AÑO 2007 Introducción - Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo

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1 Introducción - Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo Informe Anual de la Fiscal General de la República 2007 Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 1

2 Introducción - Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 2

3 Introducción - Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo La actividad de la Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo, durante el año 2007, se orientó a el cumplimiento de las metas establecidas en su Plan de Acción, priorizando la atención, estudio y tramitación de las diferentes solicitudes que formulan los ciudadanos y ciudadanas al Ministerio Público para la intervención en situaciones violatorias de derechos y garantías constitucionales, tanto en procedimientos administrativos como en procesos judiciales, teniendo como norte los postulados establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente en el artículo 285, numerales 1 y 2, que le atribuyen al Ministerio Público las funciones de garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República; garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. En cumplimiento de las funciones y competencias atribuidas a está Dirección, se buscó afianzar el compromiso institucional de colaborar con los demás órganos del Poder Público y del sistema de justicia en el logro de los objetivos del Estado, la atención de los problemas planteados por los ciudadanos y ciudadanas en el marco de los procesos judiciales y procedimientos administrativos, así como en la defensa del ordenamiento jurídico constitucional y legal. En este sentido: - Se ejerció ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recurso de colisión entre el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 74 del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 10 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y 287 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue debidamente admitido y se encuentra en trámite. - Dio oportuna y adecuada respuesta a los distintos requerimientos formulados por los órganos jurisdiccionales. - Fueron tramitadas las solicitudes realizadas por los peticionarios que continuamente acuden al Ministerio Público para que intervenga en los procesos judiciales y procedimientos administrativos en defensa del debido proceso, derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y derecho a oportuna y adecuada respuesta. - En materia de amparo constitucional se evacuaron las consultas que realizaron tanto fiscales de proceso, como algunos fiscales superiores. - Se realizaron distintos estudios jurídicos, en materia competencia de la Dirección, en virtud de solicitudes formuladas por algunas dependencias que integran el Despacho del Fiscal General de la República, así como por otros órganos del Poder Público Nacional, entre los que cabe destacar: DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 3

4 Introducción - Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo - El estudio realizado con motivo de la comunicación enviada por el ciudadano Iván Zerpa Guerrero, Secretario de la Asamblea Nacional, relacionada con el informe presentado por la Comisión que atiende los desalojos de familias ocurridos en los Municipios Baruta y Chacao del Estado Miranda. - En materia de Reconversión Monetaria, en atención a la solicitud formulada por el Despacho del ciudadano Fiscal General de la República en fecha 28 de mayo de 2007, a los fines de estudiar la petición realizada por el Presidente del Banco Central de Venezuela mediante comunicación Nº CJ-080 de fecha 23 de mayo de 2007, se estudiaron las Normas que Regirán la Reexpresión y el Redondeo, así como el documento contentivo de la propuesta sobre las adecuaciones tecnológicas que deben acometerse en el marco del citado proceso de reconversión. - En materia legislativa se formularon observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de la comunicación enviada por el Diputado Juan José Molina, Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, relacionada con la Primera Consulta Pública del Proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para su segunda discusión. - Atendiendo las denuncias que públicamente hacen los ciudadanos, en procura de obtener oportuna y adecuada respuesta de los órganos del Poder Público a los cuales acuden para formular planteamientos o solicitudes, se ha exhortado a los organismos competentes, tales como Instituto Nacional de los Servicios Sociales -INASS- e Instituto Venezolano de los Seguros Sociales -IVSS-, a emitir oportuna y adecuada respuesta a las peticiones realizadas por personas de la tercera edad, ello en aras de garantizar el derecho consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, cumpliendo con la función de supervisión de los Despachos fiscales que le están adscritos, la Dirección hizo el seguimiento y control de las comisiones asignadas a los representantes fiscales, así como de los informes y opiniones consignados por estos en materia contencioso administrativa y en derechos y garantías constitucionales, en los diferentes juzgados ante los cuales tienen competencia para actuar, formulando las observaciones pertinentes en los casos que estimó procedente. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 4

5 ANEXOS DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 5

6 DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 6

7 ANEXOS 1. ACCIONES JUDICIALES INTENTADAS POR EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Materia: Contencioso Administrativo. Recurso de colisión entre el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 74 del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 10 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y 287 del Código de Procedimiento Civil. Oficio N : DGAJ-DCCA Fecha: Julián Isaías Rodríguez Díaz, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N , en mi carácter de Fiscal General de la República, designado por la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria de fecha 20 de diciembre de 2000, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N de fecha 22 de diciembre de 2000, legitimado para este acto de conformidad con lo establecido en el artículo 285 numerales 1, 2 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 11 numeral 1, y 21 numeral 22, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 21 párrafo nueve de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y numeral 8 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ocurro ante esa honorable Sala, para interponer formalmente el recurso de colisión entre el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 74 del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 10 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y 287 del Código de Procedimiento Civil. I COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA PARA CONOCER DEL PRESENTE RECURSO Conforme lo establece el artículo 336, numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cual debe prevalecer. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dejó sentado lo siguiente: ( ) observa esta Sala que durante la vigencia de la Constitución de 1961, correspondía a la Corte Suprema de Justicia en Pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 215, numeral 5 y 216 de la Constitución de 1961, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 42 ordinal 6, y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para resolver las colisiones que existiesen entre las diversas disposiciones legales y declarar cuál de éstas debía prevalecer. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 7

