SRE-PSD-429/2015 ÍNDICE

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1 DENUNCIANTE: PARTIDO DEL TRABAJO DENUNCIADOS: MARIANO GONZÁLEZ ZARUR Y OTRO MAGISTRADO PONENTE: CLICERIO COELLO GARCÉS SECRETARIO: CARLOS HERNÁNDEZ TOLEDO ÍNDICE CONTENIDO PÁGINA ANTECEDENTES I. Etapa de instrucción 1. Certificación de hechos 1 2. Denuncia 2 3. Radicación 2 4. Acta circunstanciada 2 5. Admisión y emplazamiento 2 6. Remisión del expediente a la Sala Regional Especializada 3 II. Etapa de resolución 7. Debida integración del expediente 3 8. Turno a ponencia 3 CONSIDERACIONES PRIMERA. COMPETENCIA 3 SEGUNDA. CONTROVERSIA 4 TERCERA. EXISTENCIA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS A 5 PARTIR DE LA VALORACIÓN PROBATORIA CUARTA. ESTUDIO DE FONDO 6 RESUELVE 16

2 A N T E C E D E N T E S Denuncia. El treinta y uno de mayo, el PT a través de su representante propietario referido, presentó denuncia en contra de Mariano González Zarur, en su carácter de Gobernador del Estado de Tlaxcala y de Valentín Gutiérrez Hernández, en su calidad de Presidente Municipal de Apetatitlán de dicha entidad federativa, por la presunta difusión de propaganda gubernamental en la etapa de campaña del actual proceso electoral federal, consistente en la inauguración de una obra pública en el referido municipio, con lo que presuntamente se influyó en el ánimo del electorado para votar a favor de Edith Anabel Alvarado Varela. SRE-PSD- /2015 Existencia de los hechos denunciados a partir de la valoración probatoria. Inauguración de la obra pública denunciada. A partir de la certificación realizada por la autoridad instructora, del reconocimiento expreso realizado por los denunciados, los informes rendidos por la Directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Apetatitlán, Tlaxcala, así como por lo manifestado por el Coordinador General de Información y Relaciones Públicas del Gobierno de la citada entidad federativa, a los que se adjuntaron evidencias fotográficas y discos magnéticos con los testigos de audio y video respectivos, y las notas periodísticas contenidas en los portales electrónicos certificados por la autoridad instructora, se tiene por acreditado fehacientemente que el pasado veintiocho de mayo, aproximadamente a las diez horas el Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarúr, acompañado de diversos servidores públicos, efectuó un recorrido sobre la calle Allende del municipio antes referido, con el objeto de inaugurar la obra pública consistente en el reencarpetamiento y urbanización de la citada vialidad. Sin embargo, no se acredita, que en el mismo haya participado Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente de la citada municipalidad, pues del contenido de las actas circunstanciadas y demás material probatorio, no hay elemento alguno que permita concluir ni siquiera de manera indiciaria, su presencia en el citado evento. Aunado a que en el sumario obran dos escritos del referido funcionario público a través de los cuales se deslinda de su participación en el evento denunciado. C O N S I D E R A C I O N E S Tesis: Esta Sala Especializada considera que la actividad gubernamental denunciada con la participación de Mariano González Zarúr, Gobernador del Estado de Tlaxcala, no actualiza vulneración alguna a lo dispuesto por el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 209, párrafo 1 de la Ley General, toda