Primeras reflexiones sobre su intervención judicial en la defensa de los intereses de la Administración

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1 EL ROL DEL ABOGADO DEL ESTADO Primeras reflexiones sobre su intervención judicial en la defensa de los intereses de la Administración Dr. Sanchis Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil ransformación, Estado y Democracia 135

2 136 ransformación, Estado y Democracia

3 E l rol del abogado del Estado es de tipo complejo y es necesario abordarlo desde varias ópticas, dentro de las fronteras de su desenvolvimiento profesional, ético y moral. Sin duda que la materia jurisdiccional nos plantea una de las ópticas posibles de abordaje de las características de su tarea al servicio de la Administración, donde lo tangible es el resultado obtenido en juicio: una sentencia favorable o desfavorable. No intentará esta exposición servir de defensa a la estructura jurídica de la Administración, sino tan solo de ilustrar acerca primero- del rol que el abogado del Estado cumple; y partiendo de esa premisa luego- definir lo que entendemos por sentencia favorable o adversa, que no necesariamente involucra la noción de fallo condenatorio o absolutorio. Keuroglian (El rol socio-económico de la Justicia y la Abogacía del Estado en Columna setiembre/octubre 1991, pág.56-57) ha señalado con toda precisión que el abogado estatal así como el Estado demandado no es cualquier demandado. Tampoco él ejercita su profesión como respecto de los sujetos privados. Modestamente meditamos que esta abogacía debe mitigar las parcializaciones propias de la profesión e imbuirse de elementos rectores que más allá de la función pública, presenten ribetes de las funciones propias de un Magistrado. La fidelidad exigible a un abogado estatal no puede rayar en la obligación de hacerle defender lo que su conciencia como hombre y como profesional le hacen estimar como indefendible. Su rol, no obstante, tendrá especial fecundidad y significación para colaborar en la decisión ajustada del caso y el afianzamiento de los objetivos del organismo estatal representado, que no pueden ser otros que los compatibles con las bases fundamentales y principios rectores de la Constitución Nacional. La defensa del Estado mucho tiene que hacer entonces para allanar el conocimiento de los hechos en comunidad durante el juicio y permanecer alerta, no para negar derechos que evidentemente los demandantes pueden en justicia hacer valer, sino para moderar o retener exorbitancias en las cuantías demandadas y detectar insatisfacciones jurídicas que en realidad no son tales y que se atreven a mostrarse, afortunadamente en contados casos, con el ropaje simulado de lo proponible. Todos, y particularmente jueces, fiscales, abogados y procuradores de la Administración, tratando de alcanzar el mayor nivel de excelencia ética y ransformación, Estado y Democracia 137

