Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Segurança Pública

Transcripción

1 Plan Nacional de Seguridad Pública

2 Ministério da Justiça Secretaria Nacional de Segurança Pública Nota: Esta versión del Plan Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Lula ha pasado por una pequeña y muy puntual revisión, pero ha mantenido sus principios y directrices intactos INSTITUTO CIUDADANÍA Rua Pouso Alegre, 21 Ipiranga CEP São Paulo SP Brasil Telefax: (11) Sitio en la Internet: Correo electrónico: iciudadanía@uol.con.br Autorización para realizar la traducción otorgada por el Instituto Ciudadanía

3 Plan Nacional de Seguridad Pública PRESENTACIÓN s con una gran satisfacción, con el sentimiento de deber cumplido y también muy preocupado, como todos los brasileños que presento, en nombre del EInstituto Ciudadanía, este proyecto, cuyo objetivo es contribuir para que se les devuelva a los ciudadanos de nuestro país el sagrado derecho democrático a la seguridad personal, familiar y comunitaria. Fruto de quince meses de trabajo, discusiones, estudios, investigaciones, seminarios y debates, además de contribuciones brindadas por una amplia variedad de expertos en seguridad pública, miembros de los Tres Poderes en las tres esferas administrativas, líderes de comunidades, asociaciones representativas y centros universitarios, este documento contiene un profundo diagnóstico sobre el problema y una serie de propuestas concretas, consistentes y plenamente factibles que se podrán implementar ya, a corto plazo. Al igual que los demás proyectos lanzados por el Instituto Ciudadanía, esta propuesta debe ser considerada de dominio público, o sea, se puede y se debe aprovechar, aplicar, divulgar y desarrollar por todos los brasileros que tengan interés en transformar nuestro país en una nación verdaderamente justa, donde la democracia se consolide y se expanda a los amplios reductos hoy condenados a la exclusión social. La propuesta no tiene coloración partidaria, ni credo ideológico. Su intención es convocar una unidad nacional muy amplia para enfrentar y derrotar a ese enemigo común, la violencia, en todas las formas que se presente: el crimen organizado, que usa el guante blanco en los asesinatos, violaciones sexuales y secuestros odiosos. El país se encuentra zambullido en inseguridad y miedo. Nadie está protegido contra la violencia. El problema ocupa el centro de las preocupaciones de todos nosotros y cruza la sociedad de punta la punta. Pobres y ricos sufren con el avance de la violencia y la barbarie. Poblaciones enteras en la periferia de las grandes ciudades viven sitiadas, bajo la dominación de criminales de todo tipo, inseguras ante las graves deficiencias de las corporaciones policiales. La juventud pobre ha sido víctima de un verdadero genocidio y hay áreas donde los registros demográficos revelan un déficit de jóvenes del sexo masculino que sólo se puede comparar al que se dio en los países en guerra. Diseminándose por el país a partir del pésimo ejemplo que emana de las altas esferas de

4 Plan Nacional de Seguridad Pública nuestra vida política, la corrupción introdujo sus tentáculos también en el seno de los aparatos de seguridad, en los presidios y en las instituciones que se destinan a recuperar adolescentes infractores. Se ha instaurado un escenario de caos y descontrol. Con la impunidad que deriva de la ineficiencia del sistema público de seguridad, el crimen se ha infiltrado en las instituciones, agravando la ineficiencia y generando más impunidad todavía. Es urgente apremiante - dar un firme basta la esta situación. Sólo se podrá revertir ese escenario calamitoso si los brasileros se diesen las manos y asumiesen una nueva mentalidad ante el problema. Se le exige una nueva conducta a la sociedad y que se introduzcan profundos cambios en todo el sistema de seguridad pública, propuestos y explicados con detalles en este documento. Una parte expresiva del problema general de la violencia en nuestro país deriva obviamente de los graves problemas sociales que forman parte de la vida de millones de brasileros, a quienes fueron negados derechos elementales como el trabajo, la vivienda, la tierra, la educación y la salud. Superar esa realidad dramática es un desafío que no se puede separar de las propuestas aquí articuladas como solución para los problemas en el área de seguridad pública. Este documento presenta los cambios que se hacen necesarios en las organizaciones vinculadas a la seguridad, explica la importancia de la actuación integrada entre las diferentes fuerzas policiales, sugiere nuevas directrices para la formación y la capacitación de sus planteles y defiende el perfeccionamiento técnico-científico, sobre todo la valoración del material humano que compone las corporaciones policiales, en todas las dimensiones: ética, psicológica educativa y también salarial. Aquí constan medidas específicamente dedicadas al crimen organizado, al narcotráfico, al contrabando, al problema de las drogas, a la asistencia judicial, al desarmamiento, a la violencia doméstica y contra las mujeres, contra los niños, contra los negros y las minorías. Aquí están enfocadas la situación catastrófica del sistema penitenciario brasilero, las conexiones del tráfico de armas y el problema de la violencia en el tránsito. Aquí están indicados los cambios necesarios para lograr una cooperación eficiente entre las autoridades policiales y judiciales al combatir el crimen, desde las primeras investigaciones hasta la represión y persecución penal. Aquí está demostrada la necesidad de que haya un cambio completo en la perspectiva de la propia sociedad respecto al problema de la seguridad, un tema mucho más amplio que