8 Ahora bien, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, tal competencia atribuida anteriormente a la Corte en Pleno, se encuentra actualmente asignada a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 336 de la Carta Magna. 1 (Resaltado nuestro). Asimismo, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el artículo 5, numeral 14, establece la competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cual debe prevalecer. Es claro en consecuencia, de los preceptos constitucional y legal citados, que la competencia para conocer de los recursos de colisión de leyes que se propongan, corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que no cabe ninguna duda de que esa Sala Constitucional es la competente para conocer del presente recurso de colisión entre el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 74 del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 10 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y 287 del Código de Procedimiento Civil. II LEGITIMACIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA La legitimación del Ministerio Público en la persona del Fiscal General de la República para ejercer el presente recurso, deriva de lo dispuesto en el artículo 285 numerales 1, 2 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales, establecen como atribuciones del Ministerio Público, las siguientes: Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio Público: 1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. 2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. ( Omissis ) 6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. ( Omissis ) El Constituyente, al definir las atribuciones del Ministerio Público le asigna una misión en general como garante de los derechos y garantías constitucionales, así como velar por la buena marcha de la administración de justicia, lo cual incluye el interés del Fiscal General de la República en lo que respecta a la vigilancia del cumplimiento de lo ordenado por las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico. Dichas atribuciones se encuentran igualmente consagradas, entre otros, en los artículos 1 y 11 numeral 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los cuales son del tenor siguiente: 1 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia Nº 889, de fecha Expediente Nº (Carlos Brender). En: DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 8

9 Artículo 1. El Ministerio Público velará por la exacta observancia de la Constitución y de las leyes, y estará a cargo y bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente o por órgano de los demás funcionarios auxiliares que se determinarán en esta Ley. Artículo 11. Son deberes y atribuciones del Ministerio Público: 1. Velar por la observancia de la Constitución, de las leyes y de las libertades fundamentales en todo el territorio nacional; ( omissis ) De lo expuesto anteriormente, debe entenderse que esta atribución del Ministerio Público consistente en vigilar el efectivo acatamiento de la Constitución y las leyes, incluye el caso en que se detecte la colisión entre disposiciones legales, pues es necesario obtener del Tribunal Supremo de Justicia la decisión de cuál de dichas normas deberá prevalecer, a los fines de asegurar la correcta aplicación de las normas legales, lo que involucra la seguridad jurídica para todos aquellos a quienes se apliquen tales disposiciones. De allí que, el Fiscal General de la República, tanto en su condición de ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela, así como por su cualidad de garante de la constitucionalidad y la legalidad, posee la legitimación suficiente para ejercer el presente recurso. En todo caso, no cabe duda del interés que poseo en mi condición de Fiscal General de la República, máximo representante del Ministerio Público, toda vez que el órgano que represento ha sido demandado en distintos tribunales para exigirle la cancelación de honorarios profesionales, en aquellos casos en los cuales se ha absuelto a los acusados; honorarios que en definitiva forman parte de las costas procesales. Tales demandas resultan, excesivamente onerosas para la República Bolivariana de Venezuela, personalidad jurídica ésta última con la que, en definitiva, actúa la Institución bajo mi responsabilidad. III DE LA COLISIÓN DE NORMAS INVOCADAS Cuando se está en presencia de una colisión de normas legales, la competencia de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, consiste en determinar, con base en los principios generales del derecho, cuál es la norma que debe prevalecer, partiendo de la premisa de que no puede haber disposiciones que conduzcan a soluciones contradictorias. En este sentido, según ha precisado la Sala Constitucional, ( ) la resolución de conflictos normativos es una actividad común a cualquier operador jurídico, pues todos están en la necesidad de precisar, ante eventuales colisiones, la norma que resulta aplicable, con la salvedad de que esta Sala -y antes la Corte Suprema de Justicia en Pleno- tiene el poder de que su declaración tenga carácter vinculante y, en consecuencia, deba ser seguida por todo aquel que, en un momento dado, se enfrente al dilema de aplicar una u otra norma. 2 Como consecuencia de ello, a partir del fallo de 2 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia del Expediente Nº (CANTV). En: DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 9