vez que la hipótesis referida restringe la difusión de propaganda gubernamental en el periodo de campañas, por lo que al tener por acreditado únicamente la inauguración de una obra pública, sin que se advierta la difusión en un medio de comunicación social de propaganda gubernamental, se concluye que dicha conducta no afecta el curso del actual proceso electoral federal. Lo anterior es así, en razón de que con los elementos de convicción que obran en el expediente, no es dable tener por acreditada la infracción denunciada, pues la actividad gubernamental señalada no es contraria a la normativa electoral, por lo que no es posible deducir que con su realización se influyó en el ánimo del electorado para votar a favor de Edith Anabel Alvarado Varela, otrora candidata del PRI, a diputada federal por el 02 Distrito Electoral Federal, en la citada entidad federativa, como lo aduce el quejoso. Dado que el denunciante parte de una premisa falsa al considerar que las disposiciones constitucionales y legales antes referidas, restringen toda actividad gubernamental, incluida la realización de obras públicas durante el desarrollo de la etapa de campañas electorales, y su inauguración. Sin que ello sea así, pues lo que el artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Federal, limita es la difusión de propaganda gubernamental en la etapa de campañas electorales, pero no la realización de obras públicas o de cualquier otra actividad gubernamental relacionada con la ejecución de las funciones de los órganos de gobierno, como pudiera ser la prestación de servicios públicos, la ejecución de acciones gubernamentales de interés general, así como la realización de obras públicas Sin que sea óbice a lo anterior, lo aseverado por el quejoso en el sentido de que el día anterior a la realización del evento, esto es, el veintisiete de mayo, un vehículo realizó perifoneo para invitar a la ciudadanía de la localidad donde ocurrieron los hechos, a presenciar la inauguración de la obra pública, toda vez que ello constituye una manifestación aislada y genérica del quejoso, que fue negada expresamente por el mandatario estatal en su escrito de contestación presentado en la audiencia de pruebas y alegatos, misma que además no fue corroborada con ningún otro elemento de prueba allegado al expediente, por lo que se carece de circunstancias de modo, tiempo y lugar para tener por acreditada dicha actividad propagandística. Por tanto, ante el déficit probatorio para acreditar que los servidores públicos denunciados hayan llevado a cabo la difusión de propaganda gubernamental o la utilización de recursos públicos, para publicitar la inauguración de la obra pública materia de la presente resolución, es que este órgano jurisdiccional no puede tener por acreditada la infracción denunciada, ya que lo que la Constitución Federal y la Ley General prohíben es la difusión de toda clase de propaganda gubernamental, pero no así la realización y por ende, la inauguración de obras públicas y la prestación de servicios públicos, sin que en la especie dicho extremo normativo prohibitivo haya quedado acreditado. R E S O L U T I V O S ÚNICO. Se determina la inexistencia de la infracción atribuida a Mariano González Zarúr, Gobernador del Estado de Tlaxcala y Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente Municipal de Apetatitlán en la referida entidad federativa.

