Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 10 Jun. 2009, rec.

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1 Página 1 de 5 Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 10 Jun. 2009, rec. 268/2007 Nº de Sentencia: 505/2009 Nº de Recurso: 268/2007 Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA LA LEY 93351/2009 FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Confirmación de la resolución por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del recurrente. El hecho de que la condena de inhabilitación impuesta lo haya sido por el tiempo de dos años no significa otra cosa que, además de la pérdida de la condición de funcionario, que el interesado carecerá de aptitud para volver a conseguirla por el tiempo de la condena. La interpretación del recurrente lo que hace es confundir el significado de la pena de inhabilitación especial que le ha sido impuesta, con la de suspensión de cargo público, profesión y oficio, que no supone la pérdida de la condición, sino la mera suspensión de su ejercicio y de los derechos inherentes a la misma durante el tiempo de la condena. El TSJ Castilla y León desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, confirmando la resolución por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del recurrente. Texto T.S.J.GALICIA CON/AD SEC.1 A CORUÑA SENTENCIA: 00505/2009 PONENTE: D. PEDRO J. FERNANDEZ DOTÚ RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 268/2007 RECURRENTE: Íñigo ADMINISTRACION DEMANDADA: CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA EN NOMBRE DEL REY La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha pronunciado la SENTENCIA Ilmos./as. Sres./as. D./Dª FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.- Pte.

2 Página 2 de 5 MARIA DOLORES GALINDO GIL PEDRO J. FERNANDEZ DOTÚ En el recurso contencioso-administrativo que, con el número 268/2007, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por D. Íñigo, representado por el procurador D. JULIO LOPEZ VALCARCEL, dirigido por la letrada Dª MARIA CONCEPCION APORTA ESTEVEZ, contra RESOLUCIÓN 13/04/07 CONSELLERIA EDUCACION Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DESESTIMATORIA RECURSO REPOSICIÓN CONTRA ORDEN DE 18/12/06 SOBRE PÉRDIDA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO. Es parte la Administración demandada la CONSELLERIA DE EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA, representada por el LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA. Es ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO J. FERNANDEZ DOTÚ. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, en síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se dictase sentencia por la que se declare no conforme a Derecho la resolución que se recurre, por la que se desestima el recurso de reposición planteado contra la resolución de fecha 18 de diciembre de 2006, por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del recurrente, y se ajuste la resolución administrativa a la condena impuesta al recurrente, de inhabilitación durante el plazo de dos años, sin perjuicio del derecho del mismo a solicitar la rehabilitación, una vez concluido el periodo, indicando la fecha en la que puede solicitar la rehabilitación, u obtenido el indulto solicitado; con expresa condena en costas. SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la contestación de la demanda. TERCERO.- No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver. CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo indeterminada, inferior a euros. FUNDAMENTOS JURIDICOS PRIMERO.- Fundamenta, la parte actora, el "suplico" de su demanda, consistente en que, con estimación de la misma se declare no conforme a Derecho la resolución de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, de fecha 13 de abril de 2007, por la que se desestima el recurso en su día interpuesto contra la resolución de 18 de diciembre de 2006, por la que se declara su pérdida de la condición de funcionario;y que se ajuste la resolución administrativa a la condena que le ha sido impuesta que fue la de inhabilitación durante el plazo de dos años, sin perjuicio del derecho del mismo a solicitar la rehabilitación, una vez concluido dicho período u obtenido el indulto solicitado, argumentando que el interesado ha venido prestando servicio como funcionario en distintos destinos desde el 19 de noviembre de 1979 hasta el 23 de octubre de Que el cese como funcionario se apoya en la sentencia del Juzgado de lo Penal Núm.4 de A Coruña, de 19 de septiembre de Argumenta a su favor el contenido del artículo 37 del Decreto 315/1964, y toda vez que la condena de inhabilitación ha sido por dos años y que no ha existido procedimiento sancionador alguno que haya acordado su cese instruido conforme a

