V. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

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1 56/11 Procesal Civil José Flors Matíes b ) Impugnación de la tasación por inclusión de partidas indebidas o por no inclusión de gastos justificados: Cuando sea impugnada la tasación por haberse incluido en ella partidas de derechos u honorarios indebidas, o por no haberse incluido gastos debidamente justificados y reclamados, se dará traslado a las demás partes para que aleguen lo que estimen oportuno y el Secretario judicial resolverá lo que proceda mediante decreto que será recurrible en revisión ante el Juez o Tribunal (art ). c ) Impugnación simultánea por indebidas y excesivas: Cuando se alegue que alguna partida de honorarios de abogados o peritos incluida en la tasación de costas es indebida y que, en caso de no serlo, sería excesiva, se tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas, pero la resolución sobre si los honorarios son excesivos quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la partida impugnada es o no debida (art ). a) Regulación V. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Con objeto de dar adecuado cumplimiento al mandato contenido en el art. 119 CE, la Ley 1/96, de 10 de enero, dispuso un nuevo sistema de asistencia jurídica gratuita para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva a todas las personas que carecieran de recursos, unificando el régimen para su concesión en todo tipo de procesos y estableciendo unos mismos presupuestos, contenido y procedimiento, que ahora es administrativo. En desarrollo de la Ley de promulgó su Reglamento por RD 2103/1996, de 20 de septiembre. b) Beneficiarios Tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita: a) Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso. c) Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar: 1.º Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la LO 1/2002, de 22 de marzo Reguladora del Derecho de Asociación 2.º Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente. d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

2 Costas y gastos procesales 56/12 Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo. e) En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo. f) En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas contempladas en el Capítulo VIII de esta ley, en los términos que en él se establecen. g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fuera el agresor. A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá en caso de sentencia absolutoria firme o archivo firme del procedimiento penal, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. h) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos. c) Requisitos 1º) Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales: a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

3 56/13 Procesal Civil José Flors Matíes c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros. Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia (art. 3). No obstante lo anterior, podrá denegarse el derecho a la asistencia jurídica gratuita existen signos externos que manifiesten la real capacidad económica, revelan con evidencia que este dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la ley (art. 4). En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, las tasas judiciales y otros costes derivados de la iniciación del proceso, u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstos en el artículo 3, no excedan del quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente (art. 5). Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las Asociaciones de utilidad pública y Fundaciones inscritas, cuando careciendo de patrimonio suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples (art. 3.5). 2º) El derecho a la asistencia jurídica gratuita solo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios, o ajenos cuando tengan fundamento en una representación legal. En este último caso, los requisitos para la obtención del beneficio vendrán referidos al representado (art. 3.4). 3º) Sólo procede si la pretensión es sostenible. Si el abogado designado para la defensa la considera insostenible, debe exponerlo motivadamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en el plazo de 6 días, quedando obligado a la defensa si no lo hace. La Comisión recaba luego el informe del Colegio de Abogados y del Ministerio Fiscal. Si el Colegio de Abogados, o después el M. Fiscal, consideran sostenible la pretensión, se nombra un segundo abogado para quien es obligatoria la defensa; si el Colegio de Abogados y el Fiscal coinciden en la insostenibilidad de la pretensión, la denegación del beneficio es automática (arts. 13, 15, 32 a 35). Tratándose del proceso penal, la defensa y representación del acusado son siempre necesarias. 4º) Cuando se pretenda el reconocimiento de este derecho después de presentada la demanda o la contestación, o en segunda instancia, o en casación, se debe acreditar que las circunstancias para obtenerlo sobrevinieron, respectivamente, con posterioridad a la demanda o a la contestación, en el curso de la primera instancia o con posterioridad a ella, o en el curso o después de la apelación (art. 8). d) Contenido y extensión temporal El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones: 1) Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso.