10 la Sala Constitucional que resuelve el conflicto, el dilema en torno a qué norma se aplica y cuál no, desaparece, produciéndose entonces una sentencia declarativa de certeza, que elimina de manera definitiva la incertidumbre sobre la situación controvertida. Lo anterior es lo que en definitiva, se persigue con la interposición del presente recurso de colisión, esto es, que sea esa honorable Sala Constitucional, la que precise si se aplica la norma del Código Orgánico Procesal que establece que corresponden al Estado las costas cuando el acusado resulte absuelto luego del juicio, con lo cual se condenaría al pago de costas al Ministerio Público y por ende a la República; o si se aplican las normas del Decreto con rango de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y del Código de Procedimiento Civil, que establecen privilegios a la República en esta materia. Así las cosas, conviene advertir que con respecto a este tipo de recursos, además de las normas atributivas de competencia para conocer del mismo, previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no existen ni existían bajo la vigencia de la ahora derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, otras disposiciones relativas al mismo, de allí que, la Sala Plena de la desaparecida Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 31 de octubre de 1995 (caso Alí José Venturini B.), expuso los elementos que caracterizaban la figura de la colisión de normas, precisando el referido fallo que desde el punto de vista del derecho adjetivo, la Corte conocía del mismo a instancia de parte interesada, tal como lo prevé el artículo 82 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; que se trataba de un verdadero y propio recurso, en el sentido de que se solicitaba a la Corte se dirimiera un conflicto planteado por la preexistencia de normas que aparentemente colidían; y, que no existía un procedimiento expresamente previsto, como consecuencia de lo cual se aplicaba lo previsto en el artículo 102 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, la referida Sala Plena afirmó, en el fallo citado, que desde un punto de vista material correspondía a la Corte resolver el conflicto planteado entre diversas disposiciones legales, efectuado lo cual debía declarar cuál de ellos debía prevalecer, siendo que el referido recurso, debía aludir a la situación en la que dos disposiciones regulaban el mismo supuesto en forma diferente con lo que las mismas se encontraban en conflicto. Con base en lo establecido en la sentencia arriba citada, esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció los criterios interpretativos relacionados con el referido recurso, a saber: ( ) De lo anterior se deduce que la colisión de normas parte de la existencia de diferentes disposiciones que estén destinadas a regular en forma diferente una misma hipótesis. De allí que, este recurso implica la aplicación de los siguientes criterios interpretativos: a) Puede plantearse cuando la presunta colisión se da entre cualquier tipo de normas, e incluso tratarse de diferentes disposiciones de un mismo texto legal. b) El conflicto de normas se manifiesta cuando la aplicación de una de las normas implica la violación del objeto de la otra norma en conflicto; o bien, cuando impide la ejecución de la misma. c) No se exige que exista un caso concreto de conflicto planteado, cuya decisión dependa del predominio de una norma sobre otra; sino que el conflicto puede ser potencial, es decir, susceptible de materializarse en cualquier momento en que se concreten las situaciones que las normas regulan. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 10

11 d) No debe confundirse este recurso con el de interpretación, previsto en el numeral 6 del artículo 266 de la Constitución de e) No se puede pretender que a través de este mecanismo se resuelvan cuestiones de inconstitucionalidad. 3 (Resaltado nuestro). Más reciente, esa honorable Sala precisó en torno a esta materia que: ( ) para declarar la existencia de una colisión de normas, debe constatarse la circunstancia de que dos disposiciones regulan un mismo supuesto de hecho en forma diferente, por lo cual las mismas se encontrarían en conflicto. Por tanto, tal y como lo afirma el Dr. Joaquín Sánchez-Covisa (La vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano p. 189), sólo podrá hablarse de colisión cuando las consecuencias que una y otra ley afecten a un mismo supuesto de hecho, además de ser incompatibles, sean consecuencia necesaria del supuesto de hecho afectado. O sea, dicho en forma más precisa, la incompatibilidad entre las dos consecuencias jurídicas no debe resultar sólo de su contenido, sino de la obligatoria simultaneidad de su cumplimiento. 4 (Resaltado nuestro). En este último fallo, la Sala Constitucional consideró conveniente reiterar lo señalado bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la colisión de leyes, pues el supuesto para su declaratoria no ha cambiado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así, ratificó sentencia del 25 de abril de , en la que dispuso que la colisión de normas debe partir de la existencia de diferentes disposiciones que estén destinadas a regular en forma diferente una misma hipótesis. Atendiendo al marco jurisprudencial descrito, paso ahora a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la procedencia del presente recurso de colisión, para lo cual, observamos lo siguiente: 1. Que se trate de la colisión entre normas legales de cualquier tipo: En este sentido, se plantea la colisión de las normas contenidas en el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal, 74 del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 10 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y 287 del Código de Procedimiento Civil, las cuales establecen lo siguiente: 3 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia Nº 265 del Expediente Nº (Julio Dávila Cárdenas). En: 4 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia del Expediente Nº (Recurso de colisión de normas contenidas en la Ley de Licitaciones, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Ley contra la Corrupción). En: 5 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia Nº 265 del Expediente Nº (Julio Dávila Cárdenas), antes citada. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 11

