Audiencia pública del 21 de septiembre de Preside: Julio César Castaños Guzmán. Dios, Patria y Libertad

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1 Sentencia No MERCEDES A. MINERVINO A., SECRETARIA GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, CERTIFICA. QUE EN LOS ARCHIVOS A SU CARGO EXISTE UN EXPEDIENTE QUE CONTIENE UNA SENTENCIA DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, QUE DICE: SALA CIVIL Y COMERCIAL Audiencia pública del 21 de septiembre de Preside: Julio César Castaños Guzmán. Casa Dios, Patria y Libertad En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente: Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor Franklin Peguero Peralta, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la cedula de identidad y electoral núm , domiciliado y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 779, dictada el 30 de diciembre de 2004, por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Pág. 1

2 Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Leopoldo Minaya Grullón, por sí y por la Licda. Carolina Díaz Boissard, abogados de la parte recurrente Franklin Peguero Peralta; Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: Único: Que procede RECHAZAR, el recurso de casación interpuesto por RAYSA FRANCISCA FRONTIER HENRÍQUEZ, contra la sentencia núm. 779 del treinta (30) de diciembre del 2004, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por los motivos expuestos (sic); Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 13 de mayo de 2005, suscrito por los Licdos. Carolina Díaz Boissard y Leopoldo Minaya Grullón, abogados de la parte recurrente Franklin Peguero Peralta, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante; Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de junio de 2005, suscrito por los Dres. Luis Héctor Martínez Montás y Sorángel Serrá Henríquez, abogados de la parte recurrida Raysa Frontier Henríquez; Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana, es signataria, las Pág. 2

3 decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25 de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008; La CORTE, en audiencia pública del 2 de noviembre de 2005, estando presentes los magistrados Rafael Luciano Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; Visto el auto dictado el 19 de septiembre de 2016, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, Dulce María Rodríguez de Goris y Francisco Antonio Jerez Mena, jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; Considerando, que en la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, consta que: a) con motivo de una demanda en cobro de pesos Pág. 3

4 interpuesta por el señor Franklin Peguero Peralta contra la señora Raysa Francisca Frontier Henríquez, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 8 de marzo de 2004, la sentencia civil núm , cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia, contra la parte demandada, RAYSA FRANCISCA FRONTIER HENRÍQUEZ, por no haber comparecido, no obstante haber sido legalmente emplazado(sic); SEGUNDO: ACOGE en parte la presente demanda, interpuesta por FRANKLIN PEGUERO PERALTA, contra la señora RAYSA FRANCISCA FRONTIER HENRÍQUEZ, y en consecuencia: (a) CONDENA a la señora RAYSA FRANCISCA FRONTIER HENRÍQUEZ, al pago de la suma de VEINTICUATRO MIL PESOS CON 00/100 (RD$24,000.00), en provecho de la parte demandante, FRANKLIN PEGUERO PERALTA, más los intereses legales a partir de la fecha de la demanda, por los motivos que se enuncian precedentemente, (b) CONDENA a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento con distracción en beneficio y provecho del LIC. LEOPOLDO MINAYA GRULLÓN, quienes afirman (sic) haberlas avanzado en su totalidad; TERCERO COMISIONA al ministerial PEDRO J. CHEVALIER, Alguacil de Estrados de este Tribunal, para que proceda a la notificación de la presente sentencia (sic); b) que no conforme con dicha decisión la señora Raysa Francisca Frontier Henríquez interpuso formal Pág. 4

5 recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 784 de fecha 11 de mayo de 2004, del ministerial Pedro J. Chevalier E., alguacil de estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 30 de diciembre de 2004, la sentencia civil núm. 779, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: PRIMERO: Ratifica, el defecto pronunciado en audiencia contra la parte recurrida, por falta de comparecer; SEGUNDO: Declara, bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por la señora RAYSA FRONTIER HENRÍQUEZ, contra la sentencia marcada con el No , de fecha 8 de marzo de 2004, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haberse intentado de conformidad con las reglas procesales que rigen la materia; TERCERO: Acoge, en cuanto al fondo el recurso, DECLARA la nulidad de los actos marcados con los Nos. 1887/2003, de fecha 30 de julio de 2003 y 1908/2003, de fecha 11 de agosto de 2003, ya descritos y por vía de consecuencia la nulidad de la sentencia recurrida, por los motivos expuestos; CUARTO: Condena, a la parte recurrida al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas en provecho de los doctores Luis Héctor Martínez Montás y Sorángel Serrá Henríquez, abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; QUINTO: Comisiona, al ministerial ALFREDO Pág. 5

