c) como consecuencia de la indivisibilidad de la acción el voto es indivisible.

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1 Derechos que confieren las acciones. En otra parte del curso se ha analizado la acción como parte del capital social. La acción atribuye a su titular una haz de derechos. El titular de una acción es accionista, es decir socio de las sociedad anónima. La incorporación de la condición de socio a la acción, dicen Broseta Pont- Martínez, produce dos importantes efectos. La titularidad de la acción otorga o confiere la condición personal de accionista. Esta es una condición fungible, lo cual significa que la condición puede modificarse con la simple transmisión de la acciones, con extraordinaria facilidad, seguridad, certeza, sin tener que recabar el consentimiento de la sociedad, el de los restantes socios, ni ser tampoco necesaria la inscripción de la transmisión en un registro público. ( ob. cit. pág ). La doctrina ha agrupado los derechos inherentes a la acción en derechos políticos y patrimoniales. El artículo 319 señala que serán derechos esenciales de los accionistas. 1) Participar y votar en las asambleas de accionistas. 2) Participar en las ganancias sociales y el remanente de la liquidación, en el caso de disolución de la sociedad. 3) Fiscalizar la gestión de los negocios sociales. 4) Tener preferencia en la suscripción de acciones, partes beneficiarias convertibles en acciones y obligaciones negociables convertibles en acciones. 5) Receder en los casos previstos por la ley. Estos derechos sólo podrán ser condicionados, limitados o anulados cuando expresamente la ley lo autorice. I- Derechos políticos. Participar en las asambleas de accionistas. Señala Serván Bauzón ( Manual de Sociedades Comerciales, Tomo II, pág. 306 ) que sólo los accionistas tienen derecho de voto, porque está ligado inexorablemente a la titularidad de las acciones y no puede ser enajenado con independencia de ellas. Dice el escribano que como consecuencia ; a) el derecho de voto es intransferible, pudiendo sólo ser ejercido por el poseedor legitimado de la acción o su representante. No puede transferirse independientemente de la condición de accionista. Por ello, dicen Broseta Pont Martínez, ( ob. cit. pág. 367) si las acciones han sido embargadas, el voto corresponde al propietario y no al depositario. Es un derecho individual de carácter esencial, lo cual explica que no puede ser derogado por los estatutos ni por acuerdo de la asamblea ( salvo en el caso de las acciones sin voto que, por definición, nacen sin este derecho). Puede ser ejercido por el propio accionista o por representante. b) todo acción tiene, en principio, derecho a un voto. c) como consecuencia de la indivisibilidad de la acción el voto es indivisible. El derecho de voto es uno de los derechos fundamentales del accionista, puesto que mediante él se intervienen e influye en la adopción de los acuerdos sociales, se elige a quienes dirigen y representan a la sociedad y, finalmente, se controla o puede controlar la situación de la explotación de la empresa de la que es titular la sociedad anónima. Por medio del voto se forma la voluntad de la mayoría, la cual se identifica con la voluntad de la sociedad. Obviamente, dicen Broseta Pont Martínez, ( ob. cit. pág. 367) para que los acuerdos adoptados por la asamblea sirvan efectivamente como válida expresión de la voluntad social, es necesario que se cumplan determinados requisitos. Que se trate de asuntos que correspondan a la competencia de la

2 asamblea por así determinarlo el estatuto o la ley, que conste en el orden del día, que haya quorum mínimo. Normalmente, todo accionista, por ínfima que sea su participación en el capital social, puede ejercitar los derechos de asistencia y voto, por sí o por medio de representante y, además, la intensidad con que ejercita este derecho dependerá de la proporción en que se participa en el capital social. Restricciones. La ley permite que los estatutos restrinjan el derecho de asistencia, a través de un número mínimo de acciones para poder asistir a la asamblea, restricción que suele introducirse en las grandes sociedades anónimas que poseen un muy elevado número de accionistas, lo que dificulta extraordinariamente la reunión de todos ellos en un local. Este número establecido en el estatuto no puede ser superior a diez. Art La norma no priva al accionista del derecho de voto, por lo que, para hacer posible el mismo por parte de accionistas que no poseen el mínimo de acciones exigidas por los estatutos, la ley permite en todo caso su agrupación para que una vez alcanzada aquella cifra, pueda un accionista, o la persona que los accionistas agrupados designen, asistir y votar en las asambleas por todos ellos. ( Broseta Pont Martínez, ob. cit. pág. 368) Los casos en que se prohibe al socio el derecho de voto según Brunetti puede reducirse a : ob. cit. pág.189). a- Mora en el pago de su aporte. De acuerdo al artículo 