COMPRAVENTA. COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. PRIVACIÓN DEL USO DEL AUTOMÓVIL. PRUEBA. DAÑOS Y

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1 Acuerdo N Sala 2 14/10/2005 "MARANI María Eva c/molina Miguel Ángel s/daños Y PERJUICIOS - TRANSFERENCIA" COMPRAVENTA. COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. PRIVACIÓN DEL USO DEL AUTOMÓVIL. PRUEBA. DAÑOS Y PERJUICIOS. A C U E R D O N 555 En la ciudad de Rosario, a los 14 días del mes de octubre de dos mil cinco, se reunieron en Acuerdo los vocales de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario doctores José Humberto Donati, Alicia García y José María Serralunga, con el fin de dictar sentencia en los autos caratulados MARANI María Eva c/molina Miguel Ángel s/daños Y PERJUICIOS - TRANSFERENCIA - Expte. N 157/2005 (Juzg. de 1ª Instancia de Distrito Civ., Com. y Lab. N 2 - San Lorenzo), venidos en apelación del fallo de fs. 87/90. Efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones: 1ª. ES NULA LA SENTENCIA IMPUGNADA? 2ª. ES JUSTA LA SENTENCIA IMPUGNADA? 3ª. QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN DEFINITIVA? A la primera cuestión el vocal doctor Serralunga dijo: el recurso de nulidad deducido no ha sido mantenido en esta instancia, y no advirtiéndose vicios u omisiones que hagan necesaria su declaración oficiosa, corresponde desestimarlo. A la misma cuestión el vocal doctor Donati dijo: por las mismas razones que invoca el colega preopinante, adhiero a sus conclusiones y voto en idéntico sentido a la primera cuestión. A la misma cuestión la vocal doctora García dijo: advirtiendo la existencia de dos votos totalmente concordantes que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10160). A la segunda cuestión el vocal doctor Serralunga dijo: I) María Eva Marani promovió contra Miguel Ángel Molina demanda de indemnización de daños y perjuicios, -que cuantificó en la suma de $ 4.700, o la que en más o menos fijase el tribunal acorde a las pruebas de autos, más intereses-, y de condena a transferir a su nombre del vehículo dominio ATG-091 en el plazo que se fije. Invocó al efecto que el adquirió al accionado el automóvil Renault 19, patente ATG-091, cuyo dominio estaba entonces inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor a nombre de Daniel Augusto Machado, habiendo actuado Molina

2 en la operación como intermediario. Que el precio de $ fue abonado al contado y en efectivo, en el acto de celebración del contrato en el que asimismo se le hizo entrega o tradición del vehículo con su documentación (título y cédula de identificación a nombre de Machado) y formulario 08 del RNPA con firma certificada de Machado, para la transferencia registral. Que al concurrir al Registro, de inmediato, se encontró con que el vehículo había sido transferido a Molina, y al pedir explicaciones al titular anterior éste le hizo saber que Molina le había manifestado haber extraviado la documentación anteriormente entregada, por lo que le firmó otro formulario 08, aunque luego dijera que Molina le expresó que el comprador no le había pagado y de esa manera evitaría que transfiriera el automóvil a su nombre (ampliación de hechos de la demanda, a fs. 12). Si bien, al momento de la demanda, tenía el automóvil en su poder, no podía circular con él por estar vencida la cédula de identificación, ni disponer jurídicamente del mismo. El reclamo indemnizatorio comprendió los rubros: indisponibilidad jurídica, estimado en $ 2.000, y privación de uso, en $ La sentencia dispuso: hacer lugar parcialmente a la demanda condenando a Miguel Ángel Molina a que en diez días realice los trámites necesarios para la transferencia del automotor (Renault Modelo 19, dominio ATG-091, motor N ) a nombre del actor, bajo apercibimiento de aplicar, vencido el plazo, lo dispuesto en el art. 265 del CPCC; y rechazar la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios. Impuso las costas por su orden. La parte actora apeló el fallo, y ya en la alzada expresó agravios a fs. 99/101, contestados por la contraria, a fs II) A la recurrente le agravia el rechazo del reclamo indemnizatorio por privación de uso, atribuyéndole no haber realizado a tal fin actividad probatoria alguna, y ello con apoyo de cierto pronunciamiento judicial, que referido a un supuesto distinto al de autos, no sería aquí aplicable. Que la jurisprudencia, mayoritaria; -por no decir unánime-, ha establecido que esa privación no requiere demostración alguna, surgiendo su existencia del uso obstado por cualquier circunstancia, y siendo que quien posee un automóvil es para utilizarlo, citando en tal sentido diversos fallos. También le agravia, la omisión y consiguiente falta de decisión, respecto de la pretensión resarcitoria por la indisponibilidad jurídica del automotor, que surge de pleno derecho, desde que es indiscutible dicha circunstancia, acorde a cierto fallo que invoca. Recuerda, en sustento de su reclamo indemnizatorio por el incumplimiento del demandado, que por el dto. ley 6582/58 (texto ordenado por ley 22977) y sus reglamentaciones, está impuesta la obligación de contar con la cédula de identificación del automotor (la llamada tarjeta verde) para poder circular con el vehículo, la que de no tratarse del titular del dominio, tiene un vigencia de dos años. Afirma que la aquo omitió considerar la malicia del accionado en el incumplimiento contractual, estando acreditado que Molina incurrió en lo que en doctrina y jurisprudencia se denomina dolo obligacional, porque a sabiendas del daño incumplió con las obligaciones asumidas contractualmente, frustrando los efectos del contrato a través de un ardid, como fuera el transferir el vehículo a su nombre. Que su parte estaba legitimada para reclamar el cumplimiento del contrato y los daños y perjuicios derivados del incumplimiento por lo establecido en el art cuarto párrafo del Código Civil.

