LA FISCALIDAD DE LA FAMILIA E LA COMU IDAD AUTÓ OMA DE CASTILLA Y LEÓ

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1 LA FISCALIDAD DE LA FAMILIA E LA COMU IDAD AUTÓ OMA DE CASTILLA Y LEÓ Antonio APARICIO PÉREZ Profesor Titular de Derecho Financiero Departamento de Derecho Público. Universidad de Oviedo. El objeto de este trabajo es analizar el tratamiento fiscal de la familia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Para ello es necesario hacer las siguientes puntualizaciones: En primer lugar, la familia es la unidad básica de convivencia y por ello digna de una especial protección, la cual se reconoce expresamente en el artículo de la Constitución española. En segundo lugar, dada la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno y administración, las Comunidades Autónomas pueden contribuir de diversas formas a su protección y una de éstas es la adopción de medidas fiscales. Partiendo, pues, de estas premisas el trabajo se ha estructurado del siguiente modo: en primer lugar, se esboza el contenido de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas dentro del marco constitucional; seguidamente, se analizan, por una parte, la potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el marco constitucional, y por otra, el ejercicio de su potestad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en lo relativo a las medidas tomadas en ellos para protección de la familia; y se finaliza el trabajo recogiendo unas breves conclusiones en torno al significado y alcance de la política fiscal de la Comunidad en relación con la protección a la familia. La metodología seguida se basa en la utilización de un doble método: el dogmático y el lógico-formal por ser los más adecuados y propios de las ciencias jurídicas.

2 LA FISCALIDAD DE LA FAMILIA E LA COMU IDAD AUTÓ OMA DE CASTILLA Y LEÓ Antonio APARICIO PÉREZ Profesor Titular de Derecho Financiero Departamento de Derecho Público. Universidad de Oviedo. 1.-INTRODUCCIÓN De partida, es necesario hacer las siguientes puntualizaciones: en primer lugar, la familia es la unidad básica de convivencia y por ello digna de una especial protección, la cual se reconoce expresamente en el artículo de la Constitución española (en adelante, CE.); en segundo lugar, que dada la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno y administración, las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA.) pueden contribuir de diversas formas a su protección, y una de las formas de protección es mediante la adopción de medidas fiscales. 2.-POTESTAD TRIBUTARIA DE LAS CCAA. A) Principios informadores de la autonomía tributaria La Constitución española de 27 de diciembre de 1978 estableció una nueva estructura territorial del Estado, al establecer en su artículo 137 que El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, de donde deriva la existencia de tres niveles distintos de gobierno y administración: estatal, autonómico y local. Ahora bien, para hacer posible esta nueva ordenación territorial del Estado es imprescindible dotar a los citados entes territoriales de los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines. Dejando al margen a las Entidades locales, hemos de centrarnos en las CCAA. y su relación y/o posición en el marco constitucional. El sistema de financiación pergeñado en la Constitución es complejo y se fundamenta esencialmente en un equilibrio de poderes y funciones a partir de las competencias de los distintos entes territoriales. La CE. fija la financiación sobre la base de los siguientes preceptos: El artículo 1.2, dice: La soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Esta soberanía queda residenciada y simbolizada en el Estado 1. El artículo 2 de la Constitución, señala: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la 1 Entre otras varias Sentencias del Tribunal Constitucional (en adelante SSTC), la Sentencia de 27/1987, de 27 de febrero, dice que la Constitución configura una distribución vertical del poder público entre entidades de distinto nivel, uno de los cuales es el Estado, titular de la soberanía, otro las CCAA. y, por último, los entes locales a los que únicamente se les dota de autonomía administrativa. 1

3 nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. A este respecto, la Sentencia del TC 163/1994, de 26 de mayo, recuerda la fuerza normativa dominante de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico al decir que la calificación jurídica y el alcance de las competencias de las CCAA. no pueden hacerse derivar de una lectura aislada de la denominación que reciben en los textos estatutarios sino de una interpretación sistemática de todo el bloque de la constitucionalidad, dentro del cual la Constitución conserva intacta su fuerza normativa dominante como lex superior de todo el ordenamiento; fuerza normativa que no se agota ni disminuye con la promulgación de los estatutos de autonomía, cuyos preceptos, por más que califiquen como exclusiva la competencia asumida ratione materiae, no pueden oponerse a las normas constitucionales que, en su caso, reconozcan al Estado títulos de competencia sobre esa misma materia. Por otra parte, esa misma superioridad del Estado ha de servir para la más firme garantía de respeto a la autonomía constitucionalmente conferida a las CCAA. 2 El artículo ª de la Constitución otorga competencia exclusiva al Estado sobre la Hacienda general y deuda pública. El TC en diversas sentencias, entre ellas la 179/1985, de 19 de diciembre, define la Hacienda general como un núcleo de normas y decisiones que coexistiendo estrechamente con otros también reservados a la Administración central o integrándose en relación de género y especie dentro de ellos como consecuencia de la unidad fundamental del Estado, se refiere subjetivamente a la esencial estructura, funcional y orgánica de todas las haciendas públicas, y objetivamente a los principios y elementos determinantes de la coherencia del sistema tributario 3. El artículo 131 de la Constitución otorga al Estado la potestad de la planificación de la actividad económica general, si bien para elaborar los proyectos de planificación ha de partir de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las CCAA., precepto este desarrollado por la Sentencia del TC 76/1983, de 5 de agosto. El artículo 133.1, establece: La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley [...], lo que implica que es al Estado a quien corresponde el diseño del sistema impositivo 4. El artículo , establece que Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. La Sentencia del TC 45/1991, de 24 de mayo, recopila su doctrina sobre la competencia estatal en materia de coordinación, de la que destacamos: en primer lugar, respecto a la finalidad del principio de coordinación indica que éste persigue la integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones o reduciendo disfunciones; en segundo lugar, en relación con los límites de la competencia estatal de coordinación determina que dicha competencia presupone, lógicamente, la existencia de competencias autonómicas que deben ser coordinadas, competencia que el Estado debe respetar, evitando que la coordinación llegue a tal grado de desarrollo que deje vacías de contenido la correspondiente competencia de las CCAA.; en tercer lugar, señala que el principio de coordinación no permite la adopción por el Estado de cualquier medida limitativa de la autonomía financiera, sino únicamente de las que tengan una relación directa con las exigencias de la política económica general de carácter presupuestario dirigida a la consecución y mantenimiento de la estabilidad económica interna y externa. El artículo 157 hace referencia a los recursos que pueden tener las CCAA., a la prohibición por parte de las mismas de adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios y a la posibilidad por parte del Estado de fijar por medio de una ley orgánica el ejercicio de las competencias financieras, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las 2 En este sentido el Tribunal Constitucional (en adelante TC) en la Sentencia 35/1982, de 14 de julio, establece que la Constitución al consagrar como fundamento de una parte el principio de unidad indisoluble de la Nación española, y de la otra, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, determina implícitamente la forma compuesta del Estado en congruencia con la cual han de interpretarse todos los preceptos constitucionales. 3 Vid., asimismo, las SSTC 14/1986, de 31 de enero y 37/1987, de 26 de marzo. 4 Vid., entre otras, las SSTC 6/1983, de 4 de febrero y 179/1985, de 19 de diciembre. 2