318 el suscriptor moroso no podrá ejercer los derechos que la ley o el contrato le acuerden. b- Deliberación sobre la acción de responsabilidad contra el socio administrador. Es natural dice el italiano la incompatibilidad de un socio que ejerce su derecho de voto sobre el planteamiento de una acción judicial contra sí mismo. c- Conflicto de intereses entre el socio y la sociedad. Los accionistas o sus representantes que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena, un interés contrario al de la sociedad, deberán abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquella. Si contraviniera esta disposición, serán responsables de los daños y perjuicios cuando, sin su voto, no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida. Art d- Adquisición por la sociedad de sus propias acciones ( autocartera), art. 314 e- En el caso de participación de sociedades en otras sociedades, art. 47, cuando participe en el capital de otra o de otras sociedades por un monto superior a su patrimonio social y hubiese incumplido con la obligación de enajenar dicho exceso dentro del año siguiente a la fecha de aprobación de los estados contables de los que resulte que el límite ha sido superado. Sindicación de accionistas. El artículo 331, en la redacción dada por el art. 59 de la Ley nº 17243, establece que será legitimo los convenios de accionistas sobre compra y venta de sus acciones, ejercicio de los derechos de preferencia y de voto o cualquier otro objeto lícito. Los accionistas contratantes podrán ejercer todos sus derechos y acciones legales para el cumplimiento debido de las obligaciones asumidas y frente a quienes resulten comprometidos para la debida ejecución del convenio. Tratándose de sociedades abiertas, el órgano de administración informará a cada asamblea ordinaria sobre la política de capitalización de ganancias y distribución de dividendos que resulte de los convenios depositados en la sociedad. En ningún caso los convenios de sindicación de acciones podrán ser invocados para eximir a los accionistas de sus responsabilidades en el ejercicio del derecho de voto. Los convenios de sindicación de acciones tendrán una vigencia máxima de quince años, sin perjuicio de que las partes acuerden la prórroga tácita o automática de su plazo.

3 La sindicación es acuerdo ( Rippe ob.cit., pág. 122 ) celebrado por accionistas de una sociedad anónima que tiene por objeto corporatizar o mutualizar a distintos tenedores individuales de las mismas con el fin de influir en la gestión social a la hora de ejercer el derecho de voto, lograr mejores precios de venta de las mismas, unir capitales para la compra de nuevas acciones o ejercer los derechos de preferencia y acrecimiento, disponer sobre el reparto de utilidades y cualquier otro objeto lícito. Supone la reunión de aquellos fuera del ámbito de la organización de la sociedad. A la hora de ejercer sus derechos actúan en base en las directrices establecidas por el grupo sindicado. El convenio de sindicación de acciones puede ser público o secreto, documentado o no, conocido o desconocido por la sociedad. Para ser oponible a terceros, incluida la sociedad, deberá entregarse a la sociedad un ejemplar con las firmas certificadas notarialmente e inscribirse además en el Registro Nacional de Comercio, art. 15 de la Ley y anotarse la circunstancia antedicha en los títulos accionarios o se haga constar en el libro de Registro de Acciones escriturales. Cumplidos estos requisitos, las acciones respectivas no podrán ser negociadas en bolsa. El problema de la legitimidad, dice Rippe se centra en el hecho de que el vínculo sindical limita el derecho y la libertad del voto. La ilícitud del convenio ha sido fundamentada por un lado, en el hecho de la pérdida de eficacia de las deliberaciones de asamblea y de la necesaria relación entre las conclusiones de aquéllas y de la libre y convencida decisión de voto y por otro lado, en la aparente imposibilidad de renunciar al derecho de voto. Fiscalizar la gestión de los negocios sociales. Derecho de información. Se trata de un derecho autónomo ( Nissen, ob. Cit. pag ), al cual el socio puede recurrir para conocer la marcha de la administración de la sociedad y se encuentra vinculado con otro de no menor importancia como el derecho de voto, que el socio o accionista sólo puede ejercer con idoneidad cuando goza de completo conocimiento del tema objeto de votación. Señala el artículo 321 que los accionistas tendrán el derecho de obtener informes escritos o copia de el balance general (estado de situación patrimonial y estado de resultados), memoria del órgano administrador e informe del fiscalizador, si lo hubiera. El art. 402 establece que el órgano de control interno, si existiese, debe presentar en la asamblea ordinaria de accionistas, ( numeral 3) un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y especialmente sobre la distribución de utilidades proyectada. Este órgano debe suministrar a