12 El Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº extraordinario del 14 de noviembre de 2001, contiene en el Título IX, denominado De los Efectos Económicos del Proceso, el capítulo I, titulado De las Costas, en cuyos artículos 265 al 274, consagra lo relativo al régimen de las costas procesales. En la referida normativa, se establece que toda decisión que ponga fin a la prosecución penal o la archive, o que resuelva algún incidente, aún durante la ejecución penal, determinará a quien corresponden las costas en el proceso (artículo 265), definiendo como costas, los gastos originados durante el proceso y los honorarios de los abogados, expertos, consultores técnicos, traductores e interpretes (artículo 266). Prevé además el referido texto normativo, que las costas serán impuestas al imputado cuando sea condenado o se le imponga una medida de seguridad y que los coimputados que sean condenados, o a quienes se les imponga una medida de seguridad en relación con un mismo hecho, responden solidariamente por las costas (artículo 267). Asimismo, establece el régimen de las costas en los casos en que se produce el archivo del expediente, cuando en el proceso se hubiere probado que el mismo se originó por denuncia falsa y cuando el procedimiento se hubiere iniciado a instancia de parte, por tratarse de un delito de acción de parte agraviada (artículos 269, 270 y 271). Interesa destacar, a los efectos de la colisión de normas invocada, la disposición contenida en el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal, según la cual: Artículo 268. Absolución. Si el imputado es absuelto la totalidad de las costas corresponderá al Estado, salvo que el querellante se haya adherido a la acusación del Fiscal o presentado una propia. En este caso, soportará las costas, conjuntamente con el Estado, según el porcentaje que determine el tribunal. (Resaltado nuestro) Por su parte, el Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, contenido en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº extraordinario del 13 de noviembre de 2001, establece en su artículo 74 lo siguiente: Artículo 74. La República no puede ser condenada en costas, aun cuando sean declaradas sin lugar las sentencias apeladas, se nieguen los recursos interpuestos, se dejen perecer o se desista de ellos. (Resaltado nuestro). La norma en referencia está contenida en la Sección Primera (Disposiciones Generales) del Capítulo II (De la actuación de la Procuraduría General de la República), Título IV (Del Procedimiento Administrativo previo a las Acciones contra la República y de la Actuación de la Procuraduría General de la República en Juicio) del referido Decreto con fuerza de Ley Orgánica, y contiene en definitiva, las disposiciones que regirán las actuaciones de la República cuando es parte en juicio o cuando no lo es, así como también lo relativo al procedimiento administrativo que debe agotarse antes de la interposición de acciones contra la República. Por otro lado, la norma consagrada en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº extraordinario del 21 de julio de 1974, dispone que: DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 12

13 Artículo 10. En ninguna instancia podrá ser condenada la Nación en costas, aun cuando se declaren confirmadas las sentencias apeladas, se nieguen los recursos interpuestos, se declaren sin lugar, se dejen perecer o se desista de ellos. (Resaltado nuestro). Finalmente, el Código de Procedimiento Civil, dispone respecto de las costas que se generan en un procedimiento lo siguiente: Artículo 287. Las costas proceden contra las Municipalidades, contra los Institutos Autónomos, empresas del Estado y demás establecimientos públicos, pero no proceden contra la Nación. (Resaltado nuestro). Ahora bien, tratándose de disposiciones legales entre las cuales existe una colisión evidente, para resolver el conflicto planteado, debe acudirse a los criterios establecidos para su resolución, a saber: 1) el criterio de la identidad de la materia que permite dar prevalencia a la ley posterior sobre la ley anterior, siempre que sea idéntica la materia regulada; 2) el principio de la especialidad, el cual se aplica cuando el conflicto se presenta entre una ley general anterior y una especial posterior, que determina el carácter preferente de las normas especiales sólo en las partes inconciliables; y, 3) se emplea el criterio cronológico, para resolver la antinomia entre leyes anteriores y posteriores y a lo anterior debe sumarse el criterio de la prevalencia de leyes orgánicas, que deroga los anteriores principios que sólo pueden aplicarse entre leyes de igual jerarquía normativa. Al respecto, esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha precisado que cuando se intenta un recurso de colisión, es necesario tener presente que la determinación de la norma de aplicación preferente sólo puede surgir de la aplicación de ( ) los conocidos principios hermenéuticos que recoge incluso el Código Civil, texto positivo sin duda, pero que en buena parte de sus disposiciones iniciales, no es sino el reflejo de los principios generales del Derecho, aplicables aun sin establecimiento legal. 6 Según expresa, entre esos principios se pone de relieve el principio de la especialidad de la ley, según el cual, será de aplicación preferente aquella norma que se refiere de manera más concreta al aspecto debatido, especialidad que en muchos casos hace que la ley prive sobre el carácter orgánico del que pueda gozar otra ley, ( ) pues es sabido que la organicidad de una ley no le reviste de una superioridad general sobre las leyes ordinarias, sino sólo sobre aquéllas de la especialidad correspondiente. Por tanto, en realidad, para el caso de autos, interesa más la condición de ley especial que su carácter orgánico. 7 Ha destacado adicionalmente esa honorable Sala Constitucional, que ( ) debe también ponerse de relieve que esa normativa especial es, además, posterior a la general, con lo que se demuestra el propósito del legislador de regular la materia de una nueva manera. Ahora bien -y es por ello que esta Sala desea traerlo a colación en este momento, cuando ya ha declarado que es la especialidad lo fundamental- ello no puede conducir a la conclusión de que la segunda de esas leyes esté derogada./ ( ) la posterioridad de la ley ( ) sólo tiene interés en cuanto a la demostración del deseo del legislador de dictar normas especiales que modifiquen lo relacionado con la fijación de tarifas, al menos para un sector económico ( ), pero no como una demostración de que el artículo 40 de la Ley 6 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia del Expediente Nº (CANTV), citada. 7 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia del (CANTV), antes citada. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 13

