ANTECEDENTES DE HECHO

Transcripción

1 Dictamen nº: 212/09 Consulta: Alcalde de Madrid Asunto: Responsabilidad Patrimonial Sección: I Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Galera Sanz Aprobación: DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, emitido por unanimidad en su sesión de 29 de abril de 2009, a solicitud del Ayuntamiento de Madrid por medio del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, al amparo del artículo 13.1.f) 1º de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, sobre reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por J.M.T.S.J., por los daños sufridos en los bajos de su vehículo a consecuencia de una zanja sin señalizar existente en la Cuesta de Santo Domingo, de Madrid. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El día 6 de abril de 2009 tuvo entrada en el registro del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid solicitud de dictamen preceptivo, cursada a través del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en relación con una serie de veintiún expedientes de responsabilidad patrimonial procedentes del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid, remitidos por el Vicealcalde de la capital, por delegación del Alcalde en virtud de Decreto de 1 de septiembre de 2008, mediante escrito de 26 de marzo de Entre esos expedientes, se encuentra éste que ahora nos ocupa. 1

2 Admitida a trámite dicha solicitud con la fecha aludida, se le procedió a registrar de entrada con el número 178/09, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal y como dispone el artículo 34.1 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 26/2008, de 10 de abril, del Consejo de Gobierno, venciendo el plazo para la emisión del dictamen el próximo 15 de mayo de Su ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la Sección I, cuyo Presidente, el Excmo. Sr. D. Jesús Galera Sanz, firmó la oportuna propuesta de dictamen, la cual fue deliberada y aprobada por unanimidad, en la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo, celebrada el día 29 de abril de SEGUNDO.- El expediente remitido trae causa de la reclamación patrimonial presentada el 11 de enero de 2008 (folio 1), por J.M.T.S.J. contra el Ayuntamiento, refiriendo haber sufrido daños en los bajos de su vehículo debido a la presencia de una zanja no señalizada y sin protección metálica, que presentaba hundimiento con unos adoquines que sobresalían del firme, en la Cuesta de Santo Domingo, y por los que pide ser resarcido. TERCERO Interpuesta la anterior reclamación, el Ayuntamiento de Madrid procede a incoar expediente de responsabilidad patrimonial el día 27 de febrero de 2008 (folios 2 y 3) mediante la remisión de la reclamación a la entidad A, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º del Pliego de Condiciones Técnicas que rige la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil que el Ayuntamiento tiene suscrita con la compañía de seguros B. 2.- Asimismo, mediante escrito fechado el 18 de marzo de 2008 (folios 5 y 6), se le requiere para que aporte los justificantes que acrediten la realidad y certeza del hecho lesivo y su relación con la obra o el servicio público; 2

3 declaración en que manifieste expresamente que no ha sido indemnizado (no va a serlo) por Compañía o Mutualidad de Seguros, ni por ninguna otra entidad pública o privada, como consecuencia del accidente sufrido; fotocopia del permiso de circulación del vehículo perjudicado para justificar su propiedad; y evaluación económica de la indemnización solicitada, aportando presupuesto o factura, en su caso. En el mismo escrito, se le realiza la advertencia de que, en caso de no cumplimentar el requerimiento en el plazo de diez días, se le tendrá por desistido de su solicitud, en aplicación de los artículos 70 y 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), en relación con el artículo 6 del Reglamento de Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo; RPRP). Dicho escrito se le intenta notificar al interesado en el domicilio señalado al efecto en dos ocasiones, encontrándose ausente el 4 de abril de 2008 a las 13h00, y el 7 de abril a las 12h30 (folio 8), 3.- Ante la ausencia del interesado de su domicilio, se inserta edicto número 19/2008 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el día 5 de julio de 2008, al amparo de la previsión contenida en los artículos 59.1 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). Se concede al interesado un plazo de diez días a partir de la fecha de publicación del edicto, para presentar la documentación requerida en cualquier registro municipal, así como en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la LRJAP-PAC, con la misma advertencia de tenerle por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la misma 3