accionistas que representen no menos del 5 % del capital integrado, en cualquier momento que éstos lo requieran, información sobre las materias que sea de su competencia. ( numeral 7). Con el fin de que los accionistas puedan emitir convenientemente su voto en los asuntos mencionados en la convocatoria a la asamblea ordinaria, la ley le concede dicho derecho de información, el cual reviste dos modalidades. Según la primera, los accionistas podrán solicitar por escrito, antes de la asamblea los informes o aclaraciones que deberán ser proporcionados por los administradores. Asimismo el órgano de administración debe entregar los documentos que van a ser sometidos a aprobación y el informe del fiscalizador si lo hubiera, para su examen y análisis. Como todos los derechos, también el de información se somete a los límites generales ( buena fe, interdicción del abuso de derecho, etc.). ( Broseta Pont- Martínez, ob. cit. pág. 369). Expresa Verón ( ob. cit. pág. 1610) que el derecho de información ofrece estas características. a- Pertenece al grupo de los derechos cualitativos e instrumentales, que junto con el derecho al voto y de suscripción preferente contribuyen al ejercicio de los derechos patrimoniales ( al dividendo y a la cuota liquidacional ). b- Fundamenta el ejercicio consciente del derecho al voto.

4 c- Es un derecho conferido en el interés social, por cuanto con él se contribuye a formar la voluntad social. d- Es un derecho conferido, también, en el interés individual del accionista, que adecuadamente instruido puede valorar la marcha de la sociedad y la capacidad de los administradores. e- Es un derecho irrenunciable, sin perjuicio de la restricciones estatutarias y reglamentarias dispuestas por asamblea y que respondan al propósito de hacerlo compatible con el orden societario. f- Cumple una función preventiva ( forewarned is forearmed, estar prevenido es estar armado ) y de control de la gestión social. Tiene limites. Según Verón por un lado el abuso del derecho, puesto de manifiesto en actitudes obstruccionistas, dilatorias, perturbadoras y desordenadoras por parte del accionista en asamblea y por otro el secreto de la gestión social que la publicidad de ciertos actos perjudicaría. Receder en los casos previstos por la ley. Desde el punto de vista semántico ( Verón, ob. cit. pág. 1033) el derecho de receso, equivale a un derecho de separación, apartamiento desvío. Jurídicamente, y en el caso en examen, puede decirse que el derecho de receso es una facultad de corte netamente económico de retirarse de la sociedad, conferida a los accionistas disconformes con algunos cambios estructurales resueltos en asamblea general, reintegrándoseles su aporte de capital. Además de los casos previstos para todos los demás tipos sociales existe normas especiales en materia de sociedades anónimas. Por ejemplo no todo aumento del capital da derecho a receso. Según el artículo en la redacción del art. 59 de la ley el aumento del capital social mediante la emisión de acciones liberadas, no concede el derecho a receder. Son acciones liberadas las emitidas como consecuencia de la capitalización de reservas, reajustes de valores del activo y otros fondos especiales o del pago de dividendos con acciones. Art Podrá estipularse en el contrato social que no existirá derecho a receso en los casos de aumento de capital social por nuevos aportes, con excepción de los casos previstos en el artículo 330. La modificación que apareja la incorporación de esta estipulación en el contrato social dará derecho de receso. En las sociedades anónimas abiertas que emitan acciones que se coticen en mercados formales, los supuestos de aumento del capital social o reintegro - totales o parciales- de capital integrado, fusión o escisión- en tanto las sociedades resultantes mantuvieran el carácter de sociedades anónimas abiertas- no generarán derecho de receso. De entenderse ( Verón, ob. cit. pág. 1040) por reintegro o reintegración de capital al acto por el que los socios hacen nuevos aportes al rubro capital de la sociedad, por lo general a prorrata de sus anteriores suscripciones, sin recibir a cambio de dichos aportes nuevas acciones. Se trata de una operación que tiende a sanear el patrimonio social afectado por pérdidas y cuya esencia radica en reestablecer la integridad del capital social, incorporando al activo de la sociedad nuevos elementos patrimoniales, sin gravar paralelamente su pasivo. En este supuesto, la realidad es que el capital, concebido como entidad nominal, como una cifra meramente contable, no ha sufrido ninguna modificación, de tal forma que continúa siendo, en la cifra que lo representa, lo que era... Este derecho deberá ejercerse dentro de los 30 días de la publicación de la resolución, bajo sanción de caducidad. El artículo 319 prohibe el condicionamiento, limitación o anulación de este derecho salvo en los casos en que la ley expresamente lo autorice. Derechos políticos de las minorías.

