(Portada) LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD EN EL ECUADOR 2005 TOMO II. análisis, indicadores y propuestas. (Contraportada)

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1 (Portada) LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD EN EL ECUADOR 2005 TOMO II análisis, indicadores y propuestas (Contraportada) En el 2001 los jóvenes entre 15 y 29 años de edad eran ; 51% son mujeres y 49% son hombres. Un 63,4% vive en la zona urbana y 36,7% en la zona rural. El 94% vive con sus padres. El 1,7% vive solo y el 4% vive con sus parejas. El 39,3% de los jóvenes entre 15 a 29 años están casados o unidos. El 49.5% del total de mujeres jóvenes comprendidas entre 15 y 29 años son madres; particularmente, entre las mujeres de 25 a 29 años, el 78.4% ya es madre. En la población adolescente, comprendida entre 15 y 18 años, el 13.7% es madre, esta situación se acentúa en los sectores rurales. 6 de cada 100 madres jóvenes son solteras. El mayor número de madres solteras se encuentra entre los 25 y 29 años ( mujeres jóvenes). El número de madres adolescentes solteras, entre 15 y 18 años, es de Las causas de muerte en los jóvenes se registran como causas externas y prevenibles, asociadas con suicidios, accidentes de tránsito y agresiones. Particularmente, a las mujeres les afectan causas relacionadas con la gestación, partos y enfermedades gineco-urinarias. Mientras el 5,6% es el porcentaje de desempleo para los mayores de 30 años, en la juventud el porcentaje de desempleo es 2.6 veces más 14.5% y para el caso de mujeres jóvenes 3.4 veces más 14,5%. El salario mensual promedio de una persona mayor de 30 años es de 266,2 USD, mientras que para la población joven es de 171,6 USD, es decir, 36% menor. Logotipos institucionales (MBS. DNJ. STFS. SIISE. SIJOVEN) Ministerio de Bienestar Social Unidad de Coordinación, Gestión y Desarrollo de la Juventud Secretaría Técnica del Frente Social del Ecuador Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador Sistema de Indicadores de la Juventud en el Ecuador

2 Créditos Autoridades Presidente Constitucional de la República Dr. Alfredo Palacio González Ministro de Bienestar Social Dr. Alberto Rigail Arosemena Secretaria Técnica del Frente Social Econ. Luz Elena Burbano Coordinación Gestión y Desarrollo de la Juventud-MBS Ing. Diana Allan Durango Revisión Ministerio de Bienestar Social Ing, Francisco Martínez Ing. Edgar Lascano Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador - SIISE Coordinador Mauricio León Equipo de Investigación SIJOVEN Francisco Cevallos Tejada Chrystiam Cevallos Chávez Investigadores Desarrollo de la base de datos de indicadores Kerlly Bermúdez. Susana Ponce. César Amores. José Rosero. Yajaira Vásquez Elaboración y soporte del sistema Reinaldo Cervantes. Adriana Rodríguez Capacitación Equipo SIISE Diseño de portada Francisco Cevallos Tejada Fotografías: Programa Muchacho Trabajador. Fabricio Cevallos. Paco Salazar. Francisco Cevallos ejemplares. Primera Edición. Diciembre Impreso en Ecuador ISBN

3 Dr. Alberto Rigail Arosemena MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL PRESENTACIÓN

4 Luz Elena Burbano Secretaria Técnica Frante Social

5 (Aumentar una página para DIANA) PREFACIO

6 CONTENIDOS I. Presentación Ministro de Bienestar Social Secretaria Técnica del Frente Social Coordinador SIISE II. Prefacio Coordinadora Nacional de Juventud Coordinador del SIJOVEN III. Introducción IV. Análisis desde la legislación especializada Código de la Niñez y Adolescencia Ley de Juventud V. Análisis de indicadores Población Educación Empleo Salud VI. Acciones y Políticas La gestión de la Coordinación, Gestión y Desarrollo de la Juventud Componentes SIJOVEN Foro de Políticas Públicas Día de la Juventud VII. Anexos Indicadores por provincia Indicadores de empleo Ficha técnica Glosario de Términos Bibliografía