5 Plan Nacional de Seguridad Pública las esferas de la acción policial, que exige la participación activa de las comunidades para enfrentarlo. En este documento queda señalada la necesaria conjugación de esfuerzos entre la Unión, los estados y municipios y se recomiendan distintas alteraciones en la legislación brasilera. Antes de más nada, se trata de garantizar una verdadera revolución en la historia de nuestro país: es fundamental que las leyes pasen la ser cumplidas. Estamos abiertos a sugerencias de cambios en nuestras propuestas y rogamos que todos contribuyan para perfeccionar este proyecto que dedicamos a los millones de hombres y mujeres que han sido víctimas de la violencia en nuestro país, destacándose en tiempos recientes los insoportables episodios en los que se vieron involucrados brasileros honrados y brillantes como Antônio de la Costa Santos, Celso Daniel y Washington Olivetto. Brasilia, 27 de febrero de Luiz Inácio Lula da Silva

6 Plan Nacional de Seguridad Pública PROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA PROMOCIÓN Instituto Ciudadanía COORDINACIóN GENERAL Luiz Inácio Lula da Silva José Alberto de Camargo COORDINACIÓN TEMÁTICA Antonio Carlos Biscaia Benedito Domingos Mariano Luiz Eduardo Soares Roberto A. R. de Aguiar COORDINACIÓN EJECUTIVA Antonio Carlos Biscaia Pascoal Bordignon ALIADO Fundación Djalma Guimarães ASESORÍA TÉCNICA Paulo Ricardo Brinckmann Oliveira PARTICIPANTES DE LOS DEBATES Adriano Oliveira Alberto de Oliveira Andrade Neto Alexandre Yousef Antonio Carlos Carballo Blanco Antonio José C. Moreira Aymoré Roque Pottes de Mello Candido Mendes Carlos Adelmar Ferreira Cásio Luiz de Francia Cesar Maia Claudio Beato Claudio Tognolli Cristina Zackseski Denis Mizne Denise Frosard Ela Wiecko de Castilho Eliana Rocha Oliveira Eloi Pietá Fernando Pimentel Geraldo L. Cavagnari Getúlio Bezerra Gláucio Ari Dilon Soares Guaracy Mingard Hélio Bicudo Henry Charles Armond Calvert Ibrahim Abi-Ackel

7 Plan Nacional de Seguridad Pública Isabel Freitas Ivan Gibim Lacerda Ivana Farina Jacqueline Muniz Jésus Trindad Barreto João Carlos Alves José Di Filippi Júnior José Marcelo Zacci José Márcio Barros José Paulo Bisol José Vicente Tavares Cel. José Vicente Juraci Vieira de Magalhães Leila Maria Torraca de Brito Luiz Ferraz Moulin Luiz Paulo Vellozo Lucas Marcelo Cerqueira Márcio Thomaz Bastos Marco Antonio Rodrigues Barbosa Maria de Salete de la Costa Maia Maria del Carmo Lara Marta Suplicy Maximino Fernandes Mirian Abramovay Mônica Viegas Andrade Nelson Pellegrino Nilmário Miranda Orlando Fantazini Paulo Fernando Fortunato Paulo Mesquita Neto Perly Cipriano Rapper Thaíde Cel. Rui Cesar Melo Sales de Albuquerque Salete M. P. Maccaloz Sérgio Leite Valéria Nepomuceno Vanderlei Siraque Vidal Serrano Cabo Wilson de Oliveira Morales COLABORADORES Ana Paula Motta Costa Antônio José Imbasahy da Silva Antônio Tadeu Rodrigues Edson Sardano Fernando Antônio S. Alves Fórum de Mulheres de Pernambuco Ignácio Cano Pe. Jaime Crowe Jorge Zaverucha José Genoíno Kátia Ferreira Lucila Pizani Goncialves