14 de Protección al Consumidor y al Usuario esté derogado. Al contrario, se trata de una norma vigente, aplicable en muchos casos, aun cuando no para las telecomunicaciones. 8 Así las cosas, en el recurso que intentamos, se trata de la presunta colisión de distintas disposiciones legales, de las cuales, entre otras, la norma contenida en el Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional podrían resultar de aplicación preferente, no obstante que la norma contenida en el Código Orgánico Procesal Penal es posterior, toda vez que, la primera puede ser consideradas como la norma especial que establece los privilegios procesales de la República cuando es parte en juicio, y la segunda de las nombradas, la ley especial que regula todo lo relativo a la Hacienda Pública, es decir, todo lo relacionado con los bienes, rentas y deudas que forman el activo y el pasivo de la Nación. 2. Que el conflicto se manifieste cuando la aplicación de una de las normas implica la violación del objeto de la otra norma en conflicto, o, en todo caso, cuando impida la ejecución de la misma. Al respecto, se observa que las normas antes señaladas, en definitiva, regulan lo relativo a la condenatoria en costas de la República en juicios diversos, siendo que en las tres últimas de las disposiciones mencionadas se afirma que no es posible tal condenatoria, mientras que en la primera de ellas (Art. 268 COPP) se establece que en casos de sentencias absolutorias, si se condenará en costas a la República. Se trata, en consecuencia, de disposiciones legales que regulan de distinta manera un mismo supuesto de hecho, cual es la condenatoria en costas de la República cuando resulta perdedora en un juicio. De allí que, de aplicarse la norma contenida en el Código Orgánico Procesal Penal y condenarse en costas a la República, se estarían violando las restantes disposiciones que en definitiva establecen la imposibilidad de tal condenatoria y en particular la establecida en el Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que consagra en especial los privilegios procesales de la República cuando es parte en juicio, así como también la norma contenida en la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, que establece lo relativo a los activos y pasivos de la República y que en definitiva estima que no puede constituir un pasivo, el cobro de costas a la República por resultar perdedora en juicio. A diferencia de lo que ocurre con el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal, las restantes disposiciones establecen privilegios de los que goza la República cuando es parte en un juicio, respecto de los cuales, la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia expresó que dentro de un procedimiento judicial, las ( ) condiciones de igualdad para que se ejerzan los derechos, se encuentra reconocida en el proceso en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, aunque allí se acepta la existencia de derechos privativos a cada parte debido a su posición en el proceso, siendo ello una forma de igualdad, al reconocer que debido a la diversa posición que por su naturaleza tiene cada parte, pueda distribuirse entre ellas las cargas, deberes y obligaciones procesales, señalando a las partes cuáles le son específicas./ Esta situación que nace del proceso y que atiende a la posición procesal, que es diferente según el puesto que ocupan en él, permite privilegios procesales a favor de algunos litigantes, los cuales no nacen necesariamente de su condición procesal, sino de razones extra-procesales, tal como sucede con los privilegios fiscales que 8 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia del (CANTV), antes citada. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 14