4 CCAA. y el Estado. Por último, ha de hacerse referencia al artículo 158 de la Constitución que alude al principio de solidaridad. La Constitución solamente ha articulado de forma expresa un instrumento para hacerla efectiva, que es el recogido en el artículo en el que se prevé la dotación de un fondo de solidaridad, a cargo del Estado 5. Pues bien, a partir de estos preceptos ha de configurarse el sistema de financiación, que presenta los siguientes rasgos: en primer lugar, la regulación constitucional de la financiación nos lleva a considerar que nos encontramos ante un modelo abierto, pues, permite formular diversas variables sin que por ello pueda decirse que se vulnera la Constitución y flexible ya que permite rápidas adaptaciones a la cambiante realidad político-económica; en segundo lugar, se basa en una distribución territorial y vertical del poder financiero, reservándose al Estado, en cuanto garante del sistema y de los diversos valores y funciones generales la supremacía reguladora; en tercer lugar, la articulación del modelo y la integración entre las distintas potestades es competencia del Estado a través del principio de coordinación 6. Expuestos los principios y criterios básicos generales que han de tenerse en cuenta para la determinación del sistema de financiación surge como imperativo necesario fijar como se articulan en orden a su operatividad esos distintos niveles de gobierno y administración, a lo que ha de decirse: en primer lugar, que es al Estado a quien corresponde el diseño del modelo fiscal a aplicar, lo que supone: en primer lugar, que las figuras básicas del sistema fiscal son de titularidad estatal, y a él corresponde fijar su estructura, sin perjuicio, que, por cesión, las CCAA., puedan regular algunos de sus aspectos; en segundo lugar, que para el cumplimiento de las funciones básicas del Estado, igualdad, no discriminación, unidad de mercado, libre circulación de personas, bienes y capitales es al mismo al que corresponde la potestad de coordinación; en tercer lugar, el Estado podrá invadir, siempre en el ejercicio de sus funciones generales para la realización del interés general, el ámbito propio de la fiscalidad autonómica previa la correspondiente compensación económica 7. Partiendo, pues, de lo señalado ha de decirse que el modelo fiscal de las CCAA. ha de ajustarse a los indicados principios constitucionales con las limitaciones que ello supone 8. En consecuencia, el modelo fiscal que se adopte, habrá de tener en cuenta, lo siguiente: en primer lugar, en relación con los tributos de titularidad estatal, podrán las Comunidades Autónomas de conformidad con la ley reguladora de ellos introducir aquellos cambios que las mismas les autoricen; en segundo lugar, en el ejercicio de su autonomía financiera, podrán establecer tributos propios, es decir, impuestos, tasas o contribuciones especiales, así como recargos sobre los tributos estatales dentro de los límites fijados al respecto. 5 Sobre el significado y alcance de este principio, vid., entre otras, las SSTC 135/1992, de 2 de octubre y 64/1990, de 5 de abril. 6 Cfr. APARICIO PÉREZ, A.: La potestad financiera de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en general, y tributaria en particular, Revista Jurídica de Asturias, Academia Asturiana de Jurisprudencia, nº 33, año 2009, pp.73 a A este respecto el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (en adelante LOFCA), Ley 8/1980, de 22 de septiembre, dice: Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas a de las mismas. 8 Así, en este sentido el TC en la Sentencia 49/1995, de 16 de febrero, ha dicho que la potestad tributaria de las CCAA. no se configura constitucionalmente con carácter absoluto, sino que aparece sometida a límites intrínsecos que no son incompatibles con el reconocimiento de la realidad constitucional de las haciendas autonómicas entre cuyos límites, algunos son consecuencia de la articulación del ámbito competencial, material y financiero, correspondiente al Estado y a las CCAA. Así, la subordinación a los principios proclamados por el artículo de la CE. (coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad con todos los españoles), a los que hay que añadir los que resultan de los impuestos propios de las CCAA. de los artículos 6 y 9 de la LOFCA. 3

