81-4CM-13-A CÁMARA SEGUNDA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO: San Salvador, a las quince horas con diez minutos del día veintiocho de

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1 81-4CM-13-A CÁMARA SEGUNDA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO: San Salvador, a las quince horas con diez minutos del día veintiocho de octubre de dos mil trece. El presente recurso de apelación, ha sido interpuesto por la licenciada BERTHA MARIA DE L. G., mayor de edad, abogado, de este domicilio, con tarjeta de abogado número [ ], actuando en calidad de apoderada general judicial del demandando señor HENRY ESMILDO FLORES CERON, contra la sentencia pronunciada por el señor Juez Cuarto de lo Civil y Mercantil, a las diez horas con treinta minutos del día diez de septiembre de dos mil trece, en el Proceso de Inquilinato promovido por el licenciado OSCAR ARMANDO C. G., mayor de edad, abogado, de este domicilio, quien se identifica con su tarjeta de abogado número [ ], actuando como apoderado general judicial con cláusula especial de la señora VANESSA MARÍA ROSALES AGUILAR, en contra del apelante, tramitado bajo la referencia IQPI- 4CM3. Ha intervenido en primera instancia el licenciado OSCAR ARMANDO C. G., actuando en la calidad citada. En segunda instancia han intervenido la licenciada BERTHA MARIA DE L. G., en la calidad citada, parte apelante; y el licenciado OSCAR ARMANDO C. G., en la calidad citada, parte apelada. El objeto del presente incidente de apelación, es que se revise el derecho aplicado y se revoque la sentencia, pronunciada por el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil a las diez horas con treinta minutos del día diez de septiembre de dos mil trece. VISTOS LOS AUTOS, Y CONSIDERANDO: I.- ANTECEDENTES DE HECHO. 1. RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La sentencia definitiva recurrida en lo pertinente EXPRESA: A) Declárese terminado el Contrato de arrendamiento para vivienda, entre la señora VANESSA MARÍA ROSALES AGUILAR, y el señor HENRY ESMILDO FLORES CERON, respecto del inmueble ubicado en [ ], DE ESTA CIUDAD, correspondiente a la ubicación geográfica de SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR; B) ordenase la desocupación del referido inmueble por parte del arrendatario señor HENRY ESMILDO FLORES CERON, en el término o plazo

2 de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que adquiera firmeza esta sentencia; C) Multase a la señora VANESSA MARÍA ROSALES AGUILAR, al pago del cincuenta por ciento del canon mensual de arrendamiento. D) Condenase al señor HENRY ESMILDO FLORES CERON, al pago de los cánones de arrendamiento adeudados, correspondientes desde el mes de abril de dos mil trece, hasta la fecha de desocupación del referido inmueble, a razón de CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MENSUALES, y Condenase al demandando al pago de las costas procesales. E) Al quedar firme la presente sentencia, cúmplase con lo ordenado en los literales A, B, C, D, del presente fallo. 2. SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA. 2.1 ALEGACIONES DE LAS PARTES: ALEGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE: Con fecha cuatro de julio de dos mil trece, el licenciado OSCAR ARMANDO C. G., actuando en la calidad mencionada, presentó demanda, manifestando en lo esencial que: "... Que el día veintitrés de julio del año dos mil doce, se celebró Contrato de Arrendamiento ante los oficios notariales del Doctor MARCO ANTONIO S. A., con el señor HENRY ESMILDO FLORES CERON; en calidad de arrendatario, una casa propiedad de mi representada, ubicada en Colonia [ ], San Salvador; con sus servicios de agua potable y energía eléctrica, en perfecto estado de funcionamiento; el cual utilizaría el arrendatario para habitación suyo; por un plazo de TRES MESES, contados a partir del día veintitrés de julio de dos mil doce, prorrogable por periodos iguales,; pagadero por medio de cuotas mensuales, iguales, anticipadas, fijas y sucesivas de CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, para ser pagadas los días veintitrés de cada mes comprendido en el plazo ( ) pero es el caso que el señor HENRY ESMILDO FLORES CERON, ha incurrido en la causal de mora desde el mes de marzo de dos mil trece, es decir, que comprende cuatro meses en mora, hasta esta fecha, que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Según lo manifiesta mi poderdante le hizo reiterados cobros en múltiples ocasiones, de los cuales no hubo respuesta formal de parte del inquilino; no omite manifestar que los mese anteriores a partir del contrato de arrendamiento el señor HENRY FLORES, realizaba pagos esporádicos de las mensualidades, nunca le pago completamente las cuotas pactadas en las fechas ya establecidas en el mencionado contrato; la señora ROSALES