6 DÍAZ CÁCERES, alguacil de estrados de este tribunal, para la notificación de esta sentencia (sic); Considerando, que, en apoyo a su recurso, el recurrente propone contra la sentencia impugnada los medios de casación siguientes: Primer Medio: Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Falta de base legal, violación del derecho de defensa, violación de la letra j) del inciso 2 del Art. 8 de la Constitución de la República; Tercer Medio: Mala aplicación del derecho. Errada interpretación de los artículos 149 y siguientes y 443 del Código de Procedimiento Civil. Omisión de las disposiciones de los artículos 59 y siguientes y 456 del Código de Procedimiento Civil ; Considerando, que en el segundo medio y primer aspecto del tercer medio de casación, reunidos para su examen por su estrecha vinculación y por ser más adecuado a la solución que se adoptará, el recurrente alega que la corte a qua al fallar en la forma que lo hizo le violó su derecho de defensa, consagrado en el artículo 8, letra j) de la Constitución (otrora), pues no le permitió conocer y debatir en un juicio contradictorio, los fundamentos de los documentos que empleó la parte apelante para sustentar su recurso y sobre los cuales la corte a qua apoyó la decisión que le perjudicó, pues la alzada desconoció que, no obstante el hoy recurrente haber comparecido a la primera Pág. 6

7 audiencia celebrada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la impugnante Raysa Francisca Frontier, dicha apelante no le notificó avenir para el conocimiento de la audiencia que a diligencia de esta fuera fijada para el día 8 de julio de 2004, pronunciando la alzada el defecto en su contra y conociendo el fondo del asunto; que al no tener el exponente conocimiento de lo sucedido en la citada audiencia, procedió a diligenciar una nueva audiencia, la cual le fue fijada para el 17 de noviembre de 2004, compareciendo ambas partes y concluyendo al fondo del recurso, sin que la indicada apelante comunicara lo ocurrido en la audiencia del 8 de julio anteriormente citada, que dicha situación originó que la corte a qua juzgara dos veces el mismo caso pues emitió dos decisiones distintas, la primera dictada en defecto y en perjuicio del apelado en fecha 30 de diciembre de 2004, y la segunda en fecha 27 de mayo de 2005, todo lo cual constituye una violación a su derecho de defensa que amerita la casación de la sentencia ahora impugnada; Considerando, que para una mejor comprensión del asunto, es útil señalar que de la sentencia ahora impugnada y de los documentos que conforman el expediente relativo al presente recurso de casación, se verifica lo siguiente: 1) que en ocasión de una demanda en cobro de pesos interpuesta por el señor Franklin Peguero Peralta contra la señora Raysa Francisca Frontier, el tribunal de primer grado que resultó apoderado acogió dicha Pág. 7

8 demanda en provecho del demandante y condenó a la demandada al pago de la suma de veinticuatro mil pesos (RD$24,000.00); que esa decisión fue recurrida en apelación por la indicada demandada, y respecto a ese mismo recurso la alzada emitió dos sentencias: 1) la núm. 779 de fecha 30 de diciembre de 2004, emitida por la otrora Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante la cual fue pronunciado el defecto del intimado, acogió el recurso de apelación, declaró la nulidad de los actos introductivos de la demanda y por vía de consecuencia la nulidad de la sentencia apelada, decisión impugnada en casación por el señor Franklin Peguero y que ahora ocupa la atención de esta jurisdicción; 2) la sentencia núm. 027 del 27 de mayo del año 2005, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante la cual rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia del tribunal de primer grado, fallo impugnado en casación por la demandada original señora Raysa Francisca Frontier, recurso que fue declarado perimido por esta Sala Civil y Comercial en fecha 2 de marzo de 2012 mediante la Resolución núm ; Considerando, que la queja del recurrente va dirigida en el sentido de no habérsele notificado avenir para la audiencia celebrada el 8 de julio de 2004, motivo por el cual no compareció, pronunciándose el defecto en su perjuicio y Pág. 8