5 Una de las características de la ley de sociedades es la voluntad de reforzar considerablemente los derechos del accionista minoritario dentro de la S.A. Destacan, en este sentido, varios e importantes derechos que se conceden al accionista o los accionistas que sean titulares de un porcentaje minoritario del capital. Se puede establecer así dice Martínez Sanz una dicotomía entre los derechos individuales de los socios ( derechos de los que disfruta a título individual por el solo hecho de ser accionista) y los derechos de la minoría ( cuyo ejercicio se vincula a la titularidad de un porcentaje de capital, sean varios o uno solo los accionistas que posean este porcentaje) ( Broseta Pont- Martínez, ob. cit. pág. 369). Los derechos que la ley reconoce a las minorías son entre otros: a- Exigir a los administradores la convocatoria a asamblea por parte de accionistas que representen por lo menos 20% del capital integrado, si el contrato social no fijara una representación menor. La petición indicará los temas a tratar y el órgano de administración convocará a la asamblea para que se celebre en el plazo de cuarenta días de recibida la solicitud. ( art. 344). b- Si el estatuto no previera la existencia de órganos de fiscalización, éstos podrán ser creados y designados sus titulares por una asamblea ordinaria o extraordinaria, a pedido de accionistas que representen por lo menos un 20 % del capital integrado, aunque ello no figure en el orden del día. En este caso la fiscalización durará hasta que una nueva asamblea resuelva suprimirla. Art c- Solicitar la intervención judicial de la sociedad como medida cautelar o autosatisfactiva, cuando el o los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que la pongan en peligro grave o nieguen a los socios o accionistas el ejercicio de derechos esenciales. También cuando por cualquier causa no actúen los órganos sociales o cuando actuando, no sea posible adoptar resoluciones válidas, afectándose el desarrollo de la actividad social. En esta hipótesis, no será necesario entablar un juicio posterior. El peticionante acreditará su condición de socio o accionista, los hechos invocados y el agotamiento de los recursos previstos en el contrato social. El Juez apreciará la procedencia de la intervención con criterio restrictivo. La intervención podrá consistir en la designación de un mero veedor, de un ejecutor de medidas concretas o de uno o varios coadministradores. También podrá designarse uno o varios administradores que desplazarán provisoriamente a quienes desempeñen tales funciones. ( arts. 184 a 188). d- Ejercer la acción social de responsablidad civil contra administradores y directores. La acción social de responsabilidad dice Brunetti citando a Vivante, es la que tiene por objeto reintegrar el patrimonio social perdido por los abusos y los administradores y el órgano de control interno. Esta acción, art. 394, podrá ser ejercida por accionistas ( uti singuli ) que se hayan opuesto a la aprobación de la gestión de los administradores o a la transacción. Tienen 90 días para ejercerla desde el acuerdo o la asamblea ordinaria que aprobó su gestión. e- Recibir del órgano de control interno, si existiese, en la asamblea ordinaria de accionistas, ( art. 402 numeral 3) un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y especialmente sobre la distribución de utilidades proyectada. Este órgano debe suministrar a accionistas que representen no menos del 5 % del capital integrado, en cualquier momento que éstos lo requieran, información sobre las materias que sea de su competencia. ( numeral 7). f-

6 Efectuar denuncias por escrito, ante el órgano de administración o ante el órgano de control interno, la cual este último deberá investigar e informar a la asamblea extraordinaria que se convoque para resolver al respecto, siempre y cuando la situación investigada no reciba del órgano de administración el tratamiento que conceptúen adecuado y juzguen necesario actuar con urgencia. ( 402, numeral 8). g- Accionistas o un accionista, que representen el 10% del capital integrado pueden solicitarle al órgano estatal de control, es decir la Auditoría Interna de la Nación, que ejerza funciones de fiscalización. Presentada la solicitud, el órgano estatal antedicho podrá recabar información del órgano de administración de la sociedad y en su caso, al de control privado. De disponerse la fiscalización ella si limitará al contenido de la solicitud. ( art. 410). h- Impugnar las resoluciones de asamblea. Serván Bauzón lo considera un derecho fundamental. Surge consagrado en los artículos 365, 367 y 394. El artículo 365 dispone que cuando una resolución de asamblea se adopte