5 Donde surgen las dificultades y se establecen fuertes restricciones es en la potestad de establecer impuestos. Por ello, la LOFCA ha fijado distintos límites a la potestad impositiva de las CCAA. a fin de evitar los efectos perversos de una potestad impositiva propia ilimitada. Para ello, en primer lugar, las CCAA. no podrán en ningún caso gravar elementos patrimoniales situados, rendimientos originados ni gastos realizados fuera de su territorio, ni podrán gravarse, como tales, s, actos o hechos celebrados o realizados fuera de la Comunidad Autónoma impositora, ni la transmisión o ejercicio de bienes, derechos o y obligaciones, que no hayan nacido, ni hubieran de cumplirse en su territorio o cuyo adquirente no resida en el mismo 9 ; en segundo lugar, no podrán, tampoco, adoptar ni establecer impuestos que supongan obstáculo a la libre circulación de personas, bienes o servicios, lo que implica, por otra parte, la necesidad de preservar la unidad de mercado; en tercer lugar, no podrán adoptarse medidas fiscales que supongan privilegios económicos o fiscales 10 ; en cuarto lugar, los impuestos que establezcan no podrán gravar hechos imponibles ya gravados por el Estado 11. Con estas limitaciones, las posibilidades por parte de las CCAA. de crear impuestos propios quedan muy reducidas. Importante manifestación de la autonomía financiera de las CCAA. es, asimismo, la posibilidad de establecer recargos sobre los tributos del Estado; si bien, también en este ámbito la ley ha establecido ciertos límites a su ejercicio, a saber: en primer lugar, sólo podrán establecerse recargos sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión, excepto en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. En el Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales sólo podrán hacerlo cuando tengan competencias normativas en materia de tipos de gravamen; en segundo lugar, los recargos no podrían configurarse de forma que puedan suponer una minoración en los ingresos del Estado por dichos impuestos. En tercer lugar, no podrán desvirtuar la naturaleza o estructura del impuesto base 12. Fuente importante de ingresos impositivos es la derivada de los impuestos cedidos, donde, además, se confiere a las CCAA. cierta capacidad normativa, cuyo significado, alcance y ejercicio, exponemos en el siguiente epígrafe. B) La situación particular en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, modificada por la Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo y por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero dedica el Título III bajo el epígrafe Economía y Hacienda a fijar los principios y criterios informadores de la autonomía financiera de la Comunidad. En base a ello, la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha ido desarrollando su autonomía ejerciendo su potestad tributaria sobre la base, además, de la LOFCA, Ley 8/1980, de 22 de septiembre, modificada por la Ley orgánica 3/2009, de 18 de diciembre y las correspondientes leyes de cesión de tributos. 9 Vid. MONASTERIO ESCUDERO, C. y SUÁREZ PANDIELLO, J.: Manual de Hacienda autonómica y local, edit. Ariel, Barcelona, 1996, p Vid. artículo de la Constitución. 11 Vid. artículo 6. 2 de la LOFCA. 12 Vid. artículo 12.1 de la LOFCA, aprobada por Ley Orgánica 8/1980, de 22 de diciembre, en su redacción dada por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre. 4

6 La primera Ley de Cesión de Tributos fue la Ley 30/1983, de 28 de diciembre, adaptada a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por la Ley autonómica 43/1983, de 28 de diciembre. Desde el punto de vista del ejercicio normativo la cesión contemplada en esas disposiciones quedó reducida a la delegación de competencias en la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los Impuestos Extraordinarios sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, General sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Lujo devengado en destino, tasas y demás exacciones sobre el juego. Un salto cualitativo en materia de autonomía tributaria se procede en relación con las CCAA. con la nueva Ley de Cesión de Tributos y de medidas fiscales complementarias, Ley 14/1996, de 30 de diciembre, fundamentada en el principio de corresponsabilidad fiscal efectiva, para lo cual se les va ampliar los tributos cedidos y, por otra parte, se les va a atribuir ciertas competencias normativas en relación con los tributos cedidos. Respecto a los tributos cedidos se cede a las CCAA. el rendimiento total o parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD), Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Tributos sobre el juego. En cuanto al otorgamiento de competencias normativas se estableció que: en relación con el IRPF, las CCAA. podrán regular, la tarifa autonómica, individual o conjunta, aplicable a la base liquidable regular pero respetando, en todo caso, su naturaleza progresiva y que únicamente podrán establecer una tarifa individual u otra conjunta, y además que la cuota resultante de aplicar a la base liquidable regular autonómica aprobada por la Comunidad Autónoma no podrá ser superior o inferior, en un 20 por 100, a la cuota que, respectivamente, resultaría de aplicar a la misma base la tarifa complementaria individual o conjunta que proceda; podrán establecer deducciones por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, siempre que no supongan, directa o indirectamente una minoración del gravamen efectivo. En cuánto al ISD, las CCAA. podrán regular la determinación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente y la fijación de la tarifa cuya progresividad deberá ser similar a la del Estado, siendo idéntica a la de este último en cuanto a la cuantía de la base liquidable y del tipo marginal mínimo. En el caso de, podrán regular las reducciones de la base imponible, debiéndose mantener las del Estado en condiciones análogas a las establecidas por éste y pudiendo crear otras que respondan a circunstancias de carácter económico o social, propias de las CCAA., siempre que no supongan una reducción de la carga tributaria global por este tributo. Una nueva etapa en el ejercicio de la potestad tributaria de las CCAA. se inicia con la modificación de la LOFCA por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre y por la posterior regulación y desarrollo de la cesión de tributos del Estado a las CCAA. por medio de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre. Esta reforma se basa, entre otros, en los siguientes aspectos esenciales: en primer lugar, en el carácter integrador del sistema de financiación en la medida en que el sistema diseñado se extiende a la financiación de todos los servicios susceptibles de traspaso a las CCAA., entre ellos, el de asistencia sanitaria, que con anterioridad estaba excluido del sistema general; en segundo lugar, que se crea con vocación de permanencia, aunque pronto veremos que esta fue efímera; en tercer lugar, en el aumento de la corresponsabilidad fiscal. 5

