LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE USO DE LA FUERZA Y EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO

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1 LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE USO DE LA FUERZA Y EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO Ministerio de Seguridad de la Nación de Fuego

2 INDICE 1. INTRODUCCIÓN CONSTITUCIÓN NACIONAL NORMAS INTERNACIONALES CON JERARQUÍA CONSTITUCIONAL (ART. 75 INC. 22 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA) NORMAS INTERNACIONALES CON JERARQUÍA SUPRALEGAL INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE USO DE LA FUERZA LEYES NACIONALES REGLAMENTOS O PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN COMUNES A LAS 4 FUERZAS DE SEGURIDAD (PFA, GNA, PNA Y PSA) LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE CADA UNA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Policía Federal Argentina (PFA) Normas nacionales Reglamentos o protocolos de actuación Gendarmería Nacional Argentina (GNA) Normas nacionales Reglamentos o protocolos de actuación Prefectura Naval Argentina (PNA) Normas nacionales Reglamentos o protocolos de actuación Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Normas nacionales Reglamentos o protocolos de actuación

3 LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE USO DE LA FUERZA Y EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO 1. INTRODUCCIÓN En el presente informe se detallan las normas sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego que actualmente se encuentran en vigor en la República Argentina. Considerando que esas normas presentan una jerarquía distinta entre ellas, la exposición se realizará de la siguiente manera: a) en primer lugar, se expondrá el contenido de la Constitución Nacional, norma suprema del ordenamiento jurídico argentino; b) en segundo lugar se señalarán las disposiciones pertinentes de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional; c) en tercer lugar se mostrará el contenido de los tratados de derechos humanos que cuentan con jerarquía superior a las leyes; d) en cuarto lugar se indicarán las normas internas que receptaron lo dispuesto en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley y en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; e) en quinto lugar se examinarán las leyes nacionales de aplicación en todo el territorio de la República Argentina; f) en sexto lugar, se mencionaran los reglamentos y protocolos de actuación comunes a las cuatro fuerzas de seguridad 1 ; g) por último, se visualizará como se encuentra regulado el uso de la fuerza y del empleo de armas de fuego en cada una de las fuerzas dependientes de este Ministerio de Seguridad. 2 1 Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. 2 El texto íntegro de las normas relevadas se adjunta como anexo al presente en versión impresa y en versión digital contenida en un CD. 2

4 2. CONSTITUCIÓN NACIONAL 3 La Constitución Nacional sienta las bases del ordenamiento jurídico interno. Aunque no contiene normas específicas en torno al uso de la fuerza, puede mencionarse el artículo 18, el cual consagra un límite a la injerencia del Estado en torno al derecho a la libertad del individuo y lo protege contra torturas u otros malos tratos: ARTÍCULO 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice. La importancia de la Constitución Nacional en la temática también radica en que su art. 75 inc. 22 enumera los instrumentos internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional y establece el procedimiento para darle igual rango a otros tratados del mismo carácter: Artículo 75, inc. 22. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 3 Última consulta: 05 de noviembre de

5 sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. En virtud de lo dispuesto en el art. 75. Inc. 22, se le otorgó jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 4 y a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad NORMAS INTERNACIONALES CON JERARQUÍA CONSTITUCIONAL (ART. 75 INC. 22 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA) Las disposiciones de los instrumentos internacionales otorgan el marco jurídico al cual debe adecuarse toda la normativa interna y el accionar de las fuerzas de seguridad en relación al uso de la fuerza y al empleo de armas de fuego. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 6 ; 4 Última consulta: 11 de noviembre de Última consulta: 11 de noviembre de Última consulta: 05 de noviembre de

6 Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo XXI. Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole. Convención Americana sobre Derechos Humanos 7 Artículo 1.1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción Artículo 4.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 5.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Artículo 5.2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 7 Última consulta: 05 de noviembre de

7 Artículo 15. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. Declaración Universal de Derechos Humanos 8 Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 9 Artículo 2.1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 8 Última consulta: 05 de noviembre de Última consulta: 05 de noviembre de

8 jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 6.1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 10 Artículo 1.1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos 10 Última consulta: 05 de noviembre de

9 que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Artículo 12. Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial. Artículo 13. Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado. Artículo Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Convención sobre los Derechos del Niño 11 Artículo 37. Los Estados Partes velarán por que: 11 Última consulta: 05 de noviembre de

10 a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas ARTICULO II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. ARTICULO XI Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente. Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades. 9

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12 4. NORMAS INTERNACIONALES CON JERARQUÍA SUPRALEGAL Los otros tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, pero que no cuentan con jerarquía constitucional son: Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 12 Artículo 2 Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. Artículo 3 Serán responsables del delito de tortura: a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices. 12 Última consulta: 05 de noviembre de

