Constitución Política del Estado de Chiapas Ultima reforma publicada en el Periódico Oficial No. 156 Tercera Sección, de fecha 24 de diciembre de 2014

Transcripción

1 TÍTULO PRIMERO DEL ESTADO Y SU TERRITORIO Artículo 1.- El Estado de Chiapas es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 14 de septiembre de 1824, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación directa; y es libre y soberano en lo que concierne a su régimen interior, sin más limitaciones que las que se derivan del pacto federal consignado en la Constitución Política de la República. Artículo 2º.- El Territorio del Estado de Chiapas es el que posee desde que forma parte de la República Mexicana. Para su organización política y administrativa se dividirá en Municipios Libres, de acuerdo con las bases contenidas en el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica respectiva, siendo los siguientes: 1. Acacoyagua. 2. Acala. 3. Acapetahua. 4. Aldama. 5. Altamirano. 6. Amatán. 7. Amatenango de la Frontera. 8. Amatenango del Valle. 9. Ángel Albino Corzo. 10. Arriaga. 11. Bejucal de Ocampo. 12. Belisario Domínguez. 13. Bella Vista. 14. Benemérito de las Américas. 15. Berriozábal. 16. Bochil. 17. Cacahoatán. 18. Catazajá. 19. Chalchihuitán. 20. Chamula. 21. Chanal. 1

2 22. Chapultenango. 23. Chenalhó. 24. Chiapa de Corzo. 25. Chiapilla. 26. Chicoasén. 27. Chicomuselo. 28. Chilón. 29. Cintalapa. 30. Coapilla. 31. Comitán de Domínguez. 32. Copainalá. 33. El Bosque. 34. El Parral. 35. El Porvenir. 36. Emiliano Zapata. 37. Escuintla. 38. Francisco León. 39. Frontera Comalapa. 40. Frontera Hidalgo. 41. Huehuetán. 42. Huitiupán. 43. Huixtán. 44. Huixtla. 45. Ixhuatán. 46. Ixtacomitán. 47. Ixtapa. 48. Ixtapangajoya. 49. Jiquipilas. 50. Jitotol. 51. Juárez. 52. La Concordia. 53. La Grandeza. 54. La Independencia. 2

3 55. La Libertad. 56. La Trinitaria. 57. Larráinzar. 58. Las Margaritas. 59. Las Rosas. 60. Mapastepec. 61. Maravilla Tenejapa. 62. Marqués de Comillas. 63. Mazapa de Madero. 64. Mazatán. 65. Metapa. 66. Mezcalapa. 67. Mitontic. 68. Montecristo de Guerrero. 69. Motozintla. 70. Nicolás Ruiz. 71. Ocosingo. 72. Ocotepec. 73. Ocozocoautla de Espinosa. 74. Ostuacán. 75. Osumacinta. 76. Oxchuc. 77. Palenque. 78. Pantelhó. 79. Pantepec. 80. Pichucalco. 81. Pijijiapan. 82. Pueblo Nuevo Solistahuacán. 83. Rayón. 84. Reforma. 85. Sabanilla. 86. Salto de Agua. 87. San Andrés Duraznal. 3

4 88. San Cristóbal de Las Casas. 89. San Fernando. 90. San Juan Cancuc. 91. San Lucas. 92. Santiago El Pinar. 93. Siltepec. 94. Simojovel. 95. Sitalá. 96. Socoltenango. 97. Solosuchiapa. 98. Soyaló. 99. Suchiapa Suchiate 101. Sunuapa Tapachula Tapalapa Tapilula Tecpatán Tenejapa Teopisca Tila Tonalá Totolapa Tumbalá Tuxtla Chico Tuxtla Gutiérrez Tuzantán Tzimol Unión Juárez Venustiano Carranza Villa Comaltitlán Villa Corzo Villaflores. 4

5 121. Yajalón Zinacantán. Los asuntos inherentes a los límites territoriales del Estado y sus municipios se resolverán por Acuerdo del Ejecutivo del Estado, aprobado por el Congreso del Estado y de cuando menos, la mitad de los Ayuntamientos. TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS HUMANOS Artículo 3º.- Es voluntad del pueblo Chiapaneco adoptar la forma de gobierno republicano, representativa, democrática, laica y popular. Toda persona en el Estado de Chiapas gozará de las garantías individuales y sociales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los Derechos Humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamados y reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas, que son los siguientes: I. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. II. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. III. IV. Todo Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a esclavitud ni a la servidumbre, la esclavitud y la trata de personas están prohibidas en todas sus formas. V. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 5