8 Plan Nacional de Seguridad Pública Marco Cepik Marcos Rolim Mirian Guindani Marco Aurélio de Souza Virginia Feix Wálter Fanganiello Maierovitch CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TEXTOS) Anália Ribeiro Airton Michells Bárbara Musumeci Soares Carlos Guazzelli Carlos Cesar D'Elia Carlos Minc Delmar Pacheco da Luz Julita Lemgruber Leonarda Musumeci Nagashi Furukawa Ruben Cesar Fernandes Silvia Ramos INSTITUTO CIUDADANÍA Paulo Tarciso Okamotto EQUIPO Carlos Tibúrcio Fabiana Vezzali (estagiária) José Carlos Espinoza Marisete Beu Mônica Zerbinato Paulo Vannuchi Regina Brasilero Spency Pimentel Vera Gorczeski SECRETARÍA Maria Aparecida da Cunha Sanches Ricardo Zerbinato REVISIÓN Fábio José Kerche Nunes Paulo R. B. Oliveira Paulo Vannuchi Spensy Pimentel EDICIóN ELECTRÓNICA Mariangela Araújo IMPRESIÓN Gráfica e Editora FG

9 Ministro de la Justicia Marcio Thomaz Bastos Secretário Nacional de la Seguridad Pública Luiz Fernando Corrêa Director del Departamento de la Investigación, del Análisis de la Información y del Desarrollo del Personal en Seguridad Pública Jacqueline Muniz Director del Departamento de la Ejecución y de la Evaluación del Plan Nacional de la Seguridad Pública Daelson Oliveira Viana Director del Departamento de la Política, de los Programas y de los Proyectos Sérgio Andréa Ficha Técnica Director del Departamento de la Investigación, del Análisis de la Información y del Desarrollo del Personal en Seguridad Pública Jacqueline Muniz Coordinación General de la Investigación Marcelo Durante Coordinación General de la Educación Rita de Cássia Andréa Coordinación General del Análisis de la Información Renato Lima Asesor Rosier Custódio Traducción Marilia Rebello Editor Gráfico Rafael Rodrigues de Sousa

10 Plan Nacional de Seguridad Pública ÍNDICE 1. Introducción Identificación de la problemática: contexto y prioridades Síntesis del diagnóstico específicamente criminal y de la matriz de soluciones La prioridad de las políticas públicas de prevención de la violencia La experiencia internacional El enfoque en el sujeto de la gestión pública y las alianzas locales La problemática de las drogas Crimen organizado Combatir el secuestro Principios para una Nueva Policía Problemas estructurales de las policías Aspectos científicos y tecnológicos Aspectos educativos El carácter fundamental de la ética y de los derechos humanos Aspectos de participación Exigencias para elaborar una política de seguridad pública en la esfera policial Los problemas de las policías Síntesis del diagnóstico Reformas sustantivas en la esfera de la Unión y de los estados Creación del Sistema Único de Seguridad Pública en los estados Consejo Consultivo de Seguridad Pública Unificación progresiva de las academias y escuelas de formación Integración territorial Creación de organismo integrado de información e inteligencia policial Corregimiento Único Programa integrado de salud menta Fijación de salario mínimo...62

