PREOCUPACIONES FRENTE AL PROCESO DE

Transcripción

1 PREOCUPACIONES FRENTE AL PROCESO DE LA HABANA

2 2 1. No Cárcel (artículo 60). El Gobierno ha admitido que responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad no vayan a la cárcel a condición de aceptar sus responsabilidades criminales. Para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales, restricciones de libertades, pero NO CÁRCEL, PRISIÓN NI EQUIVALEN- TE. Responsables de delitos como secuestros, carros bomba, reclutamiento de niños y violación de niñas no irán un solo día a la cárcel. El Centro Democrático ha aceptado que los guerrilleros rasos -la gran mayoría-, no sean llevados a la cárcel, sin embargo, concederle total impunidad a cerca de cien cabecillas responsables de atrocidades es mal ejemplo promotor de nuevas violencias y un elemento que quita a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la NO REPETICIÓN DE LA VIOLENCIA. Adicionalmente, el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional) exige RECLUSIÓN para los responsables de delitos de lesa humanidad, y la Convención Americana de Derechos Humanos exige sanciones severas para estos delitos, también ausentes en el acuerdo. La impunidad hace que los acuerdos de La Habana sean violatorio de la Constitución y los Tratados Internacionales de los cuales Colombia es signataria. El Gobierno no aceptó la propuesta del Centro Democrático de que la reclusión fuera entre 5 y 8 años como lo dispone la Ley de Justicia, Paz y Reparación, y en colonias agrícolas. 2. Elegibilidad política (artículo 36). El Gobierno ha aceptado abrir a los terroristas, aún a través de la asignación directa de curules, todas las posibilidades de participación en política. Contrario a lo que establece la Constitución que no permite la participación a nadie

3 3 que haya sido condenado, salvo que sea por delitos políticos. En los acuerdos de La Habana los cabecillas pasarán de ser los victimarios de una población a ser sus autoridades: congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados. El Centro Democrático ha insistido en la necesidad de excluir de la elegibilidad política a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y narcotráfico. 3. No entrega del dinero para reparar a las víctimas. El tercer grupo terrorista más rico del mundo y mayor cartel de droga no entregará el dinero para REPARAR A LAS VÍCTIMAS. El dinero, al conservarlo, les permitirá hacer política presionando al elector y comprar todas las armas para reponer aquellas que entreguen. El Fondo nacional para el fin del conflicto- Fonapaz, no tendrá un solo peso de las Farc, será por 10 años un porcentaje fijo del PIB, nunca inferior al 4% sin importar sostenibilidad ni regla fiscal. Las fuentes de recursos serán: reducción del presupuesto de seguridad y defensa del 1% y 1,5% del PIB, eliminación de exenciones tributarias a grandes capitales, nuevos impuestos a grandes capitales nacionales y extranjeros, ganaderos, latifundistas y empresarios del agro, impuesto extraordinario a empresas minero- energéticas, porcentaje del Sistema General de Regalías y de Participaciones, recursos de la comunidad internacional. (anunciado 5 de noviembre de 2015) 4. Sometimiento de civiles y Fuerzas Armadas a tribunal integrado por magistrados, escogidos indirectamente por las Farc y el Gobierno. Ciudadanos, empresarios, ganaderos, agricultores, funcionarios, dirigentes políticos, militares y policías, que se opusieron y denunciaron los crímenes del grupo narcoterrorista Farc, tendrán que reconocer un delito, incluso no cometido, para evitar el riesgo de ir a la cárcel.

4 4 4.1 Igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo (artículo 60). El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las Fuerzas Armadas. La Jurisdicción Especial para la Paz pone en las mismas circunstancias operacionales y de cadena de mando las responsabilidades de los comandantes institucionales y las de los cabecillas de las Farc. Con este acuerdo, los soldados y policías, incluidos en la teoría del contexto, quedan con el riesgo de tener que aceptar crímenes que no cometieron para no irse a la cárcel. El Centro Democrático ha presentado dos proyectos para dar alivio judicial a los soldados y policías, sin impunidad, y sin someterlos al acuerdo de justicia suscrito entre el Gobierno y la guerrilla, pero han sido negados. Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales. 4.2 Igualación de la sociedad civil con el terrorismo (artículo 60). El Gobierno ha aceptado igualar al ciudadano con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante más de 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narcoterrorista. Cualquier CIUDADANO queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a penas de hasta 20 AÑOS DE CÁRCEL. 4.3 Un tribunal con súperpoderes (artículo 48). El acuerdo de justicia transicional establece que el Tribunal Especial de Paz tendrá las facultades de revisión de todo lo actuado por la Contraloría (en lo fiscal), la Procuraduría (en lo disciplinario), la Fiscalía (acusación e investigación), las cortes (en lo penal), la Comisión de Acusaciones (en materia de procesos en contra de expresidentes y magistrados) y la Jus-