6 VI. VII. VIII. IX. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Constitución y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a un medio de defensa efectivo, que la proteja contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. X. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier acusación contra ella en materia penal. XI. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho Nacional e Internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda Persona tiene derecho a transitar libremente y a elegir su residencia en el territorio del Estado. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación respectiva. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Los hombres y las mujeres, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de origen cultural, nacionalidad, credo o ideología, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 6

7 XVII. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. XVIII. XIX. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de credo; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, conforme lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la ley de la materia. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Toda persona tiene derecho a acceder de forma libre y universal a Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación. El Estado está obligado a garantizar este derecho. XX. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. XXI. Los ciudadanos chiapanecos tienen derecho a participar en el gobierno del Estado, directamente o por medio de representantes libremente escogidos en los términos que señalen las leyes respectivas. Los ciudadanos chiapanecos tienen el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas del Estado. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto, de conformidad a lo dispuesto en la ley de la materia. XXII. XXIII. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo estatal, nacional y la cooperación internacional, de conformidad con la organización y los recursos del estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución particular y de la legislación respectiva. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 7

8 desempleo, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta Constitución particular y de la legislación respectiva Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo de igual valor. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. XXIV. Todo trabajador tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, de acuerdo a la ley respectiva. XXV. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. XXVI. Toda persona tiene derecho a la educación de calidad. El Estado impartirá educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Además: A) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; a la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. B) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 8

9 fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; y C) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional se hará con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación y conforme a lo dispuesto en la ley. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. XXVII. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, en términos de las leyes respectivas. XXVIII. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social en el que los derechos y libertades proclamados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución particular, se hagan plenamente efectivos. XXIX. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 9

10 Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas que consagra esta Constitución. XXX. Nada en esta Constitución podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución particular. Los derechos consagrados en esta Constitución Política y las leyes reglamentarias emanadas de la misma, así como las referencias a las personas o de quienes conforman los Poderes Públicos, instituciones públicas y los organismos autónomos del Estado, deberán entenderse siempre con un ánimo de lenguaje incluyente y perspectiva de género, por encima de la cuestión gramatical con que se encuentren redactados; en ese tenor los nombramientos que para tal efecto se expidan, deberán referirse en cuanto a su género. Artículo 4º.- El Estado está obligado, a incluir dentro de los planes de educación básica y media superior, la enseñanza teórica y práctica de los Derechos Humanos contenidos en esta Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando una persona que pertenezca a un pueblo indígena y no hable suficientemente el idioma español, tendrá derecho a que se le asigne un defensor social que hable su misma lengua y conozca su cultura, para que lo patrocine legalmente. El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en caso de una resolución vinculatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de instrumentos internacionales vinculantes, de las recomendaciones aceptadas por sus autoridades, o de aquéllas derivadas de procedimientos de amigable composición, que impliquen una reparación del daño, deberán contemplar en la integración de sus presupuestos respectivos, un fondo destinado para el cumplimiento de la reparación del daño de las víctimas de violación de los derechos humanos. En caso de que los recursos no sean utilizados en el ejercicio correspondiente, serán acumulables para el ejercicio inmediato siguiente. El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las excepciones que establezca la legislación penal. Las autoridades estatales y municipales, en los términos y condiciones que establezcan la Constitución General del la República, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanan, los Tratados y Convenios Internacionales ratificados y vigentes en México, garantizarán: I. El derecho a la identidad a toda persona nacida en Chiapas, para que cuenten con nombre y nacionalidad mexicana. 10