3 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESPECIAL EXPEDIENTE: SRE-PSD-429/2015 DENUNCIANTE: PARTIDO DEL TRABAJO DENUNCIADOS: MARIANO GONZÁLEZ ZARUR Y OTRO MAGISTRADO PONENTE: CLICERIO COELLO GARCÉS SECRETARIO: CARLOS HERNÁNDEZ TOLEDO México, Distrito Federal, a veintiséis de junio de dos mil quince. SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción consistente en la presunta difusión de propaganda gubernamental con motivo de la inauguración de una obra pública, en la etapa de campañas del actual proceso electoral federal, atribuida a Mariano González Zarúr, Gobernador del Estado de Tlaxcala y Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente Municipal de Apetatitlán, en la referida entidad federativa ANTECEDENTES I. Etapa de instrucción 1. Certificación de hechos. El veintiocho de mayo de dos mil quince 1, el Vocal Secretario del 02 Consejo Distrital 2 del Instituto Nacional Electoral 3 en el Estado de Tlaxcala, a solicitud del 1 Los hechos y actos que se mencionan en adelante, acontecieron en dos mil quince. 2 En lo sucesivo autoridad instructora. 3 En adelante INE.

4 representante propietario del Partido del Trabajo 4, acreditado ante dicho órgano electoral, certificó la existencia del evento denunciado y lo que aconteció en el mismo, anexando para tal efecto el reporte fotográfico correspondiente. 2. Denuncia. El treinta y uno de mayo, el PT a través de su representante propietario referido, presentó denuncia en contra de Mariano González Zarur, en su carácter de Gobernador del Estado de Tlaxcala y de Valentín Gutiérrez Hernández, en su calidad de Presidente Municipal de Apetatitlán de dicha entidad federativa, por la presunta difusión de propaganda gubernamental en la etapa de campaña del actual proceso electoral federal, consistente en la inauguración de una obra pública en el referido municipio, con lo que presuntamente se influyó en el ánimo del electorado para votar a favor de Edith Anabel Alvarado Varela, otrora candidata del Partido Revolucionario Institucional 5 a diputada federal por el 02 Distrito Electoral Federal, en la citada entidad federativa, afectando con ello el curso del actual proceso electoral federal. 3. Radicación. Por auto de uno de junio, la citada autoridad instructora radicó la denuncia referida con la clave JD/PE/PT/JD02/TLAX/PEF/22/2015, y ordenó la realización de diversas diligencias para mejor proveer. 4. Acta circunstanciada. Ese mismo día, la autoridad instructora verificó la existencia de tres notas periodísticas en los portales de internet de tres periódicos digitales, referidos por el quejoso en su escrito de denuncia. 5. Admisión y emplazamiento. Por acuerdo de dos de junio, se admitió a trámite la denuncia; se ordenó emplazar a los denunciados 4 En lo sucesivo PT. 5 En adelante PRI. 2

5 y citar al denunciante a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el seis de junio siguiente. Cabe precisar que en ese mismo acuerdo, la autoridad instructora determinó negar las medidas cautelares solicitadas por el quejoso en virtud de la consumación de los hechos denunciados. 6. Remisión del expediente a la Sala Regional Especializada. Mediante oficio INE-UT/10179/2015 de veintidós de junio, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, remitió el expediente relativo al procedimiento de mérito, así como el informe circunstanciado que envió la autoridad instructora referida. II. Etapa de resolución 7. Debida integración del expediente. Recibido el expediente por este órgano jurisdiccional, la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores 6, verificó su debida integración y en su oportunidad informó al Magistrado Presidente lo conducente. 8. Turno a ponencia. El veinticinco de junio, el Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SRE-PSD-429/2015, y turnarlo a la ponencia a su cargo, mismo que fue radicado en su oportunidad, por lo que se procedió a elaborar la resolución correspondiente. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, con fundamento en lo previsto en 6 De conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (en lo sucesivo Sala Superior), consultable en 3

6 los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 7, 186, fracción III, inciso h), 192 y 195 último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 470, párrafo 1, inciso b), 474 y 475 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 8. Lo anterior, porque en la denuncia materia del presente procedimiento se alega la presunta inobservancia de las normas electorales relativas a la difusión de propaganda gubernamental atribuida a Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala y Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente Municipal de Apetatitlán, Tlaxcala, consistente en la inauguraron de una obra pública en el citado municipio, con lo que supuestamente se influyó en el ánimo del electorado para votar a favor de Edith Anabel Alvarado Varela, otrora candidata del PRI a diputada federal por el 02 Distrito Electoral Federal, en la citada entidad federativa, afectando con ello el curso del actual proceso electoral federal. Ello, aunado a que no existe proceso electoral local en Tlaxcala, por lo que el impacto que se pudiera generar con la conducta denunciada recae exclusivamente en el ámbito federal. SEGUNDA. Controversia. Derivado de lo anterior, la presente ejecutoria se centrará en dilucidar si se acredita o no, la presunta violación a lo dispuesto por el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 9, relacionado con el numeral 209, párrafo 1 y 449, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 10, atribuida a Mariano González Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala y Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente 7 En adelante, Constitución Federal. 8 En lo sucesivo, Ley General. 9 En adelante Constitución Federal. 10 En lo sucesivo Ley General. 4