7 En los impuestos que aquí inciden, los cambios concretos fueron: En el IRPF se aumenta la cuantía de la cesión de recaudación hasta el 33%. Las competencias normativas, se fijaron en las siguientes: se establece la posibilidad de fijar una escala autonómica aplicable a la base liquidable general. La estructura de esta escala deberá ser progresiva con idéntico número de tramos que la del Estado. Deducciones por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, siempre que no supongan directa o indirectamente una minoración del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta En relación a estas deducciones las competencias normativas de las CCAA. abarcarán también la determinación de la justificación exigible para poder practicarlas, los límites de la deducción, su sometimiento o no al requisito de comprobación de la situación patrimonial. Las reglas especiales deberán tener en cuenta en los supuestos de tributación conjunta, período impositivo inferior al año natural y determinación de la situación familiar. Aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en vivienda habitual, con el límite máximo hasta un 50%. En lo que se refiere al ISD, las CCAA., podrán: crear tanto para las transmisiones inter vivos, como para las, las reducciones que estimen convenientes, siempre que respondan a circunstancias de carácter económico o social propias de la Comunidad de que se trate, podrán regular las establecidas por el Estado, manteniéndolas o mejorándolas mediante el aumento del importe o del porcentaje de reducción, la ampliación de las personas que puedan acogerse a ellas o la disminución de los requisitos para poder aplicarla, la tarifa del impuesto, cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones y bonificaciones de la cuota, las cuales resultarán en todo caso compatibles con las deducciones y bonificaciones establecidas en la normativa estatal reguladora del impuesto y no podrán suponer una modificación de las mismas. Estas deducciones y bonificaciones autonómicas se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa estatal La última etapa, hasta el momento, se inicia con la modificación de la LOFCA por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, desarrollada por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación. Los cambios esenciales introducidos, son: incremento de los porcentajes de cesión de los tributos parcialmente cedidos, ampliación de competencias normativas en lo que se refiere al IRPF para regular la escala autonómica aplicable a la base liquidable, así como el tramo autonómico de la deducción por inversión en la vivienda habitual, se permite que las CCAA. puedan establecer deducciones autonómicas por subvención o ayudas públicas en determinadas condiciones y como novedad más relevante se posibilita que aprueben incrementos o disminuciones en las cuantías del mínimo personal o familiar. Por otra parte, y con la finalidad de que las CCAA. hagan un ejercicio más explícito de corresponsabilidad, se excepciona la aplicación supletoria de la normativa estatal en materia de tarifa autonómica para el supuesto en que las CCAA. no hicieran uso de sus competencias normativas. En el cuadro I recogemos en un esquema la evolución en la cesión de tributos. Cuadro I: Evolución de la cesión de tributos Regulación normativa Tributos efectivamente cedidos Competencias sobre tributos cedidos 6

8 Período Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre. Ley 30/1983, de 28 diciembre de Cesión de tributos. Período Ley Orgánica 3/1996-de modificación de la LOFCA. Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos. Período Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre de modificación de la LOFCA. Ley 21/2001, de 27 de diciembre por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación. A partir de 2010 Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre de modificación de la LOFCA. Ley 22/2009, de 18 de diciembre por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación Sobre Patrimonio Neto Impuesto Sucesiones y Donaciones Tasa sobre el juego Impuesto lujo recaudado en destino (suprimido en 1986). Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TP y AJD) desde 1988) Competencias de gestión exclusivas, sin capacidad normativa. Sobre Patrimonio Neto Impuesto Sucesiones y Donaciones Tasa sobre el juego TP. y AJD. Cesión parcial del IRPF. Se otorgan competencias de gestión Se otorgan competencias normativas sobre tipos gravamen y ciertas deducciones propias en el IRPF autonómico. Sobre Patrimonio Neto Impuesto Sucesiones y Donaciones Tasa sobre el juego TP. y AJD. Cesión parcial del IRPF (33%) Impuesto de Matriculación Impuesto sobre la Electricidad Impuesto ventas minoristas de Hidrocarburos. Cesión parcial del IVA (35%)* Cesión parcial Impuestos Especiales sobre hidrocarburos, tabaco y-alcohol y bebidas derivadas (40%). Se otorgan también las competencias de gestión. Asimismo, se otorgan competencias normativas ampliadas sobre las anteriormente concedidas. Sobre Patrimonio Neto Impuesto Sucesiones y Donaciones Tasa sobre el juego TP. y AJD. Cesión parcial del IRPF (50%) Impuesto de Matriculación Impuesto sobre la Electricidad Impuesto ventas minoristas de Hidrocarburos. Cesión parcial del IVA (50%) Cesión parcial Impuestos Especiales sobre hidrocarburos, tabaco y alcohol y bebidas derivadas (58%). Se mantienen las competencias de gestión. Asimismo, se otorgan competencias normativas ampliadas sobre las anteriormente concedidas. 7

