INFORME SOBRE SITUACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CASAS DE ACOGIDA

Transcripción

1 INFORME SOBRE SITUACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CASAS DE ACOGIDA Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Desde el inicio de la presente gestión, la Defensoría del Pueblo ha identificado y denunciado permanentemente, que la situación de los derechos humanos de la infancia, niñez y adolescencia, especialmente aquellos referidos a la vida, la integridad, la seguridad y la protección, constituyen uno de los ámbitos de mayor preocupación institucional, debido a los niveles sostenidos de violencia física, sexual y sicológica, el abandono y la explotación que sufren muchas de ellas y ellos desde su más tierna infancia. El reporte consolidado de los casos conocidos por nuestra institución y por la opinión pública, correspondientes a la gestión 2014, sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes, muestra que el año pasado se registraron al menos 73 infanticidios; de estos, 60 corresponden a muertes de infantes de 0 a 5 años; y 13 casos corresponden a menores entre 6 y 13 años. Del total de los casos, ocho fueron violaciones sexuales seguidas de muerte. Los datos sobre violencia sexual registraron 326 casos, 141 corresponden a menores de entre 0 a 12 años; y conocimos 185 casos de adolescentes entre 13 y 17 años, que fueron víctimas de violación, tentativa de violación o prostitución. Casi la totalidad de las víctimas de violencia sexual son mujeres, excepto 33 casos en que fueron niños menores de 12 años y adolescentes varones. La violencia contra infantes, niñas, niños y adolescentes es un mal endémico de la sociedad boliviana y se inicia prácticamente desde su nacimiento y en

2 su propio hogar para continuar luego en la escuela, el barrio, la comunidad, etc. Aunque es transversal, la violencia la reciben con mayor rigor, crueldad y recurrencia las niñas y adolescentes mujeres, que en muchos casos son víctimas de violencia sostenida por parte de padres, madres, hermanos, familiares, vecinos, compañeros de colegios o los grupos criminales organizados a través de la trata y tráfico de personas. Esta preocupación de denuncia permanente, no son únicamente preocupación de la Defensoría del Pueblo. De hecho, varias organizaciones, instituciones y medios de comunicación han expresado públicamente y en muchas oportunidades, la gravedad de esta situación y muchos países la han señalado de manera explícita durante el Examen Periódico Universal sobre derechos humanos que el Estado Plurinacional de Bolivia rindió hace algunos meses en las Naciones Unidas. En relación a los casos de maltrato, abandono y ausencia de protección, hemos identificado la vulnerabilidad, precariedad y en muchos casos, el alto riego en que viven muchas infantes, niñas, niños y adolescentes institucionalizados, es decir aquellas y aquellos que por razones ajenas a su voluntad y condición, se encuentran de manera provisional o permanente, viviendo bajo responsabilidad y cuidado de instituciones del Estado o privadas. Entre éstas se encuentran las casas de acogida, los hospitales, los centros penitenciarios de adultos y los que acogen a las y los adolescentes en conflicto con la Ley, y las guarderías. Hace unos días hemos pedido a la Ministra de Salud que intervenga en las unidades de neonatología de los hospitales públicos y de la Caja Nacional de Salud, luego de recibir denuncias recurrentes de varios departamentos donde las y los infantes nacidos con problemas y que deben ser atendidos en estas unidades, no son atendidos adecuadamente por carencia de equipos, materiales, espacios suficientes o personal médico. Y lo grave de esta situación es que se han denunciado fallecimientos de infantes por esta causa. Pero también sabemos de la situación de gravedad en que se encuentran niñas y niños en unidades de quemados y de aquellas y aquellos que padecen enfermedades terminales o incluso crónicas y que precisan ser internados de manera prolongada o permanente. Al respecto he instruido la realización de

