ALGUNAS CONDICIONES PARA UN SALTO CUALITATIVO A LA CUESTIÓN AMBIENTAL EN LA ARGENTINA

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1 ALGUNAS CONDICIONES PARA UN SALTO CUALITATIVO A LA CUESTIÓN AMBIENTAL EN LA ARGENTINA Por: Homero M. Bibiloni Subsecretario de Recursos Naturales, Normativa, Investigación y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La antigüedad del tema Si se mirara el almanaque, se comprobaría que hace casi treinta y cinco años atrás el mundo comenzó a preocuparse severamente por el tema ambiental. Los cambios históricos que no han sido violentos llevan procesos temporales prolongados y, según este nivel de razonamiento, se podría decir que éste es relativamente joven, pero si se asumieran postulados ambientales, se vería la necesidad de un cambio tan urgente como dramático 1. Cabe recordar que un presidente argentino entonces en el exilio señaló con sentido visionario: Creemos que ha llegado la hora de que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobre-estimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha En Estocolmo, meses después, aconteció el histórico evento de las Naciones Unidas con la declaración de un conjunto de principios sustantivos y la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Más recientemente, en 1992 la Cumbre de Río aportó la relevante, aunque inconclusa, Agenda Sin perjuicio de dicha cumbre, en este país fue recién en 1994 cuando la Constitución Nacional y otras constituciones provinciales como la bonaerense trataron la temática ambiental con una vigencia y fortaleza ciertas; estos hechos podrían ser considerados como puntos de inflexión temporal concretos para medir el proceso ambiental argentino. La limitada conciencia colectiva Los militantes ambientales no pueden perder la perspectiva de lo que sucede fuera del campo en el que usualmente se mueven, porque tal situación conlleva el riesgo de suponer que, fuera de estos terrenos, la convicción, el conocimiento y la voluntad de materializar conductas positivas con el ambiente resultarían sencillas, por la mera apelación a lo que resulta ser una verdad evidente. De allí a poder decir que este nivel de conciencia es una realidad uniforme y asentada sería un error, al igual que pensar en el involucramiento voluntario del conjunto de la comunidad para revertir aquellas conductas que impactan negativamente sobre el ambiente. Resulta, entonces, más cercano a una expectativa que a una cuestión cierta, porque supone restricciones, decisiones de consumo, costos directos o indirectos que no todos pueden o quieren soportar 4. Esto es así pese a la existencia de reacciones comunitarias con respecto a las cuestiones de contaminación que las puedan involucrar, pero que no se transforman, luego, en acciones de construcción sostenidas

2 La crisis política, social y económica La fenomenal crisis sufrida por la aplicación sistemática de un modelo neoliberal, sumada a una corrupción estructural, y el quiebre de la solidaridad social por el sálvese quien pueda no son datos ajenos al tema. Es difícil pensar en el recurso natural o en la reversión o eliminación de la contaminación, cuando la sociedad excluye a una parte sustancial de sus pares del acceso a los bienes más elementales, y los sume en la pobreza y el desamparo. Este modelo perverso impuso también la cuasi desaparición del Estado como generador del bien común (esencialmente solidario) y lo suplantó por los beneficios de la realidad del mercado (esencialmente egoísta) y la pretensión de que el intervencionismo estatal mínimo fuera sustituido por las ONG, en función de la transparencia y la participación que éstas suponen. En este contexto, el destino de los pobres y excluidos no tiene alternativa alguna para salir de dicha categoría social (mitigada por la mano generosa del asistencialismo ), por cuanto un Estado ausente y unas pocas ONG (muchas de ellas pertenecientes al mundo globalizado) difícilmente pueden cambiar situaciones estructurales y complejas, que sólo son reversibles por políticas diferentes a las aplicadas y por hombres comprometidos con las convicciones, ya que lo ambiental es siempre un problema ético 6, aunque luego pueda tener correlatos empíricos muy concretos. Las ONG en esta visión tienen el prestigio de su propia historia e integrantes, con la representatividad limitada a las formas de su generación (pero la democracia nutre los cargos electivos del estado de derecho que, pese a sus falencias, no es sustituible). En efecto, estas organizaciones son positivas a la hora de complementar las políticas públicas junto al resto de la sociedad. El negocio de la contaminación El