7 Municipal de Apetatitlán, Tlaxcala, por la supuesta difusión de propaganda gubernamental consistente en la inauguración de una obra pública realizada en el citado municipio, durante la etapa de campañas del actual proceso electoral federal, con lo que supuestamente se influyó a votar a favor de Edith Anabel Alvarado Varela, otrora candidata del PRI, a diputada federal por el 02 Distrito Electoral Federal, en la citada entidad federativa. TERCERA. Existencia de los hechos denunciados a partir de la valoración probatoria. Previo a entrar al estudio de fondo, es necesario verificar la existencia de los hechos, así como las circunstancias en que se hubieren realizado, ello a partir de la concatenación de los medios de prueba que se relacionan en el ANEXO ÚNICO y que constan en el expediente. i) Inauguración de la obra pública denunciada. A partir de la certificación realizada por la autoridad instructora, del reconocimiento expreso realizado por los denunciados, los informes rendidos por la Directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Apetatitlán, Tlaxcala, así como por lo manifestado por el Coordinador General de Información y Relaciones Públicas del Gobierno de la citada entidad federativa, a los que se adjuntaron evidencias fotográficas y discos magnéticos con los testigos de audio y video respectivos, y las notas periodísticas contenidas en los portales electrónicos certificados por la autoridad instructora, se tiene por acreditado fehacientemente que el pasado veintiocho de mayo, aproximadamente a las diez horas el Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarúr, acompañado de diversos servidores públicos, efectuó un recorrido sobre la calle Allende del municipio antes referido, con el objeto de inaugurar la obra pública consistente en el reencarpetamiento y urbanización de la citada vialidad. 5

8 Sin embargo, no se tiene por acreditado, que en el mismo haya participado Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente de la citada municipalidad, pues del contenido de las actas circunstanciadas y demás material probatorio, no se desprende elemento alguno que permita concluir ni siquiera de manera indiciaria, su presencia en el citado evento. Aunado a que en el sumario, obra en copia certificada un escrito de fechas veintiséis de mayo, suscrito por el referido servidor público dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, donde le indicó sustancialmente, que no asistiría a dicho evento. Lo que se corrobora con el deslinde realizado por dicho presidente municipal, mediante oficios números PM/2290/2015 y PM/230/2015, de fechas veintiséis y veintisiete de mayo, dirigidos a la Junta Local Ejecutiva del INE en dicha entidad federativa y al citado mandatario estatal, respectivamente, en virtud de la denuncia por la celebración del citado evento. ii) Calidad de servidores públicos de los denunciados. Asimismo, es un hecho público y notorio que los servidores públicos denunciados, Mariano González Zarúr y Valentín Gutiérrez Hernández, tienen el carácter de Gobernador del Estado de Tlaxcala y Presidente Municipal de la capital de dicha entidad federativa, respectivamente. CUARTA. Estudio de fondo. i) Tesis. Esta Sala Especializada considera que la actividad gubernamental denunciada con la participación de Mariano González Zarúr, Gobernador del Estado de Tlaxcala, no actualiza vulneración alguna a lo dispuesto por el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Federal, en relación 6

9 con el numeral 209, párrafo 1 de la Ley General, toda vez que la hipótesis referida restringe la difusión de propaganda gubernamental en el periodo de campañas, por lo que al tener por acreditado únicamente la inauguración de una obra pública, sin que se advierta la difusión en un medio de comunicación social de propaganda gubernamental, se concluye que dicha conducta no afecta el curso del actual proceso electoral federal. ii) Marco legal. Para arribar a esta conclusión es necesario en primer término, analizar las disposiciones jurídicas aplicables al presente asunto. Vulneración a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental. En primer término, el artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Constitución Federal, señala que durante el tiempo de comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Siendo las únicas excepciones a lo anterior, las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Asimismo, de manera complementaria el artículo 209, párrafo 1, de la Ley General, reproduce dicha limitación, es decir, la obligación de los citados poderes federales y estatales, municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal y delegaciones, así como de cualquier 7

10 ente público, de suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. De los dispositivos transcritos se observa, que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, se debe suspender la difusión en medios de comunicación social, de toda propaganda gubernamental de cualquier ente público. Ello, con la finalidad de evitar que su difusión pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político o de su candidato, en tanto el sistema democrático mexicano ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos de los tres niveles de gobierno y cualesquiera de los entes públicos, observen una conducta imparcial en las elecciones. En este sentido, la disposición normativa tiene por objeto salvaguardar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad rectores de los procesos comiciales. Al respecto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 11, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP- 57/2010 consideró que la adición del dispositivo constitucional invocado, pretendió, entre otras cuestiones, fijar como norma de rango constitucional la imparcialidad y neutralidad de los tres órdenes de gobierno respecto de la competencia electoral. Dicha Superioridad señaló que en la citada disposición constitucional, se incorporó el deber de suspender la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, periodo de reflexión y hasta la conclusión de la jornada electoral, a 11 En adelante Sala Superior. 8