11 La inscripción ante el registro civil de los menores de un año será gratuita. A nadie se le exigirá comprobar la legal estancia en el país para la inscripción ante el registro civil de sus hijos nacidos en territorio estatal. II. III. Que todas las personas mayores de 64 años que residan en el Estado, reciban una aportación económica mayor a lo que determina el objetivo número uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes, entre ellos el derecho a la salud, derechos laborales, derecho a la seguridad pública y a la procuración de justicia. En el Estado de Chiapas, tratándose de delitos del fuero común, queda prohibida la figura del arraigo dentro de los procedimientos inherentes a la averiguación previa o etapa de investigación. CAPÍTULO II DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Artículo 5º.- En el Estado de Chiapas se garantiza que: I. Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. II. III. IV. Las mujeres decidan de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Las mujeres embarazadas tienen derecho, a exigir de quien señalen como el progenitor, el cincuenta por ciento de los gastos derivados del embarazo y parto. En caso de separación o abandono, las mujeres tienen derecho, a conservar la custodia de los hijos menores de edad, en tanto se resuelva su situación jurídica. V. Las mujeres tienen derecho a la propiedad privada y social en igualdad de circunstancias que los hombres. VI. El trabajo de la mujer en el hogar se valorará económicamente, por lo que en caso de separación, cesación del concubinato u abandono, las mujeres tienen derecho al menaje del hogar y a permanecer en el domicilio conyugal, hasta en tanto se resuelva su situación jurídica. CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS Artículo 6º.- El Estado garantizará a las niñas y los niños que habitan en la Entidad, los siguientes derechos: 11

12 I. A la educación básica, y a jugar. II. III. IV. A ser protegidos contra el trabajo en edad escolar. A crecer en un ambiente de salud, paz, dignidad y libre de violencia. A estar informados y a ser escuchados. V. A una relación familiar, basada en el respeto a la dignidad, independiente de su origen cultural, género, lengua, opiniones, lugar de nacimiento, credo y nacionalidad. VI. A participar plenamente en la vida familiar, cultural y social. El Gobierno del Estado asegurará a las niñas y a los niños la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. El Gobierno del Estado adoptará todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a las niñas y niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras las niñas y niños se encuentren bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria a las niñas y niños y a quienes cuidan de ellos, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos a las niñas y niños, según corresponda, la intervención judicial. En el Estado de Chiapas, quedan prohibidos el trabajo, la explotación y la pornografía infantil por cualquier medio, incluyendo internet y toda forma de trata de personas, delitos que serán castigados severamente por la legislación penal. Asimismo, el Estado tomará todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niñas y niños para cualquier fin o en cualquier forma. CAPÍTULO IV DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Artículo 7º.- El Estado de Chiapas, tiene una población pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y protege a los siguientes: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal. 12

13 También protege los derechos de los indígenas que por cualquier circunstancia se encuentren asentados dentro del territorio del Estado y que pertenezcan a otros pueblos indígenas. En el marco de las garantías individuales y los derechos humanos, el Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas. También garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la justicia, una vida libre de violencia, los servicios de salud y a una educación bilingüe que preserve y enriquezca su cultura, con perspectiva de género, equidad y no discriminación. Fomentará, asimismo, la plena vigencia de los derechos de los indígenas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y decorosa, así como los derechos de las mujeres, niñas y niños. Se reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones, fomentando la participación y empoderamiento de las mujeres. El Estado fomentará el eficaz ejercicio de los derechos de uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, flora y fauna silvestres de las comunidades indígenas, en los términos y con las modalidades que establece la Constitución General de la República y las leyes reglamentarias respectivas. El Estado, con la participación de las comunidades indígenas, instrumentará los planes y programas necesarios para impulsar su desarrollo socioeconómico con perspectiva de género. En todo procedimiento o juicio en el que una de las partes sea indígena, se tomará en consideración su cultura, usos, costumbres y tradiciones. Los indígenas tendrán el derecho a que se les designe un traductor y un defensor que hablen su lengua y conozcan su cultura. En los municipios con población de mayoría indígena, el trámite y resolución de las controversias entre personas pertenecientes a comunidades indígenas, será conforme a sus usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y valores culturales, y con la participación de sus autoridades tradicionales, debiendo salvaguardarse los derechos fundamentales que consagra la Constitución General de la República y el respeto a los derechos humanos. Los indígenas deberán compurgar sus penas, preferentemente en los establecimientos más próximos a sus comunidades, a fin de propiciar su reintegración a éstas, como parte de su readaptación social. Se prohíbe toda forma de discriminación de origen étnico o por razón de lengua, sexo, religión, costumbre, o condición social. La contravención a esta disposición será sancionada en los términos de la legislación penal vigente. El Estado promoverá y protegerá la organización y el desarrollo de la familia indígena, incorporando y reconociendo sus formas tradicionales de constituirla, siempre con respeto 13