15 tiene la República, acordados por distintas leyes. Estos privilegios, indudablemente, no corresponden a raza, sexo o credo y, en principio, no menoscaban los derechos y libertades de las personas. 9 Agregó esa honorable Sala en el referido fallo que ( ) los privilegios de la República o de los entes públicos, en principio, no están prohibidos por el artículo 21 citado, a menos que, injustificadamente, anulen derechos de las personas que, en un mismo plano previsto por la ley y que presupone igualdad, se relacionen con ella./ Ahora bien, a pesar de lo expuesto la Sala apunta, que los privilegios procesales deben responder a la necesidad de protección de quien goza de ellos, ya que debido a la importancia de la función que cumplen, requieren no ser disminuidos o debilitados; por ello existen privilegios -por ejemplo- a favor de los diplomáticos, de algunos funcionarios públicos a quienes se les preserva en el cumplimiento de la función, así como a algunos entes públicos a fin que no se debiliten y puedan adelantar sus actividades sin cortapisa. 10 Ahora bien, conforme lo dispone la norma contenida en el artículo 287 del Código de Procedimiento Civil, según el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 18 de febrero de 2004, antes citado, sólo la Nación, la cual se equipara a la República o al Estado, en la terminología legal, no será condenada en costas./ Ello así, porque tal posibilidad limitaría la defensa de la Nación (República o Estado) al tener que estar pendiente del potencial vencimiento en las demandas que incoare, y con el fin de evitar tal limitación, se exoneró de costas a la nación, a fin de que ejerza las acciones necesarias para la protección de sus bienes y derechos. De esta manera, del fallo parcialmente trascrito es fácil deducir que, en muchas circunstancias los privilegios procesales que tiene la República resultan necesarios toda vez que como consecuencia de la importancia de la función que cumplen los entes públicos que actúan con tal personalidad jurídica, es necesario que las mismas no sean debilitadas y que puedan ejercerlas sin restricciones, todo lo cual cobra aún más vigencia en el ámbito del derecho penal, en el cual, el Ministerio Público ejerce la acción penal pública en nombre del Estado, para buscar la penalización de una conducta que resulta perjudicial a la sociedad en general. Siendo lo anterior lo que justifica la no condenatoria en costas de la República, en el caso del ejercicio de las acciones para la protección de los bienes y derechos del Estado, la misma justificación operaría, con más razón, cuando lo que se pretende es la protección y defensa, ya no sólo de los bienes y derechos de la República, sino también de la colectividad en general. De allí que se justifique también que no se condene en costas a la República cuando se esté en presencia de juicios de naturaleza penal, a lo que podría agregarse que en esta materia, el Estado le proporciona a los particulares, una defensa pública gratuita, que le permitiría ejercer su derecho a la defensa en juicio, sin que tenga que cancelar honorarios profesionales.(resaltado nuestro). En todo caso, existen otras normas dentro del ordenamiento jurídico, como la contenida en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario, que permiten la condenatoria en costas; sin embargo, las mismas establecen límites para ello, o impiden la condenatoria en costas cuando la República haya tenido fundadas razones para litigar, empero, ello no es así en la norma prevista en el Código Orgánico 9 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia de fecha Expediente Nº (Alexandra Margarita Stelling Fernández en acción de interpretación sobre el contenido y alcance de los artículos 21, numerales 1 y 2 y 26 de la Constitución). En: 10 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia de fecha , antes citada. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 15

16 Procesal Penal, en la que pareciera ser ilimitada la cuantificación de la demanda que se intente contra la República para el cobro de honorarios profesionales, toda vez que la Ley no establece ningún parámetro. 3. Es posible la materialización del conflicto, por cuanto, actualmente existen demandas contra el Ministerio Público por cobro de honorarios profesionales, que forman parte de las costas, en distintos tribunales del país, siendo que en algunos casos se ha declarado la inadmisibilidad de las demandas y en otros, se ha admitido y se están sustanciando, casos éstos últimos que podrían generar un cobro por honorarios profesionales al Estado por órgano del Ministerio Público. Ejemplo de lo anterior lo constituye la sentencia de fecha 17 de abril de 2006 dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, con ponencia del Juez Profesional Dick Williams Colina Luzardo, en la causa incoada por el abogado Gerardo Villasmil Parra por estimación e intimación de honorarios profesionales contra el Estado Venezolano. Asimismo, en el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial del Estado Carabobo, cursa expediente Nº GK01BOL contentivo de la demanda por cobro de honorarios profesionales por un monto de cuatrocientos setenta millones de Bolívares (Bs ,00) intentada por la ciudadana Rosa Elena Peiró, la cual fue admitida por auto de fecha 2 de febrero de Finalmente, no se pretende a través del presente recurso de colisión la resolución de ninguna cuestión de inconstitucionalidad, toda vez que lo que se persigue es que esa honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, defina la norma que debe prevalecer en casos en que se pretenda el cobro de costas al Estado por órgano del Ministerio Público, y que la decisión que dicte se aplique de manera vinculante por todos los tribunales de la República. IV PETITORIO En virtud de las anteriores consideraciones, el Ministerio Público solicita a esa honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que de conformidad con el artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: PRIMERO: Declare si existe colisión entre artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 74 del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 10 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y 287 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: En caso de que se compruebe la existencia de la colisión entre dichas normas, determine cuál de ellas deberá prevalecer. Es justicia que solicito, en Caracas a la fecha de su presentación. Julián Isaías Rodríguez Díaz Fiscal General de la República DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 16