5 5 ticia Penal Militar. En últimas, le entregan todas las herramientas de juzgamiento existentes. El Tribunal para la Paz tendrá competencia disciplinaria, administrativa y penal. 5. No se excluye al narcotráfico y al secuestro como conexos del delito político (artículo 39). El Gobierno, el Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General aceptaron por anticipado que el secuestro y el narcotráfico queden impunes al considerarlos conexos al delito político. El narcotráfico, como financiador del terrorismo, no ha sido delito político, al contrario, ha sido una atrocidad continuada, nunca indultable. En este punto el acuerdo es violatorio de la Convención de Viena. Adicionalmente, se elimina la extradición (artículo 72) que ha sido una herramienta fundamental en el combate al narcotráfico. 6. Verificación de las Armas: se ha exigido la entrega de armas, lo cual está bien, pero por qué Naciones Unidas no ha verificado cuántas armas tienen las Farc para saber si las van a entregar todas? Además, con el dinero que las Farc no van a entregar, podrían volver a comprar armas. 7. Indignante validación del proceso por parte de Fidel Castro, su dictadura comunista, y la tiranía sanguinaria de Chávez y Maduro. El Centro Democrático ha rechazado que los garantes de las negociaciones sean la dictadura de los Castro y la de Venezuela, que acribilló con genocidio a centenares de familias colombianas, cerró las fronteras y persigue a la oposición democrática. 8. Facultades ilimitadas al Gobierno. Se aprobó una ley habilitante, al mejor estilo chavista que sustituye la Constitución, creando una nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y explosivos del terrorismo. El Presidente Santos, a través de decretos,

6 6 podrá modificar cualquier asunto de la agenda nacional que esté relacionado con lo que se está negociando en La Habana. 9. Acto Legislativo para la Paz rompe el ordenamiento jurídico, desconoce la Constitución y crea un golpe de Estado. Pretende que todo lo negociado en La Habana entre al Bloque de Constitucionalidad con la osadía de que sean inmodificables, esto es, violan la Constitución y tiran la llave al mar con la pretensión de impedir futuros correctivos que deberán ser introducidos. 10. Elevación de las Farc a la condición de socio del Estado, o paraestado, con el pretexto de combatir a otros criminales. El Gobierno eleva al grupo narcogterrorista a la categoría de asociado para luchar contra las Bacrim, contra los residuos del paramilitarismo, contra los eventuales opositores al proceso de paz y contra la corrupción. O sea que el Gobierno se asocia con los criminales de las Farc para luchar contra otros criminales (Bacrim, residuos del paramilitarismo, pero no mencionan al Eln) y corruptos. Con esto, el Estado está elevando el grupo terrorista Farc a la condición de paraestado, o como se conoce de grupo paramilitar. Es un precedente muy grave para la democracia. 11. Acuerdo del campo atenta la seguridad jurídica y la iniciativa privada. El Gobierno acordó con las Farc un fondo de tierras, cuyo tamaño está por definir aún, para distribuirla a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Dentro de las fuentes llamadas a nutrir dicho Fondo, se contempla la expropiación administrativa del dominio por inobservancia de las normas ambientales y la función social y la expropiación judicial con indemnización, lo cual abre la puerta para que los legítimos pro-

7 7 pietarios sean despojados. Adicionalmente, el Acuerdo al establecer la ineliabilidad e inembargabilidad de las tierras distribuidas, afecta de manera grave cualquier iniciativa privada en el campo. 12. Milicias de las Farc. Hasta ahora en los acuerdos no hay claridad sobre la desmovilización de las estructuras de milicias de las Farc que equivalen a casi el doble de la estructura de guerrilleros en armas. Esto se suma al anuncio de varios frentes que no se desmovilizarán y a la prerocupación por una serie de entidades que se anuncian se conformarán para, por ejemplo, garantizar la seguridad de los desmovilizados y donde estarán miembros de las Farc, ya con armas legitimas dotadas por el propio Estado. 13. Colombia requiere una paz estable, con justicia de verdad, con una refrendación reflexiva, con las reglas vigentes, y no un plebiscito dictatorial y tramposo. Primero, el Presidente Santos habló de refrendación y cambió las reglas legales para poderlo hacer coincidir con otra elección. Como se dio cuenta que no le servía por el umbral del 25 por ciento del censo electoral y porque debía haber una pregunta por cada tema, desechó la idea afirmando que era un suicidio político. Después, decidió utilizar el plebiscito, con una sola pregunta reduciendo el umbral del 50 al 13 por ciento. Hoy enfrentamos el derroche publicitario por el sí con los recursos de la Nación, la negación de financiación oficial para el No, la imposibilidad de votar en blanco o abstención, el chantaje con el presupuesto a alcaldes y gobernadores para que hagan campaña por el sí, la amenaza del Gobierno con guerra urbana y alza de impuestos sino se vota a favor el plebiscito y un proceso de votación con las Farc aún armadas.

8 QUÉ PROPONEMOS? Todos queremos la paz, pero NO queremos impunidad. Votar No en el plebiscito es la única manera de que tengamos una paz verdadera. VOTAR NO EN EL PLEBISCITO SIGNIFICA: Mantener la mesa de La Habana Reorientar los diálogos Darle garantías a la Nación entera y a las Farc. Que las Farc se concentren en un sitio cumpliendo la promesa de cesar el delito y rodeada de garantías y seguridad. Que la Nación pueda dedicarse a trabajar, a producir, a generar empleo de calidad y a superar tantas dificultades Por Colombia, por el presente y el futuro de las familias, VOTAMOS NO EN EL PLEBISCITO