Lima, primero de abril. Del año dos mil ocho.

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1 Lima, primero de abril Del año dos mil ocho. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número mil setecientos seis dos mil siete, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la Compañía Gamafa Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante escrito de fojas ciento treinta y nueve, contra el auto de vista emitido por la Primera Sala Subespecializada Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento veintisiete, su fecha quince de diciembre del año dos mil seis, que confirma la resolución apelada de fojas noventa y seis, que declaró infundadas las contradicciones propuestas, infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva e infundada la tacha formulada, y en consecuencia, ordena proceder al remate del bien dado en garantía, con lo demás que contiene; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha diez de agosto del año dos mil siete, por la causal prevista en el inciso segundo del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual la recurrente denuncia la inaplicación del artículo ciento sesenta y seis del Código Civil, concordante con los artículos doscientos veintiuno inciso cuarto y mil ochocientos nueve del Código Civil, toda vez que la recurrida ha considerado que las facultades genéricas otorgadas al representante para celebrar la hipoteca comprenden tácitamente la facultad para contratar consigo mismo, pero ha olvidado que la ley distingue ambas situaciones, pues no es lo mismo tener la facultad de hipotecar a nombre de otro, cuando se contrata con terceros, que contratar consigo mismo, para lo cual la autorización debe ser expresa, más aún si los artículos ciento noventa y doscientos ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades señalan que el gerente responde frente a la sociedad por los daños que ocasione por el abuso de sus facultades, así como por el empleo de recursos sociales en negocios distintos al objeto de la sociedad. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el contrato de hipoteca fue celebrado el día diecisiete de diciembre del año dos mil tres, fue inscrito el cinco de enero del año dos mil cuatro, y la demanda de ejecución de garantía es interpuesta el tres de febrero del año dos mil cinco, lo que es importante resaltar, pues a la fecha de interposición de la demanda se encontraba vigente el plazo de anulabilidad, por lo que tampoco se ha aplicado el artículo dos mil uno inciso cuarto del Código Civil; y, CONSIDERANDO: Primero. Que, en autos aparece que la contradicción formulada por la garante, Compañía Gamafa Sociedad de Responsabilidad Limitada, se sustenta en el hecho de que los representantes que suscribieron de la Escritura Pública de Mutuo con Garantía Hipotecaria, Ricardo Gerónimo Maraví Segura y Mariella Esther Yllanes Segura, no estaban facultados para contratar consigo mismos, esto es, para celebrar un mutuo a su favor garantizándose a sí mismos con los bienes de su representada, pues para ello requerían de facultades especiales que no les fueron conferidas, por lo que el título de ejecución adolece de nulidad; Segundo. Que, las instancias de mérito han establecido como probado que el señor Ricardo Gerónimo Maraví Segura, Gerente General de la Compañía Gamafa Sociedad de Responsabilidad Limitada, contaba con facultad expresa para celebrar hipotecas, sin restricción o limitación alguna, bastando para ello que su firma concurra con la de cualquiera de los socios, según aparece a fojas cincuenta y cuatro; y en este caso, la socia Mariella Esther Yllanes Segura intervino en la celebración del acto jurídico cuestionado por lo que,

2 formalmente, éste no adolece de nulidad y sirve de título válido para la ejecución; precisándose que en esta clase de pr ocesos cualquier cuestionamiento al título de ejecución debe ser formal y no de fondo, y en tanto no se discuta en vía de acción la nulidad o anulabilidad del acto jurídico, éste conserva su eficacia; Tercero. Que, la causal de inaplicación de normas materiales se configura cuando concurren los siguientes supuestos: I. el Juez, por medio de una valoración conjunta y razonada de las pruebas, establece como probados ciertos hechos alegados por las partes y relevantes del litigio; II. que estos hechos guardan relación de identidad con determinados supuestos fácticos de una norma jurídica material; III. que no obstante esta relación de identidad (pertinencia de la norma), el Juez no aplica esta norma (específicamente, la consecuencia jurídica) sino otra distinta, resolviendo el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, lesionando el valor de justicia; Cuarto. Que, previo a absolver la materia del recurso de casación, es necesario precisar lo siguiente: i) entre las causales que reconoce el artículo setecientos veintidós del Código Procesal Civil para sustentar la contradicción al mandato de ejecución se encuentra la referida a la nulidad formal del título, la que se formula cuando el título de ejecución (conformado por el documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor), adolece de alguna formalidad que afecta su validez; ii) particularmente, cuando se cuestiona la formalidad del documento que contiene la garantía (prenda, hipoteca, anticresis, etc.), es necesario remitirnos a los requisitos de validez previstos en el Código Civil o en las leyes especiales para su constitución; para el caso de la hipoteca, debe corroborarse si ésta cumple con los requisitos para su validez contemplados en los artículos mil noventa y siete y mil noventa y nueve del acotado Código Civil, como son: a) que se afecte un inmueble en garantía de una obligación, sea propia o de un tercero; b) que quien afecte el bien sea el propietario o un tercero autorizado para ese efecto (v.g. un representante); c) que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable; d) que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable; y e) que se haya inscrito en el registro de la propiedad inmueble; iii) en tal sentido, cualquier otro cuestionamiento al documento que contiene la garantía no previsto expresamente en estos articulados, constituye argumento propio para una revisión sobre el fondo que no cabe ser debatido ni analizado en un proceso de ejecución de garantía hipotecaria, sino en una vía más lata, en la que puedan actuarse las pruebas destinadas para tal fin; Quinto. Que, el artículo ciento sesenta y seis del Código Civil contiene uno de los supuestos de anulabilidad del acto jurídico, según el cual es anulable el acto jurídico que el representante concluya consigo mismo, actuando en nombre propio o como representante de otro, a menos que la ley lo permita, que el representado lo hubiese autorizado específicamente, o que el contenido del acto jurídico hubiera sido determinado de modo que excluya la posibilidad de un conflicto de intereses, reservándose el ejercicio de la acción únicamente al representado. En esta clase de acto jurídico las dos partes de la relación jurídica resultan siendo la misma persona, sea porque ésta interviene actuando como parte interesada y, a la vez, como representante de la otra (representación simple), o porque interviene como representante de ambas partes (representación doble) (Cfr.: Torres Vásquez, Aníbal. Acto Jurídico. Primera edición, Lima, IDEMSA, dos mil uno, página trescientos ochenta y uno), de tal forma que el acto celebrado por el apoderado no es uno que relacione al representado con un tercero, sino que es uno que lo vincula con el mismo representante, pues finalmente estaría celebrando un acto entre su representado y su persona (Cfr.: Beltrán Pacheco, Jorge. Acto jurídico consigo mismo. En: Código Civil comentado p or los cien mejores