14 a los derechos humanos y a la protección de la dignidad de las mujeres y los menores de edad. Los derechos de los indígenas que esta Constitución consagra deberán ser protegidos y regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas. TÍTULO TERCERO DE LOS HABITANTES, LAS Y LOS CHIAPANECOS, Y LA CIUDADANÍA CAPÍTULO I DE LOS HABITANTES Artículo 8º.- Son habitantes del Estado quienes residan de manera permanente o temporal dentro del territorio del mismo, sean mexicanos o extranjeros sin importar su estado migratorio; sus obligaciones son: I. Respetar y cumplir la Constitución General de la República, la Constitución del Estado, y las leyes secundarias que de ella emanen. II. III. IV. Acrecentar el espíritu de solidaridad humana, evitar todo tipo de violencia y discriminación, respetar los valores cívicos y culturales, y coadyuvar en las tareas de superación del pueblo chiapaneco. Contribuir para los gastos públicos del Estado y de los municipios, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Evitar la deforestación; forestar y reforestar los predios que les pertenezcan y colaborar con las autoridades en la ejecución de las campañas contra la deforestación, la forestación y reforestación; prevenir y combatir los incendios y contribuir a la realización de los programas de mejoramiento de la comunidad. V. Hacer que sus hijos e hijas o pupilos, concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Artículo 9º.- Son chiapanecos por nacimiento: I. Quienes hayan nacido en el territorio del Estado. II. Los hijos de padre o madre chiapanecos que hayan nacido fuera del mismo. CAPÍTULO II DE LA CIUDADANÍA CHIAPANECA Artículo 10.- Son ciudadanos chiapanecos, los chiapanecos por nacimiento así como, las mujeres, los hombres mexicanos por nacimiento o naturalización, que hayan cumplido 14

15 dieciocho años de edad, que tengan modo honesto de vivir y que hayan residido en el Estado por un periodo de más de cinco años consecutivos. Artículo 11.- Son obligaciones de los ciudadanos chiapanecos, además de las establecidas en el artículo 9º, las siguientes: I. Inscribirse en el Padrón Electoral y votar en las elecciones correspondientes. II. III. IV. Desempeñar los cargos de elección popular para los que hayan sido electos. Tomar las armas para la defensa de la Federación, del Estado y de sus Instituciones, conforme lo prevenga la ley. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde residan, las funciones electorales y las de jurado. Artículo 12.- Los ciudadanos chiapanecos tienen derecho a: I. Ser votados para todos los cargos de elección popular. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine esta Constitución y las leyes en la materia. Los aspirantes a candidatos independientes que hayan participado en un proceso de selección y no hayan resultado ganadores, no podrán ser postulados por un partido político o coalición, de conformidad con la ley de la materia aplicable. II. III. IV. Votar en las elecciones correspondientes. En el caso de los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, estos podrán votar de acuerdo a los convenios que podrá celebrar el Instituto Local con el Instituto Nacional Electoral en los términos que especifique la ley de la materia. Ser nombrados para cualquier cargo o comisión, siempre que satisfagan los requisitos que la ley exige. Formular peticiones y asociarse en forma individual, libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado. V. Participar en los plebiscitos que convoque el Ejecutivo del Estado e iniciar leyes ante el Congreso del Estado, en los términos que establezca la presente Constitución y la Ley Reglamentaria que al efecto se expida. VI. VII. VIII. Afiliarse libre, personal e independientemente a un partido político. Se Deroga. Exigir que los actos de los Poderes del Estado sean transparentes y públicos. 15

16 IX. Solicitar el registro de candidatos independientes ante la autoridad electoral cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación aplicable en la materia; X. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia estatal, las que se sujetarán a lo siguiente: 1. Serán convocadas por el Congreso del Estado, a petición de: a) El Gobernador del Estado; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso del Estado, o c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad con corte a la fecha que se haga la petición, debiéndose atender los términos que determine la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de la Legislatura. 2. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores con corte a la fecha que se haga la consulta, en el respectivo ámbito, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo locales y para las autoridades estatales competentes; 3. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la particular del Estado; los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución Federal; los principios consagrados en el artículo 3 de esta Constitución; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado. El tribunal Constitucional resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso del Estado, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 4. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1 de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 5. La consulta popular se realizará en términos de la Ley de la materia; 6. Las resoluciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en esta Constitución, y 7. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. 16