3 AGUILAR le solicito al arrendante hace más de dos meses que necesitaba hacer uso de la vivienda, no teniendo respuesta alguna; son situaciones suficientes para dar por terminado el contrato de arrendamiento, haciendo caducar el plazo en su totalidad y dándole el derecho a mi mandante, de exigir la inmediata desocupación del inmueble arrendado, el cumplimiento del pago de los cánones vencidos y del consumo de agua potable, energía eléctrica, pagos de impuestos municipales, y demás gastos directos e indirectos. ( ) PIDO: ( ) f) Previo los trámites de ley en sentencia definitiva declare la Terminación de Contrato de Arrendamiento, Desocupación inmediata del inmueble y se le condene al señor HENRY ESMILDO FLORES CERON, al pago de los cánones vencidos y no cancelados hasta la fecha de desocupación del mismo, sus intereses legales, así como el consumo de agua potable el recibo de agua potable que fue cancelado en el mes de Junio del corriente año, por la señora ROSALES AGUILAR para evitar el racionamiento del mismo, energía eléctrica e impuestos municipales, indemnización por perjuicios y las costas procesales." ALEGACIONES DE LA PARTE DEMANDADA: No hubo alegaciones de la parte demandada, en virtud, de que no compareció a la audiencia única, tal y como consta en acta de las nueve horas del día tres de septiembre del presente año, no obstante su legal citación. 3. SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Esta Cámara, luego de realizar el examen de admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la licenciada BERTHA MARIA DE L. G., en el carácter relacionado, admitió el recurso mediante auto de fs.9 del incidente; y señaló lugar, día y hora para la celebración de audiencia de apelación, de conformidad a lo establecido en el Art. 513 inc. 3 CPCM. 4. FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. La licenciada BERTHA MARIA DE L. G., en la calidad dicha, mediante escrito de fs.2 al 4, en lo esencial, expuso: III. SOLICITUD DE DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA AUDIENCIA : De conformidad a lo previsto en los artículos 232 letra c, 233 y 238 CPCM, considero que la audiencia celebrada el día 3 de septiembre de 2013, debe anularse, ya que adolece del vicio de nulidad insubsanable, pues la misma no debió celebrarse sin la presencia de mi representado y/o su abogado defensor, de manera que se han infringido los derechos constitucionales de audiencia y defensa del señor Henry Esmildo Flores Cerón, quien llego tarde a la audiencia, debido a que se apersonó a las oficinas de la Procuraduría General de la

