción Una de las manifestaciones reales de la intervención del Estado en las actividades económicas de los particulares es la presencia de un sinnúmero de oficinas, dependencias y empleados públicos que tienen como función tramitar permisos, licencias, certificaciones y formatos, de todo lo que personas naturales y jurídicas requieren para cumplir con lo que el Estado exige para que puedan llevar a cabo sus actividades y negocios, o para que se formalicen los contratos suscritos con algunos de los ministerios o entidades gubernamentales. Bajo el pretexto de que están muy ocupados con la multitud de solicitudes y autorizaciones que tienen que atender, los empleados públicos y oficiales no probos pero sí vivos y ambiciosos, se valen de la necesidad urgente del contratista o solicitante para pedirle una participación o unos honorarios. Si la contraparte cree que el soborno es una práctica generalizada accede a la exigencia del empleado para que su negocio o su contrato puedan llevarse a cabo. Como es obvio, las dos partes han actuado en contra de la ética y por lo tanto deben calificarse como corruptos. Como la tendencia más generalizada en Colombia, y en casi todos los países latinoamericanos, es la de imponer un intervencionismo más amplio y permanente, la denominada tramitología también se incrementa y la corrupción se agudiza. Nadie duda sobre el derecho y la obligación que el Estado tiene para intervenir en las actuaciones comerciales, financieras, laborales y, en general, en la economía 15

17 privada. Pero la experiencia y el comportamiento actual de las dos partes, sector público y privado, en un grado que infortunadamente ha crecido en los últimos veinte años, confirma el efecto negativo que el intervencionismo representado por la tramitología ha sido un factor para promover e incentivar la corrupción. La solución a este grave problema debe enfocarse a la simplificación y al recorte de los trámites que los particulares necesitan hacer ante las dependencias del aparato estatal. Además, un aspecto que es imprescindible se refiere a que el Estado vincule y conserve empleados íntegros, con una rigurosa formación en principios morales y valores éticos. Que, además, sus ejecutorias para el control y el seguimiento de las funciones y actos de los empleados públicos tengan resultados transparentes y positivos. Una participación amplia del Estado en el valor del producto interno bruto (PIB) puede indicar la presencia de una burocracia numerosa y demasiadas regulaciones y barreras inoficiosas. Adicionalmente, se esperaría que entre mayor sea la proporción del ingreso nacional que pasa por manos oficiales y públicas, mayores serán las oportunidades para los manejos dolosos (Elliott, 2001). Cuando un funcionario del Estado tiene el poder discrecional para asignar un costo o un beneficio al sector privado, surgen los incentivos para el soborno. Así la corrupción motivada por la intervención del Estado depende de la magnitud de los costos y beneficios bajo el control de empleados públicos. Tanto las empresas privadas como las personas naturales y particulares están dispuestas a sobornar para lograr los beneficios y evitar los costos (Ackerman, 2001). Cuando la intervención estatal en la economía nacional se refleja en impuestos, subsidios, compra y venta de bienes y servicios, concesiones y empresas estatales de diversa índole, todo ello motiva y seduce la ambición y la codicia de funcionarios, oficiales y privados que detentan una especie de monopolio de valiosa información que abre las compuertas para que fluya una corrupción creciente. Por todo esto, los estados de países desarrollados y en desarrollo deben ejercer un intervencionismo basado en disposiciones generales indirectas, en cuya aplicación no intervenga el criterio o la decisión del funcionario de turno y su intervención 16

