Amparos colectivos para la provisión de medicamentos del VIH/SIDA - Casos A.V. y C. M. y IOMA Autor: CELS

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1 Amparos colectivos para la provisión de medicamentos del VIH/SIDA - Casos A.V. y C. M. y IOMA Autor: CELS El Programa Nacional de SIDA fue diseñado por el Estado nacional en cumplimiento de la Ley de Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (ley ). Este programa obliga al Ministerio de Salud y Acción Social a entregar los medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con VIH-SIDA que carezcan de obra social o sistema privado de salud. Las obras sociales, por su parte, tienen obligación de entregar los medicamentos para el tratamiento por aplicación de las leyes , y y por las obligaciones contractuales asumidas con sus afiliados. De esta forma, el régimen legal vigente ha quedado instituido para que todas las personas que viven con VIH/SIDA, encuentren garantizado el acceso a los tratamientos necesarios. Las personas que viven con VIH/SIDA han recurrido en numerosas oportunidades a los tribunales para reclamar allí al Estado, las obras sociales o a las empresas de servicios médicos privados el cumplimiento de su obligación de brindar cobertura médica y farmacológica. En la mayoría de estos casos los jueces han desarrollado un activismo comprometido que los ha llevado a exigir el cumplimiento de las obligaciones previstas en las normas, dictar medidas cautelares para satisfacer en forma inmediata los derechos vulnerados y aplicar severas multas en caso de condenas por incumplimiento. En el año 2000 la Corte Suprema de Justicia al confirmar las sentencias dictadas en un amparo presentado por Asociación Benghalensis, Fundación Descida, Fundación FEIM, Asociación Civil Intilla, Fundación RED, Fundación CEDOSEX, Fundación Argentina Pro Ayuda al Niño con Sida y Asociación Civil SIGLA. En este caso las organizaciones demandaban que se obligue al Estado nacional a cumplir con la obligación legal de asistencia, tratamiento, rehabilitación y suministro de medicamentos. La Corte confirmó, por un lado, la legitimación de las organizaciones para accionar no sólo en [razón de su] interés difuso en que se cumplan la Constitución y las leyes, sino en su carácter de titulares de un derecho de incidencia colectiva a la protección de la salud [ ] además del derecho que les asiste para accionar para el cumplimiento de una de las finalidades de su creación que, en el caso, es la de luchar contra el Sida. Luego, el tribunal adoptó un remedio de tipo general ya que obligó al Ministerio a cumplir con la Ley Nacional de SIDA cuyas prestaciones deben alcanzar a todas las personas que viven con VIH. La Corte Suprema de Justicia la que obligó al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley Si bien esta sentencia constituyó un antecedente fundamental para la determinación de las obligaciones estatales, la reiteración del problema que le había dado origen y las limitaciones la ejecución del fallo tanto para quienes impulsaron el caso como para aquellos que no habían sido parte del proceso, mostraron la necesidad de presentar nuevos reclamos judiciales que encontraban en Benghalensis una jurisprudencia que los jueces difícilmente podrían eludir. Sin embargo, la reiteración del problema muestra las limitaciones que tiene el mismo sistema para garantizar efectivamente los derechos que protege el precedente judicial, lo cual obliga a tener en cuenta, desde el comienzo, las estrategias que se desarrollarán en las distintas etapas del proceso a fin de maximizar el impacto de los resultados que se espera obtener.

2 Una estrategia para volver a someter a la justicia el problema del desaprovisionamiento podría haber sido ejecutar la orden impartida por la Corte en la causa Benghalensis. La falta de regulación sobre la legitimación para ejecutar una sentencia colectiva para aquellos que no fueron parte del proceso fue uno de los motivos contemplados al momento de decidir presentar un nuevo caso. Al mismo tiempo, no resultaba evidente que la opción desechada fuera la respuesta más eficiente frente a la urgencia del problema. La activa intervención judicial en los conflictos referidos a la situación de las personas que viven con VIH confirma al litigio como una herramienta valiosa para demandar respuestas urgentes frente a problemas que involucran derechos fundamentales como la salud y la vida. Además, fortalecen el ámbito judicial como un espacio de control sobre el Estado y las empresas prestadoras de servicios de salud, cuya discrecionalidad está limitada por la ley. Sin embargo, persisten hasta hoy serias falencias en la regular provisión de los medicamentos y otras prestaciones, que se suman a la falta de campañas sostenidas de prevención y los problemas estructurales de los que adolecen las políticas públicas en materia de salud. Caso A.V. y C. M. La dificultad en el acceso a medicamentos caracterizó la crisis sanitaria a fines del 2001 y se hizo particularmente grave para aquellas personas de menores recursos que dependen directamente de la provisión estatal y para las que cuentan con obras sociales de deficiente funcionamiento y escaso presupuesto. A comienzos de 2002 una serie de obstáculos administrativos interrumpieron la entrega de medicamentos para miles de pacientes dependientes del Programa Nacional de SIDA. Este tipo de tratamientos exige que la medicación se tome en forma diaria y, por lo tanto, la discontinuidad en la ingesta puede causar graves perjuicios para la salud e incluso poner en serio riesgo la vida. La falta de provisión regular fue denunciada por el CELS en una acción de amparo colectivo, patrocinando a dos personas beneficiarias del Programa, en representación de todas las personas que se encontraban en idéntica situación. Como medida cautelar se requirió a la justicia que ordene al al Estado Nacional que de forma inmediata tome todas las medidas pertinentes para que el Programa SIDA pueda garantizar la continuación de las prestaciones medicinales. El amparo se presentó el 26 de abril de aquel año. Ese mismo día, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 7, Luís María Márquez, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al ministerio brindar la provisión inmediata a los actores de los medicamentos. En el marco de esta acción, el juez intimó al Estado Nacional Ministerio de Salud para que en el plazo de dos días adopte las medidas necesarias para regularizar y mantener en lo sucesivo el suministro de las prestaciones medicinales relativas al tratamiento del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El Ministerio de Salud sostuvo que los incumplimientos y las demoras en el procedimiento de licitación para la compra de los medicamentos se debían a cuestiones