4 Ley, en relación con los artículos 70 y 71 antes citados, y el artículo 6.1 del Reglamento de Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, RPRP). 4.- El mismo anuncio insertado en el edicto referido estuvo expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Leganés desde el día 30/07/2008 hasta el día 09/08/2008 (folios 14 y 15). CUARTO.- El 19 de septiembre de 2008, por la Jefa del Departamento de Relaciones Institucionales y Reclamaciones Patrimoniales del Ayuntamiento de Madrid se dicta propuesta de resolución, declarando desistido al interesado, al no haber procedido a cumplimentar el requerimiento que se le dirigió en orden a subsanar su reclamación, de conformidad con los artículos 70 y 71 de la LRJAP-PAC. A los hechos anteriores, les son de aplicación las siguientes CONSIDERACIONES EN DERECHO PRIMERA.- El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid emite su dictamen preceptivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1.f) 1º de la Ley 6/2007, de 21 de diciembre, Reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (en lo sucesivo, LCC), según el cual: 1. El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid deberá ser consultado por la Comunidad de Madrid en los siguientes asuntos ( ) f) Expedientes tramitados por ( ) las entidades locales ( ) sobre: 1º Reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuando la cantidad reclamada sea igual o superior a euros o cuando la cuantía sea indeterminada. 4

5 Desconocemos en el presente caso la cuantía de la reclamación, por lo que, al ser ésta indeterminada, resulta preceptivo el dictamen del órgano consultivo. Por otra parte, la solicitud de dictamen ha sido cursada a través del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, de conformidad con el artículo 14.3 de la LCC ( Las solicitudes de dictamen de las entidades locales se efectuarán por los Presidentes de las mismas, y se cursarán a través del Consejero competente en relaciones con la Administración local ), en relación con el artículo 32.2 del Decreto 26/2008, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo. Es el Ayuntamiento de Madrid el legitimado, pues, para recabar dictamen del Consejo Consultivo, habiéndose en el caso presente hecho llegar la solicitud al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, mediante oficio del Vicealcalde de 26 de marzo de 2009, adoptado por delegación en virtud de Decreto del Alcalde de 1 de septiembre de SEGUNDA.- J.M.T.S.J. formula su pretensión indemnizatoria, al haber sido él quien sufrió los desperfectos en su vehículo, a resultas de la zanja existente en la calle, concurriendo en él la condición de interesado del artículo 31 de la LRJAP. La legitimación pasiva corresponde al Ayuntamiento de Madrid, en cuanto que Corporación municipal titular de la vía pública donde tuvo lugar el accidente. Habida cuenta que el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL) atribuye a los Municipios competencias en materia de pavimentación de las vías públicas urbanas, este título competencial justifica sobradamente la interposición de la reclamación contra el Ayuntamiento. TERCERA.- La primera cuestión a abordar en este caso es la que se refiere a la procedencia o no de la declaración de desistimiento realizada por 5

6 el Ayuntamiento en la propuesta de resolución, habida cuenta que, como consta en los antecedentes de hecho, intentada por dos veces la notificación en el domicilio señalado al efecto en el expediente, del escrito por el que se requería al interesado para aportar determinada documentación, se insertó el edicto correspondiente en el BOCM y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente a su domicilio. El artículo 59.2 de la LRJAP-PAC señala, en lo que aquí interesa acerca del modo de llevarse a efecto la notificación, lo siguiente: Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2004, en recurso de casación en interés de ley, fija como doctrina legal que la expresión en una hora distinta del inciso final de este precepto determina la validez de cualquier notificación que guarde una diferencia de al menos sesenta minutos a la hora en que se practicó el primer intento de notificación. Asimismo, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) de 12 de junio de 2007, resume la doctrina del Alto Tribunal, así como del Tribunal Constitucional, recaída en torno a las notificaciones, así como a la validez de la notificación edictal, en los siguientes términos: no se puede aceptar que la Administración en el caso de autos haya actuado con la diligencia exigible, a que se refieren las sentencias del Tribunal Constitucional 16-89, 236/92 y 70/94, en particular la de 2 6

