ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY

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1 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS, LEY N.º 8204, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2001, Y SUS REFORMAS JAVIER FRANCISCO CAMBRONERO ARGUEDAS MARCO VINICIO REDONDO QUIRÓS DIPUTADOS EXPEDIENTE N.º DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

2 PROYECTO DE LEY MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS, LEY N.º 8204, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2001, Y SUS REFORMAS Expediente N.º ASAMBLEA LEGISLATIVA: Costa Rica es uno de los países que presenta mayor lavado de dinero a nivel mundial. De acuerdo con Global Financial Integrity (GFI) en el reporte Illicit Financial Flows from Developing Countries , publicado en diciembre de 2014, el país registra el primer lugar en Centroamérica y el decimocuarto en flujos financieros ilícitos en todo el mundo. En Costa Rica, el delito de lavado de dinero o de legitimación de capitales, como se le denomina en el país, se encuentra regulado en el artículo 69 de la Ley N.º 8204, asemejándose a la recomendación del Manual de apoyo para la tipificación del delito de legitimación de capitales publicado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), aunque con la particularidad de remitir a un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro años o más. La limitación legal costarricense hace muy dudosa la efectiva aplicación del tipo penal, pues disminuye la aplicación de la legitimación debido a que en la mayoría de los casos las actividades de narcotráfico se descubren por el hallazgo de grandes caudales de dinero que intentan ser legitimados, dando lugar a una investigación que inicia con la prueba de una legitimación, pero sin el detalle esencial para determinar la existencia de una actividad delictiva precedente. Por lo tanto, es necesario iniciar la investigación de narcotráfico, luego enjuiciarla, lograr una condenatoria y, finalmente, encausar lo referente a la legitimación. Sin embargo, las posiciones interpretativas del lavado de dinero han variado con el paso del tiempo, pues ha empezado a ser considerado un delito autónomo que afecta el orden socioeconómico. Al respecto, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de los Estados Americanos, en el Informe El delito de lavado de activos como delito autónomo (Pinto R. & Chevalier O.), considera que si bien los convenios internacionales y las diferentes normativas nacionales relativas al lavado de activos sancionan la obstrucción en la administración de justicia, lo cierto del caso es que el orden socioeconómico y la salud financiera del Estado resultan afectados por maniobras de blanqueo de capitales.

3 LEGISLATIVOS EXP. N.º Esto es conforme con el Preámbulo del Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, según el cual la tipificación y la sanción del delito de lavado de activos intenta proteger a los estados de la acción de organizaciones criminales que tienen vínculos con el tráfico ilícito (de drogas) y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los estados. Considera la Cicad en dicho informe que el problema de lavado de activos está relacionado con la influencia de los narcodólares que generan una economía paralela que influye en los procesos inflacionarios y fomenta el abuso de poder y la delincuencia no convencional, las especulaciones financieras y monetarias, a la vez que permite la introducción de grandes cantidades de artículos suntuarios. Existen también estudios que aclaran cómo los ingresos de dinero de origen ilegal al mercado afecta al Estado al producir: corrupción en la política y la Administración Pública y la infiltración de las actividades criminales en los negocios legítimos. Puede considerarse que el orden socioeconómico y la salud financiera del Estado se ven comprometidos por las acciones de lavado; en este aspecto es posible identificar como valores afectados a la libre competencia y a la estabilidad y solidez del sistema financiero. Uno de los objetivos de las organizaciones criminales es corromper a los oficiales públicos para lograr prebendas y beneficios aparentemente legales. A su vez, estos oficiales públicos corrompidos tienen que lavar el dinero proveniente de ilícitos tales como el cohecho, pagos ilegales y fondos obtenidos a través de instituciones financieras internacionales. El principio de libre competencia se fundamenta en el concepto de confianza, que es uno de los pilares sobre los cuales descansa la economía de mercado y el desarrollo económico. Pero el objetivo de la criminalidad organizada es infiltrarse en la economía legal y lograr mercados monopólicos que eliminen la libre concurrencia, lo cual es uno de los principales riesgos de los mercados controlados por una organización criminal. Si los gobiernos no pueden controlar el lavado de dinero, estos mecanismos aparentemente legales controlados por organizaciones criminales pueden afectar la demanda de dinero, convirtiendo la tasa de interés y de cambio de los países en vías de desarrollo en altos índices de volatilidad y causando inflación. En síntesis, el lavado de dinero va más allá de una obstrucción a la administración de justicia y puede afectar seriamente la economía de los países.