viejo principio contaminador-pagador, aún hoy aplicable, nos da una clara semblanza: que esta relación cierra una ecuación económica de rentabilidad, dado que evita inversiones amortizables por el pago de un monto menor y permite la acumulación de ganancias sobre la base de un detrimento de bienes o de la calidad de vida de terceros. En suma, se paga una suerte de canon, en lugar de internalizar los costos derivados de su impacto-daño sobre el ambiente (si éste es entendido en su más amplio sentido), a lo que hay que añadir que los pobres y los excluidos son generalmente los socios y vecinos de la contaminación, con lo cual su realidad es ciertamente negativa, en tanto que no disfrutan de los beneficios de la modernidad, además de que padecen sus disfunciones, inconsecuencias o mezquindades. Los discursos tienen que identificar en lo local y en lo global 7 quiénes son los responsables de las situaciones de una calamidad progresiva hacia la cual transita el planeta 8, de manera que lo asuman diferenciadamente. Desde otro lugar, salvo los GEF (Global Environment Facility) u otras cooperaciones no tan significativas, es posible ver que la asistencia financiera el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) se vuelca a disminuir los impactos de la contaminación, con lo cual se sufre el doble por lo mismo (menos calidad de vida, costos sobre la salud, nuevas deudas que se asumen, etc.). 506

3 Algunas condiciones para un salto cualitativo a la cuestión ambiental en la Argentina Bienes ambientales. Públicos o privados? Singulares y/o globales? De acuerdo con las normas vigentes y la aplicación irrestricta del código civil para las transacciones inmobiliarias en las cuales existen compromisos directos o indirectos ambientales, sumadas a la atracción internacional para la inversión en tierras, bosques con la biodiversidad que éstos comprenden y en el paisaje, surge la paradoja de la apropiación privada de bienes ambientales por un lado y, por otro, de bienes que pasan a ser considerados públicos a nivel de derecho internacional, tales como la paz, la seguridad, las alertas globales del ambiente, las enfermedades, la estabilidad financiera, el acceso al conocimiento y el libre comercio 9, los cuales tenderán a ser administrados por organismos internacionales, de modo que fácilmente se podrían suponer los impactos de esta lógica para una gestión soberana de los recursos naturales. Esta óptica globalizada merece toda la atención nacional y una fuerte acción provincial en la mejora de sus gestiones, dado que la seguridad puede actuar como disparador de cualquier acción derivada hacia los otros bienes, cuya determinación o alcance es difusa a la hora de la definición apriorística, pero seguramente será identificada como de meridiana claridad a la hora de actuar sobre los mismos. Una nueva institucionalidad ambiental a fortalecer Tanto en los niveles organizacionales provinciales como nacionales, se puede ver que lo ambiental no ha logrado alcanzar el nivel de otras competencias clásicas de la administración activa. Es una lucha por espacios competenciales, en la que se busca la concentración de las variables que operan sobre el ambiente con la asignación de fondos para ello, a lo que hay que agregar que por la Ley General del Ambiente Nº25.675, con la jerarquización del Consejo Federal Medio Ambiente, la gestión ambiental pasa por un esquema de concertación y cooperación donde todos los actores (desde lo público) son relevantes e interdependientes: la Nación, la provincia y los municipios. Los presupuestos legales mínimos La Constitucional Nacional de 1994 aportó al esquema legislativo los presupuestos mínimos que, a la fecha, no han logrado consolidarse debidamente como una herramienta reguladora, a la vista de la disímil percepción provincial sobre su legitimidad, su utilidad o la potestad nacional de su reglamentación, con lo cual este plexo normativo (si bien sancionado en otro contexto y tal vez ante demasiada soledad parlamentaria) no ha tenido el empuje ordenatorio esperado, amén de que la técnica legislativa en la Argentina prescinde de algunas consideraciones cuantitativas y cualitativas que permitirían su mejor aplicación posterior, así como también existe una falta de criterios de progresividad que alienten su mayor alcance y eficacia regulatoria. El valor de lo ambiental: desconocido u oculto? Ya se señaló que lo natural no puede quedar librado a los mercados 10, y si lo ambiental no tiene el reconocimiento por su valor económico como un activo nacional y por los bienes y servicios que realmente presta, su destino está severamente comprometido. En efecto, si para el diseño de una ruta se sabe su costo de inversión, su valor de mantenimiento y las utilidades que presta, y esto de- 507