17 2. OFICIOS RELEVANTES 2.1. Materia: Reconversión Monetaria. Oficio N : DFGR-DCCA Fecha: Ciudadano Gastón Parra Luzardo Presidente del Banco Central Su Despacho. (...) Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de saludarlo cordialmente, y a la vez responder a la solicitud que formulara mediante Oficio Nº CJ-080 de fecha 23 de mayo de 2007, anexo a la cual remite Proyectos de Resoluciones que permitirán el cabal cumplimiento del proceso de reconversión monetaria, conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reconversión Monetaria, a los fines de realizar las observaciones del Ministerio Público. Vista la solicitud formulada, debemos comenzar por señalar que el propósito general de la reconversión monetaria adelantada por la institución que dignamente preside y el Ejecutivo Nacional es fortalecer la moneda y reafirmar la estabilidad de la economía en el marco de un conjunto de políticas orientadas a favorecer el crecimiento económico y el desarrollo económico-social del país. Con la reconversión monetaria se pretenderá lograr una mayor eficiencia en el sistema de pagos, que se verá favorecido con el manejo de cifras más pequeñas, lo que facilitará tanto las operaciones comerciales y el cálculo de todas las transacciones económicas, como los registros contables; reforzará la confianza en el signo monetario y será un reflejo de la fortaleza de la economía nacional. Siendo éstos los objetivos fundamentales del proceso de reconversión monetaria, es preciso que los mismos alcancen la estabilidad de todos los ciudadanos, permitan contener la inflación y contribuir con menores variaciones en los precios de los bienes y servicios en el futuro. En este contexto, estimamos que las resoluciones sometidas a nuestra consideración, deben crear un marco de seguridad para la población en torno a la conversión de la moneda actual a la moneda que comience a regir a partir del 1 de enero de 2008, en razón de lo cual, consideramos que las mismas deben respetar el espíritu, propósito y razón del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria y expresar, de manera clara, precisa y sencilla, la forma en que deberá realizarse la reexpresión monetaria y el redondeo de las cifras que se obtengan con la conversión. Así las cosas, procedimos a la revisión de los instrumentos normativos cuya elaboración adelanta, luego de lo cual, fue posible formular las observaciones de forma que de seguidas se exponen: Con respecto al Proyecto de Normas que rigen la Reexpresión Monetaria y el Redondeo, observamos lo siguiente: DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 17

18 1. Estimamos conveniente, expresar el fundamento jurídico que permite al Banco Central de Venezuela dictar Resoluciones que regulen el proceso de reconversión monetaria, el cual no fue señalado en la Resolución revisada. Así, debe citarse la norma contenida en el encabezamiento del artículo 5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, según el cual: El Banco Central de Venezuela queda facultado para regular mediante Resoluciones, todo lo relacionado con la ejecución de la reconversión monetaria objeto del presente Decreto-Ley, así como para efectuar todas las actividades conducentes a la debida sustitución de las especies monetarias hasta la puesta en circulación de los nuevos billetes y monedas. 2. En relación al artículo 1 del Proyecto de Resolución, el mismo expresa lo siguiente: Artículo 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, la regla del redondeo aplicable para la reexpresión allí establecida se aplicará a los fines de que los importes en bolívares reexpresados se lleven a dos decimales. Parágrafo Único. La reexpresión del precio de los bienes y servicios en importes monetarios que a continuación se indican, se efectuará dividiendo dicho precio o valor unitario entre 1.000, reflejándolo con al menos cinco (5) cifras decimales, salvo que la operación arroje una cifra menor de decimales, supuesto en el cual se reflejará con todas sus cifras: Combustible de uso automotor. Gas Licuado del Petróleo (GLP), que se comercializa a granel. Servicio de agua, electricidad, aseo urbano, gas directo y telefonía. Los títulos valores o de créditos del mercado de valores que se coticen en bolívares. Los tipos de cambio. La Unidad Tributaria. Por su parte, dispone el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria que: Artículo 1. A partir del 1 de enero de 2008, se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a un mil bolívares actuales. El bolívar resultante de esta reconversión, continuará representándose con el símbolo Bs., siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes de la citada fecha, deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre 1.000, y llevado al céntimo más cercano. El redondeo de toda fracción resultante de la reexpresión a que se contrae el presente artículo que sea inferior a cero coma cinco (0,5) céntimos, será igual al céntimo inferior; mientras que el de toda fracción resultante de la citada reexpresión que sea igual o superior a cero coma cinco (0,5) céntimos, será igual al céntimo superior. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 18