7 INTRODUCCIÓN De la información a la construcción de políticas y democracia para los y las jóvenes Una sociedad que se considera democrática requiere como paso fundamental reconocer a cada uno de sus integrantes. Garantizar los derechos a sus ciudadanos y ciudadanas, es la vía para la construcción democrática de la sociedad y el fortalecimiento de sus instituciones. Una sociedad como la ecuatoriana, requiere la generación de espacios y mecanismos de información, que cualifique el debate y eleve los niveles de reflexión acerca de su situación. En este caso, es la juventud ecuatoriana, heterogénea y diversa, un grupo social estratégico y fundamental para el desarrollo del país. Mas allá de las estadísticas, la juventud representa, al igual que cada uno de los integrantes de la sociedad, un sector importante para el desarrollo del país. No solo por su potencial y estratégica actoría, sino porque es fundamental su reconocimiento social, con todas sus implicaciones. Todo trabajo investigativo y académico debe posibilitar el reconocimiento y visibilidad de los sujetos estudiados. Para el SIJOVEN es un reto que a partir de la generación y reconocimiento de la realidad de los y las jóvenes en el Ecuador, hombres y mujeres jóvenes se vuelvan visibles frente a la sociedad. Esta condición de visibilidad significa el reconocimiento de ellos y ellas como sujetos de derechos y actores estratégicos para el desarrollo, incorporar este tipo de miradas permite incidir en nuestras prácticas pedagógicas, educativas, políticas, económicas, etc., garantizando así la incorporación progresiva de las nuevas generaciones en los procesos de desarrollo social, político y económico. Cada vez que hablamos de los y las jóvenes encontramos una serie de expresiones y prácticas propias de una nueva generación, la misma que se enfrenta en ciertos casos a condiciones adversas para su crecimiento, pero en otras favorables, aún más si establecemos comparaciones con generaciones mayores de 30 años, por ejemplo. Analizar estas situaciones comprende varios ámbitos de acción, el primero, de carácter conceptual ha sido referido en la primera publicación realizada, haciendo un recorrido por las miradas, enfoques y definiciones alrededor de la temática juvenil. En esta segunda publicación, han sido abordados temas como la educación, empleo, pobreza, salud, vivienda, estado civil, causas de muerte, etc., procurando establecer algunos indicadores que guíen el trabajo de las instituciones y organismos vinculados con juventud. La integralidad en el tratamiento de todos los indicadores están expresados en un cruce transversal con el tema étnico, económico, de género, geográfico, residencial, etc. De hecho, a aquello que lo hemos dado a conocer como enfoque generacional, intercambia una visión de género, es decir, responde a las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres jóvenes en su situación particular, es importante apreciar, por ejemplo todo lo referido a la temática de las madres jóvenes, sus niveles de ingreso, sus posibilidades de estudio, etc. El segundo elemento de este enfoque es el generacional propiamente dicho que conjuga aspectos intergeneracionales e intrageneracionales, por ello permite la comparabilidad con grupos etáreos mayores de 30 años o menores de 15 cuando los casos así lo ameritan; asimismo, un grupo etáreo tan amplio y heterogéneo comprendido entre los 15 y 29 años, según sus roles, responsabilidades y dinámica propia merece ser analizado en tres subgrupos de: 15 a 18 años; de 19 a 24 años, y de 25 a 29 años. Finalmente, el tercer elemento del enfoque es lo geográfico o territorial, entendido no solo como un espacio físico exclusivamente, sino como un espacio de construcción social, que de cuenta de las disparidades o semejanzas entre diversos territorios y su población, en tanto procedencia étnico-racial, urbana o rural, o la posibilidad de comparar la situación de los y las jóvenes con datos parroquiales, cantonales, provinciales y regionales. En igual medida situaciones económicas relievan estos datos en tanto diferenciar entre población juvenil pobre y no pobre.

8 Sin embargo, aún hay temas pendientes, análisis e indicadores de salud sexual y reproductiva, consumos y adicciones, participación política, identidades y subjetividades están siendo procesados por el Sistema de Indicadores de la Juventud SIJOVEN, y estarán presentes en su nueva versión 2.0 en el 2006 y en futuras publicaciones. Por tanto, esta segunda publicación, constituye un esfuerzo desde el Estado hacia la sociedad, encaminado a dotar de una serie de herramientas teóricas y analíticas que nos permitan, entrar en contacto con la realidad de los y las jóvenes en el Ecuador y, desde esa posibilidad, fortalecer su actoría y participación social. Si entendemos a la información y los indicadores de situación de la juventud como una herramienta para la toma de decisiones, la planificación, la acción institucional, la exigibilidad ciudadana. Esta publicación, por tanto, es una herramienta para el debate y la acción. Con esta entrega esperamos provocar y posicionar la temática juvenil como un tema de debate social, informado y también sensible. Conocer a los jóvenes y reconocerlos en su diversidad nos permitirá construir un presente firme y tener efectivas capacidades para pensar un futuro de equidad y democracia. Francisco Cevallos Tejada Chrystiam Cevallos Chávez Investigadores SIJOVEN Autores de esta publicación

9 ANÁLISIS DESDE LA LEGISLACIÓN ESPECIALIZADA 1 El presente capítulo desarrolla un análisis de la legislación especializada en adolescencia y juventud, instrumentos mediante los cuales, más allá de constituir una normativa vigente para la garantía, aplicación y ejercicio de los derechos, desarrollan un marco conceptual de definiciones e, incluso, de medidas administrativas para dicho cumplimiento. Tanto la Ley de Juventud, como el Código de la Niñez y Adolescencia, constituyen los marcos normativos más importantes, que se encuentran en vigencia en relación a la población ecuatoriana comprendida entre los 15 y 29 años. Si bien, otros instrumentos nacionales e internacionales merecen su respectivo estudio, hemos creído pertinente acompañar el análisis de los indicadores sociales de la situación de la juventud en el Ecuador 2005, con estos instrumentos. Otro de los instrumentos legales que favorecen los derechos de la niñez y la juventud es la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia aprobada en Esta norma jurídica sanciona la violencia física, psicológica y sexual contra la mujer y los niños/as, e implementa medias protectoras de amparo, de sanción y de prevención, que se aplican a través de las Comisarías de la Mujer y la Familia, con el apoyo de organizaciones técnicas contrapartes especializadas en asuntos de la mujer. Otros instrumentos importantes constituyen la Ley para la Sexualidad y el Amor, así como la recientemente promulgada Ley contra los delitos sexuales. En su conjunto, constituyen normativas jurídicas que garantizan los derechos de la niñez, la juventud, la Mujer y la Familia como sus principales actores beneficiarios si cabe el término-, pero que denotan no solo problemáticas particulares a superar, sino y, sobre todo, reconocen la ciudadanía de actores y sectores sociales en la dinámica social del país. Otros instrumentos menores también desarrollan enfoques participativos que promueven la convivencia y el desarrollo, como el caso de los Códigos de Convivencia aprobado por medio de un Acuerdo Ministerial y publicado en Registro Oficial- para el caso del sistema escolar, quizá la tarea pendiente sigue siendo la aplicación de los mismos y la aprobación de una adecuada Ley de Educación, que reconozca en su centralidad la garantía de un derecho universal de la población ecuatoriana. La reflexión final, sin duda constituye la importancia de ver a la juventud, no como un tema autoreferenciado, al contrario, el sinnúmero de medidas administrativas, legales, planes, programas, proyectos y políticas en el campo social y económico, influyen directamente en el desarrollo de su población, y particularmente en un grupo social tan importante como lo son los y las jóvenes. Aportes desde el Código por la Niñez y la Adolescencia 2 I. Introducción Con la Constitución Política del Ecuador y la Convención sobre del Derechos del Niño 3, los niños, niñas y adolescentes contaban ya con un marco jurídico que señalaba principios y normas para defender y garantizar sus derechos. Principios y normas que eran necesarias de adecuar a la realidad del país, a través de un instrumento eficaz, capaz de garantizar a plenitud acerca de todos los derechos (criterio de integralidad) de todos los niños niñas y adolescentes (criterio de universalidad). 1 La base de este capítulo está basado en: Cevallos C. Coordinador. Análisis situacional de la juventud en el Ecuador Informe de investigación desarrollado por los autores para el Banco Mundial. 2 Este documento trabajado por Francisco Cevallos Tejada es parte del Informe Interno de Consultoría, que luego fue publicado por el Banco Mundial dentro del Análisis Situacional de la Juventud en el Ecuador Cabe recalcar que el enfoque sobre el cual está referido este documento es el de riesgo. 3 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