4 termina una asignación presupuestaria inicial y posterior, es menester que, sobre diferentes paradigmas, esta conceptualización tenga lugar a la mayor brevedad posible, a favor del conjunto de los recursos naturales y las actividades antrópicas de impacto ambiental. Conocer estos valores permitiría internacionalmente cuantificar la deuda ambiental en beneficio de los países, al separarla claramente de la deuda financiera para posibilitar su compensación o utilización cancelatoria. El camino a recorrer Hay que concretar más acciones que, integradas en una política ambiental 11, permitan cambiar el curso de una perspectiva que por sí misma no es alentadora. En esta línea, se pueden apuntar de manera no taxativa las siguientes: la eliminación de la contradicción entre producción y ambiente para garantizar la sostenibilidad; describir y medir los impactos de los servicios ambientales; discutir presupuestos públicos crecientes y no históricos; concretar el ordenamiento territorial como presupuesto mínimo; avanzar en fiscalidad y tributos ambientales, sellos verdes, planificación pública ambiental, indicadores del desarrollo sostenible y ambientales específicos, incentivos análogos a otras actividades; aumentar las áreas protegidas; optimizar los mecanismos de desarrollo limpio; estudiar las oportunidades de sostenibilidad y las reconversiones sectoriales (v.g., el desarrollo foresto-industrial nativo); desarrollar, completar e integrar el derecho ambiental, mediante el cierre de temas pendientes contenidos en la Ley Nº (tales como el daño y la responsabilidad, los seguros, los fondos ambientales, etc.) y la articulación de programas y políticas conjuntas del sector público, amén de racionalizar la dispersión de competencias. Conclusión Se ha rescatado para la agenda política nacional lo ambiental: el desarrollo de una nueva agenda propone un tratamiento sistemático de las principales cuestiones ambientales e integra la dimensión regional como una categoría central de las acciones de gobierno, refleja el compromiso que habrá de ser permanente de esta administración con la cuestión ambiental, ( ) [a fin] de recuperar el pleno ejercicio de los derechos ambientales a los ciudadanos de nuestro país 12. Se debe caminar tras la huella de este reconocimiento, salir de la retórica y pasar a los hechos, con menos discursos y más proyectos; es necesario desechar las soluciones mágicas y facilistas por las cuales siempre son otros los que tienen que resolver el problema; es preciso asumir desde cada actor singular, social y económico el conjunto de deberes y derechos ambientales, dado que la acción aislada o testimonial no revierte la actual situación ni garantiza el ambiente sano al que las generaciones futuras tienen derecho. Notas 1 Banco Mundial [en línea] <http://lnweb18.worldbank.org/essd/envext.nsf/41bydocname/environment> y <http://www.bancomundial.org/temas/resenas/medio_ambiente.htm>; PNUMA/ORPALC [en línea] <http://www.rolac.unep.mx/>; División Evaluación y alerta temprana - informes GEO [en línea] <http://www.pnuma.org/dewalac/index.htm; UNEP World Conservation Monitoring Centre [en línea] 508

5 Algunas condiciones para un salto cualitativo a la cuestión ambiental en la Argentina <http://www.unep-wcmc.org/>; World Resources Institute [en línea] <http://www.wri.org/>. 2 Perón, J. D., Mensaje a los Pueblos del Mundo, 21 de febrero de [En línea] <http://www.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/ageindi.htm>. 4 Basta tan sólo recordar que todos los proyectos ambientales tienen componentes semejantes: información, sensibilización, difusión, involucramiento, participación, etc. Si la descripción anterior fuera incorrecta, estos conceptos no tendrían sentido ni serían propuestos y mucho menos aprobados. 5 Como ocurrió con los casos del Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Esquel, Planta de Ezeiza, Gualeguaychú, Ciudad de Córdoba, etc. 6 Como decía el ya fallecido y querido profesor de la UNLP, Dr. Juan José Catoggio, al inicio de sus clases y seminarios. 7 Pensar en forma global y actuar en forma local es un camino de ida, pero también de vuelta. 8 Repasar la situación de los firmantes del Protocolo de Kyoto (v.g., EE.UU.). 