11 Plan Nacional de Seguridad Pública Protección a la integridad física del policía Obediencia a los dispositivos que reglamentan y prohíben la participación de policías en las empresas de seguridad privada Prohibir que ocupen cargos de confianza o de dirección en el Sistema Integrado de Seguri dad Pública policías que participaron de tortura o colaboraron con dicha práctic Grupo unificado de mediación de conflictos Centros de Asuntos Internos de Policía autónomos e independientes Cambios en las policías militares y en las policías civiles para implementar el Sistema Único de Seguridad Pública Policía Militar: calificación de la vigilancia preventiva y en las calles Vigilancia comunitaria Cambios en los reglamentos disciplinarios Disminución de grados jerárquicos Control riguroso del uso de fuerza letal (arma de fuego) Reducción del plantel permanente en las funciones administrativas Policía Civil: investigación científicamente orientada como principio y algunos cambios prioritarios Desvincular los Departamentos de Tránsito y las policías civiles Eliminar la caracterización de los vehículos para investigación Modificar la dirección de la Policía Civil Reformular las Leyes Orgánicas de las policías estatales Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil Autonomía de los organismos periciales Cambios en los organismos periciales Diagnóstico general de las actividades de la pericia Propuestas para los organismos de pericia Creación de organismo coordinador de la Política Nacional de Seguridad Pública Reformas sustantivas en la esfera municipal: seguridad pública en el Municipio la Guardia Municipal Modificaciones en las guardias municipales...87

12 Plan Nacional de Seguridad Pública 5. Un nuevo marco legal para el setor de seguridad pública en Brasil: cambios constitucionales relativos a las agencias policiales El procedimiento acusatorio: la indagatoria policial y el Ministerio Público Introducción: diagnóstico sobre la indagatoria y el fin de la acusación El control externo de la actividad policial Investigación penal e investigación sumaria Violencia doméstica y de género Introducción Bases del Programa Diagnóstico Metas y acciones La violencia contra las minorías Introducción Centros de Referencia de Protección de las Minorías Para quienes son y cómo deben ser creados los Centros de Referencia El acceso a la Justicia: la importancia de la Defensoría Pública Sistema penitenciario Introducción El sistema penitenciario y la ejecución de las penas Propuestas para cambiar el sistema Medidas del gobierno en el ámbito federal y estatal con relación a los infractores Medidas del gobierno en el ámbito federal y estatal para los sistemas penitenciarios Seguridad privada: diagnóstico y propuestas Introducción: la realidad brasileña Seguridad privada y responsabilidad pública: algunas consideraciones Los problemas de la seguridad privada en Brasil Propuestas para enfrentar el problema Programas de protección de testigos amenazados y la concepción de un sistema nacionalde protección...135

13 Plan Nacional de Seguridad Pública Introducción El Consejo Nacional de Protección de Testigos y algunas propuesta Reducción de la edad de imputabilidad penal y el ECA Violencia en el tránsito Movilización Educación Información Investigación Ingeniería de Tráfico Urbanismo Desarme y control Introducción El Sistema Nacional de Armas y la nueva política de control de armas El control de la oferta Restricción legal para la venta de armas y municiones en el mercado interno Restricción a las exportaciones a países vecinos Control de la oferta de armas y municiones de fabricación extranjera Implementar la Convención de la Organización de los Estados Americanos Acelerar la cooperación en el MERCOSUR Establecer un Código de Conducta para América Latina Control del transporte de armas y municiones Control sobre mayoristas intermediarios (brokers) Reducción de la demanda por armas y municiones Campañas de concientización Política de represión al uso de armas de fuego Control y reducción de stock circulante Modernización de la gestión de almacenamiento de armas Control sobre empresas privadas de seguridad...156

14 Plan Nacional de Seguridad Pública Destrucción de excedentes y de armas aprehendidas Nuevo registro de armas Cambios institucionales...158