11 fin de desterrar las añejas prácticas que se servían de propaganda como la prohibida, con el objetivo de promocionar o perjudicar a un partido político o candidato y para lograr una posición de ventaja indebida en la competencia electoral. Es decir, se consideró lesivo de la democracia: a) que el ejercicio del poder sea usado para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos; y, b) que la propaganda gubernamental sea utilizada con fines distintos a los de tipo institucional, de seguridad, salud, educativos y de protección civil. De esa manera, afirmó la Sala Superior, se incorporó la tutela de un bien jurídico esencial de nuestro sistema democrático: el deber que tienen los servidores públicos de los poderes públicos en todos los órdenes, de observar una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral, en virtud de la forma en que pueden influir en la ciudadanía, a partir de que se encuentran en una posición de primacía con relación a quienes carecen de esa calidad. Finalmente precisó la Sala Superior que tanto el Poder Reformador de la Constitución como el legislador federal, advirtieron la necesidad de excluir del límite temporal en que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental, aquéllos casos que, a virtud de su naturaleza, tienen especial importancia y trascendencia para la sociedad por lo que se consideró plausible permitir su difusión, de ahí que hubiera exceptuado a las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Ahora bien, en su ejercicio jurisdiccional la Sala Superior ha considerado que la propaganda gubernamental que se ubica en las excepciones previstas constitucionalmente no podrá incluir nombres, 9

12 imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni hacer referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. Dicha propaganda además deberá de abstenerse de difundir logros de gobierno, e incluso emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía, durante la campaña electoral. Tales consideraciones han sido sustentadas por la Sala Superior al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-123/2011 y su acumulado, SUP-RAP-474/2011, SUP-RAP-54/2012 y sus acumulados y SUP-RAP-121/2014 y sus acumulados. Determinaciones que dieron origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALIDAD. De la interpretación de los artículos 41, base III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las campañas de información, servicios educativos, de salud y las de protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos 10

13 preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia. (Énfasis añadido) De igual manera, las características que debe reunir la propaganda gubernamental que se ubica en los supuestos de excepción, están precisadas en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL , LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES COINCIDENTES CON EL FEDERAL, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS LOCALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS QUE SE CELEBREN EN 2015 Con la aclaración de que el citado acuerdo fue modificado por la Sala Superior a través de las sentencias dictadas en los recursos de apelación SUP-RAP-59/2015 y su acumulado, SUP-RAP-69/2015 y su acumulado, así como en el SUP-RAP-83/2015. Mediante los cuales, dicha Superioridad realizó diversas consideraciones, entre las que se destacan, que la propaganda referida deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. Es decir, no podrá difundir logros de gobierno e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular. 11

14 Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral. La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal o local. Es decir, la propaganda exceptuada mediante dicho acuerdo, en todo momento, deberá tener fines informativos sobre la prestación de un servicio, alguna campaña de educación o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica, durante la campaña electoral. iii) Caso particular. Al respecto, con los elementos de convicción que obran en el expediente, no es dable tener por acreditada la infracción denunciada, ya que la actividad gubernamental señalada no es contraria a la normativa electoral, por lo que no es posible deducir que con su realización se influyó en el ánimo del electorado para votar a favor de Edith Anabel Alvarado Varela, otrora candidata del PRI, a diputada federal por el 02 Distrito Electoral Federal, en la citada entidad federativa, como lo aduce el quejoso. Lo anterior es así, en razón de que el denunciante parte de una premisa falsa al considerar que las disposiciones constitucionales y legales antes referidas, restringen toda actividad gubernamental, incluida la realización de obras públicas durante el desarrollo de la etapa de campañas electorales, y su inauguración. 12