3 verificaciones en todo el país para evidenciar y conocer con datos nacionales las cifras y datos de esta realidad que resulta tan evidente que la conocemos a diario. Las casas de acogida Aunque no hay datos oficiales completos sobre el tema, las cifras disponibles nos señalan que en Bolivia hay aproximadamente niñas, niños y adolescentes que se encuentran en Casas de Acogida, tanto públicas como privadas en todo el país. Nuestra verificación defensorial realizada en la ciudad de La Paz a 17 de estos centros en agosto de 2014, indicaba que el 26% habían sido internadas e internados por maltrato físico y sicológico y 35% por abandono e irresponsabilidad paterna y/o materna. Del total, el 56% tenían entre 0 y 12 años. En 2012, el propio Ministerio de Justicia realizó un diagnóstico exhaustivo del tema que identificó 76 centros de acogida para niños y niñas en todo el país, concluyendo que todos presentan alguna irregularidad. Según este estudio, las personas encargadas de atender a esta población reciben remuneraciones económicas bajas en comparación a la elevada carga laboral, observándose en casos extremos que una educadora tiene a su cargo a 60 niños, niñas o adolescentes. Muchas de las niñas y niños que viven en casas de acogida tienen padres o madres que no pueden hacerse cargo de ellos y ellas por diversas situaciones como enfermedad, privación de libertad o pobreza; otros han sido enviados allí porque sufren violencia en sus casas, tienen padres alcohólicos o drogadictos o simplemente han sido abandonados y abandonadas. En algunos casos llegan con enfermedades graves, malformaciones o secuelas de violencia física y sexual. En agosto del pasado año, la Defensoría del Pueblo inició la verificación e investigación sobre la situación en que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en los centros de acogida, tanto públicos como privados, donde también evidenciamos una serie de hechos que vulneran de manera sostenida y recurrente los derechos de esta población.

4 Estos hechos han sido denunciados y gestionados ante las instancias permanentes que en muchos casos has tomado acciones para subsanarlos, sin embargo, el problema es de tal magnitud y las condiciones en que se encuentran estas instituciones es tan precaria en términos de recursos, ausencia de políticas especiales, falta de personal especializado y abandono, que solo se aplican medidas coyunturales mínimas e insuficientes y el problema continúa. El año pasado, por ejemplo, nuestra Representación Departamental de Tarija, atendió cuatro denuncias graves ocurridas en casas de acogida que involucraban desde la autorización de los responsables para que se aplique hasta siete tipos de castigos inhumanos contra niñas, niños y adolescentes que cometieran faltas disciplinarias, o que se referían al encierro de adolescente infractores en espacios convertidos en calabozos. En La Paz, entre las gestiones 2012 y 2013, hemos conocido de cuatro fallecimientos de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en casas de acogida, uno de ellos aparentemente por suicido. Además una autoridad de la Defensoría de la Niñez de La Paz señaló hace poco que se conocieron cuatro denuncias de violación en hogares de niños. Casos de violencia física e incluso violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en estos lugares, cometidos por otros adolescentes que viven allí han sido reportados en La Paz y Chuquisaca. Todos los hechos señalados han sido de conocimiento de las autoridades y en muchos casos de la opinión pública debido a la información que se difundió en los medios, sin embargo la ausencia de mecanismos de seguimiento, vigilancia y control desde el Estado que es el responsable de su bienestar y protección y la tendencia social a la invisibilización y el olvido voluntario, hacen que la situación no sufra cambios sustanciales o que se retorne a los mecanismos y conductas vulneratorias cuando dejan de ser temas de la agenda mediática. El Hogar Fátima y el caso Alexander Como es de conocimiento público, el 13 de noviembre de 2014 falleció el niño Oscar Alexander Choque Villanueva de ocho meses de edad en el Hospital Juan XXIII, quien se encontraba acogido en el Hogar Virgen de Fátima con el antecedente de abandono por parte de sus progenitores.