15 Plan Nacional de Seguridad Pública - 12 PROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA 1.Introducción 1.1. Identificación de la problemática: contexto y prioridades n gobierno comprometido con la justicia y el ejercicio de la ética en la política, determinado a profundizar la democracia, incorporar los Ubrasileros más pobres a la ciudadanía plena, extender a todos los hombres y mujeres de nuestro país los derechos civiles y los beneficios del Estado Democrático de Derecho, tendrá que dedicarse con prioridad a combatir la violencia de todas las maneras en que ella se presente. Del hambre a la tortura, del desempleo a la corrupción, de la desigualdad injusta a la criminalidad. Todas esas expresiones de la violencia se alimentan recíprocamente: la impunidad promueve injusticias, que estimulan crímenes, que generan gastos, difunden la cultura del miedo, condicionan la reducción de inversiones y amenazan a la industria del turismo (entre otras), lo que, a su vez, ejerce un impacto negativo sobre el nivel de empleo y amplía la crisis social. El ciclo vicioso gira indefinidamente sobre su propio eje, profundizando los problemas por la degradación de toda la red de interconexiones en que prosperan. El tejido social se abre y se deteriora. Se ven fragilizadas la confianza mutua entre las personas, base de la sociabilidad ciudadana y del convivir humano cooperativo, y también la confianza en las instituciones públicas. Sin credibilidad, estas pierden su base de legitimidad, lo que representa un riesgo para las bases de la democracia, cuya reconstrucción tanto le viene costando al pueblo brasilero. El Instituto Ciudadanía se ha dedicado elaborar propuestas de políticas públicas que se destinan a enfrentar diferentes puntas de ese novillo complejo, en el que se articulan distintos tipos de violencia. Fueron divulgados recientemente proyectos para combatir el hambre, de democratización de la vivienda y de transformación estructural de la economía brasilera. Otros están siendo desarrollados, abocados a tópicos específicos, todos importantes para cambiar a Brasil y hacerlo menos violento,

16 Plan Nacional de Seguridad Pública - 13 más justo y democrático. El objetivo de este documento es someter a la apreciación de la sociedad un proyecto de seguridad pública cuya meta es reducir las modalidades de violencia que se manifiestan como criminalidad. Ese problema gravísimo es parte de una constelación más amplia de prácticas, circunstancias históricas, condiciones institucionales y relaciones sociales violentas. Las interfaces y superposiciones con otras problemáticas son tantas y tan relevantes, que se hace imperioso tratarlas, definiéndolas como parte del alcance del objeto principal. Sin embargo, toda las veces que este proyecto señale la necesidad de transformaciones socio-económicas estructurales, dicha exigencia quedará solamente señalada, puesto que este no es el espacio adecuado para enfrentar todo el conjunto de desafíos que se le imponen al que asume el compromiso de transformar a Brasil en un territorio de paz y justicia. Este proyecto se aboca a un área temática específica, por más que se reconozca el carácter multidimensional de esa área y, por ende, por más que se esté atento a los riesgos de simplificación que están presentes cuando se separa el tema de la complejidad socio-económico-cultural a que pertenece. En nuestro país, la violencia criminal afecta a todos los segmentos sociales, desde los más ricos a los más pobres, lo que hace con que la inseguridad sea una experiencia ampliamente compartida. No obstante, no todos los delitos se distribuyen equitativamente. Los crímenes contra el patrimonio afectan, preferentemente, a los estratos sociales superiores y los crímenes contra la persona, especialmente los más graves, los homicidios dolosos, victiman, sobre todo, a los más pobres, principalmente los jóvenes entre 15 y 24 años o entre 14 y 29 (según el recorte etario), del sexo masculino y negros. El hecho es que nadie está libre de la violencia criminal. Ese carácter universal o difuso de la inseguridad se confirma por el fracaso de las políticas de seguridad truculentas, practicadas en las últimas décadas en la mayoría de los estados: políticas orientadas hacia la protección exclusiva de las elites no funcionan; rodear las regiones nobles de las ciudades y arrojar a las policías como perros sobre las periferias no soluciona nada. Esas políticas producen el terror en las periferias, que ni así logran garantizar la defensa de los barrios privilegiados. Todos terminan siendo perjudicados, inclusive las elites, a quienes no interesa una policía incompetente y cómplice del crimen. Ese descalabro produjo una sucesión de