15 Sin que ello sea así, pues lo que el artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Federal, limita es la difusión de propaganda gubernamental en la etapa de campañas electorales, pero no así la realización de obras públicas o de cualquier otra actividad gubernamental relacionada con la ejecución de las funciones de los órganos de gobierno, como pudiera ser la prestación de servicios públicos, la ejecución de acciones gubernamentales de interés general, así como la realización de obras públicas. Es ese sentido, de ninguna manera puede considerarse que tal restricción constitucional y legal pretenda impedir que los servidores públicos de los tres niveles de gobierno o las dependencias que tienen a su cargo, o de cualquier ente de gobierno, continúen con las actividades y funciones inherentes a sus atribuciones, entre las que se encuentran, la realización de obras públicas y su consecuente inauguración y uso por parte de la ciudadanía. Lo anterior, dado que lo prohibido por la normatividad electoral, es precisamente inhibir que se difunda bajo cualquier modalidad propaganda gubernamental en la que se promocionen obras públicas o logros de gobierno, con la finalidad de salvaguardar la equidad de la contienda en la etapa de campañas electorales federales o locales, pero no impedir que las mismas se realicen, incidiendo en un correcto desempeño de la función pública a que están obligados los servidores públicos en beneficio de la población. Pues de lo contrario, indebidamente se les exigiría a los servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal que suspendan sus agendas de trabajo en detrimento de las funciones públicas que desempeñan y de los servicios públicos en favor de la ciudadanía; aspectos que no encuentran prohibición en nuestro orden jurídico electoral. 13

16 Siendo que en el caso particular, no existe en el sumario prueba alguna que permita tener por acreditado que los denunciados hayan llevado a cabo la difusión de propaganda gubernamental, pues si bien el quejoso aportó tres notas periodísticas de diversos portales electrónicos, en las que se da cuenta de la inauguración de una obra pública, las mismas fueron allegadas por el quejoso con el objeto de acreditar la realización del evento gubernamental en dicho municipio. A mayor abundamiento debe decirse que para esta autoridad no existen elementos de convicción que adminiculados con tales probanzas, acrediten siquiera de manera indiciaria, que tales publicaciones hubieren sido ordenadas por alguno de los servidores públicos denunciados, con el fin de difundir el evento de inauguración en el que participó el citado mandatario estatal. Es decir, que en la publicación electrónica de dichos reportes periodísticos se hubieren utilizado recursos públicos estatales o municipales, para suponer que alguno de los denunciados haya aplicado los mismos de manera parcial, y con ello influir en la equidad de la contienda electoral. Máxime cuando las notas periodísticas antes referidas, en todo caso, forman parte de un legítimo ejercicio periodístico de los medios de comunicación que reseñaron el evento, basado en la libertad de prensa que asiste a cualquier medio de comunicación, lo cual tampoco encuentra restricción en la legislación electoral, siempre y cuando como en el presente caso, no se acredite la utilización de recursos públicos. Sin que sea óbice a lo anterior, lo aseverado por el quejoso en el sentido de que el día anterior a la realización del evento, esto es, el veintisiete de mayo, un vehículo realizó perifoneo para invitar a la 14

17 ciudadanía de la localidad donde ocurrieron los hechos, a presenciar la inauguración de la obra pública, toda vez que ello constituye una manifestación aislada y genérica del quejoso, que fue negada expresamente por el mandatario estatal en su escrito de contestación presentado en la audiencia de pruebas y alegatos, misma que además no fue corroborada con ningún otro elemento de prueba allegado al expediente, por lo que se carece de circunstancias de modo, tiempo y lugar para tener por acreditada dicha actividad propagandística. Asimismo, si bien de los archivos de video y audio recabados por la autoridad instructora, se desprende que el funcionario público dirigió un discurso a los asistentes del evento, de su contenido no se advierte ningún pronunciamiento de carácter proselitista, o que denote la finalidad de promocionar su imagen con fines electorales, o bien de impulsar o perjudicar a algún partido político o candidato, vinculado al actual proceso electoral federal, menos aún respecto a Edith Anabel Alvarado Varela, otrora candidata del PRI, a diputada federal por el 02 Distrito Electoral Federal, en la citada entidad federativa, ya que el mensaje dado por el mandatario estatal giró en torno a la obra pública recién inaugurada. Por tanto, ante el déficit probatorio para acreditar que los servidores públicos denunciados hayan llevado a cabo la difusión de propaganda gubernamental o la utilización de recursos públicos, para publicitar la inauguración de la obra pública materia de la presente resolución, es que este órgano jurisdiccional no puede tener por acreditada la infracción denunciada, ya que lo que la Constitución Federal y la Ley General prohíben es la difusión de toda clase de propaganda gubernamental, pero no así la realización y por ende, la inauguración de obras públicas y la prestación de servicios públicos, sin que en la especie dicho extremo normativo prohibitivo haya quedado acreditado. 15