3 especialistas; Tomo I. Lima, Gaceta Jurídica, dos mil tres; páginas setecientos veintinueve y setecientos treinta). En tanto la celebración del acto jurídico no implique un perjuicio al interés del poderdante, el acto no tiene porque ser nulo sino únicamente será anulable; Sexto. Que, en el caso concreto, se está cuestionando la validez del título de ejecución en lo atinente al documento que contiene la garantía, por presuntamente encontrarse incurso en la causal de anulabilidad prevista en el artículo ciento sesenta y seis del Código Civil, ya que el representante de la Compañía Gamafa Sociedad de Responsabilidad Limitada habría celebrado la garantía hipotecaria para beneficiarse a sí mismo. Como puede advertirse, la ejecutada no invoca como argumento de su contradicción la ausencia de alguna de las formalidades para la validez de la hipoteca previstas en los artículos mil noventa y siete y mil noventa y nueve del Código Civil, sino un cuestionamiento que incide en la validez sustancial del acto jurídico, el cual por lo demás, no se sanciona con nulidad sino con anulabilidad, pues nuestro ordenamiento jurídico permite su existencia en tres casos específicos: cuando la ley lo permita, cuando el representado lo hubiese autorizado específicamente, o cuando el contenido del acto jurídico hubiera sido determinado de modo que excluya la posibilidad de un conflicto de intereses, supuestos todos cuya configuración no cabe ser merituada en este proceso por no estar destinada la actividad probatoria a tal fin; Sétimo. Que, por lo demás, teniendo en cuenta que la hipoteca (cuya nulidad formal se cuestiona), es la que constituye el propietario del inmueble a favor de un acreedor determinado, sea por deudas propias o de un tercero, no se verifica en el caso concreto que los representantes de la compañía ejecutada hubieran celebrado el citado acto jurídico consigo mismos, desde que no intervienen actuando a la vez como acreedores y garantes, sino sólo como representantes de esta última parte, pues el acreedor es el señor Richard Wilfredo Rondón Trujillo; en tal sentido, se concluye que la norma citada resulta impertinente para dilucidar la presente controversia, pues los demandados Ricardo Gerónimo Maraví Segura y Mariella Esther Yllanes Segura sólo intervienen representando a una de las partes que integran la relación jurídica hipotecaria, siendo la otra parte una persona distinta a ellos; Octavo. Que, cabe recordar a la recurrente que de conformidad con el artículo doscientos veintidós del Código Civil la anulabilidad de un acto jurídico sólo se declara mediante sentencia firme y a petición de la parte a cuyo beneficio lo establece la ley, y ello porque los actos anulables pueden ser materia de confirmación por el presunto perjudicado cuando advierte que no agravia sus intereses; en consecuencia, en tanto no se haya declarado judicialmente y en proceso aparte la anulabilidad del documento que contiene la garantía, aquél surte sus efectos plenos en este proceso; razón por la cual no cabe pronunciarse sobre la incidencia en la presente causa de lo normado en los artículos ciento noventa y doscientos ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades y en los artículos doscientos veintiuno inciso cuarto, mil ochocientos nueve y dos mil uno inciso cuarto del Código Civil; Noveno. Que, siendo así, al no configurarse la causal material alegada el recurso de casación debe desestimarse, conforme a lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y siete, trescientos noventa y ocho y trescientos noventa y nueve del Código Procesal Civil; RESOLUCION: declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Compañía Gamafa Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante escrito de fojas ciento treinta y nueve; en consecuencia, NO CASARON el auto de vista de fojas ciento veintisiete, su fecha quince de diciembre del año dos mil seis; CONDENARON a la parte recurrente al pago de las costas y costos originados por la tramit ación del presente recurso, así como al pago de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario

4 Oficial El Peruano ; en los seguidos por Richard Wilfredo Rondón Trujillo contra la Compañía Gamafa Sociedad de Responsabilidad Limitada y Otros; sobre ejecución de garantía hipotecaria; y los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Ticona Postigo. SS. TICONA POSTIGO SOLÍS ESPINOZA PALOMINO GARCÍA CASTAÑEDA SERRANO MIRANDA MOLINA cbs Corte Suprema de Justicia de la República Sala Civil Transitoria CASACIÓN LIMA EJECUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA PAGE

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