17 Plan Nacional de Seguridad Pública - 14 desastres y concurrió para que se generara el cuadro de impunidad, irracionalidad, ineficiencia y barbarie que hemos heredado, además de haber contribuido para degradar las instituciones policiales, haciéndolas más arbitrarias, violentas y corruptas, y profundizando la fosa que las separa de la población. Por ende, la conclusión: o hay seguridad para todos, o nadie estará seguro en Brasil. La seguridad es un bien por excelencia democrático, que legítimamente desean todos los sectores sociales y constituye un derecho fundamental de la ciudadanía, una obligación constitucional del Estado y una responsabilidad de cada un de nosotros. Como la vida es el bien más valioso, los crímenes letales son los más nefastos. Dado que se concentran en la juventud pobre, protegerla constituye la tarea prioritaria de una política coherente de seguridad pública. Identificar la prioridad no implica en ser negligente con otros grupos sociales u otros tipos de delito. Significa seleccionar el núcleo sobre el que deben incidir los principales esfuerzos. Una acción eficaz ejercida sobre ese núcleo producirá efectos reductores de gran relevancia sobre los demás tipos de prácticas criminales, considerando sus entrelazamientos. El problema más dramático en el área de seguridad es, por lo tanto, el verdadero genocidio a que viene siendo sometida la juventud brasilera, especialmente la juventud pobre del sexo masculino y, en particular, los jóvenes negros. En 1999, en la ciudad del Rio de Janeiro, por ejemplo, en cada grupo de cien mil habitantes, 239 jóvenes del sexo masculino, con edades entre 15 y 29 anos, fueron víctimas de homicidios dolosos. La magnitud del problema es tamaña que sus consecuencias ya se pueden percibir en la estructura demográfica brasilera. La estratificación etaria de la población presenta un déficit de jóvenes del sexo masculino que sólo se puede comparar al que se constata en las sociedades que se encuentran en guerra. Es como si Brasil viviese los efectos devastadores de una guerra civil sin bandera, sin propósito, sin ideología y sin razón. Para comprender la dinámica en que tantas vidas están siendo prematuramente sacrificadas, hay que reunir los siguientes ingredientes: (a) acogida familiar, comunitaria y escolar deficientes; (b) falta de perspectivas de integración social plena; (c) ausencia del Estado en los territorios urbanos depauperados; (d) en las

18 Plan Nacional de Seguridad Pública - 15 periferias, villas miserias, el mercado al por menor de tráfico de armas y drogas se ha convertido en fuente de reclutamiento para actividades ilegales; (e) despliegue del tráfico en amplia variedad de prácticas criminales, gracias a la disponibilidad de armas. Esos factores combinados, que afectan a segmentos de la juventud pobre, hacen con que determinados grupos seguramente, una minoría se vean atraídos por la seducción del tráfico y se unan a la organización criminosa. Con triste frecuencia, esa unión condenará una parte significativa de esos jóvenes a un itinerario de delincuencia y a la muerte precoz y violenta. Las ventajas materiales y simbólico-afectivas que ofrece el tráfico, compensan la carencia de auto-estima, la invisibilidad social (provocada por los estigmas o por la indiferencia), la falta de vínculos de identidad fuertes con la comunidad, la escuela o la familia, la falta de la gratificación proporcionada por el esparcimiento y el deporte, y la precariedad de perspectivas de integración plena en el mercado, en un contexto en que la sociedad parece valorizar solamente el status que brilla en el consumo exhibicionista. Esos factores afectan también a los jóvenes de las capas medias y de las elites. No obstante, en los barrios privilegiados no existe el poder territorial de traficantes armados; no pesan tanto, desde el punto de vista estrictamente económico, las ventajas materiales proporcionadas por estar involucrado con el crimen; y hay fuentes alternativas de apoyo, capaces de garantizar alguna sustentación para la autoestima fragilizada, que ofrecen oportunidades de acogida y escucha, incluso profesional. En otras palabras, mientras que en las regiones urbanas más pobres la única fuente alternativa, muchas veces, son las Iglesias, en las áreas de clase media los jóvenes pueden, eventualmente, contar con la ayuda de psicólogos y escuelas bien estructuradas, clubes deportivos y de esparcimiento organizado. Esas diferencias terminan siendo sustanciales, aún cuando problemas familiares y psicológicos coinciden. Además de eso, cuando el consumo de drogas provoca alguna participación en la rede capilar de distribución y la acción policial agarra al joven en flagrante delito y lo conduce a la jefatura de policía, la familia remediada frecuentemente negocia con policías vulnerables a la corrupción la libertad amenazada del hijo. La familia pobre,