17 Artículo 13.- Los derechos a que se refiere el artículo anterior se suspenden: I. Por incapacidad jurídica. II. III. IV. Porque las personas estén sujetas a proceso por delito que merezca pena privativa de libertad, desde que se dicte auto de formal prisión. La suspensión en este caso, tratándose de servidores públicos que gocen de fuero constitucional, tendrá efectos desde que se dicte auto de formal prisión o desde que se declare que ha lugar a formación de causa. Por estar compurgando una pena privativa de libertad. Por ser una persona prófuga de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión o reaprehensión, hasta que prescriba la acción penal o la sanción impuesta. V. Por negarse a desempeñar el cargo de una sindicatura, regiduría, presidencia municipal, diputación o gubernatura. La suspensión subsistirá el tiempo que debería durar el cargo cuya negativa se sanciona. VI. Por sentencia ejecutoriada que imponga como pena la suspensión. La ciudadanía chiapaneca se recobra por haber cesado la causa que dio motivo a la suspensión. Artículo 14.- Son personas vecinas del Estado, quienes residan habitualmente dentro de su territorio, sean personas mexicanas o extranjeras, con el ánimo de permanecer en él. La vecindad no se pierde por ausentarse con motivo del desempeño de un cargo de elección popular, de función pública o de la reclamada del deber de todo mexicano de defender a la patria y a sus instituciones. TÍTULO CUARTO DE LA SOBERANÍA, EL PODER PÚBLICO Y LAS ELECCIONES CAPÍTULO I DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO Y EL PODER PÚBLICO Artículo 15.- La soberanía del Estado reside esencial y originalmente en el pueblo, quien la ejerce por medio de los Poderes Públicos, que se instituyen para su beneficio. Artículo 16.- El Poder Público se divide para su ejercicio en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y conforman el Gobierno del Estado. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en una sola persona, salvo el caso de facultades extraordinarias que se concedan al Ejecutivo, para preservar la paz, prevista en la fracción VI del artículo 30 de esta Constitución. 17

18 CAPÍTULO II DE LAS ELECCIONES Artículo 17.- Las elecciones de Diputados al Congreso del Estado e integrantes de los Ayuntamientos del Estado, se celebrarán el tercer domingo de julio del año de la elección, en tanto que la elección de Gobernador se efectuará en la misma fecha en que se celebre la elección de Gobernador se efectuará en la misma fecha en que se celebre la elección de Presidente de la Republica, y deberán efectuarse en términos de no discriminación. El Estado y sus instituciones deberán promover la inclusión y participación política de las mujeres en todo el territorio. La actuación de los Poderes Públicos durante los procesos electorales será imparcial; toda persona que tenga algún cargo en el servicio público, deberá abstenerse de intervenir directa o indirectamente a favor o en contra de cualquier partido político, coalición, candidatura o precandidatura. Las autoridades estatales, municipales, así como las delegaciones del órgano Ejecutivo federal, así como los órganos constitucionales autónomos deberán cesar la difusión pública de obras y programas durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, no así la realización de las mismas. Se exceptúa de lo anterior la difusión de campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, así como aquellos en los que resulte imprescindible su difusión derivado de caso fortuito o fuerza mayor. Cualquier violación a esta disposición, será sancionada en términos de esta Constitución y de la legislación de la materia, con independencia de lo dispuesto en la Ley General en materia de Delitos Electorales. Apartado A.- De los Ciudadanos Chiapanecos La ciudadanía participará en la vigilancia, preparación y desarrollo de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, así como en la fiscalización del origen, uso, aplicación y destino del financiamiento público y privado de los partidos políticos, empleado en sus actividades ordinarias, de precampaña, campaña y demás obligaciones, en los términos establecidos en esta Constitución y las leyes generales respectivas. La ciudadanía ejercerá sus derechos consagrados en el párrafo anterior y de acceso a cualquier información relativa a los partidos políticos, coaliciones, precandidaturas o candidaturas de conformidad con lo señalado por las normas que regulan la materia. Tendrán expedito el derecho de denunciar ante las autoridades competentes, cualquier discriminación, violencia o irregularidad observada. La solicitud de información deberá presentarse ante el organismo público electoral local denominado Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, según corresponda. Este derecho se ejercerá bajo las mismas condiciones que regulan al derecho de petición, consagrado en la Constitución Federal. 18