5 El referido infante, juntamente con otros ocho niños se encontraba al cuidado de una educadora del hogar de 18 años. Este hecho ha evidenciado graves vulneraciones a los derechos humanos del bebé Alexander tan claras y contundentes que deberían procesarse y sancionarse con la más absoluta celeridad, sin embargo han desnudado una vez más la absoluta precariedad y ausencia de políticas que adolece el sistema de institucionalización de niñas, niños y adolescentes en Bolivia y que se reflejan de manera más dramática en los centros de acogida dependientes del Estado. Las circunstancias, causa y responsables de la muerte de Alexander, se encuentran en proceso de investigación en el Ministerio Público desde el 13 de noviembre pasado, y aunque no es nuestra competencia, por mandato legal, intervenir en asuntos que se ventilan en la justicia, consideramos que la forma en que se desarrollar el proceso de investigación, las actuaciones del Ministerio Público y la politización que se incorporó a este caso, están conllevando el riesgo que se repita lo ocurrido con la niña Patricia Flores, donde la deficiente investigación generó que la justicia tardara casi 15 años en dictar sentencia. Sin embargo, dentro de nuestro mandato constitucional, dispuse de manera inmediata que se realizara una verificación y se elaborara un informe defensorial relativo a este caso, a partir de una investigación directa y la recopilación de información y datos de las instituciones y personas relacionadas con el tema. Hasta la fecha alguna información solicitada a oficinas dependientes de la Gobernación del Departamento nos ha sido negada aduciendo la reserva del caso y en flagrante vulneración a la Constitución Política del Estado y la Ley La investigación que instruí abarcaba las denuncias que recibimos de otros casos ocurridos en el propio Hogar Virgen de Fátima, donde se encontraba interno el bebé Alexander y de otros centros de acogida en La Paz; casos que por su gravedad exigían una investigación especial. Estos casos se referían al caso de una niña de nueve años que al momento de su atención médica presentaba lesiones en todo su cuerpo, desnutrición aguda severa, varias cicatrices antiguas en el cuerpo y fracturas múltiples ya consolidadas en varias partes del cuerpo como las clavículas, costillas y extremidades inferiores, de acuerdo al reporte médico. La referida menor, que antes estuvo internada en el Hogar Fátima, fue dada en adopción por una jueza de

6 El Alto y fue en esta condición en que aparentemente continuaron los hechos de maltrato que la condujeron a la situación descrita. Asimismo, se han investigado otros dos hechos de maltrato y violencia ocurridos aparentemente en el propio Hogar Virgen de Fátima, lo que parecería señalar que al interior de esta casa de acogida, la situación de vulneración y de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes internos era recurrente y sistemática. En relación a este informe, estamos remitiéndolo a las autoridades respectivas para su conocimiento y procesamiento y haremos el seguimiento que nos compete a su aplicación. Sin embargo, me permito omitir los detalles hasta que el mismo sea entregado oficialmente debido a la investigación que se encuentra en curso y a que se involucra a menores de edad en estos casos. En relación a las conclusiones del referido informe, nuestra institución, luego de la investigación realizada concluye que: 1. Qué, en el tratamiento, atención y cuidado de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las casas de acogida, si bien la normativa prevé de forma clara los derechos que las asisten y la prioridad en la atención de la misma, en los hechos se evidencia inacción, frente a los múltiples hechos que traducen conductas vulneradoras de sus derechos y como consecuencia de ello no generan sanciones para los agentes involucrados en la comisión de estos hechos y mucho menos procedimientos y protocolos para la restitución de los derechos vulnerados de esta población. 2. Qué, las instancias técnicas departamentales y municipales como son el Servicio Departamental de Gestión Social y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, que tienen la función esencial de materializar mediante sus acciones y procedimientos los derechos de las NNA, no solo que carecen de asignaciones presupuestarias adecuadas para el desarrollo de sus servicios sino que no cuentan con políticas y planes adecuados, personal capacitado y suficiente ni con las condiciones necesarias para atender las necesidades especiales de las niñas, niños y adolescentes que son remitidos a las casas de acogida.

7 3. En el caso de la niña de 9 años incluida en esta investigación, por la información levantada en el proceso de investigación se puede establecer que si bien se dio la atención por las instancias médicas que apuntaron a la restitución de su derecho salud, no se puede decir lo mismo de la instancia judicial y de supervisión, no solo cuando se encontraba en el Hogar Virgen de Fátima sino también en cuanto al procedimiento mismo de su adopción y seguimiento, pues si consideramos el Informe Médico emitido por el Hospital del Niño, está claramente acreditado que esta niña atravesó un estado denominado Síndrome de Niño Maltratado, que conlleva implícito un maltrato psicológico que deberá merecer una atención especializada. 4. En cuanto al procedimiento de Adopción de esta menor, llama la atención que los informes bio-psico-sociales emitidos por el SEDEGES sean determinantes para el asentimiento definitivo de la adopción, lineamiento que deja de tener esa misma trascendencia después, cuando el seguimiento se realiza periódicamente en fechas concretamente señaladas en la resolución judicial. Por otra parte, se evidencia un seguimiento inadecuado a la situación de la menor una vez dada en adopción, lo que genera que la situación de abandono en que se encontraba antes de ser adoptada pueda continuar generando la situación que originó su internación. 5. En el caso del bebé Alexander, se ha establecido que la atención proporcionada por cada uno de los servidores públicos que tuvieron contacto no fue oportuna ni mucho menos prioritaria, ya que los médicos del Hospital del Niño lo reanimaron pero aparentemente fue la decisión adoptada de transferirlo al Hospital Juan XXIII lo que conllevó a la muerte del niño, es decir que no se ha brindado la atención oportuna e inmediata, así como no se ha brindado el espacio adecuado para su recuperación. 6. El Hogar Virgen de Fátima a la fecha carece de un manual de funciones específico respecto a cada una de las tareas que los servidores públicos deben desarrollar como parte de sus actividades cotidianas que no solo permitían brindar seguridad en la atención de las niña y niños ingresados sino garantizar una efectiva administración y atención a las