4 República, a fin de solicitar un abogado que le asistiera en su defensa técnica, tal como lo prevé el artículo 67 CPCM, y no le atendieron oportunamente, debido a que le manifestaron que el personal se encontraba en huelga y nadie le podía acompañar y representarlo en la audiencia. Ante ello, mi representado llegó al tribunal y en la Secretaria se le informo que la audiencia ya se había realizado y que únicamente debía esperar que se emitiera la sentencia definitiva. Lo anterior, produjo la indefensión de mi poderdante, quien no ha tenido la oportunidad de manifestarse respecto de los hechos por los que ha sido condenado, ni ha tenido la oportunidad de aportar prueba a su favor. Los derechos constitucionales de audiencia y defensa, se encuentran establecidos en los artículos 11 y 12 de la Constitución, respectivamente, asimismo están directamente relacionados con el derecho a la protección jurisdiccional y el principio de defensa y contradicción regulados, respectivamente en los artículos 1 y 4 CPCM. Según el artículo 1 CPCM toda persona tiene derecho a plantear su pretensión ante los tribunales, a oponerse a la ya incoada y aportar las pruebas con las que cuente para defender su posición. La importancia del derecho de defensa en el proceso es tal, que los artículos 202, 203 y 208 ordinal 3 9 del CPCM establecen como causa de suspensión de audiencia y señalamiento de nueva fecha para su celebración, que exista causa grave que impida la asistencia de los abogados de cualquiera de las partes. El articulo 67 CPCM establece la obligatoriedad de las partes, de ser asistidos en todos los actos del proceso civil y mercantil, de un abogado. Mi representado, el día de la audiencia se apersonó a las oficinas de la Procuraduría General de la República, a fin de que le proporcionaran un abogado defensor, pero ello, no le fue posible, debido a que se encontraban en huelga. Ello puede ser objeto de prueba, oportunamente, mediante constancia emitida por la procuraduría donde se consigne tal circunstancia. Por todo lo anterior, considero que la audiencia celebrada sin la presencia de mi representado y/o su abogado defensor, violenta los derechos constitucionales de audiencia y defensa, consecuentemente debe ser declarada nula, pues su celebración ha puesto a mi representado en situación de indefensión y ha producido una sentencia condenatoria que le perjudica económica y moralmente, pues se han tenido por acreditados hechos contrarios a la verdad y el señor Henry Flores Cerón, no tuvo la oportunidad de controvertirlos y dar su versión sobre lo ocurrido. Ello le genera perjuicio económico, pues ha sido condenado a pagar seis cañones de arrendamiento a razón de ciento cincuenta dólares cada uno, incluso en meses que ya no residía en la vivienda de la demandada. IV. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN POR MOTIVOS DE HECHO: En la sentencia

5 impugnada se han dado por acreditados, los siguientes hechos: a. Que el señor Henry Esmildo Flores Cerón, adeuda cánones de arrendamiento a razón de ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, desde el mes de abril hasta el mes de septiembre del presente año, lo cual hace un total de novecientos Dólares de los Estados Unidos de América. B. Que mi poderdante aun se encuentra viviendo en la casa situada en Colonia [ ], San Salvador, la cual es propiedad de la señora Vanessa María Rosales Aguilar. Estos hechos probados y fijados en la sentencia impugnada, deben ser revisados por el tribunal ad quen, pues no son ciertos, ya que el señor Henry Esmildo Flores Cerón, cancelo puntualmente los cañones de arrendamiento de la vivienda hasta el mes de junio de 2013, lo que ha ocurrido es que la demandante nunca le entrego recibos formales de los pagos que le hizo y en algunos casos, le entrego en hoja de cuaderno y de su puño y letra anotaciones que hacían constar el pago recibido, de las cuales mi representado conserva dos y la ofrecemos como prueba para la audiencia correspondiente. Por otra parte, no es cierto que el señor Henry Esmildo Flores, se encuentre viviendo en la casa de la demandarte, pues el desocupo voluntariamente la vivienda el día 4 de julio de 2013 y desde esa fecha no ha regresado más, ni ha tenido contacto alguno con la señora Vanessa María Rosales Aguilar, por disposición judicial, ya que la señora Vanessa Rosales, ha iniciado proceso penal contra mi representado por el supuesto delito de amenazas y se le impuso como medida cautelar no acercarse a ella, ni comunicarse por ningún medio. De la desocupación de la vivienda, pueden dar fe los señores Francisco Araniva Espinoza y Ana Gladis Cerón, quienes estuvieron presentes en el lugar al momento que el señor Henry Flores saco sus pertenencias. De la desocupación del inmueble tenía conocimiento la demandante y de manera malintencionada a continuado con este proceso, aduciendo tener restricciones para acercarse a mi representado, lo cual tampoco es cierto, puesto que la señora desde el día 16 de junio de 2013, comenzó a ingresar a la vivienda arrendada con sus propias llaves y ese mismo día sustrajo del interior de la vivienda, sin permiso de mi representado, un televisor, una computadora y otros objetos, hechos por los cuales ha sido denunciada en la Fiscalía General de la República. Por todo lo anterior, considero que deben revisarse los hechos que el juez a quo ha fijado en la sentencia definitiva y debe darse la oportunidad a mi representado de exponer sus razones y presentar prueba en su defensa, de lo contrario se le sitúa en indefensión y se le perjudica económicamente al tener que pagar cantidades ya cubiertas, pues hasta el mes de junio que vivió en el lugar, nunca dejo de pagar el arrendamiento y desocupo el inmueble el día 4 de julio de Por todo