10 Es así como, el marco jurídico nacional e internacional vigente, representaban un cambio de paradigma que requería una ley acorde, fundada en una concepción de derechos, más que en el conjunto de necesidades de los niños, basada en los derechos y no en las necesidades de los niños, y construida con la participación democrática de todos los sectores 4. De esta manera es como se concibe el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia 5. Si bien, una de las motivaciones era aminorar y erradicar las permanentes situaciones de desventaja, riesgo y vulneración por las cuales los niños, niñas y adolescentes pasan; lo que prevalece es un enfoque de derechos y responsabilidades. Es decir, el Código en su texto final, así como sus anteproyectos fueron pensados desde las nuevas concepciones doctrinarias sobre la niñez y la adolescencia; por ello, no se constituía como un proyecto parche ni esta(ba) orientado a resolver situaciones de violación de los derechos de los niños. Su propósito es responder al conjunto de los derechos de los niños y definir las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene para con ellos 6. El marco jurídico vigente y sus reformas En la década que finalizó se lograron importantes avances en el marco legal que protege a los niños, niñas y adolescentes del Ecuador; podemos citar fundamentalmente dos: el Código de Menores de 1992 hasta el aprobado en el 2002 (hoy, Código de la Niñez y Adolescencia), y la Constitución Política de la República de Inspirado en la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), en 1992 se promulgó el nuevo Código de Menores que superaba las limitaciones del otrora código expedido en Sus principales aportes superaban antiguos paradigmas del llamado modelo de protección o tutelar, que, a su vez, estaba inspirado en la doctrina de la situación irregular 7. Sin embargo, este instrumento carecía de mecanismos que garanticen la exigibilidad de los derechos y permitan la participación ciudadana, por un lado, así como también no logró la profundidad de la reforma jurídica requerida para eliminar la dependencia del sistema de justicia para menores a cargo del poder ejecutivo y adscribirlo a la función judicial, precautelando así la autonomía que precisa la administración de la justicia (Frente Social. SIISE-SINIÑEZ. INNFA. 2001). El proceso desarrollado por varias instituciones preocupadas por la situación de la niñez y adolescencia, produjo que se incorpore en la Constitución Política de la República, reformada en 1998, avances importantes referentes a (i) establecer la responsabilidad conjunta del Estado, la sociedad y la familia en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; (ii) reconocer la ciudadanía social de la niñez y adolescencia; (iii) declarar a la niñez y adolescencia como prioridad nacional; (iv) identificar a la niñez como población en riesgo y vulnerabilidad; y (v) reconocer la necesidad de la reforma de la institucionalidad pública de la niñez a través de la implementación de un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, y de la constitución de un organismo rector de las políticas públicas referentes a niñez. Además de ello, es necesario citar que la ratificación por parte del Estado Ecuatoriano 8 de la Convención, así como las reformas constitucionales antes citadas, abrieron el camino para crear un nuevo marco jurídico para el ejercicio de los derechos de los niños/as y adolescentes, proceso al que nos referiremos en el próximo titular. 4 Ver Documento: Anteproyecto del Código de la Niñez y Adolescencia. Documento para el proceso de validación. Publicado por el Comité Consultivo de Niñez (MBS. Comisión de Niñez del Congreso Nacional. ProJusticia. INNFA. Foro por la Niñez) Publicado en el Registro Oficial No.737 del 3 de enero de 2003, entró en vigencia el 3 de julio de este mismo año. 6 Anteproyecto del Código de la Niñez y Adolescencia. Comité Consultivo de Niñez Ver Wray, Alberto. La observancia de la Convención sobre los Derechos del Niño en la administración de justicia. Quito: UNICEF y ProJusticia, La Convención fue ratificada por el Congreso Nacional en marzo de 1990 entrando en vigencia el 2 de septiembre de 1990-, nos constituía en el primer Estado en el mundo en ratificar este instrumento internacional.