8 niñas y niños acogidos, y la responsabilidad de los funcionarios. Al presente solo rigen sus actividades de acuerdo al Reglamento Interno de Personal de la Gobernación del Departamento y el Manual de Organización Y Funciones del SEDEGES que no pueden ser instrumentos válidos y aplicables al interés superior del niño en circunstancias de acogimiento. 6. RECOMENDACIONES PRIMERA. Recomendar a la Gobernación del Departamento de La Paz: a) Asumir acciones urgentes para que se inicien procesos de institucionalización de personal de todos los centros de acogida, sean estos de administración directa, delegada y por convenio, con un nivel salarial de acuerdo a la responsabilidad que amerita el cargo. b) Asumir acciones para la asignación presupuestaria adecuada para el buen funcionamiento de los diferentes hogares bajo la dependencia del Servicio Departamental de Gestión Social. c) Asumir acciones inmediatas para la investigación sobre denuncias de maltrato presentadas ante esa instancia para determinar responsabilidades y en virtud del informe elevado por la interventora. d) Iniciar las acciones investigativas contra los funcionarios que hubieran tenido conocimiento de las denuncias de maltrato y violencia hacia las niñas y niños del Hogar Virgen de Fátima u otros hogares y no las procesaron adecuadamente y en su oportunidad. e) Iniciar las acciones investigativas contra la señora Cristina Rojas, ex Directora del Servicio Departamental de Gestión Social, para establecer responsabilidades sobre las denuncias presentadas en su gestión. SEGUNDA: Recomendar a la Fiscalía del Departamento de La Paz para que los procesos investigativos que se llevan en los casos del niño Oscar Alexander Choque Villanueva y los otros casos señalados en el informe, a cargo de la Comisión de Fiscales conformada, sean transparentes y concluidos dentro de los plazos legales establecidos, sin demoras injustificadas.

9 TERCERA. Recomendar a la Asamblea Legislativa Departamental La Paz sobre la obligación que tienen de fiscalizar y supervisar el trabajo del Ejecutivo Departamental y desarrollar la normativa que permita institucionalizar el sistema de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en coordinación con las instituciones involucradas en el tema, así como promover la reglamentación de la administración de los diferentes hogares. CUARTA: Recomendar a los Gobiernos Autónomos Municipales de las ciudades de El Alto y La Paz instruir de manera inmediata a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de su dependencia, cumplir con la obligación de realizar el seguimiento permanente al caso de niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento. QUINTA: Recomendar al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz: Adoptar medidas administrativas oportunas para que los Juzgados de la Niñez y Adolescencia implementen mecanismos de seguimiento permanentes de las NNA en acogimiento y post adoptivo velando por la integridad física y psicológica de esta población en cumplimiento de la normativa desarrollada. Instruir a los Jueces que conoce los casos referidos en este informe, priorizar y evitar dilaciones injustificadas, para que los mismos concluyan dentro de los plazos previstos por la normativa procesal penal. Finalmente quiero señalar que, en atención a que hemos priorizado en esta gestión la atención de casos que implican vulneración de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, hemos dispuesto la aplicación de una serie de acciones que tienen que ver con la niñez y adolescencia institucionalizada y la gestión local de políticas públicas. Sin embargo, debemos ser claros al señalar que cualquier acción que se emprenda con este propósito no puede ser efectiva sin el concurso de las instituciones del Estado, responsables de su aplicación, ni de la sociedad en su conjunto.

10