infringiendo la ley, el contrato social o los reglamentos o fuera lesiva para el interés social o de los derechos de los accionistas podrá ser impugnada por los accionistas que no han contribuido a formar la voluntad social. Esta acción debe ser ejercida dentro de los 90 días de la fecha de clausura de la asamblea. Art. 366 por los accionistas que hayan votado en contra, votado en blanco, abstenido o no estuvieran presentes. También los que votaron favorablemente pero su consentimiento no fue válido por error o engaño, sería tal, dice Nissen ( ob. Cit. Pág. 446) cuando los directores presentaron balances falsos. II- Derechos patrimoniales Participar en las ganancias sociales. Derecho al dividendo - Broseta Pont- Martínez, citando a Uría, dicen que existe un derecho abstracto a participar en los beneficios futuros y el derecho concreto al dividendo, configurado como derecho de crédito determinado del accionista frente a la sociedad para la entrega de la parte de los beneficios obtenidos en cada ejercicio anual, si la asamblea ordinaria acuerda su reparto y en cuantía que le corresponda según su participación en el capital integrado. ( ob. cit. pág. 365). Señala Mezzera Alvarez ( ob. cit. pág. 113) que se trata de un derecho esencial. Sería nula toda organización que desconociera ese derecho del socio. Del mismo modo carecería de validez toda decisión ulterior de los demás socios que privara a uno de ellos de semejante derecho. Se trata de un derecho inderogable y personal de cada socio. Como es lógico, el reparto debe limitarse a lo que constituye una utilidad. De lo contrario, se distribuiría parte del capital a título de presunta ganancia y se atacaría el fundamento patrimonial de la sociedad. El capital debe mantenerse durante todo el tiempo que dura la gestión social, desde que constituye la primer garantía de los acreedores sociales y en algunos tipos de sociedad ( como la anónimas y las limitadas), la única y exclusiva garantía. Por consiguiente, si el reparto no correspondiera a utilidades líquidas, realmente obtenidas, se traduciría en una devolución de los aportes efectuados por los socios y en una desintegración del patrimonio social. ( ob. cit. pag. 61) Para Roca es un beneficio líquido y comprobado. Se entiende que es líquido por cuanto se le pueden hacer deducciones antes por ejemplo, para fondo de reserva. ( ob. cit. pág. 60). Verón ( ob. cit. pág. 1583) siguiendo a Sasot Betes y Sasot define al dividendo como la parte de las utilidades netas que la asamblea de accionistas decide distribuir entre las acciones. Señala Verón que el derecho al dividendo se materializa mediante dicho acuerdo asambleario que resuelve distribuir la ganancia conforme a los estados contables aprobados por dicha asamblea ( ob. cit. pág. 1588). Art. 98.

7 Es preciso distinguir entre el derecho al dividendo ( derecho potencial que responde al objeto por el cual la sociedad fue constituida ) y el crédito del dividendo ( derecho que nace de la determinación de una ganancia susceptible de ser distribuida en relación con un ejercicio social determinado). Citando una sentencia de su país concluye que la aprobación del dividendo por la asamblea modifica sustancialmente la posición del socio, quien, a partir de ese momento, adquiere un derecho de crédito irrevocable y con abstracción del día fijado para el pago, de manera que el accionista, una vez que ocurre tal determinación, puede comportarse como un tercero frente a la sociedad, ceder su derecho, transmitirlo, gravarlo e incluso, en caso de quiebra, actuar como acreedor, ya que el dividendo señalado no puede afectarse por pérdidas posteriores. Cuando la asamblea ha adoptado el acuerdo de repartir a sus accionistas un dividendo concreto, éstos adquieren un derecho de crédito contra la sociedad para su percepción y adoptan frente a ella una posición análoga a la de cualquier tercero acreedor. En consecuencia la asamblea no puede revocar ni desconocer un acuerdo anterior que concede un dividendo concreto a sus accionistas. ( Broseta Pont- Martínez, ob. cit. pág. 366). Resuelta una distribución de ganancias por la asamblea ordinaria, el accionista adquiere un derecho definitivo que no puede ser enervado o anulado por decisiones posteriores, salvo que la distribución obedezca a fraude o error. ( Verón). Para llegar ( Verón, ob. cit. pág. 1587) a la determinación de la ganancia, previamente deben confeccionarse estados contables anuales ( ejercicios ) en forma correcta, de acuerdo a la normativa societaria y los principios de contabilidad consagrados por la disciplina técnica y científica que los rige. El dividendo, señala el autor antedicho ( ob. cit. pág. 1591), es propuesto