4 profesional. Con el apoyo imprescindible de material bibliográfico y de repertorios jurisprudenciales integrales especializados, como también de cursos de alto nivel en Derecho Público y actividades combinadas con los institutos correspondientes, que en nuestra realidad no pueden eludir la academicidad militante y al servicio de todos los uruguayos. Esto, contando con el imprescindible apoyo de las correspondientes jerarquías, cogestarán una Justicia de Derecho Público acorde con las exigencias del país y de los sectores más pujantes para actualizar la conciencia jurídica y la realización de los derechos sin exclusiones. Francois Geny, en su Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo nos enseña que mientras que el legislador no tropieza con ningún obstáculo en la apreciación de una situación general que regula de una manera enteramente abstracta, el Juez que estatuye en vista de casos particulares y respecto de problemas absolutamente concretos debe, siguiendo el espíritu de nuestra organización moderna, y para librarse de los riesgos de la arbitrariedad, desprenderse cuanto sea posible de toda influencia personal, o proveniente de la situación particular que se le ofrece, y fundar su decisión jurídica sobre elementos de naturaleza objetiva. Por eso el trabajo que incumbe al Juez le ha parecido al autor poder calificarle: libre investigación científica; investigación libre, toda vez que aquí se sustrae a la acción propia de una autoridad positiva; investigación científica, al propio tiempo, porque no puede encontrar bases sólidas más que en los elementos objetivos que solo la ciencia puede revelar. Y lo que se ha dicho, a nuestro juicio, se aplica enteramente al abogado del Estado, porque como lo adelantó Keuroglian, ese abogado cuenta con la particularidad de ser un poco abogado, un poco fiscal y un poco juez. Pensamos que haciendo pie en ambos expositores, la única forma jurídicamente válida y racionalmente legítima de resolver la disyuntiva entre resultado favorable o adverso es apreciar globalmente toda la plataforma de nuestro ordenamiento jurídico, a partir de la propia Constitución de la República. Conforme a lo que expone Geny, interpretando su lección, el abogado del Estado debería asumir un poco el papel de juez; opinión que concuerda con la del actual Ministro del Tribunal de Apelaciones de Trabajo y multicitado, Keuroglian. Y bien. Todos sabemos que la actividad administrativa tiene una serie de particularidades que exorbitan lo que normalmente ocurre en el ámbito del Derecho Privado, desde que aquella actividad coloca al Estado en el papel de juez y de parte: es él quien regula los derechos de los administrados y es él también quien juzga tales derechos, cuando les son reclamados (Fiscalía de Gobierno de Primer Turno Dictamen N 32/93). 138 ransformación, Estado y Democracia

5 Cuando el particular recurre al juez y alega ante éste derechos que nacen o son reconocidos por la ley, el administrado que pide algo al Estado, lo pide porque éste en su actividad de legislador le da, pero también depende del Estado para su aplicación concreta. Ahora, si el propio Estado le impide a través de una defensa parcializada la efectiva consagración de esos derechos, es al propio Estado (en un Estado de derecho) que le compete, en la misma actividad, recomponerlo. La actitud del Estado, como la del abogado que lo defiende, debe ser positiva tratando de realizar el derecho y la justicia: haciendo prevalecer el buen derecho. La actitud del abogado del Estado debe ser, entonces, la misma, porque está sometido, como el Estado al que defiende, al principio de legalidad que deriva del régimen republicano democrático social, del que se espera una administración de justicia pronta y fácil, superando las oscuridades, dudas, dificultades, vicios, silencios o insuficiencias; contemplando las bases fundamentales de la nacionalidad, los derechos, deberes y garantías inherentes a la personalidad humana como también todo el contexto del sistema legal, los principios generales de derecho y el consenso de toda la comunidad jurídica de la que forma parte. Consecuentemente, y siguiendo esta línea de razonamiento, las sentencias o fallos serán favorables o adversos según se advierta o no, en sus conclusiones, la realización del derecho y la justicia. Una sentencia de condena al Estado no siempre se traduce en un resultado adverso, por cuanto en la medida que la sentencia traduzca una decisión ajustada, afianzando los objetivos del organismo estatal representado, el fallo será favorable. Cuando la defensa del Estado modera, retiene exorbitancias en las cuantías demandadas o repele propuestas contrarias a derecho, el fallo será favorable siempre. Cuando la incuria del abogado del Estado, provoca una injusta condena a la Administración, debiendo pagar lo que no debe o debiendo reconocer un derecho que no se tiene, ahí sobreviene recién el resultado adverso. La sentencia absolutoria, puede a su vez, en esta lógica jurídica, ser adversa, si fue arrancada mediando alguna transgresión a los deberes y garantías que el propio Estado debe garantizar según la Constitución. Porque tampoco quiere el Estado que sus funcionarios transgredan las expresiones del artículo 5 de Código General del Proceso, regulatorias de la buena fe y lealtad procesal. La sentencia absolutoria será favorable siempre, cuando realice los caros principios constitucionales y legales que hemos reseñado. ransformación, Estado y Democracia 139

6 León. Bocetos de dibujos 140 ransformación, Estado y Democracia

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