6 ello no es procedente que se pretenda cobrar un arrendamiento hasta el mes de septiembre, tal como se ha establecido en la sentencia definitiva. PIDO: ( )Declare la nulidad insubsanable de la audiencia celebrada el día 3 de septiembre de 2013, sin la presencia del señor Henry Esmildo Flores y/o su Abogado defensor, por haber infringido los derechos constitucionales de audiencia y defensa de mi poderdante. Revise los hechos que el juez a quo ha tenido por fijados en la sentencia impugnada, y oportunamente admita como prueba lo descrito en el considerando IV del presente escrito, ya que mi representado no tuvo la oportunidad de verterla en la audiencia, tal como lo prevé el artículo 514 ordinal 2 CPCM. De conformidad a lo previsto en el artículo 517 CPCM, revoque la sentencia impugnada por haber fijado hechos contrarios a la realidad, y absuelva a mi representado del pago de los cañones de arrendamiento a que ha sido condenado. 5. FUNDAMENTACIÓN DE LA OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN. En audiencia de apelación celebrada a las once horas con treinta minutos del día veinticinco de octubre de dos mil trece, el licenciado OSCAR ARMANDO C. G., actuando como apoderado de la parte apelada, de conformidad al Art. 514 del CPCM, se opuso a la apelación interpuesta por los motivos siguientes: Que no está de acuerdo con la nulidad del proceso solicitada, ya que se ha podido verificar que la audiencia se llevó acabo sin el demandado porque él no llegó a tiempo a la audiencia y llegó tarde, sin embargo, se le cito legalmente. Aunado a ello no se ha presentado ninguna constancia en la cual pruebe que el demandado efectivamente llegó tarde porque fue a la Procuraduría a pedir un abogado que lo representara el día de la audiencia, por tanto, su incomparecencia esta injustificada, y no debe accederse a la declaratoria de nulidad. En su intervención, la licenciada BERTHA MARIA DE L. G., apoderada de la parte apelante, respecto a la oposición manifestó: Solicita que se declare la nulidad de la audiencia, ya que se violentó el derecho de audiencia y de defensa de su mandante, y que no tiene constancia de parte de la Procuraduría General de la República respecto a que su mandante fue a solicitar auxilio judicial, pero solicita que este tribunal libre oficio a dicha institución con el fin de probar que ese día de la audiencia estaban en huelga.

7 Así mismo, cita lo establecido en el art.232 literal c) del CPCM, considerando que se le ha condenado a su representado sin haberlo oído y vencido en juicio. Y que desde el día veinte de junio del presente año, fecha en la cual su mandante fue detenido por el delito de amenazas desalojo la casa que se encontraba arrendada, ya que la propietaria de dicha vivienda solicitó medidas contra dicho señor, por lo que, él ya no vive ahí. Que su representado le quiso entregar la llave de la casa a la propietaria, sin embargo, ésta no la quiso recibir. Por otra parte solicita que no se le condene a su representado al pago de los canones hasta la fecha de la desocupación, ya que él no reside ahí, desde el día cuatro de junio del presente año. Reiterando que su mandante no ha podido aportar prueba en el presente proceso injustamente y que no se ha podido defender de los hechos que se le acusan. Así mismo, cita que su mandante y la señora demandante tienen otros procesos penales pendientes como lo son por el delito de calumnia, entre otros. Por lo anterior, considera que deben declararse la nulidad de la audiencia, ya que se ha violentado el derecho de audiencia y defensa de su representado, derechos que están consagrados en el art.11 de la Constitución de la República. II. PRUEBA PROPUESTA EN SEGUNDA INSTANCIA. La licenciada BERTHA MARIA DE L. G., en audiencia de apelación solicitó que éste tribunal librará oficio a la Procuraduría General de la República, para probar que el día de la audiencia dicha institución estaba en huelga. Así mismo, el licenciado OSCAR ARMANDO C. G. junto al escrito presentado el día dieciocho de octubre del presente año, incorporó prueba documental en esta instancia, la cual solicitó que se admitiera. Previo a resolver sobre la admisibilidad de dichos medios probatorios, ésta Cámara hace las siguientes consideraciones: El art.514 del CPCM establecen: En la audiencia, el tribunal oirá a la parte apelada para que se oponga o para que se adhiera a la apelación. En seguida oirá al apelante, con relación a la oposición, el cual no podrá ampliar los motivos de su recurso. Tanto el recurrente como el recurrido podrán proponer la práctica de prueba. Sólo serán proponibles los documentos relativos al fondo del asunto que contuviesen elementos de juicio necesarios para la decisión de la causa, pero sólo en los casos en que sean posteriores a la