18 no signifique un aliciente para que los funcionarios de los dos sectores (público y privado) no sean motivados por las recompensas que el soborno genera. Un aparato estatal más acorde con el tamaño del país, más eficiente y eficaz, con el número de empleados mínimo y requerido, con funciones y responsabilidades claramente definidas, con la aplicación y observancia de un código de ética y con un sistema riguroso y fuerte de sanciones, seguramente va a redundar en una propensión menor hacia las prácticas corruptas y, lógicamente, a que el país se favorezca con una administración pública transparente, responsable y honesta. La sociedad debe solicitarles a los organismos de control que actúen con severidad, con decisión y con eficacia para que en todas las dependencias e instituciones oficiales se trabaje y se actúe con honestidad, responsabilidad y transparencia. Que su trabajo garantice, efectivamente, el derecho de toda la ciudadanía a la seguridad contra todas las formas de delincuencia y criminalidad. El poder judicial y su administración, por la rectitud, probidad e integridad de los jueces y magistrados, tiene que asegurar la confianza y credibilidad de la sociedad, castigando y desterrando todas las clases de impunidad. La legislación debe prever y señalar que las actuaciones y los delitos por corrupción no prescriban, como un requisito básico para impedir la impunidad. Con estas consideraciones, la intervención del Estado estaría más bien dirigida hacia la erradicación de las prácticas dolosas e ilícitas de todos los funcionarios (sin excluir su poder jerárquico), de los poderes estatales que pueden ser tentados a participar en comportamientos corruptos. Conclusiones La corrupción es un delito que la sociedad actual condena y rechaza, pero que por su permisividad y laxitud puede hacer presencia en todas las actividades que los sectores públicos y privados realizan. Las diversas clases o sistemas para defraudar al Estado o a las organizaciones privadas exige la selección y el reclutamiento de empleados probos, íntegros, poseedores de principios bien arraigados. 17

19 El Estado debe eliminar y reducir al mínimo las obligaciones que impone a los particulares y que demandan la participación directa y discrecional de sus funcionarios. Simultáneamente, con la aplicación de un código de ética, el Estado y las empresas privadas tienen que hacerle frente a la corrupción por medio de normas y prácticas que se identifiquen con la transparencia en el manejo y registro de sus cuentas, así como en la destinación de los recursos financieros que debe dedicar para las inversiones físicas y sociales. Es preciso que los sectores privado y público realicen campañas permanentes de información y capacitación del personal a su servicio, relacionados con el conocimiento y la práctica de los principios morales y éticos. El gobierno nacional debe acoger y practicar las recomendaciones de la OCDE relacionadas con la erradicación de la corrupción en todas sus manifestaciones. El Estado y el sector empresarial privado deben establecer sistemas y organismos de control para que, de manera permanente, exista prevención, conocimiento y sanciones para todos los actos y hechos que se identifiquen con la malversación y apropiación indebida de los recursos financieros y demás bienes que conforman el patrimonio público. La intervención del Estado en las actividades económicas de la población debe ser orientada hacia la protección y defensa del bien común, que sobreponga los intereses generales de la sociedad y señale los derroteros para un desarrollo económico y social sostenible, incluyente y equitativo. Esa intervención debe excluir todas las posibilidades de corrupción en el proceso del desarrollo. Algunos empresarios, ejecutivos y varios grupos de empleados, que trabajan en el sector privado, se han dejado seducir por las debilidades y la laxitud de la sociedad, pues han participado con funcionarios del Estado en actuaciones corruptas, antiéticas y reprochables. 18

20 Las disposiciones oficiales para combatir la corrupción no han dado los resultados esperados. No contemplan los castigos legales que sancionan efectivamente a quienes delinquen contra el tesoro y las propiedades del Estado. La permisividad, laxitud e impunidad frente a la corrupción son factores conducentes a la presencia creciente de todos los delitos que ella incluye. Referencias bibliográficas 17 % de ejecutivos acudirían a sobornos para ganar negocios (30 de julio de 2012). Portafolio. Aguilar, I. (2012). Ética y responsabilidad social. Bogotá, Colombia: Fondo de publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda. Bulla, J. (2009). Administración y corrupción. Madrid, España: Edición personal. Cortina, A. (2005). Ética de la empresa. Madrid, España: Editorial Trotta. Decreto No (1995). Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Diario oficial. Elliott, K. A. (2001). La corrupción en la economía global. Ciudad de México, México: Limusa. Gossaín, J. (3 de agosto de 2012). Las regalías, un tumbe de fábula contado por Juan Gossaín. El Tiempo. Ley No (2011). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Diario oficial. 19

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