3 Por último dice agraviarle la forma en que impusiera las costas, -por su orden- basada en la improcedente desestimación de la pretensión indemnizatoria, frente al acogimiento de la de transferencia. III) La sentencia estableció que el demandado estaba obligado a efectuar la transferencia a la actora, lo que no hiciera; que no era claro si la transferencia a nombre de aquél habría sido para perfeccionar la venta a la actora; y le atribuyó a ésta ser negligente, por no haber procurado la transferencia sino un mes después de realizada la venta, siendo que contaba al efecto con el formulario 08 firmado por el titular del dominio Machado, intentando hacerlo cuando la titularidad habría sido cambiada. Tras ello, y de concluir que cabía hacer lugar a la demanda de transferencia por no haberse el accionado allanado a la misma, en orden a los daños y perjuicios consideró precedía el rechazo de la demanda por no haber realizado la actora actividad probatoria alguna tendiente a acreditarlos. En esta cuestión, que es la que motiva los agravios de la actora recurrente, es preciso tener en cuenta varias circunstancias. En primer lugar que es un hecho afirmado por la actora al demandar y admitido por el accionado en su responde de demanda, que éste vendió a aquélla el automóvil Renault 19, dominio ATG-091 (el ), que al momento de contratar estaba inscripto en el Registro de la Propiedad Automotor a nombre de Daniel Augusto Machado, quien figura como vendedor en el contrato-recibo de fs. 1, reconocido como auténtico en la contestación de demanda. Que del testimonio de Daniel Augusto Machado (fs. 15 de las Medidas de Aseguramiento de pruebas, agregadas por cuerda) resulta que el automóvil motivo de este juicio fue entregado por él como parte de pago de otro que le adquiriera a Molina (vendedor de autos), por lo cual en ese momento le firmó un formulario 08, haciéndolo en blanco en cuanto al adquirente creyendo era así para ser llenado posteriormente a nombre de quien lo comprase. Que posteriormente firmó otro formulario 08, a pedido de Molina, quien le dijera que el primero lo había entregado a quien le comprara el auto, pero no habiéndoselo pagado, lo registraría a nombre de otra persona, evitando que lo hiciera aquel otro. Tales dichos resultan corroborados por la existencia del formulario 08 traído por la actora, suscripto como vendedor por Machado y a nombre de aquélla como adquirente. No aparece ante ello justificada la transferencia registrada a nombre de Molina, -a menos de un mes de la realización de la venta a la aquí actora-, que se habría logrado a través de un nuevo formulario 08 obtenido de Machado, ni por ende la incertidumbre a que alude la aquo, en tanto la transferencia no habría tenido por fin el perfeccionar la venta a Marani. Por otra parte, atribuir esa supuesta finalidad, resulta contradictorio con la negligencia atribuida a la actora, que supone la posibilidad de lograr la transferencia, precisamente por contar en su poder con un formulario 08 suscripto por el titular del dominio. En esta cuestión aparece desacertada la imputación a la actora de no haber actuado con la debida diligencia en la inscripción del vehículo a su nombre, al intentarlo hacerlo un mes después de celebrado el contrato, cuando ya se había cambiado el dominio a favor de Molina, como si éste hubiese sido un tercero ajeno a la negociación, que desconociese el derecho de aquélla, y más aún teniendo en cuenta lo antes expuesto sobre el testimonio de Machado y la entrega que se le hiciera a Marani del formulario 08 para transferir el vehículo a su nombre. Surgiendo de todo lo expuesto la malicia con que la recurrente dice habría actuado el accionado en el incumplimiento contractual, el derecho de la actora al resarcimieno del daño por la privación de uso del automóvil, aparece incuestionable, no siendo óbice el hecho que dice la aquo, de no haberse acreditado los daños y perjuicios sufridos. Es que cabe colegir que quien tiene un auto es para usarlo, de modo tal que por