8 audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado; los documentos anteriores a dicho momento se admitirán cuando la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con posterioridad a aquél. También podrá proponerse prueba documental en el caso de que la parte no aportara los documentos en primera instancia por alguna causa justa. (2) Además de la documental dicha, sólo podrá proponerse prueba: 1.Cuando la prueba hubiera sido denegada indebidamente en primera instancia. 2.Cuando, por cualquier causa no imputable al que solicite la prueba, no se hubiera podido practicar, en todo o en parte, aquella prueba que hubiera sido propuesta en primera instancia. 3.Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de iniciado el plazo para dictar sentencia en primera instancia. Propuesta la prueba, el tribunal resolverá, admitiendo únicamente los medios que resulten procedentes. La resolución por la que se rechacen los medios probatorios ofrecidos es inimpugnable. Realizada la prueba como último punto de la audiencia, las partes podrán formular sus alegaciones finales, con lo cual el recurso quedará en estado de dictar sentencia, sin perjuicio de que el tribunal pueda solicitar alguna aclaración a las partes. De la prueba propuesta e incorporada por la parte apelada, éste tribunal considera que no obstante fue ofrecida en la demanda, la parte tiene la obligación de ofrecerla en audiencia, tal como lo establecen los arts. 310, 317 y 428 del CPCM, por lo que, no haberla ofrecido en audiencia para que el juez nombrará un perito judicial para su realización vuelve a dicha prueba en extemporánea, ya que si su mandante no podía ingresar a la casa, ello no inhibía al juez a quo para nombrar el perito judicial y que éste realizará el peritaje solicitado, ya que el juez tiene la facultad de garantizarle el acceso a dicho inmueble al perito, en consecuencia, si la parte demandante no dijo nada respecto a dicha prueba se entiende que desistió de la misma. Aunado a ello, que en ésta instancia no se ha adherido a la apelación alegando denegación indebida de la prueba pericial y documental, por tanto, dicha prueba es inadmisible. Respecto a la prueba solicita en audiencia por la parte apelante, las suscritas consideraron que es extemporánea, ya que si quería el auxilio judicial debía fundamentar las razones del por