19 Plan Nacional de Seguridad Pública - 16 ante el mismo drama, no tiene medios para comprar una segunda oportunidad, salvo que los propios traficantes financien la operación. En ese caso, con todo, el precio de la libertad será la intensificación de la participación comprometedora. Por ese motivo, en los Juzgados de Menores o en las cárceles, entre los detenidos por consumo de drogas y sospecha de tráfico, prácticamente sólo hay jóvenes pobres. Esto no quiere decir que solamente los pobres consuman drogas y se involucren en las redes clandestinas de distribución. Esto quiere decir sí que sólo los hijos de las capas medias y de las elites tienen medios propios de escapar a la represión policial. La consecuencia es que, solamente a los jóvenes privilegiados, por intervención familiar y, muchas veces, por intermedio de procedimientos ilícitos, será proporcionada la oportunidad de un apoyo terapéutico o educativo para enfrentar la drogadicción. A los pobres resta la ley (que es inadecuada, pues convierte en crimen un problema de salud pública) y, aún esa, no siempre se cumple de manera correcta cuando son pobres los transgresores. De esa forma, los adolescentes arrestados con drogas serán encaminados para las instituciones responsables por aplicar las medidas socio-educativas, que, por lo general, no se han mostrado a la altura de las exigencias formuladas en el Estatuto del Niño y del Adolescente. Los que ya tienen edad para penas de prisión pagarán acudiendo, día a día a los presidios y a las cárceles, a un curso práctico de especialización en resentimiento, criminalidad e inmersión en el vicio. Juventud pobre reclutada por unidades locales del tráfico de armas y drogas, responsable por la venta al por menor de ese comercio ilegal: ahí está el centro de una de nuestras tragedias nacionales más grandes, el nervio del proceso auto-fágico y genocida. Los crímenes que tienen ese origen no son solamente los homicidios que resultan de las rivalidades entre los grupos minoristas. Los robos a mano armada, los robos seguidos de muerte, los secuestros, con todas sus variaciones, los robos a residencias, bancos y ómnibus, los robos y hurtos de vehículos, los robos de cargas, todas esas prácticas son estimuladas y, en muchos casos, encuentran su factibilidad en la disponibilidad de armas, traficadas por iniciativa y financiamiento de los mercaderes de drogas. El tráfico coopta un ejército de reserva para la industria del crimen y determina un nivel intenso de actividad criminal, en función de la conveniencia económica de ocupar la capacidad ociosa del armamento. En ese mercado clandestino, por analogía con la lógica de la economía, la productividad

20 Plan Nacional de Seguridad Pública - 17 perversa del crimen tiende a ser elevada hasta alcanzar la utilización plena de la capacidad productiva instalada el armamento, empleando la mano de obra que pueda movilizar, en ese caso los reclutas seducidos principalmente en el mercado minorista de las drogas. La racionalidad del mercado del crimen estructurado alrededor del tráfico de armas induce a que se expandan en intensidad y variedad las actividades criminosas, lo que implica no solamente en que la tendencia sea el crecimiento del número de crímenes, sino que también en que la tendencia sea el aumento del grado de riesgo y violencia, porque más comúnmente se utilizan armas de fuego. Esa lógica no se afirma en un ambiente libre de circunstancias. Su aplicación depende de la tasa de impunidad o de la tasa de riesgo con la que se opera el tráfico de armas y drogas, y se practican las distintas modalidades de crimen y es igualmente función del repertorio de alternativas legales e ilegales, o sea, de las ventajas o desventajas relativas de las estrategias de supervivencia, afirmación personal, acumulación económica, ejercicio de poder y acceso al consumo. El grado de promiscuidad de las policías con las organizaciones criminosas constituye también una variable decisiva en ese marco. Hay que observar que el exceso de armas no induce únicamente al crimen; es también una razón por la que conflictos fútiles terminan en finales trágicos: pequeños desentendimientos en un bar regados a alcohol se convierten en crímenes letales solamente porque hay un arma disponible. A los emprendedores del mercado criminal interesa mantener planteles cada vez más numerosos de jóvenes sin esperanza de integración a la ciudadanía plena, porque ese fenómeno amplía la oferta, o sea, las posibilidades de reclutamiento de fuerza laboral desechable (y dispuesta a servir a propósitos ilegales) y reduce el precio de la misma restringiendo el costo de producción del crimen y, consecuentemente, ampliando la expectativa de lucro. Si la escena más dramática es la del teatro de guerra los espacios urbanos abandonados por el poder público, donde se instala el mercado minorista del tráfico y ocurren los enfrentamientos entre grupos rivales, la escena decisiva, de la que emana el guión de la tragedia, donde actúan sus verdaderos protagonistas, los agentes últimos de la violencia y esta se ubica bien lejos de allí. Sus atores son los operadores