4 todo ilícito (contractual o extracontractual) que impida ese uso -tal la falta de transferencia para circular regularmente- debe responderse civilmente, surgiendo el daño del solo uso obstado, al margen de toda acreditación de otro perjuicio concreto (esta Sala, en ROMANO DE HERNÁNDEZ c /LA ESTRELLA SA CIA. DE SEGUROS, Z. 60, R. 18, SANSEVICH c/la SEGUNDA COOP. LTDA., Z. 76, J. 278). De tal forma, el reclamo por este rubro es procedente, y ante la inexistencia de una pauta orientadora clara en cuanto al monto a otorgar, éste debe fijarse prudentemente, estimando razonable hacerlo en la suma reclamada de $ a pagar en diez días, sobre la que se deberán intereses a la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina desde la fecha en que se imposibilitara la transferencia a la actora ( ). No ocurre lo mismo en lo que hace a la indisponibilidad jurídica de la cosa, al no haberse acreditado -aquí sí- que se hubiese impedido en concreto disponer de alguna manera del vehículo por no tener la actora registrado el dominio a su nombre. Las costas en ambas instancias deben imponerse en un 80% a la accionada y en un 20% a la actora. A la misma cuestión el vocal doctor Donati dijo: por las mismas razones que invoca el colega preopinante, adhiero a sus conclusiones y voto en idéntico sentido a la segunda cuestión. A la misma cuestión la vocal doctora García dijo: me remito a lo expresado al tratar la primera cuestión. A la tercera cuestión el vocal doctor Serralunga dijo: conforme al resultado de las votaciones precedentes, corresponde desestimar el recurso de nulidad y acoger parcialmente el de apelación, disponiendo hacer lugar a la indemnización de daños y perjuicios por privación de uso del automóvil objeto del juicio, fijando el monto resarcitorio en la suma de $ a pagar en diez días, sobre el que se aplicarán intereses a la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina desde el , hasta el efectivo pago. Las costas en ambas instancias se deben fijar en el 80% a cargo de la demandada y en el 20% de la actora (art. 252 CPCC). Los honorarios profesionales en esta instancia deben regularse en el 50% de los correspondientes a la inferior (art, 19, ley 6767). A la misma cuestión el vocal doctor Donati dijo: el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el doctor Serralunga, y así voto. A la misma cuestión la vocal doctora García dijo: me remito a lo expresado al tratar la primera cuestión. Por lo que esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: desestimar el recurso de nulidad y acoger parcialmente el de

5 apelación condenando al accionado, -a la par de realizar la transferencia del dominio del automóvil- a pagar en diez días la suma de $ 2.700, con más intereses a la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina desde el hasta el efectivo pago, imponiendo las costas en ambas instancias en un 80% a cargo de la demandada y en un 20% de la actora. Regular los honorarios profesionales en la alzada en el 50% de los correspondientes a primera instancia. Insértese, agréguese copia a los autos y hágase saber. (Autos BETA SA c/disma SC s/demanda ORDINARIA - Expte. N 178/2005) JOSÉ MARÍA SERRALUNGA JOSÉ HUMBERTO DONATI ALICIA GARCÍA (art. 26, ley 10160) Patricia B. Niedfeld S-MARANI 157

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