9 qué su mandante no podía tener acceso a dicha prueba, y solicitarla en el escrito de apelación y no hasta la audiencia de apelación. Aunado a ello se le recuerda que ese tipo de documentación puede ser solicitada por su persona o su mandante, quienes tienen la carga de la prueba. Por tanto, este tribunal la declaró inadmisible por no reunir los requisitos establecidos en el art.514 del CPCM, y por no ser el momento procesal oportuno para su incorporación. III. DECLARACIÓN DE LOS HECHOS QUE SE CONSIDERAN PROBADOS. En el presente proceso se ha comprobado la existencia de un contrato verbal de arrendamiento, celebrado entre la señora VANESSA MARÍA ROSALES AGUILAR y el señor HENRY ESMILDO FLORES CERON. IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. Éste Tribunal procederá primeramente a abordar el agravio que se refiere a la procedencia de la nulidad del proceso, de conformidad al art. 238 del CPCM, y sólo en caso de desestimarse se procederá a resolver los demás agravios. La parte apelante ha manifestado su inconformidad con la sentencia definitiva pronunciada por el juez a quo, por considerar que se ha violentado el principio de defensa y contradicción de su mandante, por haberse celebrado la audiencia sin su presencia, y sin abogado que le representara. Al respecto ésta Cámara hace las siguientes consideraciones: La nulidad es un vicio que disminuye o anula la estimación o validez de algo. Se produce cuando falta alguno de los requisitos exigidos para el acto procesal y acarrea, por imperativo del ordenamiento jurídico, la pérdida de todos (nulidad total) o de parte (nulidad parcial) de los efectos que el acto normalmente tendería a producir. Es decir que la nulidad despoja de eficacia al acto procesal por padecer de irregularidades en sus requisitos esenciales, impidiéndole consumar su finalidad. En definitiva, la nulidad, en derecho procesal, representa una sanción que priva al acto procesal de sus efectos normales. Cuando el acto procesal no llena los requisitos de forma, aparece un defecto o falta de naturaleza procesal, que en el proceso puede coexistir con defectos de fondo, tales como las inexactitudes o errores de juicio. Las faltas formales pueden referirse a los actos de las partes, o del juez, o afectar la expresión del objeto litigioso, la forma del acto o el tiempo.

10 El Código Procesal Civil y Mercantil al regular la nulidad contempla los principios que la sustentan, los cuales son: principio de especificidad, principio de trascendencia, y principio de conservación, los cuales han de estimarse de consuno, por su carácter complementario. El principio de especificidad, hace referencia a que no hay nulidades sin texto legal expreso. No obstante, el legislador ha optado por un número abierto de causales de nulidad; ya que además de los supuestos expresamente contemplados en distintas disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, reconoce que los actos deberán declararse nulos también en las situaciones previstas en los literales a), b) y c) del Art. 232 CPCM. Principio de trascendencia, en virtud del carácter no ritualista del derecho procesal moderno, para que exista nulidad no basta la sola infracción a la norma, sino que debe producirse perjuicio efectivo a la parte, tal como lo reconoce el Art. 233 CPCM. Ello significa que, no es procedente declarar una nulidad por la nulidad misma cuando el acto procesal, aunque realizado en forma distinta a la prevista, produjo sus efectos, sin dañar a nadie. Principio de conservación, este principio procura la conservación de los actos procesales independientes del acto viciado, y se encuentra reconocido por el Art. 234 CPCM. A su vez, inspira las reglas de los Arts. 237 inciso 3 y 238 inciso final del CPCM. Conforme al principio de conservación, cabe predicar que la nulidad de un acto no importa la de los actos precedentes ni la de los sucesivos que sean independientes de él. Que si el vicio impide un determinado efecto, el acto puede producir los efectos para los que sea idóneo. Pero si la omisión o la nulidad de un acto afecta al mismo procedimiento de modo tal que impide alcanzar su objeto, quedan inutilizados también los actos anteriores, que por sí serían válidos, porque estando destinados por definición a tener una eficacia interna en el proceso, esa eficacia se produce en el vacío si el proceso es condenado a agotarse. En el caso de marras, la parte apelante manifiesta que su mandante no acudió a la audiencia celebrada a las nueve horas del día tres de septiembre del presente año, ya que ese día acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de la República a solicitar que se le asignará un defensor público para que lo representará en dicha audiencia, pero no le asignaron ninguno por encontrarse en huelga. Razón por la cual considera que a su representado se le ha violentado el principio de defensa y audiencia, ya que se celebró la audiencia sin su presencia, y como consecuencia de ello solicita la nulidad de la audiencia citada y todo lo que fuera su consecuencia.