9 Fuente: MONASTERIO ESCUDERO, C.: El Sistema de financiación del Principado de Asturias, Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Estudio Sistemático, edit. Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, 2003, p.747, y actualización propia. Aunque la citada Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión de Tributos del Estado a las CCAA. y de medidas fiscales complementarias estableció que podrían asumir competencias normativas en los términos reseñados a partir de 1997, no se procedió a legislar en esas materias ni por la Comunidad Autónoma de Castilla y León ni por ninguna otra hasta el año Fue ese el primer año en el que la Comunidad hizo uso de su potestad tributaria y comenzó a adoptar medidas en el ámbito de la protección a la familia 13, en el marco del IRPF, primero, y posteriormente en el ISD. En el ejercicio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León estableció la posibilidad a los contribuyentes que tuviesen su residencia habitual en el territorio de la Comunidad de deducir de la cuota autonómica del IRPF determinadas cantidades por tener la condición de familia o por aquellos hijos que excedieran del mínimo para tener tal condición. Así, la cuantía de la deducción se fija en pesetas por el hecho de tener la condición de familia. A estos efectos tienen la consideración legal de familia las que tengan tres o más hijos, o aquéllas en que teniendo dos hijos al menos uno de ellos sea minusválido o incapacitado para el trabajo. Se establece además una deducción de pesetas por cada hijo beneficiario de la condición de familia que exceda del mínimo de hijos exigidos para obtener tal condición. Estas deducciones únicamente podrán ser aplicadas por el cabeza de familia y su cónyuge. Si presentasen declaraciones el importe de las deducciones se prorrateará entre ambos, por partes iguales. Para el ejercicio , se amplían las cuantías, el alcance y los supuestos de deducción. Dentro del concepto de familia a efectos de la deducción como tal se incluye el caso de que ambos cónyuges sean minusválidos o incapacitados. Se crea una nueva deducción por hijos nacidos o adoptados en el ejercicio. En el ejercicio se mantiene la misma política de deducciones actualizando las cuantías. Para el año se actualizan algunas de las cuantías de las citadas deducciones, se reestructuran otras y se crea alguna nueva. La situación es la siguiente: se mantiene prácticamente igual la deducción por familia establecida ahora ya en en 210, 35; se crea como nueva deducción la aplicable a los supuestos en los que alguno de los cónyuges o s a los que sea de aplicación el mínimo familiar tenga un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 en cuyo caso la deducción anterior sube a 420,71 ; El importe de la deducción que procede conforme a lo anteriormente señalado se incrementará en 90,15 por cada, a partir del cuarto inclusive, a los que sea de aplicación el mínimo familiar; esta deducción se aplicará por el contribuyente con quien convivan los restantes miembros de la familia. Cuando estos convivan con más de un contribuyente, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos. Se aumenta la cuantía de deducción en los casos de nacimiento o adopción de hijos, fijándose en 75,13,, si se trata del primer hijo, 150,24, si se trata del segundo y 360,61 si se trata del tercero o sucesivos hijos. En el año 13 A este respecto, ha de tenerse en cuenta que se parte del concepto de familia como unidad de convivencia integrada por los componentes que constituyen la unidad familiar y supuestos equiparables a efectos fiscales. Asimismo, se entiende como tratamiento familiar el que se otorga por razones de filiación o parentesco, y supuestos equiparables. 14 Vid. artículo 3. 1, a) de la Ley autonómica 11/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas (en adelante, de MEFA.). 15 Vid. artículo 5 de la Ley autonómica 13/1998, de 23 de diciembre, de MEFA. 16 Vid. artículo 4 de la Ley autonómica 6/1999, de 27 de diciembre, de MEFA. 17 Vid. artículo 5, de la Ley autonómica 11/2000, de 28 de diciembre, de MEFA. 8

10 la situación es la misma que la fijada para el año 2001, pues no se introduce cambio alguno. Para el ejercicio se actualizan las cuantías de las deducciones, y se crea una nueva, a del cuidado de los hijos de menos de cuatro años. Para el año , se mantuvieron las mismas deducciones que las del ejercicio anterior, sin ni tan siquiera elevar las cuantías a deducir. Para el año , se elevan las cuantías de las deducciones del año anterior y se crea una nueva por adopción internacional. En el año , únicamente, se elevan las cuantías. En el año , se elevan las cuantías respecto al ejercicio anterior, para mantenerse sin cambio alguno durante los ejercicios y En este ejercicio se hace, por primera vez, uso de la competencia para regular la tarifa autonómica. Y para el ejercicio 2010 se procede a una elevación de las cuantías de las deducciones 26. En el cuadro II recogemos la evolución de las deducciones familiares en el IRPF, a partir del año CUADRO II DEDUCCIO ES IRPF Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Familia 225. Por cada a partir del cuarto al que sea aplicable el mínimo familiar por este concepto: 100 Familia 236,25. Por cada a partir del cuarto al que sea aplicable el mínimo familiar por este concepto: 105 Familia 240,98. Por cada a partir del cuarto al que sea aplicable el mínimo familiar por este concepto: 107,10 Familia 246. Por cada a partir del cuarto al que sea aplicable el mínimo familiar por este concepto: 110 Familia 246. Por cada a partir del cuarto al que sea aplicable el mínimo familiar por este concepto: 110 Familia 246. Por cada a partir del cuarto al que sea aplicable el mínimo familiar por este concepto: 110 Nacimiento o adopción de hijos 1º: º: º y ss.: 500. Nacimiento o adopción de hijos 1º: º: 262,50. 3º y ss.: 525. Nacimiento o adopción de hijos 1º: º: 267,95 3º y ss.: 535,50. Nacimiento o adopción de hijos 1º: º: º y ss.: 548. Nacimiento o adopción de hijos 1º: º: º y ss.: 548. Nacimiento o adopción de hijos 1º: º: º y ss.: Adopción internacional: 600 Adopción internacional: 612 Adopción internacional: 625 Adopción internacional: 625 Adopción internacional: Vid. artículos 4 a 6 de la Ley autonómica 14/2001, de 28 de diciembre, de MEFA. 19 Vid. artículos 2, 3 y 4 de la Ley autonómica 21/2002, de 27 de diciembre, de MEFA. 20 Vid. artículos 2, 3 y 4 de la Ley autonómica 13/2003, de 23 de diciembre, de MEFA. 21 Vid. artículos 2 a 5 de la Ley autonómica 9/2004, de 28 de diciembre, de MEFA. 22 Vid. artículo 2, 3 y 4 de la Ley autonómica 13/2005, de 27 de diciembre, de MEFA. 23 Vid. artículos 2 a 6 del Decreto Legislativo autonómico 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos Cedidos por el Estado (en adelante TRTC.). 24 Vid. artículos 2 a 6 del Decreto Legislativo autonómico 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el TRTC. 25 Vid. artículos 1 a 6 del Decreto Legislativo autonómico 1/2008, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el TRTC. 26 Vid. artículos 2 a 13 del Decreto Legislativo autonómico 1/2008, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el TRTC., en su redacción dada por la Ley autonómica 10/2009, de 17 de diciembre, de MEFA, artículos 1 y 2. 9