9 procediendo el tribunal de segundo grado a emitir la citada sentencia núm. 779, ahora criticada; que según consta en dicho acto jurisdiccional, la parte apelante, ahora recurrida, el día de la audiencia precedentemente indicada, declaró a la corte a qua que el intimado, ahora recurrente, no había constituido abogado, sin embargo, en la parte administrativa de la sentencia núm. 027 antes indicada y dictada también en ocasión del mismo recurso de apelación, consta el acto de avenir núm. 108/2004 de fecha 28 de junio de 2004, instrumentado por el ministerial Nicolás Reyes Estévez, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante el cual el señor Franklin Peguero Peralta notificó avenir para el conocimiento de la audiencia a celebrarse el 4 de julio de 2004, a la cual comparecieron ambas partes y la Corte ordenó la medida de comunicación de documentos y plazos para el depósito de los mismos; que en efecto, tal y como puede comprobarse, contrario a lo declarado por la apelante, el intimado, ahora recurrente, señor Franklín Peguero, sí había constituido abogado, situación que obligaba a dicha apelante como parte que diligenció la fijación de la audiencia de fecha 8 de julio de 2004 a notificarle acto de avenir al intimado; Considerando, que ha sido juzgado de manera inveterada por esta jurisdicción, que no puede celebrarse válidamente una audiencia judicial en Pág. 9

10 materia civil ordinaria sin que se haya dado regularmente el condigno avenir que es el acto mediante el cual de conformidad con la Ley núm. 362 de 1932 debe un abogado llamar a su colega constituido por la contraparte a discutir un asunto a los tribunales; que dicha omisión por parte de la actual recurrida se traduce, tal y como lo pone de manifiesto el recurrente, en una evidente violación a su derecho de defensa, transgresión que se agrava en la especie, toda vez que la corte a qua procedió, sin permitirle proponer sus medios de defensa, a anular la sentencia dictada a su favor por el primer juez; Considerando, que además es preciso agregar que, dicha corte omitió verificar como era su deber, si la ausencia del señor Franklin Peguero Peralta en la referida audiencia obedecía a un acto voluntario de él, en caso de que hubiese sido citado regularmente mediante el correspondiente avenir a su abogado constituido, o si, en cambio, su defecto se debía a la falta de dicho avenir como denuncia el recurrente, en cuyo caso la jurisdicción a qua debió actuar en consecuencia, en aras de preservar el derecho de defensa de ese litigante, sobre todo si se observa, tal y como fuera indicado precedentemente, que el intimado había comparecido a la audiencia anterior celebrada ante esa instancia el 4 de julio de 2004, que, al emitir la alzada la sentencia núm. 779 en esas circunstancias, el derecho de defensa del ahora recurrente no fue debidamente protegido, derecho fundamental que es parte integrante del Pág. 10

11 debido proceso, por tanto dicha decisión no puede generar ningún efecto jurídico, en consecuencia y al tenor de la queja casacional del recurrente, la misma debe ser anulada, debiendo aclararse que en el presente caso no será necesario el envío del asunto para nueva valoración en vista de que, con posterioridad a la citada audiencia en que se incurrió en la violación indicada, fue celebrada la audiencia del 17 de noviembre de 2004, a la cual comparecieron ambas partes y el señor Franklin Peguero Peralta, demandante inicial y actual recurrente, tuvo la oportunidad de ejercer sus medios de defensa concluyendo al fondo del recurso, procediendo la alzada a emitir la sentencia núm. 027 que otorgó ganancia de causa a dicho recurrente, la cual, es importante decirlo, se mantiene incólume como consecuencia de la perención del recurso de casación que pronunciara esta jurisdicción mediante la Resolución núm mencionada precedentemente; que por las razones expuestas procede acoger parcialmente los medios de casación examinados y en tal sentido, casar por vía de supresión y sin envío la sentencia impugnada; Considerando, que cuando la sentencia es casada por una falta procesal a cargo de los jueces como en el caso ocurrente, las costas pueden ser compensadas, al tenor del numeral 3 del Art. 65 de la Ley 3726 del 29 de diciembre de 1959, sobre Procedimiento de Casación. Pág. 11

12 Por tales motivos, Primero: Casa por vía de supresión y sin envío, por no quedar nada que juzgar, la sentencia civil núm. 779, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 30 de diciembre de 2004, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia pública del 21 de septiembre de 2016, años 173º de la Independencia y 154º de la Restauración. (Firmados).- Julio César Castaños Guzmán.- Martha Olga García Santamaría.- Francisco Antonio Jerez MENA.- Mercedes A. Minervino A. Secretaria General La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. Pág. 12

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