11 Este tribunal haciendo un estudio del proceso, advierte que en auto de las ocho horas con treinta minutos del día quince de agosto de dos mil trece, agregado a fs. 35 de la pieza principal, se señaló las NUEVE HORAS DEL DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para la celebración de audiencia única del presente proceso, en la cual el juez a quo en cumplimiento de los arts. 423 inc.3, 425 inc.2 y 482 del CPCM, le advirtió al demandado que su incomparecencia injustificada a la audiencia no impediría la celebración de la misma, y tendría como consecuencia el desahucio sin más trámite. Así mismo, se le advirtió que debía comparecer con procurador o con abogado que lo representará. Resolución que fue legalmente notificada al demandado señor HENRY ESMILDO FLORES CERON, por medio de la señorita Karen Macías, quien manifestó ser recepcionista del lugar de trabajo del demandado, tal y como consta en acta de notificación y emplazamiento de las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día veinte de agosto de dos mil trece, agregada a fs.36 de la pieza principal, en consecuencia, el demandado tuvo desde el día veinte de agosto hasta el día tres de septiembre ambos del presente año, para buscar abogado que lo representará en dicha audiencia. Por lo cual, para éste tribunal no existe causa justificada del demandado para que no haya comparecido a la audiencia, ya que tuvo tiempo suficiente para buscar abogado que lo representara, considerando que fue un descuido el haber esperado hasta el día de la audiencia para buscar un abogado en la Procuraduría General de la República que lo representará; aunado a ello que en el país existen otros organismos e instituciones que brindan servicio legal gratuito para personas de escasos recursos, como lo es el IDHUCA, los centros de prácticas jurídicas de las universidades, entre otros. Además que el juez a quo, tanto en el auto de señalamiento de la audiencia y en el acta de emplazamiento y citación le hizo saber al demandado que debía comparecer a la audiencia con abogado que lo representara, y que en caso de que no compareciera a la audiencia, se realizaría y se declararía el desahucio sin más trámite, por tanto, no puede alegar ignorancia de los efectos que produciría su incomparecencia a la audiencia. En conclusión, no son atendibles las razones para declarar la nulidad de la audiencia celebrada el día tres de septiembre del presente año, ya que si bien es cierto el demandado no ejerció su derecho de audiencia y defensa, fue por negligencia suya, y no por hechos imputables

12 al juez a quo, ya que éste cumplió con el principio de legalidad, emplazándolo, haciéndole saber el día y hora de la audiencia, que debía comparecer a la audiencia con abogado y con todos los medios probatorios de los cuales pretendía hacerse valer, así como también le hizo saber la consecuencia de su incomparecencia a la audiencia, por lo que, no es procedente declarar la nulidad alegada. Así mismo, aclara este tribunal que no entrará a valorar los demás agravios alegados en el escrito de apelación, ya que los mismos versan sobre el fondo de la pretensión y sobre prueba ofrecida por la parte demandada en dicho escrito, ya que el entrar a conocer sobre dichos puntos estaríamos violentando el principio de legalidad, ya que el legislador ha establecido las etapas procesales en las cuales se deben hacer este tipo de alegaciones y la aportación de la prueba, no siendo éste el momento procesal oportuno para ello. Ya que el demandado debió haber comparecido a la audiencia en la hora y el día señalado por el juez a quo, para contestar la demanda y ofrecer y aportar los medios probatorios con los cuales pretendía revertir los hechos alegados por la parte actora. En conclusión, esta Cámara considera que no se han cumplido los supuestos establecidos en los Arts. 232 literal c), 233 y 238 CPCM para declarar la nulidad de la sentencia recurrida, en consecuencia, habiéndose pronunciado la sentencia definitiva conforme a la ley, se procederá a confirmar la misma. V.- FALLO.- POR TANTO: Con base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y disposiciones legales citadas, esta Cámara a nombre de la República de El Salvador FALLA: a) DECLÁRASE NO HA LUGAR ANULAR el acta de audiencia celebrada a las nueve horas del día tres de septiembre de dos mil trece, por no adolecer de vicio alguno; b) CONFIRMASE la sentencia definitiva pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil y Mercantil de esta ciudad, a las diez horas con treinta minutos del día diez de septiembre de dos mil trece, por haber sido pronunciada conforme a derecho; c) CONDENASE en costas a la parte apelante, de conformidad a los arts.272 inc.1 y 275 CPCM. Oportunamente vuelva el proceso al tribunal de origen con la certificación de ley. HAGASE SABER. PRONUNCIADA POR LAS SEÑORAS MAGISTRADAS QUE LA SUSCRIBEN.

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