19 La ciudadanía tendrá derecho a la afiliación a los partidos políticos, el cual se ejercerá de manera personal, libre e independiente y sin coacción o violencia. Toda afiliación corporativa o de grupo será nula y sancionada por la Ley. La ciudadanía tendrá derecho a participar en las consultas ciudadanas de conformidad con lo establecido en la Ley. Apartado B.- De los Partidos Políticos Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática del Estado; como organizaciones de ciudadanos, hacen posible el acceso de estas personas al ejercicio del poder público, de acuerdo con los principios y programas que postulen. Su participación en los procesos electorales se sujetará a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes generales respectivas. La intervención en la vida interna de los partidos por parte de las autoridades electorales locales, sólo podrá ser conforme a las disposiciones que establezcan esta Constitución y las leyes generales respectivas. La ley garantizará que en la postulación y registro de candidatos a diputados del Congreso del Estado y a integrantes de los ayuntamientos, los partidos garanticen la paridad de género, así como la participación de los jóvenes. En caso de incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, la ley determinará las sanciones aplicables. Asimismo, en las zonas con predominancia en población indígena, los partidos políticos podrán registrar preferentemente candidatos de origen indígena, haciendo labor para incorporar la participación política de las mujeres. En las leyes generales respectivas se encuentran establecidos los fines, derechos, prerrogativas, obligaciones y responsabilidades de los partidos políticos estatales y nacionales así como las formas de su intervención en los procesos electorales estatales y locales. Es derecho de los partidos políticos el uso de manera permanente de los medios de comunicación social para difundir su propaganda política que tenga por objeto crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas, en los términos establecidos por las leyes de la materia. De igual forma los partidos políticos podrán difundir, en todo momento salvo dentro de campañas electorales logros de gobierno de candidatos de su partido o bien de los partidos en caso de existir coaliciones. En la ley se fijarán las reglas y criterios a que se sujetará la asignación y distribución del financiamiento público de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, garantizando que lo reciban en forma equitativa y que éste sea destinado para su sostenimiento y el desarrollo de sus actividades ordinarias y las tendentes a la obtención del voto durante los procesos 19

20 electorales. Del mismo modo se regularán el financiamiento privado, que en ningún caso podrá ser superior ni equivalente al del total del financiamiento público, los gastos que podrán erogar los partidos políticos, coaliciones, precandidaturas y candidaturas en las precampañas y campañas electorales; los métodos de financiación, quedando los procedimientos de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos, y las sanciones correspondientes, reservados a lo que dispongan las leyes generales respectivas. En el caso en el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral delegue la facultad de llevar a cabo la revisión de los Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos en cuanto a sus gastos trimestrales, ordinarios de precampaña o bien de campaña será el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana quien se hará cargo de la revisión a través de las comisiones y áreas especializadas que para tales fines determine. Los partidos políticos deberán comprobar el gasto del financiamiento público asignado para sus actividades, así como lo relativo al financiamiento privado, en términos de las leyes generales respectivas. Los partidos políticos que pierdan su registro o acreditación, deberán reintegrar al erario estatal el excedente económico y los bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido con recursos provenientes del financiamiento público estatal. La Ley establecerá el procedimiento de liquidación y devolución de los bienes. Los partidos políticos o acreditados ante el Instituto, para efectos de su intervención en los procesos electorales, podrán formar coaliciones en los términos que señale la Ley, a fin de postular a los mismos candidatos en las elecciones en que participen. Para ello deberán contar con la aprobación de los órganos directivos nacional y estatal de cada uno de los partidos que la integren. Lo anterior, con independencia de cualquier otra forma de participación o asociación que establezca la ley. Los partidos políticos que realicen coaliciones o alianzas sin sujetarse a las reglas establecidas en la Ley, deberán reintegrar el financiamiento público que se les asignó para la elección de que se trate, con independencia de las sanciones a que se hagan acreedores conforme a la Ley. Los partidos políticos y coaliciones, podrán celebrar procesos de selección interna para elegir a las personas que serán registradas como candidatas para contender a los cargos de elección popular, de conformidad con lo que establezca las leyes de la materia. La duración de las precampañas electorales no podrá exceder de diez días. Las campañas políticas tendrán como finalidad, la obtención del voto a favor de los candidatos que representan a los partidos políticos o coaliciones que los postulan, a través de la difusión de su plataforma electoral y el debate ideológico; en la propaganda política o electoral que difundan los partidos o coaliciones deberán abstenerse de expresiones que denigren o calumnien a las instituciones, a los propios partidos o a las personas. 20

