AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA.

Transcripción

1 TERCERA REUNION REGIONAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL CON MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. PONENTE: RAFAEL RIVERA DURÓN, JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (2jdo30cto@correo.cjf.gob.mx) MESA DE TRABAJO NÚMERO 2 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGOSTO DE 2012

2 Mesa de trabajo numero dos. La reforma constitucional de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: su impacto en el Poder Judicial de la Federación. Coordinadores: Consejeros: Daniel F. Cabeza de Vaca Hernández y César Alejandro Jáuregui Robles. Secretario: Magistrado J. Guadalupe Tafoya Hernández, Secretario Ejecutivo del Pleno. Subtema: Planeación, evaluación y seguimiento en la implementación de la reforma de Derechos Humanos

3 Introducción: Agradezco de antemano al Pleno del Consejo de la Judicatura el abrir estos espacios de comunicación, discusión y análisis, sobre los principales temas de la implementación de las reformas constitucionales en materia penal, de juicio de amparo y derechos humanos, para lo cual me permito poner a su amable consideración la ponencia siguiente: Planteamiento del problema: Cuantas veces no se han visto en las demandas de amparo que la parte quejosa se duele de que el Defensor Público no estuvo presente en la diligencia y solamente fue a firmar al terminar está; o bien, de actuaciones no firmadas por el Defensor Público; o las dificultades que tiene la defensa para conocer los motivo de la investigación, como las pruebas que se recaban en esta etapa; e igualmente, el Defensor Público no realizan ninguna intervención material para defender los derechos del inculpado, sino simplemente tiene una intervención formal, lo que trastoca en todos estos casos, el derecho de defensa del mismo. Tesis que se sustenta: La creación de un órgano general de defensoría pública en materia penal, en la que se agrupe las defensorías Estatales y Federal, con autonomía e independencia. Los Derechos Humanos y la Garantía de Defensa: El problema central de los derechos humanos es el cómo garantizarlos y cual es el modo mas seguro para ello, para impedir que a pesar de su consagración constitucional, sean violentadas continuamente, por ello si no se toman las medidas conducentes para ir evolucionando al respecto, se corre el riesgo de que dichos señalamientos constitucionales no sean otra cosa mas que dogmas o actos de fe. El dieciocho de junio del dos mil ocho, se publico en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional con el que se incorporó el Sistema Penal Acusatorio y preponderantemente oral. Dicho sistema se basa en el respeto de los derechos de la victima, ofendido y del imputado, al que favorece la inclusión de la presunción de inocencia, como base del sistema, el cual será regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración continuidad e inmediación con la característica de la oralidad, por ello, es necesario fortalecer, entre otras

4 institucionales a la Defensoría Pública, a fin de contribuir a un cambio cultural en aras de la justicia y la libertad. De conformidad con el artículo 1 Constitucional, párrafo tercero, Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley ; por ello, atento al principio de progresividad el Estado Mexicano para hacer efectivo y eficiente el derecho de defensa que como garantía individual se le otorga a todo inculpado deberá de realizar un cambio estructural en relación a la Institución de la Defensoría Pública para erradicar los vicios tradicionales de que adolece como son entre otros: Los modelos burocráticos subordinados a la organización judicial o bien al Ejecutivo Estatal o Federal, donde cada defensor público generalmente esta asignado a un Tribunal o Agencia del Ministerio Público, cumpliendo sus tareas con un grado de subordinación con los compromisos Estatales, en los cuales resultan actualmente inadmisibles en una organización de la Defensa Pública Penal, ya que no es permisible el ejercicio meramente formal de la defensa, el cual es sin duda el defecto mas grave. Muchos defensores se preocupan por cumplir con los trámites y ritos e incluso estar presentes, pero no estudian los casos, no extreman la atención de su defendido, no se preocupan realmente de las condiciones de su detención o de agotar los recursos para agilizar su causa; incluso muchas veces ni siquiera conocen a sus defendidos o los entrevistan unos minutos antes de las audiencias. Este defecto es agravado por no tener ningún tipo de control sobre la carga de trabajo o que se encuentran claramente desfinanciados y ocultan la falta de preocupación estatal en el cumplimiento de las formas, donde el imputado en la actualidad es el objeto del proceso y no el sujeto procesal dotado de derechos, que cuente con igualdad de medios frente a la autoridad. Lo anterior justifica una nueva agenda de desarrollo y modernización de la Defensoría Pública Penal, que le permita asumir los desafíos de la misma, en los nuevos contextos sociales, institucionales y procesales, que le permitan administrar la defensa de manera oportuna, mediante la distribución del trabajo

5 equitativo y la coordinación de las relaciones institucionales, evaluando la calidad del servicio, todos ello en beneficio del derecho de defensa del que goza todo imputado, del cual, se presume su inocencia. Derecho de Defensa y Principio de Progresividad: El principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en el tercer párrafo del artículo 1 Constitucional, significa que a partir del reconocimiento de un derecho, como lo es en el caso, el derecho de defensa, el Estado, no debe de tener un retroceso en la vigencia del mismo, si no por el contrario, ampliar su ámbito de protección, con medidas idóneas, eficaces y eficientes que permita su disfrute pleno, sin perder beneficios ya obtenidos. Lo anterior implica, la inevitable necesidad del Estado de corregir los evidentes y lacerantes desigualdades que existe entre la autoridad y la Defensoría Pública, para lograr un bienestar en favor de los justiciables, ya que de no hacerlo así, conduciría a que la garantía de defensa, no es otra cosa mas que una declaración retorica inserta en la constitución. Conclusión: PRIMERA. La creación de un órgano nacional de defensoría pública autónoma e independiente, como ya existe en otros países. SEGUNDA. El Estado tiene la encomienda de garantizar los derechos de todos los mexicanos, en consecuencia, tiene la responsabilidad para complementar armónicamente el sistema de impartición de justicia y que significa para toda la población la tranquilidad de que tiene derecho a una defensa profesional pertinente para hacer valer sus garantías individuales, para lo cual debe de dotarse a la defensoría pública de los medios eficientes para hacer valer sus derechos humanos y garantizar de un modo seguro que se vuelvan a violentar, pues de lo contrario, no pasarían de ser buenas intensiones del legislador al consignarlos en la constitución. Guadalajara, Jalisco Agosto 2012 Rafael Rivera Durón