13 Convención Internacional para la Protección de Todas las personas contra las desapariciones forzadas 13 Artículo 1 1. Nadie será sometido a una desaparición forzada. 2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada. Artículo 2 A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 5. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE USO DE LA FUERZA Si bien a nivel internacional los instrumentos internacionales sobre uso de la fuerza carecen de valor vinculante, en la República Argentina han sido receptados tanto por normas de alcance nacional como de alcance reglamentario al interior de cada una de las fuerzas de seguridad. 13 Última consulta: 12 de noviembre de

14 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 14 El Código de Conducta ha sido receptado en las siguientes normas 15 : _ Ley de Seguridad Interior, Art. 22; _ Decreto No. 836/ Aprobación del Régimen Profesional del Personal Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Art. 287, inc. 11; _ Decreto 637/2003. Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Establécese que la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio Penitenciario Federal deberán presentar un informe anual sobre las medidas adoptadas para la difusión e implementación del mencionado Código, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 17 de diciembre de _ Resolución 933/2012 del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea PROGRAMA SOBRE USO DE LA FUERZA Y EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO; _ Resolución Nº 1069/2012 del Ministerio de Seguridad de la Nación mediante la cual se establece como actividad prioritaria del PROGRAMA SOBRE USO DE LA FUERZA Y EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO el análisis de los hechos de enfrentamientos armados que involucren a personal de los Cuerpos Policiales y/o de las Fuerzas de Seguridad; _ Orden del Día No. 109 (PFA) _ Anexo II del Procedimiento Operativo Normal (GNA). _ Disposición Planeamiento (DISPLAE) UR9 Nº 35/08 (R.G. PNA 3-002) (PNA) _ Directivas Nº 40 y 41 de 2009 DOPE:UP9 (PNA) Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego de Naciones Unidas Última visita: 13 de noviembre de El contenido de estas normas se explicita en los apartados siguientes

15 Los principios sobre uso de la fuerza han sido incorporados en las siguientes normas del ordenamiento jurídico local 17 : _ Plan de Operaciones N 01/10 del Director Nacional de Gendarmería para el Personal del Operativo Centinela (GNA) _ Directivas Nº 40 y 41 de 2009 DOPE:UP9 (PNA) a%20fuerza%20y%20de%20armas%20de%20fuego%20por%20los%20funcionarios.pdf. Última consulta: 05 de noviembre de El contenido de estas normas se explicita en los apartados siguientes. 14

16 6. LEYES NACIONALES Ley de Seguridad Interior 18 ARTICULO 2º A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. ARTICULO 3º La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2º. ARTICULO 7º Forman parte del sistema de seguridad interior: a) El Presidente de la Nación; b) Los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley; c) El Congreso Nacional; d) Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia; e) La Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales de aquellas provincias que adhieran a la presente; (Inciso sustituido por art. 92 de la Ley N B.O. 22/6/2006) f) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. 18 Última consulta: 05 de noviembre de

17 ARTICULO 19. Será obligatoria la cooperación y actuación supletoria entre Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. ARTICULO 20. Los efectivos de cualesquiera de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional podrán actuar en jurisdicción atribuida a otras en persecución de delincuentes, sospechosos de delitos e infractores o para la realización de diligencias urgentes relacionadas con su función, cuando esté comprometido el éxito de la investigación, debiendo darse inmediato conocimiento, y dentro de un plazo no mayor de cuatro horas con la excepción del delito de abigeato, al Ministerio de Seguridad y a la institución policial o de seguridad titular de la jurisdicción. ARTICULO 21. Las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional son consideradas en servicio permanente. Sus miembros ejercerán sus funciones estrictamente de acuerdo con las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y a un principio de adecuación de los medios a emplear en cada caso, procurando fundamentalmente la preservación de la vida y la integridad física de las personas que deban constituir objeto de su accionar. ARTICULO 22. Los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que integran el sistema de seguridad interior no podrán ser empeñados en acciones u operaciones no previstas en las leyes de la Nación. Por otra parte, los aludidos cuerpos y fuerzas deberán incorporar a sus reglamentos las recomendaciones del Código de Etica Profesional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Código Penal de la Nación 19 ; En lo que interesa al uso de la fuerza y a empleo de armas de fuego, en el Código Penal se agrava la pena cuando el personal de las fuerzas de seguridad matare abusando de su función o cargo: 19 Última consulta: 05 de noviembre de

18 ARTICULO Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 9 Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario. Asimismo, se prevé la imposición de pena para el funcionario público que impusiere a las personas privadas de su libertad cualquier clase de tortura: ARTICULO 144 ter.- 1. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho. Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos. 2. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años. 3. Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente. Por otra parte se prevé un eximente de responsabilidad para aquellos supuestos en los que una persona, particular o funcionario policial, actúan en ejercicio de la legítima defensa. Para ello es necesario que se presenten una serie de requisitos taxativamente enumerados en el artículo 34: ARTICULO 34.- No son punibles: 6º. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias 17