3 de índole económica, y que el mejoramiento de la economía desembocaría en la disponibilidad de presupuestos adecuados para la adquisición en tiempo y forma de los insumos requeridos por los pacientes del Programa Nacional. Estos argumentos no impidieron al juez imponer sanciones económicas frente a los sucesivos incumplimientos e incluso se decidió dar intervención a la justicia penal por la posible comisión de delitos de desobediencia a la orden judicial y abandono de persona. Por su parte, respecto al planteo colectivo, la decisión judicial alcanzó a todas las personas beneficiarias del programa y se habilitó un espacio de constante supervisión judicial de la conducta estatal frente a las obligaciones asumidas. En ese contexto, fueron incorporados a la causa otros beneficiarios que habían sido perjudicados por la falta de entrega de los medicamentos por considerarlos legitimados en el marco del amparo colectivo. En cada uno de estos casos el juez ordenó la inmediata entrega de los medicamentos basándose en los mismos argumentos que habían sostenido en la medida cautelar original. En octubre de 2003, el CELS utilizó este proceso para reclamar la entrega de las drogas Pegasys 180 mg (Interferón) y Vibuzol 200 mg. (Rivabirina), imprescindibles para el tratamiento de la Hepatitis C, a una persona que vive con el VIH. El Ministerio de Salud se negó a entregar la medicación con el argumento de que esas drogas no integraban el Vademecum del Programa Nacional de SIDA. El juez otorgó al ministro un plazo de 48 horas para concretar la entregar, bajo apercibimiento de denunciarlo por los delitos de desobediencia y denegación de asistencia. La causa principal permaneció abierta hasta el En febrero de ese año, la justicia dictó la sentencia de fondo y condenó al ministerio a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar y restablecer la entrega continua e ininterrumpida de los medicamentos que requieran todas las personas beneficiarias del Programa de SIDA, para continuar sus respectivos tratamientos, con ajuste a sus respectivos requerimientos médicos. La decisión de primera instancia fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, sala II, el 24 de junio de En este caso, la estrategia posterior a la sentencia incluyó presentaciones en sede administrativa para solicitar al programa que, en cumplimiento de la resolución, suministrara oportunamente los medicamentos ARV y aquellos necesarios para tratar las denominadas enfermedades oportunistas o marcadoras a un número de beneficiarios que encontraron trabas de diversa índole para acceder a esa medicación. Finalmente, la persistencia de denuncias de carácter individual da cuenta de la falta de resolución del conflicto en términos colectivos. Por tal razón, se volvió un imperativo estudiar y reflexionar acerca de medidas y mecanismos de ejecución que impactaran colectivamente y facilitaran el acceso al tratamiento adecuado en condiciones de igualdad a todos los beneficiarios del programa. En esta línea, se solicitaron diversas medidas de difusión de la sentencia y de descentralización de la ejecución. La presentación judicial solicitando medidas de ejecución con impacto colectivo, que se concretó el 5 de diciembre de 2005, constituyó un importante desafío. Ello porque se requirió al juez de primera instancia que, en ejercicio de su competencia y en