por el directorio, sobre la base del resultado del ejercicio ( balance ) y de las perspectivas de la asamblea, previsibles, según los términos de la memoria. Mas es la asamblea general ordinaria, la que dispone la distribución confirmando o modificando la propuesta del directorio. El balance que se toma en cuenta es el ordinario del ejercicio. El derecho a la aprobación e impugnación de los estados contables ( de donde surge la ganancia del ejercicio) y a la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto es irrenunciable y cualquier convención en contrario es nula. De acuerdo al artículo 98. No podrán distribuirse beneficios que no deriven de utilidades netas resultantes de un balance regularmente confeccionado y aprobado por la mayoría social o el órgano competente Solo debe distribuirse ganancias líquidas y éstas son el excedente del activo sobre el pasivo. Terminado un ejercicio anual, se calculan las utilidades que arroja y se reparten entre los socios o accionistas, a título de un porcentaje en las utilidades comunes. Por ello es que el legislador ha impuesto una serie de requisitos para la percepción del dividendo que se encuentran mencionados en los artículos 98 y 320 de la ley y que son los siguientes: a) Que las ganancias surjan de un balance confeccionado de acuerdo a la ley y el estatuto y aprobados por el órgano de gobierno de la sociedad ( asamblea de accionistas o reunión de socios. b) Que dichas ganancias sean realizadas y líquidas. Que el órgano de gobierno de la sociedad resuelva distribuirlas entre lo socios y accionistas. Las ganancias distribuidas en violación de la norma general indicada precedentemente es repetible, salvo que se trate de dividendos percibidos de buena fe.

8 Quien tiene derecho al dividendo. Le corresponde en principio a cada accionista. Derecho a dividendos iguales?, se pregunta Roca. No. Depende del tipo de acciones que tenga. Todo accionista tiene derecho al dividendo que le corresponda al tipo de acciones que posee según su serie. Los estatutos de una sociedad anónima pueden decir, habiendo una ganancia de sólo el 10%, cobrarán dividendo las acciones preferidas tales o cuales. Pasando de esa ganancia, cobrarán las acciones ordinarias. Es decir, se puede reglamentar el dividendo pero no ir contra el principio que establece el derecho a su cobro por parte del accionista. ( ob. cit. pág. 60). Limitaciones al derecho. Dice Nissen, el dividendo constituye la causa final del contrato de sociedad, pues el ánimo de lucro en las sociedades comerciales se obtienen con la percepción del mismo. Sin embargo, de la existencia de ganancias por parte de la sociedad no se deriva necesaria y automáticamente el derecho al dividendo de sus socios, pues una política de sana y prudente administración no aconseja la distribución de las utilidades obtenidas inmediatamente de finalizada cada operación. Mientras que la asamblea de accionistas no puede privar a los accionistas del derecho corporativo abstracto a participar en los beneficios ( derecho individual reconocido por la ley), es posible y lícito que aquélla acuerde por mayoría que no se repartan en forma de dividendo a los accionistas, una parte de los beneficios obtenidos en un ejercicio, optándose por incorporarlos a reservas voluntarias. ( Broseta Pont- Martínez, ob. cit. pág. 366). De acuerdo al art Un mínimo del 20 % de la utilidad debe repartirse necesariamente y el accionista puede exigir que sea en dinero en efectivo. Los ejercicios son solidarios. Las ganancias no podrán distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores. Obligatoriamente las sociedades anónimas debe practicar, antes de la distribución de ganancias, la reserva del 5% de éstas hasta alcanzar el 20% del capital social, cuando esta reserva quede disminuida por cualquier razón, no pueden distribuirse ganancias hasta su reintegro. Toda constitución de reservas que no sean las legales, deben responder a una prudente administración y ser razonables. Las ganancias del ejercicio no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran pérdidas de ejercicios anteriores, salvo la retribución con porcentaje de ganancia a los administradores, directores y síndicos, en cuyo caso puede disponerse su pago aun cuando no se cubran pérdidas anteriores. Participar en el remanente de la liquidación en el caso de disolución de la sociedad. Derecho a la cuota de liquidación. La ley establece a favor de los accionistas el derecho de participar en el patrimonio resultante de la liquidación. Significa ello que, disuelta y en período de liquidación una sociedad anónima, cada uno de los accionistas tiene derecho a recuperar la parte del patrimonio social que quede libre después de haber sido pagados o satisfechos todos los acreedores sociales. La cuota de liquidación que habrá de recibir cada accionista será proporcional a su efectiva participación en el capital integrado, excepto en el caso que los estatutos concedan a alguno o algunos accionistas una cuota de participación privilegiada. ( Broseta Pont- Martínez, ob. cit. pág. 366). Derecho de mantener intangible su participación societaria. La ley establece a favor de los accionistas el derecho de suscripción preferente de las acciones que proporcionalmente le correspondan en los aumentos de capital. Se trata de un