19 a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia; Código Procesal Penal de la Nación 20 El Código Procesal Penal de la Nación contiene las normas que regulan las funciones de las fuerzas de seguridad en la investigación de delitos y como auxiliares de los órganos judiciales: Función Art La policía o las fuerzas de seguridad deberán investigar, por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por orden de autoridad competente, los delitos de acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación. Si el delito fuera de acción pública dependiente de instancia privada, sólo deberá proceder cuando reciba la denuncia prevista por el artículo Última consulta: 05 de noviembre de

20 Asimismo, se mencionan las atribuciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, especificando que sólo podrán hacer uso en la medida de la necesidad : Art Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán las siguientes atribuciones: 8 ) Aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que este Código autoriza y disponer su incomunicación cuando concurran los requisitos del artículo 205, por un término máximo de diez (10) horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial. En tales supuestos deberá practicarse un informe médico a efectos de verificar el estado psicofísico de la persona al momento de su aprehensión. 11) Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad. Los auxiliares de la policía y de las fuerzas de seguridad tendrán las mismas atribuciones, deberes y limitaciones que los funcionarios para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes del tribunal. En el Código se deja en claro que una fuerza no podrá investigar un hecho cuando un agente de la misma pudiera estar involucrado: Art. 194 bis. - El Juez, de oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha. 19

21 Por otra parte, se regula de manera estricta lo relativo a la presentación de detenidos sin orden judicial previa: Presentación del detenido Art El funcionario o auxiliar de la policía que haya practicado una detención sin orden judicial, deberá presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda de seis (6) horas, ante la autoridad judicial competente. Finalmente, en el Código se establecen las sanciones aplicables al personal de seguridad que no actúe de conformidad con la normativa vigente: Sanciones Art Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad que violen disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente serán sancionados, salvo que se aplique el Código Penal, por el tribunal superior de oficio o a pedido de parte y previo informe del interesado, con apercibimiento, multa de acuerdo con el artículo 159 segunda parte o arresto de hasta 15 días, recurribles --dentro de los tres días-- ante el órgano judicial que corresponda, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pueda aplicarles la autoridad de quien dependa la policía o la fuerza de seguridad de que se trate. 20

22 Ley de Armas y Explosivos 21 Artículo 1 La adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión por cualquier título, transporte, introducción al país e importación de armas de fuego y de lanzamiento a mano o por cualquier clase de dispositivo, agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales que se clasifiquen como armas de guerra, pólvoras, explosivos y afines, y armas, municiones y demás materiales clasificados de uso civil, quedan sujetos en todo el territorio de la Nación a las prescripciones de la presente ley, sin más excepciones que las determinadas en el artículo 2. Exclusiones Art. 2 Quedan excluidos de las prescripciones de la presente ley: a) Los actos de cualquier índole relacionados con toda clase de armas, materiales y substancias comprendidas en el artículo precedente, cuando fueran ejercitados por las Fuerzas Armadas de la Nación; b) Las armas blancas y contundentes, siempre que no formen parte integrante o accesoria de las clasificadas como "arma de guerra". Artículo 14. Serán legítimos usuarios del material clasificado como arma de guerra: Policías de Seguridad 1) Las policías de seguridad para el calificado "de uso de la fuerza pública". La cantidad del mismo guardará proporción con el número de efectivos, estará condicionada a la capacidad técnico profesional y se mantendrá en relación con las exigencias de orden y seguridad propias de cada policía en particular. Miembros de fuerzas armadas y policías de Seguridad 21 Última consulta: 12 de noviembre de

23 2) Los miembros de las fuerzas armadas y los de las policías de seguridad, nacionales o provinciales, para el de "uso civil condicional" y "uso prohibido" con los alcances y limitaciones que establezca la reglamentación. Artículo 16. No podrá efectuarse ninguna clase de actos con el material calificado como "de uso prohibido", salvo los autorizados expresamente por el Poder Ejecutivo. Decreto Reglamentario No. 395/1975 de la ley de Armas y Explosivos 22 ARTICULO 4.- Son armas de guerra todas aquellas que, contempladas en el artículo 1, no se encuentren comprendidas en la enumeración taxativa que de las "armas de uso civil" se efectúa en el artículo 5 o hubieran sido expresamente excluidas del régimen de la presente reglamentación. Las armas de guerra se clasifican como sigue: 2) ARMAS DE USO PARA LA FUERZA PUBLICA: Las adoptadas para Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policías Federal y provinciales, Servicio Penitenciario Federal e Institutos Penales Provinciales, que posean escudos, punzonados o numeración que las identifique como de dotación de dichas instituciones. 3) ARMAS, MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE USO PROHIBIDO: a) Las escopetas de calibre mayor a los establecidos en el inciso 2 apart. c) del artículo 5, cuya longitud de cañón sea inferior a los 380 mm. b) Armas de fuego con silenciadores. 22 Última consulta: 12 de noviembre de

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