9 Regional public goods, Ed. IDB-ADB, CEPAL International Task Force on Global Public Goods (BID, PNUD). Bienes públicos mundiales, [en línea] <http://www.undp.org/globalpublicgoods/>; (información sobre el documento; algunos capítulos están en idioma inglés). PNUD, Bienes públicos mundiales, sinopsis en idioma español (archivo adjunto). PNUD-Office of development studies, [en línea] <http://www.undp.org/ods/> (acceso a varios documentos). PNUD, The global network on global public goods, [en línea] <http://www.sdnp.undp.org/gpgn/> (se trata de un sitio muy interesante; el ítem Knowledge portal da enlace a mucha información). Área que refiere a documentos sobre bienes públicos mundiales ambientales (incluida el agua), [en línea] <http://www.sdnp.undp.org/gpgn/r-environment.php>. Aquí hay elementos de un foro de discusión: The public and private dimensions of the global water challenge: two perspectives on governing water resources, [en línea] <http://www.sdnp.undp.org/gpgn/topic02.php- #viewpoints>. Global public goods.org, [en línea] <http://www.globalpublicgoods.org/>. Informe sobre el desarrollo humano 2003 <http://hdr.undp.org/reports/global/2003/espanol/>. Milton Fisk, Bienes Públicos Mundiales e Interés Propio, Indiana University. Banco Mundial, Más allá del crecimiento económico, [en línea] <http://www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/beg-sp.html#toc>. Relacionado con Objetivos del Desarrollo del Milenio: meta 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 7.1) incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales, invertir la pérdida de recursos del medio ambiente; 7.2) reducir a la mitad el porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable; [en línea] <http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/>. Al respecto, hay una nota de James D. Wolfensohn (archivo adjunto). 10 Revista de derecho ambiental, Nº0, noviembre de 2004, p. 1 y siguientes. 11 Agenda ambiental [en línea] <http://www.medioambiente.gov.ar/agenda_ambiental/default.htm>; <http://www.medioambiente.gov.ar/ssrniri/2005_gestion/default.htm>. 12 Kirchner, N., Mensaje del Presidente en la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, 15 de diciembre de

6 LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL ARGENTINA Por: Daniel A. Sabsay Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Este país cuenta con una abundante normativa ambiental en los niveles nacional, provincial y municipal. Ello se debe a que se trata de un estado federal con tres centros de producción de normas. Desde la transición democrática ocurrida en 1983, se ha ido incorporando esta materia a las constituciones, primero en las provinciales y luego en la de la Nación. Así, en su Artículo Nº41 consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las de las generaciones futuras.... El desarrollo humano para el constituyente equivale al desarrollo sustentable. Al mismo tiempo, se fija un objetivo en el tiempo la satisfacción de las necesidades (...) de las generaciones futuras que pone de manifiesto la incorporación de la noción de desarrollo sostenible que hoy en día ubica a la variable ambiental como necesaria en la toma de toda decisión que haga al desenvolvimiento de una comunidad organizada. En la Constitución se habla de actividad productiva; en realidad, se apunta a un tipo de modelo de desarrollo que haga viable la vida en el planeta en el presente y en el futuro. El valor del desarrollo humano hace las veces de una suerte de centro de confluencia ya que, para que su vigencia quede asegurada, es preciso que operen de manera equilibrada las consideraciones social, ambiental y económica. El Artículo Nº43, en su segundo párrafo, contiene la figura del amparo colectivo, que es una garantía apta para la protección de los derechos colectivos; entre ellos está el del ambiente, que ha permitido un importante avance de la jurisprudencia, muchos de cuyos contenidos luego se han reflejado en la legislación. A este importantísimo adelanto se agrega el dictado, desde 2002, de varias leyes de presupuestos mínimos en conformidad con la distribución de competencias Nación-provincias prevista en el Artículo Nº41, en el tercer párrafo de la Constitución Nacional (ver Figura 1) ; entre dichas leyes, se destaca la Ley Nº Ley General del Ambiente (LGA). Esta norma congrega en su texto una diversidad de temas relacionados con los aspectos fundamentales de la política ambiental. Se trata de una ley marco que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sancionados por el Congreso Nacional, en virtud del mandato constitucional del Artículo Nº41, párrafo tercero. La técnica legislativa por la que ha optado el legislador engloba aspectos que se vinculan al entramado de la organización federal de estado del país, con énfasis no sólo en las relaciones interjurisdiccionales Nación-provincias y su importancia con respecto a la determinación y la aplicación de los presupuestos mínimos, sino también en los elementos considerados fundamentales para la política ambiental, tales como los objetivos y los principios que deben regirla, y los instrumentos básicos de la gestión ambiental. Asimismo, la LGA dedica un capítulo especial a la temática del daño ambiental colectivo, que el Poder Legislativo Nacional trata en virtud del Artículo Nº41, párrafo primero. 510