11 El proceso de construcción y aprobación del Código Motivaciones El movimiento en favor de los niños/as y adolescentes promovió la redacción de una nueva ley que se propondría: (i) derogar el Código de Menores de 1992 y proponer una nueva legalidad; (ii) otorgarle el carácter de ley orgánica de manera que no pueda ser reformada sino solo por la mayoría del Congreso Nacional; (iii) establecer los mecanismos de exigibilidad de los derechos a través de la constitución del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia; (iv) establecer sanciones para los infractores; (v) definir fuentes de financiamiento para el cumplimiento de la ley siendo la primera que así lo haría ; (vi) trasladar el servicio judicial de menores del Ministerio de Bienestar Social a la función jurisdiccional 9. El Proceso Social A lo largo del proceso de formulación del Código de la Niñez y Adolescencia, se pueden identificar dos fases muy definidas: (i) la de consulta, y (ii) la de validación. Previamente se había conformado, al igual que se hizo con otros grupos sociales: juventud, tercera edad, entre otros, un Comité Consultivo de Niñez y Adolescencia, promovido especialmente por la Comisión Especializada Permanente de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia del H. Congreso Nacional, al que se sumaron otros organismos gubernamentales tales como: Ministerio de Bienestar Social, Corte Suprema de Justicia Programa ProJusticia-, el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), así como actores de la sociedad civil como es el caso del Foro Permanente de Organizaciones por y con los Niños, Niñas y Adolescentes, al ser el colectivo de organizaciones no gubernamentales con mayor legitimidad y reconocimiento. Este Comité tuvo el apoyo técnico y financiero de UNICEF y otros organismos nacionales e internacionales. Asimismo se conformó un Equipo Técnico Redactor quien preparó un instrumento metodológico de discusión llamado Mapa Explicativo de la Ley 10 como propuesta inicial sobre los contenidos proyectados. Este instrumento, junto con materiales específicos para niños y adolescentes fueron utilizados en el proceso de Consulta Nacional y en sus respectivos talleres locales. El proceso de consulta fue desarrollado en 28 ciudades y varios sectores rurales con la participación de personas e instituciones a fin de garantizar que su contenido sea la expresión de sentimientos y experiencias diversas. Siendo una experiencia inédita en el Ecuador que llevó la democracia desde el discurso a la cotidianidad de los ciudadanos ( ), buscando que el nuevo Código tenga calidad jurídica pero también calidad humana y contenido pedagógico 11. Como resultado de este proceso se desarrolló el Anteproyecto de Ley dividido en cuatro módulos: 1. Disposiciones Generales. Derechos, deberes y garantías. 2. El niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia. 3. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 4. Responsabilidad del adolescente infractor. El proceso de validación, por su parte, permitiría mejorar y afinar el anteproyecto, pensado como el último filtro de un proceso de enriquecimiento y mejoramiento para presentar un producto de calidad al Congreso Nacional, y así optimizar las posibilidades de aprobación. Los referentes organizacionales estuvieron centrados en el Foro por la Niñez y Adolescencia y en los Comités de Gestión Local. El Proceso Legislativo Este código, en sus trámites al interior del Congreso Nacional demoró cerca de dos años. Los primeros debates de la ley se produjeron durante octubre del año 2000 y febrero y marzo del El segundo debate se lo realizó durante noviembre del 2001, enero, febrero, marzo agosto, septiembre y octubre del Finalmente los allanamientos a las objeciones parciales 9 Entrevista a Fernando Sánchez, Programa Nuestros Niños. Mayo de Ver Consulta Nacional. Hacia una nueva ley para niñas, niños y adolescentes. Mapa Explicativo de la Ley. MBS. Comisión del Congreso Nacional. ProJusticia. Innfa. Foro por la Niñez Ver Presentación del documento para el proceso de validación. Anteproyecto del Código

12 de la Presidencia de la República, así como la ratificación a los textos originales se produjeron en el mes de diciembre del Acompañado a este proceso, las organizaciones que trabajan por y con los niños, niñas y adolescentes produjeron varias movilizaciones sociales y en medios de comunicación a fin de que el Código sea aprobado. II. Enfoques y principios Como se lo citó anteriormente, el Código de la Niñez y Adolescencia, está inspirado en un conjunto de nuevos paradigmas, enfoques y principios, que se los puede extraer de los Títulos I y II del Libro Primero (Art. 1-14), los mismos que constituyen la filosofía de la misma, siendo los principales: El Interés Superior del Niño Prevalece sobre toda opinión, la propia opinión del niño, niña o adolescente, que esté en condiciones de expresarla. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural; está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Protección Integral La doctrina de la protección integral pretende lograr el desarrollo integral y el disfrute pleno de los derechos, de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, en un marco de libertad, dignidad y equidad; donde, tanto el Estado, la sociedad y la familia deben garantizarla. Prioridad Absoluta En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás La Ciudadanía Los niños, niñas y adolescentes, incluso los extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. Sus derechos son de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles. Ejercicio Progresivo El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código. Igualdad y No Discriminación Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social,