7 de diciembre de 1988 ( RTC 1988\234), que declara: "ha de tenerse en cuenta que la notificación por edictos es siempre un medio supletorio y que por tanto ha de utilizarse como remedio último, lo cual significa que previamente han de agotarse todas aquellas modalidades que aseguran en mayor grado la recepción por el destinatario de la correspondiente notificación". Y las del Tribunal Supremo de , ( RJ 1995\2501), y en particular la de 22 de julio de 1999 ( RJ 1999\6142), que declara: "la notificación edictal reviste en carácter supletorio o excepcional, siendo un remedio último al que solo cabe acudir cuando exista la convicción o certeza de la inutilidad de aquellos otros medios normales de notificación"; pues los requisitos de la notificación edictal en nuestro ordenamiento según las normas que la regulan y la jurisprudencia que las aplica, no se cumplen cuando meramente concurran los presupuestos exigidos para que se pueda producir la notificación por edictos, esto es, la existencia de dos notificaciones anteriores, sino cuando la Administración empleando la diligencia exigible y habiendo ya practicado dos notificaciones sin resultado, no encuentre actuando con la diligencia debida otro medio de notificar al afectado la liquidación que proceda. Es decir, que para acudir a la notificación edictal, según nuestro Tribunal Supremo, no es suficiente con el intento por dos veces de practicar la notificación en el domicilio señalado por el propio interesado, sino que parece que se impone a la Administración la carga de intentar que el interesado llegue a conocimiento del acto, por cualquier otro medio, que asegure la recepción personal, incluso en domicilio distinto del señalado en el expediente, si a la Administración le consta de cualquier otra forma ese otro lugar donde localizar al interesado. Así sucedía en el caso de autos. Por lo que se refiere al caso ahora examinado, la Administración no actuó con la diligencia debida, sino que, intentada por dos veces la notificación en el domicilio señalado al efecto por el interesado, en dos días distintos el 4 y 7

8 el 7 de abril- separados entre sí tres días, pero en franjas horarias muy cercanas a las 13,00 h. la primera ocasión, y a las 12,30 h. en el segundo intento-, acudió directamente a la notificación edictal. De lo que se deduce que el Ayuntamiento de Madrid no está cumpliendo con la exigencia de nuestro Alto Tribunal que, en la citada doctrina recogida en la sentencia resolviendo el recurso de casación en interés de ley, impuso a la Administración la carga de practicar la notificación por dos veces y en franjas horarias distintas, separadas, al menos, entre sí sesenta minutos. La consecuencia de no haber observado el Ayuntamiento ese grado mínimo de diligencia, es que la resolución de desistimiento que pudiera dictarse después, podría estar incursa en causa de anulabilidad ex artículo 63.2 de la LRJAP-PAC, al determinar la indefensión del interesado. De lo cual, se deduce la necesidad de retrotraer el procedimiento al momento en que debió notificarse por segunda vez en su domicilio al interesado, y en franja horaria distinta, el requerimiento realizado en fecha 18 de marzo de De todo lo anterior, el Consejo Consultivo formula la siguiente CONCLUSIÓN Deberá retrotraerse el procedimiento al momento de practicar un segundo intento de notificación al interesado del requerimiento de documentación realizado mediante escrito de 18 de marzo de 2008, en franja horaria distinta de la observada al practicar el primer intento de notificación, en los términos señalados en la consideración jurídica tercera de este dictamen. 8

9 A la vista de todo lo expuesto, el Órgano consultante resolverá según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de quince días, a este Consejo Consultivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.7 del Decreto 26/2008, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Madrid, 29 de abril de