9 derecho renunciable y transmisible, así como derogable bajo ciertas condiciones. ( Broseta Pont- Martínez, ob. cit. pág. 366). Este derecho ( Serván Bauzón, ob. cit. pág. 313) asegura al accionista la circunstancia de mantener el porcentaje de participación en el capital social, que tenía originalmente. Es un negocio jurídico bilateral entre la sociedad y el accionista que tiene una opción, no siendo relevante frente a los terceros. El accionista puede no hacer uso de la opción, pero la sociedad está siempre obligada a respetar ese derecho. Es de destacar lo que dispone el art. 327 que expresa: los que tengan derecho de preferencia podrán cederlo a terceros o a otros que también tengan ese derecho. Para Nissen ( ob. cit. pág. 405) el fundamento del derecho de suscripción preferente radica en la necesidad de conceder al accionista la posibilidad de conservar en la sociedad la misma proporción entre el importe nominal de sus acciones y el capital social. Las normas que legislan el derecho de preferencia son de orden público. Verón citando a Zaldivar ( ob. cit. pág. 1388) dice que se conoce con el nombre de derecho de preferencia o derecho de opción, a la facultad o atribución que tiene todo accionista de suscribir en primer término ( o en forma preferencial y dentro de las categorías a que correspondan sus tenencias), toda emisión de acciones por aumentos de capital que realice la sociedad. Esta reglamentado en los art. 326, que señala que las acciones ordinarias, así como las preferidas y de goce ( aquella en que por haberse amortizado la misma con utilidades ya no representan una fracción del capital, dan dividendos menores a las ordinarias y excluyen el derecho al voto), otorgarán a sus titulares derecho preferente a la suscripción o adquisición de nuevas acciones de la misma clase y el derecho de acrecer, en proporción a las que posean. Procedimiento. Art a) La sociedad hará el ofrecimiento a los accionistas mediante avisos por tres días en el Diario Oficial y otro diario. b) Los accionistas pueden ejercer su derecho de opción dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, si el contrato social no estableciera un plazo mayor. El derecho de preferencia es irrenunciable, pero por aplicación de lo que dispone el último inciso del art. 319 puede ser limitado cuando la ley expresamente lo autorice. Esta situación se plantea en el caso previsto en el art Señala este artículo que por asamblea extraordinaria se podrá resolver en casos particulares y cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción o adquisición de nuevas acciones, cuando su consideración se incluya en el orden del día y se trate de acciones a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes, así como de un aporte de dinero que su importancia sea absolutamente necesario para el desarrollo de los negocios sociales o el saneamiento de la sociedad. Los accionistas con derecho de preferencia, podrán receder. Comenta el argentino que la limitación o suspensión del derecho de preferencia debe ser excepcional e interpretado con criterio respectivo, válido sólo ante comprobadas necesidades financieras de la sociedad. El artículo 329 confiere al accionista lesionado en los derechos de preferencia acción judicial contra la sociedad. Dice el artículo Todos los que tengan derecho de preferencia, a quienes la sociedad les prive de esos derechos, podrán exigir judicialmente que ésta cancele las suscripciones que les hubieran correspondido. Tratándose de enajenación o entrega de acciones ya cumplidas, no podrá procederse a la cancelación prevista, pero los perjudicados tendrán derecho a que la sociedad y el administrador o los directores culpables, solidariamente, les indemnicen los daños causados. En ningún caso la indemnización será inferior al triple del precio