13 idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. III. Derechos, garantías y deberes Muy difícilmente, un cuerpo legal podría definir exhaustivamente a un grupo o actor social, en el que pueda abarcar conceptos y definiciones frente a aspectos culturales y sociales. Empero, para los fines de esta Ley, en su Artículo 4 presenta una definición cronológica de niñez y adolescencia, así: Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. Es importante señalar igualmente que existe un precepto de presunción de edad, cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho años (Art. 5). Frente a la titularidad de los derechos, se establece que Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. Asimismo, para los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes. (Art. 15) La Naturaleza de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son catalogados como de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley (Art. 16). Así como establece un deber jurídico de denunciar, donde toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho de niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas (Art. 17). Respecto a la exigibilidad de los derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia (Art. 18), y las violaciones de los mismos serán sancionadas en la forma prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil (Art. 19). IV. Situaciones de desventaja y riesgo: visiones desde la ley Posibles ámbitos de incidencia del riesgo social La Constitución Política de la República reconoce a la niñez y adolescencia como uno de los grupos vulnerables (Sección Quinta: Art.: 47-54); para efectos del Código de Niñez y Adolescencia, el enfoque que prevalece es el de derechos universales e integrales, con especial énfasis preventivo más que remedial. A lo largo del Código, no es explícito un concepto o definición de riesgo, sin embargo, varios articulados del Título Segundo, sí expresan, en general o en particular, ciertas situaciones de vulnerabilidad, desventaja o riesgo para los niños, niñas y adolescentes, lo cual nos puede hacer inferir que son estos temas los que registran mayores preocupaciones. La Discriminación Diferentes formas de discriminación y desigualdad aparecen como potenciales riesgos a prevenir; las mismas, son trabajadas en términos positivos, así: Búsqueda de la igualdad

14 En el Artículo 6, así como en una serie de artículos posteriores que detallan los derechos de supervivencia, desarrollo, protección o participación, se declara expresamente la igualdad ante la ley y se previene contra todo acto de discriminación, creando incluso la obligatoriedad del Estado para tal fin: Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. Respeto a la diversidad Asimismo, se hace un particular énfasis en el reconocimiento y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas y afro ecuatorianos ( ) siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos. (Art. 7) a desarrollarse conforme a su cultura y en un marco de interculturalidad. Asimismo, en artículos posteriores relacionados con los diferentes derechos de supervivencia, desarrollo, protección o participación, se expresa el respeto a la cultura y la vigencia de los derechos culturales. Interpretación favorable Las prácticas judiciales y administrativas no escapan a la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia, en la medida en que ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. (Art. 14). En esta medida, podríamos citar que existen posibilidades de riesgo en prácticas y procedimientos institucionales. Acceso a servicios y atención A lo largo de todo el Código, es una de las prioridades expresas el acceso y atención oportuna y eficiente a los diferentes servicios públicos. El detalle de varios de los articulados y servicios los analizaremos particularmente, sin embargo es necesario citar que en los Principios Fundamentales la preferencia para con la población menor de 18 años es expresa: Prioridad Absoluta Tanto para la formulación y ejecución de políticas, así como en la provisión de recursos, existe la prioridad de este sector social, y expresamente garantiza el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. (Art. 12) Del mismo artículo se expresa la posibilidad de conflictos y desastres en cuyo caso los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. Situaciones de Protección Especial El Código de la Niñez y Adolescencia, fundamentado en el enfoque de derechos, sin embargo cita expresamente situaciones que merecen algún tipo de protección especial, asociado a riesgos según grupos específicos expresamente señalados. En este titular se presentará el ámbito de incidencia de riesgo en niños, niñas y adolescentes, y una descripción de los ámbitos que expresa el Código. El análisis de las definiciones y conceptualizaciones de este tipo de casos serán analizadas más adelante bajo el titulo: Derechos de protección especial. El Maltrato El Título IV, regula expresamente la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes. En sus artículos interiores se expresa cada una de las definiciones para conceptualizar dichas infracciones. Se expresa también la obligatoriedad para denunciar; el deber de protección en los casos

15 de maltrato; la prevención y políticas a este respecto; la prevención del maltrato institucional; y las prácticas culturales de maltrato. Asimismo, los artículos se refieren a la protección contra el traslado y retención ilícitos de niños, niñas y adolescentes; el derecho a protección contra otras formas de abuso; medidas de protección; y acerca de los exámenes médico legales. Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores El Título V está dedicado al trabajo de niños, niñas y adolescentes. En su Capítulo I de las disposiciones generales se declara el derecho a la protección contra la explotación laboral; la edad mínima para el trabajo; erradicación progresiva del trabajo infantil; la fijación de la jornada de trabajo y educación; el registro de adolescentes trabajadores; y la excepción relativa a los trabajos formativos realizados como prácticas culturales; así como se regulan los trabajos prohibidos. Los siguientes capítulos describen el trabajo en relación de dependencia: las formas del contrato de trabajo, y los derechos laborales y sociales, el trabajo doméstico y el trabajo formativo. El trabajo sin relación de dependencia y el trabajo por cuenta propia. Y, finalmente, las medidas de protección y de las sanciones relacionadas con el trabajo: las medidas de protección y las sanciones aplicables por violación a las disposiciones referentes al trabajo. Adopciones y relaciones de familia Libro segundo del Código está dedicado a las relaciones de familia con el niño, niña y adolescente, si bien temas como la patria potestad, la tenencia, el derecho a visitas, el derecho a asistencia económica, o el derecho de la mujer embarazada a asistencia económica, son importantes, los temas más álgidos son los relacionados con la adopción en el ámbito nacional e internacional. Adolescentes Infractores Los temas relacionados con el conflicto con la ley están referidas en su Libro Cuarto, de las responsabilidades del adolescente infractor. En sus Disposiciones generales se regula la inimputabilidad, exención y responsabilidades de los niños y adolescentes; los principios de legalidad y los objetivos de la investigación y de la determinación de la responsabilidad. Asimismo regula, sobre todo, el debido proceso para estos casos, definiendo los derechos y garantías en el juzgamiento, las medidas cautelares, el juzgamiento de las infracciones, las medidas socio-educativas y la prevención de la infracción penal de adolescentes. Otras situaciones Para el caso de niños y adolescentes con diferentes niveles de discapacidades, el Código expresa directamente varios de sus artículos para garantizar el acceso a servicios de salud y educación, así como a protección especial; igualmente, son sujetos de medidas de protección especial los niños, niñas y adolescentes hijos de personas privadas de la libertad, víctimas de desastres y conflictos armados, y los refugiados. V. El Contraste Social: la ley y la situación de desventaja y riesgo A continuación se podrán encontrar un análisis de las principales situaciones de desventaja y riesgo en adolescentes y jóvenes y las medidas que las enfrenta el cuerpo jurídico del Código de la Niñez. Es necesario recalcar que parte de la información de diagnóstico del presente capítulo está basada en el Informe Nacional sobre el seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, producido por los Ministerios del Frente Social, el SIISE-SINIÑEZ y el INNFA (2001), y