11 Cuidado de hijos menores de cuatro años: Máximo 300 Cónyuge o con discapacidad, la deducción por familia será: 450 Cuidado de hijos menores de cuatro años: Máximo 315 Cónyuge o con discapacidad, la deducción por familia será: 472,50 Cuidado de hijos menores de cuatro años: Máximo 315 Cónyuge o con discapacidad, la deducción por familia será: 481,15 Cuidado de hijos menores de cuatro años: Máximo 322 Cónyuge o con discapacidad, la deducción por familia será: 492 Cuidado de hijos menores de cuatro años: Máximo 322 Cónyuge o con discapacidad, la deducción por familia será: 492 Cuidado de hijos menores de cuatro años: Máximo 322 Cónyuge o con discapacidad, la deducción por familia será: 492 Año 2010 Familia : 246. Por cada a partir del cuarto al que sea aplicable el mínimo familiar por este concepto: 110 Nacimiento o adopción de hijos: 1º: º: º y ss.: 548. Adopción internacional: 625 Cuidado de hijos menores de cuatro años: Máximo 322 Cónyuge o con discapacidad, la deducción por familia será: 492 En el ámbito del ISD, fue a partir del año 1997 cuando las CCAA. ampliaron el ámbito de sus competencias y, además, del rendimiento, obtuvieron capacidad para regular en su territorio, los siguientes aspectos del citado impuesto: cuantía del patrimonio preexistente y coeficientes multiplicadores, tarifa del impuesto, reducciones en la base imponible en las. El primer año que usó de su potestad normativa la Comunidad Autónoma de Castilla y León fue para el ejercicio en el que se concedió una reducción en la base imponible del impuesto a del hijos y s o adoptados, ascendientes o adoptantes o colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado del fallecido, del 99% del valor de las explotaciones agrarias o de los derechos de usufructo adquiridos. Para el ejercicio a la anterior reducción se añadió otra de igual cuantía y características en las de empresa individual, s y participaciones en entidades, cumpliendo determinadas condiciones. Se establece, asimismo, la incompatibilidad de estas reducciones. Estas reducciones se mantienen en los años y En el año , se mantienen las anteriores reducciones y se crea una nueva, a saber: los s menores de veintiún años podrán aplicarse una reducción de 6000 por cada año menos de veintiuno con independencia de la aplicación de la cantidad fija determinada por la Ley del impuesto para el grupo I de parentesco y sin limitación cuantitativa. En el se mantienen las reducciones de años anteriores y se crean dos deducciones nuevas: la primera consistente en una reducción de la base liquidable en las donaciones a los hijos y s de cantidades destinadas a la adquisición de la primera vivienda habitual que vaya a constituir su residencia habitual en cuantía del 99% del importe de la donación, y la segunda consistente en una bonificación en la 27 Vid artículo 7 de la Ley autonómica 13/1998, de 27 de diciembre, de MEFA. 28 Vid artículo 6 de la Ley autonómica 6/1999, de 27 de diciembre, de MEFA. 29 Vid artículos 9 y 10 de la Ley autonómica 11/2000, de 28 de diciembre, de MEFA. 30 Vid artículos 9 y 10 de la Ley autonómica 11/2000, de 28 de diciembre, de MEFA. 31 Vid artículo 9 de la Ley autonómica 11/2000 y artículos 9 y 10 de la Ley autonómica 21/2002, de 27 de diciembre, de MEFA. 32 Vid artículos 10 y 11 de la Ley autonómica 13/2003, de 23 de diciembre, de MEFA. 10