4 Costas y gastos procesales 56/14 2) Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste. 3) Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. 4) Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. 5) Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos. 6) Asistencia pericial gratuita en el proceso. 7) Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial. 8) Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior. 9) Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. 10) Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 de este artículo no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional (art. 6). La asistencia jurídica gratuita se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución. Se mantendrá para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia, pero si la competencia para el conocimiento de los recursos a los que se refiere el apartado anterior corresponda a un órgano jurisdiccional cuya sede se encuentre en distinta localidad, el Secretario judicial, una vez recibido el expediente judicial, requerirá a los respectivos Colegios la designación de abogado y procurador de oficio ejercientes en dicha sede jurisdiccional (art. 7). e) Procedimiento 1) Competencia: se atribuye a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, integrada en cada provincia por un miembro del Ministerio Fiscal, los Decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores, o el abogado y procurador que ellos designen, y dos miembros designados por las Administraciones públicas (general del Estado o autonómica). El funcionamiento de estas comisiones se ajustará a lo establecido en la Ley sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (arts. 9 a 11). 2) Solicitud: debe presentarla el interesado ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal, o ante el Juzgado de su domicilio, que dará traslado de la petición al Colegio de Aboga-

5 56/15 Procesal Civil José Flors Matíes dos correspondiente. A la solicitud se acompañarán los documentos que justifiquen los requisitos para la concesión del beneficio (arts. 12 a 14). 3) Designación provisional: Si de la solicitud y documentos se desprende la concurrencia de dichos requisitos, el Colegio de Abogados designará provisionalmente abogado de oficio para la defensa del interesado y lo comunicará al Colegio de Procuradores para que, en caso de ser preceptivo, proceda a la designación de procurador, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, a la que trasladará la documentación (art. 15). 4) Efectos de la solicitud sobre el curso del proceso: La regla general es que la solicitud no suspenderá el curso del proceso, pero se establecen las siguientes excepciones: 1º) Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción, ésta quedará interrumpida, siempre que dentro de los plazos establecidos en esta ley no sea posible nombrar al solicitante Abogado y de ser preceptivo, Procurador del turno de oficio que ejerciten la acción en nombre del solicitante. Cuando la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de caducidad, ésta quedará suspendida hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa, reconociendo o denegando el derecho, momento a partir del cual se reanudará el cómputo del plazo. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado por el Colegio de Abogados o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud. (art y 3). 2º) Si el pleito ya estuviere iniciado, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, el Secretario judicial, de oficio o a petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las leyes procesales. Esta suspensión afectará también al plazo de subsanación a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (art. 16.1). 3ª) Si se solicita para recurrir en apelación o casación, el cómputo del plazo para la interposición del recurso quedará suspendido hasta que se produzca el nombramiento de abogado y procurador (art. 35). 5) Resolución: Para verificar la exactitud e los datos declarados por el solicitante, la Comisión puede realizar las comprobaciones y recabar la información que estime necesarias, y en el plazo máximo de treinta días desde la recepción del expediente debe resolver sobre la solicitud, reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En caso de no resolver, el silencio será positivo y se entenderá concedido presuntivamente el beneficio (art. 17).

6 Costas y gastos procesales 56/16 El reconocimiento del derecho implica la confirmación de la designación provisional; su denegación supone dejarla sin efecto y comporta el abono de los honorarios ocasionados por la intervención de los profesionales provisionalmente designados (art. 18). La declaración errónea, falseamiento u ocultación de datos, dará lugar a la revocación del beneficio por la Camisón, incluso de oficio, lo que llevará consigo la obligación de pago de todos los honorarios devengados y demás prestaciones obtenidas (art. 19). 6) Impugnación de la resolución: La resolución de la Comisión concediendo o denegando el beneficio es impugnable por cualquiera de los que hubieran intervenido en el procedimiento ante el Juez o Tribunal que conozca del pleito o causa principal, o ante el Juez Decano, para su posterior reparto, si dicho pleito no se hubiere iniciado. Se trata de un recurso contencioso-administrativo especial atribuido al órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto o, en su defecto, al Juzgado de Primera Instancia al que haya sido turnado, que se resolverá por auto y contra el que no cabrá recurso alguno.

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