19 Al respecto, debemos comenzar por señalar que el artículo 1 del Proyecto de Resolución parece definir la finalidad de la regla del redondeo que debe aplicarse al producirse la reconversión monetaria, sin embargo la redacción del mismo resulta un poco confusa. Estimamos que deben dejarse claro los términos de reexpresión y redondeo, así como también debe dejarse claro si lo que allí se indique constituye la regla general cuando se realice el redondeo en materia de reconversión monetaria. Expresa además que los importes deben llevarse a dos decimales, lo que no establece la norma contenida en el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria. No obstante lo anterior, el parágrafo único establece la forma para hacer la conversión, expresando en consonancia con la norma contenida en el artículo 1 del Decreto, que deberá dividirse entre 1.000, lo que a nuestro modo de ver debe aplicarse en todos los casos para realizar la conversión. De la redacción de la norma contenida en el parágrafo único pareciera entenderse que es la forma para calcular los importes únicamente en los casos allí señalados. Adicionalmente, se puede observar que en el parágrafo se establece que el valor resultante de la conversión en los importes correspondientes a los rubros que se indican en la norma, se expresarán con al menos cinco decimales, lo que en todo caso, no se corresponde ni con el encabezamiento de la norma analizada ni con lo previsto en el Decreto Ley. De allí que, lo que puede sugerirse es que tal forma de cálculo se indique en el encabezamiento de la norma, y se deje el parágrafo único para establecer la excepción respecto al número de decimales que debe contener el nuevo importe, así como también deberían expresarse las razones que motivan el establecimiento de la excepción. En todo caso, la norma en análisis se limita a hacer referencia a la cantidad de decimales que deben contener los importes expresados en Bolívares Fuertes, sin hacer alguna referencia o indicación a la regla del redondeo prevista en el único aparte del artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria. 3. En torno al artículo 2 del Proyecto de Resolución según el cual: Artículo 2. El redondeo a que se refiere el encabezamiento del artículo 1 de la presente Resolución, de los montos resultantes de las compras, consumos u operaciones de los conceptos señalados en el parágrafo único del artículo anterior, deberá efectuarse al momento del pago o contabilización respectiva, luego de que los comercios, establecimientos, empresas prestadoras de servicios, o contraparte en la operación que corresponda realice su totalización, lo cual incluye la aplicación de las comisiones, tarifas, recargos o tributos a que haya lugar. Con relación a esta norma, se advierte que parece referirse únicamente a las compras y consumos establecidos en el parágrafo único del artículo 1 del Proyecto de Resolución, sin indicarse el tratamiento que se le dará a otro tipo de operaciones. 4. Dispone el artículo 3 del Proyecto de Resolución: DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 19

20 Artículo 3. A partir del 1 de octubre de 2007, y hasta que el Banco Central de Venezuela disponga lo contrario, la muestra al público de precios de bienes y servicios, se realizará tanto en bolívares actuales como en el que resulte de la reexpresión efectuada conforme a lo previsto en el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, y el artículo 1 de la presente Resolución, distinguiendo los precios reexpresados con la expresión Bolivares Fuertes o el símbolo Bs. F. La obligación contemplada en la disposición Transitoria Séptima del mencionado Decreto-Ley, se entenderá cumplida conforme a lo previsto en el presente artículo. Según señala el artículo 1 del Decreto Ley a partir del 1 de enero de 2008, se reexpresa la unidad del sistema monetario de la República Bolivariana de Venezuela, en el equivalente a un mil bolívares actuales. El bolívar resultante de esta reconversión, continuará representándose con el símbolo Bs., siendo divisible en cien (100) céntimos. En consecuencia, todo importe expresado en moneda nacional antes de la fecha, deberá ser convertido a la nueva unidad, dividiendo entre 1.000, y llevado al céntimo más cercano. De tal manera, entendemos que aún después de la conversión, la moneda nacional seguirá representándose con el símbolo de Bs. que conocemos. Ahora bien, la norma contenida en el artículo 3 del Proyecto de Resolución, habla de que se representará con el símbolo Bs. F o denominados Bolívares Fuertes, lo cual no coincide con lo establecido en el artículo 1 del Decreto Ley. De igual forma tampoco coincide el artículo 3 del Proyecto de Resolución con lo establecido en la disposición transitoria séptima del Decreto Ley según la cual A partir del 1 de octubre de 2007, y hasta que el Banco Central de Venezuela disponga lo contrario, todos los instrumentos por los cuales se ofertan los precios de bienes y servicios, así como otros que expresen importes monetarios, emplearán en su referencia tanto la unidad de cuenta previa a la reexpresión a que se contrae el artículo 1º, como la resultante de ésta última. Sin embargo, consideramos que la norma contenida en el señalado artículo 3 del Proyecto de Resolución, hace una distinción entre la expresión monetaria actual y la expresión monetaria que resultará de la reconversión a los fines de aclarar la situación. Entendemos que, para evitar confusión durante el lapso que coexistan ambas familias de billetes, se emplearán ambas denominaciones, siendo que cuando así lo decida el Banco Central de Venezuela y dejen de coexistir ambas familias de billetes y monedas, debería seguirse empleando la denominación de bolívares (Bs.) que hoy día se utiliza, todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, por lo que estimamos tal situación debe quedar claramente definida en la Resolución. 5. Finalmente, el artículo 4 del Proyecto de Resolución establece que: Artículo 4. La formación y aprobación de los estados financieros correspondientes a ejercicios concluidos antes del 1 de enero de 2008, deberá realizarse en bolívares actuales, y sus resultados reexpresarse conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria y en el artículo 1 de la Presente Resolución. DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO JURÍDICO Pág. 20

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