4 LEGISLATIVOS EXP. N.º Sostiene también el informe en cuestión que las consecuencias dañosas de esta nueva realidad pueden describirse como la contaminación y desestabilización de los mercados financieros poniendo en peligro las bases económicas, políticas y sociales de la democracia. Dado que la integridad del sistema bancario y de los servicios financieros depende fundamentalmente de la percepción que de los mismos tenga la sociedad, dicha reputación, entendida como integridad, es uno de los valores más importantes de ambos sectores. Si los fondos provenientes de actividades ilegales pueden entrar en una institución integrante del sistema por la participación intencional de un empleado o por su negligencia, la institución puede verse involucrada en una actividad delictiva asociada a una organización criminal afectando negativamente la reputación de la institución. Además, el Fondo Monetario Internacional ha señalado como consecuencias perversas del lavado de activos a escala macroeconómica el cambio inexplicable en la demanda de dinero, lo que aumenta los riesgos bancarios, contaminando transacciones financieras e incrementando la volatilidad del flujo de capitales y el cambio de las tasas de interés debido a cambios sin anticipación de capitales entre distintos países. Es por las razones antes señaladas que el fenómeno del lavado de activos afecta en forma novedosa valores sociales tales como el orden socioeconómico. Y partir de tal hecho se debe subrayar que el blanqueo de dinero ya no solo afecta a la administración de justicia como lo hace el delito de encubrimiento: el blanqueo, de acuerdo con una interpretación teleológica del mismo, daña el orden socioeconómico al afectar tanto la libre competencia como la estabilidad y la solidez del sistema financiero. A diferencia de Costa Rica, los Estados Unidos de Norteamérica contempla el delito de legitimación de capitales desde una perspectiva meramente financiera, que recibe atención inmediata al deber los bancos e instituciones financieras depositarias notificar un "esquema de lavado de dinero en progreso" a una agencia encargada de cumplir la ley, como el Departamento Federal de Investigaciones (FBI), sin perjuicio del reporte de cualquier operación sospechosa relacionada con este ilícito a la Red para la Persecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (Fin Cen). Según el Informe de Investigación sobre el Delito de Legitimación de Capitales de 2010, del Centro de Información Jurídica en Línea de la Universidad de Costa Rica, se considera que el delito de legitimación de capitales tiene todos los elementos suficientes para ser considerado actualmente como un delito independiente de la actividad del narcotráfico. El mismo desarrollo que esta actividad ha venido mostrando demuestra que el objetivo de aquella es distinto, por tanto, el bien jurídico a tutelar también. Necesariamente debemos considerar a partir de los resultados obtenidos, que ambos ilícitos tienen por sí naturalezas distintas. Así, con fundamento en la construcción de la teoría del delito aplicada a este ilícito, lo cierto es que las diferencias respecto de la actividad del narcotráfico son sustanciales, el ente que se pretende proteger con la tipificación de la

5 LEGISLATIVOS EXP. N.º legitimación de capitales no tiene ninguna relación con el bien jurídico protegido cuando de delitos de narcotráfico se trata, precisamente porque tal actividad puede ser cometida por todos aquellos que tengan el capital susceptible de legitimarse, siempre que este provenga de una actividad ilícita, que no justamente será la vinculada al problema de las drogas. En este sentido, el bien jurídico protegido es la economía nacional, la cual recibe el impacto directo de este delito a través de las entidades bancarias y financieras, que, a su vez, son las encargadas de velar por el orden económico nacional, y por tanto están llamadas a detectar las irregularidades que puedan darse en las transacciones, en el tanto el dinero que circula debe tener algún fundamento en las actividades productivas del país, por tanto, una inyección de capital que no provenga de alguna de estas actividades desestabiliza el ordenamiento económico porque distorsiona la economía, por provenir el dinero de actividades ajenas al modelo circular de la misma y porque, también, desquebraja la integridad del sistema frente a la comunidad internacional, cuya consecuencia directa sería la afectación de la inversión extranjera. Es por ello que con fundamento en lo expuesto, me permito presentar el presente proyecto de ley, para la valoración de las señoras y los señores diputados.

6 LEGISLATIVOS EXP. N.º LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS, LEY N.º 8204, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2001, Y SUS REFORMAS ARTÍCULO ÚNICO.- Modifíquese el artículo 69 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, Ley N.º 8204, de 26 de diciembre de 2001, y sus reformas, que se leerá de la siguiente manera: Artículo 69.- años: Será sancionado con pena de prisión de ocho a veinte a) Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se originan en un delito que, dentro de su rango de penas, puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro años o más, o en una operación financiera o comercial que perjudique el orden socioeconómico por legalización de bienes de interés económico de causa ilícita, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudarle a la persona que haya participado en las infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. b) Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito que dentro su rango de penas puede ser sancionado con pena de prisión de cuatro años o más o de una operación financiera o comercial que perjudique el orden socioeconómico por legalización de bienes de interés económico de causa ilícita. La pena será de diez a veinte años de prisión, cuando los bienes de interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores, sustancias químicas esenciales y delitos conexos, conductas tipificadas como terroristas, de acuerdo con la legislación vigente o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones terroristas.

7 LEGISLATIVOS EXP. N.º Rige a partir de su publicación. Javier Francisco Cambronero Arguedas Marco Vinicio Redondo Quirós DIPUTADOS 15 de diciembre de 2015 NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.