16 otras investigaciones en las que se cita su fuente directa o los documentos donde se puede profundizar dicha información. Tres de los capítulos del Libro Primero del mencionado Código, se refieren a la vigencia de derechos en términos generales: (i) derechos de supervivencia, (ii) derechos relacionados con el desarrollo, (iii) derechos de protección y (iv) derechos de participación. De ellos, por tanto, partiremos para el análisis de los mismos. Los derechos a la supervivencia El Capítulo II del Libro Primero hace referencia a los Derechos de supervivencia, dentro de los que se contempla el derecho: a la vida; a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos; a tener una familia y a la convivencia familiar. Asimismo el derecho a la protección prenatal; a la lactancia materna; a la atención al embarazo y al parto; a una vida digna; a la salud, la responsabilidad del Estado y las obligaciones de los progenitores y de los establecimientos de salud. El derecho a la seguridad social y a un medio ambiente sano. Derecho a la vida Podría asegurarse que los avances más significativos de la década en torno al bienestar de la niñez se refieren a la garantía de su supervivencia; sin embargo, son los/as adolescentes quienes han visto su derecho a la supervivencia afectado debido al aumento de la violencia, la irresponsabilidad e incluso la indiferencia. Las tasas de mortalidad en aumento registran muertes violentas e incluso espectaculares, en su mayoría accidentes de tránsito, suicidios y homicidios. Definitivamente son muerte evitables ya que están relacionadas con circunstancias sociales antes que con enfermedades. Con este antecedente, es necesario tomar en cuenta que asociados con algunos fenómenos sociales de causas de muerte, violencia, suicidios y homicidios en adolescentes y jóvenes, podemos encontrar sentidos y percepciones particulares, las mismas que rebasan tanto las estadísticas, como los códigos y las leyes, y más aún la ejecución de políticas. Entre soledad, miedo e, incluso, el riesgo asociado a la emoción y al vértigo, los adolescentes transitan de la exclusión a la autoexclusión de los espacios sociales. Se evidencia, pues, la reducción del espacio común al ámbito privado -mediatizado especialmente por las industrias culturales e incluso por la economía-, y el surgimiento de sentidos de vacío y aislamiento causados, entre otras razones, por los ritos de negación del contacto o por la imposibilidad de habitar la otredad 12. La vida y la muerte en los adolescentes y jóvenes forman parte de sus entornos cotidianos de socialización y desocialización pues, vivir como venga y morir de una, está relacionado con la posibilidad de tener norte, razones de existencia, horizontes de destino 13. Aquí es donde se enfrentan a un derrumbe, fragmentación y/o inestabilidad de los mecanismos de integración tradicional (Reguillo), de los espacios sociales de ilusión y futuro (Aguilar), o de las instituciones disciplinarias como mecanismos de inclusión / exclusión (Negri) sean estos la familia, los partidos, el gobierno, las instituciones públicas y privadas. Ellos se inclinan al destino desde la soledad y el aburrimiento a la emoción; de la muerte como incertidumbre, riesgo y vértigo, al inmediatismo y la ausencia de futuro De allí que, ante una vida sin emoción, no se puede perdonar una muerte sin emoción, ya que la muerte tiene el extraño poder de suscitar el frenesí de la vida (Maffesoli 2000). Si de nada sirve vivir, buscas algo porqué morir, dice Fito Páez en una de sus canciones. Si bien el Código expresa que es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo... (Art. 20), se carecen de mecanismos para dicha garantía, especialmente contrastándolo con las principales causas de muerte de los adolescentes. 12 Ver Fajardo, Cevallos entre otros 13 cita de etnografías realizadas a jóvenes pandilleros. FLACSO 2001.

17 Calidad de vida La vida digna se conculca en el Art. 26: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. Sin duda, la calidad de vida es el ámbito de los derechos donde podemos observar enormes deficiencias; la pobreza es el mayor obstáculo a enfrentar si efectivamente se quiere asegurar y mejorar las condiciones de vida a los niños/as y adolescentes del país. Podríamos citar como ejemplo que el país no cumplió con la meta de asegurar acceso universal a agua potable y servicios de saneamiento a sus niños/as y adolescentes; las diferencias entre el campo y las ciudades en el acceso a estos servicios siguen siendo significativas. Para el caso del acceso a otros servicios los analizaremos más adelante. Salud Los artículos del 27 al 31, garantizan el derecho a la salud, a la seguridad social y a un ambiente sano, responsabilizando directamente al Estado, los progenitores y los establecimientos de salud. Para fines de nuestro análisis, podemos desarrollar como principales los siguientes acápites: Art. 27: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual, lo que comprende: el acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten; Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten; Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y privados; Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o adolescente; Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales; El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado desarrollo emocional; El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre y padre; y, El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas. La prioridad, por tanto de este derecho se centra en mejorar los niveles de acceso y gratuidad del servicio de salud. A pesar de los pocos recursos de las iniciativas públicas, podría citarse que las campañas educativas de programas como Hospitales amigos de la niñez y las madres han contribuido a fomentar estilos de vida saludables y mejorar los niveles de acceso a los servicios. Relacionado con lo expresado en el Art. 29 de las responsabilidades de los establecimientos de salud para proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad del niño, niña y adolescente. Es posible apreciar un incremento, modesto por cierto, en visiones y prácticas de los servidores públicos de la salud para brindar una atención especializada para adolescentes y jóvenes, con calidad y calidez; un programa que inició acciones al respecto puede ser la Red Intersectorial de Adolescencia y Sexualidad (RIAS), promovido por la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Ministerio de Salud Pública, implementado en el sur de la ciudad de Quito. Otra de las prioridades referidas en el artículo 27 está en relación a la información y educación sobre los principios básicos de prevención en diferentes materias, sin embargo, fue causa de veto la información y educación acerca de la salud sexual y reproductiva 14. Al respecto, el 14 Véase Anteproyecto de Ley

