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1 1 Informe sobre Proyecto de Ley: "Reforma de los Artículos 25, 33,33 Bis, 69 Bis y 86 de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Ley 7786 y sus reformas". Expediente N San José, 22 de junio de 2016 Licenciada Silvia Navarro Romanini Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia S. D. En respuesta a su solicitud de informe N , sobre el Proyecto de Ley denominado "Reforma de los Artículos 25, 33, 33 Bis, 69 Bis y 86 de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Ley 7786 y sus reformas", expediente N , procedo a exponer lo siguiente: Los artículos 167 de la Constitución Política y 59 inciso 1) de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que a esta entidad le compete informar a los otros Poderes del Estado, sobre los proyectos

2 2 de reforma a la legislación codificada o los que afecten la organización o el funcionamiento del Poder Judicial, siendo que, a criterio del suscrito, la mayor parte de los tópicos del Proyecto de Ley estudiado atañen a aspectos de política criminal que son de resorte exclusivo de la Asamblea Legislativa, en tanto uno de ellos sí tiene incidencia en el funcionamiento del Poder Judicial. I. Aspectos propios de política criminal El Proyecto de Ley procura adecuar la legislación interna para dotar de mejores y más eficientes herramientas a las autoridades costarricenses para enfrentarse a fenómenos complejos como la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, ello, a raíz de compromisos internacionales adquiridos. Precisamente, sobre este tópico, recientemente la Sala Constitucional señaló: "...el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) que es un organismo intergubernamental que tiene como propósito el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, creado en 1989 por los países que integran el G7 (Alemania,

3 3 Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido); estableció las Cuarenta Recomendaciones que son estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Costa Rica forma parte del GAFISUD, que es un organismo regional del GAFI, constituido los países de América del Sur y México, creada en el año 2000, en Cartagena de Indias, Colombia, que se adhirió a las Cuarenta Recomendaciones..." (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia , de las 11:02 horas, del 2 de diciembre de 2015). En razón de que en nuestro país la política criminal represiva corresponde determinarla a la Asamblea Legislativa, y tomando en cuenta que el proyecto de Ley contiene reformas en ese sentido, de seguido se exponen los principales cambios que plantea el proyecto, sin plantearse ninguna recomendación al respecto, exceptuando lo relativo a la reforma contenida en el artículo 86 párrafo segundo, la cual se considera tiene incidencia en el funcionamiento del Poder Judicial. El proyecto de Ley modifica los artículos 25, 33, 33 Bis, 69 Bis y 86 de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de

4 4 Uso no Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo Ley 7786 y sus reformas. En relación con el ordinal 25, aparte de la sospecha de transacciones que puedan constituir actividades ilícitas, se incluyen los casos que representen riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Además, no sólo las instituciones financieras deberán comunicarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, sino también las personas físicas o jurídicas que desarrollen las actividades comerciales y profesionales no financieras designadas descritas en los artículos 14, 15 y 15 bis de esta ley. También se adiciona que no se puede poner en conocimiento bajo ninguna circunstancia la realización de esta comunicación, al cliente o de ninguna otra instancia interna o externa, persona física o jurídica, pública o privada, con la excepción de la intervención que en materia exclusiva de supervisión de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y de manera posterior, deban realizar la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia General de Seguros. Por su parte, la regulación actual establece que las acciones no les acarrearán

5 5 responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra índole a las entidades o a los funcionarios que las realicen si se ha actuado de "buena fe", sustituyéndose este último concepto por la circunstancia de que no hayan actuado "con dolo o culpa grave". Con respecto al numeral 33, se sustituye la palabra "bienes" por "activos", ello, en relación con la posibilidad de ordenar el secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar. Asimismo, se elimina el último párrafo, el cual posteriormente se recoge con una redacción más amplia en el artículo 33 bis. El ordinal 33 bis amplía las listas internacionales relacionadas con la retención y la inmovilización de fondos, provenientes de personas y organizaciones ligadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el terrorismo. Establece que el congelamiento y la inmovilización proceden únicamente cuando se presente alguno de los supuestos fijados en los incisos precedentes, siendo que, en caso contrario, el afectado por la medida podrá recurriría ante la autoridad contencioso-administrativa competente. De forma similar al ordinal 25, el numeral 33 bis actual establece que las acciones no les acarrearán responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra índole a las entidades o a los funcionarios que las

6 6 realicen si se ha actuado de "buena fe", sustituyéndose este último concepto por la circunstancia de que no hayan actuado "con dolo o culpa grave". El artículo 69 bis mantiene la figura delictiva actual, en la que se sanciona a quien "por cualquier medio y de manera directa o indirecta, recolecte, oculte, provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma coopere con la recolección o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o instrumentos", adicionándose "otros activos, medios o servicios de cualquier clase", ello en tanto ocurra en el país o en el extranjero, existiendo la intención o el conocimiento de que estos se utilicen o destinen, total o parcialmente, al financiamiento de actos terroristas o a organizaciones declaradas como terroristas, ampliándose, mediante los incisos c) y d), los sujetos activos que podrían incurrir en dicho delito. II. Incidencia del proyecto de Ley en el funcionamiento del Poder Judicial Si bien el artículo 86 vigente establece que "...En el caso de las investigaciones desarrolladas por la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, en el mismo acto de notificación a las entidades financieras o parte

7 7 de un grupo financiero sobre la existencia de la investigación, dicha Unidad deberá poner, a conocimiento del Ministerio Público, el proceso en desarrollo, a fin de que en el plazo perentorio de cinco (5) días naturales, valore solicitarle al juez competente la medida cautelar dispuesta en el artículo 33 de esta Ley...", lo cierto es que con la modificación que se sugiere "La implementación de esta medida deberá ser informada dentro del plazo de veinticuatro horas a la U1F, quien en el mismo acto deberá comunicarlo al Ministerio Público afín de que este último valore, dentro del plazo de diez días hábiles, solicitar la aplicación de alguna de las medidas cautelares dispuestas en el artículo 33 de esta ley al juez competente, quien tendrá un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse...". De lo anterior se colige, que de aprobarse el proyecto de Ley en los términos expuestos, el Juez Penal tendrá cinco días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud del Ministerio Público en cuanto a secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar, lo cual es acorde con los compromisos adquiridos por nuestro país a nivel internacional, sin embargo, sin duda ello incidirá en las competencias y cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales. Con base en las consideraciones expuestas,

8 8 - Se omite pronunciamiento sobre la reforma de los numerales 25, 33, 33 Bis y 69 Bis propuesta por el Proyecto de Ley, expediente N en razón de que su contenido alude a aspectos propios de política criminal. - No existe oposición al proyecto de Ley en lo que respecta a la regulación que incide en el funcionamiento del Poder Judicial. Dejo así rendido el presente informe, quedando a la disposición de los señores Magistrados y las señoras Magistradas para cualquier aclaración. Celso Gamboa Sánchez Magistrado de la Sala de Casación Pena Corte Suprema de Justicia

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