12 cuota de este impuesto derivada de y de cantidades percibidas por los beneficiarios de los seguros sobre la vida, que se acumulen al resto de los bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario en cuantía del 99% siempre que el adquirente sea o adoptado del causante y menor de 21 años, cambios estos introducidos al amparo de la modificación de la Ley 21/2001 en virtud de la cual se les otorgó competencia para regular reducciones, también, en la base imponible en los casos de donaciones. En el año , se modifican mejorando las reducciones en las de s, cónyuges, ascendientes y adoptantes; se modifican también la reducción en las de explotaciones agrarias; se da nueva redacción en las inter vivos de explotaciones agrarias, en las inter vivos de empresas s profesionales y participaciones en entidades, reducción en la donación de vivienda habitual a s. Se mantienen las bonificaciones en la cuota. Resulta relevante que en las a efectos de la aplicación de esos beneficios fiscales se asimilan a los cónyuges los miembros de uniones de hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja durante, al menos, dos años anteriores a la muerte del causante y cuya unión se haya inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León, regulación que necesariamente ha de ser fuente de conflicto pues choca con la normativa fiscal estatal al respecto, y que, por otra parte, aparece un tanto incorrectamente formulada ya que las parejas de hecho una vez inscritas en un Registro Oficial a efectos jurídicos pasan a ser de derecho. En el año se mantienen las reducciones y bonificaciones del ejercicio anterior. Se aumenta la cuantía de la reducción aplicable a los s de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes a y los s menores de 21 años además de la reducción anterior podrán aplicarse otra reducción de por cada año menos de 21, sin limitación cuantitativa 35. Para el ejercicio se mantienen las reducciones y bonificaciones anteriores con ligeros cambios en su aplicación. Para el ejercicio se mantiene la situación anterior, con la excepción de que a partir del 1 de enero de 2008 la disposición derogatoria de la Ley 9/ , deja sin efecto las reducciones establecidas por la Comunidad en la base imponible del impuesto en la modalidad de donaciones, estableciendo, en su lugar, una bonificación del 99% de la cuota del impuesto derivada de lucrativas inter vivos, siempre que el adquirente sea el o adoptado del donante. Para el año 2009 se mantiene las reducciones anteriores 39, así como las bonificaciones en la cuota por seguros de vida a del s o adoptados, ascendientes o adoptantes del causante y por donaciones a del s o adoptados 40. Para el ejercicio se mantienen las del ejercicio anterior. 33 Vid. artículos 9 a 12 de la Ley autonómica 11/2000, de 28 de diciembre, modificada por los artículos 9 y 10 de la ley autonómica 21/2002, de 27 de diciembre, y 11 a 19 de la Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de MEFA. 34 Vid. artículos 18 y 19, de la Ley autonómica 9/2004, de 28 de diciembre; artículos 10 y 11 de la Ley autonómica 13/2003, de 28 de diciembre y 9 y 10 de la ley autonómica 21/2002, de 27 de diciembre. Disposiciones recogidas en los artículos 18, 21, 22,23, y 24 a 28 del Decreto Legislativo autonómico 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el TRTC. 35 Vid. artículo 8, de la Ley autonómica 13/2005, de 27 de diciembre, de MEFA, recogido, posteriormente, en el artículo 18 del Decreto Legislativo autonómico 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el TRTC: 36 Vid. artículos 18, 21, 22, 23, y 24 a 28 del Decreto Legislativo autonómico 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el TRTC, en su redacción dada en los artículos 5, 7 y 8 de la Ley autonómica 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras. 37 Vid. artículos 18, 21, 22 del Decreto Legislativo autonómico 1/2006, de 25 de mayo, por el que se aprueba el TRTC, en su redacción dada por el artículo 5 de la Ley autonómica 15/2006, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras. 38 Vid. disposición derogatoria de la Ley autonómica 9/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras. 39 Vid. artículos 17, 20 y 21 y 26 del Decreto legislativo 1/2008, de 25 de septiembre por el que se aprueba el nuevo TRTC. 40 Vid. artículos 22 y 24 del Decreto legislativo 1/2008, de 25 de septiembre por el que se aprueba el nuevo TRTC. 11

13 En el cuadro III recogemos la evolución de las deducciones familiares en el ISD, a partir del año Cuadro III: evolución medidas protectoras a la familia en ISD Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 B. Imponible por cónyuge y familiares: B. Imponible por cónyuge y familiares: B. Imponible por: cónyuge y familiares: B. Imponible por cónyuge y familiares: B. Imponible por: cónyuge y familiares: B. Imponible por: cónyuge y familiares: s menores de 21 años: la general estatal más por cada año menos entidades que no coticen por cónyuge y familiares: ascendientes, adoptantes, s de 21 años o más: s menores de 21 años: más por cada año menos entidades que no coticen por cónyuge y familiares: ascendientes, adoptantes, s de 21 años o más: s menores de 21 años: más por cada año menos entidades que no coticen por cónyuge y familiares: ascendientes, adoptantes, s de 21 años o más: cónyuge s menores de 21 años: más por cada año menos entidades que no coticen por cónyuge y familiares: ascendientes, adoptantes, s de 21 años o más: cónyuge s menores de 21 años: más por cada año menos entidades que no coticen por cónyuge y familiares: ascendientes, adoptantes, s de 21 años o más: cónyuge s menores de 21 años: más por cada año menos entidades que no coticen por cónyuge y familiares: 41 Vid. artículos 17, 20, 21, 22, 24 y 26 del citado Decreto legislativo 1/2008, de 25 de septiembre por el que se aprueba el nuevo TRTC y artículo 3 de la Ley autonómica 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras. 12