7 La legislación ambiental argentina Figura 1. Leyes de presupuestos mínimos sancionadas por el Congreso Nacional hasta la fecha. El Artículo Nº41 de la Constitución Nacional, párrafo segundo, prevé la elaboración de estas normas, que deben regir en todo el país, y asigna a las provincias la facultad de dictar las normas complementarias a éstas. Es de destacar la recepción de los principios básicos en la materia derivados del derecho internacional ambiental; asimismo, como instrumentos de gestión se reconocen, entre otros, la participación con instancias obligatorias de consulta, la evaluación del impacto ambiental, el derecho al libre acceso a la información y el ordenamiento ambiental del territorio. El ordenamiento jurídico de la mayoría de las provincias y de los municipios incluye de manera prolífica, en muchos casos, la temática ambiental. Sin embargo, este panorama, por demás alentador, no se ve acompañado por políticas públicas adecuadas para el cumplimiento y la aplicación de las mencionadas normas. Las autoridades de aplicación adolecen de una acentuada debilidad. Por ejemplo, la secretaría nacional integra un ministerio que atiende de manera prioritaria la problemática de la salud. A su vez, carece de un poder de policía amplio y de los medios necesarios para llevar a cabo su cometido. A modo de anexo, se acompañan las conclusiones de la mesa del diálogo ambiental que, si bien ya tienen dos años, mantienen actualidad y contienen las principales líneas institucionales como guía para revertir la situación en este campo (ver recuadro Recomendaciones de la Mesa ). Además, no se vislumbra por parte del Poder Ejecutivo la voluntad de reglamentar la obra legislativa mencionada. La FARN está desarrollando un programa de elaboración concertada de la reglamentación, que ha llevado a la organización de más de diez talleres en los cuales han participado importantes actores de los sectores gubernamental, no gubernamental, privado y académico, a fin de brindar contenidos consensuados a las autoridades (Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental-Recomendaciones para su reglamentación, [en línea] <http://www.farn.org.ar/docs/p36/index.htm>). 511

8 Así, no cabe sorprenderse frente al avance desmedido de los desmontes que de manera insustentable están destruyendo las áreas boscosas naturales del país, la falta de solución al problema de los basurales, la explotación minera depredadora, la total desatención de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, por sólo enumerar algunos de los problemas más graves. Es de esperar que esta desalentadora situación pueda ir revirtiéndose ya que, de lo contrario, las futuras generaciones verán sumamente dificultada la posibilidad de habitar el suelo argentino. Recomendaciones de la Mesa del Diálogo Ambiental (junio de 2003) 1. Asumir el mandato que surge del Artículo Nº41 de la Constitución Nacional, en cuanto a las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, para definir y mejorar la relación Nación-provincias/CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en el marco de los principios del federalismo de concertación. 2. Deberá analizarse la normativa vigente en materia ambiental o sectorial con alcance ambiental, a nivel nacional, provincial, de la CABA y municipal, con la finalidad de adecuarla cuando sea incompatible al nuevo marco constitucional y legislativo en materia de presupuestos mínimos. 3. Deberán perfeccionarse los mecanismos recíprocos de comunicación constante entre la Nación, las provincias/caba y los municipios. 4. El nuevo escenario legal e institucional ambiental enfatiza el rol político del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) y, consecuentemente, exige el fortalecimiento de sus aspectos institucionales, administrativos, operativos y presupuestarios. 5. En tal sentido, se deberá considerar la relación del COFEMA con otras instituciones federales con competencias en materia de recursos naturales, en particular, los consejos federales relativos al uso de recursos naturales y políticas de desarrollo (v.g., Consejo Federal Minero, Consejo Federal de Inversiones, Consejo Federal Pesquero). 6. Asimismo, deberá fortalecerse la organización regional del COFEMA y de su labor, con la finalidad de mejorar su eficacia. 