18 Ello, aunado al hecho de que en el procedimiento especial sancionador, le corresponde al quejoso probar los extremos de su pretensión, tal y como se señala en la jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE 12, aplicable al presente asunto. Lo anterior acorde al principio general del Derecho el que afirma está obligado a probar, recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, supletoria en la materia, en términos de lo previsto en el artículo 441 de la Ley General. En conclusión, no es material ni jurídicamente posible tener por acreditada de manera fehaciente, la difusión de propaganda gubernamental por parte de Mariano González Zarúr, Gobernador del Estado de Tlaxcala y Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente Municipal de Apetatitlán, a través de la realización del evento gubernamental analizado, del que pudiera desprenderse el ánimo de influir al electorado para votar a favor de Edith Anabel Alvarado Varela, otrora candidata del PRI, a diputada federal por el 02 Distrito Electoral Federal, en la citada entidad federativa. Sobre todo cuando el referido alcalde no participó en el evento denunciado. Por lo anteriormente expuesto, se RESUELVE 12 Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 16

19 ÚNICO. Se determina la inexistencia de la infracción atribuida a Mariano González Zarúr, Gobernador del Estado de Tlaxcala y Valentín Gutiérrez Hernández, Presidente Municipal de Apetatitlán en la referida entidad federativa. NOTIFÍQUESE en términos de la normatividad aplicable. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda. Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos de los Magistrados que la integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. MAGISTRADO PRESIDENTE CLICERIO COELLO GARCÉS MAGISTRADO MAGISTRADA FELIPE DE LA MATA PIZAÑA GABRIELA VILLAFUERTE COELLO SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS FRANCISCO ALEJANDRO CROKER PÉREZ 17

20 ANEXO ÚNICO PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DENUNCIANTE i. Cinco impresiones fotográficas de las que se desprende la inauguración de la obra denunciada. ii. La impresión de tres notas periodísticas digitales que dan cuenta del evento denunciado, visibles en los links siguientes: 1 iii. Un ejemplar del diario El Sol de Tlaxcala del veintinueve de mayo de dos mil quince, en el cual se reseña la inauguración de la obra pública por parte del Gobernador del Estado de Tlaxcala. PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD INSTRUCTORA i. Certificación de hechos de veintiocho de mayo de dos mil quince, elaborada por el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 02 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tlaxcala en ejercicio de las funciones de Oficialía electoral, donde se narra el recorrido que realizó Mariano González Zarúr, Gobernador del estado de Tlaxcala sobre la calle Allende, colonia Centro, municipio de Apetatitlán, Tlaxcala. Se acompañan tres impresiones fotográficas. ii. Acta circunstanciada de uno de junio de dos mil quince, elaborada por el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 02 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Tlaxcala, en la cual se certifica la existencia y contenido de tres notas periodísticas digitales, en los términos siguientes: 2 Que el link corresponde al periódico digital gentetlx y aloja la nota Recorre MGZ las recién remodeladas calles de Hidalgo y Allende en Apetatitlán. Que el link corresponde al periódico digital elcuartodeguerra y aloja la nota Recorre Gobernador las calles recién remodeladas en Apetatitlán Que el link 18

ASUNTO GENERAL. INTERRUPCIÓN DE JURISPRUDENCIA EXPEDIENTE: SUP-AG-45/2010. MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

ASUNTO GENERAL. INTERRUPCIÓN DE JURISPRUDENCIA EXPEDIENTE: SUP-AG-45/2010. MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ. ASUNTO GENERAL. INTERRUPCIÓN DE JURISPRUDENCIA EXPEDIENTE: SUP-AG-45/2010. PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ. SECRETARIO: EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. México, Distrito Federal, a veintidós de septiembre

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