18 Código es poco ambicioso, sin embargo el incremento del embarazo adolescente es catalogado para muchos dentro de situaciones de protección especial. El embarazo en adolescentes se ha incrementado en los últimos años. Son también motivo de alerta las tendencias hacia una mayor actividad sexual de los adolescentes. A pesar de las disposiciones de la Ley de Educación Sexual y del Amor, aprobada en 1998, en cuanto a la oferta de educación sexual en las escuelas y colegios del país, los educadores son todavía una fuente minoritaria de información sobre temas de sexualidad. La reducción de la mortalidad materna se aproxima a la meta para la década. Si bien no se registran adecuadamente las muertes por causas maternas, los datos existentes apuntan hacia una tendencia decreciente. El país ha desarrollado una importante infraestructura de servicios de salud para atender a las mujeres embarazadas, las unidades de salud fueron declaradas como amigos de la niñez y las madres por el UNICEF. Si bien la asistencia del parto en instituciones de salud se duplicó a lo largo de la década, por ejemplo, aún persisten problemas como la marcada desigualdad en la oferta de servicios públicos de maternidad para las mujeres del campo y de las ciudades durante el parto esto registra, por tanto mayores riesgos. Asimismo, es preocupante que la atención a las mujeres embarazadas no haya mejorado en el transcurso de la década. El número promedio de exámenes de salud que reciben las ecuatorianas embarazadas disminuyó marcadamente en los últimos años. Las mujeres indígenas son las más desatendidas. Estos argumentos son importantes sobre todo cuando los índices de embarazo adolescente y en mujeres jóvenes van en aumento. El acceso de las mujeres ecuatorianas a información, educación y servicios de planificación familiar ha aumentado notablemente. El uso de anticonceptivos ha aumentado sostenidamente, tanto en el campo como en las ciudades. Sin embargo, han existido ciertos sectores quienes se han opuesto a desarrollar acciones más efectivas, especialmente la Iglesia; estos sectores se han opuesto a muchas de las acciones de promoción o formación de la salud sexual y reproductiva ya que campañas de este tipo estarían en contra de sus preceptos moralesinstitucionales. Importantes propuestas se han desarrollado en el país, sobre todo, entre las organizaciones no gubernamentales y algunos organismos de la cooperación internacional. UNFPA, la Cooperación Belga, entre otras, destacan por su presencia. El ejemplo más reciente puede constituir el Proyecto Ecuador Adolescente, que entre sus metas se destaca la necesidad de bajar el índice de embarazo en adolescentes, concientes, además, que dicha meta depende de situaciones que superan el ámbito de incidencia del propio proyecto. Otras apuestas se registran en el campo de los derechos sexuales y reproductivos, ligados a la libre opción sexual, y a la vivencia de los derechos, organizaciones como la Coordinadora Política Juvenil, KIMIRINA o FEDAEPS, son ejemplos de ello y que en su mayoría su campo de acción se amplía al segmento de adolescentes y jóvenes. El consumo de alcohol, cigarrillo y drogas es otro riesgo creciente para los adolescentes del país 15 y son también catalogadas como situaciones que requieren protección especial. Ante una realidad donde caen muros y torres; ante una realidad de frío en el clima y en la esperanza: la diversión, el licor, la droga, entre otras, se muestran como alternativas para el escape 16 hacia otros lugares, para reducir los miedos, las penas y la soledad. Por tanto, es necesario dar paso a un debate social más abierto y directo frente al consumo y la legalidad o no de ciertos productos; debate que más allá de preceptos morales, enfrente la realidad de adolescentes y jóvenes, y optando por la libertad, por un lado, pero por otro, por el desarrollo integral, busque soluciones efectivas ante este dilema. Al respecto, el Código, prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de 15 Ver Primera encuesta nacional sobre el consumo de drogas a escolares. Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), Sistema Ecuatoriano de Vigilancia Integral para la Prevención de la Droga (SEVIP), Ministerio de Educación y Cultura (MEC) Acerca del escapismo, ver Nomadismo Juvenil (2000) y otros textos de M. Maffesoli.