7. Deberá generarse un compromiso político y jurídico de la Nación, las provincias y la CABA, con la finalidad de jerarquizar al COFEMA mediante la promoción de las aprobaciones por parte de las jurisdicciones que todavía no lo hayan hecho. En particular, se sugiere que el Presidente de la Nación asuma el compromiso político para impulsar la aprobación del mismo por parte de las provincias. 8. Deberá propiciarse la representación ante el COFEMA de la máxima autoridad ambiental provincial. 9. Resulta necesario contar con una estructura administrativa propia y permanente del COFE- MA. Esto requiere de las asignaciones presupuestarias correspondientes. En este sentido, el presupuesto nacional deberá asignar una partida específica a tal fin. 10. Deberán considerarse instancias de consultas y participación de distintos actores en el proceso de adopción de recomendaciones y resoluciones del COFEMA. 11. Deberá fortalecerse el rol de los municipios en materia ambiental y el cumplimiento del Artículo Nº123 de la Constitución Nacional. 512

9 LA SOCIEDAD CIVIL ES LA ARGENTINA INTANGIBLE Por: Carlos March Representante en Buenos Aires de la Fundación AVINA. La pobreza en la Argentina no es un problema económico, sino una decisión política. La dirigencia es la que decide cómo se administran los recursos, tanto públicos como privados, tanto humanos como naturales, tanto económicos como financieros. Las variables económicas de distribución de bienes son definidas desde invariables políticas de concentración de la riqueza. Así, se pueden establecer estas tres máximas: 1) No hay empresas exitosas en sociedades fracasadas ; 2) No hay sociedades sustentables con estados insostenibles ; 3) No hay ambiente sano con políticas públicas enfermizas. Empresas, estados y políticas públicas; todos ellos, tangibles sociales administrados por líderes políticos y empresarios que, en su mayoría, ignoran rotundamente las tres máximas descriptas. Frente a la captura del Estado por parte de dirigentes que lo utilizan para satisfacer intereses sectoriales y corporativos, en lugar de ponerlo al servicio del bien común, y frente al abuso que las empresas cometen sobre los recursos públicos explotados muchas veces, al margen de la ley y para incrementar sin límite su capital económico y financiero, surge una pregunta hacia el futuro: cuál es el espacio y cuáles los recursos que le quedan a la sociedad civil para recuperar la calidad de vida colectiva y ponerle freno al ilimitado avance privado sobre los bienes públicos? La respuesta está lejos de ser una máxima, pero se la puede considerar como una propuesta de mínima: la Argentina sustentable comienza a construirse desde una sociedad civil capaz de crear y administrar intangibles que impacten en un desarrollo más equitativo de la sociedad. Empresas, estados y políticas públicas La empresa, el Estado y la política pública son tres tangibles sociales que estableció la sociedad para producir, orientar y controlar tanto la generación como la distribución de recursos, en un marco de equidad social que permita vivir en comunidad. Cuando a estos espacios los capturan dirigencias que los bastardean, se cumplen las tres máximas ya señaladas. Para comprender que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas, quienes gerencian las empresas tienen que asumirse primero como ciudadanos y luego como empresarios. Cuando un ciudadano se siente primero empresario, antepone su interés particular al interés colectivo. El analista político Jorge Giacobbe suele sostener que, en la década del 70, los militares se sintieron primero militares y luego ciudadanos, y asesinaron a argentinos. Si se exceptúan las distancias desde los hechos y se efectúa un acercamiento desde el punto de vista conceptual, el empresario que se siente primero empresario y luego ciudadano no tiene problema en ganar licitaciones públicas a través de la coima, en financiar campañas políticas para procurarse políticos que respondan a sus intereses, en practicar un lobby legislativo que garantice privilegios corporativos en desmedro del interés general, en contaminar ríos, kilómetros de terre- 513