4 cumplimiento de numerosos imperativos legales, constitucionales y provenientes del derecho internacional de los derechos humanos, dispusiera las medidas adecuadas y necesarias para lograr la ejecución plena de la sentencia dictada el 27 de febrero del año anterior. Sintéticamente, se argumentó que la debida ejecución de las sentencias constituye uno de los elementos esenciales del derecho de acceso a la justicia, que en virtud del sistema republicano de gobierno la supervisión del cumplimiento de las decisiones judiciales es una actividad inherente al Poder Judicial (en su rol de garante último de los derechos de las personas), y que una actitud indiferente frente a la falta de acatamiento de la sentencia volvería ineficaz el amparo oportunamente interpuesto (contrariando el principio de efectividad de los recursos judiciales en materia de derechos humanos). A partir de estas consideraciones, se solicitaron medidas tendientes a que todos los beneficiarios del Programa SIDA tomaran conocimiento de la decisión judicial y de los mecanismos legales existentes para hacer efectivo el acceso al tratamiento. Frente a esta presentación, el juez ordenó al Ministerio que en el plazo de diez días corridos implemente las medidas de difusión de los alcances de la ley [Ley nacional de SIDA], de los derechos que otorga a las personas que viven con VIH con todo su alcance y extensión y de la sentencia dictada en estos autos, en el orden nacional, a los fines de garantizar la entrega continua e ininterrumpida de los medicamentos que requieran los beneficiarios del programa SIDA para continuar con sus respectivos tratamientos; asimismo, y en igual plazo, deberá comunicar las sentencias de ambas instancias dictadas en estos autos y la presente resolución, a todas y cada una de las jurisdicciones locales, a los fines del cumplimiento en los ámbitos de sus respectivas competencias de la normativa mencionada, y particularmente en cuanto concierne a la difusión de los derechos otorgados a los afectados de VIH, con todo su alcance y extensión. Todo bajo apercibimiento de dar intervención a la justicia penal por incumplimiento de una orden judicial y/o mal desempeño de las funciones públicas, en orden a la falta o deficiencia en la aplicación de la ley Además el juez señaló que tenía presente el pedido de notificación a cada uno de los juzgados provinciales para ser proveído en oportunidad de que se presente un caso concreto en alguna provincia. Caso IOMA A finales del año 2002, el CELS patrocinó a cuatro personas que viven con VIH/SIDA y que están afiliadas al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en un amparo presentado contra esa obra social y subsidiariamente, contra el Ministerio de Salud y Acción Social. Desconociendo las obligaciones impuestas por las leyes , y , y las que surgen de los contratos con los afiliados, la obra social estaba realizando entregas irregulares, fragmentadas o parciales de la medicación, e incluso había llegado a suspender unilateralmente el suministro. Por esa razón, los amparistas debieron interrumpir sus tratamientos médicos, poniendo en serio riesgo su salud. Como en el caso A.V., la acción fue presentada como amparo colectivo, pero la medida cautelar, ordenada ese mismo día, se dictó sólo a favor de estas cuatro personas. El juez Luis María Márquez rechazó posteriores intentos de que se incorporaran a la causa otras personas que se encontraban en idéntica situación.

5 A pesar de la existencia de una medida cautelar, IOMA no cumplió con la entrega de medicación. En consecuencia, en febrero de 2003 la justicia dispuso una sanción pecuniaria por incumplimiento y ordenó al ministerio que cumpliera con las provisiones ya que, en virtud del principio de subsidiariedad, esta obligación recae también sobre el Estado nacional. Sólo entonces la obra social y el ministerio cumplieron con la medida cautelar y entregaron los medicamentos. En la sentencia de primera instancia se revirtió el criterio de la medida cautelar y se admitió el alcance colectivo de la pretensión, tanto respecto de IOMA como del ministerio. La justicia dispuso: ordenar a IOMA a que brinde cobertura del 100% en los medicamentos que requieran los aquí accionantes y todos los beneficiarios de sus prestaciones para tratar su dolencia de VIH, conforme lo recete su médico tratante y ante la sola presentación de la receta. Subsidiariamente, y en caso de incumplimiento del obligado principal, ordénase al Estado nacional que adopte todas las medidas necesarias para garantizar y restablecer la entrega continua e ininterrumpida de los medicamentos que requieran los actores y los beneficiarios del IOMA que padecen VIH, para continuar sus respectivos tratamientos conforme las prescripciones médicas respectivas. Paralelamente, a lo largo de 2002 y 2003 se efectuaron presentaciones administrativas ante IOMA solicitando, en el marco de las órdenes judiciales dictadas, el suministro de medicación para las personas que se acercaron al CELS denunciando la falta de entrega regular o la negativa a suministrar ciertos medicamentos. En todos estos casos las personas obtuvieron la medicación que se les había prescrito. Sin embargo, los problemas persistieron en los años posteriores y el CELS continuaba recibiendo denuncias por incumplimiento. En el tramo final del litigio, se inició una etapa de diálogo entre las partes que procuró establecer mecanismos efectivos que permitieran resolver los problemas e inconvenientes que enfrentan las personas que viven con VIH/SIDA para acceder a los tratamientos y medicamentos. Este nuevo cariz que tomó el proceso revela que la confrontación en el ámbito judicial, e incluso la sentencia condenatoria, pueden además abrir ámbitos de intercambio que procuren revertir las condiciones que motivaron el pleito y evitar futuros incumplimientos. Esta vicisitud final del caso muestra cómo un planteo judicial puede, además de revertir la violación del derecho, tener potencialidad para provocar la gestación de mecanismos a través de los cuales discutir cuestiones vinculadas con su satisfacción que deberían estar, en principio, excluidas de la intervención judicial. Disponible en: c=602. Accedido el 23/09/11.

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