19 fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes (Art. 27). Asimismo, declara el derecho a que se les brinde protección contra: el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y substancias psicotrópicas ; y de su participación en la producción, comercialización y publicidad de dichas substancias (Art. 78). Las obligaciones del Estado frente a la salud se cumplirán a través del respectivo ministerio y, estipulado en el Art. 28, comprenden: la elaboración y ejecución de políticas, planes y programas que garanticen lo contemplado en el artículo 27; la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud, y lo referido al combate contra la mortalidad materno infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que afectan a la población infantil. Asimismo, es obligación del Estado garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y adolescentes; el desarrollo de programas educativos para brindar instrucción en los principios básicos de salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental, destinado a progenitores y personal de salud. En lo referido a la disminución de la desnutrición en los niños/as y adolescentes, aún persisten enormes diferencias sociales en la incidencia de la desnutrición, especialmente en aquellos sectores más pobres. De hecho, la seguridad alimentaria se ve afectada por el desempleo y la caída de los ingresos. Indudablemente, la efectividad de este artículo está relacionada con una mayor inversión pública que, dicho sea de paso, en el total de la inversión social es la que registra menores recursos 17, así también de decisión política para enfrentar temáticas relacionadas con las constantes paralizaciones del sector, el mejoramiento de la infraestructura y equipos, y la capacitación del personal. Entre las principales responsabilidades de los establecimientos de salud, encontramos que la se garantiza prestación del servicio médico de emergencia a todo niño, niña y adolescente que lo requiera, sin exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna naturaleza. Asimismo, no se podrá negar esta atención a pretexto de la ausencia del representante legal, la carencia de recursos económicos, la falta de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra circunstancia similar (Art. 29). Evidentemente este articulado da paso, no solo a cambios institucionales sino a aquellos que serán posibles en la medida en que existan cambios culturales en las prácticas cotidianas del personal de salud. Gestar campañas de concienciación acerca de la calidad de los servicios y de atención en los mismos, sobre la base del derecho y el respeto, implica un cambio de comportamiento y actitud, sobre todo, de los servidores públicos. Junto con ello, la implementación de sistemas e información especializada e intersectorial para adolescentes y jóvenes es necesaria. Finalmente, se estipula el derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice su salud, seguridad alimentaria y desarrollo integral. En este aspecto, puede ser de primordial importancia la medida que el gobierno central y los gobiernos seccionales establecerán políticas claras y precisas para la conservación del medio ambiente y el ecosistema (Art. 32). El derecho al desarrollo integral Contenidos en el Capítulo III se encuentran los derechos relacionados con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y contemplan artículos relacionados con la Identidad, los Derechos culturales, la Educación, la Información y la Recreación. Identidad Los primeros artículos del mencionado Capítulo, se relacionan con el derecho a la identidad, a la identidad cultural, y a la identificación. Si bien se reconoce el derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia y dentro de ello la obligatoriedad del Estado para preservar la identidad de los niños, 17 Ver Rivera y Cevallos OIT-IPEC.

20 niñas y adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación de este derecho (Art. 33). Así también el derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. (Art. 34); no es menos cierto que, especialmente, los adolescentes y jóvenes han desarrollado una particular forma de ser y estar en el mundo, lo cual conlleva a muchos estudiosos en calificarlo como una cultura propia. Con este antecedente, habría que preguntarnos si, efectivamente, toda la nueva constitución de grupalidades juveniles; formas de organización propias; éticas y estéticas determinadas que corresponden a hechos culturales contemporáneos, serán reconocidas como formas de identidad e identificación juvenil y parte de su proceso de desarrollo, búsquedas y encuentros. Otro de los aspectos necesarios de analizar, es el reconocimiento del país pluricultural y multiétnico. Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes no escapan los prejuicios sociales que rodean diferencias étnicas, raciales o culturales. Según las encuestas de opinión 18, los prejuicios tienden a ser más fuertes entre los niños y adolescentes de mejores condiciones socioeconómicas. Incluso, existen claras manifestaciones de prejuicios de género. La discriminación hacia los niños y adolescentes y, en espacial frente a los indígenas y negros es latente en los comportamientos adultos, y en particular en los espacios públicos. Un largo trecho aún para lograr cambios culturales, en la población y en las instituciones, que correspondan a los avances en la concepción de los derechos de los niños y adolescentes y las garantías que la ley les otorga; los alcances de los programas y campañas de concienciación y formación han sido aún limitados. Educación Entre los derechos para el desarrollo, ya lo dijimos anteriormente, se encuentra el derecho a una educación de calidad 19, donde se citan los principales objetivos de los programas de educación, los derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación; las medidas disciplinarias; y las sanciones prohibidas respecto a la niñez y la adolescencia. En su Art. 37, contempla la laicidad de la educación pública en todos sus niveles; además de la garantía (acceso y permanencia) y obligatoriedad hasta el décimo año de educación básica y la gratuidad hasta el bachillerato o su equivalente. Garantiza, también que el Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. La escuela constituye el prototipo moderno de la socialización. Principalmente por la directa relación entre la socialización, los valores culturales y los objetos sociales. Internaliza e introyecta una serie de valores para preparar a los estudiantes para la vida social. Por tanto, el aprendizaje más relevante en un aula de escuela elemental no es fáctico sino social: lo que está en juego es la capacidad para adquirir identificar e internalizar valores y comportamientos para la vida social. (Parsons en Alexander 1987). Lo anterior es explícito en el Art. 38 que habla de los objetivos de los programas de educación, en la medida en que la educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: (i) El desarrollo de destrezas: desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física hasta su máximo potencial; un pensamiento autónomo, crítico y creativo; y capacitar para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y técnicos. (ii) El desarrollo de valores: Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria; promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; y respetar el 18 Ver serie Mi opinión sí cuenta. DNI. 19 Nutridos grupos de Niños y Adolescentes de América Latina desean que se promulgaran leyes que protejan el derecho a la educación. Ver Estado Mundial de la Infancia 2001.

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