21 La duración de la campaña a Gobernador no podrá exceder de 60 días; para Diputados al Congreso del Estado y la de miembros de Ayuntamientos no podrá exceder de 30 días y las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el Código de la materia. La ley dispondrá que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana organice debates entre todos los candidatos a Gobernador y promoverá la celebración de debates entre candidatos a diputados locales y a presidentes municipales, debiendo ser difundidos en términos de lo establecido en la ley general respectiva. La difusión de encuestas y sondeos de opinión, será regulada por la Ley, pero en ningún caso permitirá su divulgación durante la jornada electoral y los tres días anteriores. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, distribuirá a los partidos políticos en forma equitativa y de conformidad con la Ley, los tiempos en radio y televisión que otorgue el Instituto Nacional Electoral. Se prohíbe a los partidos políticos y coaliciones por sí, por tercero o por interpósita persona, la contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión. Asimismo, ninguna persona pública o privada, a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de determinadas candidaturas o precandidaturas a puestos de elección popular. Las prohibiciones mencionadas en los párrafos anteriores, comprenden la contratación en el extranjero o en estados aledaños, de todo tipo de mensajes en los canales de radio y televisión que tengan cobertura en el Estado. Apartado C.- De las Autoridades Electorales Las autoridades garantizarán a la ciudadanía que el ejercicio del sufragio sea libre, igual, universal, secreto y directo. La certeza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, serán los principios rectores del proceso electoral que regirán la actuación de las autoridades electorales en el ejercicio de sus atribuciones. Las autoridades garantizarán el derecho a la información de los ciudadanos chiapanecos en los términos señalados en este artículo y las leyes de la materia. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, serán autoridades en la materia electoral y ejercerán las atribuciones de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y las leyes secundarias que de ella emanen. Las demás autoridades y los particulares estarán obligados a acatar sus requerimientos. La calificación de las elecciones estará a cargo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de conformidad con lo que disponga la Ley respectiva. 21

22 I. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es un organismo público local electoral dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, gozara de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones mismo que tendrá a su cargo la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados locales y miembros de Ayuntamientos en función concurrente con el Instituto Nacional Electoral. Contará con un órgano de dirección superior, integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con un representante de cada partido político y un Secretario Ejecutivo quienes asistirán con voz, pero sin voto. El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral en la forma y términos que señala la ley, durarán en su cargo seis años y fungirá como Secretario del Consejo General. Asimismo la Secretaria Ejecutiva contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana contará con una Contraloría General, que tendrá a su cargo la fiscalización de las fianzas y recursos del Organismo Público Local Electoral. El Titular de la Contraloría General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana será designado por la Legislatura del Estado en la forma y términos que señale la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la Presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Chiapas. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales durarán en su cargo siete años y no podrán ser reelectos. Durante su ejercicio no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión y sólo podrán recibir percepciones derivadas de la docencia, de regalías, de derechos de autor o publicaciones, siempre que no se afecte la independencia, autonomía, imparcialidad y equidad que debe regir el ejercicio de su función; podrán ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo. El Consejero Presidente y los Consejeros Electores, cuando no haya proceso electoral, estarán obligados a realizar tareas de investigación, docencia y difusión de la materia electoral, de participación ciudadana y de educación cívica y proyección electoral y socio-política. 22

23 La ley establecerá los requisitos que deberán reunirse para ocupar los cargos de Secretario Ejecutivo y el titular de la Contraloría General. El Código y el Estatuto de la materia, determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos ejecutivos, técnicos y administrativos, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como las relaciones jerárquicas y administrativas entre éstos. Así mismo el consejo General expedirá y aprobara su reglamento interno. Los emolumentos que perciban el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y el titular de la Contraloría General serán los previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal del año correspondiente. Las leyes y el estatuto correspondiente determinarán los regímenes laboral y de responsabilidades de los servidores públicos del organismo público local electoral. El organismo público local electoral tendrá a su cargo, además de las que determine la ley, las actividades relativas al desarrollo de la democracia y la cultura política, derecho y acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la aprobación de materiales electorales, escrutinios y cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones locales, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteo rápido y sobre mecanismos de participación ciudadana. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana contará en su estructura ordinaria con una dirección general especializada para la recepción, atención y trámite de las quejas y denuncias relacionadas con los procedimientos administrativos sancionadores y de fiscalización del gasto ordinario o de campaña según convenga con el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se faculta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de autoridades auxiliares municipales. La ley determinará las facultades y atribuciones que en materia de candidaturas independientes y de consulta popular tendrá el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política, de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Los pueblos y comunidades indígenas elegirán, de acuerdo con sus principios, normas procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, de conformidad con esta Constitución y la ley respectiva. 23