10 por el cual se emitan las acciones que hayan podido suscribir o adquirir conforme al artículo 326. En ambos casos, serán de cuenta de la sociedad o de quienes respondan solidariamente, los gastos y honorarios que se devenguen por el trámite judicial. Las acciones del inciso anterior deberán ser promovidas en el término de seis meses a partir del vencimiento del plazo de suscripción o del momento en que puedan adquirirse las acciones. Podrán ser iniciadas por el perjudicado, el administrador de la sociedad o cualquiera de los directores o síndicos. Señala Verón ( ob. cit. pág. 1395) que debe interpretarse que el juicio se promueve a fin de dejar sin efecto la suscripción que ha realizado otro accionista o tercero, en la parte proporcional que le hubiera correspondido al litigante en caso de haber ejercitado su derecho. Derecho de acrecer. Señala Nissen, consiste en la preservación del elenco original de los socios. Consiste en la posibilidad que tienen todos aquellos accionistas que han ejercido el derecho de preferencia de suscribir a prorrata las acciones no suscriptas por otros accionistas, incrementando de esa manera su participación societaria. El derecho de acrecer se ejercerá en los treinta días siguientes a los treinta días que tenían los accionistas para ejercer su derecho de suscripción preferente. Vencidos ambos plazos las acciones podrán ofrecerse a terceros o al público. III- Obligaciones del accionista. Integrar las acciones suscritas. Para Serván Bauzón ( ob. cit. pag. 315 ) en el aspecto patrimonial la única obligación del accionista es integrar las acciones suscriptas, en las formas y condiciones estipuladas en la emisión. Señala Nissen ( ob. cit. pag. 200). La importancia del cumplimiento de esta obligación es fundamental pues sin aporte la sociedad carecerá de capital para el desarrollo de su objeto social, a punto tal que ha sido sostenido que sin aporte no puede haber socios y, por ende, tampoco sociedad. La mora en la integración del aporte art suspende automáticamente el ejercicio de los derechos inherentes a las acciones en mora. Verón señala ( ob. cit. pág. 1428) citando a Guyenot que el suscriptor de una acción está obligado a pagar su aporte. Cumplida esa obligación ya no tiene ninguna otra; su responsabilidad no está comprometida más allá de su aporte. El pago del aporte le da acceso a la calidad de accionista, la cual le otorga unos derechos que se parecen más a los de un acreedor que a los de un verdadero socio. Producida la mora, la sociedad podrá, a su elección. 1) Reclamar judicialmente el cumplimiento de la obligación con los intereses que se hayan establecido sobre el saldo impago o en su defecto, el interés bancario corriente para las operaciones activas más los daños y perjuicios, salvo lo previsto en el contrato social o en el contrato de suscripción. 2) Declarar rescindida la suscripción, con pérdida de las cantidades abonadas por el suscriptor moroso a favor de la sociedad, la que ingresará dichas sumas a ganancias o a reservas. Si correspondiera, la sociedad deberá obtener nuevas suscripciones que completen el mínimo legal ( artículo 280 ) en el término de un año y si no lo lograra deberá reducir el capital social. La sociedad podrá desistir en cualquier momento de la solución elegida, adoptando la otra por meras razones de conveniencia. Participar en la organización societaria de manera legítima y leal.

11 No existe norma que obligue al accionista a participar de la organización societaria, como si existe en el caso de las sociedades personales ( véase que todas las normas que regulan la exclusión del socio, según el artículo 158 no se aplica a los accionistas de sociedades anónimas y en comandita por acciones). Entonces, si bien no se puede obligar al accionista a participar, si lo hace, dice Serván Bauzón ( ob. cit. pág. 316) debe actuar en el órgano social de gobierno, la asamblea, sujetando su actuación a las disposiciones de la ley , a las disposiciones estatutarias y a los reglamentos que se hayan aprobado. Deben hacer uso del derecho del voto en forma correcta y no ejercerlo en forma abusiva ( art. 324). Los accionistas que hayan votado favorablemente la resolución de la asamblea que se anule como consecuencia de la impugnación responderán solidariamente de las consecuencias de las mismas. Art Conforme al artículo 325, los accionistas o sus representantes que en una operación determinada tengan por cuenta propia o ajena, un interés contrario al de la sociedad, deberán abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquélla. Si contraviniera esta disposición, serán responsables de los daños y perjuicios cuando, sin su voto, no se hubiera logrado la mayoría necesaria para una decisión válida. El artículo 324, ya dijimos señala la responsabilidad del accionista por daños y perjuicios causados por el ejercicio abusivo del derecho de voto.

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