10 no o la atmósfera a favor de la maximización de las ganancias. Cuando el empresario se siente primero empresario y luego ciudadano, confunde responsabilidad social con asistencia social, o cree que cumplir con la ley es responsabilidad social. Cumplir con la ley es ser empresario, pero de ninguna manera se trata de un empresario socialmente responsable, porque el que no cumple con la ley no es un empresario, sino un delincuente. El empresario-ciudadano sostiene como única ecuación maximizar ganancias privadas al minimizar la inversión social. Para comprender que no hay sociedades sustentables con estados insostenibles es imprescindible que los dirigentes, los representantes políticos y los funcionarios públicos que lo administran se sientan primero ciudadanos y luego políticos; primero ciudadanos y luego funcionarios públicos, y que sientan que el Estado es el lugar de construcción colectiva que produce bienes públicos. Según el filósofo colombiano Bernardo Toro, un bien público es aquél que llega a los ciudadanos en idénticas condiciones para todos por igual y en estándares de calidad adecuados, y expone un ejemplo interesante: explica la diferencia entre la educación pública y la educación de gestión pública. Al respecto, asegura que un sistema educativo financiado por el Estado integrado por maestros y profesores que envían a sus hijos al sistema de educación privado es un sistema de gestión pública, pero no es educación pública, porque los propios responsables de brindar el servicio descreen de su calidad. Esto indica que la educación de gestión pública no es un bien público. Por lo tanto, un Estado que no sostiene la educación como bien público construye sociedades sin acceso simétrico al conocimiento. Y la asimetría es uno de los principios de la no sustentabilidad. Para que no se concrete la máxima no hay ambiente sano con políticas públicas enfermizas, es necesario que los legisladores legislen normativa acorde con el interés y el bienestar general, en lugar de que sancionen leyes a la medida de los intereses corporativos; es decir, que diputados, senadores y concejales no sancionen normas desde la demagogia legislativa, sino desde la convicción. Se requiere, a su vez, que el Poder Ejecutivo implemente políticas públicas a largo plazo que respondan a una visión de estadistas y no de dirigentes políticos cuyo objetivo es gestionar la política para ver cómo quedan posicionados frente a la próxima elección, cuidándose de no asumir costos políticos y sin reparar en los costos sociales. Las políticas públicas definen la calidad de vida de los habitantes de un país. Y las políticas públicas argentinas, lejos de administrar con equidad las riquezas, se orientan a administrar la pobreza y convierten a los ciudadanos en un objeto de asistencialismo, en lugar de sujetos de derecho. La agenda social, cautiva de la pobreza Más del 60% de los argentinos vive bajo la línea de pobreza. El salario mínimo está bajo la línea de indigencia, fijado en $150, que es lo que perciben los beneficiarios de los planes sociales que las estadísticas oficiales consideran como personas ocupadas. Casi el 70% de los jóvenes está bajo la línea de instrucción, sumatoria de toda la población que no llega a terminar su carrera de grado en estándares que le permitan acceder a un trabajo o desarrollar una actividad 514

11 La sociedad civil es la Argentina intangible que garanticen una proyección a futuro. Cientos de miles de pobladores se encuentran bajo la línea de dignidad humana, revuelven basura, concurren a piquetes para recibir migajas, mendigan en las calles, delinquen o son víctimas del alcohol o las drogas. Ésta es la Argentina del presente. Y ésta es la Argentina que pone a sus habitantes, en un futuro cercano, estacionados en las carencias y bien lejos de la abundancia, que los conduce a convertir a las escuelas en comederos y los coloca a un abismo de la excelencia educativa. El desafío frente a este panorama es doble: el primero consiste en encontrar los caminos para construir una agenda social que combata las causas de los problemas (mediante la generación y la distribución equitativa de recursos productivos, el cuidado de los recursos naturales, la reconstrucción del marco institucional y legal, y el acceso a buenos sistemas de educación y salud) y se abandone la agenda política y empresaria que se centra en administrar consecuencias (pobreza, corrupción y delito). El segundo desafío consiste en construir redes de dirigentes sociales, cívicos, políticos y empresarios que comprendan que el Estado y la empresa son espacios sociales que deben ser desarrollados con capacidad, honestidad y criterios sociales, para reemplazar las redes de políticos y empresarios que capturan el Estado y gerencian las empresas desde la corrupción, la ineptitud y el despilfarro, cuando se trata del primero, y de la maximización de la riqueza, cuando se trata de la empresa. En la medida en que la agenda del país pase por administrar pobreza expandida y fomentar riqueza concentrada, el margen que tiene la sociedad civil para trabajar en escala una agenda social que contemple