3 Página 3 de 5 las previsiones del RD 33/1986 ó RD 1398/1993, de 4 agosto. Que la condena penal no lleva aparejada la pérdida de la condición de funcionario, sino la inhabilitación para el ejercicio de su profesión por dos años. A dicho recurso se opone el Letrado de la Xunta de Galicia que, frente a la argumentación esgrimida por la parte actora opone que se da como causa de inadmisibilidad del recurso el que el mismo se formula contra un acto de la Administración autonómica que no es sino confirmación de la pérdida de la condición de funcionario establecida por Orden Ministerial de 27 de diciembre de 2006, que no fue recurrida, y así se hace constar en la resolución impugnada. Por tanto, la expedición de la diligencia de cese, aunque notificada al interesado como tiene que ser, opera como acto de trámite o preparatorio de la Orden de la Administración estatal que declara si procede, la pérdida de la condición de funcionario, por lo se estima que nos encontramos ante un acto no susceptible de impugnación (art y 69 c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Que, en cuanto al fondo, el citado cese o pérdida de la condición de funcionario no es sino un mero efecto de la condena penal, que no precisa de la incoación de expediente disciplinario y que deriva de lo previsto al respecto en el art apartado segundo del TR de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996. SEGUNDO.- No cabe admitir el motivo de inadmisibilidad opuesto por el Letrado de la Xunta, pues, con independencia de que se haya recurrido o no por el interesado la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 2006, la diligencia de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, de 18 de diciembre de 2006, que sí es objeto de recurso, constituye un acto administrativo independiente, aunque presuponga la anterior, siendo ambos consecuencia o efecto en el ámbito administrativo de la condena penal recaída en el seno del Procedimiento Abreviado núm. 449/2004, fallado por el Juzgado de lo Penal Núm.4 de A Coruña, cuya sentencia, de fecha 19 de septiembre de 2005, fue confirmada en apelación por nueva sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, de 5 de junio de Que ello es así, deriva de la mera lectura del contenido de dicha diligencia que, presuponiendo la pérdida de la condición de funcionario por el hoy recurrente, a consecuencia de la imposición de la pena de inhabilitación especial a que fue condenado, conforme a lo previsto en el art. 37 del TR de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, acuerda, de modo inmediato, el cese del mismo en cualquier puesto que viniera ocupando, con efectos económicos y administrativos de la fecha de dicha resolución. TERCERO.- En cuanto al fondo del asunto, ciertamente debe tenerse en cuenta que el art del Decreto 315/1964 antes citado, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, prevé como causa de pérdida de la condición de funcionario el que recaiga pena principal o accesoria de inhabilitación especial para el cargo público de que se trate. Y en tal sentido, debe tenerse en cuenta que la pérdida de la condición y cese en el puesto se produce como un efecto o consecuencia de la pena de inhabilitación impuesta como principal o accesoria, sin que consecuentemente pueda considerarse como una sanción administrativa que exija la previa instrucción de un expediente de carácter disciplinario. Y ello además, deriva del propio contenido del art. 42 del Código Penal Común, en la redacción dada al mismo por LO 15/2003, de 25 de noviembre, que claramente establece que la pena de inhabilitación especial de empleo o cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayese, aunque sea electivo. Así se han pronunciado numerosas sentencias de distintos Tribunales Superiores de Justicia, amén de la propia Sala 3ª del Tribunal Supremo que, entre otras, en sentencia de 29 de junio de 2004, establece "que la pérdida de la condición de funcionario, como consecuencia de la imposición de una pena de inhabilitación, no constituye ni una

4 Página 4 de 5 sanción disciplinaria, ni la ejecución por la Administración de los efectos administrativos de una condena penal, sino simplemente la aplicación del art. 37 del Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, que viene a disponer que la condición de funcionario se pierde como consecuencia de la condena a una pena, principal o accesoria, de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, lo que es coherente con el requisito de aptitud para el acceso a la función pública exigido en el art. 30 I e), de aquella ley estatal, consistente en no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Esta Sala ha reconocido (por todas en sentencia de 9 de mayo de 1991) que la pena de inhabilitación especial actúa respecto de la subsistencia de la relación funcionarial a modo de condición resolutoria que opera automáticamente tan pronto como se produce el hecho determinante en la ley, que es la imposición de la sanción penal". "No concurre la pretendida vulneración del art. 25 de la Constitución, puesto que la aplicación de esa regulación funcionarial de que se viene hablando, en nada afecta al principio de legalidad que en materia sancionadora consagra dicho precepto constitucional, en cuanto que la pérdida de la condición de funcionario no ha sido impuesta en vía disciplinaria, sino que se produce como consecuencia directa e inmediata de la condena penal. El hecho de que penalmente se limite temporalmente la pena de inhabilitación, no impide que se pierda la condición de funcionario, por estar previsto legalmente en el art d) de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado en el art. 42 del Código Penal ". "La pérdida de la condición de funcionario se produce por la firmeza de la sentencia penal, al implicar la ausencia sobrevenida de la aptitud para el ejercicio de funciones públicas como consecuencia de la imposición de la pena de inhabilitación especial, por lo que no se está imponiendo sanción disciplinaria alguna, no vulnerándose el principio "non bis in idem" ni siendo necesaria la tramitación de procedimiento disciplinario alguno, que requiera la aplicación del Reglamento de Régimen Disciplinario". El hecho de que la condena de inhabilitación impuesta lo haya sido por el tiempo de dos años no significa otra cosa, de conformidad con lo previsto en el repetido art. 42 del Código Penal de 1995, que amén de la pérdida de la condición de funcionario, derivada de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de profesor, que el interesado carecerá de aptitud para volver a conseguirla por el tiempo de la condena, esto es, por el tiempo de dos años. Por el contrario y con la interpretación y alcance que pretende dar a su condena el recurrente, lo que hace es confundir el significado de la pena de inhabilitación especial que le ha sido impuesta, con la de suspensión de cargo público, profesión y oficio, que no supone la pérdida de la condición, sino la mera suspensión de su ejercicio y de los derechos inherentes a la misma durante el tiempo de la condena. Razones las expuestas que llevan a la íntegra desestimación del recurso interpuesto. CUARTO.- Aun desestimando en su totalidad el recurso interpuesto, siendo así, no se aprecia en la interposición y defensa del mismo, mala fe o temeridad manifiesta, no procede, de conformidad con lo previsto en el art de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, expreso pronunciamiento respecto en materia de imposición de costas. Por todo ello, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS: que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Íñigo contra las resoluciones de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, de 18 de diciembre de 2006 y 13 de abril de 2007, confirmatoria de la anterior, que se dicen en el cuerpo de esta sentencia. Sin imposición de costas.

5 Página 5 de 5 Notifíquese a las partes y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. PEDRO J. FERNANDEZ DOTÚ al estar celebrando audiencia pública la Sección 001 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe. A CORUÑA, diez de junio de dos mil nueve.