14 valor % donación vivienda a hijos y s con límite o caso discapacidad valor inter vivos por s o adoptante: valor 99% donación vivienda a hijos y s con límite o caso discapacidad donación del 80% en vivienda habitual a hijos, s y cónyuge de estos en determinados lugares B. I. donaciones en entidades que no coticen, a o adoptante: valor valor inter vivos por s o adoptante: 99% donación vivienda a hijos y s con límite o caso discapacidad donación del 80% en vivienda habitual a hijos, s y cónyuge de estos en determinados lugares B. I. donaciones en entidades que no coticen, a o adoptante: donación en dinero del valor inter vivos por o adoptante: 99% donación vivienda a hijos y s con límite o caso discapacidad donación del 80% en vivienda habitual a hijos, s y cónyuge de estos en determinados lugares B. I. donaciones en entidades que no coticen, a o adoptante: donación en dinero del valor 99% de valor

15 Bonificación en la cuota del 99% de los seguros de vida a menor de 21 años. Bonificación en la cuota del 99% de los seguros de vida a y menor de 21 años. 99% destinado a empresa individual, o adquisición, en entidades, que no coticen. Bonificación en la cuota del 99% de los seguros de vida a y menor de 21 años. 99% destinado a empresa individual, s o adquisición, en entidades, que no coticen. Bonificación en la cuota del 99% de los seguros de vida a de, ascendiente Bonificación en la cuota del 99% de los seguros de vida a de cónyuge, ascendiente Bonificación del 99% de la cuota del ISD derivada de lucrativas inter vivos, siempre que el adquirente sea o adoptado del donante. Bonificación en la cuota del 99% de los seguros de vida a de cónyuge, ascendiente Bonificación del 99% de la cuota del ISD derivada de lucrativas inter vivos, siempre que el adquirente sea o adoptado del donante Año 2010 base imponible por cónyuge y familiares: valor y reducciones base imponible mortis causa participaciones en entidades sin cotización a cónyuge y familiares: base imponible a cónyuge s mayores de 21 años: y reducción base imponible a s menores de 21 años: más por cada año menos Bonificación del 99% de la cuota del ISD derivada de lucrativas inter vivos, siempre que el adquirente sea o adoptado del donante y bonificación en la cuota del 99% de los seguros de vida a o adoptado, ascendiente o adoptante del causante. 3.-CONCLUSIONES PRIMERA: La política de deducciones familiares de la Comunidad Autónoma se ha ido desarrollando de conformidad con la capacidad normativa concedida a la misma por las respectivas leyes de cesión, dictadas en desarrollo de la LOFCA y sus modificaciones. SEGUNDA: Dadas las peculiares características de ésas disposiciones, derivadas, por otra parte, del sistema de financiación diseñado en la Constitución y desarrollado en la LOFCA las posibilidades de llevar a cabo una intensa y positiva protección a la familia se ven muy limitadas. Esta protección, habrá, entonces de complementarse a través de otras vías. 14

16 TERCERA: El sistema establecido en la Constitución y en la LOFCA lleva a que incluso, a través del empleo de esta capacidad normativa, se produzcan desigualdades no justificadas entre las distintas CCAA. En el fondo subyace una verdad incuestionable: autonomía fiscal e igualdad impositiva son incompatibles. CUARTA: La protección familiar vía impositiva se ha llevado a cabo, fundamentalmente, en la Comunidad Autónoma a través de dos impuestos, el IRPF y el ISD. Por lo que se refiere al primero de los impuestos citados, la regulación de las deducciones debe ser objeto de un nuevo planteamiento, pues, por una parte, uno de los objetivos por los que se establecieron ya en el año 1999 que fue fomentar la natalidad, no se ha visto alcanzado pues se sigue manteniendo una baja natalidad en una Comunidad marcada por altas tasas de envejecimiento. Por otra parte, la cuantía de las deducciones prácticamente se ha mantenido en los ejercicios 2007 a 2009, cuando precisamente la crisis económica sobrevenida exigía un esfuerzo por parte de las Administraciones para intentar paliar sus efectos adversos en la familia. Más acertada nos parece, sin embargo, la política de reducciones en el ISD, pues, entendemos que es razón de justicia que las sucesiones a de hijos y s y ascendientes estén libres de esta tributación así como las donaciones, al menos, las dirigidas a fomentar la transmisión de las explotaciones agrícolas familiares, s profesionales, y la adquisición de vivienda habitual. No olvidemos, por otra parte, al respecto, que la bonificación del 99% de las lucrativas inter vivos a del s o adoptados del donante establecido en el ejercicio 2008, lleva a la casi exoneración del tributo en estos casos. QUINTA: Tal vez, por el proceso seguido en el establecimiento de estas deducciones, marcado por la evolución de la capacidad normativa otorgada a la Comunidad, los efectos límite y de emulación, en ocasiones, se ha producido una desarmonía entre la legislación de la propia Comunidad la estatal y la de otras CCAA.; así, sin ánimo exhaustivo, las deducciones por familia no son las mismas, no sólo en su cuantía, sino en su propio concepto, pues no se tiene uno análogo; se equiparan, en algunos casos, las uniones de hecho a las uniones legales, planteándose con ello, contradicciones, incoherencias y problemas de legalidad; y no se equiparan los supuestos de acogimiento en los mismos términos en todas las Comunidades. 4.-BIBLIOGRAFÍA APARICIO PÉREZ, A.: La potestad financiera de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en general, y tributaria en particular, Revista Jurídica de Asturias, Academia Asturiana de Jurisprudencia, nº 33, año MONASTERIO ESCUDERO, C.: El Sistema de financiación del Principado de Asturias, Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Estudio Sistemático, edit. Junta General del Principado de Asturias, Oviedo, MONASTERIO ESCUDERO, C. y SUÁREZ PANDIELLO, J.: Manual de Hacienda autonómica y local, edit. Ariel, Barcelona,

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