producción sustentable, distribución equitativa, manejo sostenible del medio ambiente, plena vigencia del estado de derecho, fortalecimiento institucional y pleno acceso a educación y salud dignas es sumamente estrecho. Con una agenda social cautiva de la pobreza, en donde una fracción menor de la sociedad se apropia de los tangibles públicos para incrementar el bienestar privado, la sociedad civil organizada, los individuos con compromiso social y los ciudadanos que participan en democracia más allá del voto se enfrentan al único desafío posible: producir intangibles sociales. Crear y administrar intangibles Mientras el Estado cuenta con poder formal y las empresas con poder económico, las organizaciones de la sociedad civil construyen poder simbólico. La construcción de poder simbólico no requiere del voto para lograr legitimidad social ni de grandes capitales financieros para imponer una marca; exige que las organizaciones sociales y cívicas sean capaces de crear y administrar intangibles. Algunos de los intangibles para consolidar a las organizaciones y generar impactos en la sociedad para reducir las desigualdades, combatir la pobreza desde la construcción de políticas sociales y no desde medidas económicas, fortalecer las instituciones del Estado, promover la renovación de dirigentes e impulsar cambios en mayor escala podrían ser: 515

12 Brecha del conocimiento: es preciso pasar de la información estática, desarticulada y muchas veces oculta tanto a la producción y la gestión de conocimiento como a la creación de sistemas de acceso público al flujo de saberes de los procesos de la sociedad civil. También es fundamental instalar capacidades en las organizaciones para el desarrollo del pensamiento estratégico, del análisis de contexto, del análisis de riesgo y del manejo de una crisis. Agendas institucionales: se debe encarar el desafío de convertir a las agendas de contactos institucionales en articulaciones sociales. Es un intangible significativo el hecho de que las organizaciones más consolidadas faciliten el acceso a contactos que puedan ser clave para el desarrollo de organizaciones pequeñas. Poder difuso: las organizaciones de la sociedad civil, a comparación del poder de incidencia que tienen el Estado y las empresas, poseen un muy limitado poder real. Ante la habilidad para construir poder difuso a partir de la operación en espacios colectivos transversales, en alianza con los medios masivos de comunicación, mediante la diversificación de sus fuentes de financiamiento y la articulación del trabajo voluntario, el escaso poder real se convierte en un poder difuso imposible de medir y de neutralizar. Traductores sociales: poder instalar en la agenda ciudadana los temas que descartan las agendas políticas y empresarias, y poder convertir el saber científico y académico en mensajes con anclaje social no sólo brinda la posibilidad de convertirse en instaladores y traductores sociales de temas que se ocultan o se manejan lejos del saber popular, sino que también coloca a las organizaciones que desarrollan esta capacidad en una posición de doble ventaja, pues se convierten en referentes del tema para los medios de comunicación y construyen poder territorial. Masa crítica: un capital intangible más que significativo es la capacidad que tienen las organizaciones de convertir las horas donadas por decenas de voluntarios en una masa crítica con una fuerte incidencia cívica y social. Espacios de credibilidad: las organizaciones de la sociedad civil todavía gozan de un alto índice de credibilidad. Por lo tanto, transformar la desconfianza paralizante que tiene la ciudadanía en sus representantes en confianza para avanzar, incidir y transformar es una de las pocas oportunidades que quedan. Éstas son sólo algunas de las herramientas, acciones y procesos que pueden ayudar a la generación de intangibles sociales. En el contexto descripto del país, frente a los índices de pobreza y exclusión que abruman a gran parte de la población, con la debilidad institucional existente y ante una situación en la que la gran mayoría de la clase dirigente política y empresaria con capacidad de definir las reglas de juego lo hace sin contemplar el bienestar general en sus decisiones, los líderes cívicos sociales que sólo se dedican a administrar presupuestos son meros burócratas de ONG. Un líder de la transformación social debe crear y administrar intangibles, porque el capital social necesario para distribuir con equilibrio el capital económico y financiero sólo se construye si existe la capacidad de administrar intangibles. 516

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